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Sentencia CP-362-21 — Registro 18807

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Asesinato, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y se Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. El recurso plantado por la Defensa Pública es en referencia al alegato de violación al Debido Proceso y como consecuencia al Derecho de Defensa, bajos dos argumentos: 1.- La Defensa Pública, plantea una razón de la interposición del presente recurso, al considerar que el testimonio del Testigo Protegido “FH-42” se incorporó al juicio oral y público mediante lectura autorizada cuando esta fue rendida como un acto de investigación encaminado a reunir evidencia para la eventual presentación de un requerimiento fiscal, por lo que se vio limitada a ejercer el contradictorio por la reserva de identidad del testigo; La Sala al examen, corrobora que; En fecha 17 de febrero de 2017, el Ministerio Público solicitó con carácter urgente se recibiera la declaración del Testigo con reserva de identidad “FH-42”, quien declararía sobre circunstancias relacionadas con la muerte violenta del menor de edad Jiuber Eduardo Varela Ortiz, (f..2) ; En fecha 9 de marzo de 2017, el Fiscal en audiencia fundamento su petición sobre la reserva de identidad, exponiendo los presupuestos legitimadores de dicha solicitud, exponiendo que la misma obedecía al riesgo que se exponía el testigo de ser objeto de atentados en contra de su integridad física o su vida, debido a que este residía en un lugar aledaño de donde se dieron los hechos, así como el riesgo que el testigo fuera objeto de amenazas, para no comparecer durante el proceso a rendir su testimonio, petición que fue admitida por el Juez; Se procedió a tomar la declaración del testigo protegido “FH-42” bajo el protocolo de prueba anticipada, en presencia de Juez competente y la Defensa Publica, por lo que este acto no constituyo un simple acto de investigación, tal como alega la defensa, pues se realizó en audiencia ante juez competente, en presencia del Ministerio Publico y la Defensa Publica, a quien se le cedió la palabra, sin que realizara ninguna oposición en cuanto a la solicitud del Ministerio Público, tampoco se opuso a la reserva de identidad de dicho testigo, también tuvo un turno para interrogar al Testigo Protegido (f.12-15): La audiencia inicial fue celebrada en fecha 9 de agosto de 2018 (F.81), en donde el agente fiscal propuso la declaración del testigo con identidad reservada “FH-42”, haciendo saber a las partes que la misma se había recibido con las formalidades de prueba anticipada; (f. 81-88), sin que la defensa se opusiera a tal medio de prueba, ni hiciera pronunciamiento alguno sobre la reserva de identidad de testigo protegido ni a su incorporación mediante lectura autorizada; En fecha 10 de enero de 2019, se celebró audiencia preliminar, en la cual El Ministerio Publico, hizo saber que entre otros medios de prueba contaba con la declaración del testigo protegido “FH-42” haciendo de conocimiento que dicho testimonio había sido recibido con anterioridad, con las formalidades de la prueba anticipada, la defensa no hizo oposición alguna sobre el testigo en mención(f.177-178); Finalmente, el proceso penal llegó a la audiencia de debate en fecha 20 de enero de 2021(f.337-343), se abrió turno a fin que las partes expusieran si tenían incidentes que proponer, nuevamente la Defensa Publica no formulo oposición alguna sobre la introducción por lectura autorizada del testigo protegido, tampoco sobre la reserva de identidad del mismo; tampoco hizo pronunciamiento alguno en el turno de conclusiones. La Sala considera que el testimonio del Testigo Protegido “FH-42”, no reviste ilegalidad alguna al haber sido recibido con las formalidades y requisitos exigidos por la ley, de igual manera la Defensa Pública, no se vio limitada en su contradictorio por la reserva de identidad de dicho testigo, quien tuvo su turno a fin de realizar su interrogatorio. 2.- La Defensa Pública, plantea como otro argumento en la interposición del recurso de casación, la violación al Debido Proceso y derecho a la defensa, como consecuencia de haberse dictado una sentencia condenatoria en donde los jueces indican que la certeza de culpabilidad descansa en la declaración del testigo protegido con reserva de identidad “ FH-42”; La Sala al estudio de la causa, determina que no existe materialmente el vicio alegado, pues la declaración del testigo con reserva de identidad “FH-42”; se vio acompañada de otros medios de prueba de acreditación del delito y de vinculación de los acusados con éste, como ser; i.- La declaración testifical del agente de investigación Reyna Waleska Cruz Ordoñez ii.- Prueba documental consistente en; a) Acta de levantamiento de cadáver número 968-2016; b) Acta de inspección y recolección de indicios número 968-2016:c) Acta de registro personal; d) Acta de lectura de derechos; e) Acta de decomiso y secuestro; f) constancia de registro balístico; iii- Prueba Pericial: a) Dictámenes de autopsia del menor victima número 2016-1125; b) Dictamen forense de balística número 5667; c) Dictamen, Dictamen de extracción telefónica número que en conjunto lograron el convencimiento del Tribunal de Sentencia, respecto a que lo planteado por el Ministerio Público en la formalización de la acusación si había acontecido, descartándose que la declaración del testigo protegido sea la única y decisiva prueba que sustento el pronunciamiento condenatorio. Razones suficientes para desestimar el presente recurso..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Jairo de Jesús Herrera, como autor de un delito de asesinato (Art. 117 VP 144-83) en perjuicio de Jiuver Eduardo Varela Ortiz, la pena de veintidós (22) años de reclusión, más las penas accesorias correspondientes, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil y demás consecuencias legales por la condena, como consecuencia de ser responsable de un delito de asesinato consumado. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de asesinato se encuentra regulado en el artículo 193, con una pena principal de 20 a 25 años de prisión; no se contemplan circunstancia que modifiquen la responsabilidad penal como ser agravantes o atenuantes; Al hacer el comparativo entre la pena que fue impuesta al acusado Jairo de Jesús Herrera, conforme al Código Penal derogado (144-83) y la que podría imponerse conforme al nuevo Código Penal decreto 130-2017, se concluye que la pena impuesta con la legislación derogada se encuentra dentro del margen de la pena establecida conforme la nueva legislación penal; por lo que no procede la aplicación retroactiva del decreto legislativo 130-2017..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-362-2021, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de octubre de 2024, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Nelson Danilo Mairena Franco, en su calidad de Coordinador, Mario Rolando Diaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-362-2021 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha cuatro de febrero de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: Condenó a Jairo de Jesús Herrera, del delito de Asesinato, en perjuicio de Jiuver Eduardo Varela Ortiz, a una pena de veintidós años de prisión. Segundo: Condenó a Jairo de Jesús Herrera, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o labores dentro del centro penitenciario por el tiempo que dura la pena principal. Tercero: Declaró a Jairo de Jesús Herrera, responsable civilmente. Cuarto: No procedió la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio a Jairo de Jesús Herrera. Quinto: No procedió, decretar el comiso. Son partes en única instancia: Los abogados Giovinezza Dubois Zavala y Mario Reiniery Amador Espinal, como defensores públicos de Jairo de Jesús Herrera, como parte recurrente y el abogado Salvador Cuestas Arévalo, como Fiscal del Ministerio Público como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “El día once (11) de junio del año 2016, aproximadamente a las 9:30 de la noche, el joven Jiuver Eduardo Varela Ortiz de 16 años de edad transitaba por una de las calles de la colonia Nueva Danlí de la ciudad de Comayaguela cuando fue interceptado por cuatro personas del sexo masculino, entre las que se encontraba el señor Jairo de Jesús Herrera conocido con el pseudónimo de "El Renco", quien portaba el arma de fuego tipo pistola marca Thunder Bersa con serie 671906 calibre 9mm, en tanto que sus acompañantes también portaban armas de fuego, y le dijeron a Jiuver Eduardo "hey cipote parate ahí", y procedieron a dispararle en forma simultánea en su cuerpo, ocasionándole tres heridas, una en la región posterior de la cabeza; otra en la región posterior del antebrazo derecho y otra en la región posterior del muslo derecho, causandole la muerte por laceración cerebral.” RECURSO DE CASACIÓN: La recurrente abogada Tania Bethel Henríquez Argeñal, en su condición de defensora pública de Jairo de Jesús Herrera, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “INDICACIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL ÚNICO: Infracción de los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 82, 88 y 90 de la Constitución de la República (DERECHO DE DEFENSA y DEBIDO PROCESO), en relación con los artículos 16 de la misma Constitución de la República; 14.3.e del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2.f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 del Código Procesal Penal. Autoriza la interposición de este recurso el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: PRIMERO: Las normas constitucionales y legales que se denuncian como infringidas por el Tribunal de juicio, entre otras disposiciones, señalan que: 1) ΕΙ derecho de defensa es inviolable; 2) Solo hará prueba la declaración rendida ente juez competente; 3) Nadie puede ser juzgado sino por juez a tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece: 4) Ninguna persona podrá ser condenada ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechas en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el Código Procesal Penal: 5) Durante el proceso, toda persona inculpada de delito tiene derecha, en plena igualdad, a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo. SEGUNDO: El Juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra del señor JAIRO DE JESÚS HERRERA por el delito de ASESINATO en perjuicio de JIUVER EDUARDO VARELA ORTIZ; infringe gravemente los fundamentales derechos de defensa y del debido proceso que le asisten al referido imputado por mandato constitucional, porque dicho fallo condenatorio no cuenta con un adecuado respaldo probatorio que lo sustente. TERCERO: En la audiencia de juicio oral se incorporó, como prueba decisiva de cargo, la declaración del TESTIGO PROTEGIDO CLAVE "FH-42", rendida en sede judicial, pero como un acto de Investigación e incorporada al juicio mediante lectura, con la que el Juzgador declaró terminantemente acreditado que el señor JAIRO DE JESÚS HERRERA participó en el ataque mortal que terminó con la vida del señor JIUVER EDUARDO VARELA ORTIZ CUARTO: El vicio que denunciamos se produce, porque esa prueba en la que se apoyan los hechos antes referidos no es suficientemente apta para acreditarlos ya que la misma está constituida, decisivamente, por la declaración de un TESTIGO PROTEGIDO, de la que el Tribunal de Juicio se sirve, junto con la declaración de la policías Reyna Waleska Cruz Ordóñez, para dar por acreditada la forma de cómo sucedieron los hechos y además para vincular al encausado JAIRO DE JESÚS HERRERA como participe en los mismos, medios de prueba con los que el Juzgador afirma que: La declaración del testigo protegido FH-42 ha sido de gran importancia puesto que presenció los hechos identificando a las personas que dispararon en contra del joven Jiuver Eduardo Varela, su declaración fue confirmada por la testigo Reyna Waleska Cruz Ordóñez, quien realizó la investigación del caso y entrevisto a varias personas del sector. las cuales le señalaron de igual manera a las cuatro personas mencionadas por el testigo FH-42; la anterior conclusión del Juzgador no tiene un adecuado sustento, porque dicho testigo no fue sometido a un auténtico contra examen por varias razones, entre ellas, su declaración fue rendida como un acto de investigación encaminado a reunir evidencia para la eventual presentación de un requerimiento fiscal, hasta el momento de su declaración no había ninguna persona imputada, por lo que la defensa que participa en ese acto de declaración no tiene elementos para preparar una verdadera estrategia de defensa a favor de alguien en particular, ya que para ello necesita conocer y haberse entrevistado con su defendido, saber cuáles son los cargos que le imputa el Ministerio Público y hasta el momento de la declaración del testigo protegido FH-42 nada de eso se conocía y no se trata de que formalmente haya estado presente un defensor, sino que una verdadera defensa debe contar con el tiempo y la información necesaria para poder ejercer una apropiada labor defensiva; por tanto era indispensable que conociendo ya los cargos el testigo FH-42 compareciera a juicio para examinarle sobre debilidades de su relato, como la mención que hace a una persona que él llama como Jairo, pero el solo nombre de Jairo no alcanza para individualizar a una persona en particular, pues Jairo es un nombre muy común; por otra parte, el hecho de tratarse de un testigo protegido (oculto y con identidad reservada), que declara respecto a personas indeterminadas, también impide ejercer un verdadero examen respecto a posibles causas espurias que pudieran motivar sus declaraciones, no pudiendo ejercer plenamente el principio de contradicción, el cual implica, la posibilidad del inculpado de examinar a los testigos de cargo en iguales condiciones que las que detenta el elite acusador, pero el desconocimiento de los hechos que posteriormente le atribuyó el ente acusador, no tener la condición imputado al momento de la declaración, el desconocimiento de la identidad del decisivo testigo y la no comparecencia a juicio del testigo protegidos lo dejó, a él y a su defensa, en un claro desequilibrio procesal, violatorio de sus derechos de defensa y del debido proceso, por otra parte, el Juzgador al valorar la declaración de la policía Cruz Ordóñez refiere que ella entrevista a varias personas del sector, quienes le señalaron a las mismas personas mencionadas por el Testigo FH-42, lo que, a criterio del Tribunal, confirma la versión del testigo FH-42, esta decisión es violatoria de la Constitución de la República que en su artículo 88 proscribe esa práctica al disponer, sin excepciones, que solo hará prueba la declaración rendida ante juez competente y la información que proporciona la policía Cruz Ordoñez no puede servir para confirmar la versión del Testigo FH-42, pues, por más confianza que ella pueda despertar, las entrevistas realizadas por dicha policía no cumplen con la dispuesto en el artículo 88 de la Constitución y por ello carecen de valor probatorio. QUINTO: En las condiciones antes referidas la decisión de condena del Juzgador quebranta los fundamentales derechos de defensa y del debido proceso de los que legalmente goza el señor JAIRO DE JESÚS HERRERA, porque lo declarado probado en el fallo impugnado está sustentado en un medio de prueba en cuya evacuación no se observaron plenamente los principios procesales de oralidad (introducción por lectura de la cuestionada declaración), publicidad (no compareció a juicio el decisivo testigo) y contradicción (imposibilidad de contrainterrogatorio), infringiendo los derechos de defensa y al debido proceso del referido imputado, ya que, como reiteradamente lo hemos dicho, la prueba básica en la que se sustenta el fallo de condena es la declaración del TESTIGO PROTEGIDO CLAVE "FH-42" (oculto, con identidad reservada y rendida en la etapa de investigación), mismas que no cuenta con corroboradores objetivos que la respalden y por tanto insuficiente para justificar, válidamente, un fallo de condena, Sobre este particular la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha dicho que: "Le preocupa a la Sala de lo Penal la ausencia cada vez más marcada de prueba científica, objetiva y fiable en los procesos penales, la cual ha sido sustituida casi en su totalidad con prueba testifical, misma que no ofrece las mismas garantías que aquellas... La ausencia de prueba científica y el ánimo de dar una respuesta tanto a los justiciables como a las víctimas, han llevado a los Tribunales de Justicia a relativizar las exigencias probatorias, al grado de aventurarse a pronunciar fallos condenatorios basándose únicamente en prueba testifical sin corroboración alguna... Insiste esta Sala de la Penal que una sentencia condenatoria basada en un único medio de prueba, cualquiera que sea éste, debe implicar que ese medio de prueba debió haber pasado por un riguroso proceso de valoración, sorteando solventemente cualquier cuestionamiento concebible por muy insignificante que sea, demostrando su solidez probatoria al grado de no hacer factible ninguna otra realidad alterna más que la demostrada por el medio de prueba.-Tal rigurosidad debe ser aún mayor cuando se trate de un medio de prueba de testifical, como consecuencia de la naturaleza de este particular medio de prueba, abatible por subjetividades derivadas de impresiones, sentimientos, prejuicios o capacidad de percepción de hechas: por ello, la suficiencia probatoria ha de ser evaluada desde una perspectiva cualitativa, cuando permita la construcción de un silogismo categórico y necesario, por mostrar una verdad única donde el acusado se vea necesariamente como la persona responsable del delito, sin duda razonable admisible", el motivo de preocupación de la Sala Penal se agrava, de manera superlativa, tratándose de un testigo protegido que ni siquiera llega a juicio, como sucede en el presente caso. SEXTO: La decisión de condena, en las condiciones señaladas, también es violatoria de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la jurisprudencia que sobre el mismo ha sentado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quienes en relación a sustentar fallos de condena en declaraciones de testigos de identidad oculta, reiteradamente han resuelto que: "Incluso cuando se hayan adoptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada. De lo contrario, se podría llegar a condenar al imputado utilizando desproporcionadamente una media probatoria que fue obtenida en detrimento de su derecho de defensa. Por tratarse de prueba obtenida en condiciones en las que los derechos del inculpado han sido limitados, las declaraciones de testigos con reserva de identidad deben tratarse con extrema precaución...b)... la condena penal del señor Pichón Paillalao como autor del delito de amenaza de incendio terrorista... estuvo fundada en grado decisivo en la declaración de un testigo de identidad reservada (el "testigo protegida Nº 1"), pues si bien se hace referencia a otros medios de prueba, éstos por sí solos no hubiesen bastado para llegar a la condena, ya que las otras tres personas que rindieron testimonio solo tenían un conocimiento indirecto.... Por las razones expuestas, la Corte concluye que para determinar la condena se otorgó valor decisivo a la declaración de un testigo de identidad reservada, lo que constituye una violación del derecho de la defensa a interrogar testigos, consagrado en el artículo 8.2.h de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Pascual Huentequeo Pichón Paillalao " “...este Tribunal considera que tanto el contenido como la amplitud de las preguntas formuladas por la defensa fue restringido considerablemente por la decisión del Tribunal de mantener en anonimato la identidad del declarante. En tanto que la defensa desconozca la identidad de la persona que pretende cuestionar se encuentra imposibilitada para conocer particularidades del testigo que le permitirían demostrar que el dicho de él o ella no es confiable, es hostil o se encuentra viciado de prejuicios". SÉPTIMO: La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo resuelto respecto a la protección de testigos no pretende que se les niegue la misma, pues en el caso antes referido, declara que es deber estatal el garantizar los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personal de quienes declaran en el proceso penal, lo que justifica la adopción de medidas de protección, pero ello no debe traducirse en un menoscabo al derecho de defensa de los imputados. En el caso de mérito, al igual que en el de el señor Pascual Huentequeo Pichón Paillalao, se violentó lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio del señor JAIRO DE JESÚS HERRERA, porque a él se le condenó con base en la declaración de un TESTIGO PROTEGIDO (oculto, con identidad reservada, rendida como un acto de investigación y no presente en el juicio) frente a quien, por esa condición de protegido y no presente en el Tribunal, la defensa no tuvo la oportunidad de realizarle un verdadero contra examen y, si bien en la audiencia de juicio oral se evacuaron otros medios de prueba propuestos por el ente acusador, pero tales medios de prueba no aportan datos que incriminen al señor JAIRO DE JESÚS HERRERA, por lo anterior legítimamente lo que corresponde, en armonía con lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el dictado de un fallo absolutorio a favor del imputado que represento.” Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; Esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional; En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: 1. Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 2. Aplicación Restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 3. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, la recurrente debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la Defensa Pública. Único Motivo • Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; • Normas que se denuncian infringidas: - Artículo 14.3 e del Pacto Internacional de Derechos civiles; - Artículo 8.2.f de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; - Artículos 89 y 90 de la Constitución de la República; • Concepto de la infracción: - Violación Al Derecho de Defensa; y - Violación al Debido Proceso. • Motivo: - La reserva de identidad queda vedada la posibilidad de desarrollar un interrogatorio; y - La Sentencia se basa en la declaración de testigo con identidad reservada; • Reclamo Ex Ante al Recurso de Casación: Sin determinar por la recurrente; • Pretensión: sin determinar por la censora La defensora pública expone que la sentencia violenta los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, que contienen los derechos fundamentales de: derecho a la defensa, derecho al estado material de inocencia. Se violentó el estado de inocencia del Jairo de Jesús Herrera, como consecuencia de que su condena se apoya, con valor decisivo, en la declaración del testigo de identidad reservada Clave “FH-42”, condición que impidió realizar un verdadero examen del testigo por posibles intereses ilegítimos, no pudiendo ejercer plenamente el principio de contradicción en claro desequilibrio procesal. Del Derecho a la Defensa. Una de las posibles consecuencias de la inobservancia a un debido proceso es la violación al derecho de defensa, al crearse un desbalance de oportunidad entre las partes provocado por el órgano jurisdiccional. La inobservancia de las normas procesales penales provoca indefensión cuando el órgano jurisdiccional niega el espacio de petición, cuando no procura la contradicción o cuando rechaza pretensiones basados en criterios contrarios a la legalidad, mermando así la oportunidad de sustento de la teoría del caso que presenta una de las partes, con la indefectible consecuencia de un fallo contrario a sus intereses. Es importante señalar que el derecho de defensa no es exclusivo de la persona imputada, pues le asiste a cada una de las partes, dado que cada una de ellas acuden al proceso penal en defensa de intereses subjetivos, la parte acusadora en defensa de los intereses de la víctima, el Ministerio Público en defensa de los intereses sociales, la Procuraduría General de la República en defensa de los intereses del Estado como persona jurídica y el acusado en defensa de los intereses individuales; como consecuencia, cualquiera de las partes podrá alegar violación al derecho de defensa cuando el órgano jurisdiccional reduzca su participación procesal a un mero acompañamiento sin oportunidad de solicitar, controvertir y obtener resoluciones favorables conforme a un debido proceso legal. En relación al derecho de defensa, la Sala de lo Penal en sentencia de fecha 02 de noviembre del 2011, en el expediente SP 342-09, ha señalado que: “... uno de los requisitos constitucionales del proceso penal, lo constituye el derecho de defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” Véase Pavón Gómez Germán. De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49.”. Además, esta Sala de lo Penal ha establecido que: “…el derecho de defensa se lesiona, verbigracia, cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso, de defenderse de los cargos, o para demostrar su versión de los hechos, el acceso irrestricto a las pruebas de cargo, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura alguna…” (Ver fallo de la Sala de lo Penal de fecha 22 de Septiembre del 2011, contenido en el expediente SP 390-09). El derecho de defensa está definido en términos generales desde el ámbito penal, como la oportunidad que tiene la parte acusadora y la parte imputada de amparar, proteger y accionar a favor de sus propios intereses subjetivos. El derecho de defensa es una reacción a la acción penal del Estado, vincula a las partes litigantes en contienda, quienes deberán enmarcar sus actuaciones con respeto de este derecho, en especial la encargada de sostener la acción acusadora, entretanto que el órgano jurisdiccional, reclamada su intervención, velará estrictamente por su cumplimiento, potencializando su ejercicio y sancionando su inobservancia. El derecho general a la defensa está compuesto por varias garantías como ser: intimación, imputación, audiencia, contradicción, motivación, doble instancia y el libre ejercicio de la defensa material y la defensa técnica letrada. Así las cosas, el derecho de defensa es una reacción a la acción penal y se ejerce desde el momento en que se adquiere la calidad de imputado, definido por el artículo 101 del Código Procesal penal como la persona a la que se atribuye participación en la comisión de un delito o falta por parte de los órganos encargados de la persecución penal, llámese Policía Nacional, Ministerio Público o Procuraduría General de la República en su caso, con independencia de que se encuentre privada de su libertad o en el ejercicio de ésta. La calidad de imputado comienza a partir de la intimación, (artículo 84 último párrafo de la Constitución de la República y artículos 101, 282.6 y 287.1 del Código Procesal Penal), que se produce cuando a la persona se le informa por parte del Estado sobre los hechos delictivos en los que se le considera partícipe. La intimación viabiliza el ejercicio de la defensa -técnica y material- y por ello constituye un deber para los órganos persecutores a cumplir cuando la persona sindicada es llamada a responder por el hecho delictivo, como producto de una citación a declarar o en el acto de la aprehensión, pero además la intimación es un derecho, que posibilita que cualquier persona que tenga conocimiento de estar siendo inculpada de la comisión de un delito comparezca voluntariamente (artículo 276 del Código Procesal Penal) ante el órgano persecutor (Policía, Ministerio Público, Procuraduría General de la República u Órgano Jurisdiccional), para ser informada de manera clara y sencilla sobre los hechos que se consideran delito (artículo 101.11 segundo párrafo del Código Procesal Penal). En el caso López Álvarez vs Honduras, la Corte IDH, mediante sentencia del 01 de febrero de 2006, determinó: “149.- El artículo 8.2.b de la Convención Americana ordena a las autoridades judiciales competentes notificar al inculpado la acusación formulada en su contra, sus razones y los delitos o faltas por las cuales se le pretende atribuir responsabilidad. Para que este derecho opere en plenitud y satisfaga los fines que le son inherentes, es necesario que esa notificación ocurra antes de que el inculpado rinda su primera declaración. Esta garantía es esencial para el ejercicio efectivo del derecho a la defensa.”. (En el mismo sentido, véase la sentencia de la Corte IDH de fecha 07 de septiembre de 2004, en el caso Tibi vs Ecuador). Como consecuencia de la intimación nace la relación jurídica procesal, dando paso a que la ahora persona imputada pueda ejercer el conjunto de derechos procesales que reconocen las normas constitucionales y las normas procesales. En este punto es importante aclarar que no implica que previo al acto de intimación al sospechoso no le asista derecho alguno ya que ello no es así, éste por su condición humana comparte con las demás personas los derechos reconocidos en la Constitución y las leyes, (inviolabilidad del domicilio, de las comunicaciones, de la libertad ambulatoria, etc.), empero, es a partir de la intimación que la persona adquiere la calidad de imputada y con ella un conjunto de derechos particulares que se ejercen con ocasión del proceso penal (artículo 15 y 101 Código Procesal Penal), por ello en el acto de intimación el Estado tiene la obligación adicional de informar a la persona imputada el conjunto de derechos que le asisten en el proceso penal, posibilitando al mismo tiempo su ejercicio material, puesto que informar sobre derechos sin permitir su ejercicio comporta burlar a la dignidad humana. Componen el derecho de defensa el derecho de conocer el contenido de la acusación, primero, eventualmente, como la razón por la cual se aprehende a la persona y justificante de la privación de la libertad, aun cuando sea momentánea, después como el fundamento para la presentación de una acción penal (hechos del requerimiento fiscal) que convierten a la persona en imputado, y finalmente como el fundamento para someter a la persona acusada a un juicio oral y público. Ahora bien, en la primera etapa del proceso los hechos pueden ser modificados, ampliados o desistidos por la parte actora (en caso de ampliación que constituya nuevo delito, conllevaría a la celebración de una nueva audiencia de declaración de imputado); situación que se mantiene así hasta el final de la etapa intermedia (formalización de la acusación), a partir de lo cual el ente acusador fija los hechos por los cuales deberá juzgarse a la persona acusada y de los cuales podrá defenderse, ello conlleva: imposibilidad de mutación de dichos hechos dado que de ocurrir implicaría violación al derecho de defensa, pues la persona imputada no tendría oportunidad de prepararse, proponer prueba y presentar alegatos respecto a los hechos mutados en pleno debate. La construcción del proceso penal gravita en torno a posibilitar el ejercicio de la defensa, por ello se dispone que en la etapa intermedia se celebre una audiencia preliminar en donde se fijen los hechos que serán objeto de juzgamiento en la etapa de debate (artículo 301 del Código Procesal Penal); el espacio en la audiencia de debate para que las partes puedan examinar el proceso y poder sanear cualquier vicio que imposibilite la celebración del debate (artículo 316 del Código Procesal Penal); la oportunidad de las partes, en particular de la persona acusada, de proponer toda la prueba que tenga a bien a efecto de controvertir la acusación y de poder hacer valer su propia teoría del caso (artículo 317 del Código Procesal Penal); el tiempo legal para la preparación de la defensa, disponiendo la ley procesal de que el debate no podrá celebrarse antes de 10 días (artículo 318 del Código Procesal Penal) y la propia celebración de la audiencia de debate en donde se materializa el contradictorio y la presentación de la prueba (artículo 312 del Código Procesal Penal); y, la obligación del Tribunal de Sentencia de emitir una decisión final que tenga correspondencia a dicha acusación (principio de correlación de la sentencia con la acusación, artículo 337 del Código Procesal Penal), pues, de nuevo, la consideración de los jueces sentenciadores de hechos distintos imposibilitaría a la persona acusada de defenderse de ellos (tiempo de preparación para la defensa, proposición de pruebas, presentación de argumentos de defensa, etc.). Del Derecho al Debido Proceso. La garantía del Debido Proceso se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (Con independencia de su naturaleza). El Principio del Debido Proceso Legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados principios procesales o principios informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii. A un juez/a predeterminado por la ley; iv. A la imparcialidad e independencia del juez/a; v. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vi. A la igualdad de armas procesales; vii. A un proceso público sin dilaciones indebidas; viii. Respeto al principio de presunción de inocencia; ix. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; x. Derecho a ser oído en un plazo razonable; xi. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xii. El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; xiii. A una justicia gratuita; en fin, el derecho a un debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. El Debido Proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate, pues la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. Con conclusión la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. El Testigo Protegido con Identidad Reservada 1.- Obligatoriedad de comparecer como testigo El testigo es la persona que de manera accidental adquiere conocimiento de unos hechos determinados por conducto de sus sentidos, por encontrarse en el momento y lugar en que aquellos ocurrieron; se trata de una persona que, en la mayoría de las veces sin preverlo, presencia hechos que son de interés al derecho y que, por esa razón, es llamado para que relate lo que ha percibido, mediante su narración. Conforme al código procesal penal, toda persona que sepa de un delito está obligada a atender el llamamiento judicial para participar en un proceso judicial en su condición de testigo (Art. 226 CPP). Esta obligación, salvo las excepciones previstas en la ley (Art. 227 CPP), exige a las autoridades estatales a dictar las medidas pertinentes para asegurar que el testigo acate el llamamiento judicial, pues su participación en el proceso judicial no cae en su ámbito discrecional, sino que es una obligación legal cuya inobservancia acarrea responsabilidad. 2.- Medidas de Protección a Testigos La obligación de la persona de participar en el proceso tiene al mismo tiempo aparejada la obligación del Estado de brindarle la protección necesaria para repeler cualquier riesgo fundado que dicha participación le pueda acarrear (Art. 5 CPP). - Las medidas de protección están previstas en dos cuerpos legales distintos: a. Código Procesal Penal, bajo el control del órgano jurisdiccional competente; y b. Ley de Protección a Testigos, a cargo del director del Programa Nacional de Protección de Testigos en el Proceso Penal. El artículo 237 del Código Procesal Penal prevé una serie de medidas de protección de los testigos, siendo éste un listado ilustrativo y no excluyente de otras medidas que pueda adoptar la Policía Nacional, Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales, pero todas ellas bajo control de éstos últimos. - Son medidas de protección está la de no hacer constar en las carpetas institucionales, llámese expediente policial, expediente del Ministerio Público y/o expediente judicial: el nombre, profesión u oficio, domicilio, centro de trabajo ni dato alguno del testigo. Estos datos deberán ser consignados en sobre sellado que estará bajo la custodia del titular del tribunal que conozca la causa. El testigo deberá ser identificado con una clave o número acorde con la dignidad humana y a la solemnidad del proceso penal, procurando que ésta sea la misma en todo el procedimiento. Por su parte, la Ley de Protección a Testigos (Decreto legislativo No. 63.-2007 del 28 de mayo de 2007), ordena que las medidas serán a favor de las personas que integren el Programa de Protección a Testigos dirigido por el Ministerio Público y, por ende, bajo el control exclusivo de éste, el que puede solicitar el auxilio de instituciones públicas y privadas para su implementación. Entre las medidas que contempla la ley in comento están las medidas de protección en el proceso penal: i.- Métodos de distorsión de voz o de aspecto físico y cualquier otro instrumento técnico que proteja la identidad y/o integridad física del testigo; ii.- Anonimato o resguardo de identidad y reserva de ésta; iii.- Videoconferencia; y, iv.- Garantía de preferencia en la tramitación del caso en el proceso jurisdiccional, asegurando su confidencialidad. Cuando la medida de protección a imponer sea la reserva de identidad, ésta será revelada al órgano jurisdiccional hasta cuando éste comparezca a rendir su declaración; el órgano jurisdiccional comprobará la identidad constatando privadamente los datos de identificación proporcionados por la parte proponente en un sobre sellado (el que será abierto en ese momento), y luego de ello devolverá dicho sobre a la parte proponente para su destrucción; el sobre de datos de identificación jamás deberá ser agregado al expediente judicial. Téngase en cuenta lo ya señalado por la Sala de lo Penal en sentencia de fecha 18 de septiembre de 2018, en el Expediente 153-2914: “Esta Sala de Casación recuerda, que la declaración de testigos protegidos […], es una práctica procesal permitida en nuestra legislación según lo regula el artículo 237 del Código Procesal Penal, puesto que, si bien los testigos gozan de medidas de protección para no conocerse sus nombres, ni revelar su apariencia física por razones de seguridad personal, los jueces de sentencia si conocen esos detalles, precisamente deben cerciorarse de las generales de ley de los testigos que se encuentran en sobres sellados, por tanto no son en ningún momento testigos anónimos, sino que protegidos debido a la existencia racional de algún peligro grave para sus personas o sus parientes...”. 3.- Necesidad de Adopción de Medidas de Protección Las instituciones del Estado, al llamar a una persona como testigo, están en el deber de identificar los factores de riesgo y emitir las medidas necesaria para evitarlos; su implementación no debe obedecer a un simple miedo natural que puede tener el llamado a atestiguar por su involucramiento en un proceso judicial, sino cuando racionalmente exista un grave peligro para la persona o bienes del testigo, de su cónyuge o compañero de vida, o de un ascendiente, descendiente o hermano de cualquiera de ellos, como consecuencia del testimonio que deba prestar o ha prestado; es una medida excepcional motivada por una concreta situación. La Corte IDH en el caso Norin Catriman, Juan Patricio Marileo Saravia, Víctor Ancalaf Llaupe y otros versus Chile, de fecha 05 de noviembre de 2010, señaló: “243. El deber Estatal de garantizar los derechos a la vida y la integridad, la libertad y la seguridad personales de quienes declaran en el proceso penal puede justificar la adopción de medidas de protección.”.- Por su parte la Sala de lo Constitucional en sentencias de fecha 19 de mayo del dos mil 2016 en el expediente 449-2015, de fecha 30 de septiembre del dos mil 2016, en el expediente 504-2015, y de fecha 30 de noviembre de dos mil 2017 en el expediente 384-2017, se ha señalado que “…con el mismo celo con que se garantizan los derechos del imputado, así habrá de actuar el Tribunal de Sentencia en relación a la persona de los testigos protegidos, recordándoles nuevamente que el derecho a la vida es inviolable, así como el respeto a la integridad física, psíquica y moral de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 65 y 68 Constitucionales, y son precisamente estos derechos entre otros los que se protegen y garantizan con la protección de testigos, en tal virtud el legislador ha previsto la figura de protección de testigos como se ha hecho alusión y que el órgano jurisdiccional no debe desconocer...”. No esta demás señalar que la figura del testigo protegido debe de ser usada con la mayor prudencia, en los casos realmente meritorios donde la amenaza a la vida propia o de los allegados de la persona que debe prestar su declaraciones o la amenaza a sus bienes, sean comprobada o al menos racionalmente previsible; y en especial los jueces deben hacer un examen particular de cada caso a efecto de evaluar la necesidad de implementar, confirmar, reformar o revocar medidas de protección a favor de testigos y peritos en el proceso penal al amparo del Código Procesal Penal; y en el caso particular de reserva de identidad: buscar un equilibrio entre la necesidad del acusado de conocer la identidad del testigo para poder ejercer plenamente el derecho de defensa y el derecho a la protección a la vida, a la integridad corporal y a la propiedad de personas a las que el Estado obliga a comparecer como testigos en una causa criminal; todo ello independientemente de la valoración que se haga a la declaración de un testigo protegido, de conformidad a la sana crítica, y más aun de conformidad con los principios constitucionales y convencionales. 4.- Medidas de Protección y el Derecho de Defensa La Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, siendo una de esas garantías igualdad plena de poder interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos (Art. 8 CADH); agregando la Corte IDH que: “187. Para que en un proceso se respeten verdaderamente las garantías judiciales protegidas en el artículo 8 de la Convención es preciso que se observen todos los requisitos que “sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho”, es decir, las “condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial”. El referido artículo 8 contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del ius puniendi del Estado buscando asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias.” (Norin Catrumán y otros vs. Chile). Entonces puede ocurrir que en casos concretos se presente la dicotomía entre la necesidad de protección de un testigo, ordenando el tribunal de justicia que su identidad se mantenga en reserva y el derecho de defensa que tiene la persona acusada, que incluye conocer la identidad de los testigos a efecto de poder formular las observaciones sobre su personalidad. Por ello, ante la presencia de fundamentos razonables que señalen la existencia de posible peligro a la vida, integridad corporal o los bienes de una persona llamada a declarar como testigo en el proceso judicial o de cualquiera de su núcleo familiar, es deber del órgano jurisdiccional el brindarle la protección, cuya necesidad justifica que se vean limitados algunos de los principios informadores del proceso penal; es claro que -en particular- la medida de reserva de identidad del testigo no solo excluye el principio de publicidad respecto a ésta, sino que puede limitar en diversos grados el ejercicio del principio de contradicción y con éste, el ejercicio de derecho de defensa, pues la representación legal de la persona imputada puede verse limitada de controvertir lo señalado por el testigo ante el valladar de conocer su identidad, y por ende la imposibilidad de saber sus antecedentes personales, relaciones con los demás testigos, ofendidos y acusado, y veracidad de algunos de los hechos concretos que informa en su declaración;“242.-…la reserva de identidad del testigo limita el ejercicio de este derecho puesto que impide a la defensa realizar preguntas relacionadas con la posible enemistad, prejuicio y confiabilidad de la persona misma del declarante, así como otras que permitan argumentar que la declaración es falsa o equivocada” (Corte IDH: Norin Catrumán y otros vs. Chile). Resulta ilustrativo lo que explica el procesalista español Cubillo López, al referirse a las declaraciones rendidas por testigos durante la etapa preparatoria del proceso, señalando que tales declaraciones siguen las reglas generales en materia de prueba testifical y para que alcancen valor probatorio habrán de reproducirse en la fase de enjuiciamiento, esto es: ante el tribunal sentenciador (inmediación), con eventual asistencia de personas distintas a las partes o sus representantes (publicidad), y en la presencia del acusado, con su letrado, quien debe tener la oportunidad de interrogar al testigo (contradicción), añadiendo que: “...no existe un régimen especial cuando se trata de un testigo que ha estado sujeto a medidas protectoras…de tal manera que los testigos protegidos deben comparecer al juicio, como cualquier otro, sin que su condición de tales determine una modificación del régimen ordinario de prueba, en el sentido de que pudiese considerarse que es suficiente con la declaración sumarial, liberándoles de la declaración personal en el juicio oral…el testigo protegido debe comparecer en el juicio oral para ratificar la declaración que efectuó durante la instrucción, y este testimonio será valorado…según las reglas del criterio racional…”. La práctica forense determina que pueden presentarse tres situaciones distintas en torno a la participación de testigos con identidad reservada en el proceso; cada una de ellas con repercusiones igualmente distintas al derecho fundamental a la Defensa: a. Declaración introducida por lectura a la audiencia de debate de un testigo protegido con identidad reservada, con base en el numeral 2 del artículo 311 del código procesal penal, por la imposibilidad o alto grado de dificultad de hacer llegar al testigo, a la audiencia: El supuesto se presenta cuando en la audiencia de debate se ordena la introducción por lectura de la declaración de testigos con protección de identidad sin protocolo de prueba anticipada, con base en el artículo 311 numeral 2 del Código Procesal Penal, dado que fue extremadamente difícil o imposible su localización; circunstancia que suma dos aspectos que limitan al mínimo el ejercicio del derecho de defensa: i. La situación ya abordada sobre la restricción que puede presentarse para la defensa, por el desconocimiento de las generales del testigo y; ii. La imposibilidad de poder examinar directamente al testigo, de ejercer contradictorio en la audiencia en donde se produce la prueba que sirve para la toma de la decisión de fondo: la audiencia de debate. La Sala de lo Penal, en un caso concreto en donde se apreció esta dualidad de circunstancias donde el testigo protegido no fue presentado a debate porque no podía ser localizado, señaló en sentencia del tres de marzo dos mil quince en el Expediente 106-2012, “que declarándose a una persona como testigo protegido pasa a estar bajo el resguardo del Estado, por lo que es un contrasentido que se señale en la audiencia de debate que es imposible localizar a dicho testigo o que su incomparecencia se debe a que pende riesgo en contra de su vida, su integridad física o de sus bienes, pues se parte de que la condición de protección no solo obliga a los agentes del Estado a saber dónde se encuentra el testigo, sino que además las medidas de protección deberían contrarrestar cualquier posible riesgo, permitiendo que el testigo pueda comparecer al debate de manera segura para informar lo que conoce.”. Por tanto, sería inadmisible un medio de prueba de introducción por lectura de la declaración rendida en fase preparatoria de un testigo de identidad reservada, obtenida fuera de protocolo de prueba anticipada, pues la dualidad de las condiciones ya apuntadas haría de dicho medio, violatorio al derecho de defensa. b. Declaración recibida en etapas previas al debate bajo protocolo de prueba anticipada de un testigo protegido con identidad reservada: i. Introducida por lectura al debate con base en el numeral 1 del artículo 311 del Código Procesal Penal, por haberse materializado el riesgo previsto; o ii. Introducida al debate con base en el numeral 7 del artículo 311 del código in comento, por tratarse de un testigo en condición de vulnerabilidad. Los supuestos del numeral 1 y numeral 7 del artículo 311 del Código Procesal Penal tienen en común la introducción al debate de la declaración del testigo con identidad reservada tomada en una etapa anterior al debate, evacuada bajo el protocolo de prueba anticipada; introducción que se hace para efecto de ser valorada dicha declaración conforme a las reglas de la sana crítica, teniendo como diferencia que en el numeral 1 la introducción se hace como consecuencia de haberse materializado el riesgo que motivó la toma de la prueba de forma anticipada, entretanto en el numeral 7 la introducción es porque el testigo se encuentra en condición de vulnerabilidad. En estos casos la introducción por lectura es lícita por estar acorde al derecho de defensa, siempre que: i. Tratándose del numeral 1 del 311 la limitación de la reserva de la identidad del testigo haya sido acordada como consecuencia de riesgo fundado; o tratándose del numeral 7, que el testigo se encuentre dentro de aquellos testigos en condición de vulnerabilidad que taxativamente prescribe el artículo 237-A del Código Procesal Penal; y ii. Que el Tribunal de Sentencia procure que la limitación al ejercicio de contradicción tenga como límite lo estrictamente necesario para resguardar la identidad del testigo en riesgo, velando porque los demás principios sigan incólumes y que permitan retomar el equilibrio de derechos que la limitación a la defensa haya provocado; en ese sentido, para la Corte IDH son medidas de contrapeso a observar al momento de la deposición del testigo de identidad reservada: • Que la autoridad judicial conozca la identidad del testigo y tenga la posibilidad de observar su comportamiento durante el interrogatorio, con el objeto de que pueda formar su propia impresión sobre la confiabilidad del testigo y de su declaración; • Que la representación técnica de la persona acusada tenga una amplia oportunidad de interrogar directamente al testigo en alguna de las etapas del proceso (cuando se tomó la prueba anticipada), sobre cuestiones que no estén relacionadas con su identidad o paradero actual; lo anterior con el objeto de que la defensa pueda apreciar el comportamiento del testigo bajo interrogatorio, de modo que pueda desacreditarlo o, por lo menos, plantear dudas sobre la confiabilidad de su declaración; en ese sentido el tribunal de sentencia deberá ser tolerante respecto a las preguntas que en condiciones normales podrían ser calificadas como impertinentes, pero que en el caso del testigo con identidad reservada resultan ser necesarias para auscultar lo señalado, siempre -se insiste- que dichas preguntas no estén dirigidas a revelar su identidad; y • Respecto a la decisión judicial: determinar la suficiencia probatoria, identificando fuentes de información distintas a la proporcionada por el testigo con identidad reservada de la que se derive la participación del acusado. En la valoración de la prueba testifical deberá existir especial pronunciamiento por parte del tribunal de justicia sobre: i.- Limitaciones en la valoración intelectiva generadas por la falta de inmediación; y ii.- Limitantes sufridas por las partes al derecho de defensa como consecuencia de la reservada de la identidad del testigo. Ambas situaciones se deberán tomar en consideración al momento de tomar la decisión de fondo; aspectos deben de ser objeto de pronunciamiento obligatorio por parte del tribunal de justicia, porque ambos tienen repercusión en la valoración de la declaración del testigo. c. Declaración de testigo protegido con identidad de reserva, rendida de manera directa en la audiencia de debate (Como en el caso que nos ocupa en este recurso de casación). En este caso la inmediación, la oralidad y la concentración son observadas directamente por el tribunal de sentencia, entretanto la contradicción se desarrolla de manera limitada dada la reserva de la identidad del testigo. Persiste entonces la obligación del tribunal de sentencia de advertir el grado de repercusión que la reserva de identidad del testigo tuvo en el ejercicio del derecho de defensa en general, y en el ejercicio de la contradicción en particular. d. Consideraciones Comunes Hasta el momento el tema tratado ha sido la admisión como medio de prueba de un testigo protegido con identidad reservada; toca turno referirse a su legitimidad para sustentar una decisión condenatoria. - Ha advertido la Corte IDH que cuando se presenten los supuestos explicados en el segundo o tercer numeral, la sentencia condenatoria no debe de basarse en grado decisivo en la declaración del testigo con identidad reservada: “247.-… aun cuando se hayan adoptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada. De lo contrario, se podría llegar a condenar al imputado utilizando desproporcionadamente un medio probatorio que fue obtenido en detrimento de su derecho de defensa. Por tratarse de prueba obtenida en condiciones en las que los derechos del inculpado han sido limitados, las declaraciones de testigos con reserva de identidad deben tratarse con extrema precaución, ser valoradas en conjunto con el acervo probatorio, las observaciones u objeciones de la defensa y las reglas de la sana crítica. La determinación de si este tipo de pruebas ha tenido un peso decisivo en el fallo condenatorio dependerá de la existencia de otro tipo de pruebas que corrobore aquellas de tal forma que, a mayor prueba corroborativa, menor será el grado decisivo que el fallador otorga al testimonio de identidad reservada.”. (Lo resaltado no aparece en el original de Norin Catrumán y otros vs. Chile). En resumen y conforme la Corte IDH, no es posible que un tribunal de justicia condene a una persona teniendo como base únicamente una declaración de testigo con identidad reservada.- Esto es consecuente con lo preceptuado en el artículo 14.3.e del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que indica que durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a interrogar y hacer interrogar a los testigos de cargo en las mismas condiciones; así mandado también en los artículos art. 8.1 y 8.2.f de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Art. 82 de la Constitución de la República y art. 14 y 101 del Código Procesal Penal. Este criterio ha sido fijado por la Corte IDH en las sentencias: • Palamara Iribarne versus Chile de fecha 22 de noviembre de 2005 (Párrafos 176 a 179); Lori Berenson Mejía versus Perú, de fecha 25 de noviembre de 2004 (párrafos 183 a 186); • García Asto y Ramírez versus Perú, de fecha 25 de noviembre de 2005 (Párrafos 152 a 154); y • Norin Catriman, Juan Patricio Marileo Saravia, Víctor Ancalaf Llaupe y otros versus Chile, de fecha 05 de noviembre de 2010 (Párrafos 187, 236 a 239, 241, 250 a 253) Las Sentencias relacionadas permiten determinar las siguientes máximas, que constituyen aspectos del debido proceso penal: a. La persona acusada, directamente o por conducto de su representante legal, tiene el derecho de examinar las pruebas de cargo en igualdad de condiciones con las otras partes, o de decidir no hacerlo; b. Para ejercer el derecho de examen de testigos, el acusado debe poder conocer la identidad de los testigos de cargo con suficiente antelación, para preparar su defensa y poder formular preguntas, cuestionar y en general controvertir en la audiencia de debate la declaración del testigo, salvo el caso excepcional del siguiente numeral; c. En ciertos casos, es necesario adoptar medidas de protección a favor de los testigos ante los riesgos de que su vida, su integridad corporal, sus bienes o a de sus familiares pudiesen generar su participación en el proceso; una de esas medidas es la reserva de su identidad, la cual es de carácter lícita en el proceso penal hondureño tanto por disposición constitucional como por disposición convencional; d. El testigo con identidad reservada da paso a un ejercicio limitado al derecho fundamental a la defensa; la falta de identidad hace imposible a la persona acusada o a su apoderado legal poder determinar relaciones de amistad, parentesco, amistad, enemistad con el acusado, la víctima u otros sujetos procesales; e. Como consecuencia de lo señalado en el numeral c y d, convencionalmente se ha dispuesto que, si bien es lícito el uso de testigos con identidad reservada, un pronunciamiento condenatorio no puede descansar de manera decisiva en la declaración dada por un testigo con este tipo de protección, cuando tal reserva haya repercutido en el ejercicio del derecho fundamental a la defensa. Por ello, una sentencia condenatoria carecerá de validez cuando se base en una solitaria prueba de un testigo con reserva de identidad o cuando la decisión descanse de manera decisiva en dicha declaración (de todo el conjunto probatorio, la declaración sea la que determine la responsabilidad de la persona acusada), siempre que dicha reserva haya repercutido en el ejercicio material del derecho de defensa. Para ello entonces se deberá identificar el perjuicio material concreto, o cuando menos, potencial que ha sufrido la persona acusada en el ejercicio del mencionado derecho. Finalmente, es de señalar que el derecho a interrogar en igualdad de condiciones a los testigos de cargo en el proceso penal es de carácter renunciable; por tanto, el silencio de la defensa en cuanto al ejercicio de este derecho puede ser considerado una aceptación de dicha circunstancia; criterio que se desprende de la opinión del Comité de las Naciones Unidas en el caso Glenmore Compass c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/49/D/375/1989 (1993) párrafo 10.3, en donde se indica: “En lo que respecta a la alegación del autor de que en su caso se violó lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 14, dado que no tuvo ocasión de efectuar el contrainterrogatorio de uno de los principales testigos de la acusación, el detective McNab, el Comité observa que es indiscutible que el testigo no pudo prestar declaración durante el juicio puesto que había salido de Jamaica. El Comité observa, no obstante, que las actuaciones del juicio demuestran que el autor estuvo presente durante la audiencia preliminar, cuando McNab prestó declaración jurada, y que en esa ocasión el abogado del autor efectuó el contrainterrogatorio del testigo. La deposición del testigo, así como sus respuestas en el contrainterrogatorio, se presentaron al Tribunal como prueba durante el juicio; ni el autor, ni su abogado objetaron, en el juicio o en la apelación, la presentación de esta prueba. El Comité observa que el apartado e) del párrafo 3 del artículo 14 protege la igualdad de condiciones entre la acusación y la defensa en lo que se refiere al interrogatorio de los testigos, pero no impide a la defensa renunciar a su derecho a efectuar el contrainterrogatorio de un testigo de la acusación durante el juicio, o no ejercer este derecho. En cualquier caso, el Comité toma nota de que el detective McNab fue examinado por la defensa.”. Así entonces y para evitar la subsanación del defecto conforme lo estipula el artículo 170 en relación con el artículo 167 último párrafo, del Código Procesal Penal, la defensa deberá plantear objeción, declarando la existencia de un perjuicio en el ejercicio del derecho de defensa por una contradicción disminuida como consecuencia de la reserva de la identidad del testigo en los momentos procesales oportunos, pues en caso de silencio se entenderá que el derecho de defensa no fue comprometido. No esta demás recordar que conforme el Control de Convencionalidad, lo señalado por la Corte IDH prima por sobre normativa legal interna del Estado de Honduras y doctrina legal proferida por la propia Corte Suprema de Justicia a través de sus distintas Salas.- Recordemos que se debe de entender por control de convencionalidad señalado por la propia Corte IDH, en una sentencia en donde precisamente se condenó al Estado de Honduras por su inobservancia: “307.- … la Corte recuerda que cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.”. Sobre la obligatoria observancia del control de convencionalidad ha indicado la Corte Suprema de Justicia por conducto de la Sala de lo Constitucional: “…la interpretación del artículo 63 constitucional se establece que el catálogo de derechos es un numerus apertus, lo cual conlleva al reconocimiento del ejercicio de derechos no desarrollados por nuestra Constitución, sino que abarca todo texto normativo ya sea de orden legal o internacional suscrito por nuestro país, que amplié el catálogo de derechos humanos, rompiendo con esto con el principio de interpretación inclusio unius est exclusio alterius, es decir que la inclusión de uno supone la exclusión del otro, dado el mandado constitucional y convencional, que ha determinado que “una Convención o Tratado Internacional son, de hecho y deben ser observados por los jueces como normas de derecho fundamental, que forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad” de manera que aseguren una eficaz protección a los derechos humanos; estando apegado los tribunales no solo a conocer la interpretación última y definitiva de la Constitución que realice ésta Sala, sino también tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los Tribunales Internacionales a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos.”. En conclusión: el criterio fijado por la Corte IDH sobre los testigos con identidad reservada, la participación de la defensa en su examen, su valoración y cuando el pronunciamiento condenatorio es admisible basado únicamente en la declaración de esta clase de testigos, es de obligatoria consideración de la propia Corte Suprema de Justicia y de todo órgano jurisdiccional con competencia en materia penal. Insuficiencia Probatoria como causa de la transgresión al Estado de Inocencia El derecho fundamental en estudio obliga al actor, en el presente caso al Ministerio Público, a presentar una actividad probatoria suficiente que permita desvirtuar el estado de inocencia de la persona acusada y del que goza como una condición interina destruible, pues como se ha señalado ut supra no es legítima la condena que descansa sobre presunciones. Los medios de prueba han de estar encaminados a sustentar la realidad de los cargos de imputación, de su contenido se derivará la culpabilidad del acusado. Como la presunción de inocencia es un derecho pasivo del acusado, la atribución de la carga para acreditar los cargos incumbe al Ministerio Público. Entonces, el control casacional de la presunción de inocencia por insuficiencia probatoria consistirá en la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, dejando fuera de estudio la actividad probatoria sobre la culpabilidad de la persona acusada. La suficiencia probatoria, como tema de estudio casacional, versa sobre la estricta acreditación de la realidad material del acto y de su responsable que parte de bases fácticas que arroje la actividad probatoria, constituyendo vicio que el tribunal de sentencia presuma la existencia de elementos constitutivos de delito que sirvan para señalar a la persona acusada como culpable; todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal deben haber sido acreditados con la actividad probatoria, no siendo admisible tampoco que parte del convencimiento judicial haya sido construido con conocimientos privados del tribunal, ajeno a la actividad probatoria. La Sala de lo Penal declarará la insuficiencia probatoria como vicio violatorio del estado de inocencia cuando el tribunal de sentencia arribe a una conclusión que, desde una consideración global de la prueba, bajo una perspectiva objetiva y externa, el pronunciamiento condenatorio sea más improbable que probable. La recurrente debe plantear el defecto de insuficiencia probatoria como causa de transgresión al estado de inocencia a partir de la totalidad de la actividad probatoria, siendo improcedente basarlo en consideración a hechos o elementos aislados debatidos o acreditados durante el proceso penal, pues la ponderación de suficiencia es en relación con toda la carga probatoria. Un Estado que se llame a sí mismo democrático de derecho, no puede asumir como un riesgo permitido la condena a personas inocentes para evitar la posibilidad de absolver a personas culpables, pues lo primero implica un abuso intolerable de autoridad en contra de la propia condición humana, mientras que lo segundo es la consecuencia que se debe sufrir como resultado de un proceso penal con endeble carga probatoria; absolver a un culpable es el fracaso de un proceso penal, pero condenar a un inocente es un fracaso de la sociedad entera. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. El recurso plantado por la Defensa Pública es en referencia al alegato de violación al Debido Proceso y como consecuencia al Derecho de Defensa, bajos dos argumentos: 1.- La Defensa Pública, plantea una razón de la interposición del presente recurso, al considerar que el testimonio del Testigo Protegido “FH-42” se incorporó al juicio oral y público mediante lectura autorizada cuando esta fue rendida como un acto de investigación encaminado a reunir evidencia para la eventual presentación de un requerimiento fiscal, por lo que se vio limitada a ejercer el contradictorio por la reserva de identidad del testigo; La Sala al examen, corrobora que; En fecha 17 de febrero de 2017, el Ministerio Público solicitó con carácter urgente se recibiera la declaración del Testigo con reserva de identidad “FH-42”, quien declararía sobre circunstancias relacionadas con la muerte violenta del menor de edad Jiuber Eduardo Varela Ortiz, (f..2) ; En fecha 9 de marzo de 2017, el Fiscal en audiencia fundamento su petición sobre la reserva de identidad, exponiendo los presupuestos legitimadores de dicha solicitud, exponiendo que la misma obedecía al riesgo que se exponía el testigo de ser objeto de atentados en contra de su integridad física o su vida, debido a que este residía en un lugar aledaño de donde se dieron los hechos, así como el riesgo que el testigo fuera objeto de amenazas, para no comparecer durante el proceso a rendir su testimonio, petición que fue admitida por el Juez; Se procedió a tomar la declaración del testigo protegido “FH-42” bajo el protocolo de prueba anticipada, en presencia de Juez competente y la Defensa Publica, por lo que este acto no constituyo un simple acto de investigación, tal como alega la defensa, pues se realizó en audiencia ante juez competente, en presencia del Ministerio Publico y la Defensa Publica, a quien se le cedió la palabra, sin que realizara ninguna oposición en cuanto a la solicitud del Ministerio Público, tampoco se opuso a la reserva de identidad de dicho testigo, también tuvo un turno para interrogar al Testigo Protegido (f.12-15): La audiencia inicial fue celebrada en fecha 9 de agosto de 2018 (F.81), en donde el agente fiscal propuso la declaración del testigo con identidad reservada “FH-42”, haciendo saber a las partes que la misma se había recibido con las formalidades de prueba anticipada; (f. 81-88), sin que la defensa se opusiera a tal medio de prueba, ni hiciera pronunciamiento alguno sobre la reserva de identidad de testigo protegido ni a su incorporación mediante lectura autorizada; En fecha 10 de enero de 2019, se celebró audiencia preliminar, en la cual El Ministerio Publico, hizo saber que entre otros medios de prueba contaba con la declaración del testigo protegido “FH-42” haciendo de conocimiento que dicho testimonio había sido recibido con anterioridad, con las formalidades de la prueba anticipada, la defensa no hizo oposición alguna sobre el testigo en mención(f.177-178); Finalmente, el proceso penal llegó a la audiencia de debate en fecha 20 de enero de 2021(f.337-343), se abrió turno a fin que las partes expusieran si tenían incidentes que proponer, nuevamente la Defensa Publica no formulo oposición alguna sobre la introducción por lectura autorizada del testigo protegido, tampoco sobre la reserva de identidad del mismo; tampoco hizo pronunciamiento alguno en el turno de conclusiones. La Sala considera que el testimonio del Testigo Protegido “FH-42”, no reviste ilegalidad alguna al haber sido recibido con las formalidades y requisitos exigidos por la ley, de igual manera la Defensa Pública, no se vio limitada en su contradictorio por la reserva de identidad de dicho testigo, quien tuvo su turno a fin de realizar su interrogatorio. 2.- La Defensa Pública, plantea como otro argumento en la interposición del recurso de casación, la violación al Debido Proceso y derecho a la defensa, como consecuencia de haberse dictado una sentencia condenatoria en donde los jueces indican que la certeza de culpabilidad descansa en la declaración del testigo protegido con reserva de identidad “ FH-42”; La Sala al estudio de la causa, determina que no existe materialmente el vicio alegado, pues la declaración del testigo con reserva de identidad “FH-42”; se vio acompañada de otros medios de prueba de acreditación del delito y de vinculación de los acusados con éste, como ser; i.- La declaración testifical del agente de investigación Reyna Waleska Cruz Ordoñez ii.- Prueba documental consistente en; a) Acta de levantamiento de cadáver número 968-2016; b) Acta de inspección y recolección de indicios número 968-2016:c) Acta de registro personal; d) Acta de lectura de derechos; e) Acta de decomiso y secuestro; f) constancia de registro balístico; iii- Prueba Pericial: a) Dictámenes de autopsia del menor victima número 2016-1125; b) Dictamen forense de balística número 5667; c) Dictamen, Dictamen de extracción telefónica número que en conjunto lograron el convencimiento del Tribunal de Sentencia, respecto a que lo planteado por el Ministerio Público en la formalización de la acusación si había acontecido, descartándose que la declaración del testigo protegido sea la única y decisiva prueba que sustento el pronunciamiento condenatorio. Razones suficientes para desestimar el presente recurso. Decisión: Declarar No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigor y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: I. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. II. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. III. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no fue presentado escrito suplementario por parte de la representación legal del acusado Jairo de Jesús Herrera, tampoco por el Ministerio Público, por lo que, conforme lo indica el mismo artículo 624, corresponde a la Sala de lo Penal hacer de oficio la ponderación de la norma penal más favorable en el caso concreto. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Jairo de Jesús Herrera, como autor de un delito de asesinato (Art. 117 VP 144-83) en perjuicio de Jiuver Eduardo Varela Ortiz, la pena de veintidós (22) años de reclusión, más las penas accesorias correspondientes, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil y demás consecuencias legales por la condena, como consecuencia de ser responsable de un delito de asesinato consumado. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de asesinato se encuentra regulado en el artículo 193, con una pena principal de 20 a 25 años de prisión; no se contemplan circunstancia que modifiquen la responsabilidad penal como ser agravantes o atenuantes; Al hacer el comparativo entre la pena que fue impuesta al acusado Jairo de Jesús Herrera, conforme al Código Penal derogado (144-83) y la que podría imponerse conforme al nuevo Código Penal decreto 130-2017, se concluye que la pena impuesta con la legislación derogada se encuentra dentro del margen de la pena establecida conforme la nueva legislación penal; por lo que no procede la aplicación retroactiva del decreto legislativo 130-2017. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 361 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el único motivo del recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la Abogada Tania Bethel Henríquez Argeñal en su condición de Defensora Pública del señor Jairo de Jesús Herrera a quien se le condenó por el delito de Asesinato, en perjuicio de Jiuver Eduardo Varela Ortíz; Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conducta reprochada al ahora condenado Jairo de Jesús Herrera. Como consecuencia el proceso de ejecución deberá de realizarse conforme las normas del Código Penal 144-83. - Tercero: Declara Firme y ejecutable la sentencia de fecha cuatro de febrero de dos mil veintiuno (f. 345), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.- Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Redacto Magistrado Mairena Franco. Notifíquese. - Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrada. Firma y Sello. RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS. – receptora adscrita a sala de lo penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veinticinco días del mes de marzo de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el quince de octubre de dos mil veinticuatro, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-362-2021. PIA CRISTINA MEJIA NUÑEZRECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL“CERTIFICACION La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-362-2021, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de octubre de 2024, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Nelson Danilo Mairena Franco, en su calidad de Coordinador, Mario Rolando Diaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-362-2021 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha cuatro de febrero de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: Condenó a Jairo de Jesús Herrera, del delito de Asesinato, en perjuicio de Jiuver Eduardo Varela Ortiz, a una pena de veintidós años de prisión. Segundo: Condenó a Jairo de Jesús Herrera, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o labores dentro del centro penitenciario por el tiempo que dura la pena principal. Tercero: Declaró a Jairo de Jesús Herrera, responsable civilmente. Cuarto: No procedió la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio a Jairo de Jesús Herrera. Quinto: No procedió, decretar el comiso. Son partes en única instancia: Los abogados Giovinezza Dubois Zavala y Mario Reiniery Amador Espinal, como defensores públicos de Jairo de Jesús Herrera, como parte recurrente y el abogado Salvador Cuestas Arévalo, como Fiscal del Ministerio Público como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “El día once (11) de junio del año 2016, aproximadamente a las 9:30 de la noche, el joven Jiuver Eduardo Varela Ortiz de 16 años de edad transitaba por una de las calles de la colonia Nueva Danlí de la ciudad de Comayaguela cuando fue interceptado por cuatro personas del sexo masculino, entre las que se encontraba el señor Jairo de Jesús Herrera conocido con el pseudónimo de "El Renco", quien portaba el arma de fuego tipo pistola marca Thunder Bersa con serie 671906 calibre 9mm, en tanto que sus acompañantes también portaban armas de fuego, y le dijeron a Jiuver Eduardo "hey cipote parate ahí", y procedieron a dispararle en forma simultánea en su cuerpo, ocasionándole tres heridas, una en la región posterior de la cabeza; otra en la región posterior del antebrazo derecho y otra en la región posterior del muslo derecho, causandole la muerte por laceración cerebral.” RECURSO DE CASACIÓN: La recurrente abogada Tania Bethel Henríquez Argeñal, en su condición de defensora pública de Jairo de Jesús Herrera, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “INDICACIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL ÚNICO: Infracción de los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 82, 88 y 90 de la Constitución de la República (DERECHO DE DEFENSA y DEBIDO PROCESO), en relación con los artículos 16 de la misma Constitución de la República; 14.3.e del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2.f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 del Código Procesal Penal. Autoriza la interposición de este recurso el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: PRIMERO: Las normas constitucionales y legales que se denuncian como infringidas por el Tribunal de juicio, entre otras disposiciones, señalan que: 1) ΕΙ derecho de defensa es inviolable; 2) Solo hará prueba la declaración rendida ente juez competente; 3) Nadie puede ser juzgado sino por juez a tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece: 4) Ninguna persona podrá ser condenada ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechas en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el Código Procesal Penal: 5) Durante el proceso, toda persona inculpada de delito tiene derecha, en plena igualdad, a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo. SEGUNDO: El Juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra del señor JAIRO DE JESÚS HERRERA por el delito de ASESINATO en perjuicio de JIUVER EDUARDO VARELA ORTIZ; infringe gravemente los fundamentales derechos de defensa y del debido proceso que le asisten al referido imputado por mandato constitucional, porque dicho fallo condenatorio no cuenta con un adecuado respaldo probatorio que lo sustente. TERCERO: En la audiencia de juicio oral se incorporó, como prueba decisiva de cargo, la declaración del TESTIGO PROTEGIDO CLAVE "FH-42", rendida en sede judicial, pero como un acto de Investigación e incorporada al juicio mediante lectura, con la que el Juzgador declaró terminantemente acreditado que el señor JAIRO DE JESÚS HERRERA participó en el ataque mortal que terminó con la vida del señor JIUVER EDUARDO VARELA ORTIZ CUARTO: El vicio que denunciamos se produce, porque esa prueba en la que se apoyan los hechos antes referidos no es suficientemente apta para acreditarlos ya que la misma está constituida, decisivamente, por la declaración de un TESTIGO PROTEGIDO, de la que el Tribunal de Juicio se sirve, junto con la declaración de la policías Reyna Waleska Cruz Ordóñez, para dar por acreditada la forma de cómo sucedieron los hechos y además para vincular al encausado JAIRO DE JESÚS HERRERA como participe en los mismos, medios de prueba con los que el Juzgador afirma que: La declaración del testigo protegido FH-42 ha sido de gran importancia puesto que presenció los hechos identificando a las personas que dispararon en contra del joven Jiuver Eduardo Varela, su declaración fue confirmada por la testigo Reyna Waleska Cruz Ordóñez, quien realizó la investigación del caso y entrevisto a varias personas del sector. las cuales le señalaron de igual manera a las cuatro personas mencionadas por el testigo FH-42; la anterior conclusión del Juzgador no tiene un adecuado sustento, porque dicho testigo no fue sometido a un auténtico contra examen por varias razones, entre ellas, su declaración fue rendida como un acto de investigación encaminado a reunir evidencia para la eventual presentación de un requerimiento fiscal, hasta el momento de su declaración no había ninguna persona imputada, por lo que la defensa que participa en ese acto de declaración no tiene elementos para preparar una verdadera estrategia de defensa a favor de alguien en particular, ya que para ello necesita conocer y haberse entrevistado con su defendido, saber cuáles son los cargos que le imputa el Ministerio Público y hasta el momento de la declaración del testigo protegido FH-42 nada de eso se conocía y no se trata de que formalmente haya estado presente un defensor, sino que una verdadera defensa debe contar con el tiempo y la información necesaria para poder ejercer una apropiada labor defensiva; por tanto era indispensable que conociendo ya los cargos el testigo FH-42 compareciera a juicio para examinarle sobre debilidades de su relato, como la mención que hace a una persona que él llama como Jairo, pero el solo nombre de Jairo no alcanza para individualizar a una persona en particular, pues Jairo es un nombre muy común; por otra parte, el hecho de tratarse de un testigo protegido (oculto y con identidad reservada), que declara respecto a personas indeterminadas, también impide ejercer un verdadero examen respecto a posibles causas espurias que pudieran motivar sus declaraciones, no pudiendo ejercer plenamente el principio de contradicción, el cual implica, la posibilidad del inculpado de examinar a los testigos de cargo en iguales condiciones que las que detenta el elite acusador, pero el desconocimiento de los hechos que posteriormente le atribuyó el ente acusador, no tener la condición imputado al momento de la declaración, el desconocimiento de la identidad del decisivo testigo y la no comparecencia a juicio del testigo protegidos lo dejó, a él y a su defensa, en un claro desequilibrio procesal, violatorio de sus derechos de defensa y del debido proceso, por otra parte, el Juzgador al valorar la declaración de la policía Cruz Ordóñez refiere que ella entrevista a varias personas del sector, quienes le señalaron a las mismas personas mencionadas por el Testigo FH-42, lo que, a criterio del Tribunal, confirma la versión del testigo FH-42, esta decisión es violatoria de la Constitución de la República que en su artículo 88 proscribe esa práctica al disponer, sin excepciones, que solo hará prueba la declaración rendida ante juez competente y la información que proporciona la policía Cruz Ordoñez no puede servir para confirmar la versión del Testigo FH-42, pues, por más confianza que ella pueda despertar, las entrevistas realizadas por dicha policía no cumplen con la dispuesto en el artículo 88 de la Constitución y por ello carecen de valor probatorio. QUINTO: En las condiciones antes referidas la decisión de condena del Juzgador quebranta los fundamentales derechos de defensa y del debido proceso de los que legalmente goza el señor JAIRO DE JESÚS HERRERA, porque lo declarado probado en el fallo impugnado está sustentado en un medio de prueba en cuya evacuación no se observaron plenamente los principios procesales de oralidad (introducción por lectura de la cuestionada declaración), publicidad (no compareció a juicio el decisivo testigo) y contradicción (imposibilidad de contrainterrogatorio), infringiendo los derechos de defensa y al debido proceso del referido imputado, ya que, como reiteradamente lo hemos dicho, la prueba básica en la que se sustenta el fallo de condena es la declaración del TESTIGO PROTEGIDO CLAVE "FH-42" (oculto, con identidad reservada y rendida en la etapa de investigación), mismas que no cuenta con corroboradores objetivos que la respalden y por tanto insuficiente para justificar, válidamente, un fallo de condena, Sobre este particular la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha dicho que: "Le preocupa a la Sala de lo Penal la ausencia cada vez más marcada de prueba científica, objetiva y fiable en los procesos penales, la cual ha sido sustituida casi en su totalidad con prueba testifical, misma que no ofrece las mismas garantías que aquellas... La ausencia de prueba científica y el ánimo de dar una respuesta tanto a los justiciables como a las víctimas, han llevado a los Tribunales de Justicia a relativizar las exigencias probatorias, al grado de aventurarse a pronunciar fallos condenatorios basándose únicamente en prueba testifical sin corroboración alguna... Insiste esta Sala de la Penal que una sentencia condenatoria basada en un único medio de prueba, cualquiera que sea éste, debe implicar que ese medio de prueba debió haber pasado por un riguroso proceso de valoración, sorteando solventemente cualquier cuestionamiento concebible por muy insignificante que sea, demostrando su solidez probatoria al grado de no hacer factible ninguna otra realidad alterna más que la demostrada por el medio de prueba.-Tal rigurosidad debe ser aún mayor cuando se trate de un medio de prueba de testifical, como consecuencia de la naturaleza de este particular medio de prueba, abatible por subjetividades derivadas de impresiones, sentimientos, prejuicios o capacidad de percepción de hechas: por ello, la suficiencia probatoria ha de ser evaluada desde una perspectiva cualitativa, cuando permita la construcción de un silogismo categórico y necesario, por mostrar una verdad única donde el acusado se vea necesariamente como la persona responsable del delito, sin duda razonable admisible", el motivo de preocupación de la Sala Penal se agrava, de manera superlativa, tratándose de un testigo protegido que ni siquiera llega a juicio, como sucede en el presente caso. SEXTO: La decisión de condena, en las condiciones señaladas, también es violatoria de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la jurisprudencia que sobre el mismo ha sentado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quienes en relación a sustentar fallos de condena en declaraciones de testigos de identidad oculta, reiteradamente han resuelto que: "Incluso cuando se hayan adoptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada. De lo contrario, se podría llegar a condenar al imputado utilizando desproporcionadamente una media probatoria que fue obtenida en detrimento de su derecho de defensa. Por tratarse de prueba obtenida en condiciones en las que los derechos del inculpado han sido limitados, las declaraciones de testigos con reserva de identidad deben tratarse con extrema precaución...b)... la condena penal del señor Pichón Paillalao como autor del delito de amenaza de incendio terrorista... estuvo fundada en grado decisivo en la declaración de un testigo de identidad reservada (el "testigo protegida Nº 1"), pues si bien se hace referencia a otros medios de prueba, éstos por sí solos no hubiesen bastado para llegar a la condena, ya que las otras tres personas que rindieron testimonio solo tenían un conocimiento indirecto.... Por las razones expuestas, la Corte concluye que para determinar la condena se otorgó valor decisivo a la declaración de un testigo de identidad reservada, lo que constituye una violación del derecho de la defensa a interrogar testigos, consagrado en el artículo 8.2.h de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Pascual Huentequeo Pichón Paillalao " “...este Tribunal considera que tanto el contenido como la amplitud de las preguntas formuladas por la defensa fue restringido considerablemente por la decisión del Tribunal de mantener en anonimato la identidad del declarante. En tanto que la defensa desconozca la identidad de la persona que pretende cuestionar se encuentra imposibilitada para conocer particularidades del testigo que le permitirían demostrar que el dicho de él o ella no es confiable, es hostil o se encuentra viciado de prejuicios". SÉPTIMO: La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo resuelto respecto a la protección de testigos no pretende que se les niegue la misma, pues en el caso antes referido, declara que es deber estatal el garantizar los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personal de quienes declaran en el proceso penal, lo que justifica la adopción de medidas de protección, pero ello no debe traducirse en un menoscabo al derecho de defensa de los imputados. En el caso de mérito, al igual que en el de el señor Pascual Huentequeo Pichón Paillalao, se violentó lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio del señor JAIRO DE JESÚS HERRERA, porque a él se le condenó con base en la declaración de un TESTIGO PROTEGIDO (oculto, con identidad reservada, rendida como un acto de investigación y no presente en el juicio) frente a quien, por esa condición de protegido y no presente en el Tribunal, la defensa no tuvo la oportunidad de realizarle un verdadero contra examen y, si bien en la audiencia de juicio oral se evacuaron otros medios de prueba propuestos por el ente acusador, pero tales medios de prueba no aportan datos que incriminen al señor JAIRO DE JESÚS HERRERA, por lo anterior legítimamente lo que corresponde, en armonía con lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el dictado de un fallo absolutorio a favor del imputado que represento.” Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; Esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional; En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: 1. Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 2. Aplicación Restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 3. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, la recurrente debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la Defensa Pública. Único Motivo • Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; • Normas que se denuncian infringidas: - Artículo 14.3 e del Pacto Internacional de Derechos civiles; - Artículo 8.2.f de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; - Artículos 89 y 90 de la Constitución de la República; • Concepto de la infracción: - Violación Al Derecho de Defensa; y - Violación al Debido Proceso. • Motivo: - La reserva de identidad queda vedada la posibilidad de desarrollar un interrogatorio; y - La Sentencia se basa en la declaración de testigo con identidad reservada; • Reclamo Ex Ante al Recurso de Casación: Sin determinar por la recurrente; • Pretensión: sin determinar por la censora La defensora pública expone que la sentencia violenta los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, que contienen los derechos fundamentales de: derecho a la defensa, derecho al estado material de inocencia. Se violentó el estado de inocencia del Jairo de Jesús Herrera, como consecuencia de que su condena se apoya, con valor decisivo, en la declaración del testigo de identidad reservada Clave “FH-42”, condición que impidió realizar un verdadero examen del testigo por posibles intereses ilegítimos, no pudiendo ejercer plenamente el principio de contradicción en claro desequilibrio procesal. Del Derecho a la Defensa. Una de las posibles consecuencias de la inobservancia a un debido proceso es la violación al derecho de defensa, al crearse un desbalance de oportunidad entre las partes provocado por el órgano jurisdiccional. La inobservancia de las normas procesales penales provoca indefensión cuando el órgano jurisdiccional niega el espacio de petición, cuando no procura la contradicción o cuando rechaza pretensiones basados en criterios contrarios a la legalidad, mermando así la oportunidad de sustento de la teoría del caso que presenta una de las partes, con la indefectible consecuencia de un fallo contrario a sus intereses. Es importante señalar que el derecho de defensa no es exclusivo de la persona imputada, pues le asiste a cada una de las partes, dado que cada una de ellas acuden al proceso penal en defensa de intereses subjetivos, la parte acusadora en defensa de los intereses de la víctima, el Ministerio Público en defensa de los intereses sociales, la Procuraduría General de la República en defensa de los intereses del Estado como persona jurídica y el acusado en defensa de los intereses individuales; como consecuencia, cualquiera de las partes podrá alegar violación al derecho de defensa cuando el órgano jurisdiccional reduzca su participación procesal a un mero acompañamiento sin oportunidad de solicitar, controvertir y obtener resoluciones favorables conforme a un debido proceso legal. En relación al derecho de defensa, la Sala de lo Penal en sentencia de fecha 02 de noviembre del 2011, en el expediente SP 342-09, ha señalado que: “... uno de los requisitos constitucionales del proceso penal, lo constituye el derecho de defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” Véase Pavón Gómez Germán. De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49.”. Además, esta Sala de lo Penal ha establecido que: “…el derecho de defensa se lesiona, verbigracia, cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso, de defenderse de los cargos, o para demostrar su versión de los hechos, el acceso irrestricto a las pruebas de cargo, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura alguna…” (Ver fallo de la Sala de lo Penal de fecha 22 de Septiembre del 2011, contenido en el expediente SP 390-09). El derecho de defensa está definido en términos generales desde el ámbito penal, como la oportunidad que tiene la parte acusadora y la parte imputada de amparar, proteger y accionar a favor de sus propios intereses subjetivos. El derecho de defensa es una reacción a la acción penal del Estado, vincula a las partes litigantes en contienda, quienes deberán enmarcar sus actuaciones con respeto de este derecho, en especial la encargada de sostener la acción acusadora, entretanto que el órgano jurisdiccional, reclamada su intervención, velará estrictamente por su cumplimiento, potencializando su ejercicio y sancionando su inobservancia. El derecho general a la defensa está compuesto por varias garantías como ser: intimación, imputación, audiencia, contradicción, motivación, doble instancia y el libre ejercicio de la defensa material y la defensa técnica letrada. Así las cosas, el derecho de defensa es una reacción a la acción penal y se ejerce desde el momento en que se adquiere la calidad de imputado, definido por el artículo 101 del Código Procesal penal como la persona a la que se atribuye participación en la comisión de un delito o falta por parte de los órganos encargados de la persecución penal, llámese Policía Nacional, Ministerio Público o Procuraduría General de la República en su caso, con independencia de que se encuentre privada de su libertad o en el ejercicio de ésta. La calidad de imputado comienza a partir de la intimación, (artículo 84 último párrafo de la Constitución de la República y artículos 101, 282.6 y 287.1 del Código Procesal Penal), que se produce cuando a la persona se le informa por parte del Estado sobre los hechos delictivos en los que se le considera partícipe. La intimación viabiliza el ejercicio de la defensa -técnica y material- y por ello constituye un deber para los órganos persecutores a cumplir cuando la persona sindicada es llamada a responder por el hecho delictivo, como producto de una citación a declarar o en el acto de la aprehensión, pero además la intimación es un derecho, que posibilita que cualquier persona que tenga conocimiento de estar siendo inculpada de la comisión de un delito comparezca voluntariamente (artículo 276 del Código Procesal Penal) ante el órgano persecutor (Policía, Ministerio Público, Procuraduría General de la República u Órgano Jurisdiccional), para ser informada de manera clara y sencilla sobre los hechos que se consideran delito (artículo 101.11 segundo párrafo del Código Procesal Penal). En el caso López Álvarez vs Honduras, la Corte IDH, mediante sentencia del 01 de febrero de 2006, determinó: “149.- El artículo 8.2.b de la Convención Americana ordena a las autoridades judiciales competentes notificar al inculpado la acusación formulada en su contra, sus razones y los delitos o faltas por las cuales se le pretende atribuir responsabilidad. Para que este derecho opere en plenitud y satisfaga los fines que le son inherentes, es necesario que esa notificación ocurra antes de que el inculpado rinda su primera declaración. Esta garantía es esencial para el ejercicio efectivo del derecho a la defensa.”. (En el mismo sentido, véase la sentencia de la Corte IDH de fecha 07 de septiembre de 2004, en el caso Tibi vs Ecuador). Como consecuencia de la intimación nace la relación jurídica procesal, dando paso a que la ahora persona imputada pueda ejercer el conjunto de derechos procesales que reconocen las normas constitucionales y las normas procesales. En este punto es importante aclarar que no implica que previo al acto de intimación al sospechoso no le asista derecho alguno ya que ello no es así, éste por su condición humana comparte con las demás personas los derechos reconocidos en la Constitución y las leyes, (inviolabilidad del domicilio, de las comunicaciones, de la libertad ambulatoria, etc.), empero, es a partir de la intimación que la persona adquiere la calidad de imputada y con ella un conjunto de derechos particulares que se ejercen con ocasión del proceso penal (artículo 15 y 101 Código Procesal Penal), por ello en el acto de intimación el Estado tiene la obligación adicional de informar a la persona imputada el conjunto de derechos que le asisten en el proceso penal, posibilitando al mismo tiempo su ejercicio material, puesto que informar sobre derechos sin permitir su ejercicio comporta burlar a la dignidad humana. Componen el derecho de defensa el derecho de conocer el contenido de la acusación, primero, eventualmente, como la razón por la cual se aprehende a la persona y justificante de la privación de la libertad, aun cuando sea momentánea, después como el fundamento para la presentación de una acción penal (hechos del requerimiento fiscal) que convierten a la persona en imputado, y finalmente como el fundamento para someter a la persona acusada a un juicio oral y público. Ahora bien, en la primera etapa del proceso los hechos pueden ser modificados, ampliados o desistidos por la parte actora (en caso de ampliación que constituya nuevo delito, conllevaría a la celebración de una nueva audiencia de declaración de imputado); situación que se mantiene así hasta el final de la etapa intermedia (formalización de la acusación), a partir de lo cual el ente acusador fija los hechos por los cuales deberá juzgarse a la persona acusada y de los cuales podrá defenderse, ello conlleva: imposibilidad de mutación de dichos hechos dado que de ocurrir implicaría violación al derecho de defensa, pues la persona imputada no tendría oportunidad de prepararse, proponer prueba y presentar alegatos respecto a los hechos mutados en pleno debate. La construcción del proceso penal gravita en torno a posibilitar el ejercicio de la defensa, por ello se dispone que en la etapa intermedia se celebre una audiencia preliminar en donde se fijen los hechos que serán objeto de juzgamiento en la etapa de debate (artículo 301 del Código Procesal Penal); el espacio en la audiencia de debate para que las partes puedan examinar el proceso y poder sanear cualquier vicio que imposibilite la celebración del debate (artículo 316 del Código Procesal Penal); la oportunidad de las partes, en particular de la persona acusada, de proponer toda la prueba que tenga a bien a efecto de controvertir la acusación y de poder hacer valer su propia teoría del caso (artículo 317 del Código Procesal Penal); el tiempo legal para la preparación de la defensa, disponiendo la ley procesal de que el debate no podrá celebrarse antes de 10 días (artículo 318 del Código Procesal Penal) y la propia celebración de la audiencia de debate en donde se materializa el contradictorio y la presentación de la prueba (artículo 312 del Código Procesal Penal); y, la obligación del Tribunal de Sentencia de emitir una decisión final que tenga correspondencia a dicha acusación (principio de correlación de la sentencia con la acusación, artículo 337 del Código Procesal Penal), pues, de nuevo, la consideración de los jueces sentenciadores de hechos distintos imposibilitaría a la persona acusada de defenderse de ellos (tiempo de preparación para la defensa, proposición de pruebas, presentación de argumentos de defensa, etc.). Del Derecho al Debido Proceso. La garantía del Debido Proceso se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (Con independencia de su naturaleza). El Principio del Debido Proceso Legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados principios procesales o principios informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii. A un juez/a predeterminado por la ley; iv. A la imparcialidad e independencia del juez/a; v. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vi. A la igualdad de armas procesales; vii. A un proceso público sin dilaciones indebidas; viii. Respeto al principio de presunción de inocencia; ix. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; x. Derecho a ser oído en un plazo razonable; xi. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xii. El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; xiii. A una justicia gratuita; en fin, el derecho a un debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. El Debido Proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate, pues la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. Con conclusión la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. El Testigo Protegido con Identidad Reservada 1.- Obligatoriedad de comparecer como testigo El testigo es la persona que de manera accidental adquiere conocimiento de unos hechos determinados por conducto de sus sentidos, por encontrarse en el momento y lugar en que aquellos ocurrieron; se trata de una persona que, en la mayoría de las veces sin preverlo, presencia hechos que son de interés al derecho y que, por esa razón, es llamado para que relate lo que ha percibido, mediante su narración. Conforme al código procesal penal, toda persona que sepa de un delito está obligada a atender el llamamiento judicial para participar en un proceso judicial en su condición de testigo (Art. 226 CPP). Esta obligación, salvo las excepciones previstas en la ley (Art. 227 CPP), exige a las autoridades estatales a dictar las medidas pertinentes para asegurar que el testigo acate el llamamiento judicial, pues su participación en el proceso judicial no cae en su ámbito discrecional, sino que es una obligación legal cuya inobservancia acarrea responsabilidad. 2.- Medidas de Protección a Testigos La obligación de la persona de participar en el proceso tiene al mismo tiempo aparejada la obligación del Estado de brindarle la protección necesaria para repeler cualquier riesgo fundado que dicha participación le pueda acarrear (Art. 5 CPP). - Las medidas de protección están previstas en dos cuerpos legales distintos: a. Código Procesal Penal, bajo el control del órgano jurisdiccional competente; y b. Ley de Protección a Testigos, a cargo del director del Programa Nacional de Protección de Testigos en el Proceso Penal. El artículo 237 del Código Procesal Penal prevé una serie de medidas de protección de los testigos, siendo éste un listado ilustrativo y no excluyente de otras medidas que pueda adoptar la Policía Nacional, Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales, pero todas ellas bajo control de éstos últimos. - Son medidas de protección está la de no hacer constar en las carpetas institucionales, llámese expediente policial, expediente del Ministerio Público y/o expediente judicial: el nombre, profesión u oficio, domicilio, centro de trabajo ni dato alguno del testigo. Estos datos deberán ser consignados en sobre sellado que estará bajo la custodia del titular del tribunal que conozca la causa. El testigo deberá ser identificado con una clave o número acorde con la dignidad humana y a la solemnidad del proceso penal, procurando que ésta sea la misma en todo el procedimiento. Por su parte, la Ley de Protección a Testigos (Decreto legislativo No. 63.-2007 del 28 de mayo de 2007), ordena que las medidas serán a favor de las personas que integren el Programa de Protección a Testigos dirigido por el Ministerio Público y, por ende, bajo el control exclusivo de éste, el que puede solicitar el auxilio de instituciones públicas y privadas para su implementación. Entre las medidas que contempla la ley in comento están las medidas de protección en el proceso penal: i.- Métodos de distorsión de voz o de aspecto físico y cualquier otro instrumento técnico que proteja la identidad y/o integridad física del testigo; ii.- Anonimato o resguardo de identidad y reserva de ésta; iii.- Videoconferencia; y, iv.- Garantía de preferencia en la tramitación del caso en el proceso jurisdiccional, asegurando su confidencialidad. Cuando la medida de protección a imponer sea la reserva de identidad, ésta será revelada al órgano jurisdiccional hasta cuando éste comparezca a rendir su declaración; el órgano jurisdiccional comprobará la identidad constatando privadamente los datos de identificación proporcionados por la parte proponente en un sobre sellado (el que será abierto en ese momento), y luego de ello devolverá dicho sobre a la parte proponente para su destrucción; el sobre de datos de identificación jamás deberá ser agregado al expediente judicial. Téngase en cuenta lo ya señalado por la Sala de lo Penal en sentencia de fecha 18 de septiembre de 2018, en el Expediente 153-2914: “Esta Sala de Casación recuerda, que la declaración de testigos protegidos […], es una práctica procesal permitida en nuestra legislación según lo regula el artículo 237 del Código Procesal Penal, puesto que, si bien los testigos gozan de medidas de protección para no conocerse sus nombres, ni revelar su apariencia física por razones de seguridad personal, los jueces de sentencia si conocen esos detalles, precisamente deben cerciorarse de las generales de ley de los testigos que se encuentran en sobres sellados, por tanto no son en ningún momento testigos anónimos, sino que protegidos debido a la existencia racional de algún peligro grave para sus personas o sus parientes...”. 3.- Necesidad de Adopción de Medidas de Protección Las instituciones del Estado, al llamar a una persona como testigo, están en el deber de identificar los factores de riesgo y emitir las medidas necesaria para evitarlos; su implementación no debe obedecer a un simple miedo natural que puede tener el llamado a atestiguar por su involucramiento en un proceso judicial, sino cuando racionalmente exista un grave peligro para la persona o bienes del testigo, de su cónyuge o compañero de vida, o de un ascendiente, descendiente o hermano de cualquiera de ellos, como consecuencia del testimonio que deba prestar o ha prestado; es una medida excepcional motivada por una concreta situación. La Corte IDH en el caso Norin Catriman, Juan Patricio Marileo Saravia, Víctor Ancalaf Llaupe y otros versus Chile, de fecha 05 de noviembre de 2010, señaló: “243. El deber Estatal de garantizar los derechos a la vida y la integridad, la libertad y la seguridad personales de quienes declaran en el proceso penal puede justificar la adopción de medidas de protección.”.- Por su parte la Sala de lo Constitucional en sentencias de fecha 19 de mayo del dos mil 2016 en el expediente 449-2015, de fecha 30 de septiembre del dos mil 2016, en el expediente 504-2015, y de fecha 30 de noviembre de dos mil 2017 en el expediente 384-2017, se ha señalado que “…con el mismo celo con que se garantizan los derechos del imputado, así habrá de actuar el Tribunal de Sentencia en relación a la persona de los testigos protegidos, recordándoles nuevamente que el derecho a la vida es inviolable, así como el respeto a la integridad física, psíquica y moral de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 65 y 68 Constitucionales, y son precisamente estos derechos entre otros los que se protegen y garantizan con la protección de testigos, en tal virtud el legislador ha previsto la figura de protección de testigos como se ha hecho alusión y que el órgano jurisdiccional no debe desconocer...”. No esta demás señalar que la figura del testigo protegido debe de ser usada con la mayor prudencia, en los casos realmente meritorios donde la amenaza a la vida propia o de los allegados de la persona que debe prestar su declaraciones o la amenaza a sus bienes, sean comprobada o al menos racionalmente previsible; y en especial los jueces deben hacer un examen particular de cada caso a efecto de evaluar la necesidad de implementar, confirmar, reformar o revocar medidas de protección a favor de testigos y peritos en el proceso penal al amparo del Código Procesal Penal; y en el caso particular de reserva de identidad: buscar un equilibrio entre la necesidad del acusado de conocer la identidad del testigo para poder ejercer plenamente el derecho de defensa y el derecho a la protección a la vida, a la integridad corporal y a la propiedad de personas a las que el Estado obliga a comparecer como testigos en una causa criminal; todo ello independientemente de la valoración que se haga a la declaración de un testigo protegido, de conformidad a la sana crítica, y más aun de conformidad con los principios constitucionales y convencionales. 4.- Medidas de Protección y el Derecho de Defensa La Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, siendo una de esas garantías igualdad plena de poder interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos (Art. 8 CADH); agregando la Corte IDH que: “187. Para que en un proceso se respeten verdaderamente las garantías judiciales protegidas en el artículo 8 de la Convención es preciso que se observen todos los requisitos que “sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho”, es decir, las “condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial”. El referido artículo 8 contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del ius puniendi del Estado buscando asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias.” (Norin Catrumán y otros vs. Chile). Entonces puede ocurrir que en casos concretos se presente la dicotomía entre la necesidad de protección de un testigo, ordenando el tribunal de justicia que su identidad se mantenga en reserva y el derecho de defensa que tiene la persona acusada, que incluye conocer la identidad de los testigos a efecto de poder formular las observaciones sobre su personalidad. Por ello, ante la presencia de fundamentos razonables que señalen la existencia de posible peligro a la vida, integridad corporal o los bienes de una persona llamada a declarar como testigo en el proceso judicial o de cualquiera de su núcleo familiar, es deber del órgano jurisdiccional el brindarle la protección, cuya necesidad justifica que se vean limitados algunos de los principios informadores del proceso penal; es claro que -en particular- la medida de reserva de identidad del testigo no solo excluye el principio de publicidad respecto a ésta, sino que puede limitar en diversos grados el ejercicio del principio de contradicción y con éste, el ejercicio de derecho de defensa, pues la representación legal de la persona imputada puede verse limitada de controvertir lo señalado por el testigo ante el valladar de conocer su identidad, y por ende la imposibilidad de saber sus antecedentes personales, relaciones con los demás testigos, ofendidos y acusado, y veracidad de algunos de los hechos concretos que informa en su declaración;“242.-…la reserva de identidad del testigo limita el ejercicio de este derecho puesto que impide a la defensa realizar preguntas relacionadas con la posible enemistad, prejuicio y confiabilidad de la persona misma del declarante, así como otras que permitan argumentar que la declaración es falsa o equivocada” (Corte IDH: Norin Catrumán y otros vs. Chile). Resulta ilustrativo lo que explica el procesalista español Cubillo López, al referirse a las declaraciones rendidas por testigos durante la etapa preparatoria del proceso, señalando que tales declaraciones siguen las reglas generales en materia de prueba testifical y para que alcancen valor probatorio habrán de reproducirse en la fase de enjuiciamiento, esto es: ante el tribunal sentenciador (inmediación), con eventual asistencia de personas distintas a las partes o sus representantes (publicidad), y en la presencia del acusado, con su letrado, quien debe tener la oportunidad de interrogar al testigo (contradicción), añadiendo que: “...no existe un régimen especial cuando se trata de un testigo que ha estado sujeto a medidas protectoras…de tal manera que los testigos protegidos deben comparecer al juicio, como cualquier otro, sin que su condición de tales determine una modificación del régimen ordinario de prueba, en el sentido de que pudiese considerarse que es suficiente con la declaración sumarial, liberándoles de la declaración personal en el juicio oral…el testigo protegido debe comparecer en el juicio oral para ratificar la declaración que efectuó durante la instrucción, y este testimonio será valorado…según las reglas del criterio racional…”. La práctica forense determina que pueden presentarse tres situaciones distintas en torno a la participación de testigos con identidad reservada en el proceso; cada una de ellas con repercusiones igualmente distintas al derecho fundamental a la Defensa: a. Declaración introducida por lectura a la audiencia de debate de un testigo protegido con identidad reservada, con base en el numeral 2 del artículo 311 del código procesal penal, por la imposibilidad o alto grado de dificultad de hacer llegar al testigo, a la audiencia: El supuesto se presenta cuando en la audiencia de debate se ordena la introducción por lectura de la declaración de testigos con protección de identidad sin protocolo de prueba anticipada, con base en el artículo 311 numeral 2 del Código Procesal Penal, dado que fue extremadamente difícil o imposible su localización; circunstancia que suma dos aspectos que limitan al mínimo el ejercicio del derecho de defensa: i. La situación ya abordada sobre la restricción que puede presentarse para la defensa, por el desconocimiento de las generales del testigo y; ii. La imposibilidad de poder examinar directamente al testigo, de ejercer contradictorio en la audiencia en donde se produce la prueba que sirve para la toma de la decisión de fondo: la audiencia de debate. La Sala de lo Penal, en un caso concreto en donde se apreció esta dualidad de circunstancias donde el testigo protegido no fue presentado a debate porque no podía ser localizado, señaló en sentencia del tres de marzo dos mil quince en el Expediente 106-2012, “que declarándose a una persona como testigo protegido pasa a estar bajo el resguardo del Estado, por lo que es un contrasentido que se señale en la audiencia de debate que es imposible localizar a dicho testigo o que su incomparecencia se debe a que pende riesgo en contra de su vida, su integridad física o de sus bienes, pues se parte de que la condición de protección no solo obliga a los agentes del Estado a saber dónde se encuentra el testigo, sino que además las medidas de protección deberían contrarrestar cualquier posible riesgo, permitiendo que el testigo pueda comparecer al debate de manera segura para informar lo que conoce.”. Por tanto, sería inadmisible un medio de prueba de introducción por lectura de la declaración rendida en fase preparatoria de un testigo de identidad reservada, obtenida fuera de protocolo de prueba anticipada, pues la dualidad de las condiciones ya apuntadas haría de dicho medio, violatorio al derecho de defensa. b. Declaración recibida en etapas previas al debate bajo protocolo de prueba anticipada de un testigo protegido con identidad reservada: i. Introducida por lectura al debate con base en el numeral 1 del artículo 311 del Código Procesal Penal, por haberse materializado el riesgo previsto; o ii. Introducida al debate con base en el numeral 7 del artículo 311 del código in comento, por tratarse de un testigo en condición de vulnerabilidad. Los supuestos del numeral 1 y numeral 7 del artículo 311 del Código Procesal Penal tienen en común la introducción al debate de la declaración del testigo con identidad reservada tomada en una etapa anterior al debate, evacuada bajo el protocolo de prueba anticipada; introducción que se hace para efecto de ser valorada dicha declaración conforme a las reglas de la sana crítica, teniendo como diferencia que en el numeral 1 la introducción se hace como consecuencia de haberse materializado el riesgo que motivó la toma de la prueba de forma anticipada, entretanto en el numeral 7 la introducción es porque el testigo se encuentra en condición de vulnerabilidad. En estos casos la introducción por lectura es lícita por estar acorde al derecho de defensa, siempre que: i. Tratándose del numeral 1 del 311 la limitación de la reserva de la identidad del testigo haya sido acordada como consecuencia de riesgo fundado; o tratándose del numeral 7, que el testigo se encuentre dentro de aquellos testigos en condición de vulnerabilidad que taxativamente prescribe el artículo 237-A del Código Procesal Penal; y ii. Que el Tribunal de Sentencia procure que la limitación al ejercicio de contradicción tenga como límite lo estrictamente necesario para resguardar la identidad del testigo en riesgo, velando porque los demás principios sigan incólumes y que permitan retomar el equilibrio de derechos que la limitación a la defensa haya provocado; en ese sentido, para la Corte IDH son medidas de contrapeso a observar al momento de la deposición del testigo de identidad reservada: • Que la autoridad judicial conozca la identidad del testigo y tenga la posibilidad de observar su comportamiento durante el interrogatorio, con el objeto de que pueda formar su propia impresión sobre la confiabilidad del testigo y de su declaración; • Que la representación técnica de la persona acusada tenga una amplia oportunidad de interrogar directamente al testigo en alguna de las etapas del proceso (cuando se tomó la prueba anticipada), sobre cuestiones que no estén relacionadas con su identidad o paradero actual; lo anterior con el objeto de que la defensa pueda apreciar el comportamiento del testigo bajo interrogatorio, de modo que pueda desacreditarlo o, por lo menos, plantear dudas sobre la confiabilidad de su declaración; en ese sentido el tribunal de sentencia deberá ser tolerante respecto a las preguntas que en condiciones normales podrían ser calificadas como impertinentes, pero que en el caso del testigo con identidad reservada resultan ser necesarias para auscultar lo señalado, siempre -se insiste- que dichas preguntas no estén dirigidas a revelar su identidad; y • Respecto a la decisión judicial: determinar la suficiencia probatoria, identificando fuentes de información distintas a la proporcionada por el testigo con identidad reservada de la que se derive la participación del acusado. En la valoración de la prueba testifical deberá existir especial pronunciamiento por parte del tribunal de justicia sobre: i.- Limitaciones en la valoración intelectiva generadas por la falta de inmediación; y ii.- Limitantes sufridas por las partes al derecho de defensa como consecuencia de la reservada de la identidad del testigo. Ambas situaciones se deberán tomar en consideración al momento de tomar la decisión de fondo; aspectos deben de ser objeto de pronunciamiento obligatorio por parte del tribunal de justicia, porque ambos tienen repercusión en la valoración de la declaración del testigo. c. Declaración de testigo protegido con identidad de reserva, rendida de manera directa en la audiencia de debate (Como en el caso que nos ocupa en este recurso de casación). En este caso la inmediación, la oralidad y la concentración son observadas directamente por el tribunal de sentencia, entretanto la contradicción se desarrolla de manera limitada dada la reserva de la identidad del testigo. Persiste entonces la obligación del tribunal de sentencia de advertir el grado de repercusión que la reserva de identidad del testigo tuvo en el ejercicio del derecho de defensa en general, y en el ejercicio de la contradicción en particular. d. Consideraciones Comunes Hasta el momento el tema tratado ha sido la admisión como medio de prueba de un testigo protegido con identidad reservada; toca turno referirse a su legitimidad para sustentar una decisión condenatoria. - Ha advertido la Corte IDH que cuando se presenten los supuestos explicados en el segundo o tercer numeral, la sentencia condenatoria no debe de basarse en grado decisivo en la declaración del testigo con identidad reservada: “247.-… aun cuando se hayan adoptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada. De lo contrario, se podría llegar a condenar al imputado utilizando desproporcionadamente un medio probatorio que fue obtenido en detrimento de su derecho de defensa. Por tratarse de prueba obtenida en condiciones en las que los derechos del inculpado han sido limitados, las declaraciones de testigos con reserva de identidad deben tratarse con extrema precaución, ser valoradas en conjunto con el acervo probatorio, las observaciones u objeciones de la defensa y las reglas de la sana crítica. La determinación de si este tipo de pruebas ha tenido un peso decisivo en el fallo condenatorio dependerá de la existencia de otro tipo de pruebas que corrobore aquellas de tal forma que, a mayor prueba corroborativa, menor será el grado decisivo que el fallador otorga al testimonio de identidad reservada.”. (Lo resaltado no aparece en el original de Norin Catrumán y otros vs. Chile). En resumen y conforme la Corte IDH, no es posible que un tribunal de justicia condene a una persona teniendo como base únicamente una declaración de testigo con identidad reservada.- Esto es consecuente con lo preceptuado en el artículo 14.3.e del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que indica que durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a interrogar y hacer interrogar a los testigos de cargo en las mismas condiciones; así mandado también en los artículos art. 8.1 y 8.2.f de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Art. 82 de la Constitución de la República y art. 14 y 101 del Código Procesal Penal. Este criterio ha sido fijado por la Corte IDH en las sentencias: • Palamara Iribarne versus Chile de fecha 22 de noviembre de 2005 (Párrafos 176 a 179); Lori Berenson Mejía versus Perú, de fecha 25 de noviembre de 2004 (párrafos 183 a 186); • García Asto y Ramírez versus Perú, de fecha 25 de noviembre de 2005 (Párrafos 152 a 154); y • Norin Catriman, Juan Patricio Marileo Saravia, Víctor Ancalaf Llaupe y otros versus Chile, de fecha 05 de noviembre de 2010 (Párrafos 187, 236 a 239, 241, 250 a 253) Las Sentencias relacionadas permiten determinar las siguientes máximas, que constituyen aspectos del debido proceso penal: a. La persona acusada, directamente o por conducto de su representante legal, tiene el derecho de examinar las pruebas de cargo en igualdad de condiciones con las otras partes, o de decidir no hacerlo; b. Para ejercer el derecho de examen de testigos, el acusado debe poder conocer la identidad de los testigos de cargo con suficiente antelación, para preparar su defensa y poder formular preguntas, cuestionar y en general controvertir en la audiencia de debate la declaración del testigo, salvo el caso excepcional del siguiente numeral; c. En ciertos casos, es necesario adoptar medidas de protección a favor de los testigos ante los riesgos de que su vida, su integridad corporal, sus bienes o a de sus familiares pudiesen generar su participación en el proceso; una de esas medidas es la reserva de su identidad, la cual es de carácter lícita en el proceso penal hondureño tanto por disposición constitucional como por disposición convencional; d. El testigo con identidad reservada da paso a un ejercicio limitado al derecho fundamental a la defensa; la falta de identidad hace imposible a la persona acusada o a su apoderado legal poder determinar relaciones de amistad, parentesco, amistad, enemistad con el acusado, la víctima u otros sujetos procesales; e. Como consecuencia de lo señalado en el numeral c y d, convencionalmente se ha dispuesto que, si bien es lícito el uso de testigos con identidad reservada, un pronunciamiento condenatorio no puede descansar de manera decisiva en la declaración dada por un testigo con este tipo de protección, cuando tal reserva haya repercutido en el ejercicio del derecho fundamental a la defensa. Por ello, una sentencia condenatoria carecerá de validez cuando se base en una solitaria prueba de un testigo con reserva de identidad o cuando la decisión descanse de manera decisiva en dicha declaración (de todo el conjunto probatorio, la declaración sea la que determine la responsabilidad de la persona acusada), siempre que dicha reserva haya repercutido en el ejercicio material del derecho de defensa. Para ello entonces se deberá identificar el perjuicio material concreto, o cuando menos, potencial que ha sufrido la persona acusada en el ejercicio del mencionado derecho. Finalmente, es de señalar que el derecho a interrogar en igualdad de condiciones a los testigos de cargo en el proceso penal es de carácter renunciable; por tanto, el silencio de la defensa en cuanto al ejercicio de este derecho puede ser considerado una aceptación de dicha circunstancia; criterio que se desprende de la opinión del Comité de las Naciones Unidas en el caso Glenmore Compass c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/49/D/375/1989 (1993) párrafo 10.3, en donde se indica: “En lo que respecta a la alegación del autor de que en su caso se violó lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 14, dado que no tuvo ocasión de efectuar el contrainterrogatorio de uno de los principales testigos de la acusación, el detective McNab, el Comité observa que es indiscutible que el testigo no pudo prestar declaración durante el juicio puesto que había salido de Jamaica. El Comité observa, no obstante, que las actuaciones del juicio demuestran que el autor estuvo presente durante la audiencia preliminar, cuando McNab prestó declaración jurada, y que en esa ocasión el abogado del autor efectuó el contrainterrogatorio del testigo. La deposición del testigo, así como sus respuestas en el contrainterrogatorio, se presentaron al Tribunal como prueba durante el juicio; ni el autor, ni su abogado objetaron, en el juicio o en la apelación, la presentación de esta prueba. El Comité observa que el apartado e) del párrafo 3 del artículo 14 protege la igualdad de condiciones entre la acusación y la defensa en lo que se refiere al interrogatorio de los testigos, pero no impide a la defensa renunciar a su derecho a efectuar el contrainterrogatorio de un testigo de la acusación durante el juicio, o no ejercer este derecho. En cualquier caso, el Comité toma nota de que el detective McNab fue examinado por la defensa.”. Así entonces y para evitar la subsanación del defecto conforme lo estipula el artículo 170 en relación con el artículo 167 último párrafo, del Código Procesal Penal, la defensa deberá plantear objeción, declarando la existencia de un perjuicio en el ejercicio del derecho de defensa por una contradicción disminuida como consecuencia de la reserva de la identidad del testigo en los momentos procesales oportunos, pues en caso de silencio se entenderá que el derecho de defensa no fue comprometido. No esta demás recordar que conforme el Control de Convencionalidad, lo señalado por la Corte IDH prima por sobre normativa legal interna del Estado de Honduras y doctrina legal proferida por la propia Corte Suprema de Justicia a través de sus distintas Salas.- Recordemos que se debe de entender por control de convencionalidad señalado por la propia Corte IDH, en una sentencia en donde precisamente se condenó al Estado de Honduras por su inobservancia: “307.- … la Corte recuerda que cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.”. Sobre la obligatoria observancia del control de convencionalidad ha indicado la Corte Suprema de Justicia por conducto de la Sala de lo Constitucional: “…la interpretación del artículo 63 constitucional se establece que el catálogo de derechos es un numerus apertus, lo cual conlleva al reconocimiento del ejercicio de derechos no desarrollados por nuestra Constitución, sino que abarca todo texto normativo ya sea de orden legal o internacional suscrito por nuestro país, que amplié el catálogo de derechos humanos, rompiendo con esto con el principio de interpretación inclusio unius est exclusio alterius, es decir que la inclusión de uno supone la exclusión del otro, dado el mandado constitucional y convencional, que ha determinado que “una Convención o Tratado Internacional son, de hecho y deben ser observados por los jueces como normas de derecho fundamental, que forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad” de manera que aseguren una eficaz protección a los derechos humanos; estando apegado los tribunales no solo a conocer la interpretación última y definitiva de la Constitución que realice ésta Sala, sino también tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los Tribunales Internacionales a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos.”. En conclusión: el criterio fijado por la Corte IDH sobre los testigos con identidad reservada, la participación de la defensa en su examen, su valoración y cuando el pronunciamiento condenatorio es admisible basado únicamente en la declaración de esta clase de testigos, es de obligatoria consideración de la propia Corte Suprema de Justicia y de todo órgano jurisdiccional con competencia en materia penal. Insuficiencia Probatoria como causa de la transgresión al Estado de Inocencia El derecho fundamental en estudio obliga al actor, en el presente caso al Ministerio Público, a presentar una actividad probatoria suficiente que permita desvirtuar el estado de inocencia de la persona acusada y del que goza como una condición interina destruible, pues como se ha señalado ut supra no es legítima la condena que descansa sobre presunciones. Los medios de prueba han de estar encaminados a sustentar la realidad de los cargos de imputación, de su contenido se derivará la culpabilidad del acusado. Como la presunción de inocencia es un derecho pasivo del acusado, la atribución de la carga para acreditar los cargos incumbe al Ministerio Público. Entonces, el control casacional de la presunción de inocencia por insuficiencia probatoria consistirá en la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, dejando fuera de estudio la actividad probatoria sobre la culpabilidad de la persona acusada. La suficiencia probatoria, como tema de estudio casacional, versa sobre la estricta acreditación de la realidad material del acto y de su responsable que parte de bases fácticas que arroje la actividad probatoria, constituyendo vicio que el tribunal de sentencia presuma la existencia de elementos constitutivos de delito que sirvan para señalar a la persona acusada como culpable; todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal deben haber sido acreditados con la actividad probatoria, no siendo admisible tampoco que parte del convencimiento judicial haya sido construido con conocimientos privados del tribunal, ajeno a la actividad probatoria. La Sala de lo Penal declarará la insuficiencia probatoria como vicio violatorio del estado de inocencia cuando el tribunal de sentencia arribe a una conclusión que, desde una consideración global de la prueba, bajo una perspectiva objetiva y externa, el pronunciamiento condenatorio sea más improbable que probable. La recurrente debe plantear el defecto de insuficiencia probatoria como causa de transgresión al estado de inocencia a partir de la totalidad de la actividad probatoria, siendo improcedente basarlo en consideración a hechos o elementos aislados debatidos o acreditados durante el proceso penal, pues la ponderación de suficiencia es en relación con toda la carga probatoria. Un Estado que se llame a sí mismo democrático de derecho, no puede asumir como un riesgo permitido la condena a personas inocentes para evitar la posibilidad de absolver a personas culpables, pues lo primero implica un abuso intolerable de autoridad en contra de la propia condición humana, mientras que lo segundo es la consecuencia que se debe sufrir como resultado de un proceso penal con endeble carga probatoria; absolver a un culpable es el fracaso de un proceso penal, pero condenar a un inocente es un fracaso de la sociedad entera. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. El recurso plantado por la Defensa Pública es en referencia al alegato de violación al Debido Proceso y como consecuencia al Derecho de Defensa, bajos dos argumentos: 1.- La Defensa Pública, plantea una razón de la interposición del presente recurso, al considerar que el testimonio del Testigo Protegido “FH-42” se incorporó al juicio oral y público mediante lectura autorizada cuando esta fue rendida como un acto de investigación encaminado a reunir evidencia para la eventual presentación de un requerimiento fiscal, por lo que se vio limitada a ejercer el contradictorio por la reserva de identidad del testigo; La Sala al examen, corrobora que; En fecha 17 de febrero de 2017, el Ministerio Público solicitó con carácter urgente se recibiera la declaración del Testigo con reserva de identidad “FH-42”, quien declararía sobre circunstancias relacionadas con la muerte violenta del menor de edad Jiuber Eduardo Varela Ortiz, (f..2) ; En fecha 9 de marzo de 2017, el Fiscal en audiencia fundamento su petición sobre la reserva de identidad, exponiendo los presupuestos legitimadores de dicha solicitud, exponiendo que la misma obedecía al riesgo que se exponía el testigo de ser objeto de atentados en contra de su integridad física o su vida, debido a que este residía en un lugar aledaño de donde se dieron los hechos, así como el riesgo que el testigo fuera objeto de amenazas, para no comparecer durante el proceso a rendir su testimonio, petición que fue admitida por el Juez; Se procedió a tomar la declaración del testigo protegido “FH-42” bajo el protocolo de prueba anticipada, en presencia de Juez competente y la Defensa Publica, por lo que este acto no constituyo un simple acto de investigación, tal como alega la defensa, pues se realizó en audiencia ante juez competente, en presencia del Ministerio Publico y la Defensa Publica, a quien se le cedió la palabra, sin que realizara ninguna oposición en cuanto a la solicitud del Ministerio Público, tampoco se opuso a la reserva de identidad de dicho testigo, también tuvo un turno para interrogar al Testigo Protegido (f.12-15): La audiencia inicial fue celebrada en fecha 9 de agosto de 2018 (F.81), en donde el agente fiscal propuso la declaración del testigo con identidad reservada “FH-42”, haciendo saber a las partes que la misma se había recibido con las formalidades de prueba anticipada; (f. 81-88), sin que la defensa se opusiera a tal medio de prueba, ni hiciera pronunciamiento alguno sobre la reserva de identidad de testigo protegido ni a su incorporación mediante lectura autorizada; En fecha 10 de enero de 2019, se celebró audiencia preliminar, en la cual El Ministerio Publico, hizo saber que entre otros medios de prueba contaba con la declaración del testigo protegido “FH-42” haciendo de conocimiento que dicho testimonio había sido recibido con anterioridad, con las formalidades de la prueba anticipada, la defensa no hizo oposición alguna sobre el testigo en mención(f.177-178); Finalmente, el proceso penal llegó a la audiencia de debate en fecha 20 de enero de 2021(f.337-343), se abrió turno a fin que las partes expusieran si tenían incidentes que proponer, nuevamente la Defensa Publica no formulo oposición alguna sobre la introducción por lectura autorizada del testigo protegido, tampoco sobre la reserva de identidad del mismo; tampoco hizo pronunciamiento alguno en el turno de conclusiones. La Sala considera que el testimonio del Testigo Protegido “FH-42”, no reviste ilegalidad alguna al haber sido recibido con las formalidades y requisitos exigidos por la ley, de igual manera la Defensa Pública, no se vio limitada en su contradictorio por la reserva de identidad de dicho testigo, quien tuvo su turno a fin de realizar su interrogatorio. 2.- La Defensa Pública, plantea como otro argumento en la interposición del recurso de casación, la violación al Debido Proceso y derecho a la defensa, como consecuencia de haberse dictado una sentencia condenatoria en donde los jueces indican que la certeza de culpabilidad descansa en la declaración del testigo protegido con reserva de identidad “ FH-42”; La Sala al estudio de la causa, determina que no existe materialmente el vicio alegado, pues la declaración del testigo con reserva de identidad “FH-42”; se vio acompañada de otros medios de prueba de acreditación del delito y de vinculación de los acusados con éste, como ser; i.- La declaración testifical del agente de investigación Reyna Waleska Cruz Ordoñez ii.- Prueba documental consistente en; a) Acta de levantamiento de cadáver número 968-2016; b) Acta de inspección y recolección de indicios número 968-2016:c) Acta de registro personal; d) Acta de lectura de derechos; e) Acta de decomiso y secuestro; f) constancia de registro balístico; iii- Prueba Pericial: a) Dictámenes de autopsia del menor victima número 2016-1125; b) Dictamen forense de balística número 5667; c) Dictamen, Dictamen de extracción telefónica número que en conjunto lograron el convencimiento del Tribunal de Sentencia, respecto a que lo planteado por el Ministerio Público en la formalización de la acusación si había acontecido, descartándose que la declaración del testigo protegido sea la única y decisiva prueba que sustento el pronunciamiento condenatorio. Razones suficientes para desestimar el presente recurso. Decisión: Declarar No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigor y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: I. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. II. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. III. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no fue presentado escrito suplementario por parte de la representación legal del acusado Jairo de Jesús Herrera, tampoco por el Ministerio Público, por lo que, conforme lo indica el mismo artículo 624, corresponde a la Sala de lo Penal hacer de oficio la ponderación de la norma penal más favorable en el caso concreto. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Jairo de Jesús Herrera, como autor de un delito de asesinato (Art. 117 VP 144-83) en perjuicio de Jiuver Eduardo Varela Ortiz, la pena de veintidós (22) años de reclusión, más las penas accesorias correspondientes, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil y demás consecuencias legales por la condena, como consecuencia de ser responsable de un delito de asesinato consumado. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de asesinato se encuentra regulado en el artículo 193, con una pena principal de 20 a 25 años de prisión; no se contemplan circunstancia que modifiquen la responsabilidad penal como ser agravantes o atenuantes; Al hacer el comparativo entre la pena que fue impuesta al acusado Jairo de Jesús Herrera, conforme al Código Penal derogado (144-83) y la que podría imponerse conforme al nuevo Código Penal decreto 130-2017, se concluye que la pena impuesta con la legislación derogada se encuentra dentro del margen de la pena establecida conforme la nueva legislación penal; por lo que no procede la aplicación retroactiva del decreto legislativo 130-2017. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 361 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el único motivo del recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la Abogada Tania Bethel Henríquez Argeñal en su condición de Defensora Pública del señor Jairo de Jesús Herrera a quien se le condenó por el delito de Asesinato, en perjuicio de Jiuver Eduardo Varela Ortíz; Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conducta reprochada al ahora condenado Jairo de Jesús Herrera. Como consecuencia el proceso de ejecución deberá de realizarse conforme las normas del Código Penal 144-83. - Tercero: Declara Firme y ejecutable la sentencia de fecha cuatro de febrero de dos mil veintiuno (f. 345), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.- Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Redacto Magistrado Mairena Franco. Notifíquese. - Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrada. Firma y Sello. RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS. – receptora adscrita a sala de lo penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veinticinco días del mes de marzo de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el quince de octubre de dos mil veinticuatro, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-362-2021.

PIA CRISTINA MEJIA NUÑEZ

RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL.”