Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-511-18 — Registro 15528

Resumen

En primera instancia se condenó a l imputado como autor del delito de Evasión Culposa, en perjuicio de La Administración de Justicia, resolviendo en segunda instancia Con Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...Respuesta al Motivo del Recurso de Casación La Defensa Publica en las conclusiones de la audiencia de debate denuncio como prueba ilícita los videos grabados por el sistema de vigilancia del centro médico Euro Honduras, el 25 de noviembre de 2015, del que se desprendió el material videográfico como evidencia, el dictamen pericial de su análisis, la ampliación del dictamen pericia para comparativa de imágenes del video con imágenes fotográficas, y las 52 fotografías extraídas del video, eran de carácter ilícito; denuncia que fue de recibido por el tribunal de sentencia, ordenando su exclusión del proceso de valoración, lo que fue una decisión desacertada pues el vicio alegado por la parte se relaciona con la legalidad de la prueba y no con su licitud, y porque tal vicio se encontraba subsanado al momento de su alegato; por otra parte la decisión también fue desacertada al considerar una supuesta fractura de la cadena de custodia como motivo incluyente para decretar la ilicitud de los medios de prueba, aun cuando el proceso de auditoria de la cadena de custodia se hace como parte de la valoración del medio de prueba, lo que es contradictorio con el mandato de la norma procesal de no valorar aquella prueba que se califique como ilícita.."

Legislación citada

Sentencia

Certificación

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, recaída en el expediente con registro SP 580-2018, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de febrero de dos mil veintidós, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su condición de Coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García pronuncian, En Nombre Del Estado De Honduras La sentencia en el Recurso de Casación SP-511-2018 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciséis de agosto del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Isrrael González Cárcamo, como autor del delito de Evasión Culposa, en perjuicio de La Administración de Justicia a la pena de un año de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Segundo: Se le declaró la responsabilidad civil del señor Isrrael González Cárcamo.- Tercero: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.- Cuarto: No se declaró el comiso. Son Partes En La Única Instancia: El abogado Salvador Cuestas Arévalo, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y los abogados Alba Regina Paniagua Pacheco y Arnaldo Alcides García, en su condición de Defensores Públicos del señor Isrrael González Cárcamo, como parte recurrida. Hechos Probados De La Instancia Primero: En fecha 25 de noviembre del año dos mil quince, aproximadamente a las 8 de la mañana, el comandante de la Penitenciaria Nacional de El Porvenir, Atlántida, en atención a referencia del médico carcelario, designó a Irrael Gonzales Cárcamo Policía Penitenciario, asignado a ésta penitenciaria; la responsabilidad de resguardar al condenado Jesús Reynaldo Cáceres, hasta un centro hospitalario para realizarse un ultrasonido y determinar la existencia de un posible diagnóstico de cálculos renales, por dolores constantes que lo aquejaban. Trasladándose en el vehículo de la penitenciaria, hasta el Hospital Regional Atlántida de La ciudad de La Ceiba, en compañía de otros dos custodios quienes también iban custodiando a otros dos privados de libertad en ese día. Segundo: Una vez en el Hospital Atlántida, Irrael Gonzales Cárcamo y el condenado Jesús Reynaldo Cáceres, la policía penitenciaria y conductora asignada Ada Isabel Galindo, dejó los custodios y privados de libertad en ese lugar, previniéndoles que la llamaran en caso de ser necesario y se retiró hasta un taller mecánico con el objeto de revisar el vehículo en que se conducían. Posteriormente, Irrael Gonzales Cárcamo, sin tomar las precauciones necesarias, sin hacerse acompañar por la conductora asignada y a sabiendas que se alejaría de la presencia de los demás custodios, decidió conducirse en un vehículo taxi con el condenado Jesús Reynaldo Cáceres, hasta el centro hospitalario Euro Honduras; lugar en el cual le realizarían el ultrasonido indicado; ese mismo día y antes de las 11:30 de la mañana, por un descuido de Irrael Gonzales el condenado Jesús Reynaldo Cáceres se escapó del hospital; sin determinarse la forma en que se produjo la huida. Recurso De Casación. - Motivos Y Argumentos Recurso De Casación Por Quebrantamiento De Forma Motivo: Haber excluido el Juzgador en la valoración probatoria, Prueba de Valor Decisivo.” Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 2, del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo Previo a desarrollar el presente motivo, resulta de transcendencia explicar en qué consiste el vicio supra referido, en este sentido, la Sala de Lo Penal a través de fallo de fecha 4 de Febrero del año 2013 (SP 90-2011), en relación a la exclusión de prueba de valor decisivo ha expresado lo siguiente: “…El motivo invocado resulta en concreto de dos hipótesis, el primero (exclusión de prueba) supone un rechazo expreso sin esperar las razones de esa decisión o bien se le considere ilícita sin serlo…”posición que se encuentra respaldada por el fallo de fecha 27 de Enero del año 201 1, recaído en el recurso de Casación Penal S. P No 322-2009. (Lo resaltado es nuestro). El ente acusador para poder acreditar su pretensión en el sentido de que se declarara penalmente culpable al señor Isrrael Gonzales Cárcamo por el delito de Evasión Dolosa, y no Culposa como se le declaró , presentó como medio de prueba un Dictamen Audiovisual y Ampliación de Dictamen y Álbum Fotográfico, con número 2016-0801-050801081, el cual tenía como objetivo establecer el dolo del imputado en la comisión del hecho, pues en dicho video se observa la colaboración que éste le prestó al señor Jesús Cáceres, para que pudiera escaparse del Hospital Euro Honduras, lugar hasta donde fue llevado y custodiado por el acusado Isrrael Gonzales, con el fin de realizarle un ultrasonido. Al examinar la sentencia censurada, se concluye claramente que el Tribunal de Sentencia recurrido excluyó prueba de VALOR DECISIVO, consistente en el Dictamen Audiovisual antes relacionado, por considerarlo un medio de prueba Ilícito, lo cual como lo dejaremos establecido en este recurso, no es así. El Tribunal establece en esta sentencia impugnada, en el apartado de Valoración Descriptiva e Intelectiva de la Prueba, en su página 19, Tercer párrafo, lo siguiente: "En primer lugar porque para sustentar la imputación a título de dolo, se presentó como evidencia USB Marca Kinston, modelo Data Travier G4 de 8 GB, conteniendo en su interior un programa reproductor de video Lorex Player 11, 31 archivos de videos de cámara de seguridad y un disco DVD de grabación Óptico DVD-R16x14.7GB/120 MIN. Marca Verbatim, conteniendo en su interior 11 archivos de video de cámaras de seguridad, rotulados 0101-2015-05350; y se planteó la tesis fiscal que las cámaras del Hospital Privado Euro Honduras, captaron diferentes ángulos de lo que había sucedido el día de los hechos en que huyo el privado de libertad que custodiaba el imputado, no obstante, se desconoce quién y de qué manera se recolectó dicho material video gráfico, quien fue la persona que realizó la entrega del material original de la filmación y quien reprodujo la filmación original y regrabó las cintas originales video graficas que fueron presentadas por el Ministerio Público en diferentes soportes audiovisuales en el debate al Tribunal. En segundo lugar, porque la recolección de dicha evidencia videográfica se efectuó sin control jurisdiccional, sin presencia del imputado y su defensa técnica, y se recolectó según aparece en la cadena de custodia en fecha 27 de enero de 2016, fecha en la cual, ya estaba judicializada la causa, y plenamente identificado el imputado en el requerimiento fiscal, por ende, ya tenía condición de imputado, consecuentemente amparado constitucionalmente de la inviolabilidad del derecho de defensa, debido proceso legal, que se desarrollan en los artículos 1, 4, 101 del Código Procesal Penal. En tercer lugar, si bien es cierto, en la cadena de custodia de la evidencia aparece como responsable de la toma Edwin Javier Finley en fecha 27 de enero de 2016, no se contó en el debate con la presencia física de esta persona para ratificar la evidencia y que diera razón del procedimiento que siguió para obtener la misma… En cuarto lugar, en fecha 25 de mayo y 15 de agosto de 2016, se observa en las cadenas de custodia que fueron iniciadas por la perito forense Flavia Tejeda, quien fue que elaboró los dos dictámenes de la evidencia videográfica, ya judicializada, sin haberse acreditado control jurisdiccional, que se haya acreditado la forma en que se obtuvo dicho material audiovisual, en este caso el método para la obtención inicial de la evidencia periciada, no se acreditó que fuese través de una incautación, secuestro o decomiso previstos en la norma procedimental de prueba preconstituida que señala expresamente el artículo 246 del Código Procesal Penal, con el objeto de garantizar el acto que constituía prueba, y en el cual el acusado tenía que estar en pleno conocimiento con su defensa del derecho de estar presente para ejercer su derecho a la defensa y un efectivo contradictorio. Porque en esencia ese acto de prueba es irreproducible, debiendo tener la oportunidad el acusado con su defensor de tener conocimiento de la fecha de realización de la pericia de conformidad al párrafo tercero del Código Procesal Penal…. Es importante establecer que, en la audiencia de proposición de medios de prueba, el ente acusador propuso como medio de prueba pericial El Dictamen Audiovisual el cual sería Ratificado en juicio por la Perito Flavia Melisa Tejada Elvir, el cual sin ningún inconveniente fue admitido por el Tribunal y sin hacer ninguna observación al dicho medio de prueba. Durante la evacuación de este medio de prueba en el juicio oral y público, bajo el principio de inmediación, el Tribunal hizo varias preguntas a la Perito sobre el Medio de Prueba antes relacionado, (ver acta del Juicio oral y público, folios 242 al folio 243). Sin embargo parece insólito a ésta agente Fiscal, que tanto en la etapa de proposición de éste medio de prueba y en la evacuación del mismo, en ningún momento el Tribunal preguntó al ente acusador sobre la manera como se realizó esta pericia, si fue con control Jurisdiccional; nos parece insólito que sea en la redacción misma de esta sentencia que se impugna que se cuestione o se excluya este medio de prueba por considerar que el mismo se llevó a cabo sin control jurisdiccional, pues manifiesta el Tribunal que cuando se hizo la pericia, la causa ya estaba judicializada; sin embargo, el Juzgador tuvo la oportunidad, tanto en la audiencia de proposición de medios de prueba, como en el momento de evacuar la pericia, preguntar al representante del Ministerio Público, sobre el procedimiento que se llevó a cabo para la obtención de este medio de prueba; no obstante, éste no lo hizo; y sin ningún tipo de consideración, y fomentando la impunidad, en la redacción de la sentencia comete el error y la arbitrariedad de considerar ilegal el mismo, según él, por violentar derechos al acusado. Solo basta leer el expediente judicial, y nos damos cuenta que el procedimiento llevado a cabo para la obtención y realización de este medio de prueba, fue debidamente solicitado al Juzgado de Letras de la sección Judicial de La Ceiba, en fecha once de diciembre del año 2015; ver folios 46 al 48; como así mismo, la resolución donde se admite dicha solicitud y se señala fecha para el nombramiento y juramentación del perito encargado de extraer la información de las cámaras del Hospital Euro Honduras, está en el folio 49; y el Acta de Juramentación de Perito se encuentra a folio 55 del expediente Judicial. De lo anterior se desprende que la obtención del video fue realizada con control jurisdiccional, en virtud como lo establece el Tribunal, en la fecha que se llevó a cabo este procedimiento, la causa estaba ya Judicializada; por lo tanto, se dio cumplimiento a lo que manda la Ley para la obtención de elementos constitutivos de medios de prueba en la presente causa, no violentándose garantías constitucionales alguna al acusado. Cuando se invoca este tipo de vicios, la Honorable Sala de lo Penal, Sigue manifestando lo siguiente: “[1]…Pero no basta con el rechazo (exclusión) u omisión de referencia (no consideración) de la prueba, es necesario que ella sea de valor decisivo. Lo que implicaría efectuar la operación de inclusión mental hipotética, en cuyo caso, de incluirse la prueba excluida o no considerada en la valoración del Juez, junto con las restantes, las conclusiones de hecho hubieren sido necesariamente distintas[2]. De lo anterior se desprende que la exclusión del medio de prueba Audiovisual, el mismo es de valor decisivo, en el sentido que, si hacemos la operación de inclusión mental hipotética del mismo, el resultado al que arribó el Tribunal, sería diferente, Pues la condena seria por un delito Evasión Dolosa y no Culposa, como el delito que se halló culpable al acusado. Finalmente, instamos ante Vosotros Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal, nuestro reproche casacional, a efecto que, una vez estudiado el caso, decidan con la sapiencia que los caracteriza y casen el fallo que ahora genera perjuicios a este ente acusador; igualmente enfatizamos que no habíamos reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto mismo de sentenciar. Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 cpp). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 cpp), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 cpp) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 cpp). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que la Censora haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de cpp); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 cpp), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, la Censora debe de tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero cpp) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 cpp); Ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (Art. 350 cpp); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones de la Censora; y c. Es posible la concesión parcial del Recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Ministerio Público: Motivo Único Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Sin determinar por el Censora; Motivo: Exclusión de un medio de prueba de valor decisivo; Concepto de la Infracción: Exclusión indebida del Dictamen Audiovisual y su ampliación, así como de álbum fotográfico No. 2016-0801-050801081; Reclamación Ex ante: Imposibilidad dado que el vicio este contenido a la Sentencia; Pretensión: Sin determinar por el Censora. Denuncia el Ministerio Público que el tribunal de sentencia indebidamente excluyo de su valoración el medio de prueba tres medios probatorios: i.- Dictamen Audiovisual; ii.- Ampliación de dictamen audiovisual; y iii.- Álbum Fotográfico, todos identificados bajo el número 2016-0801-050801081, mismo que tenía por objeto acreditar el elemento subjetivo doloso del delito. La Censora traslada a su recurso la motivación intelectiva que el tribunal de sentencia plasmo en la resolución impugnada y en la cual descansó la decisión de excluir el medio de prueba. Luego de ello la Censora relaciona que en la audiencia de proposición de medios de prueba fueron propuestos los medios de prueba cuestionados, y luego admitidos por el tribunal de sentencia sin que se haya hecho ningún reparo u observación.- Añade que es “insoluto” que sea en la sentencia en donde se cuestione y se excluya los medios de prueba alegando que se llevaron al proceso sin control jurisdiccional, a pesar que los jueces no preguntaron nada al respecto a la perito.- Relaciona la Censora que consta en el expediente judicial que se llevo el procedimiento de obtención y realización del medio de prueba bajo control jurisdiccional, desde la solicitud de obtención y análisis del material, y juramentación de los peritos. Remata el argumento señalando que los medios de prueba excluidos indebidamente son de valor decisivos. De la Exclusión y Falta de Consideración de Prueba con Valor Decisivo Es importante recordar que el proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el tribunal de sentencia pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; Éste proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del CPP), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley (Art. 199 del CPP), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben de reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del CPP) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del CPP) o como auto para mejor proveer (Segunda parte del Art. 333 del CPP) y finalmente como resultante del debate, el Tribunal dictara sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe de ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del CPP), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formó parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el tribunal de sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de estos vicios el dispuesto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando la sentencia “excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”; La exclusión de prueba es distinta a la falta de consideración, de este modo: a. Existe indebida exclusión de prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación o interpretación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. b. Existe falta de consideración de prueba cuando a pesar de haber sido admitidos durante la etapa de juicio y reproducidos en la audiencia de debate, el órgano juzgador no hace alusión alguna sobre éstos, es decir que no existe ninguna mención al medio de prueba en su sentencia. - No se trata pues de un vicio sobre el proceso de valoración del medio de prueba, sino sobre la expulsión del medio de prueba del acervo probatorio. La norma procesal además exige para la configuración del vicio que el medio de prueba excluido o dejado de considerar posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en Casación se efectúa conforme al método la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido o no considerado a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario aun cuando la exclusión o la falta de consideración sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. De la Procedencia del Recurso. - El Recurso es de Recibo.- La Censora reprocha que el tribunal de sentencia haya excluido indebidamente de la valoración a tres medios probatorios, por haber sido considerados ilícitos; discute la Censora que tal exclusión es como consecuencia de un criterio desatinado de parte del órgano jurisdiccional. Para la comprobación de la denuncia hecha, la Sala de lo Penal se ha abocado a la sentencia impugnada, encontrado en ella las razones en las que los señores jueces de sentencia se basaron para declarar como ilícito los medios de prueba: i.- Dictamen Audiovisual; ii.- Ampliación de dictamen audiovisual; y iii.- Álbum Fotográfico.- Se advertir por este tribunal Ad-Quem que los togados desplayan razonamientos que pertenecen a distintas instituciones procesales, que a su vez tienen regulaciones distintas y efectos distintos en el proceso; instituciones que fueron aplicadas indiscriminadamente y que hacen atendible el reclamo del Ministerio Público. Es importante indicar que la Sala de lo Penal ve positivamente que el tribunal de sentencia haya realizado una muy solvente motivación de sus justificaciones, además de ser vigilante del debido proceso legal; empero advierte la confusión de los jueces de lo que es prueba ilícita, su diferencia con la prueba ilegal y la relación de ésta con la prueba preconstituida y su vez con la actividad procesal defectuosa, además de la garantía de autenticidad probatoria conocida como cadena de custodia y su relación con las reglas de la sana critica: la prueba lícita se ocupa de debida obtención de fuentes probatorias en respeto a derechos fundamentales, siendo la consecuencia de tal infracción la perdida de valor absoluto de ésta prueba en cualquier proceso administrativo y judicial; en cambio la prueba legal es aquella que se hace llegar a un proceso judicial especifico siguiendo las normas del debido derecho probatorio, cuya inobservancia deberá de provocar la nulidad de dicha actividad procesal, salvo que sea posible su saneamiento, o en defecto, haya sido subsanada por actividad de las partes, lo que no vacía de valor a la fuente de prueba, la cual puede ser allegada nuevamente al mismo o a otro proceso penal respetando el debido proceso probatorio; y por último la garantía de autenticidad probatoria no se relaciona con la licitud o legalidad de la prueba, sino con la valoración de la misma, en especifico la confiabilidad que le merece al tribunal el manejo que se le haya dado a la evidencia física desde su descubrimiento hasta su presentación al debate, así como las diferentes fuentes de información que deriven de la evidencia, siendo una de ellas el estudio pericial. El caso en estudio merece una respuesta que haga la debida diferencia de todas las instituciones que el tribunal de sentencia aplicó para la toma de su decisión, a excepción de lo que respecta a la labor que debe de desempeñar el Ministerio Público y su obligatoria postura objetiva, pues ello, aun cuando no esta demás reafirmar la gran responsabilidad de los agentes fiscales, en realidad no tiene relación con lo decidido, siendo reflexiones hechas por los señores jueces. A.- Antecedentes Procesales Para tener el debido contexto del caso, la Sala de lo Penal se permite hacer una relación de lo que se encuentra registrado en la foliada judicial, resaltado lo que concierte a aquello que hoy motivo el presente recurso de casación. El camino procesal dio inicio con el requerimiento fiscal presentado en fecha 26 de noviembre de 2015, con el cual el Ministerio Público requería al funcionario penitenciario Jesús Reynaldo Cáceres Rodríguez, por suponerlo responsable a título de autor, de un delito consumado de evasión (dolosa), en perjuicio de la administración del Estado de Honduras.- Siempre en la etapa preparatoria el Ministerio Público presento escrito en fecha 11 de diciembre de 2015, exponiendo que se tenía conocimiento de la existencia de unos videos en el Hospital Euro Honduras (escenario del crimen), tomados por las cámaras de vigilancia del lugar, por lo que solicitó al juzgado de letras el nombramiento de dos peritos: i.- Al Señor Edwin Javier Finley Hernandez, para la extracción de los videos; y ii.- A la Señora Flavia Melissa Tejada Elvir, para el análisis de los videos que se extrajeran; solicitud que fue resuelta en auto del 14 de diciembre de 2015, admitiendo la practica de las diligencias de investigación, nombrando a los peritos nominados y citándolos a éstos y a las partes a las audiencias de juramentación respectiva, las que se celebraron en fecha 26 de enero de 2016 donde se juramento al Señor Finley Hernandez, y en fecha 13 de enero de 2016, en donde se juramento a la Señora Tejeda Elvir.- Posteriormente, ya en la etapa intermedia, el Ministerio Público presento solicitud de ampliación de dictamen de análisis de video e imagen, a ser realizado por la Perito Tejada Elvir, lo que fue resuelto en fecha 01 de junio de 2016 por el juzgado de letras admitiendo lo solicitado.- Continuándose con el desarrollo normal del proceso, en fecha 02 de junio de 2016 se celebró la audiencia preliminar, en donde, entre otras cosas, el Ministerio Público expuso que como parte de la carga probatoria disponible para ser presentada en la siguiente etapa de juicio, contaba con el dictamen 2016-0801-0506-01081, realizado por la perito Flavia Melissa Tejada Elvir; manifestación que no le mereció ningún observación por parte de la Defensa Pública al turno de realizar la contestación de cargos.- Al siguiente día, el 03 de junio de 2016, el Ministerio Público presento escrito de ampliación del termino de emplazamiento para personarse ante el tribunal de sentencia, en caso de que se dictase el auto de apertura a juicio, justificando la petición en estar pendiente aun la realización de la ampliación del dictamen ya relacionado; lo que fue resuelto con lugar por el juzgado de letras y notificado a las partes.- Desarrollándose la etapa de juicio, se instaló la audiencia de proposición de medios de prueba en fecha 30 de agosto de 2016, en donde las partes ofertaron los medios de prueba que serían evacuados en la audiencia de debate; siendo uno de ellos el propuesto por el Ministerio Público consistente en el dictamen audiovisual No. 2016-0801-0508-01081, junto con los videos que fueron estudiados contenidos en un dispositivo de almacenaje USB y 52 fotografías extraídas de los videos; propuesta de la que fue consultada la defensa sin que manifestara oposición, por lo que el tribunal de sentencia admitió los medios de prueba sin reparo alguno.- Finalmente se celebró audiencia de debate en fecha 30 de mayo de 2017, en cuyo marco se evacuo el medio de prueba pericial 2016-0801-0508-01081, su ampliación, junto con los videos que fueron estudiados contenidos en un dispositivo de almacenaje USB y 52 fotografías extraídas de los videos; además, al termino de la audiencia, las partes expresaron sus conclusiones, señalando la Defensa Pública, entre otras cosas que la prueba audiovisual y dictamen de ampliación debían de considerarse prueba ilícita dado que no se estableció como fueron obtenidos los videos, quien autorizó al Ministerio Público la obtención de los mismos, además porque en la cadena de custodia presentada en el debate se consignaron tres fechas distintas de recolección, alegando que no era posible saber cual de las fechas era la correcta, que tampoco se presentó con una orden de extracción de los videos, ni constaba la juramentación de los peritos. En resumen: el proceso penal vio su desarrollo en sus tres etapas sin existir oposición o cuando menos observación de parte de la defensa del acusado a las solicitudes de extracción de videos, estudio de videos, nominación de peritos, juramentación de peritos, ampliación de dictamen, proposición de medios de prueba pericial y evacuación de medios de prueba pericial, sino hasta la conclusiones de la audiencia de debate. Alegatos que fueron contestados y aceptados por el tribunal de sentencia al momento de emitir la resolución definitiva y que tuvo como consecuencia la exclusión de los medios de prueba en cuestión, en base a la aplicación de las siguientes instituciones procesales: B.- Prueba Preconstituida Es primordial determinar la naturaleza de la fuente de prueba que es el centro de la polémica jurídica que nos ocupa: Los videos grabados por las cámaras del sistema de seguridad del centro medico Euro Honduras, el 25 de noviembre de 2015, los que, sin duda, y tal como lo señaló el tribunal de sentencia, se ajustan al concepto de prueba preconstituida. Recordemos que los medios de prueba en el proceso penal tienen por finalidad comprobar la existencia o inexistencia del hecho delictivo y la participación que en el puedan tener las personas acusadas. - Los medios de prueba pueden ser constituidos para el proceso judicial o preconstituidos a éste. Los medios de prueba constituidos para el proceso penal son aquellos que se elaboran o se producen con el objeto inequívoco de presentarlo en un proceso judicial determinado, para que formen parte del acervo probatorio que brinde información a los juzgadores para la toma de decisión que la acción penal requiere. Por el contrario: la prueba preconstituida se produce previo al proceso penal por lo que no tiene como origen un acto procesal, convirtiéndose en prueba hasta que es presentada en el debate de manera posterior. Este tipo de prueba nace antes del proceso y muchas veces ajena a éste, sin orden ni intervención jurisdiccional, y es posterior a la presentación del requerimiento fiscal que el órgano jurisdiccional hace control de ella sobre su licitud, legalidad, y confiabilidad. La prueba preconstituida puede ser diversa, pero siempre requiere quedar documentada (documentos, video, audio, fotografías, planos, etc.), para hacerla llegar al proceso y ponerla a disposición del juzgador. Esta prueba puede tener tres orígenes distintos: 1. Como acto previo al hecho penalmente relevante. -Ejemplo: certificaciones de actas de nacimiento, certificaciones de actas de matrimonio, testimonios de escrituras públicas donde se constituyan sociedades, contratos, cartas, grabaciones de llamadas, mensajes de textos, videos, etc.; 2. Como acto coetáneo al hecho penalmente relevante; producido al mismo tiempo que el delito o como consecuencia de éste. -Ejemplo: documento objeto de falsedad, un video, audio o fotografía que registre un acto constituyo de delito en vía pública, la carta extorsionadora, etc., o; 3. Como un acto posterior al hecho penalmente relevante, producido como consecuencia de aquel, sea por algunos de los actores del delito (sujetos activos, sujetos pasivos, testigos), sea por las personas encargadas de la investigación criminal; ejemplo de éstos últimos: la inspección y custodia del lugar de los hechos (art. 203 del CPP), custodia y recolección de indicios (art. 278 párrafo segundo del CPP), levantamiento de cadáver (art. 204 del CPP), registros personales en zonas anatómicas que no comprometan el pudor (art. 206 del CPP), registro de sitios públicos (art. 209 CPP), registros autorizados por las personas que habitan un bien inmueble que constituya morada (art. 212), inspección de vehículos (art. 208 del CPP), secuestro de objetos y documentos (art. 217 del CPP) clausura de sitios o establecimientos (art. 224 del CPP), reconocimiento fotográfico, etc. La prueba preconstituida puede ser documental o pericial (en este último caso generada en la etapa de investigación preliminar), siendo sus características generales: 1. Su producción siempre es previa al proceso judicial; 2. El acto que produjo la prueba resulta imposible o extraordinariamente difícil volverlo a producir en audiencia de debate, o se trate de prueba incompatible con el principio de concentración que debe de imperar en la audiencia de debate; 3. No existe intervención del órgano jurisdiccional por tratarse de actuaciones que no comprometen derechos constitucionales; y 4. Su control de licitud, legalidad y confiabilidad se produce en el proceso penal, al momento en que la prueba preconstituida se convierte en prueba judicial. La prueba preconstituida será objeto de evaluación ulterior por parte del órgano jurisdiccional, el que tendrá la tarea de verificar su licitud (respeto a garantías constitucionales), legalidad (respeto a las normas de procedimiento de su producción y registro) y confiabilidad (valoración conforme a las reglas de la sana crítica respecto al thema probandi). C.- Prueba Ilícita. El tribunal de sentencia ha señalado que los videos grabados por el sistema de seguridad del centro medico Euro Honduras, así como también la pericia, la ampliación de la pericia y el álbum fotográfico que le derivan, son ilícitos. Para evaluar si tal calificativo es acertado, debemos tener presente cuando la prueba tiene el carácter de ilícita. La doctrina ha elaborado muchos conceptos en torno a la actividad probatoria defectuosa, llamándola pruebas prohibidas, pruebas ilícitas, prueba ilegalmente obtenida, etc., empero conforme a nuestra legislación procesal la denominación a usar es la de pruebas prohibidas o ilícitas, según dispone el artículo 200 del Código Procesal Penal.- La prueba es de carácter licita cuando ha sido obtenida mediante un acto o procedimiento estipulado o permitido por la ley sin comprometer derechos fundamentales o derechos humanos, ergo, la prueba es de carácter ilícita cuando para su obtención se ha contrariado la ley, causando la violación o la disminución ilegitima de derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República o violación o disminución ilegitima de los derechos humanos establecidos en los tratados y convenios que formen parte del derecho interno hondureño y que compongan el bloque constitucional, apreciable materialmente. De lo anterior se concluye que para la existencia de prueba ilícita se requiere los siguientes presupuestos: 1. Que se haya obtenido una prueba o una fuente de prueba; 2. Que dicha obtención haya sido contraria a la ley, es decir no amparada por la ley; Incluye aquí el prevalecimiento de la supremacía de la Constitución de la República o de las normas que integran el bloque constitucional, por cuanto aun cuando una ley o un reglamento autorice la obtención de la fuente de prueba, ésta se considerara ilícita si se contradice con normas fundamentales o de Derechos Humanos; 3. Que la obtención de la fuente de prueba haya significado la violación o disminución ilegitima de garantías fundamentales o de derechos humanos, reconocidos en la Constitución de la República o en los Tratados y Convenios que formen parte del derecho interno del Estado, respectivamente; 4. Que la violación o disminución ilegitima de ese derecho fundamental o de ese derecho humano, sea en perjuicio de una persona o un grupo de personas determinadas, ya sea que estas personas participen como actores del proceso o que sean terceros desligados a éste; 5. Que sin la inobservancia o disminución ilegitima del derecho fundamental o del derecho humano, no hubiese sido posible la obtención de la prueba; y, 6. Que la inobservancia o disminución ilegitima del derecho fundamental o del Derecho Humano sea anterior o simultánea a la producción u obtención de la prueba. La prueba contaminada con la ilicitud puede ser de dos clases y tener a su vez tres orígenes distintos: 1. Prueba Preconstituida: a. Producida u obtenida por particulares, mediante un acto ilícito, como ser un robo, un allanamiento, etc.; b. Producida u obtenida por operadores de justicia en la etapa de investigación preliminar mediante un acto ilícito; 2. Prueba Constituida, obtenidas mediante un acto judicial, previo al requerimiento fiscal o una vez presentado éste. El Legislador Hondureño, ha previsto que cuando se reproduzca un medio de prueba ilícito en el proceso, la sanción procesal será el desconocimiento de cualquier valor probatorio de ésta (Árbol Envenenado); pero además el legislador hondureño ha establecido que también carecerán de eficacia probatoria todo medio de prueba que se derive directamente de aquella que ha sido obtenida mediante la violación o disminución ilegitima de garantías fundamentales o derechos humanos (Frutos del Árbol Envenenado). Un medio de prueba se deriva de otro ilícito, cuando suprimiendo hipotéticamente el segundo, automáticamente el primero se vería igualmente suprimido, debido a su dependencia existencial. A partir de esta última idea la prueba ilícita no puede ser apreciada valorativamente en ningún caso ni en ningún tiempo, más si es posible apreciar la prueba que se le derive (El Fruto de ese Árbol Envenenado), cuando concurran los supuestos legales conocidos como: i.- Hallazgo o descubrimiento inevitables; ii.- Fuente independiente; y iii.- La buena fe policial. El control procesal de la prueba ilícita puede ser de previo o a posteriori: De previo inadmitiendo el medio de prueba en la audiencia de proposición de ésta a consecuencia de su ilicitud (artículo 317 del CPP) o denunciando su ilicitud en la etapa de incidentes del debate por hechos nuevos o hechos antes no conocidos hasta entonces (artículo 320 CPP); o a posteriori cuando el Tribunal de Sentencia, en su valoración, niegue crédito a la prueba y a toda aquella que se derive de ésta (artículo 220 CPP); también a posteriori en el sistema de impugnación, mediante la revocación (apelación) o nulidad (casación) de la resolución cuya decisión descanse en prueba ilícita. Ahora bien, la prueba ilícita no debe de ser confundida con la prueba ilegal, puesto que, si bien la existencia de ambas es una ofensa al derecho a un debido proceso, la primera implica la transgresión directa a un derecho fundamental o un derecho humano de carácter insubsanable, en cambio la segunda implica una transgresión a una norma procesal, que puede ser subsanada o saneada a depender de la naturaleza de la infracción. Retomando al caso de autos, la fuente probatoria cuestionada son los videos grabados mediante las cámaras de vigilancia del Centro Médico Euro Honduras del día 25 de noviembre de 2015; dichos videos, así como los días anteriores y posteriores, son propiedad del centro médico, grabados como parte del sistema de seguridad del complejo, por lo que, sin duda, para efectos del proceso penal, tienen el carácter de prueba preconstituida. Videos cuya producción (captación de la imagen y almacenamiento) no se realizó o materializó en detrimento de ningún derecho fundamental o derecho humano: no constituyen invasión a la privacidad personal, tampoco son producto de actos violentos en contra de las personas o del ejercicio abusivo de un derecho. Por otra parte la obtención de los videos por parte de la autoridad pública fue realizado mediante un perito nombrado y juramentado por un órgano jurisdiccional competente, descartándose entonces, nuevamente, que hayan en tal proceso se hayan vulnerado derechos fundamentales o derechos humanos.- Por ende, descarta la Sala de lo Penal que el material probatorio consistente en videos de vigilancias captados y grabados por las cámaras del sistema de seguridad del centro medico Euro Honduras el 25 de Noviembre de 2015, sean producto o como consecuencia de un acto lesivo a derechos fundamentales o derechos humanos y, consecuentemente, que sea prueba ilícita. D.- Prueba Ilegal La Sala de lo Penal ha detectado una confusión del tribunal de sentencia entre la prueba ilícita y la prueba ilegal; confusión que fue determinante para emitir la resolución que ahora se impugna. Ha dejado por sentado este tribunal de casación que la prueba ilegal se produce, no como consecuencia de su origen o proceso de obtención , sino como consecuencia de la inobservancia de la ley procesal al momento de su presentación o reproducción en el proceso penal, teniendo la peculiaridad que puede ser saneada o tenerla por subsanada. Una actividad probatoria irregular se produce cuando el medio de prueba (medio por el cual se introduce la prueba al proceso), se aparta de la forma prescrita en la ley procesal (tratándose de un medio probatorio típico) o en su caso cuando no adopta la forma que los principios generales del proceso mandan para la actividad probatoria (tratándose de un medio de prueba atípico). Tal desviación puede producir varias consecuencias: 1. Un Acto Valido y Eficaz; Aquellos que, adoleciendo de un vicio como consecuencia de su práctica de manera distinta a la prevista en la ley procesal, sean objeto de saneamiento posteriormente a su producción, volviéndose válidos y eficaces. Tal saneamiento puede ser por petición de parte o de oficio por el órgano jurisdiccional mediante, (Art. 171 del CPP): a. Renovación del acto con o sin efectos retroactivos; b. Rectificando el error en que se haya incurrido; o c. Cumpliendo con el acto omitido. Condiciona la norma procesal que el saneamiento será procedente siempre que no implique retrotraer el proceso a etapas o fases ya precluidas. 1. Un Acto Viciado pero Eficaz: El medio probatorio tendrá eficacia, aun cuando mantenga el vicio, cuando se dé por subsanado subsanación por: a. Preclusión para denunciar el vicio: Cuando ninguna de las partes, conociendo el vicio, no haya reclamado oportunamente la nulidad (Art. 170.1 del CPP); b. Consentimiento: Cuando las partes hayan aceptado los efectos del acto viciado, ya sea expresamente mediante una manifestación en ese sentido, o tácitamente cuando se aprovechen del acto probatorio (Art. 170.2 del CPP); c. Finalidad Cumplida: Cuando el acto probatorio, a pesar de su vicio, haya alcanzado la finalidad perseguida con el mismo (Art. 170.3 del CPP). 3. Un Acto Viciado e Ineficaz: Nos referimos a los medios de prueba que, al no poder ser saneados, y descartándose que hayan sido subsanados, deben de ser sancionados con su nulidad, siempre que el acto procesal que les genere o que autorizo su reproducción se subsuma en alguno de los presupuestos del artículo 166 del Código Procesal Penal. Lo anterior nos permite determinar que la prueba ilegal no necesariamente carece de validez, pues aun cuando tenga tal carácter, si ha sido saneado el acto o se considera subsanado, entonces podrá ser considerada para la toma de decisión del órgano jurisdiccional; es solo cuando no sea saneada, cuando no haya sido subsanada, será cuando procederá sanción procesal sea su nulidad. Finalmente, es importante apuntar que entretanto la prueba ilícita ipso iure no tiene valor alguno, teniendo los tribunales de justicia solamente reconocer su condición; la prueba ilegal requiere ser declarada mediante resolución judicial motivada, pues de lo contrario ésta seguirá siendo prueba de obligatoria evacuación y valoración para el proceso. Es decir que mientras la falta de valor de la prueba ilícita es anterior al reconocimiento judicial de tal condición, respecto a la prueba ilegal su condición es solo posterior, que es cuando es declarada así por el tribunal de justicia. En el caso de marras, ha señalado el tribunal de sentencia que el medio de prueba (video), debe de ser excluido como consecuencia de que se desconoce quien y de que manera se recolecto; que además dicha recolección se efectuó sin control jurisdiccional y sin presencial del imputado y de su defensa técnica.- Argumentos que de inicio son contradictorios, pues si se desconoce como se recolecto y por quien, no puede asegurarse seguidamente una forma especifica de recolección (sin control jurisdiccional, sin participación del imputado y sin participación de la defensa técnica); por otra parte el razonamiento de los jueces no se relaciona con la licitud de la prueba, sino con su legalidad, pues trata sobre la forma como la fuente de prueba es procesada y allegada al proceso penal, en especifico el control jurisdiccional de su obtención como plataforma para permitir la participación del imputado y su representación legal, y con ello el respeto al principio de igualdad y la apertura de espacios para el ejercicio del derecho de defensa. Sin duda la participación en el proceso penal por las partes en igualdad de condiciones es de suma importancia, y en especial de la persona imputada cuando ello le permita espacios para el ejercicio del derecho de defensa; por tanto categóricamente debe de existir sanción procesal cuando ello no ocurra así, siempre que el vicio que genera tales condiciones no haya sido provocado o consentido por la parte que después alega su existencia, según dispone las reglas de la actividad procesal defectuosa. E.- Actividad Procesal Defectuosa Toda inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina defecto de construcción, cuyo remedio puede constituir en el saneamiento o la subsanación del defecto, y cuando ello no sea posible, en la nulidad de lo actuado. La Nulidad es “… una clase de sanción procesal, por la que se elimina un acto por la inobservancia de un requisito modal extrínseco, relativo a su estructura exterior. Se define también, como una sanción procesal por la cual se declara invalido un acto procesal, privándolo de sus efectos, por haber sido cumplido sin observar los requisitos esenciales exigidos por la ley. Por su parte, la sanción procesal, es la privación al acto de los efectos producidos o que debía producir. Está prevista en la ley procesal para eliminar los actos viciados.”.- La nulidad se rige bajo tres principios: 1. Principio de Especificidad (Pas De Nuilite Sans Texte: No hay nulidad sin texto): Constituye el aspecto formal de la nulidad y determina que solo puede declararse la nulidad por aquellos vicios que la ley procesal haya previsto como remedio (Art. 165 Código Procesal Penal). - Son causas que generan la nulidad las preceptuadas en los artículos 15 tercer párrafo, 90, 125, 138, 141 segundo párrafo, 159, 166, 192 tercer párrafo, 212 segundo párrafo, 221 sexto párrafo, 289 y 369 del Código Procesal Penal. 2. Principio de Trascendencia (Pas De Nullite Sans Grief): Constituye el aspecto material de la nulidad, y que determina que solo podrá declararse la nulidad cuando exista un perjuicio verdadero y concreto producido por el vicio procesal. - En consecuencia, solo podrá plantear la nulidad la parte procesal afectada por el vicio denunciado, debiendo ésta especificar el perjuicio generado (Art. 9 y 167 Código Procesal Penal). Cuando expresamente lo autorice la ley procesal, la nulidad podrá igualmente ser promovida por el propio órgano jurisdiccional (Art. 168 Código Procesal Penal); y 3. Principio de Preclusión: La declaratoria de nulidad solo podrá decretarse cuando la parte interesada la haya opuesto en el momento procesal oportuno determinados por el artículo 167 del Código Procesal Penal, caso contrario se declarar precluido el derecho. La ley procesal prohíbe expresamente la declaratoria de nulidad cuando estas tengan como efecto retrotraer el proceso a estadios ya superados (Art. 170 segundo párrafo del Código Procesal Penal). Los vicios que generen actos nulos no serán declarados así cuando haya sea posible su saneamiento, lo que ocurre cuando el Órgano Jurisdiccional, purga el vicio mediante la renovación del acto con efectos retroactivos, rectificando el error en que se haya incurrido o cumpliendo con el acto omitido, siempre que en ningún caso implique retrotraer el proceso a estadios ya precluidos (Art. 171 del Código Procesal Penal).- Tampoco serán declarados nulos cuando el vicio haya sido subsanado, lo que ocurre cuando: 1. Por aplicación del Principio de Protección (Propriam Turpitudinem Allegans non est Audiendus): Cuando el vicio denunciado haya sido provocado por la parte que lo denuncia, por cuanto nadie puede beneficiarse de sus propio mal accionar (Art. 167 cuarto párrafo del Código Procesal Penal); 2. Por aplicación del Principio de Preclusión: Cuando las partes, habiendo sido notificadas del acto procesal defectuoso, dejasen precluir el plazo para la interposición del incidente de nulidad (Art. 170.1 del Código Procesal Penal); 3. Por aplicación del Principio de Convalidación; Cuando las partes hayan aceptado los efectos del acto viciado de nulidad, ya sea expresamente mediante una manifestación en ese sentido, o tácitamente cuando se aprovechen del acto probatorio viciado o haya no hayan denunciado su existencia en el momento procesal oportuno (Art. 170.2 del Código Procesal Penal); 4. Por aplicación del Principio de Instrumentalidad de las Formas: Señala que aun cuando exista un vicio que sea sancionado con nulidad por la norma procesal y que, haya producido un perjuicio material, el acto procesal seguirá siendo válido cuando se haya conseguido alcanzar el fin que perseguía, siempre que ello no haya causado indefensión a alguna de las partes (Art. 170.3 del Código Procesal Penal). En el caso de autos, la defensa pública al exponer sus conclusiones en la audiencia de debate solicitó la exclusión del material video gráfico, dictamen, ampliación de dictamen y álbum fotográfico presentados como medios de prueba, alegando que desconocerse cuando fueron obtenidos; alegato que fue de recibo en el tribunal de sentencia, el que efectivamente los excluyó por considerar que en la obtención del medio de prueba no se dio participación al imputado y a su representación legal, y con ello se imposibilitó que se diera el debido contradictorio, violentándose así el derecho defensa.- Sin embargo la Sala de lo Penal ha constatado que el vicio alegado por la Defensa Pública, y del cual ha hecho acopio el tribunal de sentencia, al momento de que fue denunciado tenía el carácter de subsanado por las propias actuaciones de la parte que lo denuncio, y que por ello debió ser desestimado. Se ha relacionado ya el contenido de la foliada judicial en donde consta que la defensa del acusado fue informada formalmente sobre la existencia del dictamen 2016-0801-0508-01081 al momento de la audiencia preliminar, y consecuentemente pudo discernir que el estudio pericial se produjo sin su supuesta participación, por lo que a su turno en contestar los cargos debió de hacer una manifestación en protesta, pero ello no fue así; posteriormente la Defensa Pública fue enterada como el Ministerio Público pretendía proponer el medio de prueba en cuestión para ser evacuado en la audiencia de debate, además de su ampliación y del álbum fotográfico formado con imágenes del video periciado, pero aun ante tal propuesta, la representación del acusado no presentó objeción para su admisión, todo ello en el marco de la audiencia de proposición de medios de prueba. Por tanto, el alegato hecho por la Defensa Pública en las conclusiones de la audiencia de debate, no es de recibo por extemporáneo, dado que, habiendo oportunidad de oponerse a la evacuación del medio de prueba en cuestión, opto por hacer silencio hasta un momento procesal en donde no había oportunidad de defensa de su contraparte; y precisamente al no formular la propuesta en la audiencia de preliminar y, especialmente en la audiencia de proposición de medios de prueba, dándose por entendida y conforme, se debe de tener por subsanado el vicio alegado, tal y como lo ordena la ley procesal. Como acotación adicional: La Sala de lo Penal ha señalado que, tratándose de actuaciones realizadas por las autoridades estatales, corresponde a éstas acreditar que las mismas fueron realizadas en el marco de la legalidad, de modo que no son los particulares quienes deben de acreditar que un acto estatal es ilegal, sino que es el Estado el que tiene la obligación de probar que lo realizado se encuentra dentro del marco de la ley.- De modo que en el presente caso correspondía al Ministerio Público, al presentar los medios de prueba como ser los videos, dictamen, ampliación de dictamen y álbum fotográfico, el acreditar su origen lícito y además que el procedimiento seguido desde su obtención fue el legal; es pues que la Sala de lo Penal no desconoce que existe éste vicio, empero el mismo fue subsanado a consecuencia de que lo actuado por el Ministerio Público contó con la aquiescencia omisiva de la Defensa Pública.- Finalmente, no puede dejarse de señalar que, independientemente de la obligación del Ministerio Público de hacer llegar al tribunal de sentencia, mediante la propuesta de los medios de prueba pertinentes, toda la información relacionada al caso, incluyendo aquella que legitime su actuar en el proceso probatorio (como ser la nominación, nombramiento y juramentación de peritos por órgano jurisdiccional competente); ello no releva a las demás partes a conducirse con lealtad, lo que no ocurre cuando constando en la foliada judicial gestiones fiscales de judicialización de actuaciones, se alega su inexistencia en procura de conseguir una decisión judicial basada en falsedad, lo que no es más que un conducir fraudulento reprochable a nivel ético. F.- Garantía de Autenticidad (Cadena de Custodia) En la motivación de exclusión de los medios de prueba, el Tribunal de Sentencia cuestionó insistentemente el manejo a la evidencia (videos) y resalto las inconsistencias observadas en la garantía de autenticidad o cadena de custodia.- Razonamiento que es contrario a la doctrina de la prueba ilícita, pues conforme a ésta, la fuente de prueba carece de total validez y por ende no entra al proceso valorativo del órgano jurisdiccional, empero cuando se procede a verificar la cadena de custodia y evaluar el manejo de la evidencia por los distintos eslabones para determinar su confiabilidad, se está haciendo una valoración. Recordemos que la cadena de custodia es un tipo de acta, es un documento que registra los actos a los cuales fue sometida una evidencia, desde el momento de su identificación como tal –generalmente en el escenario del crimen-, hasta el momento en que se almacena o se destruye, a efecto de poder verificar su manejo, los lugares en donde ha estado, las personas que han tenido acceso a ella y los cambios que ha sufrido –por efecto de su estudio o deterioro natural-, es decir la cadena de custodia responde sobre la autenticidad e inalterabilidad de la evidencia, es un instrumento de confiabilidad de la evidencia que más tarde se convertirá en un medio de prueba. Se le denomina “cadena” debido a que cada persona que tiene contacto con la evidencia es considerada un eslabón, teniendo la obligación de someterla al protocolo que corresponde al objeto de su custodia, así pues el investigador debe de observar un protocolo determinado en la fijación, recolección, embalaje/rotulación y traslado de la indicio, el perito debe de observar un protocolo determinado en el análisis de la evidencia, etc., en fin: un manejo adecuado de la evidencia por cada uno de los eslabones, en cada una de las fases de la cadena de custodia. La cadena de custodia, como se ha dicho ya, es un tema relacionado, no con la licitud o legalidad del medio de prueba, sino respecto a su valoración a partir de su confiabilidad, determinado así por las reglas de la sana critica; por tanto, el tribunal de sentencia ha incurrido en una confusión al citar el supuesto quebrantamiento de la cadena de custodia como causa de la ilicitud de la prueba. Acontece fractura de la cadena de custodia cuando ha ocurrido un hecho que compromete la autenticidad o inalterabilidad de la evidencia, hecho que puede ser en sí mismo un acto delictivo o un acto imprudente y que corresponderá al Tribunal de Sentencia valorar, conforme a las reglas de la sana critica, determinando como ello repercute en el valor que merece la evidencia o el medio de prueba que le derive, dado que ello dependerá del nivel de gravedad o incidencia de la ruptura, la etapa en que ésta se dio y la información que al respecto aporten el resto de los medios de prueba vinculados. Así entonces no será lo mismo la fractura de la cadena de custodia en sus primeros eslabones, que una fractura en sus últimos eslabones, pues todo lo hecho de previo podría conservar su autenticidad. G.- Respuesta al Motivo del Recurso de Casación La Defensa Publica en las conclusiones de la audiencia de debate denuncio como prueba ilícita los videos grabados por el sistema de vigilancia del centro médico Euro Honduras, el 25 de noviembre de 2015, del que se desprendió el material videográfico como evidencia, el dictamen pericial de su análisis, la ampliación del dictamen pericia para comparativa de imágenes del video con imágenes fotográficas, y las 52 fotografías extraídas del video, eran de carácter ilícito; denuncia que fue de recibido por el tribunal de sentencia, ordenando su exclusión del proceso de valoración, lo que fue una decisión desacertada pues el vicio alegado por la parte se relaciona con la legalidad de la prueba y no con su licitud, y porque tal vicio se encontraba subsanado al momento de su alegato; por otra parte la decisión también fue desacertada al considerar una supuesta fractura de la cadena de custodia como motivo incluyente para decretar la ilicitud de los medios de prueba, aun cuando el proceso de auditoria de la cadena de custodia se hace como parte de la valoración del medio de prueba, lo que es contradictorio con el mandato de la norma procesal de no valorar aquella prueba que se califique como ilícita. Decisión: Estimar parcialmente el único motivo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma, interpuesto por el Ministerio Público.uesta al Motivo del Recurso de Casación La Defensa Publica en las conclusiones de la audiencia de debate denuncio como prueba ilícita los videos grabados por el sistema de vigilancia del centro médico Euro Honduras, el 25 de noviembre de 2015, del que se desprendió el material videográfico como evidencia, el dictamen pericial de su análisis, la ampliación del dictamen pericia para comparativa de imágenes del video con imágenes fotográficas, y las 52 fotografías extraídas del video, eran de carácter ilícito; denuncia que fue de recibido por el tribunal de sentencia, ordenando su exclusión del proceso de valoración, lo que fue una decisión desacertada pues el vicio alegado por la parte se relaciona con la legalidad de la prueba y no con su licitud, y porque tal vicio se encontraba subsanado al momento de su alegato; por otra parte la decisión también fue desacertada al considerar una supuesta fractura de la cadena de custodia como motivo incluyente para decretar la ilicitud de los medios de prueba, aun cuando el proceso de auditoria de la cadena de custodia se hace como parte de la valoración del medio de prueba, lo que es contradictorio con el mandato de la norma procesal de no valorar aquella prueba que se califique como ilícita. Decisión: Estimar parcialmente el único motivo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma, interpuesto por el Ministerio Público. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Con Lugar el motivo único de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por el Ministerio Público; en consecuencia se Casa la sentencia de fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciocho (f. 249), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida.- Segundo: Declara la Nulidad de la audiencia de debate celebrada en fecha treinta de mayo de dos mil diecisiete (f. 238) y la Nulidad de la sentencia que ha sido individualizada.- Y Manda: Primero: Observando estrictamente los plazos legales contemplados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de origen proceda a programar celebración de la audiencia de debate para resolver la acción penal interpuesta por el Ministerio Público en contra el Señor Irrael Gonzales Cárcamo, por suponerlo responsable de un delito consumado de Evasión (dolosa), en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras; audiencia de debate y sentencia que deberá de ser celebrada por jueces/zas distintos/as a aquellos/as que tuvieron participación en la audiencia de debate y sentencia que se ha anulado.- Segundo: A efecto de que se acate lo mandado en el numeral anterior, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas en única instancia, deberá de devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Notifíquese. - Firmas y Sello. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada. Firma y Sello. Lety Emelda Posadas. Secretaria Actuante. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Certificación de la sentencia dictada el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, recaída en el expediente SP 511-2018.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

Secretario

Sala de lo Penal

Página 1 de 7

[1] Sentencia SP-237-2014, de fecha 20.03-18

[2] Cuellar Cruz Rigoberto; Entralgo Fernández, Jesús, Gómez Colomer, Juan Luis y otros. Derecho Procesal Penal de Honduras (Manual Teórico-Práctico). Agencia Española de Cooperación Internacional. Honduras. Septiembre de 2004. Páginas 596 y 597.