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Sentencia CP-39-21 — Registro 18658

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de homicidio simple, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y se Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"... De la procedencia del recurso. único motivo no es de recibo. La Sala de lo Penal después de revisar los alegatos recursivos de casación por infracción de precepto constitucional planteados por el recurrente, en el cual resalta que al evacuar el medio de prueba declaración de Testigo Protegido “ZETA” en la audiencia de juicio oral y público, se ha infringido el derecho defensa y el debido proceso, fundamentando su alegato en que el Tribunal ha violentado los derechos del imputado, al no haberse observado los principios procesales de publicidad y contradicción por haber declarado el testigo protegido de manera oculta y con identidad reservada, además que la defensa no tuvo oportunidad de realizar un verdadero contra examen; pero al verificar a folio doce (12) del tomo 2 en la audiencia de proposición de prueba, al cederle la palabra el tribunal a la defensa para que se pronunciara sobre los medios de pruebas propuestos por el Ministerio Público, quien respondió que no tenía objeción alguna, por lo que se admitió para su evacuación; también se desprende que al momento de evacuar el medio de prueba declaración de testigo protegido “ZETA” a folio veintiuno (21) del mismo tomo en la audiencia de debate del juicio oral y público, el representante legal del imputado hizo uso del derecho a contrainterrogar al testigo, no identificando en qué momento se ha violentado el derecho de defensa y debido proceso como lo ha querido hacer ver en esta única instancia por el censor, siendo que el medio de prueba mencionado fue incorporado conforme a la normativa procesal penal, sometiendo el mismo a la contradicción de las partes y a la inmediación en el momento procesal oportuno, lo que le da el carácter de prueba susceptible de valoración, además que ya la sala de lo penal ha realizado pronunciamiento sobre este tipo de medios de pruebas, además ha dejado establecido que “el derecho de defensa se lesiona cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso, de defenderse de los cargos, o para demostrar su versión de los hechos, el acceso irrestricto a la pruebas de cargo, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura…”; además se verifica que no es único medio de prueba la declaración del Testigo ZETA, y que la resolución pronunciada por el Tribunal de Sentencia tomó en consideración el acta de levantamiento de cadáver ratificado en juicio el agente de investigación Nelson Leonel Martinez Urbina y el dictamen de levantamiento de cadáver ratificado en juicio por la doctora Matilde María Córdova Martínez, se acreditó la muerte real y el levantamiento del cadáver del señor Oscar Anibal Membreño Rivera se realizó en la aldea El Volcán del municipio de Concepción Norte, departamento de Santa Barbara, y que el cadáver presentaba ocho heridas de proyectil disparadas con arma de fuego, estableciéndose como causa de muerte, heridas penetrantes en tórax y miembros inferiores y como manera de muerte homicida; además el medio de prueba el Acta de Defunción en original introducida al debate mediante la vista de las partes por el conocimiento previo de las mismas, se acreditó la muerte legal de la víctima; por lo que el A quo ha realizado una valoración de toda la prueba y de la cual están convencidos: “que después de hacer una valoración de cada uno de los elementos de prueba descritos, sin lugar a duda advierte de que los mismos son suficiente para acreditar la muerte real y legal del señor Oscar Anibal Membreño Rivera, además para acreditar el lugar donde ocurrieron los hechos así como los hallazgos del cuerpo sin vida de dicho señor, estableciendo que este murió como consecuencia de varias heridas de bala, disparadas con arma de fuego localizadas en diferentes partes del cuerpo siendo la causa de la muerte, heridas penetrantes en tórax y miembros inferiores, elementos de prueba útiles que sirven de fundamento al hecho probado en la presente causa y descritos anteriormente”, por lo que el motivo de casación decae al no verificarse que el Juzgador haya infringido los derechos constitucionales mencionados, y que el fallo recurrido únicamente lo fundamenta el medio de prueba testigo protegido ZETA, por lo que se realizó una valoración de manera armónica y conjunta con los demás medios de prueba, es así que el recurso de casación planteado no es de recibo..."

Legislación citada

  • Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8.2 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

"... De la procedencia del recurso. único motivo no es de recibo. La Sala de lo Penal después de revisar los alegatos recursivos de casación por infracción de precepto constitucional planteados por el recurrente, en el cual resalta que al evacuar el medio de prueba declaración de Testigo Protegido “ZETA” en la audiencia de juicio oral y público, se ha infringido el derecho defensa y el debido proceso, fundamentando su alegato en que el Tribunal ha violentado los derechos del imputado, al no haberse observado los principios procesales de publicidad y contradicción por haber declarado el testigo protegido de manera oculta y con identidad reservada, además que la defensa no tuvo oportunidad de realizar un verdadero contra examen; pero al verificar a folio doce (12) del tomo 2 en la audiencia de proposición de prueba, al cederle la palabra el tribunal a la defensa para que se pronunciara sobre los medios de pruebas propuestos por el Ministerio Público, quien respondió que no tenía objeción alguna, por lo que se admitió para su evacuación; también se desprende que al momento de evacuar el medio de prueba declaración de testigo protegido “ZETA” a folio veintiuno (21) del mismo tomo en la audiencia de debate del juicio oral y público, el representante legal del imputado hizo uso del derecho a contrainterrogar al testigo, no identificando en qué momento se ha violentado el derecho de defensa y debido proceso como lo ha querido hacer ver en esta única instancia por el censor, siendo que el medio de prueba mencionado fue incorporado conforme a la normativa procesal penal, sometiendo el mismo a la contradicción de las partes y a la inmediación en el momento procesal oportuno, lo que le da el carácter de prueba susceptible de valoración, además que ya la sala de lo penal ha realizado pronunciamiento sobre este tipo de medios de pruebas, además ha dejado establecido que “el derecho de defensa se lesiona cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso, de defenderse de los cargos, o para demostrar su versión de los hechos, el acceso irrestricto a la pruebas de cargo, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura…”; además se verifica que no es único medio de prueba la declaración del Testigo ZETA, y que la resolución pronunciada por el Tribunal de Sentencia tomó en consideración el acta de levantamiento de cadáver ratificado en juicio el agente de investigación Nelson Leonel Martinez Urbina y el dictamen de levantamiento de cadáver ratificado en juicio por la doctora Matilde María Córdova Martínez, se acreditó la muerte real y el levantamiento del cadáver del señor Oscar Anibal Membreño Rivera se realizó en la aldea El Volcán del municipio de Concepción Norte, departamento de Santa Barbara, y que el cadáver presentaba ocho heridas de proyectil disparadas con arma de fuego, estableciéndose como causa de muerte, heridas penetrantes en tórax y miembros inferiores y como manera de muerte homicida; además el medio de prueba el Acta de Defunción en original introducida al debate mediante la vista de las partes por el conocimiento previo de las mismas, se acreditó la muerte legal de la víctima; por lo que el A quo ha realizado una valoración de toda la prueba y de la cual están convencidos: “que después de hacer una valoración de cada uno de los elementos de prueba descritos, sin lugar a duda advierte de que los mismos son suficiente para acreditar la muerte real y legal del señor Oscar Anibal Membreño Rivera, además para acreditar el lugar donde ocurrieron los hechos así como los hallazgos del cuerpo sin vida de dicho señor, estableciendo que este murió como consecuencia de varias heridas de bala, disparadas con arma de fuego localizadas en diferentes partes del cuerpo siendo la causa de la muerte, heridas penetrantes en tórax y miembros inferiores, elementos de prueba útiles que sirven de fundamento al hecho probado en la presente causa y descritos anteriormente”, por lo que el motivo de casación decae al no verificarse que el Juzgador haya infringido los derechos constitucionales mencionados, y que el fallo recurrido únicamente lo fundamenta el medio de prueba testigo protegido ZETA, por lo que se realizó una valoración de manera armónica y conjunta con los demás medios de prueba, es así que el recurso de casación planteado no es de recibo..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...C. Ponderación en el caso concreto: En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación de acuerdo al Código Penal según decreto No. 144-83, se condenó a Marlon Miguel Pineda García, a la pena principal de quince años de reclusión, por el delito de Homicidio Simple, en perjuicio de Oscar Aníbal Membreño Rivera, además condenó a Marlon Miguel Pineda García, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de la condena, así como a trabajar en obras públicas o en labores dentro del centro penitenciario, asimismo declaró la responsabilidad civil. Esta Sala de lo Penal al proceder a realizar la comparativa entre ambas legislaciones de la siguiente manera: que, conforme el artículo 116 del Código Penal Decreto No. 144-83, la conducta reprochada al acusado está prevista en el nuevo Código Penal Decreto No. 130-2017, como delito de Homicidio artículo 192 cuya pena principal es: prisión de quince (15) a veinte (20) años de prisión; y siendo que la pena impuesta por este delito al condenado arriba señalado está dentro el margen abstracto de la nueva pena en razón de dicho delito, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio, conforme lo dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. .."

Legislación citada

  • Código Penal No. 130-17, art. 615 y 616 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-39-2021, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha cuatro de noviembre del dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Nelson Danilo Mairena Franco en su calidad de Coordinador, Mario Rolando Díaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-39-2021 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiséis de octubre de dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó a Marlon Miguel Pineda García, a la pena principal de quince años de reclusión, por el delito de Homicidio Simple, en perjuicio de Oscar Aníbal Membreño Rivera. SEGUNDO: Condenó a Marlon Miguel Pineda García, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo que dure la condena, así como a trabajar en obras públicas o en labores dentro del centro penitenciario. TERCERO: Declaró la responsabilidad civil del condenado Marlon Miguel Pineda García. CUARTO: No procedió la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio a los acusados. QUINTO: No procedió el comiso. Son partes en única instancia: Los abogados Mario Reiniery Amador Espinal y Giovinezza Dubois Zavala, como defensores públicos de Marlon Miguel Pineda García, como parte recurrente y la abogada Marla Iris Cárdenas Guardado, como Fiscal del Ministerio Público como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “UNICO: En fecha doce de agosto del año dos mil diecisiete como a eso de las seis de la tarde en la aldea El Volcán, del municipio de Concepción del Norte, departamento de Santa Bárbara, precisamente en el desvió que conduce a la aldea de Laguna Verde, el hoy imputado Marlon Miguel Pineda García, le salió al encuentro a la hoy víctima Oscar Aníbal Membreño Rivera, a quien sin mediar palabra le disparó en varias ocasiones, infiriéndole ocho heridas con proyectil disparado con arma de fuego, ubicadas en diferentes partes de su cuerpo que le provocaron la muerte de manera inmediata en el mismo lugar de los hechos.” RECURSO DE CASACIÓN: El recurrente abogado Wilmer Candelario Hernández Erazo, en su condición de defensor público de Marlon Miguel Pineda García, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “INDICACIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL ÚNICO: Infracción de los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 (DERECHO DE DEFENSA y DEBIDO PROCESO), en relación con los artículos 16 de la misma Constitución de la República; 14.3.e del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2.f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 del Código Procesal Penal. Autoriza la interposición de este recurso el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: PRIMERO: Las normas constitucionales y legales que se denuncian como infringidas por el Tribunal de juicio, entre otras disposiciones, señalan que: 1) El derecho de defensa es inviolable; 2) Ninguna persona podrá ser condenada ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidas en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el Código Procesal Penal; y. 3) Durante el proceso, toda persona inculpada de delito tiene derecho, en plena igualdad, a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo. SEGUNDO: El Juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra del señor MARLON MIGUEL PINEDA GARCÍA por el delito de HOMICIDIO en perjuicio de OSCAR ANIBAL MEMBREÑO RIVERA, infringe gravemente los fundamentales derechos de defensa y del debido proceso que le amparan al imputado por mandato constitucional, porque dicho fallo condenatorio no cuenta con un adecuado respaldo probatorio que lo sustente. TERCERO: En la audiencia de juicio oral y público se evacuó, como prueba decisiva de cargo, la declaración del TESTIGO PROTEGIDO CLAVE "ZETA" con la que el Juzgador declaró terminantemente acreditado que el señor MARLON MIGUEL PINEDA GARCÍA el 12 de agosto de 2017, en la aldea El Volcán, municipio de Concepción del Norte, departamento de Santas Bárbara, sin mediar palabra disparó en varias ocasiones contra la humanidad del señor Óscar Aníbal Membreño Rivera, causándole en su cuerpo ocho heridas de arma de fuego las que le provocaron la muerte de manera inmediata. CUARTO: El vicio que denunciamos se produce, porque la prueba en la que se apoyan los hechos antes referidos no es suficientemente apta para acreditarlos ya que la misma está constituida, decisivamente, por la declaración de un único testigo que además estaba PROTEGIDO, del que el Tribunal de Juicio en una escueta valoración dice ser coherente en su declaración, que en ningún momento dudó de indicar que el acusado fue la persona que disparó en varias ocasiones en contra de Oscar Aníbal Membreño Rivera, por lo que al Tribunal no le queda ninguna duda de la responsabilidad de Marlon Miguel Pineda García, en los hechos que se le atribuyen, a título de autor material, por lo anterior, resulta evidente, que el Juzgador se sirve de esa única declaración para dar por acreditada la forma de cómo sucedieron los hechos y, además, para sindicar al señor MARLON MIGUEL PINEDA GARCÍA como autor material de los mismos, la anterior consideración no tiene adecuado respaldo, porque, en primer lugar, la declaración del testigo protegido "ZETA" resulta poco creíble en cuanto a Identificar al perpetrador de la muerte del señor Óscar Membreño en las condiciones de tiempo y lugar (horas de la noche) en que se produjo, posición sustentada por la defensa al momento de pronunciar nuestras conclusiones, en segundo lugar, el testigo protegido "ZETA", sustento probatorio del fallo de condena, no fue sometido a un adecuado contra examen, ya que tratándose de un testigo protegido (oculto y con identidad reservada) impidió el ejercicio de un verdadero interrogatorio respecto a posibles causas hostiles, prejuiciadas o espurias que motivaran sus declaraciones, no pudiendo ejercer plenamente el principio de contradicción, el cual implica, mínimamente, la posibilidad del inculpado de examinar al testigo de cargo en iguales condiciones que las que detenta el ente acusador, pero el desconocimiento de la identidad del decisivo testigo por parte del imputado lo dejó, a él y a su defensa, en un claro desequilibrio procesal, violatorio de sus derechos de defensa y del debido proceso. QUINTO: En las condiciones antes referidas la decisión de condena del Juzgador quebranta esos fundamentales derechos de defensa y del debido proceso de los que legalmente goza el señor MARLON MIGUEL PINEDA GARCÍA, porque lo declarado probado en el fallo impugnado está sustentado en un medio de prueba en cuya evacuación no se observaron plenamente los principios procesales de publicidad y contradicción, infringiendo los referidos derechos del imputado, ya que, reiteramos, la prueba básica que sostiene el fallo de condena es la declaración del TESTIGO PROTEGIDO CLAVE "ZETA" (testigo oculto y con identidad reservada), misma que tampoco cuenta con corroboradores periféricos unívocos que la respalden y por tanto insuficiente para justificar, válidamente, un fallo de condena. Sobre este particular la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha dicho que:” … le preocupa a la Sala de In Penal la ausencia cada vez más marcada de prueba científica, objetiva y fiable en los procesos penales, la cual ha sido sustituida casi en su totalidad con prueba testifical, misma que no ofrece las mismas garantías que aquellas... La ausencia de prueba científica y el ánimo de dar una respuesta tanto a los justiciables como a las víctimas, han llevado a los Tribunales de Justicia a relativizar las exigencias probatorias, al grado de aventurarse a pronunciar fallos condenatorios basándose únicamente en prueba testifical sin corroboración alguna... Insiste esta Sala de lo Penal que una sentencia condenatoria basada en un único media de prueba, cualquiera que sea éste, debe implicar que ese media de prueba debió haber pasado por un riguroso proceso de valoración, sorteando solventemente cualquier cuestionamiento concebible por muy insignificante que sea, demostrando su solidez probatoria al grado de no hacer factible ninguna otra realidad alterna más que la demostrada por el medio de prueba. Tal rigurosidad debe ser aún mayor cuando se trate de un medio de prueba testifical, como consecuencia de la naturaleza de este particular medio de prueba, abatible por subjetividades derivadas de impresiones, sentimientos, prejuicios o capacidad de percepción de hechos, por ello, la suficiencia probatoria ha de ser evaluada desde una perspectiva cualitativa, cuando permita la construcción de un silogismo categórico y necesario, por mostrar una verdad única donde el acusado se vea necesariamente como la persona responsable del delito, sin duda razonable admisible”, el motivo de preocupación de la Sala Penal se agrava, de manera superlativa, cuando se trata de testigos protegidos como en el presente caso. SEXTO: La decisión de condena, en las condiciones señaladas, también es violatoria de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la jurisprudencia que sobre el mismo ha sentado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quienes en relación a sustentar fallos de condena en declaraciones de testigos de identidad oculta, reiteradamente han resuelto que: "Incluso cuando se hayan adoptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena no puede estar fundada Únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada. De lo contrario, se podría llegar a condenar al imputado utilizando desproporcionadamente un medio probatorio que fue obtenido en detrimento de su derecho de defensa. Por tratarse de prueba obtenida en condiciones en las que los derechos del inculpado han sido limitados, las declaraciones de testigos con reserva de identidad deben tratarse con extrema precaución....b)..., la condena penal del señor Pichón Paillalao... estuvo fundada en grado decisivo en la declaración de un testigo-de identidad reservada (el "testigo protegido Nº 1"), pues si bien se hace referencia a otros medios de prueba, éstos por sí solos no hubiesen bastado para llegar a la condena, ya que las otras tres personas que rindieron testimonio solo tenían un conocimiento indirecto.... Por las razones expuestas, la Corte concluye que para determinar la condena se otorgó valor decisivo a la declaración de un testigo de identidad reservada, lo que constituye una violación del derecho de la defensa a interrogar testigos, consagrado en el artículo 8.2.h de la Convención, en relación con el articulo II de la misma, en perjuicio del señor Pascual Huentequeo Pichón Paillalao”. “… este Tribunal considera que tanta el contenido como la amplitud de las preguntas formuladas por la defensa fue restringido considerablemente por la decisión del Tribunal de mantener en anonimato la identidad del declarante. En tanto que la defensa desconozca la identidad de la persona que pretende cuestionar se encuentra imposibilitada para conocer particularidades del testigo que le permitirían demostrar que el dicho de él o ella no es confiable, es hostil o se encuentra viciado de prejuicios". SÉPTIMO: La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo resuelto respecto a la protección de testigos no pretende que se les niegue la misma, pues en el caso antes referido, declara que es deber estatal el garantizar los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personal de quienes declaran en el proceso penal, lo que justifica la adopción de medidas de protección, pero ello no debe traducirse en un menoscabo al derecho de defensa de los imputados. En el caso de mérito, al igual que en el de el señor Pascual Huentequeo Pichón Paillalao, se violentó lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio del señor MARLON MIGUEL PINEDA GARCÍA, porque a él se le condenó con base en la declaración de un TESTIGO PROTEGIDO (oculto y con identidad reservada) frente a quien, por esa condición de protegido la defensa no tuvo oportunidad de realizarle un verdadero contra examen, y si bien es cierto, en la audiencia de juicio oral se evacuaron otros medios de prueba propuestos por el ente acusador, como ser Acta de Levantamiento Cadavérico y Acta de Defunción de quien en vida fuera el señor Óscar Aníbal Membreño Rivera, tales medios de prueba no aportan datos que incriminen al señor MARLON MIGUEL PINEDA GARCÍA, por lo anterior legítimamente lo que corresponde, en armonía con lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el dictado de un fallo absolutorio a favor del señor MARLON MIGUEL PINEDA GARCÍA.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos por Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por la Defensa Pública. Único motivo. Norma autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncia infringida: Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; Concepto de la infracción: Violación al derecho de defensa y al debido proceso; Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor; Pretensión: Que se dicte un fallo absolutorio. El Recurrente arguye en su libelo recursivo que el Juzgador infringe gravemente los derechos de defensa y del debido proceso porque dicho fallo condenatorio no cuenta con un adecuado respaldo probatorio que lo sustente; además que el vicio que denuncia se produce porque la prueba en la que se apoyan los hechos antes referidos no es suficientemente apta para acreditarlos ya que la misma está constituida, decisivamente, por la declaración de un único testigo que además estaba protegido, y que el Tribunal de Juicio en una escueta valoración dice ser coherente en su declaración; y que el testigo protegido "ZETA" no fue sometido a un adecuado contra examen, ya que tratándose de un testigo protegido (oculto y con identidad reservada) impidió el ejercicio de un verdadero interrogatorio respecto a posibles causas hostiles, prejuiciadas o espurias que motivaran sus declaraciones, no pudiendo ejercer plenamente el principio de contradicción, el cual implica, mínimamente, la posibilidad del inculpado de examinar al testigo de cargo en iguales condiciones que las que detenta el ente acusador, pero el desconocimiento de la identidad del decisivo testigo por parte del imputado lo dejó a él y a su defensa, en un claro desequilibrio procesal, no se observaron plenamente los principios procesales de publicidad y contradicción, infringiendo los referidos derechos del imputado. Del derecho de defensa. Esta Sala de lo Penal ha señalado que: “...uno de los requisitos constitucionales del proceso penal, lo constituye el derecho de defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” (Véase Pavón Gómez German). De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49.” (En fallo de fecha 02 de noviembre del 2011, contenido en el expediente 342-09); además esta Sala de lo Penal, ha establecido que “…el derecho de defensa se lesiona, verbigracia, cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso, de defenderse de los cargos, o para demostrar su versión de los hechos, el acceso irrestricto a las pruebas de cargo, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura alguna…” (En fallo de fecha 22 de septiembre del 2011, contenido en el Expediente 390-09). Del testigo protegido: A. Obligatoriedad de comparecer como testigo; El testigo es la persona que de manera accidental adquiere conocimiento de unos hechos determinados por conducto de sus sentidos, por encontrarse en el momento y lugar en que aquellos ocurrieron; se trata de una persona que, en la mayoría de las veces sin preverlo, presencia hechos que son de interés al derecho y que, por esa razón, es llamado para que relate lo que ha percibido, mediante su narración. Conforme al Código Procesal Penal, toda persona que sepa de un delito está obligada a atender el llamamiento judicial para participar en un proceso judicial en su condición de testigo (Artículo 226 del Código Procesal Penal); esta obligación, salvo las excepciones previstas en la ley (Artículo 227 del Código Procesal Penal), exige a las autoridades estatales a dictar las medidas pertinentes para asegurar que el/la testigo acate el llamamiento judicial, medidas que pueden ser: Aprehensión para efectos de identificación: Durante la investigación preliminar, ante la noticia criminis y dándose la imposibilidad de distinguir entre testigos y posibles responsables entre las diferentes personas presentes en un lugar, la Policía Nacional (Artículo 175 del Código Procesal Penal) y/o el Ministerio Público (Artículo 176 del Código Procesal Penal) podrá aprehender a las personas que considere necesarias para evitar que se ausenten del lugar sin antes identificarlas plenamente, para ser llamadas como testigos; Actualización de domicilio de los testigos: Sin perjuicio de las medidas de seguridad pertinentes, el órgano jurisdiccional o, el Ministerio Público en la etapa de investigación preliminar, podrán ordenar a los testigos a fijar su domicilio e informar con antelación cualquier cambio de éste (Artículo 238 del Código Procesal Penal); Aprehensión por riesgo de ocultamiento o fuga: Cuando una persona trate de ocultarse o fugarse, con el fin de no participar en un proceso judicial como testigo, el órgano jurisdiccional podrá ordenar su aprehensión por hasta 24 horas, a efecto de que durante dicho tiempo se le tome la declaración testifical, la que podrá ser tomada bajo el protocolo de prueba anticipada de ser necesario; esta aprehensión podrá ordenarla el Ministerio Público por hasta 06 horas, entretanto gestiona la orden judicial (Artículo 234 del Código Procesal Penal); Intimación por el delito de desobediencia: En todas las citaciones que realice el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional, se deberá informar al testigo, sobre su obligación de comparecer (salvo las excepciones previstas en la ley), advirtiéndole que la desatención a dicha cita sin justa causa, le hará incurrir en responsabilidad por el delito de desobediencia (Artículo 155 del Código Procesal Penal); y Conducción Coactiva: Cuando un testigo debidamente citado y sin justificación válida, no atienda el llamamiento judicial, el órgano jurisdiccional procederá a citarlo por segunda vez, advirtiéndole que podrá ser conducido por la fuerza pública a rendir su declaración, lo cual se ordenará cuando no se atienda esta segunda citación (Artículo 233 del Código Procesal Penal). La normativa citada nos indica que la participación de una persona como testigo en un proceso judicial no cae en el ámbito discrecional de ésta, sino que es una obligación legal cuya inobservancia acarrea responsabilidad, debiendo las autoridades operadoras de justicia en el ámbito penal, dictar las medidas pertinentes para asegurar la participación del testigo en el proceso penal. B. Medidas de protección a testigos La obligación de la persona de participar en el proceso tiene al mismo tiempo aparejado la obligación del Estado de brindar la protección necesaria para repeler cualquier riesgo fundado que dicha participación le pueda acarrear (Artículo 5 Código Procesal Penal). Las medidas de protección están previstas en dos cuerpos legales distintos: i. Código Procesal Penal, bajo el control del órgano jurisdiccional competente; ii. Ley de Protección a Testigos, a cargo del Director del Programa Nacional de Protección de Testigos en el Proceso Penal. El artículo 237 del Código Procesal Penal prevé una serie de medidas de protección de los testigos, siendo éste un listado ilustrativo y no excluyente de otras medidas que pueda adoptar la Policía Nacional, Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales, pero todas ellas bajo control de éstos últimos; son medidas de protección, entre otras: Que no conste en las carpetas institucionales (llámese expediente policial), expediente del Ministerio Público y expediente judicial, el nombre, profesión u oficio, domicilio, centro de trabajo ni dato alguno del testigo. Estos datos deberán ser consignados en sobre sellado que estará bajo la custodia del titular del tribunal que conozca la causa. El testigo deberá ser identificado con una clave o número acorde con la dignidad humana y a la solemnidad del proceso penal, procurando que ésta sea la misma en todo el procedimiento (al respecto ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 04 de febrero de 2014, en el expediente SP 232-2011, respecto a la dignidad de las claves); Que el testigo comparezca para la práctica de las diligencias procesales, utilizando cualquier procedimiento que imposibilite su identificación visual normal; Que se fije como domicilio, a efecto de comunicaciones, la propia sede del órgano jurisdiccional interviniente, por cuyo conducto serán enviadas reservadamente a su destinatario; Que la declaración de la persona sea recibida sin la asistencia de público en Sala de Juicio (Artículo 308.2 del Código Procesal Penal); o, Que la declaración del testigo sea rendida mediante videoconferencia. Por su parte, la Ley de Protección a Testigos (Decreto legislativo No. 63-2007 del 28 de mayo de 2007), ordena que las medidas serán a favor de las personas que integren el Programa de Protección a Testigos dirigido por el Ministerio Público y, por ende, bajo el control exclusivo del Ministerio Público, el que puede solicitar el auxilio de instituciones públicas y privadas para su implementación. Entre las medidas que contempla la ley in comento están: Medidas de protección personal: i. Alejamiento del lugar del riesgo; ii. Reubicación temporal o definitiva del testigo protegido dentro o fuera del país; iii. Cambio de identidad; iv. Modificación de rasgos físicos; Medidas policiales: i. Alejamiento inmediato del testigo y de su grupo familiar del lugar de riesgo; ii. Vigilancia, monitoreo y patrullaje policial; iii. Medios y modalidades de comunicación policial de emergencia; y, iv. Acompañamiento del testigo por un agente policial (escolta); Medidas penitenciarias: Medidas de protección penitenciaria; o Medidas de protección en el proceso penal: i. Métodos de distorsión de voz o de aspecto físico y cualquier otro instrumento técnico que proteja la identidad y/o integridad física del testigo; ii.- Anonimato o resguardo de identidad y reserva de esta; iii.- Videoconferencia; y, iv.- Garantía de preferencia en la tramitación del caso en el proceso jurisdiccional, asegurando su confidencialidad. Las partes propondrán la declaración del testigo protegido, cuya identidad será revelada al órgano jurisdiccional hasta cuando éste comparezca a rendir su declaración; el órgano jurisdiccional comprobará la identidad constatando privadamente los datos de identificación proporcionados por la parte proponente en un sobre sellado (el que será abierto en ese momento), y luego de ello devolverá dicho sobre a la parte proponente para su destrucción; el sobre de datos de identificación jamás deberá ser agregado al expediente judicial. Téngase en cuenta lo ya señalado por este tribunal de casación en sentencia de fecha 18 de septiembre de 2018, en el Expediente 153-2014: “Esta Sala de Casación recuerda, que la declaración de testigos protegidos y no anónimos como lo refiere el censor, es una práctica procesal permitida en nuestra legislación según lo regula el artículo 237 del Código Procesal Penal, puesto que, si bien los testigos gozan de medidas de protección para no conocerse sus nombres, ni revelar su apariencia física por razones de seguridad personal, los jueces de sentencia si conocen esos detalles, precisamente deben cerciorarse de las generales de ley de los testigos que se encuentran en sobres sellados, por tanto, no son en ningún momento testigos anónimos, sino que protegidos debido a la existencia racional de algún peligro grave para sus personas o sus parientes...”. Las medidas que están previstas en la legislación nacional (Artículo 237 del Código Procesal Penal y Ley de Protección a Testigos en el Proceso Penal), operan bajo un sistema de numerus apertus, de modo que la autoridad estatal podrá adoptar tanto las medidas regladas contempladas en la legislación, como cualquier otra que no lo esté, pero que se identifique como necesaria en el caso concreto; en todos los casos se deberá tener presente que, cualesquiera que sean, deben implementarse dentro del marco del respeto a un debido proceso judicial, en especial a los derechos de defensa y contradicción. C. Necesidad de adopción de medidas de protección Las instituciones del Estado, al llamar a una persona como testigo, están en el deber de identificar los factores de riesgo y emitir las medidas necesaria para evitarlas; su implementación no debe obedecer a un simple miedo natural que puede tener el llamado a testiguar por su involucramiento en un proceso judicial, sino cuando racionalmente exista un grave peligro para la persona o bienes del testigo, de su cónyuge o compañero de vida, o de un ascendiente, descendiente o hermano de cualquiera de ellos, como consecuencia del testimonio que deba prestar o ha prestado; es una medida excepcional motivada por una concreta situación. La Corte IDH en sentencia de 29 de mayo de 2014, en el caso Norin Catriman y otros vs. Chile, señaló: “243. El deber estatal de garantizar los derechos a la vida y la integridad, la libertad y la seguridad personales de quienes declaran en el proceso penal puede justificar la adopción de medidas de protección.”. Por su parte, la Sala de lo Constitucional en sentencias de fecha 19 de mayo del dos mil 2016, en el expediente 449-2015, de fecha 30 de septiembre del dos mil 2016, en el expediente 504-2015, y de fecha 30 de noviembre de dos mil 2017, en el expediente 384-2017, se ha señalado que “…con el mismo celo con que se garantizan los derechos del imputado, así habrá de actuar el Tribunal de Sentencia en relación a la persona de los testigos protegidos, recordándoles nuevamente que el derecho a la vida es inviolable, así como el respeto a la integridad física, psíquica y moral de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 65 y 68 Constitucionales, y son precisamente estos derechos entre otros los que se protegen y garantizan con la protección de testigos, en tal virtud el legislador ha previsto la figura de protección de testigos como se ha hecho alusión y que el órgano jurisdiccional no debe desconocer...”. Recomienda la Sala de lo Penal que la figura del testigo protegido sea usada con la mayor prudencia, en los casos realmente meritorios donde la amenaza a la vida propia o de los allegados de la persona que debe prestar su declaraciones o la amenaza a sus bienes, sean comprobada o al menos racionalmente previsible; y en especial, recomienda a los jueces hacer un examen particular de cada caso a efecto de evaluar la necesidad de implementar, confirmar, reformar o revocar medidas de protección a favor de testigos y peritos en el proceso penal al amparo del Código de Rito, buscando un equilibrio entre la necesidad del acusado de conocer la identidad del testigo para poder ejercer plenamente el derecho de defensa y el derecho a la protección a la vida, a la integridad corporal y a la propiedad de personas a las que el Estado obliga a comparecer como testigos en una causa criminal; por ello y aun cuando se trate de una medida de carácter excepcional, ante la duda de la procedencia o no de medidas de protección lo preferible es su implementación; todo ello independientemente de la valoración que se haga a la declaración de un testigo protegido, de conformidad a la sana crítica. D. Medidas de protección y el derecho de defensa La Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, siendo una de esas garantías igualdad plena de poder interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos (Artículo 8 CADH); agregando la Corte IDH que “187. Para que en un proceso se respeten verdaderamente las garantías judiciales protegidas en el artículo 8 de la Convención es preciso que se observen todos los requisitos que “sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho”, es decir, las “condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial”. El referido artículo 8 contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del ius puniendi del Estado buscando asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias.” (Norin Catriman y otros vs. Chile). Como se ha señalado ya, ante la presencia de fundamentos razonables que señalen la existencia de posible peligro a la vida, integridad corporal o los bienes de una persona llamada a declarar como testigo en el proceso judicial o de cualquiera de su núcleo familiar, es deber del órgano jurisdiccional el brindarle la protección, cuya necesidad justifica que se vean limitados algunos de los principios informadores del proceso penal; es claro que -en particular- la medida de reserva de identidad del testigo no solo excluye el principio de publicidad respecto a ésta, sino que puede limitar en diversos grados el ejercicio del principio de contradicción y con éste el ejercicio de derecho de defensa, pues la representación legal de la persona imputada puede verse limitada de controvertir lo señalado por el testigo ante el valladar de conocer su identidad, y por ende la imposibilidad de saber sus antecedentes personales, relaciones con los demás testigos, ofendidos y acusado, y veracidad de algunos de los hechos concretos que informa en su declaración;“242.-…la reserva de identidad del testigo limita el ejercicio de este derecho puesto que impide a la defensa realizar preguntas relacionadas con la posible enemistad, prejuicio y confiabilidad de la persona misma del declarante, así como otras que permitan argumentar que la declaración es falsa o equivocada” (Corte IDH: Norin Catriman y otros vs. Chile). Por ello es obligación ineludible del Tribunal de Justicia procurar que la limitación al ejercicio de contradicción tenga como límite lo estrictamente necesario para resguardar la identidad del testigo en riesgo, velando porque los demás principios sigan incólumes, como ser el de oralidad, concentración e inmediación, y que permitan retomar el equilibrio de derechos que la limitación a la defensa haya provocado; en ese sentido, para la Corte IDH (Norin Catriman y otros vs. Chile, párrafo 246) son medidas de contrapeso a observar al momento de la deposición de los testigos protegidos: Merito suficiente que justifiquen la protección del delito consistente en la reserva de identidad; Que la autoridad judicial conozca la identidad del testigo y tenga la posibilidad de observar su comportamiento durante el interrogatorio con el objeto de que pueda formar su propia impresión sobre la confiabilidad del testigo y de su declaración; Que la representación técnica de la persona acusada tenga una amplia oportunidad de interrogar directamente a los testigos en alguna de las etapas del proceso, sobre cuestiones que no estén relacionadas con su identidad o paradero actual; lo anterior con el objeto de que la defensa pueda apreciar el comportamiento del testigo bajo interrogatorio, de modo que pueda desacreditarlo o, por lo menos, plantear dudas sobre la confiabilidad de su declaración; y Respecto a la decisión judicial: determinar la suficiencia probatoria, identificando fuentes de información distintas a la proporcionada por los testigos protegidos. Resulta ilustrativo lo que explica el procesalista español Cubillo López (Cubillo López, Ignacio Jose, en La Protección de Testigos en el Proceso Penal, Civitas /Thomson Reuters, Editorial Aranzadi, págs. 175-187), al referirse a las declaraciones rendidas por testigos durante la etapa preparatoria del proceso, señalando que tales declaraciones siguen las reglas generales en materia de prueba testifical y para que alcancen valor probatorio habrán de reproducirse en la fase de enjuiciamiento, esto es: ante el tribunal sentenciador (inmediación), con eventual asistencia de personas distintas a las partes o sus representantes (publicidad), y en la presencia del acusado, con su letrado, quien debe tener la oportunidad de interrogar al testigo (contradicción), añadiendo que “...no existe un régimen especial cuando se trata de un testigo que ha estado sujeto a medidas protectoras…de tal manera que los testigos protegidos deben comparecer al juicio, como cualquier otro, sin que su condición de tales determine una modificación del régimen ordinario de prueba, en el sentido de que pudiese considerarse que es suficiente con la declaración sumarial, liberándoles de la declaración personal en el juicio oral…el testigo protegido debe comparecer en el juicio oral para ratificar la declaración que efectuó durante la instrucción, y este testimonio será valorado…según las reglas del criterio racional…”. La situación se torna más compleja cuando en la audiencia de debate se ordena la introducción por lectura de la declaración de testigos con protección de identidad sin protocolo de prueba anticipada, pues aquí suman dos circunstancias que limitan al mínimo el ejercicio del derecho de defensa: la situación ya abordada sobre la limitación que puede presentarse para la defensa por el desconocimiento de las generales del testigo y la imposibilidad de poder examinar directamente al testigo, de ejercer contradictorio en la audiencia en donde se produce la prueba que sirve para la toma de la decisión de fondo: la audiencia de debate. Se considera que la aplicabilidad del artículo 320 del Código Procesal Penal fue desarrollado en la audiencia de debate por las partes en el proceso bajo el criterio del Juzgador, incorporando mediante lectura con fundamento en el artículo 311 numeral 1) del Código Procesal Penal y que dicha declaración de testigos protegidos fue rendida en audiencias de etapas anteriores con las formalidades de la prueba anticipada, como se verifica en la foliada de autos. Del debido proceso. La garantía del debido proceso, invocada por el pretensor como aquella que ha inobservado el tribunal de sentencia, se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El principio del debido proceso más que garantizar el respeto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados principios procesales o principios informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: I. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; II. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; III. A un juez predeterminado por la ley; IV. A la imparcialidad e independencia del juez; V. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; VI. A la igualdad de armas procesales; VII. A un proceso público sin dilaciones indebidas; VIII. Respeto al principio de presunción de inocencia; IX. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; X. Derecho a ser oído en un plazo razonable; XI. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; XII. El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; XIII. A una justicia gratuita; en fin, el derecho a un debido proceso exige la materialización del principio de legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El debido proceso se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. Que el Censor hasta el momento de presentar el Recurso de Casación, alega que la misma le ha causado al acusado violación al derecho de defensa y derecho al debido proceso, denuncia que no es atendible en razón de lo siguiente: Por forma: Siendo un defecto de forma, el recurrente debió haber señalado en su escrito de interposición cuales fueron las impugnaciones, y entre estas los recursos, interpuestos para subsanar el defecto que ahora se alega en casación (artículo 363 tercer párrafo Código Procesal Penal); es claro para esta Sala de Justicia que la omisión a tal requisito de interposición es porque el recurrente no realizó impugnación alguna en contra del defecto que ahora se alega, y de haberlo realizado no hizo uso de los recursos ya establecidos en la normativa procesal en el caso de haberse sentido agraviado; además, la denuncia del supuesto vicio es de carácter extemporáneo, por no haberse alegado en los múltiples momentos procesales en donde se tuvo la oportunidad de hacerlo (artículo 170 Código Procesal Penal); y, Por fondo: El argumento es de carácter abstracto al no señalar cual es el perjuicio concreto causado, ya que la mera alegación de violación no es suficiente, requiriéndose comprobación material de su existencia. En el estudio de la causa y, limitada la Sala de lo Penal a lo que arroja el expediente judicial; determina que no existe materialmente el vicio alegado, pues la defensa no se vio limitada en su contradictorio, ni tampoco se alegó alguna causal de inhibición para con la evacuación del medio de prueba en las diferentes etapas del juicio; además, el medio de prueba testifical se vio acompañado de otros, que sirvieron para vincular al encausado en el delito y en conjunto lograron el convencimiento del tribunal de sentencia respecto a que lo planteado por el Ministerio Público en la formalización de la acusación si había acontecido, descartándose la alegada violación de derechos. De la procedencia del recurso. único motivo no es de recibo. La Sala de lo Penal después de revisar los alegatos recursivos de casación por infracción de precepto constitucional planteados por el recurrente, en el cual resalta que al evacuar el medio de prueba declaración de Testigo Protegido “ZETA” en la audiencia de juicio oral y público, se ha infringido el derecho defensa y el debido proceso, fundamentando su alegato en que el Tribunal ha violentado los derechos del imputado, al no haberse observado los principios procesales de publicidad y contradicción por haber declarado el testigo protegido de manera oculta y con identidad reservada, además que la defensa no tuvo oportunidad de realizar un verdadero contra examen; pero al verificar a folio doce (12) del tomo 2 en la audiencia de proposición de prueba, al cederle la palabra el tribunal a la defensa para que se pronunciara sobre los medios de pruebas propuestos por el Ministerio Público, quien respondió que no tenía objeción alguna, por lo que se admitió para su evacuación; también se desprende que al momento de evacuar el medio de prueba declaración de testigo protegido “ZETA” a folio veintiuno (21) del mismo tomo en la audiencia de debate del juicio oral y público, el representante legal del imputado hizo uso del derecho a contrainterrogar al testigo, no identificando en qué momento se ha violentado el derecho de defensa y debido proceso como lo ha querido hacer ver en esta única instancia por el censor, siendo que el medio de prueba mencionado fue incorporado conforme a la normativa procesal penal, sometiendo el mismo a la contradicción de las partes y a la inmediación en el momento procesal oportuno, lo que le da el carácter de prueba susceptible de valoración, además que ya la sala de lo penal ha realizado pronunciamiento sobre este tipo de medios de pruebas, además ha dejado establecido que “el derecho de defensa se lesiona cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso, de defenderse de los cargos, o para demostrar su versión de los hechos, el acceso irrestricto a la pruebas de cargo, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura…”; además se verifica que no es único medio de prueba la declaración del Testigo ZETA, y que la resolución pronunciada por el Tribunal de Sentencia tomó en consideración el acta de levantamiento de cadáver ratificado en juicio el agente de investigación Nelson Leonel Martinez Urbina y el dictamen de levantamiento de cadáver ratificado en juicio por la doctora Matilde María Córdova Martínez, se acreditó la muerte real y el levantamiento del cadáver del señor Oscar Anibal Membreño Rivera se realizó en la aldea El Volcán del municipio de Concepción Norte, departamento de Santa Barbara, y que el cadáver presentaba ocho heridas de proyectil disparadas con arma de fuego, estableciéndose como causa de muerte, heridas penetrantes en tórax y miembros inferiores y como manera de muerte homicida; además el medio de prueba el Acta de Defunción en original introducida al debate mediante la vista de las partes por el conocimiento previo de las mismas, se acreditó la muerte legal de la víctima; por lo que el A quo ha realizado una valoración de toda la prueba y de la cual están convencidos: “que después de hacer una valoración de cada uno de los elementos de prueba descritos, sin lugar a duda advierte de que los mismos son suficiente para acreditar la muerte real y legal del señor Oscar Anibal Membreño Rivera, además para acreditar el lugar donde ocurrieron los hechos así como los hallazgos del cuerpo sin vida de dicho señor, estableciendo que este murió como consecuencia de varias heridas de bala, disparadas con arma de fuego localizadas en diferentes partes del cuerpo siendo la causa de la muerte, heridas penetrantes en tórax y miembros inferiores, elementos de prueba útiles que sirven de fundamento al hecho probado en la presente causa y descritos anteriormente”, por lo que el motivo de casación decae al no verificarse que el Juzgador haya infringido los derechos constitucionales mencionados, y que el fallo recurrido únicamente lo fundamenta el medio de prueba testigo protegido ZETA, por lo que se realizó una valoración de manera armónica y conjunta con los demás medios de prueba, es así que el recurso de casación planteado no es de recibo. DE LA PROCEDENCIA DE LA APLICACIÓN RETROACTIVA DEL CÓDIGO PENAL DECRETO 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el NCP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 primer párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no fue presentado escrito suplementario por parte de la representación legal de ninguno de los acusados, tampoco por el Ministerio Público, por lo que, conforme lo indica el mismo artículo 624, corresponde a la Sala de lo Penal hacer de oficio la ponderación de la norma penal más favorable en el caso concreto. C. Ponderación en el caso concreto: En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación de acuerdo al Código Penal según decreto No. 144-83, se condenó a Marlon Miguel Pineda García, a la pena principal de quince años de reclusión, por el delito de Homicidio Simple, en perjuicio de Oscar Aníbal Membreño Rivera, además condenó a Marlon Miguel Pineda García, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de la condena, así como a trabajar en obras públicas o en labores dentro del centro penitenciario, asimismo declaró la responsabilidad civil. Esta Sala de lo Penal al proceder a realizar la comparativa entre ambas legislaciones de la siguiente manera: que, conforme el artículo 116 del Código Penal Decreto No. 144-83, la conducta reprochada al acusado está prevista en el nuevo Código Penal Decreto No. 130-2017, como delito de Homicidio artículo 192 cuya pena principal es: prisión de quince (15) a veinte (20) años de prisión; y siendo que la pena impuesta por este delito al condenado arriba señalado está dentro el margen abstracto de la nueva pena en razón de dicho delito, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio, conforme lo dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. DECISIÓN: No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por el Abogado Wilmer Candelario Hernández Erazo, defensor público del señor Marlon Miguel Pineda García. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conducta reprochada al ahora condenado Marlon Miguel Pineda García, como consecuencia de lo supradicho en esta sentencia. Tercero: Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha veintiséis de octubre de dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en esta instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Diaz Flores. NOTIFÍQUESE. - Firmas y Sello. – Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. – Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado - Firma y Sello. – Rina Koritza Sandoval Navas. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de febrero de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada a los cuatro días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-39-2021.

RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS

RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL