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Sentencia CP-335-21 — Registro 18775

Resumen

Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia que absuelve a la imputada por el delito de Facilitación de local para el tráfico de drogas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El recurso es de recibo. La recurrente funda su motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma, bajo el fundamento que el tribunal sentenciador ha incurrido en una grave contradicción, al excluir prueba de valor decisivo por considerar que el mismo tiene carácter ilícito, según el recurrente el ingreso a dicha vivienda fue autorizado por la encausada Bertilia Rivas, para que los policías de investigación ingresaran a la vivienda y realizaran registro, y el mismo reúne todas las formalidades de ley, en el cual en su momento procesal oportuno fue solicita la convalidación a lo cual el juez de garantía accedió convalidando la actuación policial, por tanto ese medio de prueba se excluyó por ilícita sin serlo, como consecuencia de lo anterior, y al haberlo declarado ilícito alcanzó los medios de prueba que de dicha acta se derivan como ser: El acta de allanamiento y acta de inspección ocular, la evidencia física. Esta Sala de lo Penal, al analizar el reclamo realizado por el Ministerio Público, encuentra que efectivamente de la diligencia de allanamiento de morada consta que el mismo fue autorizado por la señora Bertilia Rivas, el cual el acusatorio solicito la convalidación ante el Juez competente, siendo convalidada la actuación de allanamiento practicada sin haber sido de objeto de reclamo por las partes surtiendo lo efectos legales del caso, sin embargo el medio de prueba es excluido por el Tribunal de Sentencia de Comayagua bajo el criterio siguiente: … En dicha resolución se observa la escueta y breve transcripciones de los hechos en que fundamenta el Ministerio Publica su petición de allanamiento de morada, … hemos señalado que se omitieron en la resolución de la CONVALIDACION del allanamiento pues no se motiva ni se justifica las razones o pruebas que se tomaron en cuenta para CONVALIDARLO… La inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental del que gozan todas las personas. Gracias a él no se permite que nadie pueda entrar o registrar un domicilio sin consentimiento del titular o resolución judicial, siempre y cuando no se hubiera cometido un delito en flagrancia, se desprende de lo inferido por el Tribunal de Sentencia que los agentes de policía solicitaron el ingreso a la vivienda motivados por la llamada anónima que ahí se comercializada droga, que fueron autorizado por la acusada para ingresar a la vivienda que de dicho ingreso se encontró evidencia en relación a la denuncia, y que dicha actuación fue convalidada por el juez de garantías, sin embargo para el Tribunal de Sentencia de Comayagua la resolución de la convalidación del allanamiento no está suficientemente motivada y por ello la considera ilegal, y por ello fruto de la teoría del árbol envenenado considera la ilicitud de cualquier actuación o medio de prueba que de ella se derive. Esta sala de lo Penal observa que la diligencia de allanamiento practicada a la vivienda de la señora Bertilia Rivas, fue debidamente autorizada por la acusada y convalidada en tiempo y forma por la autoridad competente, si bien el Tribunal de Sentencia de Comayagua no está conforme con la motivación del juez de garantías, esa inconformidad no vuelve la actuación judicial ilícita, por lo cual procede declarar ilícito un acto judicial realizado por un juez garantía, en consecuencia en el caso de autos no procede declarar la ilicitud del allanamiento de morada, ya que observa esta Sala de lo Penal que no se han vulnerado garantías constitucionales específicamente el domicilio de la señora Bertilia Rivas, por consiguiente el medio de prueba ha debido ser incluido como parte del acervo probatorio y valorado así como los medios de prueba que de este se han derivado. En este sentido, para esta Sala de lo Penal es procedente declarar de recibo el motivo de casación por quebrantamiento de forma incoado por el Ministerio Publico..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-335-2021, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha quince de octubre de dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Nelson Danilo Mairena Franco en su calidad de Coordinador, Mario Rolando Díaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-335-2021 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintinueve de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua, mediante la cual falló: PRIMERO: Absolvió a Bertilia Rivas, del delito de Facilitación de Local para el Consumo de Drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras. SEGUNDO: Se ordenó la revocación de las medidas cautelares impuestas y se extendieran las cartas de libertad correspondientes. TERCERO: No procedió la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio a Bertilia Rivas. CUARTO: No procedió decretar la responsabilidad civil a Bertilia Rivas. Son partes en única instancia: La Abogada Paz Yamileth Reyes Valdiviezo, en su condición de Fiscal del Ministerio Público como parte recurrente; Las Abogadas Dinabel López Durón y Alba Regina Paniagua Pacheco, en su condición de defensoras públicas de Bertilia Rivas, como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS “UNICO: A eso de las diez de la mañana (10:00 a.m.) del día jueves diecinueve (19) de febrero del año dos mil nueve (2009). agentes de policía ingresaron a la vivienda del señor BERTILIA RIVAS ubicada en la Residencial Brisas de Altamira del Municipio de Comayagua, Departamento de Comayagua, en busca de droga, cumpliendo con dicho fin encuentran en la vivienda Una bolsa de papel manila conteniendo 28 billetes de L. 10.00. 62 billetes de L. 20.00. 87 billetes de L.5.00. 42 billetes de L.1.00. 4 billetes de L.50.00. 6 billetes de L. 100.00. billetes de L 2.00 haciendo un total de L.5,805 lempiras, una bolsa de papel manila conteniendo en su interior un bolso de tela jeans color azul conteniendo una bolsa plástica calor verde, en su interior conteniendo marihuana, una bolsa de papel manila conteniendo en su interior balanza de color gris, un envoltorio de papel manila conteniendo marihuana y dos paquetes envueltos de papel manila conteniendo marihuana sin las formalidades requeridas.” III. RECURSO DE CASACIÓN: La recurrente Abogada Ana Lizeth Vázquez Álvarez, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: "Haber Excluido el Juzgador, Prueba de Valor Decisivo." PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 2, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Previo a desarrollar el presente motivo, resulta de transcendencia explicar en qué consiste el vicio supra referido, en este sentido, la Sala de Lo Penal a través de fallo de fecha 4 de Febrero del año 2013 (SP 90-2013), en relación a la exclusión de prueba de valor decisivo ha expresado lo siguiente: "...El motivo invocado resulta en concreto de dos hipótesis, el primero (exclusión de prueba) supone un rechazo expreso sin esperar las razones de esa decisión o bien se le considere ilícita sin serlo..." posición que se encuentra respaldada por el fallo de fecha 27 de Enero del año 2011, recaído en el recurso de Casación Penal S. P No 322-2009. (Lo resaltado es nuestro) Al examinar la sentencia censurada, se concluye claramente que el Tribunal de Sentencia recurrido excluyó prueba de VALOR DECISIVO, consistente en el acta Allanamiento de Morada y Acta de Inspección Ocular realizada en la vivienda de la acusada Bertilia Rivas, por considera que el acta de convalidación del allanamiento es escueta y una breve transcripción de los hechos, que el juez instructor no motivó, ni justificó los razonamientos lógicos para ordenar dicho allanamiento por lo que considera que la mencionada Acta de Allanamiento y el Acta de Inspección Ocular tienen vicios de nulidad constituyéndose con ello prueba ilícita porque a criterio del sentenciador se quebrantó el debido proceso y el derecho a la inviolabilidad del domicilio y concluye: "que no es posible valorar los medios probatorios de cargo por tratarse de prueba ilícita." Es precisamente, bajo el argumento anteriormente transcrito, que el Juzgador declara ilícito, según él, el " allanamiento" realizado en la vivienda de la acusada, y excluye de valoración el resto de probanzas que se derivan del mismo, como son a) Acta de Allanamiento, Acta de Inspección ocular y evidencia física, donde se establece el ingreso con autorización a la casa de la imputada y el hallazgo de cuatro paquetes de hierba seca, una balanza para peso y cinco mil ochocientos cinco lempiras en billetes de diferente denominación y b) Dictamen Toxicológico, practicado en fecha 18 de marzo del 2009 a tos cuatro paquetes de hierba seca decomisadas, el que concluyó que de los análisis realizados a las muestras #1, 2, 3 y 4 es hierba seca marihuana, con los siguientes pesos: el paquete número 1) 4,389.20 gramos, paquete número 2) 2,221.70 gramos, paquete número 3) 4,900.40 gramos y el paquete número 4) 67.80 gramos; siendo el patrón de consumo personal de 0.5 gramos a 10 gramos y que por lo tanto la cantidad total decomisada en las muestras número 1, 2 ,3 y 4 no son compatibles con la dosis considerada como consumo personal inmediato. Decisión que resulta arbitraria y desacertada por las siguientes circunstancias: Los testigos Juan José Orellana Gómez y Walter Hernández Cerna, Sub Oficiales asignados como Policías de investigación, son coherentes, contundentes y se concatenan entre sí pues estos refirieron en sus declaraciones: que el día 19 de febrero del dos mil nueve, recibieron una llamada anónima que en la Colonia Brisas de Altamira, en casa pequeña de bajareque de la ciudad de Comayagua una persona del sexo femenino dedicaba a vender droga, por lo que a las 9.30 de la mañana se trasladaron al lugar antes indicado a verificar la información, y una ves en el lugar le informaron a la encausada el motivo de su presencia y se le solicitó autorización para ingresar a su vivienda a lo cual accedió voluntariamente y firmó el acta de autorización para el ingreso, al ingresar a la vivienda observaron que la casa era de un sola pieza y visualmente constataron que en la parte de atrás de la vivienda en un callejón con muro de bloque se encontró una bolsa con hierba seca, en el lado izquierdo del mismo muro se encontraron dos paquetes con hierba seca, dentro de la casa un paquete con hierba seca y una balanza además de dinero en efectivo; posteriormente, terminaron el registro y se procedió a realizar procedimiento normal como ser, la detención de la Señora Bertilia Rivas; con dichas declaraciones se infiere: la dinámica de los hechos y que las autoridades policiales ingresaron al domicilio de la enjuiciada con su autorización, encontrando como producto de dicho registro a la vivienda, cuatro paquetes con hierba seca, que al ser periciadas resultó ser hierba seca marihuana con un peso total de 11,579.10 gramos, el cual no es compatible con la considerada para consumo personal. Arguye el Tribunal en el apartado de Fundamentación Jurídica, que a partir de lo dispuesto en el artículo 99 Constitucional, sólo en cuatro supuestos es posible la entrada en domicilio ajeno: a) Con el consentimiento del titular. b) Por resolución judicial; c) En caso de flagrancia y d) Por fuerza mayor. El supuesto del consentimiento aún no contemplado por el legislador, resulta suyo lógico, ya que si de lo que trata es proteger la intimidad, al no existir oposición por parte del titular del derecho, a que se penetre su esfera más íntima, la actuación investigadora será plenamente válida". (Lo resaltado y subrayado es nuestro). Ver último párrafo de la página 7 de la sentencia. La anterior referencia por parte del Tribunal admite que al autorizarse el ingreso por parte del titular del derecho, la actuación será plenamente válida, sin embargo, aún así, el Juzgador ha excluido de valoración la probanza de carácter decisivo para acreditar la existencia del delito y la participación de la acusada, por considerarla ilícita; conclusión que obedece a una equivocada interpretación entre diligencias de autorización para ingreso a la vivienda y lo que es un allanamiento, basando justamente su decisión, en aspectos relacionados con los requisitos que exige el artículo 212 del Código Procesal Penal para ejecutar la diligencia de Allanamiento y la obligatoriedad del Ministerio Público de ponerla inmediatamente en conocimiento del juez competente; así como el deber de los entes jurisdiccionales de motivar su convalidación, tal como se evidencia del acápite de motivación jurídica donde ha expuesto: "En el presente caso a pesar de la existencia de una resolución judicial, en que homologa autorizando el ingreso a la vivienda allanada y registrada, procede analizar la concurrencia o no de los requisitos legales y los supuestos, para tal caso las mismas deben ceñirse a las circunstancias del artículo 212 del Código Procesal Penal. De tal suerte que el ingreso a una vivienda que constituye morada bajo los supuestos presupuestos legitimadores de URGENCIA, UTILIDAD, PROPORCIONALIDAD, EXCEPCIONALIDAD Y PERTINENCIA mismos que no son mencionados en la RESOLUCION de fecha 19 de febrero del 2009 mediante la cual se CONVALIDO el allanamiento, debiendo constatar el juez para dictar su resolución la concurrencia o no de alguna(s) de las circunstancia del artículo 212 del Código Procesal Penal y motivar ex ante cuales son los motivos, criterio o razones que lo impulsan para determinar la urgencia, proporcionalidad y pertinencia de la medida de allanamiento de morada". Ver segundo párrafo de la página 8 de la Fundamentación Jurídica. Sin embargo, no ha estimado el Tribunal, que en la causa in examine, no se realizó el registro de la vivienda de la acusada como una diligencia de Allanamiento, que requiera convalidación judicial, sino que existió una autorización de ingreso de parte de ésta, para acceder a su domicilio; consecuentemente, estamos ante uno de los supuestos legítimos del artículo 99 Constitucional para ingresar al domicilio como es "Consentimiento del titular" y por ende, a) el acta de allanamiento (ingreso) donde se establece el ingreso con autorización a la casa de la imputada ; b) Acta de Inspección ocular donde se establece el hallazgo de cuatro paquetes con hierba seca marihuana, una balanza y cinco mil ochocientos cinco lempiras en billetes de diferente denominación; c) la evidencia física, consistente en una bolsa de papel manila conteniendo la cantidad de L. 5,805.00 lempiras en billetes de diferentes denominaciones, una bolsa de papel manila conteniendo en su interior un bolso de tela jeans color azul, conteniendo una bolsa plástica color verde en su interior contiendo marihuana, una bolsa de papel manila conteniendo en su interior una balanza de color envoltorio de papel manila conteniendo marihuana, un paquete envuelto de papel manila contiendo marihuana y un paquete envuelto de papel manila contiendo marihuana y d) Dictamen Balístico, practicado en fecha 18 de marzo del 2009 en que se estableció que de los análisis realizados a las muestras # 1,2,3 y 4 se concluyó que la hierba seca decomisada es marihuana y que el total decomisado no es compatible para consumo personal, constituyen probanzas legalmente obtenidas, que merecen valía probatoria y resultan decisivas, para acreditar la ocurrencia del ilícito penal de Facilitación de Local Para el Tráfico Ilícito de Drogas y la participación del imputado como autor del mismo y no es ineficaz y espuria, como erradamente ha considerado el juzgador. Respecto a la inviolabilidad del domicilio la Honorable Sala de lo Penal en múltiples sentencias se ha referido al tema ha dejado establecido lo siguiente: "1. El recurrente, expone la vulneración al artículo 99 de la Constitución de República de Honduras, al lesionarse derechos fundamentales como la Inviolabilidad del domicilio lo que a su vez implica la lesión del Derecho de Presunción de Inocencia, por haberse introducido al domicilio del acusado mediante una autorización que conmina y nulifica su voluntad, siendo ellos miembros de un cuerpo represivo del estado de Honduras sin que para ello se presentara testigos que determinaran la flagrancia y justificara su actuación. La Prueba Documental que consiste en Acta de Allanamiento, la defensa pública la propuso para demostrar la ilegalidad del procedimiento referido en el artículo 212 del Código Procesal Penal, el cual dicha acta no fue Convalidada por ningún tribunal, obteniéndose los medios de prueba mediante lesión de Garantías Constitucionales como Inviolabilidad del domicilio y la Presunción de Inocencia ha causado perjuicio a su representado. ll. Esta Sala de lo Penal, no aprecia vulneración a la garantía constitucional de la inviolabilidad del domicilio, ya que el ingreso de la autoridad policial a la vivienda fue autorizado por el mismo imputado JOSE DEL CARMEN MARADIAGA GALLARDO (ver folios # 69 y 70), no siendo objeto de cuestionamiento la legalidad o autenticidad de la autorización, por lo que no era necesario para la validez del ingreso, la convalidación por el Juez de Letras o Juez de garantías, por no tratarse propiamente de un allanamiento de morada, sino de un ingreso y registro consentido por la persona que habitaba la vivienda en este caso el mismo acusado, tal y como lo establece el artículo 99 de la Constitución de la República, "Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente"; habiendo renunciado el acusado al derecho a la inviolabilidad de su domicilio, ante la petición de acceso de la autoridad competente, sin que esté evidenciado en autos que en el consentimiento del otorgante de la autorización, estuviese afectada o viciada su voluntad, ya que la sola presencia de los agentes policiales, no es "per-se" causa de afectación del consentimiento. III. La Sala, ya ha reiterado en casos similares "que la autorización de ingreso a la vivienda, no requiere para su validez en juicio, de su sometimiento al procedimiento especial de convalidación judicial ante Juez competente, pues en realidad, no se trata propiamente de un allanamiento de morada, sino de un "ingreso autorizado" por una persona cotitular del derecho fundamental afectado a la inviolabilidad del domicilio derecho del que su morador le está permitido disponer libremente" (Véase sentencias de Casación de la Sala de lo Penal C. S. J. S. P. 43-2009 de 28 de septiembre de 2010; V S. P. 96-2009, de 24 de enero de 2012).-...es por ello, que es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la Defensa". En el mismo orden de ideas y en similares circunstancias que la postura de la Sala anterior esta Honorable Sala de Lo Penal ha determinado lo siguiente: “. 2) El derecho al debido proceso supone un conjunto de autolimitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado. Así tenemos, que la Constitución de la República precisamente establece que nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, de manera que todo procedimiento o juzgamiento deberá estar sujeto a las formalidades de ley como instrumento de garantía de los derechos del justiciable; en ese sentido, la inviolabilidad del domicilio regulada en el artículo 99 de la misma carta magna, posibilita la restricción de ese derecho en los supuestos allí regulados, remitiéndose a la ley para los casos de restricción del mismo. Ahora bien es el propio artículo 99 de la Constitución el que establece los dos casos en que puede hacerse un ingreso o registro a un domicilio: a) Con el consentimiento de la persona que lo habita; y b) Con autorización judicial, en el caso de autos, no cabe duda que tuvo lugar el ingreso y registro con el consentimiento de la dueña de la morada, tal y como se demostró con el documento respectivo que corre agregado a Folio No. 41 frente, respecto al cual no se acreditó la existencia de algún vicio en el consentimiento ofrecido, va que podemos verificar que fue escrita a mano por un agente, es decir, tuvo que ser redactada en el momento mismo del allanamiento, de tal suerte que en ella aparece el número de identidad de la señora Jenny Beatriz Campos Ríos y la única que podía proporcionar dicho número de identificación era la propia señora Campos Ríos. Se observa además, que dicha autorización es firmada por dos oficiales de investigación que sirven como testigo para convalidar la extensión de dicho documento y cumplir así con los requisitos legales que exige el Código Procesal Penal, en la última parte del artículo 212. 3) Asimismo, fue convalidado el registro, tal y como lo solicitó el Ministerio Público el día de la celebración de la audiencia de declaración de imputado, en aquel momento procesal el juez instructor convalidó judicialmente, aun cuando se contaba con la autorización de la dueña de la vivienda, resolución que fue consentida por ambas partes (Folio No. 22 frente). En relación a los argumentos del censor, relativos a la necesidad de contar con una orden de allanamiento y sobre la necesidad de observar el procedimiento del artículo 212 del Código Procesal Penal, cabe hacer notar que al allanamiento prevé el consentimiento de la compañera de hogar del sospechoso como un medio para allanar la vivienda y de la convalidación judicial realizada por el Juez de Garantía Asimismo, la parte final del párrafo segundo del artículo 212 del Código Procesal Penal, dispone que en lo demás se estará a lo dispuesto por el artículo 99 de la Constitución de la República, reconociendo con ello un tratamiento particular para el ingreso o registro de la vivienda con consentimiento del gue la habita, no destinado originalmente para darle captura, sino para realizar un registro, en consecuencia, este Tribunal de Casación, no aprecia que se halla infringido el artículo 99 de la Constitución de la República, en virtud de que la restricción del derecho a la inviolabilidad del domicilio se vio limitada por una de las formas previstas V autorizadas por la propia Constitución, más aún, por la propia voluntad del titular del derecho. Por las razones antes apuntadas, no procede el motivo de casación invocado". (Lo resaltado y subrayado es nuestro). En esa línea de pensamiento, la Constitución de la República en su artículo 99 permite el ingreso al domicilio con el consentimiento de quien lo habita, y cabe mencionar que el domicilio comprende la intimidad propia de cada persona, por ello, se encuentra sujeto a su exclusiva decisión, su morador es el que resuelve quien puede entrar y quien debe quedar excluido; por lo tanto, y más allá de la reglamentación legal; la vinculación entre la voluntad del morador y la garantía en cuestión pertenece a la naturaleza misma de la cosa, se colige entonces, que no existe razón para considerar ilícito el ingreso de las autoridades policiales a la casa de un particular, si éste lo consiente expresamente, en un acto que así como nadie puede acceder contra su voluntad, sino en los casos que la ley determina, tampoco el legislador puede prohibir al morador el ingreso de quien desee, menos aún, constituir en ilícito dicho acto. Lo anteriormente expresado nos permite concluir, que el ingreso y registro realizado en la vivienda de fa acusada BERTILIA RIVAS, cumple con los requisitos establecidos en el artículo 99 Constitucional, pues fue autorizado por el mismo de manera libre, no siendo objeto tal autorización, de cuestionamientos en torno a su legalidad o autenticidad (viciada la voluntad del titular); consecuentemente, todas las pruebas que se derivan del mismo, son licitas, es decir: a) Autorización de ingreso a la vivienda; b) Acta de Inspección ocular, la cual se encuentra en el folio 113 al 116 de la segunda pieza de autos; c) Dictamen Toxicológico practicado en fecha 18 de marzo del 2009 a las muestras # 1,2,3 y 4 en el cual se estableció que la hierba seca decomisada en marihuana, así como declarando lícita la evidencia física, consistente en el decomiso de los cuatro paquetes de hierba seca marihuana encontradas en la vivienda de la acusada; y que han sido excluidas indebidamente por el Tribunal sentenciador del acervo probatorio, a pesar de ser relevantes y decisivas para establecer la responsabilidad de la imputada en el delito que se le atribuye, la cual debió ser valorada, al evacuarse en apego a las garantías constitucionales y procesales, que la vuelven una prueba válida, cuya estimación hubiese conducido a decisiones distintas de las que extrajo el juzgador, como ser el dictado de una sentencia Condenatoria por el delito de Facilitación de Local para el Tráfico Ilícito de Drogas. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el mismo acto de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Único Motivo. Norma autorizante: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: El sentenciador excluyo prueba de valor decisivo en la litis. Reclamación Ex Ante: Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el mismo acto de sentenciar. Pretensión: Declarar con lugar el recurso. Establece la recurrente que el sentenciador ha incurrido en una grave contradicción, al excluir prueba de valor decisivo, en la que se declaró ilícito el medio de prueba denominado acta de allanamiento de morada, practicado en vivienda de la acusada, excluyendo de valoración el resto de las probanzas que se derivan del mismo como ser el acta de inspección ocular, evidencia física, arguye la impetrante que el Tribunal de Sentencia no ha estimado que en el caso de autos existe autorización de forma voluntaria por parte de encausada para el ingreso a su domicilio, autorizando y firmando el mismo, por lo cual la diligencia de allanamiento es plenamente valida, por lo cual no debió excluirse su valoración. De la Exclusión y Falta de Consideración de Prueba con Valor Decisivo Es importante recordar que el Proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; Este proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del CPP), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley (Art. 199 del CPP), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben de reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del CPP) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del CPP) o como auto para mejor proveer (Segunda parte del Art. 333 del CPP) y finalmente como resultante del debate, el Tribunal dictara sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe de ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del CPP), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formo parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el Tribunal de Sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de estos vicios el dispuesto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando la sentencia “excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”; La exclusión de prueba es distinta a la falta de consideración, de este modo: 1. Existe Indebida Exclusión de Prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. 2. Existe falta de consideración de prueba cuando a pesar de haber sido admitidos durante la etapa de juicio y reproducidos en la audiencia de debate, el órgano juzgador no hace alusión alguna sobre éstos, es decir que no existe ninguna mención al medio de prueba en su sentencia. - No se trata pues de un vicio sobre el proceso de valoración del medio de prueba, sino sobre la expulsión del medio de prueba del acervo probatorio. La norma procesal además exige para la configuración del vicio que el medio de prueba excluido o dejado de considerar posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en Casación se efectúa conforme al método la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido o no considerado a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario, aun cuando la exclusión o la falta de consideración sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. De la Prueba Ilícita Señala el artículo 1 de la Constitución de la República; que Honduras es un Estado de Derecho, ello es ciertamente la base de todo el sistema estatal, por cuanto los poderes del Estado, instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas y con ello todo funcionario y empleado público debe desarrollar sus funciones, asir su comportamiento, bajo lo preceptuado en las normas legales válidas y vigentes, a efecto de que éstas sean positivas y eficaces.- El Estado de Honduras no puede basarse en actuaciones realizadas al margen de la ley o contrarias a la ley, por cuanto sería un contrasentido que queriendo hacer prevalecer el imperio de la ley, se valga de actos ejecutados al margen de ésta. Particularmente en el Proceso Penal, el respecto al Derecho, a la ley, constituye su fundamento existencial, es a través del proceso penal que el Estado de Honduras imputa a una persona un acto contrario a la ley, debiendo celebrar dicho proceso con estricto ajuste a las normas para que la consecuencia del juicio sea válida.– Concretamente interesa que en el proceso penal la prueba que se reproduzca sea de carácter lícita y de carácter legal.- La Prueba es de carácter licita cuando ha sido obtenida mediante un acto o procedimiento estipulado o permitido por la ley, ergo, la prueba es de carácter ilícita cuando para su obtención se ha violentado la ley, causando la violación o la disminución ilegitima de derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República o violación o disminución ilegitima de los Derechos Humanos establecidos en los Tratados y Convenios que formen parte del Derecho Interno Hondureño y que compongan el bloque Constitucional.- De lo anterior se concluye que para la existencia de prueba ilícita se requiere los siguientes presupuestos: a. Que se haya obtenido una prueba o una fuente de prueba. b. Que dicha obtención haya sido contraria a la ley, es decir no amparada por la ley; Incluye aquí el prevalecimiento de la supremacía de la Constitución de la República o de las normas que integran el bloque constitucional, por cuanto aun cuando un reglamento o una ley autorice la obtención de la fuente de prueba, ésta se considerará ilícita si se contradice con normas fundamentales o de Derechos Humanos. c. Que la obtención de la fuente de prueba haya significado la violación o disminución ilegitima de garantías fundamentales o de derechos humanos, reconocidos en la Constitución de la República o en los Tratados y Convenios que formen parte del derecho interno del Estado, respectivamente. d. Que la violación o disminución ilegitima de ese derecho fundamental o de ese derecho humano, sea en perjuicio de una persona o un grupo de personas determinadas, ya sea que estas personas participen como actores del proceso o que sean terceros desligados a éste. e. Que sin la inobservancia o disminución ilegitima del derecho fundamental o del derecho humano, no hubiese sido posible la obtención de la prueba; y, f. Que la inobservancia o disminución ilegitima del derecho fundamental o del Derecho Humano sea anterior o simultánea a la obtención de la prueba. De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo. El recurso es de recibo. La recurrente funda su motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma, bajo el fundamento que el tribunal sentenciador ha incurrido en una grave contradicción, al excluir prueba de valor decisivo por considerar que el mismo tiene carácter ilícito, según el recurrente el ingreso a dicha vivienda fue autorizado por la encausada Bertilia Rivas, para que los policías de investigación ingresaran a la vivienda y realizaran registro, y el mismo reúne todas las formalidades de ley, en el cual en su momento procesal oportuno fue solicita la convalidación a lo cual el juez de garantía accedió convalidando la actuación policial, por tanto ese medio de prueba se excluyó por ilícita sin serlo, como consecuencia de lo anterior, y al haberlo declarado ilícito alcanzó los medios de prueba que de dicha acta se derivan como ser: El acta de allanamiento y acta de inspección ocular, la evidencia física. Esta Sala de lo Penal, al analizar el reclamo realizado por el Ministerio Público, encuentra que efectivamente de la diligencia de allanamiento de morada consta que el mismo fue autorizado por la señora Bertilia Rivas, el cual el acusatorio solicito la convalidación ante el Juez competente, siendo convalidada la actuación de allanamiento practicada sin haber sido de objeto de reclamo por las partes surtiendo lo efectos legales del caso, sin embargo el medio de prueba es excluido por el Tribunal de Sentencia de Comayagua bajo el criterio siguiente: … En dicha resolución se observa la escueta y breve transcripciones de los hechos en que fundamenta el Ministerio Publica su petición de allanamiento de morada, … hemos señalado que se omitieron en la resolución de la CONVALIDACION del allanamiento pues no se motiva ni se justifica las razones o pruebas que se tomaron en cuenta para CONVALIDARLO… La inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental del que gozan todas las personas. Gracias a él no se permite que nadie pueda entrar o registrar un domicilio sin consentimiento del titular o resolución judicial, siempre y cuando no se hubiera cometido un delito en flagrancia, se desprende de lo inferido por el Tribunal de Sentencia que los agentes de policía solicitaron el ingreso a la vivienda motivados por la llamada anónima que ahí se comercializada droga, que fueron autorizado por la acusada para ingresar a la vivienda que de dicho ingreso se encontró evidencia en relación a la denuncia, y que dicha actuación fue convalidada por el juez de garantías, sin embargo para el Tribunal de Sentencia de Comayagua la resolución de la convalidación del allanamiento no está suficientemente motivada y por ello la considera ilegal, y por ello fruto de la teoría del árbol envenenado considera la ilicitud de cualquier actuación o medio de prueba que de ella se derive. Esta sala de lo Penal observa que la diligencia de allanamiento practicada a la vivienda de la señora Bertilia Rivas, fue debidamente autorizada por la acusada y convalidada en tiempo y forma por la autoridad competente, si bien el Tribunal de Sentencia de Comayagua no está conforme con la motivación del juez de garantías, esa inconformidad no vuelve la actuación judicial ilícita, por lo cual procede declarar ilícito un acto judicial realizado por un juez garantía, en consecuencia en el caso de autos no procede declarar la ilicitud del allanamiento de morada, ya que observa esta Sala de lo Penal que no se han vulnerado garantías constitucionales específicamente el domicilio de la señora Bertilia Rivas, por consiguiente el medio de prueba ha debido ser incluido como parte del acervo probatorio y valorado así como los medios de prueba que de este se han derivado. En este sentido, para esta Sala de lo Penal es procedente declarar de recibo el motivo de casación por quebrantamiento de forma incoado por el Ministerio Publico. DECISIÓN Ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara Ha Lugar el motivo único de casación por quebrantamiento de forma, invocado por la Abogada Ana Lizeth Vásquez Álvarez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, en la causa instruida contra la acusada Bertilia Rivas, a quien se le absolvió del delito de Facilitación de Local para el Consumo de Drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras. Segundo: Declara la nulidad de la sentencia de fecha veintinueve de septiembre del año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua y el debate que lo pronunció. Y manda: 1) Que se repita el debate con jueces diferentes a los que participaron en el anulado, 2) Que con certificación del presente fallo se devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Díaz Flores. NOTIFÍQUESE. - Firmas y Sello. – Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. – Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado - Firma y Sello. – Rina Koritza Sandoval Navas. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de marzo de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada a los quince días del mes de octubre de dos mil veinticuatro, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-335-2021.

RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS

RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL