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Sentencia CP-503-19 — Registro 18014

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Lesiones, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y se declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Esta Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal, establece que el sistema de valoración de la prueba, es el de la sana crítica, por lo que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. Por eso, debe considerarse que todo problema de violación de las normas del correcto entendimiento humano es un problema de fundamentación, las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la sicología y la lógica. Según se razona en el desarrollo del motivo, se considera infringida el principio lógico de derivación, que integra la sana crítica, en virtud de que las conclusiones alcanzadas por el juzgador en la valoración probatoria de la declaración testifical de la víctima, se realizó cuando este medio de prueba testifical está desprovisto de suficiente justificación, es decir, no cuenta con corroboradores que la respalden; olvidando la recurrente, que al invocar la regla lógica de derivación, la misma tiene como objetivo el cuestionar que cada conclusión afirmada o negada del juzgador, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. Así las cosas, ha sido sometido a consideración de esta Sala de lo Penal, una impugnación con tal falta de pericia recursiva que los defectos de forma no permiten proceder a un estudio de fondo; se llega al grado, que el desarrollo recursivo parece guiado más a otra vertiente casacional como lo es la Infracción de Precepto Constitucional desde el ámbito de la violación al estado de inocencia por insuficiencia de prueba que aun mismo Quebrantamiento de Forma. Insiste la Sala de lo Penal, que el desarrollo argumentativo, es una protesta por haberse valorado un medio de prueba, no porque hay transgresión en su valoración, sino, porque la prueba no tiene corroboradores que la sustente; se señala a la recurrente, que, desde la invocación del presente recurso, en casación como única instancia, solo puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana critica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba o si esta sustentada con otros medios probatorios, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad. Por tanto, es procedente desestimar el presente recurso de casación. .."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor José Gregorio Morán Salvador, la sanción por un delito de lesiones en perjuicio de María Clemencia Serrano Alvarenga, a saber: i.- 05 años de reclusión; ii.- Pena accesoria de inhabilitación absoluta; iii.- Pena accesoria de interdicción civil; iv. Declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito; v. Consecuencia penal de obligación de realizar trabajo penitenciario. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017 por la infracción penal cometida por el acusado correspondería la imposición de la siguiente pena: • La conducta reprochada al señor José Gregorio Morán Salvador, está prevista en el Artículo 201 del Código Penal 130-2017 como delito de Lesiones Graves, cuya pena es: i. De 08 a 12 años de prisión, a quien, por cualquier medio o procedimiento, mutila o inutiliza un miembro u órgano principal de otra persona o le causa impotencia, esterilidad o una enfermedad o deformidad grave; o ii. De 06 a 08 años de prisión, Si la mutilación o inutilización afecta a un miembro u órgano no principal o se le causa a otro una enfermedad o deformidad no previstas en el párrafo anterior. iii. A los efectos de este precepto, por órgano se entiende cada una de las partes del cuerpo que desempeña una función y por miembro cada una de las extremidades de la persona o partes de aquélla, articuladas con el tronco. Principales son aquellos que desarrollan una función que si bien no es esencial para la vida es relevante para la misma, la salud o el normal desenvolvimiento del individuo. Conforme los hechos probados, el acusado agredió con un machete a la víctima, provocándole la amputación total de la mano derecha y una incapacidad total y permanente de la misma, asimismo una herida contuso cortante en tórax posterior (espalda) que le causaron una incapacidad temporal de cincuenta y seis (56) días. Ante lo anterior, el marco abstracto de la pena que debe de ser impuesta es de 08 a 12 años de prisión, al cometerse la mutilación en un miembro principal que a consecuencia de su falta, no puede realizar todas las funciones de su plena actividad. Así las cosas, al comparar el quantum de las penas impuestas en instancia, con el margen abstracto que corresponde con el Código Penal 130-2017; no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal..."

Legislación citada

  • Código Penal No. 130-17, art. 615 y 616 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaídos en el expediente del Recurso de Casación SP-503-2019, que literalmente dice: “ Sentencia En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, a los nueve días del mes de abril del año dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Nelson Danilo Mairena Franco en su calidad de coordinador, Mario Rolando Díaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP 503-2019, conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta de julio de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tela, departamento de Atlántida, mediante la cual falló: Primero: Absolvió al señor José Gregorio Morán Salvador, del delito de Parricidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de María Clemencia Serrano Alvarenga. Segundo: Condenó al señor José Gregorio Morán Salvador, por el delito de Lesiones, en perjuicio de María Clemencia Serrano Alvarenga, a la pena de cinco años de reclusión. Tercero: Condenó al señor José Gregorio Morán Salvador a las penas de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la pena principal. Cuarto: Declaró la responsabilidad civil del condenado José Gregorio Morán Salvador. Quinto: No Procedió declarar Comiso alguno. Sexto: No Procedió la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, la Abogada Ruth Belinda Lara Muñoz, actuando en su condición de defensora pública del encausado José Gregorio Morán Salvador. Son partes en única instancia: La Abogada Ruth Belinda Lara Muñoz, defensora pública, en su condición de recurrente, y el Abogado Elblin Orlan Macías Nolasco, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrido. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Primero: Que en fecha nueve (9) de marzo del año dos mil cinco (2,005) la señora María Clemencia Serrano Alvarenga se encontraba en la casa de habitación de su ex pareja el señor José Gregorio Morán Salvador, y como a eso de las tres de la mañana (3:00 am.), este llegó a la habitación donde dormía la señora María Clemencia pretendiendo sostener relaciones sexuales, al ver dicha pretensión María Clemencia le manifestó que estaba ahí únicamente por sus hijos y se fue a esa hora para la casa de su madre quien vivía a una cuadra de distancia en el barrio el Aguacatal de la aldea Mezapa Santa Rosa del Norte. Segundo: El lunes catorce (14) de marzo del mismo año (2,005), aproximadamente a eso de las ocho de la noche (8:00 pm.); María Clemencia estaba cerca de la vivienda de su madre cuando se encontró con José Gregorio quien portaba un machete, por lo que ella salió corriendo siendo alcanzada por éste último quien la agredió con un machete provocándole la amputación total de mano derecha y una incapacidad total y permanente de su misma, así como una herida contuso cortante en tórax posterior (espalda) que le causaron una incapacidad temporal de cincuenta y seis (56) días.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La Abogada Ruth Belinda Lara Muñoz, actuando en su condición de defensora pública, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “INDICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: Por inobservancia, por parte del Juzgador, de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, autoriza la interposición del presente recurso el artículo 362.3 del Código Procesal Penal, EXPLICACIÓN DEL MOTIVO PRIMERO: En el juicio oral y público en el que fue Juzgado el señor JOSÉ GREGORIO MORÁN SALVADOR a quien se le atribuye haber lesionado a la señora MARÍA CLEMENCIA SERRANO ALVARENGA, el ente acusador ofreció, como prueba confirmatoria de la declaración de la ofendida, la pericial encomendada al doctor Jorge Carlos Díaz y las declaraciones de las señoras Sandra Maribel Vides, Brenda Ventura y María Ventura Alvarenga, pero ello no pasó del ofrecimiento, porque ninguna de las señaladas fuentes de prueba fueron evacuadas en la audiencia de juicio oral, consecuentemente la declaración de la ofendida no fue confirmada por otros medios de prueba. SEGUNDO: Es en la valoración de dicha prueba en donde el Juzgador viola las reglas de la sana crítica en su ley lógica de la derivación, según la cual toda afirmación, para que sea tenida como cierta, debe contar con suficiente fundamento que la justifique, en al caso de mérito, la conclusión a la que arriba el Tribunal, al valorar la declaración de la ofendida, está desprovista de suficiente justificación. TERCERO: El Juzgador en el apartado MOTIVACIÓN PROBATORIA del fallo recurrido, expresa su criterio concluyente respecto al valor de convicción que le merece la declaración de la supuesta ofendida MARÍA CLEMENCIA SERRANO ALVARENGA en donde reconoce que el fallo condenatorio se sustenta básicamente en la declaración de ella. CUARTO: El Tribunal de juicio, tomando como sustento decisivo la declaración de la señora MARÍA CLEMENCIA SERRANO ALVARENGA, declaró terminantemente acreditado que: El lunes 14 de marzo de 2005, JosÉ Gregorio Morán Salvador agredió con un machete a la señora María Clemencia Serrano Alvarenga causándole lesiones que le ücasiünarün una incapacidad temporal de 56 días. QUINTO: La conclusión a la que arriba el Juzgador, no cuenta con un adecuado sustento probatorio, por lo que dictar sentencia condenatoria en contra del señor JOSÉ GREGORIO MORÁN SALVADOR por el delito de LESIONES en perjuicio de la señora MARÍA CLEMENCIA SERRANO ALVARENGA, viola las reglas de la sana crítica en su ley lógica de la derivación. SEXTO: El vicio denunciado se produce, porque el fallo condenatorio está basado, decisivamente, en la declaración de la señora MARÍA CLEMENCIA SERRANO ALVARENGA, pero la misma no cuenta con corroboradores que la respalden, pues el profesional a quien se le confió la pericia y los testigos que iban a corroborar lo declarado por ella no comparecieron a juicio, por lo que tal declaración quedó huérfana de corroboración, por ello el Juzgador viola las reglas de la sana crítica al valorar la prueba de cargo especialmente la prueba testifical rendida por la señora MARÍA CLEMENCIA SERRANO ALVARENGA, ya que, como antes señalamos, dicha declaración carece de corroboradores periféricos que la respalden. SÉPTIMO: Es por lo antes referido que la defensa del señor JOSÉ GREGORIO MORÁN SALVADOR, considera que en la valoración de la prueba, especialmente en relación a la declaración de la señora MARÍA CLEMENCIA SERRANO ALVARENGA, el Juzgador viola las reglas de la san crítica en su ley lógica de la derivación, al arribar a una conclusión de condena a pesar que, como antes lo indicamos, la declaración de la supuesta ofendida no cuenta con corroboradores periféricos que permitan atribuirle credibilidad a su relato. Vicio procesal que debe ser enmendado por la Sala Penal ordenando la celebración de un nuevo juicio en el que las pruebas sean valoradas con apego absoluto a las reglas de la sana crítica. RECLAMACIÓN HECHA PARA LA CORRECCIÓN DEL VICIO Siendo que el vicio que provoca la interposición del presente recurso se produce en el momento en que el Tribunal valora la prueba, por ello no hubo reclamación previa.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la Defensa Pública. Único motivo. • Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Sin determinar por la recurrente; • Concepto de la infracción expuesto: Por inobservancia de las reglas de la sana critica en la valoración de la prueba; • Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: imposibilidad de reclamo previo, porque el vicio se produce en el acto mismo de sentenciar; • Pretensión: Declarar con lugar. Se inicia el desarrollo recursivo, denunciando que la declaración de la ofendida no fue confirmada por otros medios de prueba, que se viola las reglas de la sana crítica en su ley lógica de derivación, a razón que para ser tenida como cierta, debe contar con suficiente fundamento que la justifique, por ello, al valorarse la declaración de la víctima, está desprovista de su suficiente justificación. Persiste la recurrente en señalar, que la conclusión a la que arriba el juzgador, no cuenta con un adecuado sustento probatorio, por lo que dictar sentencia condenatoria por el delito de lesiones, viola dichas reglas. Que el fallo condenatorio está basado, decisivamente en la declaración de la víctima, pero no cuenta con corroboradores que la respalden, quedando huérfano, por ello, a criterio de la recurrente se ha violentado las reglas de la sana crítica. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido esté falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Esta Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal, establece que el sistema de valoración de la prueba, es el de la sana crítica, por lo que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. Por eso, debe considerarse que todo problema de violación de las normas del correcto entendimiento humano es un problema de fundamentación, las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la sicología y la lógica. Según se razona en el desarrollo del motivo, se considera infringida el principio lógico de derivación, que integra la sana crítica, en virtud de que las conclusiones alcanzadas por el juzgador en la valoración probatoria de la declaración testifical de la víctima, se realizó cuando este medio de prueba testifical está desprovisto de suficiente justificación, es decir, no cuenta con corroboradores que la respalden; olvidando la recurrente, que al invocar la regla lógica de derivación, la misma tiene como objetivo el cuestionar que cada conclusión afirmada o negada del juzgador, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. Así las cosas, ha sido sometido a consideración de esta Sala de lo Penal, una impugnación con tal falta de pericia recursiva que los defectos de forma no permiten proceder a un estudio de fondo; se llega al grado, que el desarrollo recursivo parece guiado más a otra vertiente casacional como lo es la Infracción de Precepto Constitucional desde el ámbito de la violación al estado de inocencia por insuficiencia de prueba que aun mismo Quebrantamiento de Forma. Insiste la Sala de lo Penal, que el desarrollo argumentativo, es una protesta por haberse valorado un medio de prueba, no porque hay transgresión en su valoración, sino, porque la prueba no tiene corroboradores que la sustente; se señala a la recurrente, que, desde la invocación del presente recurso, en casación como única instancia, solo puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana critica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba o si esta sustentada con otros medios probatorios, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad. Por tanto, es procedente desestimar el presente recurso de casación. DECISIÓN • Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: • Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o • Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa del acusado José Gregorio Morán Salvador, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación a los acusados señalados. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor José Gregorio Morán Salvador, la sanción por un delito de lesiones en perjuicio de María Clemencia Serrano Alvarenga, a saber: i.- 05 años de reclusión; ii.- Pena accesoria de inhabilitación absoluta; iii.- Pena accesoria de interdicción civil; iv. Declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito; v. Consecuencia penal de obligación de realizar trabajo penitenciario. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017 por la infracción penal cometida por el acusado correspondería la imposición de la siguiente pena: • La conducta reprochada al señor José Gregorio Morán Salvador, está prevista en el Artículo 201 del Código Penal 130-2017 como delito de Lesiones Graves, cuya pena es: i. De 08 a 12 años de prisión, a quien, por cualquier medio o procedimiento, mutila o inutiliza un miembro u órgano principal de otra persona o le causa impotencia, esterilidad o una enfermedad o deformidad grave; o ii. De 06 a 08 años de prisión, Si la mutilación o inutilización afecta a un miembro u órgano no principal o se le causa a otro una enfermedad o deformidad no previstas en el párrafo anterior. iii. A los efectos de este precepto, por órgano se entiende cada una de las partes del cuerpo que desempeña una función y por miembro cada una de las extremidades de la persona o partes de aquélla, articuladas con el tronco. Principales son aquellos que desarrollan una función que si bien no es esencial para la vida es relevante para la misma, la salud o el normal desenvolvimiento del individuo. Conforme los hechos probados, el acusado agredió con un machete a la víctima, provocándole la amputación total de la mano derecha y una incapacidad total y permanente de la misma, asimismo una herida contuso cortante en tórax posterior (espalda) que le causaron una incapacidad temporal de cincuenta y seis (56) días. Ante lo anterior, el marco abstracto de la pena que debe de ser impuesta es de 08 a 12 años de prisión, al cometerse la mutilación en un miembro principal que a consecuencia de su falta, no puede realizar todas las funciones de su plena actividad. Así las cosas, al comparar el quantum de las penas impuestas en instancia, con el margen abstracto que corresponde con el Código Penal 130-2017; no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362 numeral 3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. Interpuesto por la Abogada Ruth Belinda Lara Muñoz, actuando en su condición de defensora pública del encausado José Gregorio Morán Salvador. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conducta reprochada al ahora condenado José Gregorio Morán Salvador. Como consecuencia de lo anterior, los beneficios penitenciarios deberán de ser otorgados conforme las disposiciones del Código Penal 144-83. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha treinta de julio de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tela, departamento de Atlántida, que contiene el pronunciamiento condenatorio en contra del señor José Gregorio Morán Salvador, por el delito de Lesiones, en perjuicio de María Clemencia Serrano Alvarenga. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Mairena Franco. Notifíquese. - Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. Mario Rolando Díaz Flores.Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrada. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora sala penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veintitrés días del mes de abril de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada el nueve de abril del año dos mil veinticuatro, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-503-2019. RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL“ CERTIFICACIÓN La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaídos en el expediente del Recurso de Casación SP-503-2019, que literalmente dice: “ Sentencia En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, a los nueve días del mes de abril del año dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Nelson Danilo Mairena Franco en su calidad de coordinador, Mario Rolando Díaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP 503-2019, conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta de julio de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tela, departamento de Atlántida, mediante la cual falló: Primero: Absolvió al señor José Gregorio Morán Salvador, del delito de Parricidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de María Clemencia Serrano Alvarenga. Segundo: Condenó al señor José Gregorio Morán Salvador, por el delito de Lesiones, en perjuicio de María Clemencia Serrano Alvarenga, a la pena de cinco años de reclusión. Tercero: Condenó al señor José Gregorio Morán Salvador a las penas de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la pena principal. Cuarto: Declaró la responsabilidad civil del condenado José Gregorio Morán Salvador. Quinto: No Procedió declarar Comiso alguno. Sexto: No Procedió la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, la Abogada Ruth Belinda Lara Muñoz, actuando en su condición de defensora pública del encausado José Gregorio Morán Salvador. Son partes en única instancia: La Abogada Ruth Belinda Lara Muñoz, defensora pública, en su condición de recurrente, y el Abogado Elblin Orlan Macías Nolasco, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrido. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Primero: Que en fecha nueve (9) de marzo del año dos mil cinco (2,005) la señora María Clemencia Serrano Alvarenga se encontraba en la casa de habitación de su ex pareja el señor José Gregorio Morán Salvador, y como a eso de las tres de la mañana (3:00 am.), este llegó a la habitación donde dormía la señora María Clemencia pretendiendo sostener relaciones sexuales, al ver dicha pretensión María Clemencia le manifestó que estaba ahí únicamente por sus hijos y se fue a esa hora para la casa de su madre quien vivía a una cuadra de distancia en el barrio el Aguacatal de la aldea Mezapa Santa Rosa del Norte. Segundo: El lunes catorce (14) de marzo del mismo año (2,005), aproximadamente a eso de las ocho de la noche (8:00 pm.); María Clemencia estaba cerca de la vivienda de su madre cuando se encontró con José Gregorio quien portaba un machete, por lo que ella salió corriendo siendo alcanzada por éste último quien la agredió con un machete provocándole la amputación total de mano derecha y una incapacidad total y permanente de su misma, así como una herida contuso cortante en tórax posterior (espalda) que le causaron una incapacidad temporal de cincuenta y seis (56) días.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La Abogada Ruth Belinda Lara Muñoz, actuando en su condición de defensora pública, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “INDICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: Por inobservancia, por parte del Juzgador, de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, autoriza la interposición del presente recurso el artículo 362.3 del Código Procesal Penal, EXPLICACIÓN DEL MOTIVO PRIMERO: En el juicio oral y público en el que fue Juzgado el señor JOSÉ GREGORIO MORÁN SALVADOR a quien se le atribuye haber lesionado a la señora MARÍA CLEMENCIA SERRANO ALVARENGA, el ente acusador ofreció, como prueba confirmatoria de la declaración de la ofendida, la pericial encomendada al doctor Jorge Carlos Díaz y las declaraciones de las señoras Sandra Maribel Vides, Brenda Ventura y María Ventura Alvarenga, pero ello no pasó del ofrecimiento, porque ninguna de las señaladas fuentes de prueba fueron evacuadas en la audiencia de juicio oral, consecuentemente la declaración de la ofendida no fue confirmada por otros medios de prueba. SEGUNDO: Es en la valoración de dicha prueba en donde el Juzgador viola las reglas de la sana crítica en su ley lógica de la derivación, según la cual toda afirmación, para que sea tenida como cierta, debe contar con suficiente fundamento que la justifique, en al caso de mérito, la conclusión a la que arriba el Tribunal, al valorar la declaración de la ofendida, está desprovista de suficiente justificación. TERCERO: El Juzgador en el apartado MOTIVACIÓN PROBATORIA del fallo recurrido, expresa su criterio concluyente respecto al valor de convicción que le merece la declaración de la supuesta ofendida MARÍA CLEMENCIA SERRANO ALVARENGA en donde reconoce que el fallo condenatorio se sustenta básicamente en la declaración de ella. CUARTO: El Tribunal de juicio, tomando como sustento decisivo la declaración de la señora MARÍA CLEMENCIA SERRANO ALVARENGA, declaró terminantemente acreditado que: El lunes 14 de marzo de 2005, JosÉ Gregorio Morán Salvador agredió con un machete a la señora María Clemencia Serrano Alvarenga causándole lesiones que le ücasiünarün una incapacidad temporal de 56 días. QUINTO: La conclusión a la que arriba el Juzgador, no cuenta con un adecuado sustento probatorio, por lo que dictar sentencia condenatoria en contra del señor JOSÉ GREGORIO MORÁN SALVADOR por el delito de LESIONES en perjuicio de la señora MARÍA CLEMENCIA SERRANO ALVARENGA, viola las reglas de la sana crítica en su ley lógica de la derivación. SEXTO: El vicio denunciado se produce, porque el fallo condenatorio está basado, decisivamente, en la declaración de la señora MARÍA CLEMENCIA SERRANO ALVARENGA, pero la misma no cuenta con corroboradores que la respalden, pues el profesional a quien se le confió la pericia y los testigos que iban a corroborar lo declarado por ella no comparecieron a juicio, por lo que tal declaración quedó huérfana de corroboración, por ello el Juzgador viola las reglas de la sana crítica al valorar la prueba de cargo especialmente la prueba testifical rendida por la señora MARÍA CLEMENCIA SERRANO ALVARENGA, ya que, como antes señalamos, dicha declaración carece de corroboradores periféricos que la respalden. SÉPTIMO: Es por lo antes referido que la defensa del señor JOSÉ GREGORIO MORÁN SALVADOR, considera que en la valoración de la prueba, especialmente en relación a la declaración de la señora MARÍA CLEMENCIA SERRANO ALVARENGA, el Juzgador viola las reglas de la san crítica en su ley lógica de la derivación, al arribar a una conclusión de condena a pesar que, como antes lo indicamos, la declaración de la supuesta ofendida no cuenta con corroboradores periféricos que permitan atribuirle credibilidad a su relato. Vicio procesal que debe ser enmendado por la Sala Penal ordenando la celebración de un nuevo juicio en el que las pruebas sean valoradas con apego absoluto a las reglas de la sana crítica. RECLAMACIÓN HECHA PARA LA CORRECCIÓN DEL VICIO Siendo que el vicio que provoca la interposición del presente recurso se produce en el momento en que el Tribunal valora la prueba, por ello no hubo reclamación previa.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la Defensa Pública. Único motivo. • Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Sin determinar por la recurrente; • Concepto de la infracción expuesto: Por inobservancia de las reglas de la sana critica en la valoración de la prueba; • Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: imposibilidad de reclamo previo, porque el vicio se produce en el acto mismo de sentenciar; • Pretensión: Declarar con lugar. Se inicia el desarrollo recursivo, denunciando que la declaración de la ofendida no fue confirmada por otros medios de prueba, que se viola las reglas de la sana crítica en su ley lógica de derivación, a razón que para ser tenida como cierta, debe contar con suficiente fundamento que la justifique, por ello, al valorarse la declaración de la víctima, está desprovista de su suficiente justificación. Persiste la recurrente en señalar, que la conclusión a la que arriba el juzgador, no cuenta con un adecuado sustento probatorio, por lo que dictar sentencia condenatoria por el delito de lesiones, viola dichas reglas. Que el fallo condenatorio está basado, decisivamente en la declaración de la víctima, pero no cuenta con corroboradores que la respalden, quedando huérfano, por ello, a criterio de la recurrente se ha violentado las reglas de la sana crítica. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido esté falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Esta Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal, establece que el sistema de valoración de la prueba, es el de la sana crítica, por lo que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. Por eso, debe considerarse que todo problema de violación de las normas del correcto entendimiento humano es un problema de fundamentación, las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la sicología y la lógica. Según se razona en el desarrollo del motivo, se considera infringida el principio lógico de derivación, que integra la sana crítica, en virtud de que las conclusiones alcanzadas por el juzgador en la valoración probatoria de la declaración testifical de la víctima, se realizó cuando este medio de prueba testifical está desprovisto de suficiente justificación, es decir, no cuenta con corroboradores que la respalden; olvidando la recurrente, que al invocar la regla lógica de derivación, la misma tiene como objetivo el cuestionar que cada conclusión afirmada o negada del juzgador, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. Así las cosas, ha sido sometido a consideración de esta Sala de lo Penal, una impugnación con tal falta de pericia recursiva que los defectos de forma no permiten proceder a un estudio de fondo; se llega al grado, que el desarrollo recursivo parece guiado más a otra vertiente casacional como lo es la Infracción de Precepto Constitucional desde el ámbito de la violación al estado de inocencia por insuficiencia de prueba que aun mismo Quebrantamiento de Forma. Insiste la Sala de lo Penal, que el desarrollo argumentativo, es una protesta por haberse valorado un medio de prueba, no porque hay transgresión en su valoración, sino, porque la prueba no tiene corroboradores que la sustente; se señala a la recurrente, que, desde la invocación del presente recurso, en casación como única instancia, solo puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana critica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba o si esta sustentada con otros medios probatorios, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad. Por tanto, es procedente desestimar el presente recurso de casación. DECISIÓN • Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: • Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o • Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa del acusado José Gregorio Morán Salvador, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación a los acusados señalados. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor José Gregorio Morán Salvador, la sanción por un delito de lesiones en perjuicio de María Clemencia Serrano Alvarenga, a saber: i.- 05 años de reclusión; ii.- Pena accesoria de inhabilitación absoluta; iii.- Pena accesoria de interdicción civil; iv. Declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito; v. Consecuencia penal de obligación de realizar trabajo penitenciario. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017 por la infracción penal cometida por el acusado correspondería la imposición de la siguiente pena: • La conducta reprochada al señor José Gregorio Morán Salvador, está prevista en el Artículo 201 del Código Penal 130-2017 como delito de Lesiones Graves, cuya pena es: i. De 08 a 12 años de prisión, a quien, por cualquier medio o procedimiento, mutila o inutiliza un miembro u órgano principal de otra persona o le causa impotencia, esterilidad o una enfermedad o deformidad grave; o ii. De 06 a 08 años de prisión, Si la mutilación o inutilización afecta a un miembro u órgano no principal o se le causa a otro una enfermedad o deformidad no previstas en el párrafo anterior. iii. A los efectos de este precepto, por órgano se entiende cada una de las partes del cuerpo que desempeña una función y por miembro cada una de las extremidades de la persona o partes de aquélla, articuladas con el tronco. Principales son aquellos que desarrollan una función que si bien no es esencial para la vida es relevante para la misma, la salud o el normal desenvolvimiento del individuo. Conforme los hechos probados, el acusado agredió con un machete a la víctima, provocándole la amputación total de la mano derecha y una incapacidad total y permanente de la misma, asimismo una herida contuso cortante en tórax posterior (espalda) que le causaron una incapacidad temporal de cincuenta y seis (56) días. Ante lo anterior, el marco abstracto de la pena que debe de ser impuesta es de 08 a 12 años de prisión, al cometerse la mutilación en un miembro principal que a consecuencia de su falta, no puede realizar todas las funciones de su plena actividad. Así las cosas, al comparar el quantum de las penas impuestas en instancia, con el margen abstracto que corresponde con el Código Penal 130-2017; no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362 numeral 3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. Interpuesto por la Abogada Ruth Belinda Lara Muñoz, actuando en su condición de defensora pública del encausado José Gregorio Morán Salvador. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conducta reprochada al ahora condenado José Gregorio Morán Salvador. Como consecuencia de lo anterior, los beneficios penitenciarios deberán de ser otorgados conforme las disposiciones del Código Penal 144-83. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha treinta de julio de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tela, departamento de Atlántida, que contiene el pronunciamiento condenatorio en contra del señor José Gregorio Morán Salvador, por el delito de Lesiones, en perjuicio de María Clemencia Serrano Alvarenga. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Mairena Franco. Notifíquese. - Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. Mario Rolando Díaz Flores.Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrada. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora sala penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veintitrés días del mes de abril de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada el nueve de abril del año dos mil veinticuatro, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-503-2019.

RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS

RECEPTORA SALA PENAL