Sentencia CP-344-21 — Registro 18088
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por los delitos de Porte Ilegal de Arma de Fuego Comercial, Porte Ilegal de Arma de Fuego Prohibida, Tenencia Ilegal de Municiones de Arma Prohibida, Tenencia Ilegal de Municiones de Arma Comercial y Uso Indebido de Uniforme Insignia Policial o Militar, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la Procedencia del Recurso. El Motivo es de Recibo. En virtud del motivo invocado por el recurrente, esta Sala de Casación procedió a analizar de forma detallada y cuidadosa los juicios de valor que ha externado el Sentenciador para valorar la prueba allegado al debate y en efecto encuentra que en sus razonamientos contradicen las reglas de la sana crítica, específicamente la lógica en sus postulados de derivación, veracidad y razón suficiente; El yerro judicial ocurre en los apartados tercero, cuarto, sexto y séptimo “Valoración de la Prueba” numeral tercero, en el cual el Juez A-quo razona las declaraciones de los testigos José Armando Carvajal Viera y Otoniel Alexander Gonzales Ramírez, agentes de la Dirección Policial de investigaciones; de quienes expresó: “son coincidentes al afirmar que se practicó la detención de Wilfredis el 19 de septiembre del 2020 a eso de las cinco con veinte minutos de la tarde, en la aldea de Planes de Arena Blanca, lugar al que llegaron para investigar una denuncia informando de la presencia de vehículos y hombres fuertemente armados en dicho sector. También son coincidentes al afirmar que Wilfredis Díaz se encontraba en el lugar armado con un fusil AK y una pistola Girzan, calibre 9mm, así mismo dijeron que Wilfredis estaba junto al pick up Toyota dentro del cual había un fusil calibre 22 Magnum y un chaleco antibalas. También, relataron como el acusado, al percatarse de la presencia policial, emprendió la huida que fue frustrada por ellos quienes le practicaron un registro personal y le comunicaron su detención. Los testigos revelan que en el operativo policial lo dirigió David Castañeda, cuyo rango no lo indican y que también participaron agentes preventivos de fuerzas especiales de la Policía nacional. Estas declaraciones tienen utilidad probatoria para establecer el hecho probado número uno de esta sentencia y parte del segundo.” Luego en el numeral sexto y séptimo del mismo acápite, retoma la valoración que realiza de los testigos y dice “Valorando las declaraciones de los testigos de cargo considera este Tribunal que en principio parecen coherentes, cuando narraron que montaron el operativo para investigar denuncia de una persona cuya identidad no revelaron y la cual no fue traída a juicio oral como testigo, quien supuestamente les notifico de la presencia de personas armadas y vehículos en las inmediaciones de la aldea Planes de Arena Blanca. Efectivamente en el lugar indicado encontró un vehículo Toyota dentro del cual había un fusil y un chaleco antibalas. “la vinculación del acusado a los hechos se produce fundamentalmente en las declaraciones de los policías José Armando y Otoniel Alexander Gonzales quienes dan cuenta de la denuncia de una fuente humanan indicando la presencia del primero fuertemente armado en una plantación de palma africana en la Aldea Planes de Arena Blanca. Loa agentes declararon que fue detenido y registrado por José armando quien manifestó haberle encontrado en posesión de un fusil AK, La pistola Girzan, dos celulares y una cartera o bolsa en la que portaba municiones de las armas decomisadas así como unos binoculares lo cual fue manifestado en los mismos términos por el policía Otoniel refiriéndose ambos a que la detención se produjo cuando el acusado quien estaba en calzoneta se daba a la fuga ante la sorpresiva llegada de los funcionarios policiales. De lo relatados por los agentes antes mencionados surgen algunos elementos de duda que afectan la credibilidad de dichas declaraciones que no parecen lógicas. En primero lugar cundiéramos que si el acusado realizaba labores de vigilancia del pick up donde se almacenaban un arma de fuego y un chaleco antibala y estaba en un lugar apartado de la carretera resulta difícil pensar no se hubiera percatado oportunamente de la presencia policial al escuchar el ruido de los motores de las tres patrullas que llegaban hasta el lugar y que permaneciera visible sin hacer apenas el intento de ocultarse y como a la espera de ser descubierto portando las armas en cuya posesión dijeron los agentes haberlo visto. A la vista de una persona promedio este hecho resulta inaceptable puesto que resulta más coherente que una persona que porta armas busque ocultarse para no ser descubierto en vez de esperar pacíficamente ser capturado. Esta Sala de lo Penal encuentra que el Tribunal Sentenciador que con dichos razonamientos violenta el principio lógico de derivación, además de que dicho razonamiento no cuenta con prueba que justifique ese juicio de valor, pues el Juez A-quo ha derivado juicios de valor que no corresponden al resultado probatorio; por ejemplo; al afirmar que el acusado el día de los hechos, realizaba labores de vigilancia del vehículo pick up donde se encontraron algunas de la armas decomisadas, pues ninguno de los testigos José Armando Carbajal viera y Otoniel Alexander Gonzales Ramirez, han referido que el acusado, el día de los hechos cuando fue capturado, realizaba la función de vigilar el vehículo pick up, donde se encontraron algunas de las armas decomisadas. Así mismo el Tribunal Sentenciador, al afirmar que el acusado “ al momento de su detención estaba en un lugar apartado de la carretera, resulta difícil pensar no se hubiera percatado oportunamente de la presencia policial al escuchar el ruido de los motores de las tres patrullas que llegaban hasta el lugar y que permaneciera visible sin hacer apenas el intento de ocultarse y como a la espera de ser descubierto portando las armas en cuya posesión dijeron los agentes haberlo visto”, nuevamente el Juzgador violenta el principio lógico de derivación, pues el Juez A-quo ha emitido un razonamiento que no cuenta con prueba que justifique ese juicio de valor, contrario a lo que los testigos manifestaron “ José Armando Carvajal Viera y Otoniel Alexander Gonzales Ramírez, quienes manifestaron “que al momento de llegar al lugar de los hechos, el acusado salió corriendo o sea huyendo de la presencia policial, mientras llevaba consigo dos armas de fuego, por lo que le dieron persecución hasta lograra capturarlo”; Observándose por tanto un error lógico de derivación, en la afirmación que hace el sentenciador, pues la conclusión no encuentra correspondencia con los medios de prueba testificales, al no apreciare en dichos testimonios los las afirmaciones hechas por el Tribunal Sentenciador. Es evidente entonces la infracción a la regla lógica de derivación por la falta de concordancia entre las premisas probatorias y las conclusiones valorativas. Sobre este mismo testimonio, existe otra infracción a la regla lógica de derivación, pues concluye -a partir del relato del testigo Otoniel Alexander que “ En segundo lugar, mismo testigo de cargo Otoniel Alexander dijo que Wilfredis vestía una calzoneta, y no con poca razón enfatiza la defensa en la dificultad real de una persona de huir con una pistola en la cintura y dos teléfonos celulares en la bolsa sin que la pistola se cayera, de las máximas de la experiencia común las calzonetas son prendas de vestir elásticos y que comúnmente no se usan con cinturón por lo que llevar una pistola en la cintura con ese tipo de prenda más el peso de dos celulares en la bolsa ciertamente no resulta creíble que no se haya caído.” Conclusión carente de fundamento, el juzgador deduce que la calzoneta que usaba el acusado era elástica, de la cual no es posible usarla con cinturón, por lo que al intentar huir el acusado se le hubiese caído el arma que portaba en la cintura y los dos celulares encontrados, debido al peso que los objetos ejercían sobre la prenda de vestir ; conclusión que tampoco encuentra correspondencia con el testimonio del testigo, al no apreciare en dicho testimonios las afirmaciones hechas el Tribunal Sentenciador, si bien el testigo Otoniel Alexander dijo que el acusado el día de los hechos vestía una calzoneta, no detalla las características específicas de dicha prenda de vestir, como ser, si tenía elástico, si se puede utilizar cinturón, no especifico que tipo de calzoneta era, limitándose a decir que usaba una calzoneta; El Tribunal sentenciador presupone un juicio lógico que contraría el principio de razón suficiente y las máximas de la experiencia el emitir tal razonamiento; con lo cual estaría enunciando que todas las calzonetas son prendas de vestir elásticas y que no se usa con cinturón, por lo que al portar un arma de fuego en la cintura provocaría que esta se cayera al intentar huir el acusado. Lo que no es lógicamente exacto. Sobre estos mismos testimonios, se identifica otra infracción a la regla lógica de derivación al afirmar el Tribunal Sentenciador; “los policías no pudieron acreditar si existió la denuncia ni el denunciante que ocasiono el despliegue policial para afianzar la credibilidad de los agentes en relación a la identificación positiva del acusado en el lugar de los hechos. Esta persona no fue identificada ni nominada como testigo en los hechos en el juicio oral ni tampoco, se habló del registro de la denuncia, tomando en cuenta que toda comunicación va dirigida la autoridad debe tener una entrada en el libro de registros de denuncias. Esta conclusión es contraria a lo establecido los artículos 272 y 273 del Código Procesal Penal, el primero establece “En la investigación de la verdad, la Policía Nacional, El Ministerio Público u otra autoridad competente, practicara todas las diligencias pertinentes y útiles, para determinar la existencia del hecho punible y tomara en cuenta las circunstancias que, de acuerdo con la ley penal, sean importantes para establecer el grado de responsabilidad de los agentes.” El segundo establece que “… la Policía Nacional u otra autoridad competente al tener conocimiento de un hecho que pueda ser constitutivo de delito, cualquiera que sea el medio por el cual haya llegado a su conocimiento, cuando la noticia parezca verosímil, teniendo en cuenta su contenido y los datos proporcionados para su comprobación, adoptará las medidas necesarias para impedir que produzca consecuencias ulteriores e iniciará las investigaciones del caso”. La presencia de los testigos ( los policías) en el lugar de los hechos, obedeció a una denuncia verbal interpuesta por un ciudadano, denunciando una situación constitutiva de delito, que ocurría en el momento, es así, que tratándose de un caso de Flagrancia, donde los testigos fueron alertados por fuente humanas de personas armadas en un vehículo, indicándoles la dirección del lugar donde acontecían los hechos, motivo por el cual los agentes de la policía, se hicieron presentes al lugar de los hechos, donde efectivamente encontraron al acusado en posesión de armas de fuego, un vehículo tipo pick up tal con armas de fuego prohibidas, tal como indicó la fuente humana, dándole captura al acusado, lo que evidencia que no es imprescindible una denuncia por escrito y registrada en un control de denuncias, para afianzar la credibilidad de los como afirma el Tribunal Sentenciador. Se identifica otra infracción a la regla lógica de derivación, en el numeral séptimo del acápite de valoración de prueba, pues el Tribunal de Sentenciador le resta credibilidad al técnico de inspecciones Oculares Agustín Almendrares Estrada al afirmar que; El testigo relata que en el lugar se encontraba detenido el acusado, sin embargo este no aparece en ninguna de las 49 fotografías, ni tampoco el fusil Ak 47, ni la pistola Girzan. Por lo tanto estando el acusado en el lugar del suceso y formando partes del escenario del mismo junto a los objetos cuya portación se le atribuye cabe preguntarse ¿porque motivo el agente Almendrares Estrada no lo incluyo en el informe o en el acta de inspección en el lugar de los hechos…? Esta conclusión es contraria a lo establecido al artículo 283 del Código Procesal Penal que establece “…… practicaran, además, las investigaciones iniciales para reunir o asegurar los elementos de prueba y evitar la fuga u ocultación de los sospechosos. El personal a que se refiere el artículo anterior, dejara constancia en acta de las diligencias practicadas, con expresión del día y la hora en que tuvieron lugar, de cualquier circunstancia que pueda ser útil para la investigación y de las instrucciones recibidas por los fiscales” Es decir, no es imprescindible la consignación de la presencia del acusado, como afirma el Tribunal Sentenciador, puesto que el acusado no constituye un elemento de prueba por sí mismos, ni evidencia alguna. Por todo lo anterior, la Sala de lo Penal, la sala concluye que la fundamentación probatoria de la sentencia, ha sido realizada en abierta discordancia al sistema de valoración probatorio que rige nuestro sistema procesal, que es el de la sana crítica racional. Por todas estas razones es procedente estimar ha lugar el presente recurso de casación, anular la sentencia recurrida y el debate celebrado y ordenar la realización de un nuevo juicio con jueces distintos a los que participaron..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362,N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-344-2021, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veinticuatro del mes de julio de dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Nelson Danilo Mairena Franco, en su calidad de Coordinador, Mario Rolando Díaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio, pronuncia, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-344-2021 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tela, Departamento de Atlántida, mediante la cual falló: Primero: Absolvió al señor Wilfredis Díaz Flores, por los delitos de Porte Ilegal de Arma de Fuego Comercial, Porte Ilegal de Arma de Fuego Prohibida, Tenencia Ilegal de Municiones de Arma Prohibida, Tenencia Ilegal de Municiones de Arma Comercial y Uso Indebido de Uniforme Insignia Policial o Militar, en perjuicio de la Fe Pública. Segundo; No Procedió la condena en costas al Ministerio Público. Son partes en única instancia: La Abogada Keylie Melissa Vázquez Moreno, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente; y el Abogado Daniel Flores Velásquez en su condición de Defensor Privado del señor Wilfredis Díaz Flores, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “Primero: Que el 19 de septiembre de 2020, en la Aldea Planes de Arena Blanca, se puso en marcha un dispositivo policial dirigido por el Agente David Castaneda de la Dirección Policial de Investigaciones de Tela y apoyado por elementos de la preventiva y de la fuerza especiales con el propósito de realizar investigaciones sobre la presencia de vehículos y hombres füertemente armados en dicho sector. Segundo: El contingente policial salió de Tela a las 4:30 avanzando por la carretera pavimentada hasta al llegar al desvío que conduce a dicha comunidad para luego seguir por una calle de tierra rodeada de plantaciones de palma llegando a eso de las 5:20 pm hasta un punto desde el que divisaron una pequeña champa techada con hojas de palma en la que estaba estacionado el vehículo pick up, marca Toyota, color negro, con placas PCG-4191 debajo del cual se encontraban dos palas y en su interior se encontraron los siguientes objetos: 1) en la parte delantera sobre el asiento derecho una mochila color amarillo con blanco marca Quest; 2) Sobre el asiento trasero del lado derecho un par de placas número PDH 2936, 3) una mochila de color negro conteniendo en su interior un chaleco antibalas Talla SM, color negro, marca ISRA(30R, con la leyenda “POLICIA” en la parte frontal, y con viñeta del apellido Medina; 4) En la parte trasera un rifle calibre 22 magnum, sin marca ni serie, con mira telescópica, con su cargador en el que había un casquillo percutido y otro sin percutir. Tercero: Debajo de la champa se encontró una sudadera negra marca “sports” y en las cercanías se encontró basura amontonada como vasos y platos plásticos, tres porta chips vacíos de la empresa de telefonía “Claro” y sobre los que están escritos los números de teléfono 3168-7266, 3168-7495 y 31687321, también se encontró una camiseta marca Cherokee y un pantalón negro marca Levi’s Strauss. Cuarto: Ese mismo día fue detenido en horas de la tarde Wilfredis Diaz Flores por agentes de la policía nacional y puesto a la orden de las autoridades correspondientes conjuntamente con un fusil automático tipo AKM, calibre 7.62 x39 mm, serie No.162229 conteniendo 27 cartuchos en el cargador; una Pistola marca Girzan, calibre 9 mm, Modelo Yavus, Serie T6368-08 AC)4472 con 21 proyectiles en el cargador; 2 teléfonos celulares uno marca LG y el otro marca BLU; unos binoculares marca Nikon; una cartera de tela marca Bass conteniendo en su interior un cargador metálico con 24 cartuchos, otro cargador metálico conteniendo 26 cartuchos y una bolsita plástica con 21 cartuchos metálicos de color gris. Quinto: Las armas antes descritas presentan buen estado de funcionamiento tanto mecánico como operativo. Sexto: Wilfredis Diaz Flores no tiene armas de füego registradas a su favor ni permiso para portarlas y tampoco ha sido miembro de la policía nacional.” RECURSO DE CASACIÓN: El recurrente Abogado Gerlin J. Padilla, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: “No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Como sabemos, el sistema de valoración de prueba que rige a nuestro Código Procesal Penal, permite al Juzgador una cierta autonomía en la estimación de pruebas que lo llevan a un convencimiento, pero siempre su argumentación debe estar integrada por conclusiones obtenidas a partir de la probanza, así como de los principios de la Lógica, la Psicología y el Sentido Común. Voluntad del Legislador determinada en los artículos 202 y numeral 2 de la regla cuarta del artículo 338 de la normativa penal adjetiva. De los razonamientos que el Juzgador plasmó para arribar al fallo que hoy se impugna por esta vía recursiva, se advierte que efectuó un ejercicio intelectivo inobservando las reglas de la Sana Crítica y que en consecuencia dicho proceso de valoración le llevó a un convencimiento erróneo, al realizar un análisis sesgado de la probanza que se incorporó al juicio, concluyendo, equívocamente, que existe insuficiencia probatoria para demostrar la responsabilidad del encartado Wilfredis Díaz Flores como autor de cada uno de los delitos imputados, resultando en una clara infracción a las Reglas de la Sana Crítica, específicamente a las Reglas de la Lógica en su postulado de Coherencia y de Derivación en el principio de Razón Suficiente, pues, siendo libre el A-quo en la apreciación de las pruebas que le generen su convicción, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, sujetarse a las reglas que gobiernan el correcto pensamiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuáles falsos. Al respecto, la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en reiteradas ocasiones ha explicado los componentes de una valoración acorde a las Reglas de la Sana Crítica, para el caso citamos: “. . .La motivación lógica deberá responder a las caracterìsticas de: A) COHERENCIA es decir que la motivación estará constituida por un conjunto de razonamientos armònicos entre si, para ello deberá ser: a) Congruente: Las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar relaciòn y concordancia entre ellas. b) No Contradictoria: Que no se empleen en la motivaciòn juicios constantes que se anulen entre sì. c) Inequivoca: Los elementos de razocinio no deben dejar duda sobre su alcance y significado y sobre las conclusiones que determinan. B) DERIVACIÓN: El razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesiòn de conclusiones que por ella se vayan formando” Evidenciándose así la clara infracción a ambos postulados por parte del juzgador, pues toda la prueba de cargo fue armónica y veraz, y así lo valoró parcialmente el Juzgador cuando, la dinámica delictiva plasmada en la declaración de hechos probados de la sentencia, es extraída de la prueba de cargo, no obstante, a esa misma prueba la dejó desprovista de valor al considerar que no era suficiente para demostrar la responsabilidad del acusado como autor delos delitos de Porte Ilegal de Armas de Fuego Comerciales y Prohibidas, y Tenencia Ilegal de Municiones para Armas de Fuego Comerciales y Prohibidas. Los elementos probatorios de cargo demuestran sin lugar a dudasla responsabibdad del acusado Wilfredis Díaz Flores en todos y cada uno de los delitos referidos; siendo la prueba testifical, armónica y coherente entre sí, encontró total correspondencia con los medios periciales y documentales, pudiendo entrelazar que, los dichos de los agentes de investigación: José Armando Carbajal y Otoniel Alexander Gonzales referente a que atendiendo una denuncia ciudadana se hicieron presente a una finca de palma africana ubicada en la aldea Planes de Arena Blanca, donde encontraron al acusado Wilfredis Díaz fuertemente armando, decomisándole un arma de fuego tipo fusil, marca AKM, un arma de fuego tipo pistola marca Girsan, una cartera conteniendo dos cargadores y con proyectiles calibre 7.62x39mm, y unos lentes binoculares, el acusado se encontraba junto al vehículo Marca Toyota, tipo pick up color gris, en cuyo interior se encontraron varios objetos, entre ellos una mochila conteniendo en su interior un chaleco color negro con la leyenda “POLICIA ”, también se recolectó un arma de fuego tipo rifle con su respectivo cargador; hallazgos que fueron corroborados con las Actas de Registro Personal y Decomiso realizadas al acusado, como también confirmados con los datos consignados en el Acta de Inspección Ocular con su álbum fotográñco, y la deposición del técnico Agustín Augusto Almendarez realizada al interior del vehículo antes descrito. Asimismo, la prueba científica Dictamen de Laboratorio de Balística Forense 2020-0501-0502-4278, fue concluyente al establecer que, a) las tres armas decomisadas al acusado presentan buen estado de funcionamiento tanto mecánico como operativo, siendo una de ellas un fusil de fabricación Ruso modelo AKM, calibre 7.62x39mm, otra es un rifle modelo 25MN marca MARLIN calibre .22MAGNUM, y la tercera es una pistola marca GIRSAN calibre 9MM, también la pericia estableció que, b) 70 de los cartuchos decomisados son para ser utilizados en armas de fuego tipo fusil calibre 7.62x39mm, mientras que los otros 24 cartuchos son para ser utilizados en armas de fuego tipo revolver, pistola y rifle, calibre .22MAGNUM; por lo que, al relacionar el resultado de esta pericia con laConstancia del Registro Nacional de Armas de Fuego, la cualestablece que: 1) el arma de fuego marca GIRSAN y el rifle modelo 25MN marca MARLIN, son armas de fuego comeniables en el país, como también lo es la munición .22MAGNUM, mientras que, el fusil de fabricación Ruso modelo AKM, es un arma de fuego de uso prohibido y no es comerciable en el país, de igual manera lo es la munición 7.62x39MM; asimismo dicha prueba estableció que, b) el acusado Wilfredis Díaz Flores no tiene armas de fuego registradas en el sistema; por lo cual, el análisis conjunto y armónico de toda la prueba de cargo confu:ma su concordancia, revistiéndola de credibilidad y virtualidad, siendo la probanza tendiente a vincular directamente al acusado Wilfredis Díaz Flores con los siguientes delitos: 1) Porte ilegal de arma de fuego comercial, 2) Porte ilegal de arma de fuego prohibida, 3) Tenencia ilegal de municiones de arma prohibida, y, 4) Tenencia ilegal de municiones de arma de fuego comercial (artículo 580 del Código Penal); conclusión misma a la que hubiese llegado el Tribunal, de haber realizado una valoración de la prueba conforme a las reglas de la Sana Crítica. En el proceso intelectivo de valoración de la prueba de cargo, faltando al mandato establecido en el numeral 2 de la regla cuarta del artículo 338 de la normativa penal adjetiva, el juzgador en lugar de hacer un razonamiento bajo las reglas de la Sana Crítica, se limitó a hacer cuestionamientos subjetivos sobre los testimonios de los agentes José Armando Carbajal y Otoniel Alexander Gonzales, como también a enumerar las diligencias investigativas que a su criterio debieron evacuarse, señalando lo siguiente: a) No parece lógico, a criterio del juzgador, que si el acusado realizaba labores de vigilancia del pick up, donde se almacenaban objetos prohibidos, resulta dificil creer que no se hubiera percatado de la presencia policial que se acercaba al lugar, como también considera inaceptable que, el acusado no hiciera el intento de ocultarse y quedarse como a la espera de ser descubierto portando armas. Respecto a este argumento, debemos señalar que se trata de una clara violación al principio de derivación, pues, ninguno de los medios de prueba fue conducente a establecer que el acusado el día de los hechos tenía la función de vigilar o cuidar los artefactos que se encontraban en el interior del vehículo, en ningún momento la tesis acusatoria se orientó a dicho cuadro fáctico; asimismo, ignora el juzgador que, los testigos refirieron que el lugar donde se encontraba el acusado es una finca de plantación de palma africana, que desde la calle principal no se observaba nada sino que tuvieron que adentrarse a la plantación para encontrarlo, como también que, el acusado al percatarse de la presencia policial, sí reaccionó tratando de huir, pero lograron su detención» por lo que, ambos cuestionamientos son una clara violación a la regla lógica de la derivación indicada. b) Refiere el Tribunal, que si el acusado vestìa una calzoneta, que según las máximas de la experiencia del juzgador las calzonetas son de elástico y no se usan con cinturón, no resulta creìble que, al tratar de huir el acusado, no se le cayera la pistola que portaba en la cintura. Nuevamente nos encontramos ante una conclusión desacertada y carente de fundamento, el juzgador deduce caracterísdcas de una prenda de vestir sin ningún tipo de respaldo probatorio, pues no todas las calzonetas son de elástico ni se isan sin cinturón, ignorando nuevamente que los testigos describieron que el acusado, pese que a que intentó huir aproximadamente 15 metros, al momento de ser requerido portaba un arma de fuego en su cintura, dichos que sí tienen respaldo probatorio como ser el Acta de Registro y la misma evidencia física. c)Cuestiona también el juzgador que no se pudiera acreditar si existió denuncia previa a la diligencia policial, ni se consignara los datos del denunciante. Omite el juzgador que los testigos de cargo fueron contundentes al establecer que llegaron al lugar atendiendo una denuncia que había recibido su jefe, proporcionando el denunciante los datos específicos de la ubicación donde se encontraría el vehículo y al acusado, como también omite el Tribunal las facultades que tiene el ente policial de actuar ante un delito flagrante y de orden público, como sucedió en el presente caso, por lo cual, tampoco este cuestionamiento tiene fundamento. d) De igual manera, establece el Tribunal que los testimonios de cargo se vieron mermados en credibilidad al no haber consignado el Técnico de Inspecciones Oculares en su Acta, la presencia del acusado en la escena y las armas a él decomisadas. No puede el juzgador desmeritar dos relatos lógicos y coherentes, por una simple apreciación, pues a su criterio, se requería que el técnico también incluyera en la escena al acusado, procedimiento que no es correcto, la inspección tiene como función fijar en acta y fotografía cómo se encuentra el lugar de los hechos, y ésto fue lo que hizo el técnico, el acusado no es una escena, no obstante, el técnico en su declaración sí fue específico al mencionar que en el lugar de la inspección también se encontraba el acusado y las armas y municiones a él decomisadas. En relación a la valoración de la prueba testifical, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha referido: “. . .para restar credibilidad a la versión ,de un testigo, el sentenciador debe antes asegurarse que en juicio de ha puesto de manifiesto, prueba suficiente para tener por acreditada una causa de animosidad en el testigo presencial, capaz de producir en ellos el deseo de distorcionar los hechos y faltar a la verdad”. extremos que no se acreditaron en el caso sub-judice, por lo cual el A quo en la valoración de la prueba ha infringido la regla de la sana crítica de la lógica, concretamente del Postulado de Derivación, y dentro de él, el de Razón Suficiente, en su característica de Suficiencia. Cabe referir que la Honorable Sala de lo Penal en relación a la credibilidad de los testimonios y su valoración por el sentenciador, ha establecido lo siguiente: “Esta Sala de lo Penal, reconoce que la credibilidad se erige en problema fundamental y complejísimo en materia testifical, donde ha de determinarse por el fuez tanto la credibilidad general del testigo (o sea, si merece crédito en principio por sus condiciones morales e intelectuales) como la especial en el asunto de que se trate (o sea, si lo conoce y es sincero). En cuanto a la credibilidad general ha de precisarse en primer término, si existe o no algunas de las causas generales que la supriman: la mitomanía o tendencia a mentir, la ausencia de lucidez mental, la falta de serenidad para declarar. En cuanto a la credbibdad especial, el juez ha de basarse en las reglas generales de la sana crítica, en los antecedentes del testigo y sobre todo, en la correlación de los testimonios con las demás pruebas” Tal y como lo hemos venido señalando, con la prueba antes descrita, se genera una pluralidad de elementos que fortalecen el argumento acusatorio y más aún cuando los testigos de cargo no tienen razones para inferir circunstancias que no existieron; quedando descubierta la relación dhecta y clara enue los delitos cometidos y la participación del acusado Wilfredis Díaz Flores como autor delos mismos, conclusión a la que se arriba si se valora la prueba de manera conjunta y armónica siendo evidente que el juzgador con el fallo ahora censurado incumplió lo expresado por la Honorable Sala de lo Penal, quien ha establecido lo siguiente: “En este sentido, la veriñcación de la existencia de prueba de cargo suñciente, requiere una triple comprobación. En primer lugar, que el tribunal de instancia haya apoyado su relato fáctico, en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. En segundo lugar, que las pruebas sean válidas, es decir, que hayan sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica, y en tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparte de las reglas de la lógica, de las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos y que no es, por tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea” Cuando se examina la prueba de cargo producida en el debate, resulta evidente que la decisión de absolver a la que ha arribado el juzgador, obedece a una errónea apreciación de la misma, en desapego a las reglas de la sana crítica, específicamente a la regla lógica de la derivación integrado por el Principio de Razón Suñciente, en sus características de suñciencia, pues a pesar de la consistencia de las declaraciones de los testigos, y su concordancia con la prueba pericial y documental, el Tribunal no ha considerado su valoración de forma conjunta, lo que lo condujo a realizar inferencias y conclusiones no razonables, que no se desprenden del acervo probatorio, legalmente evacuado durante el juicio; faltando así al postulado en referencia, y resultando en una Sentencia Absolutotia, a pesar de haber sido contundente esta probanza para acreditar la responsabilidad del acusado Wilñedis Díaz Flores en los siguientes delitos: 1) Porte ilegal de arma de fuego comercial, 2) Porte ilegal de arma de fuego prohibida, 3) Tenencia ilegal de municiones de arma prohibida, y, 4) Tenencia ilegal de municiones de arma de fuego comercial. En conclusión, frente a un análisis acertadode estas probanzas realizado de manera conjunta y armónica, las censuras esgrimidas por el Tribunal, no resultan dirimentes, para contrarrestar la autoría de Wilfredis Díaz Flores, en los hechos que se les atribuyen. Es por ello, que el Ministerio Público reitera, que el Tribunal a-quo ha inobservado la regla lógica, en su modalidad de la derivación, integrado por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia; sin rescatar o considerar la esencia de esta prueba, intenelacionándola para encontrar su concordancia y vinculación lógica, que le permitieran una reconstrucción cierta del hecho sometido a su decisión, pronunciando equívocamente un fallo de absolución. En virtud de lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo expuesto, anulando él fallo recurrido y ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas fijadas en la ley. Único motivo. Normas autorizantes citadas: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas: artículo 202 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: Violación a las Reglas de la Sana Crítica en la valoración de la prueba. Acciones de saneamiento: Imposibilidad de reclamo previo porque el vicio consta en la sentencia. Pretensión: darle el curso legal correspondiente al recurso. Después de citar los medios de prueba y lo más relevante de su contenido, el Ministerio Público delata infringida la regla de la sana crítica de derivación, en su postulado de razón suficiente en la valoración intelectiva de la prueba, por cuanto el juzgador en lugar de hacer un razonamiento bajo las reglas de la Sana Crítica, se limitó a hacer cuestionamientos subjetivos sobre los testimonios de los agentes José Armando Carbajal y Otoniel Alexander Gonzales, como también a enumerar las diligencias investigativas que a su criterio debieron evacuarse, señalando lo siguiente: No parece lógico, a criterio del juzgador, que si el acusado realizaba labores de vigilancia del pick up, donde se almacenaban objetos prohibidos, resulta difícil creer que no se hubiera percatado de la presencia policial que se acercaba al lugar, como también considera inaceptable que, el acusado no hiciera el intento de ocultarse y quedarse como a la espera de ser descubierto portando armas. Respecto a este argumento, debemos señalar que se trata de una clara violación al principio de derivación, pues, ninguno de los medios de prueba fue conducente a establecer que el acusado el día de los hechos tenía la función de vigilar o cuidar los artefactos que se encontraban en el interior del vehículo, en ningún momento la tesis acusatoria se orientó a dicho cuadro fáctico; asimismo, ignora el juzgador que, los testigos refirieron que el lugar donde se encontraba el acusado es una finca de plantación de palma africana, que desde la calle principal no se observaba nada sino que tuvieron que adentrarse a la plantación para encontrarlo, como también que, el acusado al percatarse de la presencia policial, sí reaccionó tratando de huir, pero lograron su detención» por lo que, ambos cuestionamientos son una clara violación a la regla lógica de la derivación indicada. Refiere el Tribunal, que si el acusado vestía una calzoneta, que según las máximas de la experiencia del juzgador las calzonetas son de elástico y no se usan con cinturón, no resulta creíble que, al tratar de huir el acusado, no se le cayera la pistola que portaba en la cintura. Nuevamente nos encontramos ante una conclusión desacertada y carente de fundamento, el juzgador deduce caracterízalas de una prenda de vestir sin ningún tipo de respaldo probatorio, pues no todas las calzonetas son de elástico ni se usan sin cinturón, ignorando nuevamente que los testigos describieron que el acusado, pese que a que intentó huir aproximadamente 15 metros, al momento de ser requerido portaba un arma de fuego en su cintura, dichos que sí tienen respaldo probatorio como ser el Acta de Registro y la misma evidencia física. Cuestiona también el juzgador que no se pudiera acreditar si existió denuncia previa a la diligencia policial, ni se consignara los datos del denunciante. Omite el juzgador que los testigos de cargo fueron contundentes al establecer que llegaron al lugar atendiendo una denuncia que había recibido su jefe, proporcionando el denunciante los datos específicos de la ubicación donde se encontraría el vehículo y al acusado, como también omite el Tribunal las facultades que tiene el ente policial de actuar ante un delito flagrante y de orden público, como sucedió en el presente caso, por lo cual, tampoco este cuestionamiento tiene fundamento. De igual manera, establece el Tribunal que los testimonios de cargo se vieron mermados en credibilidad al no haber consignado el Técnico de Inspecciones Oculares en su Acta, la presencia del acusado en la escena y las armas a él decomisadas. No puede el juzgador desmeritar dos relatos lógicos y coherentes, por una simple apreciación, pues a su criterio, se requería que el técnico también incluyera en la escena al acusado, procedimiento que no es correcto, la inspección tiene como función fijar en acta y fotografía cómo se encuentra el lugar de los hechos, y esto fue lo que hizo el técnico, el acusado no es una escena, no obstante, el técnico en su declaración sí fue específico al mencionar que en el lugar de la inspección también se encontraba el acusado y las armas y municiones a él decomisadas. De Las Reglas de La Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: 1. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: I. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” II. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. III. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. 2. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: I. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso. El Motivo es de Recibo. En virtud del motivo invocado por el recurrente, esta Sala de Casación procedió a analizar de forma detallada y cuidadosa los juicios de valor que ha externado el Sentenciador para valorar la prueba allegado al debate y en efecto encuentra que en sus razonamientos contradicen las reglas de la sana crítica, específicamente la lógica en sus postulados de derivación, veracidad y razón suficiente; El yerro judicial ocurre en los apartados tercero, cuarto, sexto y séptimo “Valoración de la Prueba” numeral tercero, en el cual el Juez A-quo razona las declaraciones de los testigos José Armando Carvajal Viera y Otoniel Alexander Gonzales Ramírez, agentes de la Dirección Policial de investigaciones; de quienes expresó: “son coincidentes al afirmar que se practicó la detención de Wilfredis el 19 de septiembre del 2020 a eso de las cinco con veinte minutos de la tarde, en la aldea de Planes de Arena Blanca, lugar al que llegaron para investigar una denuncia informando de la presencia de vehículos y hombres fuertemente armados en dicho sector. También son coincidentes al afirmar que Wilfredis Díaz se encontraba en el lugar armado con un fusil AK y una pistola Girzan, calibre 9mm, así mismo dijeron que Wilfredis estaba junto al pick up Toyota dentro del cual había un fusil calibre 22 Magnum y un chaleco antibalas. También, relataron como el acusado, al percatarse de la presencia policial, emprendió la huida que fue frustrada por ellos quienes le practicaron un registro personal y le comunicaron su detención. Los testigos revelan que en el operativo policial lo dirigió David Castañeda, cuyo rango no lo indican y que también participaron agentes preventivos de fuerzas especiales de la Policía nacional. Estas declaraciones tienen utilidad probatoria para establecer el hecho probado número uno de esta sentencia y parte del segundo.” Luego en el numeral sexto y séptimo del mismo acápite, retoma la valoración que realiza de los testigos y dice “Valorando las declaraciones de los testigos de cargo considera este Tribunal que en principio parecen coherentes, cuando narraron que montaron el operativo para investigar denuncia de una persona cuya identidad no revelaron y la cual no fue traída a juicio oral como testigo, quien supuestamente les notifico de la presencia de personas armadas y vehículos en las inmediaciones de la aldea Planes de Arena Blanca. Efectivamente en el lugar indicado encontró un vehículo Toyota dentro del cual había un fusil y un chaleco antibalas. “la vinculación del acusado a los hechos se produce fundamentalmente en las declaraciones de los policías José Armando y Otoniel Alexander Gonzales quienes dan cuenta de la denuncia de una fuente humanan indicando la presencia del primero fuertemente armado en una plantación de palma africana en la Aldea Planes de Arena Blanca. Loa agentes declararon que fue detenido y registrado por José armando quien manifestó haberle encontrado en posesión de un fusil AK, La pistola Girzan, dos celulares y una cartera o bolsa en la que portaba municiones de las armas decomisadas así como unos binoculares lo cual fue manifestado en los mismos términos por el policía Otoniel refiriéndose ambos a que la detención se produjo cuando el acusado quien estaba en calzoneta se daba a la fuga ante la sorpresiva llegada de los funcionarios policiales. De lo relatados por los agentes antes mencionados surgen algunos elementos de duda que afectan la credibilidad de dichas declaraciones que no parecen lógicas. En primero lugar cundiéramos que si el acusado realizaba labores de vigilancia del pick up donde se almacenaban un arma de fuego y un chaleco antibala y estaba en un lugar apartado de la carretera resulta difícil pensar no se hubiera percatado oportunamente de la presencia policial al escuchar el ruido de los motores de las tres patrullas que llegaban hasta el lugar y que permaneciera visible sin hacer apenas el intento de ocultarse y como a la espera de ser descubierto portando las armas en cuya posesión dijeron los agentes haberlo visto. A la vista de una persona promedio este hecho resulta inaceptable puesto que resulta más coherente que una persona que porta armas busque ocultarse para no ser descubierto en vez de esperar pacíficamente ser capturado. Esta Sala de lo Penal encuentra que el Tribunal Sentenciador que con dichos razonamientos violenta el principio lógico de derivación, además de que dicho razonamiento no cuenta con prueba que justifique ese juicio de valor, pues el Juez A-quo ha derivado juicios de valor que no corresponden al resultado probatorio; por ejemplo; al afirmar que el acusado el día de los hechos, realizaba labores de vigilancia del vehículo pick up donde se encontraron algunas de la armas decomisadas, pues ninguno de los testigos José Armando Carbajal viera y Otoniel Alexander Gonzales Ramirez, han referido que el acusado, el día de los hechos cuando fue capturado, realizaba la función de vigilar el vehículo pick up, donde se encontraron algunas de las armas decomisadas. Así mismo el Tribunal Sentenciador, al afirmar que el acusado “ al momento de su detención estaba en un lugar apartado de la carretera, resulta difícil pensar no se hubiera percatado oportunamente de la presencia policial al escuchar el ruido de los motores de las tres patrullas que llegaban hasta el lugar y que permaneciera visible sin hacer apenas el intento de ocultarse y como a la espera de ser descubierto portando las armas en cuya posesión dijeron los agentes haberlo visto”, nuevamente el Juzgador violenta el principio lógico de derivación, pues el Juez A-quo ha emitido un razonamiento que no cuenta con prueba que justifique ese juicio de valor, contrario a lo que los testigos manifestaron “ José Armando Carvajal Viera y Otoniel Alexander Gonzales Ramírez, quienes manifestaron “que al momento de llegar al lugar de los hechos, el acusado salió corriendo o sea huyendo de la presencia policial, mientras llevaba consigo dos armas de fuego, por lo que le dieron persecución hasta lograra capturarlo”; Observándose por tanto un error lógico de derivación, en la afirmación que hace el sentenciador, pues la conclusión no encuentra correspondencia con los medios de prueba testificales, al no apreciare en dichos testimonios los las afirmaciones hechas por el Tribunal Sentenciador. Es evidente entonces la infracción a la regla lógica de derivación por la falta de concordancia entre las premisas probatorias y las conclusiones valorativas. Sobre este mismo testimonio, existe otra infracción a la regla lógica de derivación, pues concluye -a partir del relato del testigo Otoniel Alexander que “ En segundo lugar, mismo testigo de cargo Otoniel Alexander dijo que Wilfredis vestía una calzoneta, y no con poca razón enfatiza la defensa en la dificultad real de una persona de huir con una pistola en la cintura y dos teléfonos celulares en la bolsa sin que la pistola se cayera, de las máximas de la experiencia común las calzonetas son prendas de vestir elásticos y que comúnmente no se usan con cinturón por lo que llevar una pistola en la cintura con ese tipo de prenda más el peso de dos celulares en la bolsa ciertamente no resulta creíble que no se haya caído.” Conclusión carente de fundamento, el juzgador deduce que la calzoneta que usaba el acusado era elástica, de la cual no es posible usarla con cinturón, por lo que al intentar huir el acusado se le hubiese caído el arma que portaba en la cintura y los dos celulares encontrados, debido al peso que los objetos ejercían sobre la prenda de vestir ; conclusión que tampoco encuentra correspondencia con el testimonio del testigo, al no apreciare en dicho testimonios las afirmaciones hechas el Tribunal Sentenciador, si bien el testigo Otoniel Alexander dijo que el acusado el día de los hechos vestía una calzoneta, no detalla las características específicas de dicha prenda de vestir, como ser, si tenía elástico, si se puede utilizar cinturón, no especifico que tipo de calzoneta era, limitándose a decir que usaba una calzoneta; El Tribunal sentenciador presupone un juicio lógico que contraría el principio de razón suficiente y las máximas de la experiencia el emitir tal razonamiento; con lo cual estaría enunciando que todas las calzonetas son prendas de vestir elásticas y que no se usa con cinturón, por lo que al portar un arma de fuego en la cintura provocaría que esta se cayera al intentar huir el acusado. Lo que no es lógicamente exacto. Sobre estos mismos testimonios, se identifica otra infracción a la regla lógica de derivación al afirmar el Tribunal Sentenciador; “los policías no pudieron acreditar si existió la denuncia ni el denunciante que ocasiono el despliegue policial para afianzar la credibilidad de los agentes en relación a la identificación positiva del acusado en el lugar de los hechos. Esta persona no fue identificada ni nominada como testigo en los hechos en el juicio oral ni tampoco, se habló del registro de la denuncia, tomando en cuenta que toda comunicación va dirigida la autoridad debe tener una entrada en el libro de registros de denuncias. Esta conclusión es contraria a lo establecido los artículos 272 y 273 del Código Procesal Penal, el primero establece “En la investigación de la verdad, la Policía Nacional, El Ministerio Público u otra autoridad competente, practicara todas las diligencias pertinentes y útiles, para determinar la existencia del hecho punible y tomara en cuenta las circunstancias que, de acuerdo con la ley penal, sean importantes para establecer el grado de responsabilidad de los agentes.” El segundo establece que “… la Policía Nacional u otra autoridad competente al tener conocimiento de un hecho que pueda ser constitutivo de delito, cualquiera que sea el medio por el cual haya llegado a su conocimiento, cuando la noticia parezca verosímil, teniendo en cuenta su contenido y los datos proporcionados para su comprobación, adoptará las medidas necesarias para impedir que produzca consecuencias ulteriores e iniciará las investigaciones del caso”. La presencia de los testigos ( los policías) en el lugar de los hechos, obedeció a una denuncia verbal interpuesta por un ciudadano, denunciando una situación constitutiva de delito, que ocurría en el momento, es así, que tratándose de un caso de Flagrancia, donde los testigos fueron alertados por fuente humanas de personas armadas en un vehículo, indicándoles la dirección del lugar donde acontecían los hechos, motivo por el cual los agentes de la policía, se hicieron presentes al lugar de los hechos, donde efectivamente encontraron al acusado en posesión de armas de fuego, un vehículo tipo pick up tal con armas de fuego prohibidas, tal como indicó la fuente humana, dándole captura al acusado, lo que evidencia que no es imprescindible una denuncia por escrito y registrada en un control de denuncias, para afianzar la credibilidad de los como afirma el Tribunal Sentenciador. Se identifica otra infracción a la regla lógica de derivación, en el numeral séptimo del acápite de valoración de prueba, pues el Tribunal de Sentenciador le resta credibilidad al técnico de inspecciones Oculares Agustín Almendrares Estrada al afirmar que; El testigo relata que en el lugar se encontraba detenido el acusado, sin embargo este no aparece en ninguna de las 49 fotografías, ni tampoco el fusil Ak 47, ni la pistola Girzan. Por lo tanto estando el acusado en el lugar del suceso y formando partes del escenario del mismo junto a los objetos cuya portación se le atribuye cabe preguntarse ¿porque motivo el agente Almendrares Estrada no lo incluyo en el informe o en el acta de inspección en el lugar de los hechos…? Esta conclusión es contraria a lo establecido al artículo 283 del Código Procesal Penal que establece “…… practicaran además, las investigaciones iniciales para reunir o asegurar los elementos de prueba y evitar la fuga u ocultación de los sospechosos. El personal a que se refiere el artículo anterior, dejara constancia en acta de las diligencias practicadas, con expresión del día y la hora en que tuvieron lugar, de cualquier circunstancia que pueda ser útil para la investigación y de las instrucciones recibidas por los fiscales” Es decir, no es imprescindible la consignación de la presencia del acusado, como afirma el Tribunal Sentenciador, puesto que el acusado no constituye un elemento de prueba por sí mismos, ni evidencia alguna. Por todo lo anterior, la Sala de lo Penal, la sala concluye que la fundamentación probatoria de la sentencia, ha sido realizada en abierta discordancia al sistema de valoración probatorio que rige nuestro sistema procesal, que es el de la sana crítica racional. Por todas estas razones es procedente estimar ha lugar el presente recurso de casación, anular la sentencia recurrida y el debate celebrado y ordenar la realización de un nuevo juicio con jueces distintos a los que participaron. Decisión Se declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo, interpuesto por el Ministerio Público. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo interpuesto por el Abogado Gerlin J. Padilla, en su condición de fiscal del Ministerio Público, en la causa instruida contra el señor Wilfredis Diaz Flores, a quien se le absolvió de los delitos de Porte Ilegal de Arma de Fuego Comercial, Porte Ilegal de Arma de Fuego Prohibida, Tenencia Ilegal de Municiones de Arma Prohibida, Tenencia Ilegal de Municiones de Arma de Fuego Comercial y Uso Indebido de Uniforme Insignia Policial o Militar en perjuicio de La Fe Pública. Segundo: Casa la sentencia recurrida. Tercero: Declara la nulidad del Debate y de la Sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tela, departamento de Atlántida. Y manda: I. Que se repita el debate ante un Tribunal de Sentencia distinto al que conoció el juicio anulado. II. Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redacto Magistrado Mairena Franco. Notifíquese. - Firmas y Sello. – Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. - Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. - Firma y Sello. - Rina Koritza Sandoval Navas. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada a los veinticuatro días del mes de julio de dos mil veinticuatro, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-344-2021.
RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS
RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENALpcmn