Sentencia CP-34-20 — Registro 18970
Resumen
En primer instancia se condena al imputado por el delito de robo agravado de vehículo, se declaar sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
El recurso no es de recibo. Previamente debemos recordar que el derecho al estado de inocencia se configura como una regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válido, lo que implica que debe existir una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de la misma se infiera razonablemente los hechos y la participación del acusado en ellos. De modo que, se vulnerará el estado material de inocencia, cuando no haya prueba de cargo válida, es decir, cuando el juzgador haya valorado una actividad probatoria lesiva de derechos fundamentales o lesiva de garantías, o cuando el resultado de dicha valoración no sea debidamente motivado, o cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el discurso que conduce de la prueba al hecho probado de la sentencia. También ha sido criterio consolidado de esta Sala de lo Penal (sentencia de la Sala de lo Penal de fecha ocho de noviembre de dos mil doce, recaída en el expediente SP 142-2011), que a través de un recurso como el planteado, no le corresponde a este órgano judicial alcanzar su personal convicción a partir de unas pruebas que no presenció y realizar una valoración probatoria alternativa o sustitutiva de la que ha efectuado el juzgador de instancia, pues esta facultad le es exclusiva según nuestra norma procesal (artículos 336 y 338 regla 4ta. párrafo segundo del Código Procesal Penal). En todo caso, la función de este Tribunal de Casación consiste en hacer un control externo de la racionalidad de las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de Sentencia, verificar que las mismas no sean arbitrarias, ilógicas e irrazonables, y que, en todo caso, el A Quo ha actuado con una convicción razonable y respetuosa de las reglas de la sana crítica; así como a constatar la suficiencia probatoria para acreditar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal imputado.En su recurso casacional la recurrente establece que se vulnera los derechos fundamentales de presunción de inocencia, juicio previo y debido proceso y en su desarrollo no establece ni desarrolla cuales son esos perjuicios y en que consistente esas violaciones de derechos fundamentales que se le ha ocasionado a su representado por parte del Tribunal Sentenciador, si establece en su desarrollo que no existe prueba de cargo suficiente para condenar al señor Aurelio Uziel Cano Erazo, alegato que si pertenece dársele respuesta en cuanto al derecho fundamental de estado de inocencia. Sucede en el caso actual, que la Censora establece que, el sentenciador al dictar sentencia condenatoria en contra de sus representados, como responsables de los delitos de Robo de Vehículo Agravado y Robo Agravado, infringe gravemente los fundamentales derechos referidos; afectando la presunción de inocencia y el debido proceso que les asiste a los imputados por mandato constitucional, ya que la prueba de cargo traída a juicio resulto ser insuficiente e incompleta, pues la misma a su criterio no aporta nada al proceso. Así pues, esta Sala de lo Penal al hacer un recuento de la actividad probatoria, se desprende que el ente acusador propuso como prueba de cargo, las siguientes: DECLARACION TESTIFICAL: 1) Testigo de Darlin Antonio Sandoval Ruíz; 2) Testigo Roger Iván Zelaya Escobar; 3) Testigo Daniel Alejandro Martínez Flores; 4) Testigo Fredy Geovany León Herrera; 5) Testigo Luis Fernando Martínez Flores; 6) Testigo Jimmy Martínez Calderón. PRUEBA DOCUMENTAL: 1) Acta de Inspección Ocular y Recolección de indicios N° 180-2018, con su respectivo álbum fotográfico; 2) Factura de Compra y tracto sucesivo del vehículo; 3) Acta de decomiso de fecha 11 de febrero de 2018 y Acta de entrega 108-TEGUC.de fecha 11 de febrero de 2018. PRUEBA AUDIOVISUAL: 1) Un DVD, con la leyenda 911 Salvamos Tu Vida, solicitado por la Dirección Policial de Investigación con duración de 6 minutos y 23 segundos. Por parte de la Defensa no se evacuaron medios de prueba. Contrario a lo que expone la recurrente en su recurso, los anteriores medios de prueba resultaron razonablemente suficientes para acreditar la participación a título de Autores por los delitos de Robo de Vehículo Agravado y Robo Agravado, en perjuicio de Roger Jeovanny Zelaya Moreno, Roger Iván Zelaya Escalante, Jimmy Martínez Calderón, Luis Fernando Martínez Flores, Fredy Jovanny León Herrera y Daniel Alejandro Martínez Flores. Con la declaración testifical de Darlin Antonio Sandoval Ruíz, Policía Nacional, quién fue la primera persona en conocer los hechos, teniendo participación inmediata en la brevedad del tiempo cuando se interpuso la denuncia en fecha 02 de febrero de 2018, en horas de la noche recibieron una llamada vía radio por medio del 911, cuando se encontraban patrullando en la zona de Suyapa, ya que están asignados a la posta de la colonia Kennedy, relatando lo acontecido ese día cuando recibieron la llamada vía radio y se trasladaban al lugar de los hechos, es cuando observan que un carro estacionado frente a la entrada de la colonia San Juan de esta Ciudad de Tegucigalpa, del anillo periférico, con las características que les habían proporcionado del vehículo que minutos antes le habían despojado al señor Roger Iván Zelaya Escalante en la colonia Kennedy, la cual es aledaña al lugar donde se encontraba el automotor, cruzando la mediana con su motocicleta (se constata con el video del DVD) y ces cuando observan la presencia policial, los acusados se bajan del vehículo antes descrito, se bajan del automotor y salen corriendo atravesando la mediana con rumbo desconocido, es en ese preciso momento que se inicia la persecución, es cuando es detenido el señor Kevin Uriel Cáceres Murillo, en la cercanías de la gasolinera Uno del Hato de En medio y el señor Aurelio Uziel Cano Erazo fue reconocido por los ofendidos en la oficinas del Core VII horas más tarde. Con la declaración de los cinco ofendidos Roger Iván Zelaya Escobar, Daniel Alejandro Martínez Flores, Fredy Geovany León Herrera, Luis Fernando Martínez Flores y Jimmy Martínez Calderón, que ellos se encontraban departiendo ese día 02 de febrero de 2018, aproximadamente entre las 10: 20 y 10:30 de la noche, en una calle aledaña a la colonia Kennedy, cuando ven pasar los dos acusados, a los que saludaron, regresando inmediatamente, intimidándolos con una pistola el señor Aurelio Uziel Cano Erazo, quién realizo disparos y así intimidar a sus víctimas, asimismo, le dijo a Kevin Uriel Cáceres Murillo, que empezara a despojar de sus pertenencias a los ofendidos, procedieron a despojarlos de sus pertenencias personales (relojes, celulares, carteras) de manera violenta, amenazando con una pistola el señor Aurelio Uziel Cano Erazo, exigiendo que le entregara las llaves del automotor en la cual escuchaban música, las que fueron entregadas por el señor Roger Iván Zelaya Escalante, saliendo ambos acusados de manera rápida en el automotor. Todo lo anteriormente fue visto en la prueba audiovisual como lo es el DVD que fue proporcionado con la debida cadena de custodia, donde se establece la secuencia que recorrieron los acusados en el vehículo que fue objeto de robo minutos antes, ya que se captaron con las cámaras del 911, mediante las cuales se pudo observar el seguimiento por donde transito el automotor y que es propiedad del padre del señor Roger Iván Zelaya Escalante, y en la que se observó que se subieron a una pequeña mediana en una intercepción; con estas declaraciones de los perjudicados es consistente con la prueba documental como lo es el Acta de Inspección Ocular , Recolección de Indicios y Álbum Fotográfico, en la que se confirma la existencia del vehículo en el que se describe vehículo marca NISSAN, color plateado, Motor YD25112343T, serie MNTVCUD40Z0009552, AÑO 2009, MODELO DC4x4, TIPO PICK UP, CILINDRAJE 2500, DOBLE CABINA 4x4 DIESEL, 5 pasajeros, cilindraje 2500, la cual se confirma con la factura de compra del automotor y en la que se describe con el tracto sucesivo quien era el propietario del mismo el cual fue abandonado en la inmediaciones de la entrada de la colonia San Juan de Tegucigalpa, encontrándose en el interior del vehículo, una computadora marca DELL, así como el acta de decomiso de fecha 11 de febrero de 2018 y entrega 108-TEG-2018 con la que se hace constar la entrega del DVD. Tos estos medios de prueba el Tribunal Sentenciador los valoro dándole credibilidad por considerar que toda la prueba evacuada en la audiencia de juicio se corrobora entre sí, lo que fue vital para llegar a la verdad de los hechos. Para este Sala de lo Penal existe suficiente prueba con la cual el sentenciador respalda su posición de condena para los imputados Aurelio Uziel Cano Erazo y Kevin Ariel Cáceres Murillo, cuya Sentencia se ha apoyado en su relato fáctico con los medios de prueba anteriormente descritos; pruebas relativas en la que se demuestran la existencia del hecho y a la participación de los acusados en él. También es posible verificar que toda la prueba fue obtenida respetando las garantías procesales contenidas en nuestra Constitución de la Republica y en los instrumentos internacionales de los que nuestro país es parte; además los medios probatorios fueron presentados y evacuados mediante los procedimientos que establece nuestra ley procesal, misma que fue sometida al contradictorio por las partes y fue capaz de enervar el estado de inocencia que poseía los señores Aurelio Uziel Cano Erazo y Kevin Ariel Cáceres Murillo; en ese sentido no es cierta la posición de la recurrente al considerar que se han violentado dichas garantías constitucionales, sino que la misma fue sometida ante la contundencia y abundancia probatoria, todo lo cual quedó debidamente expuesto por el A-quo en su sentencia la cual está debidamente razonada expresando los argumentos de hecho y de derecho para el dictado de una sentencia condenatoria, motivos suficientes para desestimar el presente recurso de casación.
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia y auto recaídos en el expediente del Recurso de Casación SP-34-2020, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha cuatro de noviembre del año dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Nelson Danilo Mairena Franco, en su calidad de Coordinador, Mario Rolando Díaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La sentencia en el Recurso de Casación SP 34-2020 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha catorce de octubre de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: Condenó a Kevin Ariel Cáceres Murillo, por el delito de Robo de Vehículo Agravado, en perjuicio de Roger Jeovanny Zelaya Moreno, a la pena de trece años cuatro meses de reclusión, Segundo: Condenó al señor Kevin Ariel Cáceres Murillo, como autor responsable penalmente de la comisión del delito de Robo Agravado, perjuicio de los señores Roger Iván Zelaya Escalante, Jimmy Martínez Calderón, Luis Fernando Martínez Flores, Fredy Jovanny León Herrera y Daniel Alejandro Martínez Flores, a la pena de seis años y ocho meses de reclusión. Tercero: Condenó a Aurelio Uziel Cano Erazo, como autor de la comisión del delito de Robo de Vehículo Agravado, en perjuicio de Roger Jeovanny Zelaya Moreno; a la pena de trece años y cuatro meses de reclusión. Cuarto: Condenó a Aurelio Uziel Cano Erazo, como autor responsable penalmente de la comisión del delito de Robo Agravado, en perjuicio de los Señores Roger Iván Zelaya Escalante, Jimmy Martínez Calderón, Luis Fernando Martínez Flores, Fredy Jovanny León Herrera y Daniel Alejandro Martínez Flores, a la pena de seis años ocho meses de reclusión. Penas que deben cumplirse en concurso real. Quinto: Condenó a Kevin Ariel Cáceres Murillo y Aurelio Uziel Cano Erazo, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal, así como trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario. Sexto: Declaró a Kevin Ariel Cáceres Murillo y Aurelio Uziel Cano Erazo, responsables civilmente de la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados. Séptimo: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio a los condenados, no procedió el comiso por no haberse puesto a disposición ninguna pieza de convicción o ejecución. SON PARTES: Los Abogados Mario Reiniery Amador Espinal y Dibabel López Durón, en su condición de defensores públicos de Aurelio Uziel Cano Erazo, como parte recurrente y el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, como fiscal del Ministerio Publico y parte recurrida. HECHOS PROBADOS “UNICO: Que en fecha 2 de febrero del año 2018, aproximadamente a las 10:30 de la noche los señores Daniel Alejandro Martínez, Jimmy Martínez Calderón, Fredy Giovanni León Herrera, Luis Fernando Martínez Flores y Roger Iván Zelaya se encontraban departiendo en un lugar de la Colonia Kennedy específicamente en la Ciudad de Tegucigalpa, pasando junto a estos los señores Kevin Ariel Cáceres quien vestía una camiseta blanca, Jean y tenis; y Aurelio Uziel Cano Erazo quien vestía una chaqueta de color negro una camiseta blanca, Jeans y tenis, pasaron y saludaron a los antes mencionados, acto seguido el señor Cano Erazo saco un arma de fuego que portaba intimidando con esta al señor Daniel Alejandro Martínez, Jimmy Martínez Calderón, Fredy Giovanni León Herrera, Luis Fernando Martínez Flores y Roger Iván Zelaya quien junto a Kevin Murillo despojaron de sus pertenencias a los antes señalados, apuntándoles con el arma de fuego que portaba Aurelio Uziel diciéndoles de manera violenta que les entregaran las llaves del automotor marca Nissan Modelo Navara, tipo Pick Up, color plateado claro, propiedad del señor Roger Giovanni Zelaya el cual estaba estacionado en el mismo sitio que estos ofendidos se encontraban escuchando música, luego de ello huyeron del lugar lo señores Kevin Murillo y Aurelio Uziel Cano Erazo, interponiendo de manera inmediata las victimas la denuncia, minutos después el vehículo fue encontrado en la entrada a la Colonia San Juan de la Ciudad de Tegucigalpa sobre el anillo periférico, por los Agentes de Policía quienes observaron que los señores Kevin Ariel Cáceres y Uziel Cano iban cruzando el anillo Periférico, siendo detenidos posteriormente y reconocidos por las personas que horas antes habían despojado de sus pertenencias personas y del vehículo” RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente Abogada Ivonne Días Mass, defensora Pública de Aurelio Uziel Cano Erazo, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, de la manera siguiente “INDICACIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL ÚNICO: Infracción de los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 88, 89 y 90, (PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, JUICIO PREVIO Y DEBIDO PROCESO), en relación con los artículos 1, 2 y 202 del Código Procesal Penal. Autoriza la interposición de este recurso el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: PRIMERO: Las normas constitucionales y legales que se denuncian como infringidas por el Tribunal de juicio, entre otras disposiciones, señalan que: 1) Solo hará prueba la declaración rendida ante juez competente; 2) Ninguna persona podrá ser condenada ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el Código Procesal Penal. SEGUNDO: El Juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra del señor AURELIO UZIEL CANO ERAZO por los delitos de ROBO DE VEHÍCULO AGRAVADO en perjuicio de ROGER JEOVANNY ZELAYA MORENO y ROBO AGRAVADO en perjuicio de los señores ROGER IVAN ZELAYA ESCALANTE, JIMMY MARTÍNEZ CALDERÓN, LUÍS FERNANDO MARTÍNEZ FLORES, FREDY JEOVANNY LEON HERRERA y DANIEL ALEJANDRO MARTÍNEZ FLORES infringe los fundamentales derechos de presunción de inocencia, juicio previo y al debido proceso que le asisten a dicho imputado por mandato constitucional, porque el ente acusador no obstante estar obligado a demostrar, fuera de toda duda razonable, la imputación en contra de dicho señor, produjo un muy pobre aporte de pruebas. TERCERO: En la audiencia de juicio oral se evacuó como prueba directa de cargo en relación a los delitos imputados las declaración de los ofendidos, mismas que estuvieron huérfanas de otras pruebas que las confirmen, porque no se aportó ningún tipo de evidencias que respaldara los dichos de los supuestos ofendidos y el contenido del video aportado, contrario a confirmar las declaraciones de cargo las colman de incertidumbres, pues las imágenes proyectadas en el juicio desdicen lo manifestado por el policía Darlin Antonio Sandoval Ruiz quien dijo haber recibido una denuncia sobre un atraco perpetrado en la colonia Kennedy, dándoles características del vehículo en que huían los delincuentes, por lo que abordo de la motorizada M104, junto a otro policía, se trasladaron al anillo periférico y que a la altura de la colonia San Juan lograron observar un vehículo con las mismas características, que sus ocupantes al ver la presencia policial se dieron a la fuga, después de varios minutos de persecución y a la altura de la Gasolinera Uno lograron darle detención a un ciudadano, sin embargo, las imágenes observadas en el video ofrecido como prueba de cargo si captan la presencia del vehículo reportado como robado, pero no registran ninguna de las incidencias descritas por el policía Sandoval Ruiz y menos que muestren la presencia del imputado AURELIO UZIEL CANO ERAZO en la zona. CUARTO: El vicio que denunciamos se produce porque la acreditación de la participación en los hechos ilícitos por los que fue condenado el señor AURELIO UZIEL CANO ERAZO no está respaldada con prueba de cargo suficientemente apta, ya que la misma, como antes dijimos, está constituida, decisivamente, en las declaraciones de los ofendidos, pero ellas no proporcionan elementos certeros que acrediten la participación del imputado en ellos, tampoco los ofrecen las imágenes captadas en el video aportado como prueba de cargo, resultando evidente las inconsistencias en la declaración del policía Sandoval Ruiz, tampoco ofrece información que corrobore lo declarado por los ofendidos, aparte de que al señor CANO ERAZO, al momento de su captura no le fue encontrada ninguna de las pertenencias de los ofendidos, igualmente con lo declarado por los ofendidos se acredito que el despojo se produjo de manera sorpresiva, vertiginosa e intimidante en el que, razonablemente, los ofendidos no tuvieron tiempo de fijarse en las características de los perpetradores y por un sentimiento de desagravio declaran en contra de las personas que fueron capturadas por la policía momentos después del asalto, tal condición anímica de los ofendidos les resta fortaleza para tener por cierta la participación del encartado en los hechos ilícitos a él atribuidos. QUINTO: Entendida estoy que en el sistema de valoración probatoria de la sana crítica es legalmente posible sustentar un fallo de condena en las declaraciones de los ofendidos, pero ellas deben contar con una serie de corroboradores periféricos que las confirmen, condición que, en el caso de mérito, no se satisface, pues como lo ha sostenido esta defensa durante todo el juicio, el Ministerio Público no aportó pruebas de cargo que, fuera de toda duda razonable, acrediten la participación del imputado AURELIO UZIEL CANO ERAZO en los hechos ilícitos a él atribuidos. SEXTO: En un Estado de Derecho, como Honduras, la presunción de inocencia, juicio previo y el debido proceso exigen que cualquier condena judicial debe fundarse en pruebas concluyentes que den certeza de la existencia del delito y la participación dolosa o culposa de los imputados; exigencias que no se cumplen en el presente caso en el que se condenó al señor AURELIO UZIEL CANO ERAZO sin una base probatoria que le dé sustento al fallo recurrido, violentando con ello los fundamentales derechos antes Referidos”. Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional. En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “La jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: 1. Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 2. Aplicación Restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 3. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el recurrente debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la Defensa Pública. Único Motivo. • Norma autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. • Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículos 88,89 y 90, de la Constitución de la República en relación con el artículo 1,2 y 202 del Código Procesal Penal. • Concepto de la infracción: Violación a la presunción de inocencia, juicio previo y debido proceso. • Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la pretensora. • Pretensión: Declarar la nulidad del fallo impugnado. • Establece la recurrente que el Tribunal de Sentencia al haber condenado a su representado infringe los derechos fundamentales de presunción de inocencia, juicio previo y debido proceso que le asisten a dicho imputado, porque el ente acusador está obligado a demostrar, fuera de toda duda razonable la imputación en contra de dicho señor y en la que produjo un muy pobre aporte de pruebas. Del Estado de Inocencia. El derecho al Estado de Inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89, establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, éste derecho-principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, condicionando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías. De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al Estado de Inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado. El Estado de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. El Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con el Debido Proceso Probatorio: El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad. Para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al Juzgador, sin vacilaciones y sin duda establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. Mediante el fallo de fecha catorce de mayo del 2007, en el Expediente 312-2006, esta Sala de lo Penal ha declarado que el Estado de Inocencia es “… es un estado inherente a la persona humana …”, éste derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP) y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.” (Fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de mayo del 2011, en el Exp 304-2010). En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá de examinar: a) Licitud de la Prueba: si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos, b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos. (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp 042-2009 de la Sala de lo Penal). El Estado de Inocencia reconocido en la Constitución de la República en su artículo 89, no permite que se trate como culpable a una persona que se le imputa un delito cualquiera que sea el grado de apariencia de la acusación, hasta tanto el Estado a través de los órganos jurisdiccionales no pronuncie sentencia penal firme que declare la culpabilidad del acusado, lo cual se vincula con el “juicio previo” que precisamente para declarar culpabilidad exige el artículo 94 constitucional, por ello se afirma que, juicio previo y estado de inocencia son dos caras de una misma moneda, destacándose como garantías básicas del proceso penal. A partir de ellas se estructura la protección jurídico-política, frente al poder punitivo del Estado. La construcción de culpabilidad exige precisión que implica certeza, pues caso contrario se preserva la no culpabilidad del acusado y con ello su estado de inocencia, al convencimiento de que un acusado es culpable se puede llegar, no sólo por la inexistencia de dudas, sino también por su superación, pero ciertamente la superación de las posibles dudas, no obedece a la pura voluntad subjetiva del Juez, sino que debe surgir con el razonamiento coherente que sólo se logra con la consideración racional de las pruebas que acreditan la culpabilidad del acusado y con ello la disipación de las posibles dudas si las hubiese. Del Debido Proceso Legal La Garantía del Debido Proceso se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el Debido Proceso Legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. - Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El Principio del Debido Proceso Legal, más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez, además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, es así que los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i. A una justicia gratuita; ii. Respeto al principio de presunción de inocencia; iii. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; iv. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; v.- A un juez predeterminado por la ley; vi. A la imparcialidad del juez; vii. A la independencia del juez; viii. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; ix. A la igualdad de armas procesales; x. A un proceso público sin dilaciones indebidas; xi. Derecho a ser oído en un plazo razonable; xii. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; xiii. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xiv. El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; en fin el derecho a un Debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El Debido Proceso Legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la Procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su Único Motivo. El recurso no es de recibo. Previamente debemos recordar que el derecho al estado de inocencia se configura como una regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válido, lo que implica que debe existir una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de la misma se infiera razonablemente los hechos y la participación del acusado en ellos. De modo que, se vulnerará el estado material de inocencia, cuando no haya prueba de cargo válida, es decir, cuando el juzgador haya valorado una actividad probatoria lesiva de derechos fundamentales o lesiva de garantías, o cuando el resultado de dicha valoración no sea debidamente motivado, o cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el discurso que conduce de la prueba al hecho probado de la sentencia. También ha sido criterio consolidado de esta Sala de lo Penal (sentencia de la Sala de lo Penal de fecha ocho de noviembre de dos mil doce, recaída en el expediente SP 142-2011), que a través de un recurso como el planteado, no le corresponde a este órgano judicial alcanzar su personal convicción a partir de unas pruebas que no presenció y realizar una valoración probatoria alternativa o sustitutiva de la que ha efectuado el juzgador de instancia, pues esta facultad le es exclusiva según nuestra norma procesal (artículos 336 y 338 regla 4ta. párrafo segundo del Código Procesal Penal). En todo caso, la función de este Tribunal de Casación consiste en hacer un control externo de la racionalidad de las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de Sentencia, verificar que las mismas no sean arbitrarias, ilógicas e irrazonables, y que, en todo caso, el A Quo ha actuado con una convicción razonable y respetuosa de las reglas de la sana crítica; así como a constatar la suficiencia probatoria para acreditar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal imputado.En su recurso casacional la recurrente establece que se vulnera los derechos fundamentales de presunción de inocencia, juicio previo y debido proceso y en su desarrollo no establece ni desarrolla cuales son esos perjuicios y en que consistente esas violaciones de derechos fundamentales que se le ha ocasionado a su representado por parte del Tribunal Sentenciador, si establece en su desarrollo que no existe prueba de cargo suficiente para condenar al señor Aurelio Uziel Cano Erazo, alegato que si pertenece dársele respuesta en cuanto al derecho fundamental de estado de inocencia. Sucede en el caso actual, que la Censora establece que, el sentenciador al dictar sentencia condenatoria en contra de sus representados, como responsables de los delitos de Robo de Vehículo Agravado y Robo Agravado, infringe gravemente los fundamentales derechos referidos; afectando la presunción de inocencia y el debido proceso que les asiste a los imputados por mandato constitucional, ya que la prueba de cargo traída a juicio resulto ser insuficiente e incompleta, pues la misma a su criterio no aporta nada al proceso. Así pues, esta Sala de lo Penal al hacer un recuento de la actividad probatoria, se desprende que el ente acusador propuso como prueba de cargo, las siguientes: DECLARACION TESTIFICAL: 1) Testigo de Darlin Antonio Sandoval Ruíz; 2) Testigo Roger Iván Zelaya Escobar; 3) Testigo Daniel Alejandro Martínez Flores; 4) Testigo Fredy Geovany León Herrera; 5) Testigo Luis Fernando Martínez Flores; 6) Testigo Jimmy Martínez Calderón. PRUEBA DOCUMENTAL: 1) Acta de Inspección Ocular y Recolección de indicios N° 180-2018, con su respectivo álbum fotográfico; 2) Factura de Compra y tracto sucesivo del vehículo; 3) Acta de decomiso de fecha 11 de febrero de 2018 y Acta de entrega 108-TEGUC.de fecha 11 de febrero de 2018. PRUEBA AUDIOVISUAL: 1) Un DVD, con la leyenda 911 Salvamos Tu Vida, solicitado por la Dirección Policial de Investigación con duración de 6 minutos y 23 segundos. Por parte de la Defensa no se evacuaron medios de prueba. Contrario a lo que expone la recurrente en su recurso, los anteriores medios de prueba resultaron razonablemente suficientes para acreditar la participación a título de Autores por los delitos de Robo de Vehículo Agravado y Robo Agravado, en perjuicio de Roger Jeovanny Zelaya Moreno, Roger Iván Zelaya Escalante, Jimmy Martínez Calderón, Luis Fernando Martínez Flores, Fredy Jovanny León Herrera y Daniel Alejandro Martínez Flores. Con la declaración testifical de Darlin Antonio Sandoval Ruíz, Policía Nacional, quién fue la primera persona en conocer los hechos, teniendo participación inmediata en la brevedad del tiempo cuando se interpuso la denuncia en fecha 02 de febrero de 2018, en horas de la noche recibieron una llamada vía radio por medio del 911, cuando se encontraban patrullando en la zona de Suyapa, ya que están asignados a la posta de la colonia Kennedy, relatando lo acontecido ese día cuando recibieron la llamada vía radio y se trasladaban al lugar de los hechos, es cuando observan que un carro estacionado frente a la entrada de la colonia San Juan de esta Ciudad de Tegucigalpa, del anillo periférico, con las características que les habían proporcionado del vehículo que minutos antes le habían despojado al señor Roger Iván Zelaya Escalante en la colonia Kennedy, la cual es aledaña al lugar donde se encontraba el automotor, cruzando la mediana con su motocicleta (se constata con el video del DVD) y ces cuando observan la presencia policial, los acusados se bajan del vehículo antes descrito, se bajan del automotor y salen corriendo atravesando la mediana con rumbo desconocido, es en ese preciso momento que se inicia la persecución, es cuando es detenido el señor Kevin Uriel Cáceres Murillo, en la cercanías de la gasolinera Uno del Hato de En medio y el señor Aurelio Uziel Cano Erazo fue reconocido por los ofendidos en la oficinas del Core VII horas más tarde. Con la declaración de los cinco ofendidos Roger Iván Zelaya Escobar, Daniel Alejandro Martínez Flores, Fredy Geovany León Herrera, Luis Fernando Martínez Flores y Jimmy Martínez Calderón, que ellos se encontraban departiendo ese día 02 de febrero de 2018, aproximadamente entre las 10: 20 y 10:30 de la noche, en una calle aledaña a la colonia Kennedy, cuando ven pasar los dos acusados, a los que saludaron, regresando inmediatamente, intimidándolos con una pistola el señor Aurelio Uziel Cano Erazo, quién realizo disparos y así intimidar a sus víctimas, asimismo, le dijo a Kevin Uriel Cáceres Murillo, que empezara a despojar de sus pertenencias a los ofendidos, procedieron a despojarlos de sus pertenencias personales (relojes, celulares, carteras) de manera violenta, amenazando con una pistola el señor Aurelio Uziel Cano Erazo, exigiendo que le entregara las llaves del automotor en la cual escuchaban música, las que fueron entregadas por el señor Roger Iván Zelaya Escalante, saliendo ambos acusados de manera rápida en el automotor. Todo lo anteriormente fue visto en la prueba audiovisual como lo es el DVD que fue proporcionado con la debida cadena de custodia, donde se establece la secuencia que recorrieron los acusados en el vehículo que fue objeto de robo minutos antes, ya que se captaron con las cámaras del 911, mediante las cuales se pudo observar el seguimiento por donde transito el automotor y que es propiedad del padre del señor Roger Iván Zelaya Escalante, y en la que se observó que se subieron a una pequeña mediana en una intercepción; con estas declaraciones de los perjudicados es consistente con la prueba documental como lo es el Acta de Inspección Ocular , Recolección de Indicios y Álbum Fotográfico, en la que se confirma la existencia del vehículo en el que se describe vehículo marca NISSAN, color plateado, Motor YD25112343T, serie MNTVCUD40Z0009552, AÑO 2009, MODELO DC4x4, TIPO PICK UP, CILINDRAJE 2500, DOBLE CABINA 4x4 DIESEL, 5 pasajeros, cilindraje 2500, la cual se confirma con la factura de compra del automotor y en la que se describe con el tracto sucesivo quien era el propietario del mismo el cual fue abandonado en la inmediaciones de la entrada de la colonia San Juan de Tegucigalpa, encontrándose en el interior del vehículo, una computadora marca DELL, así como el acta de decomiso de fecha 11 de febrero de 2018 y entrega 108-TEG-2018 con la que se hace constar la entrega del DVD. Tos estos medios de prueba el Tribunal Sentenciador los valoro dándole credibilidad por considerar que toda la prueba evacuada en la audiencia de juicio se corrobora entre sí, lo que fue vital para llegar a la verdad de los hechos. Para este Sala de lo Penal existe suficiente prueba con la cual el sentenciador respalda su posición de condena para los imputados Aurelio Uziel Cano Erazo y Kevin Ariel Cáceres Murillo, cuya Sentencia se ha apoyado en su relato fáctico con los medios de prueba anteriormente descritos; pruebas relativas en la que se demuestran la existencia del hecho y a la participación de los acusados en él. También es posible verificar que toda la prueba fue obtenida respetando las garantías procesales contenidas en nuestra Constitución de la Republica y en los instrumentos internacionales de los que nuestro país es parte; además los medios probatorios fueron presentados y evacuados mediante los procedimientos que establece nuestra ley procesal, misma que fue sometida al contradictorio por las partes y fue capaz de enervar el estado de inocencia que poseía los señores Aurelio Uziel Cano Erazo y Kevin Ariel Cáceres Murillo; en ese sentido no es cierta la posición de la recurrente al considerar que se han violentado dichas garantías constitucionales, sino que la misma fue sometida ante la contundencia y abundancia probatoria, todo lo cual quedó debidamente expuesto por el A-quo en su sentencia la cual está debidamente razonada expresando los argumentos de hecho y de derecho para el dictado de una sentencia condenatoria, motivos suficientes para desestimar el presente recurso de casación. DECISIÓN Ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública. De La Aplicación Retroactiva Del Código Penal Decreto 130-2017 Principio de Legalidad El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra declarado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y regulado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal 130-2017 en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 1.Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 2. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigor y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme y mientras se esté ejecutando, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. Reglas Generales de Ponderación de la norma más favorable que define el NCP decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). Por tanto, la ponderación tendrá una variante a depender de la instancia en que se haga: 1. En la primera instancia, al momento del juzgamiento por el tribunal, la ponderación de los cuerpos normativos parte de la comparación de las penas abstractas, pero sin dejar de tener en consideración la total de los cuerpos normativos como un todo; o 2. En la segunda o única instancia, al resolverse un recurso devolutivo interpuesto en contra de sentencia definitiva la ponderación se realizará entre la pena concreta impuesta y la pena abstracta que corresponda para el mismo hecho e igualmente reparando respecto a la totalidad de los cuerpos normativos. En ambos casos el proceso de ponderación se realiza siguiendo las reglas que se señalan en este apartado. Es importante insistir que la ponderación de la norma más favorable deberá de realizarse al momento del juzgamiento en primera instancia, en segunda instancia o en única instancia; por ello no es procedente aplicación retroactiva en estadios previos del proceso, como ser la audiencia de declaración de imputado, la audiencia inicial, la audiencia preliminar o en la etapa de saneamiento de la etapa de juicio. El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017; a tal consideración se le suma las siguientes:1. Penas Conjuntas: No procede la ponderación parcial de penas principales; la ponderación deberá de realizarse tomando en consideración todas las penas conjuntas impuestas por los mismos hechos (Art. 617 NCP). 2. Penas privativas de Libertad: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena privativa de la libertad (reclusión) con todas sus circunstancias, impuesta de conformidad con el VCP 144-83, fuese también imponible con arreglo al NCP 130-2017 (Art. 616). Ello ocurre cuando la pena concreta impuesta se encuentre dentro marco abstracto de la pena que para el mismo hecho se deba de imponer de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 621). 3. Pena de Multa: No se realizara aplicación retroactiva del NCP cuando la pena impuesta de conformidad con el VCP 144-83, sea la de multa y la que corresponda imponer conforme al NCP 130-2017, igualmente sea una pena de multa.- La aplicación retroactiva se realizara excepcionalmente cuando: a.- No se hubiese hecho abono alguno de la pena de multa impuesta de conformidad al VCP 144-83; y b.- la concreta cuantía impuesta conforme al VCP 144-83 no fuese posible imponer de acuerdo con el NCP 130-2017 desde una perspectiva abstracta (Art. 619). 4. Penas privativas de Derechos: Las penas principales de inhabilitación absoluta y especial se compararán atendiendo a la duración de la pena concreta impuesta en la sentencia y la máxima que pueda imponerse de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 620). 5. Medidas de Seguridad: Respecto a las medidas de ejecución impuestas de acuerdo con el VCP 144-83 que estén pendientes de ejecución o que estén siendo ejecutadas, deberán de ser objeto de revisión y adecuación de conformidad con las normas que regulan las mismas en el NCP 130-2017; (Art. 625). Reglas de Particulares de Ponderación por Concurso de Delitos y Por ausencia de Éste A nivel de punibilidad se regulan los concursos de delitos; ante la colisión temporal de normas sustantivas el juzgador llamado a resolver la acción penal interpuesta en base al rigor del VCP 144-83, deberá de establecer si existe o no concurso de delitos, identificar cual es el que concurre y luego hacer el cálculo de pena abstracta de conformidad a dicho concurso; seguidamente el juzgador deberá de hacer la ponderación de la pena más beneficiosa determinando si conforme a lo probado igualmente se aprecia un concurso según las normas del NCP130-2017, y de ser así deberá de proceder a calcular la pena abstracta, siendo el tercer y último paso la comparación de penas que deban de ser impuestas según cada código penal, reflejándose así cuál de ellos es el que debe de ser aplicado por ser más beneficioso para el procesado o reo. Lo descrito es un proceso general que tiene sus matices a depender cada uno de los concursos, lo que obliga hacer un estudio individualizado: A. Concurso Ideal Cuando conforme a los hechos imputados se deba de aplicar un Concurso Ideal (Art. 67 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al concurso ideal según las reglas del VCP144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del concurso ideal del NCP130-2017.- Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el concurso ideal; 2. Cuando una de las penas concursadas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del VCP144-83 y luego hacer la comparación global con el NCP130-2017; comparación que debe de hacerse según se explicó en el numeral anterior; o 3. Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, que se explican más adelante. Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real: i.- Limite Subjetivo, ii.- Limite Objetivo Ordinario y iii.- Limite Objetivo Extraordinario, explicado igualmente líneas adelante. b. Delito Continuado En el caso de que la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un delito continuado la ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (Art. 617 NCP). Al apreciarse un concurso continuado (Art. 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las mismas reglas señaladas previamente para el delito continuado. En los supuestos en donde conforme el VCP 144-83, corresponda aplicar un concurso real pero conforme el NCP 130-2017 se deba de aplicar un delito continuado, el juzgador deberá de proceder de la siguiente manera: 1. En primera instancia: i. Primero se procederá a realizar el cálculo abstracto de las penas conforme el VCP144-83, las que serán tomadas globalmente, para luego comparar el mismo con el marco abstracto de la pena que corresponda en aplicación del delito continuado según el NCP130-2017, develándose así que código es el más beneficioso en su conjunto. Recuérdese que la comparativa es global (suma de todas las penas abstractas) y no individual por cada pena; ii. En caso de que lo anterior no defina cual es la pena más favorable, el juzgador deberá de proceder a la individualización de la pena concreta de conformidad con el VCP-144-83 y paralelamente a la individualización de la pena concreta de conformidad con el BCP130-2017, de cuya comparación se decidirá que codificación es la más beneficiosa; o 2. En segunda instancia y única instancia: la comparativa parte de la confrontación de las penas que en concurso real hayan sido impuestas en la sentencia impugnada en aplicación del VCP144-83, con el marco abstracto de la única pena que de conformidad al NCP-130-2017 deba de imponerse como consecuencia de la aplicación del delito continuado; así entonces: i. Si las penas individualizadas en concurso real tomadas globalmente (la sumatoria de todas las penas), se encuentra dentro del marco abstracto de la pena del delito continuado, no se aplicará retroactivamente el NCP130-2017; ii. Si las penas individualizadas en concurso real están fuera de la escala de la pena abstracta que deba de imponerse en delito continuado según el NCP130-2017, se aplicara la pena que le sea más favorable al procesado. c. Concurso Real Los supuestos en donde la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un Concurso Real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. La ponderación deberá de realizarse conforme al límite único de cumplimiento de pena que establece el artículo 35 del VCP 144-83 versus los limites objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo que prevé el artículo 66 NCP 130-2017, debiendo excluir las penas de delitos que hayan sido despenalizados en la nueva normativa.- Es importante tener presente que ningún límite es preferente a otro y por tanto se aplicará el límite que marque menor pena; así entonces: a. Cuando entre en acción el Límite Objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al VCP144-83 y los límites del concurso real que regula el NCP130-2017, siguiendo los siguientes pasos: i. Si ambas legislaciones determinan un mismo límite de cumplimiento, se aplicará el principio de identidad, es decir el VCP 144-83; y ii. Si las legislaciones definen límites de cumplimiento distinto, se aplicará aquel que le sea más beneficioso al acusado o reo (ello sin perjuicio de lo que se señala en el siguiente literal); y/o b. Para hacer efectivo el Limite Subjetivo, que regula el NCP 130-2017 se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, develando así el límite máximo que puede cumplir el condenado: i.- Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuara a dicho límite de conformidad con lo señalado en el literal anterior; ii.- Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años; implica que el resultado matemático será el límite máximo de cumplimiento, el que deberá de ser objeto de comparación con el limite objetivo de cumplimiento del VCP144-83. 2. Cuando las penas consideradas globalmente no superasen ninguno de los límites a los que se refiere el numeral anterior, el juzgador procederá a realizar la comparación de las penas que corresponda en una y otra legislación: a. En primera instancia la comparación se realizará entre las penas abstractas definidas en cada cuerpo sustantivo; el tribunal sumará todas las penas abstractas que correspondan imponer en concurso real de conformidad con el VCP 144-83 y todas las penas abstractas que prevea el NCP130-2017, las cuales comparará. Si de la comparación no es posible determinar cuál es más beneficiosa para el procesado, el tribunal deberá de proceder a realizar la individualización de las penas de cada delito primero conforme el VCP144-83 y después conforme el NCP130-2017, luego la suma global de dichas penas por cada código será comparada entre sí, determinando cual es el cuerpo normativo más beneficioso (siempre teniendo presente además el resto de las regulaciones normativas). Finalmente, si aun con las penas individualizadas no existe claridad cuál en su conjunto es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara para que éste señale cual le favorece más. b. En segunda y única instancia la comparación se realizará entre la suma de todas las penas concretas impuestas en concurso real en la sentencia impugnada bajo el VCP 144-83 y la suma de todas las penas abstractas que define el NCP 130-2017. De dicho resultado el tribunal resolverá: i. Si las penas concretas en concurso real VCP 144-83 están dentro de la suma del margen abstracto de las penas del NCP 130-2017, no procederá la aplicación retroactiva de este último; ii. Si la suma de las penas concretas VCP 144-83 no se encuentra dentro del marco abstracto de la suma de penas en concurso real del NCP 130-2017, se aplicará el cuerpo normativo que fije comparativamente las penas más leves, sin dejar de tener en consideración el resto de las disposiciones de cada codificación para efectos comparativos; iii. Si el concurso real está compuesto por Penas Conjuntas, en donde algunas de ellas sean más beneficiosas y otras más gravosas respecto a la comparación hecha con el otro cuerpo legal; el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la pena de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Ejemplo de esto último sería un concurso real con pena global de reclusión por 25 años y multa por L. 700,000.00 conforme el VCP 144-83 y por otro lado una pena de prisión de 17 a 20 años y multa de L. 1,000,000.00 a L. 5,000,000.00 conforme el NCP 130-2017, caso en donde la pena privativa de libertad deberá de definir el código penal a aplicar, siempre que además los beneficios penitenciarios que regule ese mismo código fuesen igualmente más favorables. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. d. Concurso Medial El concurso medial constituyó una institución penal por muchos años, reglada por el artículo 36 del VCP 143-83, misma que desaparece en el NCP 130-2017. Por tanto, cuando conforme los hechos imputados en base al VCP144-83 deba de aplicarse un Concurso Medial (Art. 66 en relación con el párrafo séptimo del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. Se realizará la comparación global de la pena que corresponda en concurso medial según el VCP144-83 con las penas que correspondería aplicar en concurso real conforme al NCP130-2017, en consideración a los limites subjetivo, objetivo ordinario y objetivo extraordinario, del que hemos hablado en el apartado anterior; 2. Es improcedente hacer comparación individual de las penas que conforman el concurso medial del VCP144-83 y las penas en concurso real del NCP130-2017; 3. Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, haciendo desaparecer el concurso Medial, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, lo que se aborda en el apartado siguiente. e. Penas Conjuntas No Concursadas Finalmente, cuando corresponda imponer a una persona una Pena No Concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (en su caso) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: 1. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. No procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. No procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. Procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; 2. Si el hecho definido como delito tiene previstas Penas Conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Ejemplo de esto último sería pena de reclusión por 9 años y multa del 10% de lo defraudado equivalente a L. 50,000.00 conforme el VCP 144-83 en comparación con una pena de prisión de 2 a 3 años y multa 400 días multa equivalente de hasta L. 2,000.000.00 por defraudación a las telecomunicaciones, caso en donde la pena privativa de libertad deberá de definir el código penal a aplicar, siempre que además los beneficios penitenciarios que regule ese mismo código fuesen igualmente más favorables; o 3. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal.- En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara a éste para que señale la que más le favorece. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no se presentó por parte de la Defensa Pública escrito complementario en el que estableciera su parecer sobre la aplicación retroactiva de la nueva normativa penal; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado.Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, conforme al Código Penal 144-83, se impuso a los señores Aurelio Uziel Cano Erazo y Kevin Ariel Cáceres Murillo, por el delito de Robo de Vehículo Agravado, en perjuicio de Roger Jeovanny Zelaya Moreno, la pena de Trece (13) años Cuatro (4) meses de reclusión y por el delito de Robo Agravado, en perjuicio de Roger Iván Zelaya Escalante, Jimmy Martínez Calderón, Luis Fernando Martínez Flores, Fredy Jovanny León Herrera y Daniel Alejandro Martínez Flores, la pena de Seis (6) años Ocho (8) meses de reclusión, mas las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil durante el tiempo de duración de la pena principal y la responsabilidad civil. Penas que deberán cumplirse en Concurso Real. Haciendo una pena total para ambos delitos de 20 años de reclusión. Conforme al Código Penal según Decreto 130-2017, se encuentra consignado como delito se Robo Agravado Con Violencia (vehículo) sancionado a la pena de 4 a 8 años de prisión conforme al artículo 361, en relación con el artículo 363 numeral 9, aplicando al caso la circunstancia agravante en atención al uso o empleo de arma de fuego, por lo que dicha pena debe ser aumentada en 1/3, resultando una pena de 8 años a 10 años 8 meses de prisión; y por el delito de Robo con Violencia con una pena de 4 a 8 años de prisión. Resultando una pena abstracta por los dos delitos de 12 años a 18 años 8 meses de prisión. Al hacer la comparativa de penas entre las dos legislaciones se puede concluir que le procede la aplicación retroactiva conforme al Código Penal Decreto 130-2017. Para efectos de la individualización de las penas, manda el artículo 70 NCP tener en consideración la existencia o ausencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y, en su defecto las circunstancias personales del condenado. Sobre ello, durante la individualización de la pena no presentaron por parte del Ministerio Público, ni la defensa pública, presentaron circunstancias agravantes ni atenuantes consignadas por el artículo 31 y 32 del Código Penal 130-2017, Por su parte esta Sala de lo Penal, en base a lo anterior, y en atención a las circunstancias personales y a la mayor o menor gravedad del hecho, corresponde imponer a los imputados la pena mínima prevista en la codificación penal vigente, de la manera siguiente: 1) Aurelio Uziel Cano Erazo: Penas principales de: i. prisión por 08 años por el delito de Robo Agravado con Violencia (vehículo). ii. prisión por 04 años por el delito de Robo con Violencia, Penas a las que se le deben de unir las accesorias correspondientes y demás consecuencias penales. 2) Kevin Ariel Cáceres Murillo: penas principales de: i. prisión por 08 años por el delito de Robo Agravado con Violencia (vehículo). ii. prisión por 04 años por el delito de Robo con Violencia, Penas a las que se le deben de unir las accesorias correspondientes y demás consecuencias penales. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Abogada Ivonne Díaz Mass, en su condición de defensora pública del señor Aurelio Uziel Cano Erazo. Segundo: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas a los acusados Aurelio Uziel Cano Erazo y Kevin Ariel Cáceres Murillo; en consecuencia, reforma los pronunciamientos primero, segundo, tercero y cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de fecha 14 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en los siguientes términos: a) Que debemos Condenar y Condenamos al señor Aurelio Uziel Cano Erazo, como autor responsable penalmente del delito de Robo Agravado con Violencia (vehículo), en perjuicio del señor Roger Jeovanny Zelaya Moreno, a la pena de ocho (08) años de prisión. b) Que debemos Condenar y Condenamos al señor Aurelio Uziel Cano Erazo, como autor responsable penalmente del delito de Robo con Violencia, en perjuicio de los señores Roger Iván Zelaya Escalante, Jimmy Martínez Calderón, Luis Fernando Martínez Flores, Fredy Jovanny León Herrera y Daniel Alejandro Martínez Flores, a la pena de cuatro (04) años de prisión. c) Que debemos Condenar y condenamos al señor Kevin Ariel Cáceres Murillo, como autor responsable penalmente del delito de Robo Agravado con Violencia (vehículo), en perjuicio del señor Roger Jeovanny Zelaya Moreno a la pena de ocho (08) años de prisión. d) Que debemos Condenar y Condenamos al señor Kevin Ariel Cáceres Murillo, como autor responsable penalmente del delito de Robo con Violencia, en perjuicio de los señores Roger Iván Zelaya Escalante, Jimmy Martínez Calderón, Luis Fernando Martínez Flores, Fredy Jovanny León Herrera y Daniel Alejandro Martínez Flores, a la pena de cuatro (04) años de prisión. e) Que debemos Condenar y Condenamos a los señores Aurelio Uziel Cano Erazo y Kevin Ariel Cáceres Murillo, a la pena accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. f) Que debemos Condenar y Condenamos a los señores Aurelio Uziel Cano Erazo y Kevin Ariel Cáceres Murillo por disposición Constitucional (Art. 41.2) a la suspensión de la ciudadanía por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena principal. g) Las penas principales impuestas se cumplirán en el orden siguiente: penas de prisión de manera sucesiva, iniciando con la más grave, a la que deberá de deducirse el tiempo en que el condenado haya estado privado de su libertad cautelarmente por las mismas causas criminales. Tercero: Declara Firme y Ejecutable los pronunciamientos sexto y séptimo de la parte resolutiva de la sentencia. - Y Manda: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Mario Rolando Díaz Flores. Notifíquese. - Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Firma y Sello. RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS. – receptora adscrita a sala de lo penal.” “LA SALA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, integrada por los Magistrados Mario Rolando Díaz Flores, en su calidad de Coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco dictan el siguiente: AUTO En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de marzo del año dos mil veinticinco, ANTECEDENTES PROCESALES PRIMERO: En fecha catorce de noviembre del año dos mil diecinueve, la Defensa Pública Interpuso Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, contra la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), en la que se condenó a Aurelio Uziel Cano Erazo y Kevin Ariel Caceres Murillo por los delitos de Robo de Vehículo Agravado y Robo Agravado en perjuicio de Roger Jeovanny Zelaya Moreno, Roger Iván Zelaya Escalante, Jimmy Martínez Calderón, Luis Fernando Martinez Flores, Fredy Jovanny León Herrera y Daniel Alejandro Martinez Flores a la pena de Veinte (20) años de reclusión, más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil. SEGUNDO: En fecha cuatro de noviembre del año dos mil veinticuatro, esta Sala de lo Penal emite sentencia declarando No Ha Lugar el recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública. De la revisión hecha a los antecedentes se logró determinar que por un error material se consigno en la página doce (12) de la referida sentencia en el acapite de "DECISION" se resolvió "Ha Lugar el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública", siendo lo correcto No Ha Lugar el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública. FUNDAMENTACIÓN UNICO: El artículo 142 del Código Procesal Penal dispone: "Antes de notificación de una resolución, el órgano jurisdiccional podrá aclarar las expresiones obscuras, corregir los errores materiales o suplir cualquier omisión que exista en la parte resolutiva, siempre que el acto no implique una modificación esencial de la resolución. Las partes podrán solicitar aclaraciones y adiciones dentro de los tres (3) dias hábiles siguientes a la fecha de notificación. Los meros errores materiales y los aritméticos o de cálculo, cuando sean manifiestos, podrán ser rectificados en cualquier momento, a petición de parte o por propia iniciativa del órgano jurisdiccional." PARTE DISPOSITIVA Esta Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en las normas antes citadas, RESUELVE: 1) Enmendar de oficio en la página 12 en el acápite de "DECISIÓN": "Ha Lugar el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública", siendo lo correcto No Ha Lugar el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública, NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado Coordinador. Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Firma y Sello. RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS. – receptora adscrita a sala de lo penal” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veintidós días del mes de abril de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el cuatro de noviembre de dos mil veinticuatro y Auto de fecha seis de marzo de mil veinticinco, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-34-2020.Pia Cristina Mejia NuñezReceptora Adscrita Sala de lo Penal“CERTIFICACION La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia y auto recaídos en el expediente del Recurso de Casación SP-34-2020, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha cuatro de noviembre del año dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Nelson Danilo Mairena Franco, en su calidad de Coordinador, Mario Rolando Díaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La sentencia en el Recurso de Casación SP 34-2020 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha catorce de octubre de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: Condenó a Kevin Ariel Cáceres Murillo, por el delito de Robo de Vehículo Agravado, en perjuicio de Roger Jeovanny Zelaya Moreno, a la pena de trece años cuatro meses de reclusión, Segundo: Condenó al señor Kevin Ariel Cáceres Murillo, como autor responsable penalmente de la comisión del delito de Robo Agravado, perjuicio de los señores Roger Iván Zelaya Escalante, Jimmy Martínez Calderón, Luis Fernando Martínez Flores, Fredy Jovanny León Herrera y Daniel Alejandro Martínez Flores, a la pena de seis años y ocho meses de reclusión. Tercero: Condenó a Aurelio Uziel Cano Erazo, como autor de la comisión del delito de Robo de Vehículo Agravado, en perjuicio de Roger Jeovanny Zelaya Moreno; a la pena de trece años y cuatro meses de reclusión. Cuarto: Condenó a Aurelio Uziel Cano Erazo, como autor responsable penalmente de la comisión del delito de Robo Agravado, en perjuicio de los Señores Roger Iván Zelaya Escalante, Jimmy Martínez Calderón, Luis Fernando Martínez Flores, Fredy Jovanny León Herrera y Daniel Alejandro Martínez Flores, a la pena de seis años ocho meses de reclusión. Penas que deben cumplirse en concurso real. Quinto: Condenó a Kevin Ariel Cáceres Murillo y Aurelio Uziel Cano Erazo, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal, así como trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario. Sexto: Declaró a Kevin Ariel Cáceres Murillo y Aurelio Uziel Cano Erazo, responsables civilmente de la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados. Séptimo: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio a los condenados, no procedió el comiso por no haberse puesto a disposición ninguna pieza de convicción o ejecución. SON PARTES: Los Abogados Mario Reiniery Amador Espinal y Dibabel López Durón, en su condición de defensores públicos de Aurelio Uziel Cano Erazo, como parte recurrente y el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, como fiscal del Ministerio Publico y parte recurrida. HECHOS PROBADOS “UNICO: Que en fecha 2 de febrero del año 2018, aproximadamente a las 10:30 de la noche los señores Daniel Alejandro Martínez, Jimmy Martínez Calderón, Fredy Giovanni León Herrera, Luis Fernando Martínez Flores y Roger Iván Zelaya se encontraban departiendo en un lugar de la Colonia Kennedy específicamente en la Ciudad de Tegucigalpa, pasando junto a estos los señores Kevin Ariel Cáceres quien vestía una camiseta blanca, Jean y tenis; y Aurelio Uziel Cano Erazo quien vestía una chaqueta de color negro una camiseta blanca, Jeans y tenis, pasaron y saludaron a los antes mencionados, acto seguido el señor Cano Erazo saco un arma de fuego que portaba intimidando con esta al señor Daniel Alejandro Martínez, Jimmy Martínez Calderón, Fredy Giovanni León Herrera, Luis Fernando Martínez Flores y Roger Iván Zelaya quien junto a Kevin Murillo despojaron de sus pertenencias a los antes señalados, apuntándoles con el arma de fuego que portaba Aurelio Uziel diciéndoles de manera violenta que les entregaran las llaves del automotor marca Nissan Modelo Navara, tipo Pick Up, color plateado claro, propiedad del señor Roger Giovanni Zelaya el cual estaba estacionado en el mismo sitio que estos ofendidos se encontraban escuchando música, luego de ello huyeron del lugar lo señores Kevin Murillo y Aurelio Uziel Cano Erazo, interponiendo de manera inmediata las victimas la denuncia, minutos después el vehículo fue encontrado en la entrada a la Colonia San Juan de la Ciudad de Tegucigalpa sobre el anillo periférico, por los Agentes de Policía quienes observaron que los señores Kevin Ariel Cáceres y Uziel Cano iban cruzando el anillo Periférico, siendo detenidos posteriormente y reconocidos por las personas que horas antes habían despojado de sus pertenencias personas y del vehículo” RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente Abogada Ivonne Días Mass, defensora Pública de Aurelio Uziel Cano Erazo, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, de la manera siguiente “INDICACIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL ÚNICO: Infracción de los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 88, 89 y 90, (PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, JUICIO PREVIO Y DEBIDO PROCESO), en relación con los artículos 1, 2 y 202 del Código Procesal Penal. Autoriza la interposición de este recurso el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: PRIMERO: Las normas constitucionales y legales que se denuncian como infringidas por el Tribunal de juicio, entre otras disposiciones, señalan que: 1) Solo hará prueba la declaración rendida ante juez competente; 2) Ninguna persona podrá ser condenada ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el Código Procesal Penal. SEGUNDO: El Juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra del señor AURELIO UZIEL CANO ERAZO por los delitos de ROBO DE VEHÍCULO AGRAVADO en perjuicio de ROGER JEOVANNY ZELAYA MORENO y ROBO AGRAVADO en perjuicio de los señores ROGER IVAN ZELAYA ESCALANTE, JIMMY MARTÍNEZ CALDERÓN, LUÍS FERNANDO MARTÍNEZ FLORES, FREDY JEOVANNY LEON HERRERA y DANIEL ALEJANDRO MARTÍNEZ FLORES infringe los fundamentales derechos de presunción de inocencia, juicio previo y al debido proceso que le asisten a dicho imputado por mandato constitucional, porque el ente acusador no obstante estar obligado a demostrar, fuera de toda duda razonable, la imputación en contra de dicho señor, produjo un muy pobre aporte de pruebas. TERCERO: En la audiencia de juicio oral se evacuó como prueba directa de cargo en relación a los delitos imputados las declaración de los ofendidos, mismas que estuvieron huérfanas de otras pruebas que las confirmen, porque no se aportó ningún tipo de evidencias que respaldara los dichos de los supuestos ofendidos y el contenido del video aportado, contrario a confirmar las declaraciones de cargo las colman de incertidumbres, pues las imágenes proyectadas en el juicio desdicen lo manifestado por el policía Darlin Antonio Sandoval Ruiz quien dijo haber recibido una denuncia sobre un atraco perpetrado en la colonia Kennedy, dándoles características del vehículo en que huían los delincuentes, por lo que abordo de la motorizada M104, junto a otro policía, se trasladaron al anillo periférico y que a la altura de la colonia San Juan lograron observar un vehículo con las mismas características, que sus ocupantes al ver la presencia policial se dieron a la fuga, después de varios minutos de persecución y a la altura de la Gasolinera Uno lograron darle detención a un ciudadano, sin embargo, las imágenes observadas en el video ofrecido como prueba de cargo si captan la presencia del vehículo reportado como robado, pero no registran ninguna de las incidencias descritas por el policía Sandoval Ruiz y menos que muestren la presencia del imputado AURELIO UZIEL CANO ERAZO en la zona. CUARTO: El vicio que denunciamos se produce porque la acreditación de la participación en los hechos ilícitos por los que fue condenado el señor AURELIO UZIEL CANO ERAZO no está respaldada con prueba de cargo suficientemente apta, ya que la misma, como antes dijimos, está constituida, decisivamente, en las declaraciones de los ofendidos, pero ellas no proporcionan elementos certeros que acrediten la participación del imputado en ellos, tampoco los ofrecen las imágenes captadas en el video aportado como prueba de cargo, resultando evidente las inconsistencias en la declaración del policía Sandoval Ruiz, tampoco ofrece información que corrobore lo declarado por los ofendidos, aparte de que al señor CANO ERAZO, al momento de su captura no le fue encontrada ninguna de las pertenencias de los ofendidos, igualmente con lo declarado por los ofendidos se acredito que el despojo se produjo de manera sorpresiva, vertiginosa e intimidante en el que, razonablemente, los ofendidos no tuvieron tiempo de fijarse en las características de los perpetradores y por un sentimiento de desagravio declaran en contra de las personas que fueron capturadas por la policía momentos después del asalto, tal condición anímica de los ofendidos les resta fortaleza para tener por cierta la participación del encartado en los hechos ilícitos a él atribuidos. QUINTO: Entendida estoy que en el sistema de valoración probatoria de la sana crítica es legalmente posible sustentar un fallo de condena en las declaraciones de los ofendidos, pero ellas deben contar con una serie de corroboradores periféricos que las confirmen, condición que, en el caso de mérito, no se satisface, pues como lo ha sostenido esta defensa durante todo el juicio, el Ministerio Público no aportó pruebas de cargo que, fuera de toda duda razonable, acrediten la participación del imputado AURELIO UZIEL CANO ERAZO en los hechos ilícitos a él atribuidos. SEXTO: En un Estado de Derecho, como Honduras, la presunción de inocencia, juicio previo y el debido proceso exigen que cualquier condena judicial debe fundarse en pruebas concluyentes que den certeza de la existencia del delito y la participación dolosa o culposa de los imputados; exigencias que no se cumplen en el presente caso en el que se condenó al señor AURELIO UZIEL CANO ERAZO sin una base probatoria que le dé sustento al fallo recurrido, violentando con ello los fundamentales derechos antes Referidos”. Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional. En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “La jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: 1. Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 2. Aplicación Restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 3. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el recurrente debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la Defensa Pública. Único Motivo. • Norma autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. • Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículos 88,89 y 90, de la Constitución de la República en relación con el artículo 1,2 y 202 del Código Procesal Penal. • Concepto de la infracción: Violación a la presunción de inocencia, juicio previo y debido proceso. • Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la pretensora. • Pretensión: Declarar la nulidad del fallo impugnado. • Establece la recurrente que el Tribunal de Sentencia al haber condenado a su representado infringe los derechos fundamentales de presunción de inocencia, juicio previo y debido proceso que le asisten a dicho imputado, porque el ente acusador está obligado a demostrar, fuera de toda duda razonable la imputación en contra de dicho señor y en la que produjo un muy pobre aporte de pruebas. Del Estado de Inocencia. El derecho al Estado de Inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89, establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, éste derecho-principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, condicionando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías. De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al Estado de Inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado. El Estado de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. El Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con el Debido Proceso Probatorio: El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad. Para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al Juzgador, sin vacilaciones y sin duda establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. Mediante el fallo de fecha catorce de mayo del 2007, en el Expediente 312-2006, esta Sala de lo Penal ha declarado que el Estado de Inocencia es “… es un estado inherente a la persona humana …”, éste derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP) y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.” (Fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de mayo del 2011, en el Exp 304-2010). En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá de examinar: a) Licitud de la Prueba: si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos, b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos. (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp 042-2009 de la Sala de lo Penal). El Estado de Inocencia reconocido en la Constitución de la República en su artículo 89, no permite que se trate como culpable a una persona que se le imputa un delito cualquiera que sea el grado de apariencia de la acusación, hasta tanto el Estado a través de los órganos jurisdiccionales no pronuncie sentencia penal firme que declare la culpabilidad del acusado, lo cual se vincula con el “juicio previo” que precisamente para declarar culpabilidad exige el artículo 94 constitucional, por ello se afirma que, juicio previo y estado de inocencia son dos caras de una misma moneda, destacándose como garantías básicas del proceso penal. A partir de ellas se estructura la protección jurídico-política, frente al poder punitivo del Estado. La construcción de culpabilidad exige precisión que implica certeza, pues caso contrario se preserva la no culpabilidad del acusado y con ello su estado de inocencia, al convencimiento de que un acusado es culpable se puede llegar, no sólo por la inexistencia de dudas, sino también por su superación, pero ciertamente la superación de las posibles dudas, no obedece a la pura voluntad subjetiva del Juez, sino que debe surgir con el razonamiento coherente que sólo se logra con la consideración racional de las pruebas que acreditan la culpabilidad del acusado y con ello la disipación de las posibles dudas si las hubiese. Del Debido Proceso Legal La Garantía del Debido Proceso se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el Debido Proceso Legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. - Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El Principio del Debido Proceso Legal, más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez, además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, es así que los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i. A una justicia gratuita; ii. Respeto al principio de presunción de inocencia; iii. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; iv. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; v.- A un juez predeterminado por la ley; vi. A la imparcialidad del juez; vii. A la independencia del juez; viii. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; ix. A la igualdad de armas procesales; x. A un proceso público sin dilaciones indebidas; xi. Derecho a ser oído en un plazo razonable; xii. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; xiii. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xiv. El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; en fin el derecho a un Debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El Debido Proceso Legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la Procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su Único Motivo. El recurso no es de recibo. Previamente debemos recordar que el derecho al estado de inocencia se configura como una regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válido, lo que implica que debe existir una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de la misma se infiera razonablemente los hechos y la participación del acusado en ellos. De modo que, se vulnerará el estado material de inocencia, cuando no haya prueba de cargo válida, es decir, cuando el juzgador haya valorado una actividad probatoria lesiva de derechos fundamentales o lesiva de garantías, o cuando el resultado de dicha valoración no sea debidamente motivado, o cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el discurso que conduce de la prueba al hecho probado de la sentencia. También ha sido criterio consolidado de esta Sala de lo Penal (sentencia de la Sala de lo Penal de fecha ocho de noviembre de dos mil doce, recaída en el expediente SP 142-2011), que a través de un recurso como el planteado, no le corresponde a este órgano judicial alcanzar su personal convicción a partir de unas pruebas que no presenció y realizar una valoración probatoria alternativa o sustitutiva de la que ha efectuado el juzgador de instancia, pues esta facultad le es exclusiva según nuestra norma procesal (artículos 336 y 338 regla 4ta. párrafo segundo del Código Procesal Penal). En todo caso, la función de este Tribunal de Casación consiste en hacer un control externo de la racionalidad de las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de Sentencia, verificar que las mismas no sean arbitrarias, ilógicas e irrazonables, y que, en todo caso, el A Quo ha actuado con una convicción razonable y respetuosa de las reglas de la sana crítica; así como a constatar la suficiencia probatoria para acreditar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal imputado.En su recurso casacional la recurrente establece que se vulnera los derechos fundamentales de presunción de inocencia, juicio previo y debido proceso y en su desarrollo no establece ni desarrolla cuales son esos perjuicios y en que consistente esas violaciones de derechos fundamentales que se le ha ocasionado a su representado por parte del Tribunal Sentenciador, si establece en su desarrollo que no existe prueba de cargo suficiente para condenar al señor Aurelio Uziel Cano Erazo, alegato que si pertenece dársele respuesta en cuanto al derecho fundamental de estado de inocencia. Sucede en el caso actual, que la Censora establece que, el sentenciador al dictar sentencia condenatoria en contra de sus representados, como responsables de los delitos de Robo de Vehículo Agravado y Robo Agravado, infringe gravemente los fundamentales derechos referidos; afectando la presunción de inocencia y el debido proceso que les asiste a los imputados por mandato constitucional, ya que la prueba de cargo traída a juicio resulto ser insuficiente e incompleta, pues la misma a su criterio no aporta nada al proceso. Así pues, esta Sala de lo Penal al hacer un recuento de la actividad probatoria, se desprende que el ente acusador propuso como prueba de cargo, las siguientes: DECLARACION TESTIFICAL: 1) Testigo de Darlin Antonio Sandoval Ruíz; 2) Testigo Roger Iván Zelaya Escobar; 3) Testigo Daniel Alejandro Martínez Flores; 4) Testigo Fredy Geovany León Herrera; 5) Testigo Luis Fernando Martínez Flores; 6) Testigo Jimmy Martínez Calderón. PRUEBA DOCUMENTAL: 1) Acta de Inspección Ocular y Recolección de indicios N° 180-2018, con su respectivo álbum fotográfico; 2) Factura de Compra y tracto sucesivo del vehículo; 3) Acta de decomiso de fecha 11 de febrero de 2018 y Acta de entrega 108-TEGUC.de fecha 11 de febrero de 2018. PRUEBA AUDIOVISUAL: 1) Un DVD, con la leyenda 911 Salvamos Tu Vida, solicitado por la Dirección Policial de Investigación con duración de 6 minutos y 23 segundos. Por parte de la Defensa no se evacuaron medios de prueba. Contrario a lo que expone la recurrente en su recurso, los anteriores medios de prueba resultaron razonablemente suficientes para acreditar la participación a título de Autores por los delitos de Robo de Vehículo Agravado y Robo Agravado, en perjuicio de Roger Jeovanny Zelaya Moreno, Roger Iván Zelaya Escalante, Jimmy Martínez Calderón, Luis Fernando Martínez Flores, Fredy Jovanny León Herrera y Daniel Alejandro Martínez Flores. Con la declaración testifical de Darlin Antonio Sandoval Ruíz, Policía Nacional, quién fue la primera persona en conocer los hechos, teniendo participación inmediata en la brevedad del tiempo cuando se interpuso la denuncia en fecha 02 de febrero de 2018, en horas de la noche recibieron una llamada vía radio por medio del 911, cuando se encontraban patrullando en la zona de Suyapa, ya que están asignados a la posta de la colonia Kennedy, relatando lo acontecido ese día cuando recibieron la llamada vía radio y se trasladaban al lugar de los hechos, es cuando observan que un carro estacionado frente a la entrada de la colonia San Juan de esta Ciudad de Tegucigalpa, del anillo periférico, con las características que les habían proporcionado del vehículo que minutos antes le habían despojado al señor Roger Iván Zelaya Escalante en la colonia Kennedy, la cual es aledaña al lugar donde se encontraba el automotor, cruzando la mediana con su motocicleta (se constata con el video del DVD) y ces cuando observan la presencia policial, los acusados se bajan del vehículo antes descrito, se bajan del automotor y salen corriendo atravesando la mediana con rumbo desconocido, es en ese preciso momento que se inicia la persecución, es cuando es detenido el señor Kevin Uriel Cáceres Murillo, en la cercanías de la gasolinera Uno del Hato de En medio y el señor Aurelio Uziel Cano Erazo fue reconocido por los ofendidos en la oficinas del Core VII horas más tarde. Con la declaración de los cinco ofendidos Roger Iván Zelaya Escobar, Daniel Alejandro Martínez Flores, Fredy Geovany León Herrera, Luis Fernando Martínez Flores y Jimmy Martínez Calderón, que ellos se encontraban departiendo ese día 02 de febrero de 2018, aproximadamente entre las 10: 20 y 10:30 de la noche, en una calle aledaña a la colonia Kennedy, cuando ven pasar los dos acusados, a los que saludaron, regresando inmediatamente, intimidándolos con una pistola el señor Aurelio Uziel Cano Erazo, quién realizo disparos y así intimidar a sus víctimas, asimismo, le dijo a Kevin Uriel Cáceres Murillo, que empezara a despojar de sus pertenencias a los ofendidos, procedieron a despojarlos de sus pertenencias personales (relojes, celulares, carteras) de manera violenta, amenazando con una pistola el señor Aurelio Uziel Cano Erazo, exigiendo que le entregara las llaves del automotor en la cual escuchaban música, las que fueron entregadas por el señor Roger Iván Zelaya Escalante, saliendo ambos acusados de manera rápida en el automotor. Todo lo anteriormente fue visto en la prueba audiovisual como lo es el DVD que fue proporcionado con la debida cadena de custodia, donde se establece la secuencia que recorrieron los acusados en el vehículo que fue objeto de robo minutos antes, ya que se captaron con las cámaras del 911, mediante las cuales se pudo observar el seguimiento por donde transito el automotor y que es propiedad del padre del señor Roger Iván Zelaya Escalante, y en la que se observó que se subieron a una pequeña mediana en una intercepción; con estas declaraciones de los perjudicados es consistente con la prueba documental como lo es el Acta de Inspección Ocular , Recolección de Indicios y Álbum Fotográfico, en la que se confirma la existencia del vehículo en el que se describe vehículo marca NISSAN, color plateado, Motor YD25112343T, serie MNTVCUD40Z0009552, AÑO 2009, MODELO DC4x4, TIPO PICK UP, CILINDRAJE 2500, DOBLE CABINA 4x4 DIESEL, 5 pasajeros, cilindraje 2500, la cual se confirma con la factura de compra del automotor y en la que se describe con el tracto sucesivo quien era el propietario del mismo el cual fue abandonado en la inmediaciones de la entrada de la colonia San Juan de Tegucigalpa, encontrándose en el interior del vehículo, una computadora marca DELL, así como el acta de decomiso de fecha 11 de febrero de 2018 y entrega 108-TEG-2018 con la que se hace constar la entrega del DVD. Tos estos medios de prueba el Tribunal Sentenciador los valoro dándole credibilidad por considerar que toda la prueba evacuada en la audiencia de juicio se corrobora entre sí, lo que fue vital para llegar a la verdad de los hechos. Para este Sala de lo Penal existe suficiente prueba con la cual el sentenciador respalda su posición de condena para los imputados Aurelio Uziel Cano Erazo y Kevin Ariel Cáceres Murillo, cuya Sentencia se ha apoyado en su relato fáctico con los medios de prueba anteriormente descritos; pruebas relativas en la que se demuestran la existencia del hecho y a la participación de los acusados en él. También es posible verificar que toda la prueba fue obtenida respetando las garantías procesales contenidas en nuestra Constitución de la Republica y en los instrumentos internacionales de los que nuestro país es parte; además los medios probatorios fueron presentados y evacuados mediante los procedimientos que establece nuestra ley procesal, misma que fue sometida al contradictorio por las partes y fue capaz de enervar el estado de inocencia que poseía los señores Aurelio Uziel Cano Erazo y Kevin Ariel Cáceres Murillo; en ese sentido no es cierta la posición de la recurrente al considerar que se han violentado dichas garantías constitucionales, sino que la misma fue sometida ante la contundencia y abundancia probatoria, todo lo cual quedó debidamente expuesto por el A-quo en su sentencia la cual está debidamente razonada expresando los argumentos de hecho y de derecho para el dictado de una sentencia condenatoria, motivos suficientes para desestimar el presente recurso de casación. DECISIÓN Ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública. De La Aplicación Retroactiva Del Código Penal Decreto 130-2017 Principio de Legalidad El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra declarado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y regulado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal 130-2017 en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 1.Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 2. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigor y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme y mientras se esté ejecutando, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. Reglas Generales de Ponderación de la norma más favorable que define el NCP decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). Por tanto, la ponderación tendrá una variante a depender de la instancia en que se haga: 1. En la primera instancia, al momento del juzgamiento por el tribunal, la ponderación de los cuerpos normativos parte de la comparación de las penas abstractas, pero sin dejar de tener en consideración la total de los cuerpos normativos como un todo; o 2. En la segunda o única instancia, al resolverse un recurso devolutivo interpuesto en contra de sentencia definitiva la ponderación se realizará entre la pena concreta impuesta y la pena abstracta que corresponda para el mismo hecho e igualmente reparando respecto a la totalidad de los cuerpos normativos. En ambos casos el proceso de ponderación se realiza siguiendo las reglas que se señalan en este apartado. Es importante insistir que la ponderación de la norma más favorable deberá de realizarse al momento del juzgamiento en primera instancia, en segunda instancia o en única instancia; por ello no es procedente aplicación retroactiva en estadios previos del proceso, como ser la audiencia de declaración de imputado, la audiencia inicial, la audiencia preliminar o en la etapa de saneamiento de la etapa de juicio. El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017; a tal consideración se le suma las siguientes:1. Penas Conjuntas: No procede la ponderación parcial de penas principales; la ponderación deberá de realizarse tomando en consideración todas las penas conjuntas impuestas por los mismos hechos (Art. 617 NCP). 2. Penas privativas de Libertad: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena privativa de la libertad (reclusión) con todas sus circunstancias, impuesta de conformidad con el VCP 144-83, fuese también imponible con arreglo al NCP 130-2017 (Art. 616). Ello ocurre cuando la pena concreta impuesta se encuentre dentro marco abstracto de la pena que para el mismo hecho se deba de imponer de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 621). 3. Pena de Multa: No se realizara aplicación retroactiva del NCP cuando la pena impuesta de conformidad con el VCP 144-83, sea la de multa y la que corresponda imponer conforme al NCP 130-2017, igualmente sea una pena de multa.- La aplicación retroactiva se realizara excepcionalmente cuando: a.- No se hubiese hecho abono alguno de la pena de multa impuesta de conformidad al VCP 144-83; y b.- la concreta cuantía impuesta conforme al VCP 144-83 no fuese posible imponer de acuerdo con el NCP 130-2017 desde una perspectiva abstracta (Art. 619). 4. Penas privativas de Derechos: Las penas principales de inhabilitación absoluta y especial se compararán atendiendo a la duración de la pena concreta impuesta en la sentencia y la máxima que pueda imponerse de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 620). 5. Medidas de Seguridad: Respecto a las medidas de ejecución impuestas de acuerdo con el VCP 144-83 que estén pendientes de ejecución o que estén siendo ejecutadas, deberán de ser objeto de revisión y adecuación de conformidad con las normas que regulan las mismas en el NCP 130-2017; (Art. 625). Reglas de Particulares de Ponderación por Concurso de Delitos y Por ausencia de Éste A nivel de punibilidad se regulan los concursos de delitos; ante la colisión temporal de normas sustantivas el juzgador llamado a resolver la acción penal interpuesta en base al rigor del VCP 144-83, deberá de establecer si existe o no concurso de delitos, identificar cual es el que concurre y luego hacer el cálculo de pena abstracta de conformidad a dicho concurso; seguidamente el juzgador deberá de hacer la ponderación de la pena más beneficiosa determinando si conforme a lo probado igualmente se aprecia un concurso según las normas del NCP130-2017, y de ser así deberá de proceder a calcular la pena abstracta, siendo el tercer y último paso la comparación de penas que deban de ser impuestas según cada código penal, reflejándose así cuál de ellos es el que debe de ser aplicado por ser más beneficioso para el procesado o reo. Lo descrito es un proceso general que tiene sus matices a depender cada uno de los concursos, lo que obliga hacer un estudio individualizado: A. Concurso Ideal Cuando conforme a los hechos imputados se deba de aplicar un Concurso Ideal (Art. 67 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al concurso ideal según las reglas del VCP144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del concurso ideal del NCP130-2017.- Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el concurso ideal; 2. Cuando una de las penas concursadas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del VCP144-83 y luego hacer la comparación global con el NCP130-2017; comparación que debe de hacerse según se explicó en el numeral anterior; o 3. Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, que se explican más adelante. Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real: i.- Limite Subjetivo, ii.- Limite Objetivo Ordinario y iii.- Limite Objetivo Extraordinario, explicado igualmente líneas adelante. b. Delito Continuado En el caso de que la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un delito continuado la ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (Art. 617 NCP). Al apreciarse un concurso continuado (Art. 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las mismas reglas señaladas previamente para el delito continuado. En los supuestos en donde conforme el VCP 144-83, corresponda aplicar un concurso real pero conforme el NCP 130-2017 se deba de aplicar un delito continuado, el juzgador deberá de proceder de la siguiente manera: 1. En primera instancia: i. Primero se procederá a realizar el cálculo abstracto de las penas conforme el VCP144-83, las que serán tomadas globalmente, para luego comparar el mismo con el marco abstracto de la pena que corresponda en aplicación del delito continuado según el NCP130-2017, develándose así que código es el más beneficioso en su conjunto. Recuérdese que la comparativa es global (suma de todas las penas abstractas) y no individual por cada pena; ii. En caso de que lo anterior no defina cual es la pena más favorable, el juzgador deberá de proceder a la individualización de la pena concreta de conformidad con el VCP-144-83 y paralelamente a la individualización de la pena concreta de conformidad con el BCP130-2017, de cuya comparación se decidirá que codificación es la más beneficiosa; o 2. En segunda instancia y única instancia: la comparativa parte de la confrontación de las penas que en concurso real hayan sido impuestas en la sentencia impugnada en aplicación del VCP144-83, con el marco abstracto de la única pena que de conformidad al NCP-130-2017 deba de imponerse como consecuencia de la aplicación del delito continuado; así entonces: i. Si las penas individualizadas en concurso real tomadas globalmente (la sumatoria de todas las penas), se encuentra dentro del marco abstracto de la pena del delito continuado, no se aplicará retroactivamente el NCP130-2017; ii. Si las penas individualizadas en concurso real están fuera de la escala de la pena abstracta que deba de imponerse en delito continuado según el NCP130-2017, se aplicara la pena que le sea más favorable al procesado. c. Concurso Real Los supuestos en donde la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un Concurso Real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. La ponderación deberá de realizarse conforme al límite único de cumplimiento de pena que establece el artículo 35 del VCP 144-83 versus los limites objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo que prevé el artículo 66 NCP 130-2017, debiendo excluir las penas de delitos que hayan sido despenalizados en la nueva normativa.- Es importante tener presente que ningún límite es preferente a otro y por tanto se aplicará el límite que marque menor pena; así entonces: a. Cuando entre en acción el Límite Objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al VCP144-83 y los límites del concurso real que regula el NCP130-2017, siguiendo los siguientes pasos: i. Si ambas legislaciones determinan un mismo límite de cumplimiento, se aplicará el principio de identidad, es decir el VCP 144-83; y ii. Si las legislaciones definen límites de cumplimiento distinto, se aplicará aquel que le sea más beneficioso al acusado o reo (ello sin perjuicio de lo que se señala en el siguiente literal); y/o b. Para hacer efectivo el Limite Subjetivo, que regula el NCP 130-2017 se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, develando así el límite máximo que puede cumplir el condenado: i.- Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuara a dicho límite de conformidad con lo señalado en el literal anterior; ii.- Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años; implica que el resultado matemático será el límite máximo de cumplimiento, el que deberá de ser objeto de comparación con el limite objetivo de cumplimiento del VCP144-83. 2. Cuando las penas consideradas globalmente no superasen ninguno de los límites a los que se refiere el numeral anterior, el juzgador procederá a realizar la comparación de las penas que corresponda en una y otra legislación: a. En primera instancia la comparación se realizará entre las penas abstractas definidas en cada cuerpo sustantivo; el tribunal sumará todas las penas abstractas que correspondan imponer en concurso real de conformidad con el VCP 144-83 y todas las penas abstractas que prevea el NCP130-2017, las cuales comparará. Si de la comparación no es posible determinar cuál es más beneficiosa para el procesado, el tribunal deberá de proceder a realizar la individualización de las penas de cada delito primero conforme el VCP144-83 y después conforme el NCP130-2017, luego la suma global de dichas penas por cada código será comparada entre sí, determinando cual es el cuerpo normativo más beneficioso (siempre teniendo presente además el resto de las regulaciones normativas). Finalmente, si aun con las penas individualizadas no existe claridad cuál en su conjunto es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara para que éste señale cual le favorece más. b. En segunda y única instancia la comparación se realizará entre la suma de todas las penas concretas impuestas en concurso real en la sentencia impugnada bajo el VCP 144-83 y la suma de todas las penas abstractas que define el NCP 130-2017. De dicho resultado el tribunal resolverá: i. Si las penas concretas en concurso real VCP 144-83 están dentro de la suma del margen abstracto de las penas del NCP 130-2017, no procederá la aplicación retroactiva de este último; ii. Si la suma de las penas concretas VCP 144-83 no se encuentra dentro del marco abstracto de la suma de penas en concurso real del NCP 130-2017, se aplicará el cuerpo normativo que fije comparativamente las penas más leves, sin dejar de tener en consideración el resto de las disposiciones de cada codificación para efectos comparativos; iii. Si el concurso real está compuesto por Penas Conjuntas, en donde algunas de ellas sean más beneficiosas y otras más gravosas respecto a la comparación hecha con el otro cuerpo legal; el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la pena de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Ejemplo de esto último sería un concurso real con pena global de reclusión por 25 años y multa por L. 700,000.00 conforme el VCP 144-83 y por otro lado una pena de prisión de 17 a 20 años y multa de L. 1,000,000.00 a L. 5,000,000.00 conforme el NCP 130-2017, caso en donde la pena privativa de libertad deberá de definir el código penal a aplicar, siempre que además los beneficios penitenciarios que regule ese mismo código fuesen igualmente más favorables. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. d. Concurso Medial El concurso medial constituyó una institución penal por muchos años, reglada por el artículo 36 del VCP 143-83, misma que desaparece en el NCP 130-2017. Por tanto, cuando conforme los hechos imputados en base al VCP144-83 deba de aplicarse un Concurso Medial (Art. 66 en relación con el párrafo séptimo del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. Se realizará la comparación global de la pena que corresponda en concurso medial según el VCP144-83 con las penas que correspondería aplicar en concurso real conforme al NCP130-2017, en consideración a los limites subjetivo, objetivo ordinario y objetivo extraordinario, del que hemos hablado en el apartado anterior; 2. Es improcedente hacer comparación individual de las penas que conforman el concurso medial del VCP144-83 y las penas en concurso real del NCP130-2017; 3. Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, haciendo desaparecer el concurso Medial, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, lo que se aborda en el apartado siguiente. e. Penas Conjuntas No Concursadas Finalmente, cuando corresponda imponer a una persona una Pena No Concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (en su caso) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: 1. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. No procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. No procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. Procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; 2. Si el hecho definido como delito tiene previstas Penas Conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Ejemplo de esto último sería pena de reclusión por 9 años y multa del 10% de lo defraudado equivalente a L. 50,000.00 conforme el VCP 144-83 en comparación con una pena de prisión de 2 a 3 años y multa 400 días multa equivalente de hasta L. 2,000.000.00 por defraudación a las telecomunicaciones, caso en donde la pena privativa de libertad deberá de definir el código penal a aplicar, siempre que además los beneficios penitenciarios que regule ese mismo código fuesen igualmente más favorables; o 3. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal.- En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara a éste para que señale la que más le favorece. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no se presentó por parte de la Defensa Pública escrito complementario en el que estableciera su parecer sobre la aplicación retroactiva de la nueva normativa penal; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado.Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, conforme al Código Penal 144-83, se impuso a los señores Aurelio Uziel Cano Erazo y Kevin Ariel Cáceres Murillo, por el delito de Robo de Vehículo Agravado, en perjuicio de Roger Jeovanny Zelaya Moreno, la pena de Trece (13) años Cuatro (4) meses de reclusión y por el delito de Robo Agravado, en perjuicio de Roger Iván Zelaya Escalante, Jimmy Martínez Calderón, Luis Fernando Martínez Flores, Fredy Jovanny León Herrera y Daniel Alejandro Martínez Flores, la pena de Seis (6) años Ocho (8) meses de reclusión, mas las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil durante el tiempo de duración de la pena principal y la responsabilidad civil. Penas que deberán cumplirse en Concurso Real. Haciendo una pena total para ambos delitos de 20 años de reclusión. Conforme al Código Penal según Decreto 130-2017, se encuentra consignado como delito se Robo Agravado Con Violencia (vehículo) sancionado a la pena de 4 a 8 años de prisión conforme al artículo 361, en relación con el artículo 363 numeral 9, aplicando al caso la circunstancia agravante en atención al uso o empleo de arma de fuego, por lo que dicha pena debe ser aumentada en 1/3, resultando una pena de 8 años a 10 años 8 meses de prisión; y por el delito de Robo con Violencia con una pena de 4 a 8 años de prisión. Resultando una pena abstracta por los dos delitos de 12 años a 18 años 8 meses de prisión. Al hacer la comparativa de penas entre las dos legislaciones se puede concluir que le procede la aplicación retroactiva conforme al Código Penal Decreto 130-2017. Para efectos de la individualización de las penas, manda el artículo 70 NCP tener en consideración la existencia o ausencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y, en su defecto las circunstancias personales del condenado. Sobre ello, durante la individualización de la pena no presentaron por parte del Ministerio Público, ni la defensa pública, presentaron circunstancias agravantes ni atenuantes consignadas por el artículo 31 y 32 del Código Penal 130-2017, Por su parte esta Sala de lo Penal, en base a lo anterior, y en atención a las circunstancias personales y a la mayor o menor gravedad del hecho, corresponde imponer a los imputados la pena mínima prevista en la codificación penal vigente, de la manera siguiente: 1) Aurelio Uziel Cano Erazo: Penas principales de: i. prisión por 08 años por el delito de Robo Agravado con Violencia (vehículo). ii. prisión por 04 años por el delito de Robo con Violencia, Penas a las que se le deben de unir las accesorias correspondientes y demás consecuencias penales. 2) Kevin Ariel Cáceres Murillo: penas principales de: i. prisión por 08 años por el delito de Robo Agravado con Violencia (vehículo). ii. prisión por 04 años por el delito de Robo con Violencia, Penas a las que se le deben de unir las accesorias correspondientes y demás consecuencias penales. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Abogada Ivonne Díaz Mass, en su condición de defensora pública del señor Aurelio Uziel Cano Erazo. Segundo: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas a los acusados Aurelio Uziel Cano Erazo y Kevin Ariel Cáceres Murillo; en consecuencia, reforma los pronunciamientos primero, segundo, tercero y cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de fecha 14 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en los siguientes términos: a) Que debemos Condenar y Condenamos al señor Aurelio Uziel Cano Erazo, como autor responsable penalmente del delito de Robo Agravado con Violencia (vehículo), en perjuicio del señor Roger Jeovanny Zelaya Moreno, a la pena de ocho (08) años de prisión. b) Que debemos Condenar y Condenamos al señor Aurelio Uziel Cano Erazo, como autor responsable penalmente del delito de Robo con Violencia, en perjuicio de los señores Roger Iván Zelaya Escalante, Jimmy Martínez Calderón, Luis Fernando Martínez Flores, Fredy Jovanny León Herrera y Daniel Alejandro Martínez Flores, a la pena de cuatro (04) años de prisión. c) Que debemos Condenar y condenamos al señor Kevin Ariel Cáceres Murillo, como autor responsable penalmente del delito de Robo Agravado con Violencia (vehículo), en perjuicio del señor Roger Jeovanny Zelaya Moreno a la pena de ocho (08) años de prisión. d) Que debemos Condenar y Condenamos al señor Kevin Ariel Cáceres Murillo, como autor responsable penalmente del delito de Robo con Violencia, en perjuicio de los señores Roger Iván Zelaya Escalante, Jimmy Martínez Calderón, Luis Fernando Martínez Flores, Fredy Jovanny León Herrera y Daniel Alejandro Martínez Flores, a la pena de cuatro (04) años de prisión. e) Que debemos Condenar y Condenamos a los señores Aurelio Uziel Cano Erazo y Kevin Ariel Cáceres Murillo, a la pena accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. f) Que debemos Condenar y Condenamos a los señores Aurelio Uziel Cano Erazo y Kevin Ariel Cáceres Murillo por disposición Constitucional (Art. 41.2) a la suspensión de la ciudadanía por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena principal. g) Las penas principales impuestas se cumplirán en el orden siguiente: penas de prisión de manera sucesiva, iniciando con la más grave, a la que deberá de deducirse el tiempo en que el condenado haya estado privado de su libertad cautelarmente por las mismas causas criminales. Tercero: Declara Firme y Ejecutable los pronunciamientos sexto y séptimo de la parte resolutiva de la sentencia. - Y Manda: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Mario Rolando Díaz Flores. Notifíquese. - Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Firma y Sello. RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS. – receptora adscrita a sala de lo penal.” “LA SALA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, integrada por los Magistrados Mario Rolando Díaz Flores, en su calidad de Coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco dictan el siguiente: AUTO En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de marzo del año dos mil veinticinco, ANTECEDENTES PROCESALES PRIMERO: En fecha catorce de noviembre del año dos mil diecinueve, la Defensa Pública Interpuso Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, contra la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), en la que se condenó a Aurelio Uziel Cano Erazo y Kevin Ariel Caceres Murillo por los delitos de Robo de Vehículo Agravado y Robo Agravado en perjuicio de Roger Jeovanny Zelaya Moreno, Roger Iván Zelaya Escalante, Jimmy Martínez Calderón, Luis Fernando Martinez Flores, Fredy Jovanny León Herrera y Daniel Alejandro Martinez Flores a la pena de Veinte (20) años de reclusión, más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil. SEGUNDO: En fecha cuatro de noviembre del año dos mil veinticuatro, esta Sala de lo Penal emite sentencia declarando No Ha Lugar el recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública. De la revisión hecha a los antecedentes se logró determinar que por un error material se consigno en la página doce (12) de la referida sentencia en el acapite de "DECISION" se resolvió "Ha Lugar el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública", siendo lo correcto No Ha Lugar el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública. FUNDAMENTACIÓN UNICO: El artículo 142 del Código Procesal Penal dispone: "Antes de notificación de una resolución, el órgano jurisdiccional podrá aclarar las expresiones obscuras, corregir los errores materiales o suplir cualquier omisión que exista en la parte resolutiva, siempre que el acto no implique una modificación esencial de la resolución. Las partes podrán solicitar aclaraciones y adiciones dentro de los tres (3) dias hábiles siguientes a la fecha de notificación. Los meros errores materiales y los aritméticos o de cálculo, cuando sean manifiestos, podrán ser rectificados en cualquier momento, a petición de parte o por propia iniciativa del órgano jurisdiccional." PARTE DISPOSITIVA Esta Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en las normas antes citadas, RESUELVE: 1) Enmendar de oficio en la página 12 en el acápite de "DECISIÓN": "Ha Lugar el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública", siendo lo correcto No Ha Lugar el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública, NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado Coordinador. Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Firma y Sello. RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS. – receptora adscrita a sala de lo penal” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veintidós días del mes de abril de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el cuatro de noviembre de dos mil veinticuatro y Auto de fecha seis de marzo de mil veinticinco, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-34-2020.
Pia Cristina Mejia Nuñez
Receptora Adscrita Sala de lo Penal.”