Sentencia CP-358-21 — Registro 18122
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Asesinato, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y se declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"... De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. La Sala de lo Penal reitera que la no conformidad del recurrente con lo resuelto por el sentenciador no es motivo de casación, sino la violación a las reglas de la sana crítica, que analiza el iter de pensamiento del juez mediante el cual ha llegado a una conclusión de condena. Cuando se interpone el recurso de casación por quebrantamiento de forma cuyo motivo es la infracción a las reglas de la sana crítica (como es el caso que nos ocupa), el censor delimita su análisis a la fundamentación probatoria y la trascendencia que pueda tener ésta en la fundamentación fáctica y el posterior fallo; deberá identificar qué regla de la sana crítica es la infringida (ver sentencias de la Sala de lo Penal de fecha 17 de enero de 2013, recaída en el expediente SP 131-2011; y de fecha 27 de junio de 2013, recaída en el expediente SP 132-2011); posteriormente, deberá identificar el silogismo judicial que considera transgrede la regla previamente identificada, segregar su premisa mayor, su premisa menor y su posterior conclusión, para después explicar y comprobar porqué la conclusión inferida de aquellas premisas, es malograda y no tiene la cualidad de ser respetuosa de nuestro sistema de valoración probatorio, siendo este precisamente el proceso de identificación, explicación y comprobación del vicio que exige una buena técnica recursiva. (Ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 2 de abril de 2019, recaída en el expediente SP 174-2015). Este proceso de identificación del vicio y su posterior explicación y comprobación no ha sido realizado en manera alguna por la recurrente, pues se limita a exponer en su recurso alegatos propios de instancia tales como que la prueba propuesta y evacuada por el Ministerio Público, no es suficiente para acreditar el delito por el cual han sido condenado el acusado, y a cuestionar el Testigo con reserva de identidad, así como a elaborar argumentos en abstractos de que la prueba no fue valorada de conformidad con la sana crítica racional. La Sala de lo Penal, identifica entonces que la censora del fallo nada nos dice de la disconformidad entre la valoración intelectiva de la prueba con el contenido de las reglas citada como infringida, y no debe ni puede esta Sala de lo Penal, hacer las veces del impugnante e identificar oficiosamente aquellos postulados intelectivos que no sean congruentes con las reglas de la sana crítica, pues el artículo 350 del CPP es claro en apuntar que la sentencia que resuelva un recurso solo podrá recaer sobre las cuestiones que hayan sido de impugnación..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362,N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"... D. Ponderación en el caso concreto En la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se impuso al señor José Rosa Castellanos Calix, a las siguientes penas: Veintidós (22) años de reclusión como autor material directo del delito de asesinato, en perjuicio de Arnulfo Mejía Martínez. Inhabilitación absoluta. Interdicción Civil. Responsabilidad civil Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de asesinato (Art.193) tiene un tipo penal básico con una pena principal de 20 a 25 años de prisión, un tipo agravado con una pena de 25 a 30 años de prisión, cuando concurre la circunstancia de precio, recompensa o promesa remuneratoria, aspecto que no se contempla en la presente causa; No se contemplan circunstancia agravantes ni atenuantes. Como penas accesorias; Inhabilitación absoluta de cargo o empleo público, así como su incapacidad para obtener estos u otros cargos u oficios y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena de prisión, Como penas accesorias; La suspensión de la ciudadanía según el artículo 42 del NCP: La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, permiten determinar que la pena individualizada impuesta al acusado José Rosa Castellanos Calix, en la sentencia recurrida de 22 años de reclusión, se encuentra dentro del margen abstracto de la pena contemplada en el NCP decreto 130-2017; Por lo que no es procedente la aplicación retroactiva..."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 y 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP 358-2021-2020 que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veinticuatro de julio del año dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Nelson Danilo Mairena Franco, en su calidad de Coordinador, y Mario Rolando Diaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURA La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-358-2021 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha diecisiete de enero de dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes, mediante la cual falló: Primero: Condenó a José Rosa Castellanos Calix, del delito de Asesinato, en perjuicio de Miriam Elizabeth Bautista, a una pena de veintidós años de prisión, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o labores dentro del centro penitenciario. Segundo: Condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dura la pena principal. Tercero; Declaró al condenado responsable civilmente. Cuarto: No procedió la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Quinto: Decretó, el comiso de un teléfono celular marca M4, modelo M4SS4045, color rosado, una sábana a rayas azules y blanca, una cobija floreada, color café y negro, un gorra moteado y un juego de llaves; y por no estimar la utilidad de tales objetos, una vez firme esta sentencia, procédase a la destrucción. Son partes en única instancia: Las abogadas Giovinezza Dubois Zavala y Dinabel López Durón, como defensoras Públicas de José Rosa Castellanos Calix, como parte recurrente y la abogada Marla Iris Cárdenas Guardado, como Fiscal del Ministerio Público como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “UNO: El día Jueves seis (6) de abril del año dos mil diecisiete (2017), a eso de la una de la madrugada, regresó la señora MIRIAN ELIZABETH BAUTISTA, a su casa de habitación, ubicada en el Barrio Medina, 15 calle, 15 avenida, de esta ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, tocó la puerta para que le abriera el Testigo Protegido JPTP-FJAV-06-2017, quien observó que MIRIAN ELIZABETH estaba en compañía de JOSÉ ROSA CASTELLANOS CÁLIX; manifestándole que este último pasaría la noche en la referida casa, por lo que arregló un lugar en uno de los Sofá de la sala, procediendo MIRIAN ELIZABETH y el TESTIGO PROTEGIDO a retirarse cada uno a sus respectivas habitaciones. DOS: Ese mismo día, entre cinco y seis con treinta minutos de la mañana, el señor JOSÉ ROSA CASTELLANOS CÁLIX, ingresó a la habitación, donde dormía la señora MIRIAM ELIZABETH BAUTISTA, y con un cuchillo procedió a inferirle veintidós heridas, en diferentes partes del cuerpo. Acto seguido, JOSÉ ROSA CASTELLANOS CÁLIX, procedió a huir del lugar, cerrando detrás de si, la puerta de la casa; mientras MIRIAM ELIZABETH BAUTISTA, pedía auxilio, razón por la cual salió el TESTIGO PROTEGIDO de su cuarto, y se acercó a la señora MIRIAM ELIZABETH BAUTISTA, preguntándole que quien le había hecho eso, manifestando ella, que había sido la persona que se había quedado a dormir la noche anterior, que lo buscara entre los contactos de su aparato celular como "Guardia de la Pollera Catracho"; el TESTIGO PROTEGIDO procedió a buscar el contacto y reconoció en la foto que era efectivamente la misma persona que había llegado la noche anterior para quedarse a dormir, JOSÉ ROSA CASTELLANOS CÁLIX. TRES: Aproximadamente treinta minutos después de haber encontrado el TESTIGO PROTEGIDO a la señora MIRIAM ELIZABETH BAUTISTA, ésta falleció, a causa de Herida Punzocortante en Tórax con Laceración de Pulmón derecho y hemotórax derecho.” RECURSO DE CASACIÓN: La recurrente abogada Victoria Elizabeth Funes, en su condición de defensora pública de José Rosa Castellanos Calix, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. MOTIVO UNICO: Por haberse violentado en la valoración de las Pruebas las reglas de la sana critica. NORMA ADJETIVA INFRINGIDA: Se invoca como norma adjetiva inobservada la contenida en el artículo 202 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra Comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO La norma procesal que se invoca como infringida es el artículo 202 del Código Procesal Penal, que expresa: "Valoración de las pruebas. La sana critica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. En relación con el párrafo primero del artículo 336 del Código procesal penal. Normas para la deliberación y la votación. El tribunal, para resolver, solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana critica...". PRIMERO: El sistema de la sana critica racional no establece límites al Juzgador para formar su convicción, puesto que puede tomar en cuenta cualquier medio de prueba que lo conduzca a reproducir el hecho objeto del juicio penal basado en el principio de libertad probatoria, debiendo explicar cómo se decidió el valor que le asigna a las pruebas reproducidas en el juicio. Bajo este sistema probatorio es que se exige por medio de un recurso de casación se revise como fue aplicada la sana critica racional en la sentencia que debe ser emitida bajo las normas de la lógica, psicología y la experiencia común. En base a lo anterior es que se pregunta cómo el Tribunal sentenciador llegó a tener un hecho probado basado en situaciones que no se derivan de la prueba aportada en su conjunto en juicio oral y público, es decir que si bien es cierto que el Juzgador dispone de libertad para extraer de cualquier medio de prueba su propia convicción, pero esto no es de modo absoluto, y los hechos declarados probados no son fundamentados en lo evacuado en el juicio oral que se llevó a cabo; como lo dice el Jurista Ángel Llorente Fernández de la Reguera en su libro los recursos página 123 "La valoración de la Prueba" que debe de realizarse de un modo razonable y razonado en el que prime la lógica, la Racionalidad y el sentido común para poder llegar a una conclusión cierta e incuestionable de esta manera es controlable en la casación y el proceso lógico que utilizó el Juzgador en su razonamiento al indicar el porqué se ha decidido por cierta prueba para fundamentar su convicción a fin de verificar la correcta aplicación de las reglas de la sana crítica y si en la valoración de la prueba se han observado las reglas de la lógica, la psicología y las máximas de la experiencia. Dicho lo anterior, del análisis de la sentencia en la que el tribunal ha declarado como probado los hechos siguientes: UNO: El día Jueves seis (6) de abril del año dos mil diecisiete (2017), a eso de la una de la madrugada regresó la señora MIRIAN ELIZABETH BAUTISTA, a su casa de habitación ubicada en el Barrio Medina, 15 calle, 15 avenida, de esta ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes, tocó la puerta para que le abriera la puerta para que le abriera el Testigo protegido JPTP-FJAV-06-2017, quien observó que Mirian Elizabeth estaba en compañía de JOSE ROSA CASTELLANOS CALIX, manifestándole que este último pasaría la noche referida casa, por lo que arregló un lugar en uno de los sofá de la sala, procediendo MIRIAN ELIZABETH y el TESTIGO PROTEGIDO a retirarse cada uno a sus respectivas habitaciones. DOS: ese mismo día, entre cinco y seis con treinta minutos de la mañana, el señor JOSE ROSA CASTELLANOS CALIX, ingresó a la habitación donde dormía la señora MIRIAN ELIZABETH BAUTISTA, y con un chuchillo procedió a inferirle veintidós heridas, en diferentes partes del cuerpo. Acto seguido, JOSE ROSA CASTELLANOS CALIX, procedió a salir del lugar, cerrando detrás de si, la puerta de la casa; mientras MIRIAN ELIZABETH BAUTISTA, pedia auxilio, razón por lo cual salió el TESTIGO PROTEGIDO de su cuarto, y se acercó a la señora MIRIAN ELIZABETH BAUTISTA, preguntándole que quien le había hecho eso, manifestando ella, que había sido la persona que se había quedado a dormir la noche anterior, que lo buscara entre los contactos de su aparato celular como "Guardia de la Pollera Catracho", el TESTIGO PROTEGIDO procedió a buscar el contacto y reconoció en la foto que era efectivamente la misma persona que había llegado la noche anterior para quedarse a dormir, JOSE ROSA CASTELLANOS CALIX. TRES: Aproximadamente treinta minutos después de haber encontrado el TESTIGO PROTEGIDO a la señora MIRIAN ELIZABETH BAUTISTA, esta falleció, a causa de herida punzocortante en Tórax con laceración de pulmón derecho y Hemotorax derecho.", a pesar de plasmar este extremo considero que estos hechos probados no se deriva de elementos probatorios concluyentes evacuados en juicio. SEGUNDO: En vista de lo anterior como lo he manifestado para arribar a estos hechos probados es necesario que exista sustento probatorio, lo que necesariamente debe quedar plasmado en la sentencia; por ello se debe analizar la prueba evacuada en su conjunto en el caso sub judice; al ver la misma no me explico cómo el tribunal sentenciador pudo llegar al razonamiento de culpar a mi defendido por el delito de ASESINATO basándose solamente en la única declaración testifical de cargo del testigo protegido JPTP-FJAV-06-2017, quien no es contundente y cuya declaración ha quedado huérfana, debido a que no es refrendada por otro medio de prueba confiable o testigo que haya observado estar juntos la ofendida y el imputado, o ver salir de la casa de habitación al imputado a la hora que sucede el hecho, o que haya visto como se le quitó la vida a la señora Mirian Elizabeth Bautista, esto en virtud de que ni el testigo de cargo establece haber visto a mi representado darle muerte a la ofendida. Considerando que los hechos probados no se derivan de la valoración de la prueba en forma armónica y en su conjunto, como se dijo antes únicamente, en la declaración del testigo protegido JPTP-FJAV-06-2017, a pesar que este establece que compartía casa con la ofendida y que vio a mi representado llegar con la misma, le dejaron dormir en un sillón, pero no lo conocía ni él ni la señora Mirian Elizabeth Bautista, ya que este dice que le identifico como "guardia de la pollera Catracho", hay aspectos que no quedaron claros en su declaración, en el sentido de que como pudo darle información cuando estaba gravemente herida, ya que el Perito Doctor LUIS TORRES expreso que con las 22 heridas que se encontraron en cuerpo la señora estaba en shock, y que no se puede determinar la capacidad de comunicarse o hablar, al momento de la muerte, por ello se hace la pregunta la defensa como pudo dar toda la información que establece que recibió el testigo protegido. Este testimonio no pudo ser corroborado por otro medio de prueba por lo que no es confiable el mismo y se desconoce el interés que tuviese ya que al parecer era la única persona cerca de la ofendida el día de su muerte; por ello se considera que dicho testimonio podría ser "sospechoso", como lo establece KARL JOSEPH ANTON MITTERMAIER en su libro de Tratado de la Prueba en Materia Criminal, este es aquel que no parece ser dingo de entera Fe; y establece en uno de sus apartados: "....Pero la causa más grave de sospecha resulta del interés que pueda tener el testigo en el desenlace del proceso, interés que puede muy bien extraviarse del camino de la verdad. Así, pues, serán sospechosos: A. Aquellos que pudieran reportar alguna ventaja personal de que la sentencia fuese dada en este o aquel aspecto. B. los que hubiesen aceptado una recompensa o promesa para dar una declaración acordada de antemano. C. Por último lo más delicado e importante es determinar la credibilidad de la parte agraviada..." Aunado a esto se valoró la declaración testifical que se tomó bajo la modalidad de testigo protegido, al cual le dieron clave JPTP-FJAV-06-2017, pero considero que esta protección establecida en el Código Procesal Penal en su articulo 237, no debe transgredir los derechos de los imputados a poder defenderse de manera efectiva dentro de un argumento más amplio referido al "acceso a una defensa efectiva", siendo que el principio del contradictorio implica el derecho del inculpado a examinar a los testigos que declaran en su contra y a su favor en igualdad de condiciones, para que se pueda establecer la veracidad de los hechos acusados, ya que si bien es cierto se ha establecido dicha protección de testigos, es necesario que para que se pueda aplicar la excepcionalidad del uso de la figura de la reserva de identidad de testigos, debe acreditarse la existencia de un peligro real el cual no fue probado en el curso del proceso. El literal f) del artículo 8.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos consagra la "garantía mínima" del derecho de defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia como testigos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos, la cual materializa los principios de contradictorio e igualdad procesal. Ya la corte Interamericana Sobre Derechos Humanos ha señalado que entre las garantías reconocidas a quienes hayan sido acusados está la de examinar los testigos en su contra y a su favor, bajo las mismas condiciones, con el objeto de ejercer su defensa; la reserva de identidad del testigo limita el ejercicio de este derecho puesto que impide a la defensa realizar preguntas relacionadas con la posible enemistad, prejuicio o confiabilidad de la persona misma del declarante, así como otras que permitan argumentar que la declaración es falsa o equivocada. Concluyendo, puedo decir que en la presente causa "no hubo prueba en el expediente" con justificación alguna para el uso de testigo Protegido o de Identidad reservada debidamente justificada y contrabalanceada adecuadamente para proteger el derecho a la defensa. Si bien es cierto se presentó un Dictamen de extracción de números telefónicos No. DETECIEX 0501-2017-00318, a criterio de la defensa este solo acredita que hubo vinculación la cual no negó el imputado al momento de declarar ya que ella vendía anillos y le iba a comprar uno. Sumado a esto el Tribunal de Sentencia le restó valor a las declaraciones testificales de los señores KARLA JESSENIA AMADOR Y CARLOS JAVIER RODRIGUEZ, que se presentaron y acreditaron que mi representado estaba trabajando el día que sucedieron los hechos, y expresan que no fueron sustentados por ningún otro medio probatorio, pero si dicen que son coincidentes entre si, siendo dos testigos contestes en sus dicho, por lo que el Tribunal de sentencia debió tomar en cuenta al momento de decidir sobre la culpabilidad o Inocencia de mi representado. TERCERO: Resulta que la sentencia recurrida-no-he-estado provista de un razonamiento intelectivo capaz de dejar conforme a la defensa del imputado, porque la conclusión a que arribo el tribunal de sentencia para condenar a JOSE ROSA CASTELLANOS CALIX, no proviene de elementos suficientes como tampoco resultan aptos como para producir razonablemente un conocimiento cierto de su participación en el suceso que se juzga, por el contrario la acción imputada ha resultado efectivamente dudosa como para deducir la culpabilidad del imputado como autor por el delito de ASESINATO, en vista que no podemos presumir que él fue porque la declaración del testigo protegido de cargo como indicio no pudieron ser verificados con hechos perfectamente acreditados, violentándose así las garantías de mi representado. Por consiguiente como defensa del imputado considero que el pronunciamiento condenatorio del Tribunal Sentenciador se sustento esencialmente en prueba indiciaria no sustentada por otra prueba; violentándose así la Regla de la Lógica constituida por la ley de la Razón suficiente, (Los hechos probados deben tener sustento probatorio siempre. La afirmación de culpabilidad o inocencia deben estar respaldada en elementos de prueba, por imperativo constitucional... Esto es, cada elemento debe estar probado por otros, de manera que entre todos formen un engranaje solido donde cada pieza es sostenida por las otras... Temas de Casación Penal Francisco DallÁnese pag. 35) esta última ignorada por el Tribunal sentenciador. Considera la defensa que todo este conjunto de circunstancias que se dieron en el debate no nos permite tener una certeza jurídicamente válida sobre la participación del detenido para conocer la actividad realizada por este.- Por todo ello los cuerpos investigativos no realizaron una investigación profunda, por lo que a la prueba testifical, pericial y documental la consideramos como no concluyente para tener una certeza que nos permita emitir una sentencia objetiva como debe ser y que sea una prueba confiable como para condenar por autor del delito de Asesinato a mi representado José Rosa Castellanos Calix, debiendo para tal efecto anularse la sentencia condenatoria por no haberse demostrado tener participación directa en el hecho, en el entendido que la responsabilidad penal es a título de autor, y que no existió prueba incriminatoria que no dejase ningún ápice de duda de la participación del imputado lo que propicia el reproche del fallo condenatorio por esta vía impugnativa. RECLAMACION HECHA PARA LA SUBSANACION DEL VICIO El vicio por el cual se reprocha el fallo en el presente recurso se produce con la sentencia misma, por lo que es por esta única vía que se pretende la subsanación del yerro.” Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Norma procesal que se denuncia infringida: Articulo 202 en relación al artículo 36, 338 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: Inobservancia a las Reglas de la Sana Crítica, específicamente la Regla de la Lógica constituida por la ley de la coherencia y de la derivación. Reclamación ex-ante: El vicio por el cual se reprocha el fallo en el presente recurso se produce con la sentencia misma, por lo que es por esta única vía que se pretende la subsanación del yerro.” Pretensión: Se anule la sentencia recurrida. El Censor al sustentar su recurso hace los siguientes alegatos en las siguientes afirmaciones: No se explica cómo el Tribunal Sentenciador, pudo llegar al razonamiento de culpar a su representado por el delito de asesinato, basándose solamente en la única declaración testifical de cargo del testigo protegido JPTP-FJAV-06-2017, quien no es contundente y cuya declaración ha quedado huérfana, debido a que no es refrendada por otro medio de prueba confiable o testigo que haya observado estar juntos la ofendida y el imputado, o ver salir de la casa de habitación al imputado a la hora que sucede el hecho, o que haya visto como se le quitó la vida a la señora Mirian Elizabeth Bautista, esto en virtud de que ni el testigo de cargo establece haber visto a su representado darle muerte a la ofendida. De los hechos probados, no se derivan de la valoración de la prueba en forma armónica y en su conjunto, como se dijo antes únicamente, en la declaración del testigo protegido JPTP-FJAV-06-2017, a pesar que este establece que compartía casa con la ofendida y que vio a mi representado llegar con la misma, le dejaron dormir en un sillón, pero no lo conocía ni él ni la señora Mirian Elizabeth Bautista, ya que este dice que le identifico como "guardia de la pollera Catracho", hay aspectos que no quedaron claros en su declaración, en el sentido de que como pudo darle información cuando estaba gravemente herida, ya que el Perito Doctor Luis Torres, expreso que por las 22 heridas que se encontraron en cuerpo la señora estaba en shock, y que no se puede determinar la capacidad de comunicarse o hablar, al momento de la muerte, por ello se hace la pregunta la defensa como pudo dar toda la información que establece que recibió el testigo protegido. Este testimonio no pudo ser corroborado por otro medio de prueba por lo que no es confiable el mismo y se desconoce el interés que tuviese ya que al parecer era la única persona cerca de la ofendida el día de su muerte; por ello se considera que dicho testimonio podría ser "sospechoso". Se valoró la declaración testifical que se tomó bajo la modalidad de testigo protegido, al cual le dieron clave JPTP-FJAV-06-2017, sin embargo, esta protección establecida en el Código Procesal Penal en su artículo 237, no debe transgredir los derechos de los imputados a poder defenderse de manera efectiva dentro de un argumento más amplio referido al "acceso a una defensa efectiva", siendo que el principio del contradictorio implica el derecho del inculpado a examinar a los testigos que declaran en su contra y a su favor en igualdad de condiciones, para que se pueda establecer la veracidad de los hechos acusados, ya que si bien es cierto se ha establecido dicha protección de testigos, es necesario que para que se pueda aplicar la excepcionalidad del uso de la figura de la reserva de identidad de testigos, debe acreditarse la existencia de un peligro real el cual no fue probado en el curso del proceso. Concluyo diciendo, que en la presente causa "no hubo prueba en el expediente" con justificación alguna para el uso de testigo Protegido o de Identidad reservada debidamente justificada y contrabalanceada adecuadamente para proteger el derecho a la defensa. Si bien es cierto se presentó un Dictamen de extracción de números telefónicos No. DETECIEX 0501-2017-00318, a criterio de la defensa este solo acredita que hubo vinculación la cual no negó el imputado al momento de declarar ya que ella vendía anillos y le iba a comprar uno. Sumado a esto el Tribunal de Sentencia les restó valor a las declaraciones testificales de los señores Karla Jessenia Amador y Carlos Javier Rodriguez, que se presentaron y acreditaron que su representado estaba trabajando el día que sucedieron los hechos. De la Debida Técnica RecursivaEl Código Procesal Penal prevé que, en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal, se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no, para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que el Recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El Recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación, es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; el Recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: a. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de casación, el recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó, en los casos de Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A quo; la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncian vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciará el vicio; el Motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. b. Explicación del Vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: La claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. c. Demostración del Vicio: El recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera el recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que, los defectos de la forma que adolezca un recurso de casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permite, a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente: Derecho de Acceso a la Justicia Derecho a una resolución fundada en derecho; Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; Derecho a la Tutela Cautelar; y Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de rango constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 304 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que, aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado. El único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cuál es el sentido del reclamo que realiza el recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.). De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. La Sala de lo Penal reitera que la no conformidad del recurrente con lo resuelto por el sentenciador no es motivo de casación, sino la violación a las reglas de la sana crítica, que analiza el iter de pensamiento del juez mediante el cual ha llegado a una conclusión de condena. Cuando se interpone el recurso de casación por quebrantamiento de forma cuyo motivo es la infracción a las reglas de la sana crítica (como es el caso que nos ocupa), el censor delimita su análisis a la fundamentación probatoria y la trascendencia que pueda tener ésta en la fundamentación fáctica y el posterior fallo; deberá identificar qué regla de la sana crítica es la infringida (ver sentencias de la Sala de lo Penal de fecha 17 de enero de 2013, recaída en el expediente SP 131-2011; y de fecha 27 de junio de 2013, recaída en el expediente SP 132-2011); posteriormente, deberá identificar el silogismo judicial que considera transgrede la regla previamente identificada, segregar su premisa mayor, su premisa menor y su posterior conclusión, para después explicar y comprobar porqué la conclusión inferida de aquellas premisas, es malograda y no tiene la cualidad de ser respetuosa de nuestro sistema de valoración probatorio, siendo este precisamente el proceso de identificación, explicación y comprobación del vicio que exige una buena técnica recursiva. (Ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 2 de abril de 2019, recaída en el expediente SP 174-2015). Este proceso de identificación del vicio y su posterior explicación y comprobación no ha sido realizado en manera alguna por la recurrente, pues se limita a exponer en su recurso alegatos propios de instancia tales como que la prueba propuesta y evacuada por el Ministerio Público, no es suficiente para acreditar el delito por el cual han sido condenado el acusado, y a cuestionar el Testigo con reserva de identidad, así como a elaborar argumentos en abstractos de que la prueba no fue valorada de conformidad con la sana crítica racional. La Sala de lo Penal, identifica entonces que la censora del fallo nada nos dice de la disconformidad entre la valoración intelectiva de la prueba con el contenido de las reglas citada como infringida, y no debe ni puede esta Sala de lo Penal, hacer las veces del impugnante e identificar oficiosamente aquellos postulados intelectivos que no sean congruentes con las reglas de la sana crítica, pues el artículo 350 del CPP es claro en apuntar que la sentencia que resuelva un recurso solo podrá recaer sobre las cuestiones que hayan sido de impugnación. Decisión Se declara No Ha Lugar el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo interpuesto por la Defensa Pública. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa Pública del acusado José Rosa Castellanos Calix, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se impuso al señor José Rosa Castellanos Calix, a las siguientes penas: Veintidós (22) años de reclusión como autor material directo del delito de asesinato, en perjuicio de Arnulfo Mejía Martínez. Inhabilitación absoluta. Interdicción Civil. Responsabilidad civil Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de asesinato (Art.193) tiene un tipo penal básico con una pena principal de 20 a 25 años de prisión, un tipo agravado con una pena de 25 a 30 años de prisión, cuando concurre la circunstancia de precio, recompensa o promesa remuneratoria, aspecto que no se contempla en la presente causa; No se contemplan circunstancia agravantes ni atenuantes. Como penas accesorias; Inhabilitación absoluta de cargo o empleo público, así como su incapacidad para obtener estos u otros cargos u oficios y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena de prisión, Como penas accesorias; La suspensión de la ciudadanía según el artículo 42 del NCP: La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, permiten determinar que la pena individualizada impuesta al acusado José Rosa Castellanos Calix, en la sentencia recurrida de 22 años de reclusión, se encuentra dentro del margen abstracto de la pena contemplada en el NCP decreto 130-2017; Por lo que no es procedente la aplicación retroactiva. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; ; 614, 615, 616, 624 del Código Penal decreto 130-217; 116 del Código Penal decreto 144-83. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Abogada Victoria Elizabeth Funes, en su condición de Defensora Pública del señor José Rosa Castellanos Calix, a quien se le condenó por un delito de Asesinato, en perjuicio de Mirian Elizabeth Bautista. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal, Decreto130-2017. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha diecisiete de enero de dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó Magistrado Miranda Sabio. Notifíquese. Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. Mario Rolando Díaz Flores. Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas.-. Receptora Adscrita Sala de lo Penal.”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada a los veinticuatro días del mes de julio de dos mil veinticuatro, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP 358-2021.
RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS
RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL