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Sentencia CP-340-21 — Registro 18255

Resumen

En primera instancia se absolvió a las imputadas por el delito de Posesión para el Tráfico Ilícito de Droga, del cual se explica; que según llamadas anónimas donde se denunciaba que en la vivienda de las acusadas se vendía droga y proceden a realizar las vigilancias, constatando que en un periodo aproximadamente de un ahora habían llegado una cantidad de 20 personas a dicho lugar, quienes eran atendidos desde una ventana de la casa, la cual está ubicada en la parte de atrás de dicha vivienda, desde esa ventana las acusadas realizaban un intercambio de manos con las personas que llegaban y salían rápidamente del lugar, estas personas que llegaban les entregaban dinero a las acusadas, el testimonio fue debidamente corroborado con las actas de vigilancia y con las evidencias encontradas durante el allanamiento de morada, que detallan de forma pormenorizada la actividad que se desarrollaba en dicha vivienda, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Esta Sala de lo Penal ha realizado una revisión exhaustiva al escrito de impugnación presentado por los recurrentes y encuentra que han incurrido en una mala técnica recursiva en el momento de argumentar su recurso, pues no establecen la regla de la sana crítica que consideran violentada, no determinaron cuál es la valoración del A-quo que consideran errónea, no fueron capaces de señalar y desarrollar porqué esos razonamientos son contrarios a las reglas del correcto pensamiento humano, es decir cuál sería el silogismo judicial correcto señalando la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión correcta conforme a las reglas ya señaladas, sino que erróneamente enlistó los medios de prueba que se evacuaron en el juicio y procedió a valorarlos de manera subjetiva y exponiendo el valor probatorio que le otorgan a cada elemento de prueba. Es de tener presente que conforme a la naturaleza del recurso de casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio tribunal de casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio (valoración intelectiva) del juzgador fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis, y en su caso, censura del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. Como consecuencia de lo anterior la exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta, se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal, estos tres últimos requerimientos no fueron plasmas así por los censores; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad y además se debe explicar por qué la conclusión judicial malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-340-2021, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veinticuatro de julio del año dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Nelson Danilo Mairena Franco, en su calidad de coordinador, Mario Rolando Diaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-340-2021 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta de octubre del año dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlàntida, mediante la cual falló: PRIMERO: Absolvió a las señoras Liliam Martínez y Mayra Yolany Pineda Martínez del delito de Posesión para el Tráfico Ilícito de Droga, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras. SEGUNDO: Ordenó la destrucción de la Droga Incautada en la fase de ejecución de la sentencia y la devolución de 640,000 lempiras y dos billetes de un dólar una vez firme, entre tanto que se mantenga bajo custodia provisional del Ministerio Público. Son partes en única instancia: La Abogada Ligia Cristina Roque Gómez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente. HECHOS PROBADOS “UNICO: En la localidad de Sandy Bay, del municipio de Roatán Islas de la Bahía, el día sábado 3 de noviembre del 2018 a las 17:00 horas aproximadamente, con autorización judicial agentes de la policía realizaron allanamiento a una vivienda de madera de 2 plantas color azul, techo de lámina de zinc, donde se encontraban Lilian Martínez y Mayra Yolany Pineda Martìnez junto a otra persona; durante el registro encuentran a Lilian Martinez con la cantidad de 8,91 gramos de cocaína y en el baño de la vivienda la cantidad de 1,83 gramos de cocaína, así como 4 piedras de crack cuyo peso era de 0.15 gramos, lo que Lilian Martínez y Mayra Yolany Pineda Martínez tenían para el propio consumo.” RECURSO DE CASACIÓN: La recurrente Abogada Belkis Fabiola de Diego Márquez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “ÚNICO MOTIVO: “No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica” . PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la sana crítica al no haberse respetado las mismas en la valoración probatoria. La conclusión a la que arribó el Tribunal, es errónea, producto de la inobservancia de las reglas de la sana crítica al realizar la valoración probatoria, pues, aunque reconoce que las imputadas tenían a su disposición inmediata la droga, aun así, considero que la droga encontrada era para consumo, pero de la prueba de cargo que se evacuo en juicio no se demostró esa condición, sino que la certeza que las imputadas se dedican al tráfico de la sustancia ilícita. Si el Juzgador hubiera realizado una valoración observando las reglas de la sana Crítica, hubiera concluido que las encausadas sí participaron en el hecho por el cual fueron llevadas a juicio, análisis al que concluimos por las razones siguientes: Es así que el testimonio del policía Junior Damián López Zelaya describe que después que su compañero Héctor Danilo Gonzales recibió llamadas anónimas donde se denunciaba que en esa vivienda se vendía droga, proceden a realizar las vigilancias, constatando que en un periodo aproximadamente de un ahora habían llegado una cantidad de 20 personas a dicho lugar, quienes eran atendidos desde una ventana de la casa, la cual está ubicada en la parte de atrás de dicha vivienda, desde esa ventana las acusadas realizaban un intercambio de manos con las personas que llegaban y salían rápidamente del lugar, estas personas que llegaban les entregaban dinero a las acusadas, el testimonio fue debidamente corroborado con las actas de vigilancia y con las evidencias encontradas durante el allanamiento de morada, que detallan de forma pormenorizada la actividad que se desarrollaba en la vivienda de las acusadas y que hemos descrito anteriormente. Con el testimonio del testigo Héctor Raúl Puerto quien ratificó el acta de Inspección y álbum fotográfico se acreditó que al momento de realizar el registro, dentro de la vivienda se encontraron evidencias relacionadas con el tráfico de droga como ser, que sobre la cama se encontró dinero en efectivo y dentro del inodoro fueron descubiertas 12 bolsitas plásticas conteniendo cocaína y cuatro piedras de crack, este hecho fue corroborado tanto con el acta de allanamiento como con las evidencias encontradas. Asimismo se llevó a cabo el allanamiento que corrobora lo dicho por el testigo Junior Damián López, pues con este medio probatorio se demuestra que en la casa se encontró dos Gillette, cal, una lata pequeña para cocer hiervas, dinero en efectivo de diferentes denominaciones, 12 envoltorios plásticos conteniendo cocaína, cuatro piedras de crack e incluso a la acusada Mayra Yolany Pineda Martínez se le encontró sosteniendo en su mano derecha una bolsa plástica conteniendo cocaína cantidad que no es compatible para consumo. De igual manera en el inodoro de la vivienda se encontró flotando 12 bolsitas conteniendo cocaína y cuatro piedras de crack, lo cual se demostró con el acta de registro personal, acta de inspección junto con álbum fotográfico, actas de vigilancia, acta de allanamiento, evidencias encontradas y los dictámenes Toxicológicos. Asimismo, el dictamen Social Forense demuestra que la acusada Lilian Martínez no quiso prestar la colaboración adecuada para el desarrollo de esa investigación social, pues la perito hizo constar que esta se mostraba con hermetismo y actitud cortante, lo que demuestra un comportamiento evasivo por parte de una de las acusadas. Toda la prueba de cargo incorporada debidamente al debate demostró sin lugar a dudas, que a la vivienda donde residían las imputadas era frecuentada por personas de ambos sexos, quienes se dirigían a una parte de la vivienda donde eran atendidos a través de una ventada por las hoy encausadas, quienes les proporcionaban droga a dichos visitantes, estos a cambio les entregaban dinero en efectivo, hechos que demuestran el comportamiento delictivo de tráfico ilícito de drogas. Finalmente, cabe resaltar que del resultado de la prueba evacuada en juicio quedó demostrada la responsabilidad de las encausadas Lilian Martínez y Mayra Yolany Pineda Martínez en la comisión del delito de Tráfico Ilícito de Drogas, la prueba al ser analizada de manera conjunta y armónica, conduce a la inexorable conclusión de que las acusadas sí cometieron el hecho delictivo por el cual fueron enjuiciadas; por ende, con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Crítica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia.Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in precediendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Único Motivo. • Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; • Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; • Concepto de la infracción: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica; • Reclamación Ex Ante: El vicio aquí denunciado que atenta contra las reglas de la sana crítica al no haberse respetado las mismas en la valoración; • Pretensión: Se declare procedente el motivo, anulando el fallo recurrido y ordenando la devolución de los antecedentes al tribunal de sentencia. • Establece la recurrente que la conclusión a la que arribó el Tribunal, es errónea, producto en la inobservancia de las reglas de las sana critica pues en su valoración reconoce que las imputadas tenían a su disposición inmediata la droga, aun así, considero que la droga encontrada era para consumo, pero de la prueba de cargo que se evacuo en juicio no se demostró esa condición, sino que la certeza que las imputadas se dedican al tráfico de la sustancia ilícita; Que de la prueba evacuada en juicio quedó demostrada la responsabilidad de las encausadas Lilian Martínez y Mayra Yolany Pineda Martínez en la comisión del delito de Tráfico Ilícito de Drogas, la prueba al ser analizada de manera conjunta y armónica, conduce a la inexorable conclusión de que las acusadas sí cometieron el hecho delictivo por el cual fueron enjuiciadas 1.- De la Debida Técnica Recursiva El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición Convencional no exime al Recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que el Recurrente este legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El Recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La Fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; el Recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: a. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, el Recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y quebrantamiento de forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el Recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el Recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al Recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el Recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el Motivo debe de ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del Motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. b. Explicación del Vicio: Es ineludible para el Recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: La claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; La Precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. Demostración del Vicio: El Recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera el Recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de Casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: a. Derecho de Acceso a la Justicia; b. Derecho a una resolución fundada en derecho; c. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; d. Derecho a la Tutela Cautelar; y e. Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de Rango Constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de Precepto Autorizante, Norma Infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; El único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el Recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.) De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Esta Sala de lo Penal ha realizado una revisión exhaustiva al escrito de impugnación presentado por los recurrentes y encuentra que han incurrido en una mala técnica recursiva en el momento de argumentar su recurso, pues no establecen la regla de la sana crítica que consideran violentada, no determinaron cuál es la valoración del A-quo que consideran errónea, no fueron capaces de señalar y desarrollar porqué esos razonamientos son contrarios a las reglas del correcto pensamiento humano, es decir cuál sería el silogismo judicial correcto señalando la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión correcta conforme a las reglas ya señaladas, sino que erróneamente enlistó los medios de prueba que se evacuaron en el juicio y procedió a valorarlos de manera subjetiva y exponiendo el valor probatorio que le otorgan a cada elemento de prueba. Es de tener presente que conforme a la naturaleza del recurso de casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio tribunal de casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio (valoración intelectiva) del juzgador fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis, y en su caso, censura del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. Como consecuencia de lo anterior la exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta, se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal, estos tres últimos requerimientos no fueron plasmas así por los censores; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad y además se debe explicar por qué la conclusión judicial malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Decisión Declara No Ha Lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma, en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 362 y 363 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Abogada Belkis Fabiola de Diego Márquez , en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público.- Segundo: Declara Firme la sentencia de fecha treinta (30) de octubre del año dos mil veinte (2020), dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual Absolvió a los señoras Liliam Martínez y Mayra Yolany Pineda Martínez del delito de Posesión para el Tráfico Ilícito de Droga, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras.- Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Miranda Sabio. Notifíquese. - Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrada. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora sala penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada el veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-340-2021. RINA KORITZA SANDOVAL NAVASRECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL“La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-340-2021, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veinticuatro de julio del año dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Nelson Danilo Mairena Franco, en su calidad de coordinador, Mario Rolando Diaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-340-2021 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta de octubre del año dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlàntida, mediante la cual falló: PRIMERO: Absolvió a las señoras Liliam Martínez y Mayra Yolany Pineda Martínez del delito de Posesión para el Tráfico Ilícito de Droga, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras. SEGUNDO: Ordenó la destrucción de la Droga Incautada en la fase de ejecución de la sentencia y la devolución de 640,000 lempiras y dos billetes de un dólar una vez firme, entre tanto que se mantenga bajo custodia provisional del Ministerio Público. Son partes en única instancia: La Abogada Ligia Cristina Roque Gómez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente. HECHOS PROBADOS “UNICO: En la localidad de Sandy Bay, del municipio de Roatán Islas de la Bahía, el día sábado 3 de noviembre del 2018 a las 17:00 horas aproximadamente, con autorización judicial agentes de la policía realizaron allanamiento a una vivienda de madera de 2 plantas color azul, techo de lámina de zinc, donde se encontraban Lilian Martínez y Mayra Yolany Pineda Martìnez junto a otra persona; durante el registro encuentran a Lilian Martinez con la cantidad de 8,91 gramos de cocaína y en el baño de la vivienda la cantidad de 1,83 gramos de cocaína, así como 4 piedras de crack cuyo peso era de 0.15 gramos, lo que Lilian Martínez y Mayra Yolany Pineda Martínez tenían para el propio consumo.” RECURSO DE CASACIÓN: La recurrente Abogada Belkis Fabiola de Diego Márquez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “ÚNICO MOTIVO: “No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica” . PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la sana crítica al no haberse respetado las mismas en la valoración probatoria. La conclusión a la que arribó el Tribunal, es errónea, producto de la inobservancia de las reglas de la sana crítica al realizar la valoración probatoria, pues, aunque reconoce que las imputadas tenían a su disposición inmediata la droga, aun así, considero que la droga encontrada era para consumo, pero de la prueba de cargo que se evacuo en juicio no se demostró esa condición, sino que la certeza que las imputadas se dedican al tráfico de la sustancia ilícita. Si el Juzgador hubiera realizado una valoración observando las reglas de la sana Crítica, hubiera concluido que las encausadas sí participaron en el hecho por el cual fueron llevadas a juicio, análisis al que concluimos por las razones siguientes: Es así que el testimonio del policía Junior Damián López Zelaya describe que después que su compañero Héctor Danilo Gonzales recibió llamadas anónimas donde se denunciaba que en esa vivienda se vendía droga, proceden a realizar las vigilancias, constatando que en un periodo aproximadamente de un ahora habían llegado una cantidad de 20 personas a dicho lugar, quienes eran atendidos desde una ventana de la casa, la cual está ubicada en la parte de atrás de dicha vivienda, desde esa ventana las acusadas realizaban un intercambio de manos con las personas que llegaban y salían rápidamente del lugar, estas personas que llegaban les entregaban dinero a las acusadas, el testimonio fue debidamente corroborado con las actas de vigilancia y con las evidencias encontradas durante el allanamiento de morada, que detallan de forma pormenorizada la actividad que se desarrollaba en la vivienda de las acusadas y que hemos descrito anteriormente. Con el testimonio del testigo Héctor Raúl Puerto quien ratificó el acta de Inspección y álbum fotográfico se acreditó que al momento de realizar el registro, dentro de la vivienda se encontraron evidencias relacionadas con el tráfico de droga como ser, que sobre la cama se encontró dinero en efectivo y dentro del inodoro fueron descubiertas 12 bolsitas plásticas conteniendo cocaína y cuatro piedras de crack, este hecho fue corroborado tanto con el acta de allanamiento como con las evidencias encontradas. Asimismo se llevó a cabo el allanamiento que corrobora lo dicho por el testigo Junior Damián López, pues con este medio probatorio se demuestra que en la casa se encontró dos Gillette, cal, una lata pequeña para cocer hiervas, dinero en efectivo de diferentes denominaciones, 12 envoltorios plásticos conteniendo cocaína, cuatro piedras de crack e incluso a la acusada Mayra Yolany Pineda Martínez se le encontró sosteniendo en su mano derecha una bolsa plástica conteniendo cocaína cantidad que no es compatible para consumo. De igual manera en el inodoro de la vivienda se encontró flotando 12 bolsitas conteniendo cocaína y cuatro piedras de crack, lo cual se demostró con el acta de registro personal, acta de inspección junto con álbum fotográfico, actas de vigilancia, acta de allanamiento, evidencias encontradas y los dictámenes Toxicológicos. Asimismo, el dictamen Social Forense demuestra que la acusada Lilian Martínez no quiso prestar la colaboración adecuada para el desarrollo de esa investigación social, pues la perito hizo constar que esta se mostraba con hermetismo y actitud cortante, lo que demuestra un comportamiento evasivo por parte de una de las acusadas. Toda la prueba de cargo incorporada debidamente al debate demostró sin lugar a dudas, que a la vivienda donde residían las imputadas era frecuentada por personas de ambos sexos, quienes se dirigían a una parte de la vivienda donde eran atendidos a través de una ventada por las hoy encausadas, quienes les proporcionaban droga a dichos visitantes, estos a cambio les entregaban dinero en efectivo, hechos que demuestran el comportamiento delictivo de tráfico ilícito de drogas. Finalmente, cabe resaltar que del resultado de la prueba evacuada en juicio quedó demostrada la responsabilidad de las encausadas Lilian Martínez y Mayra Yolany Pineda Martínez en la comisión del delito de Tráfico Ilícito de Drogas, la prueba al ser analizada de manera conjunta y armónica, conduce a la inexorable conclusión de que las acusadas sí cometieron el hecho delictivo por el cual fueron enjuiciadas; por ende, con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Crítica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia.Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in precediendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Único Motivo. • Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; • Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; • Concepto de la infracción: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica; • Reclamación Ex Ante: El vicio aquí denunciado que atenta contra las reglas de la sana crítica al no haberse respetado las mismas en la valoración; • Pretensión: Se declare procedente el motivo, anulando el fallo recurrido y ordenando la devolución de los antecedentes al tribunal de sentencia. • Establece la recurrente que la conclusión a la que arribó el Tribunal, es errónea, producto en la inobservancia de las reglas de las sana critica pues en su valoración reconoce que las imputadas tenían a su disposición inmediata la droga, aun así, considero que la droga encontrada era para consumo, pero de la prueba de cargo que se evacuo en juicio no se demostró esa condición, sino que la certeza que las imputadas se dedican al tráfico de la sustancia ilícita; Que de la prueba evacuada en juicio quedó demostrada la responsabilidad de las encausadas Lilian Martínez y Mayra Yolany Pineda Martínez en la comisión del delito de Tráfico Ilícito de Drogas, la prueba al ser analizada de manera conjunta y armónica, conduce a la inexorable conclusión de que las acusadas sí cometieron el hecho delictivo por el cual fueron enjuiciadas 1.- De la Debida Técnica Recursiva El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición Convencional no exime al Recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que el Recurrente este legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El Recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La Fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; el Recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: a. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, el Recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y quebrantamiento de forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el Recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el Recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al Recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el Recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el Motivo debe de ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del Motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. b. Explicación del Vicio: Es ineludible para el Recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: La claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; La Precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. Demostración del Vicio: El Recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera el Recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de Casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: a. Derecho de Acceso a la Justicia; b. Derecho a una resolución fundada en derecho; c. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; d. Derecho a la Tutela Cautelar; y e. Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de Rango Constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de Precepto Autorizante, Norma Infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; El único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el Recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.) De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Esta Sala de lo Penal ha realizado una revisión exhaustiva al escrito de impugnación presentado por los recurrentes y encuentra que han incurrido en una mala técnica recursiva en el momento de argumentar su recurso, pues no establecen la regla de la sana crítica que consideran violentada, no determinaron cuál es la valoración del A-quo que consideran errónea, no fueron capaces de señalar y desarrollar porqué esos razonamientos son contrarios a las reglas del correcto pensamiento humano, es decir cuál sería el silogismo judicial correcto señalando la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión correcta conforme a las reglas ya señaladas, sino que erróneamente enlistó los medios de prueba que se evacuaron en el juicio y procedió a valorarlos de manera subjetiva y exponiendo el valor probatorio que le otorgan a cada elemento de prueba. Es de tener presente que conforme a la naturaleza del recurso de casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio tribunal de casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio (valoración intelectiva) del juzgador fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis, y en su caso, censura del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. Como consecuencia de lo anterior la exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta, se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal, estos tres últimos requerimientos no fueron plasmas así por los censores; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad y además se debe explicar por qué la conclusión judicial malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Decisión Declara No Ha Lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma, en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 362 y 363 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Abogada Belkis Fabiola de Diego Márquez , en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público.- Segundo: Declara Firme la sentencia de fecha treinta (30) de octubre del año dos mil veinte (2020), dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual Absolvió a los señoras Liliam Martínez y Mayra Yolany Pineda Martínez del delito de Posesión para el Tráfico Ilícito de Droga, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras.- Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Miranda Sabio. Notifíquese. - Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrada. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora sala penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada el veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-340-2021. RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS RECEPTORA SALA PENAL.”