Sentencia CP-33-20 — Registro 18130
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico de Drogas, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y se Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la Procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Ley. El recurso no es de recibo. Manda el artículo 360 del Código Procesal Penal, que el recurso de casación por infracción de ley debe erigirse a partir de los hechos que fueron fijados como probados; es así que el factum deberá ser considerado como una verdad histórica absoluta e incuestionable, a partir de lo cual se estudiará la aplicación del derecho sustantivo que debe gobernar; es decir, el ámbito propio de este recurso, queda limitado al control de juricidad, ósea, que lo único que en él se puede discutir, es si la subsunción que de los hechos que hubiese descrito el tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado, es o no, correcta jurídicamente. Habiendo dejado clara la postura ante la interposición del presente recurso, se procede a darle respuesta. En el caso sometido al análisis de esta Sala de lo Penal, no le asiste la razón a la recurrente, dado que los hechos probados de la sentencia recurrida encajan de manera armónica con el tipo penal utilizado por el sentenciador, es decir, con el delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas. Confrontando esta norma penal con los hechos probados, vemos claramente como aparecen los elementos objetivos y subjetivos, este tipo penal configura un delito de peligro abstracto, por cuanto basta se haya realizado la conducta prohibida en la norma para crear el desvalor o reproche de la acción, necesario para la antijuricidad, es decir, no requiere prueba alguna de lesión concreta al bien jurídico protegido. Este concepto de peligro es un concepto normativo en la medida en que descansa en la probabilidad de que un determinado bien jurídico pueda ser lesionado por un comportamiento realizado, aunque después esa lesión de hecho no se produzca. Para establecer si una acción realizada era peligrosa para un bien jurídico, es decir, si era probable que produjera su lesión, es preciso que el juzgador conozca la situación de hecho en que se realiza la acción que está enjuiciando (conocimiento ontológico) y sepa las leyes de la naturaleza y las reglas de la experiencia por las que se puede deducir que esa acción, realizada en esa forma y circunstancias, pueda producir generalmente la lesión de un bien jurídico (conocimiento nomológico). El elemento objetivo determinado por la acción del sujeto activo, lo constituyen el o los medios de transporte utilizados para trasladar droga de un lugar a otro. Por Medios de Transporte se entiende cualquier medio que permita trasladar de un lugar a otro una cantidad de droga, incluyendo dentro de la extensión de esta definición el cuerpo humano, ya sea que lleve la sustancia prohibida dentro del organismo o portándola dentro de una mochila o similares, cargando en una bolsa o en sus vestimentas; en el cuadro fáctico aparece en el apartado único, cuando el sentenciador afirma que “… , durante el cual fue detenido el señor Santos Alfredo Ávila Espinal, a quien se le encontró cargando en su mano derecha una bolsa plástica que contenía catorce envoltorios de papel periódico y en su interior hierba seca que al ser sometida al examen toxicológico resulto ser marihuana con un peso neto de 49 gramos, la cual trasladaba para ser entregada a persona indeterminada.” El elemento subjetivo por su parte, consiste en la posesión de la droga para la cual se facilita el medio de transporte que obedece a un fin determinado, el cual es intencionalmente trasladar la droga de un lugar a otro, facilitando el transporte para la misma, que en el presente caso, lo constituyó la bolsa plástica que llevaba en su mano derecha y en la que su interior contenía 14 envoltorios de papel periódico y en su interior contenía hierba seca y que al ser sometida a examen toxicológica resulto ser marihuana, con un peso de 49 gramos, la cual trasladaba para ser entregada a persona indeterminada, si bien, la recurrente ha señalado que la cantidad de droga decomisada no era para trasladarla a terceros, sino para consumo personal, no es menos cierto, que la cantidad decomisada no es compatible con el consumo personal inmediato o diferido como lo refiere la recurrente, al ser de 49 gramos de marihuana, de ello se deduce, que la misma la transportaba a efecto de ser distribuida posteriormente. Es por lo expresado que es procedente declarar sin lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"... Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Santos Alfredo Ávila Espinal, la pena principal de seis (06) años de reclusión y multa de Cincuenta Mil Lempiras exactos (L.50,000.00), como autor responsable penalmente de un delito de Facilitación de Medios de Transporte para el Tráfico de Drogas, (previsto en el artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas), en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras; además de las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, por la infracción penal cometida por el acusado Santos Alfredo Ávila Espinal, por el delito de Tráfico de Drogas (marihuana) en su modalidad de transporte, en perjuicio de La Salud Pública del Estado de Honduras (art.311), correspondería la imposición de las siguientes penas: i. De 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; o ii. De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días , si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, siendo éstas las enumeradas en las llistas de Estupefacientes o preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla: https://www.incb.org/documents/NarcoticDrugs/Yellow_List/58th_Edition/Yellow_List_-SPA.pdf) de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista Verde: https://www.incb.org/documents/Psychotropics/forms/greenlist/Green_list_SPA_08676.pdf) del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. Conforme los hechos probados, el acusado realizaba un acto de posesión de marihuana para la facilitación de su consumo, sancionado con pena de 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, cuyo margen es de L. 2,000.00 a L.2,500,000.00, lo anterior, al considerarse la Marihuana una droga que no causa grave daño a la salud. Sin embargo, del mismo hecho probado se describe que tanto las circunstancias del hecho y personales del condenado, como el peso neto de la marihuana encontrada en posesión de Santos Alfredo Ávila Espinal al ser de 49 gramos, es posible deducir ser de menor gravedad; en consecuencia, al no concurrir agravantes contempladas en el artículo 312 de la misma norma penal, la pena abstracta para el delito de Tráfico de Drogas (marihuana) en su modalidad de transporte, de acuerdo a la nueva legislación y en aplicación del artículo 69, deberá ser de 1 a 3 años de prisión y multa de 100 a 500 días, cuyo margen es de L. 2,000.00 a L. 2,500,000.00; LINK Word.Document.12 "/Users/josro/Downloads/EXP 143-2019 IL NHL 02 WRMS.docx" "OLE_LINK1" \a \r * MERGEFORMAT más las penas accesorias correspondientes. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, permiten determinar que la pena impuesta al acusado Santos Alfredo Ávila Espinal, conforme la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, al ser de 06 años de reclusión y multa de Cincuenta Mil Lempiras exactos (L. 50,000.00), es más gravosa de aquella abstracta contemplada el Código Penal 130-2017 para el mismo delito; Por tanto, en el caso particular es procedente la aplicación retroactiva del código penal 130-2017. Para efectos de la individualización de las penas, manda el artículo 70 NCP tener en consideración la existencia o ausencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y, en su defecto las circunstancias personales del condenado. Sobre ello, durante la individualización de la pena no presentaron por parte del Ministerio Público, la Procuraduría General de la República ni la defensa, presentaron circunstancias agravantes ni atenuantes consignadas por el artículo 31 y 32 del Código Penal 130-2017, Por su parte esta Sala de lo Penal, en base a lo anterior, y en atención a las circunstancias personales y a la mayor o menor gravedad del hecho, corresponde imponer al imputado la pena mínima prevista en la codificación penal vigente: Penas principales de: i. prisión por 01 año; ii. multa de cien (100) días equivalente a dos mil lempiras exactos (L.2,000.00). Penas a las que se le deben de unir las accesorias correspondientes y demás consecuencias penales..."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 y 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal No. 130-17, art. 70 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"... Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Santos Alfredo Ávila Espinal, la pena principal de seis (06) años de reclusión y multa de Cincuenta Mil Lempiras exactos (L.50,000.00), como autor responsable penalmente de un delito de Facilitación de Medios de Transporte para el Tráfico de Drogas, (previsto en el artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas), en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras; además de las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, por la infracción penal cometida por el acusado Santos Alfredo Ávila Espinal, por el delito de Tráfico de Drogas (marihuana) en su modalidad de transporte, en perjuicio de La Salud Pública del Estado de Honduras (art.311), correspondería la imposición de las siguientes penas: i. De 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; o ii. De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días , si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, siendo éstas las enumeradas en las llistas de Estupefacientes o preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla: https://www.incb.org/documents/NarcoticDrugs/Yellow_List/58th_Edition/Yellow_List_-SPA.pdf) de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista Verde: https://www.incb.org/documents/Psychotropics/forms/greenlist/Green_list_SPA_08676.pdf) del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. Conforme los hechos probados, el acusado realizaba un acto de posesión de marihuana para la facilitación de su consumo, sancionado con pena de 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, cuyo margen es de L. 2,000.00 a L.2,500,000.00, lo anterior, al considerarse la Marihuana una droga que no causa grave daño a la salud. Sin embargo, del mismo hecho probado se describe que tanto las circunstancias del hecho y personales del condenado, como el peso neto de la marihuana encontrada en posesión de Santos Alfredo Ávila Espinal al ser de 49 gramos, es posible deducir ser de menor gravedad; en consecuencia, al no concurrir agravantes contempladas en el artículo 312 de la misma norma penal, la pena abstracta para el delito de Tráfico de Drogas (marihuana) en su modalidad de transporte, de acuerdo a la nueva legislación y en aplicación del artículo 69, deberá ser de 1 a 3 años de prisión y multa de 100 a 500 días, cuyo margen es de L. 2,000.00 a L. 2,500,000.00; LINK Word.Document.12 "/Users/josro/Downloads/EXP 143-2019 IL NHL 02 WRMS.docx" "OLE_LINK1" \a \r * MERGEFORMAT más las penas accesorias correspondientes. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, permiten determinar que la pena impuesta al acusado Santos Alfredo Ávila Espinal, conforme la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, al ser de 06 años de reclusión y multa de Cincuenta Mil Lempiras exactos (L. 50,000.00), es más gravosa de aquella abstracta contemplada el Código Penal 130-2017 para el mismo delito; Por tanto, en el caso particular es procedente la aplicación retroactiva del código penal 130-2017. Para efectos de la individualización de las penas, manda el artículo 70 NCP tener en consideración la existencia o ausencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y, en su defecto las circunstancias personales del condenado. Sobre ello, durante la individualización de la pena no presentaron por parte del Ministerio Público, la Procuraduría General de la República ni la defensa, presentaron circunstancias agravantes ni atenuantes consignadas por el artículo 31 y 32 del Código Penal 130-2017, Por su parte esta Sala de lo Penal, en base a lo anterior, y en atención a las circunstancias personales y a la mayor o menor gravedad del hecho, corresponde imponer al imputado la pena mínima prevista en la codificación penal vigente: Penas principales de: i. prisión por 01 año; ii. multa de cien (100) días equivalente a dos mil lempiras exactos (L.2,000.00). Penas a las que se le deben de unir las accesorias correspondientes y demás consecuencias penales..."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 y 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal No. 130-17, art. 70 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-33-2020, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Nelson Danilo Mairena Franco, en su calidad de Coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Francisca Villela Zavala, quien integra por excusa justificada del Magistrado Mario Rolando Díaz Flores, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-33-2020 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Santos Alfredo Ávila Espinal, por el delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico de Drogas en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras, a la pena de seis años de reclusión y una multa de cincuenta mil lempiras como pena principal. Segundo: Condenó al señor Santos Alfredo Ávila Espinal, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil durante el tiempo que dure la pena principal. Tercero: Declaró al señor Santos Alfredo Ávila Espinal, civilmente responsable de la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito por el que es condenado. Cuarto: No Procedió la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el delito por el que es condenado al señor Santos Alfredo Ávila Espinal. Quinto: Declaró el comiso de la evidencia de los 49.0 gramos de droga, así como la destrucción de la misma la cual está en custodia del Ministerio Público. SON PARTES: Los Abogados Gladys Lamar Ortiz y Arnaldo García Hernàndez en su condición de defensores públicos del señor Santos Alfredo Ávila Espinal, como parte recurrente; Y el Abogado Salvador Cuestas Arévalo en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “UNICO: Que en fecha 30 de noviembre del año 2015, agentes de la Policía Militar realizaron un operativo de rutina en la colonia Suyapa de Tegucigalpa, durante el cual fue detenido el señor Santos Alfredo Ávila Espinal, a quien se le encontró cargando en su mano derecha una bolsa plástica que contenía catorce envoltorios de papel periódico y en su interior hierba seca que al ser sometida al examen toxicológico resulto ser marihuana con un peso neto de 49 gramos, la cual trasladaba para ser entregada a persona indeterminada.” RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente Abogada Carmen Murillo, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley, de la manera siguiente “EXPRESION DE MOVITO DE CASACION Unico motivo: Infracción de Ley por Aplicación Indebida del artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Trafico Ilícito de Drogas y Sustancias Sicotrópicos PRECEPTO AUTORIZANTE. El presente motivo de Casación se encuentra en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION MOTIVO UNICO. En artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Trafico Ilícito de Drogas y Sustancias Sicotrópicas: “ Se le impondrá la pena de seis a nueve años de reclusión y multa de cincuenta mil a cien mil Lempiras, a quien intencionalmente facilitare el local o los medios de transporte, aun a título gratuito, para el tráfico o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, sicotrópicas. Artículo que ha sido aplicado indebidamente por el Tribunal de Sentencia al no encuadrarse los hechos al tipo penal. PRIMERO: La impugnación de la sentencia de fecha veinticuatro de septiembre del dos mil diecinueve, se fundamenta en que la misma contiene un vicio grave ya que es violatoria de Derechos fundamentales para dar por acreditada la participación de mi representado en el ilícito causa de este recurso en forma indebida ; y siendo que al determinar la condena de mi representado se otorgo valor decisivo a causa de medio de prueba denominado dictamen sin contemplar que los Dictámenes Periciales deben someterse al igual que el resto de los medios probatorios en el proceso, conforme al principio de libre valoración de prueba conjunta y armónica toda la prueba producida, sin darle valor a un medio de prueba mayor que a otros, tal como lo señala el artículo 202 del Código Procesal Penal.- Resultado de esto, una sentencia condenatoria por el delito de FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio de mi representado el señor SANTOS ALFREDO AVILA ESPINAL. Al analizar el hecho único probado se observa que el Tribunal Sentenciador no analizo los elementos requeridos para establecer la participación de mi representado, por lo que no se subsume en el tipo penal aludido, como se puede apreciar en el hecho UNICO; Que en fecha treinta de noviembre del dos mil quince, agentes de la Policía Militar realizaron un operativo de rutina en la Colonia Suyapa de Tegucigalpa, durante el cual fue detenido el señor SANTOS ALFREDO AVILA ESPINAL, a quien se le encontró cargando en su mano derecha una bolsa plástica que contenía catorce envoltorios de papel periódico y en su interior hierba seca que al ser sometida al examen toxicológico resulto ser marihuana con un peso neto de 49 gramos, la cual trasladaba para ser entregada a persona indeterminada. Del relato factico que constituye para los efectos de casación verdad indiscutible, no permitiendo declarar la existencia independiente de los delitos de FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO DE DROGAS, a que se refiere el artículos 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Trafico Ilícito de Drogas y Sustancias Sicotrópicas en vista que el Dictamen Medico constituyo el medio de prueba determinante en la sentencia, siendo que esta figura comprende la acción que limita a proporcionar o el suministro ya sea a titulo oneroso o gratuito del vehículo o medio de transporte utilizado por otra parte para acarreo de la sustancia prohibida; constituyendo en definitiva el verbo rector de transportar, en sus distintas acepciones implica acarrear, cargar, trasladar, conducir, llevar, transferir y en general llevar en el caso que nos ocupa, la sustancia ilícita de un lugar a otro, generalmente haciendo uso de un medio de transporte; y como ya la Sala de lo Penal se ha pronunciado en el sentido que se exige un elemento objetivo que es la acción de transportar la supuesta droga para el tráfico ilícito de dicha sustancia; un elemento subjetivo que es el conocimiento que se tiene dicha droga está destinada a traficar entre terceras personas consumidoras de la misma; por lo expuesto la aplicación de este precepto de carácter sustantivo supuso la existencia de un error en la selección del mismo, implicando no encontrar relación entre la imputación y el tipo penal aplicado por el Tribunal de Instancia. Hemos de decir que el hecho si refleja otra acción típica que es de posesión para el consumo personal, dado que conforme a la reglas de la sana critica y dado que la sala de lo penal ha señalado que con las valoraciones probadas, la droga encontrada a una persona es destinada para el consumo en tanto que hayan elementos probatorios que conducen a determinar que no es factible calificar los hechos como transporte; asimismo, en cuanto al elemento objetivo de la posesión basta con la mera capacidad de decisión sobre la droga, en cambio el elemento subjetivo pertenece a la esfera de los pensamientos por lo que su constatación no se realiza por prueba directa, sino por prueba indiciaria o pluralidad de indicios ya que el indicio aislado presenta generalmente inconsistente y ambiguo; por estos aspectos el Tribunal Supremo examina las circunstancias relativas de la droga en cuanto a la cantidad, variedad, pureza y presentación, asimismo, es propio tomar en consideración los actos anteriores, coetáneos y posteriores a la tenencia de la droga, por lo que en cuanto a estos extremos se logro acreditar por parte de la Defensa que el señor SANTOS ALFREDO AVILA ESPINA es consumidor, con la pericia realizada por el Doctor CELIO ERNENSTO VALLES, y en el momento de la detención mi representado se encontraba en un callejón parado y solo que son actos propios según las reglas de la experiencia y la lógica de un consumidor al buscar lugar especifico solitario para consumir la droga. Por lo que en cuanto al Dictamen en referencia es vinculante en cuanto a demostrar que la yerba decomisada al señor SANTOS ALFREDO AVILA ESPINAL, es marihuana pero no para concluir que la misma estaba destinada para el transporte. Por lo que hemos de decir que dado los indicios que sugieren el consumo descartando el transporte, el tribunal baso el fallo condenatorio por transporte ya que en el dictamen pericial afirma que la cantidad de droga decomisada no corresponde al decomisado para consumo personal inmediato, por lo que se ha afirmado que los Dictámenes Periciales son opiniones que deben someterse al igual que el resto de los medios probatorios utilizados en el proceso conforme al principio de libre valoración de prueba conjunta, sin darle valor a un medio de prueba mayor que a otro, por lo que la descripción de la circunstancia de la detención del detenido al encontrarle la droga, es un elemento que complementa la valoración, en consecuencia, si el Tribunal hubiese valorado en forma conjunta. 1) el dictamen en la cual señala que el imputado es consumidor, 2)la declaración de JAIRO EMERITO CARRANZA HERNANDEZ Policía Militar quien detuvo al señor AVILA ESPINAL, 3)el decomiso de la droga llevada en una bolsa plástica transparente conteniendo 8 envoltorios de papel periódico medianos vacios, demuestran el grado de certeza que la droga encontrada en poder del imputado estaba destinada para su consumo personal por lo que las valoraciones Jurídicas del Tribunal del Instancia no fueron adecuadas al condenar a mi representado el señor SANTOS ALFREDO AVILA ESPINAL, por el ilícito de FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRÁFICO DE DROGAS, en consecuencia, esta Defensa estima que dados los hechos que han sido declarado probados es pertinente considerara a mi representado a titulo de autor del delito de posesión de marihuana para consumo personal en virtud de concurrir los elementos objetivos y subjetivos que dan lugar al artículo 26 de la Ley Sobre Uso Indebido y Trafico Ilícito de Drogas y Sustancias Sicotrópicas. Lo procedente en este caso es que la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, declare con lugar el presente motivo y se absuelva de toda responsabilidad a mi representado el señor SANTOS ALFREDO AVILA ESPINAL.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la Defensa Pública. Único Motivo. Norma autorizante: Artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal. Norma que se denuncia infringida: Artículos 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicos. Concepto de la infracción: Aplicación indebida de artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicos. Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por la pretensora. Pretensión: Que se declare con lugar el recurso de casación Establece la recurrente, que al analizar el hecho único probado se observa que el tribunal sentenciador no analizó los elementos requeridos para establecer la participación del señor Santos Alfredo Ávila Espinal, por o que no se subsume en el tipo penal de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico de Drogas. en consecuencia, esta defensa estima que dados los hechos que han sido declarados probados la participación de mi representado es como autor del delito de posesión de marihuana para consumo personal. Del Delito de Facilitación de Local para el Tráfico Ilícito de Drogas Además del delito de tráfico de drogas, la Ley de Drogas tipifica el delito de Facilitación Intencional de Local para el Tráfico Ilícito de drogas, contenido en el artículo 22, que indica que: “Se le impondrá la pena de seis a nueve años de reclusión y multa de cincuenta mil a cien mil lempiras, a quien intencionalmente facilitare el local… aún a título gratuito, para el tráfico o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicos u otras drogas peligrosas.”. Debe entenderse que el delito se presenta bajo dos hipótesis: a. Cuando la persona almacena o tiene en depósito droga o estupefacientes ilícitos, a cargo y cuenta de un tercero quien la comercializa, siempre que el primero no tenga participación alguna en los actos posteriores o simultáneos de comercialización, siendo su única participación el tener en almacenamiento o deposito la droga; Dicho almacenamiento en el bien inmueble puede realizarse dentro de una edificación o fuera de éste (como por ejemplo enterrado o escondida en un vehículo sin uso), siendo indiferente para la calificación del delito el tipo de droga o la cantidad de droga que se trate, pues lo determinante es la intencionalidad del sujeto activo, la cual debe de ser inequívoca de almacenar la droga para que un tercero la comercialice, aun cuando no se pueda acreditar la identidad de dicha tercera persona. b. Cuando el sujeto activo facilita intencionalmente un bien inmueble a fin de otras personas puedan usarlo como lugar para el consumo de drogas ilícitas. Esta Sala de lo Penal ha sentado doctrina legal sobre la configuración de dicho delito in comento en las sentencias de fecha de fecha 22 de enero del 2007 en el Exp 060-2006, de fecha seis de febrero del 2007 en el Exp 156-2005 y de fecha 30 de mayo del 2005 en el Exp 2220-2004, siendo la última mencionada la que sentó la postura, señalándose: “…Que al confrontar los motivos de casación con la sentencia recurrida, se aprecia que efectivamente existe Infracción de Ley, al haberse aplicado el delito de Tráfico de Drogas, cuando en los hechos probados específicamente en el numeral "QUINTO", se establece "Que la droga encontrada en una de las habitaciones interiores de la vivienda como se ha dicho sometida a registro, fue introducida allí con el conocimiento y aprobación del imputado D.A.M.A., verdades indiscutibles que se subsumen en el tipo penal de Facilitación de Local para tráfico Ilícito de Drogas peligrosas, consecuentemente lo aplicado por el Tribunal recurrido en su sentencia carece de los indicadores necesarios para tipificar la conducta del imputado en el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en tal razón la calificación que hace el ad quem resulta ser una apreciación no acorde con el cuadro fáctico de la sentencia impugnada…”. Constituyen elementos objetivos del tipo penal: a. Sujeto Activo: Puede ser cualquier persona natural. El artículo 22 de Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, lo identifica como “...quien...”, sin exigir ninguna cualidad o condición especifica; b. Sujeto Pasivo: El Sujeto Pasivo es el Estado de Honduras, como persona jurídica, por cuanto en los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas podrá participar como actor además del Ministerio público, la Procuraduría General de la República; c. Conducta Criminosa que implica el núcleo del reproche formulado, que en este caso es facilitar lo que abarca el conjunto de conductas comisivas y omisivas (omisión impropia) del sujeto activo que se resumen en poner a disposición de un tercero un bien inmueble o mueble estacionario (no móvil), para que éste realice actos tendientes a traficar droga o actos tendientes a consumir droga ilícita; d. Modalidad Criminosa: Entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en el caso de estudio implica las formas en que se puede facilitar un local: a. Comúnmente consiste en la conducta comisiva del sujeto activo de almacenar, guardar o esconder droga ilícita, por cuenta y encargo de un tercero, para que este la comercialice, sin que el sujeto activo participe en este proceso final; b. Pero además la facilitación de local puede consistir en una conducta omisiva (por omisión impropia) de no impedir, debiendo y pudiendo hacerlo, a un tercero que realice el almacenamiento, que guarde o esconda droga ilícita en el bien; c. La modalidad criminosa se extiende a permitir, por acción o por omisión, que en el bien inmueble o mueble estacionario se almacene, guarde o esconda instrumentos, productos o ganancias de la actividad de tráfico ilícito de droga; d. En el otro supuesto del delito, la modalidad implicaría el de facilitar intencionalmente el bien, por actos comisivos u omisivos, para que una o más personas consuman en él drogas ilícitas. En resumen, cualquier forma en donde el sujeto activo intencionalmente facilite el bien como un instrumento en el proceso de tráfico ilícito de droga que realiza un tercero/s, o como lugar para el consumo de drogas ilícitas de una o más personas, con independencia si se trata de un hecho único o se trata de una situación habitual. No existiría este delito su el local es usado para el consumo propio de drogas ilícitas. Como elemento subjetivo el tipo penal exige que el sujeto activo realice la conducta con dolo, es decir, que se conduzca con el conocimiento de que está realizando la conducta criminosa por medio de cualquiera de sus modalidades. La Corte Suprema de Justicia ha señalado que el estudio de la intencionalidad buscada por el sujeto activo con su actuar es determinante para la calificación del delito, así en el expediente 3009-2003, esta Sala de lo Penal explicó: “…esta sala se ha pronunciado en el sentido de que para determinar si existe: tenencia, transporte, tráfico, consumo o posesión, es necesario recurrir a indicadores externos o indicios que nos permitan determinar la intención del sujeto activo…”. Partiendo de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal en estudio se identifican como sus características: a. Según su Estructura: i) Tipo Básico: Por describir un modelo de comportamiento de manera independiente en una sola descripción, de tal forma que la conducta del sujeto activo inicia y concluye con el hecho de facilitar, sin participación en actos anteriores, simultáneos o posteriores; ii) Tipo Penal Simple: El delito de Tráfico Ilícito de drogas si bien su modalidad criminosa es variada, la conducta criminosa reprochada se centra en la facilitación de un local; b. Según su Contenido: i) Tipo de Mera Actividad: La descripción del tipo penal se agota en una acción del autor que no requiere la producción de un resultado; ii) Tipo Penal de Conducta Permanente: Que se refiere a aquellos cuyo comportamiento del sujeto activo se renueva de manera continua; Así pues el delito se comete de manera prolongada por el mismo tiempo en que el sujeto activo está facilitando el local; iii) El delito puede ser comisivo y omisivo: Comisivo cuando el sujeto activo realiza la conducta de facilitación de manera directa, bajo cualquiera de su modalidad; y Omisivo (omisión impropia) cuando el sujeto activo deja que un tercero desarrolle la conducta, debiendo y pudiendo evitarlo; iv). Tipo Penal Cerrado, dado que el hecho reprochado se determina con previsión, de tal manera que las conductas proscrita se desprende con toda claridad de la ley sin necesidad de remitirse a otra ley, reglamento o disposición; c. Según el Sujeto Activo: i) Tipo Unisubjetivo: El delito puede ser realizado con la participación de un solo sujeto activo; ello debido a que, si bien el tipo penal exige una intención de comercialización, no se requiere que ello se materialice para la consumación del delito; ii) Tipo Penal Común: El delito no exige ninguna condición especial al sujeto activo, por lo que cualquier persona podrá tener dicha calidad; y d. Según el Bien Jurídico Protegido: i) Tipo Monoofensivo: Al amparar el tipo penal un solo bien jurídico, cual es la Salud de la Población del Estado de Honduras; ii) Tipo Penal Abstracto: Conforme a la voluntad del legislador, el tipo penal protege el peligro potencial que la conducta representa al bien jurídico protegido, por lo que no es necesario la existencia de un peligro concreto o lesión alguna. De la Procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Ley. El recurso no es de recibo. Manda el artículo 360 del Código Procesal Penal, que el recurso de casación por infracción de ley debe erigirse a partir de los hechos que fueron fijados como probados; es así que el factum deberá ser considerado como una verdad histórica absoluta e incuestionable, a partir de lo cual se estudiará la aplicación del derecho sustantivo que debe gobernar; es decir, el ámbito propio de este recurso, queda limitado al control de juricidad, ósea, que lo único que en él se puede discutir, es si la subsunción que de los hechos que hubiese descrito el tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado, es o no, correcta jurídicamente. Habiendo dejado clara la postura ante la interposición del presente recurso, se procede a darle respuesta. En el caso sometido al análisis de esta Sala de lo Penal, no le asiste la razón a la recurrente, dado que los hechos probados de la sentencia recurrida encajan de manera armónica con el tipo penal utilizado por el sentenciador, es decir, con el delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas. Confrontando esta norma penal con los hechos probados, vemos claramente como aparecen los elementos objetivos y subjetivos, este tipo penal configura un delito de peligro abstracto, por cuanto basta se haya realizado la conducta prohibida en la norma para crear el desvalor o reproche de la acción, necesario para la antijuricidad, es decir, no requiere prueba alguna de lesión concreta al bien jurídico protegido. Este concepto de peligro es un concepto normativo en la medida en que descansa en la probabilidad de que un determinado bien jurídico pueda ser lesionado por un comportamiento realizado, aunque después esa lesión de hecho no se produzca. Para establecer si una acción realizada era peligrosa para un bien jurídico, es decir, si era probable que produjera su lesión, es preciso que el juzgador conozca la situación de hecho en que se realiza la acción que está enjuiciando (conocimiento ontológico) y sepa las leyes de la naturaleza y las reglas de la experiencia por las que se puede deducir que esa acción, realizada en esa forma y circunstancias, pueda producir generalmente la lesión de un bien jurídico (conocimiento nomológico). El elemento objetivo determinado por la acción del sujeto activo, lo constituyen el o los medios de transporte utilizados para trasladar droga de un lugar a otro. Por Medios de Transporte se entiende cualquier medio que permita trasladar de un lugar a otro una cantidad de droga, incluyendo dentro de la extensión de esta definición el cuerpo humano, ya sea que lleve la sustancia prohibida dentro del organismo o portándola dentro de una mochila o similares, cargando en una bolsa o en sus vestimentas; en el cuadro fáctico aparece en el apartado único, cuando el sentenciador afirma que “… , durante el cual fue detenido el señor Santos Alfredo Ávila Espinal, a quien se le encontró cargando en su mano derecha una bolsa plástica que contenía catorce envoltorios de papel periódico y en su interior hierba seca que al ser sometida al examen toxicológico resulto ser marihuana con un peso neto de 49 gramos, la cual trasladaba para ser entregada a persona indeterminada.” El elemento subjetivo por su parte, consiste en la posesión de la droga para la cual se facilita el medio de transporte que obedece a un fin determinado, el cual es intencionalmente trasladar la droga de un lugar a otro, facilitando el transporte para la misma, que en el presente caso, lo constituyó la bolsa plástica que llevaba en su mano derecha y en la que su interior contenía 14 envoltorios de papel periódico y en su interior contenía hierba seca y que al ser sometida a examen toxicológica resulto ser marihuana, con un peso de 49 gramos, la cual trasladaba para ser entregada a persona indeterminada, si bien, la recurrente ha señalado que la cantidad de droga decomisada no era para trasladarla a terceros, sino para consumo personal, no es menos cierto, que la cantidad decomisada no es compatible con el consumo personal inmediato o diferido como lo refiere la recurrente, al ser de 49 gramos de marihuana, de ello se deduce, que la misma la transportaba a efecto de ser distribuida posteriormente. Es por lo expresado que es procedente declarar sin lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. DECISIÓN: No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la defensa pública. Reglas Generales de Ponderación de la norma más favorable que define el NCP decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). Por tanto, la ponderación tendrá una variante a depender de la instancia en que se haga: 1. En la primera instancia, al momento del juzgamiento por el tribunal, la ponderación de los cuerpos normativos parte de la comparación de las penas abstractas, pero sin dejar de tener en consideración la total de los cuerpos normativos como un todo; o 2. En la segunda o única instancia, al resolverse un recurso devolutivo interpuesto en contra de sentencia definitiva la ponderación se realizará entre la pena concreta impuesta y la pena abstracta que corresponda para el mismo hecho e igualmente reparando respecto a la totalidad de los cuerpos normativos. En ambos casos el proceso de ponderación se realiza siguiendo las reglas que se señalan en este apartado. Es importante insistir que la ponderación de la norma más favorable deberá de realizarse al momento del juzgamiento en primera instancia, en segunda instancia o en única instancia; por ello no es procedente aplicación retroactiva en estadios previos del proceso, como ser la audiencia de declaración de imputado, la audiencia inicial, la audiencia preliminar o en la etapa de saneamiento de la etapa de juicio. El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017; a tal consideración se le suma las siguientes: 1. Penas Conjuntas: No procede la ponderación parcial de penas principales; la ponderación deberá de realizarse tomando en consideración todas las penas conjuntas impuestas por los mismos hechos (Art. 617 NCP). 2. Penas privativas de Libertad: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena privativa de la libertad (reclusión) con todas sus circunstancias, impuesta de conformidad con el VCP 144-83, fuese también imponible con arreglo al NCP 130-2017 (Art. 616). Ello ocurre cuando la pena concreta impuesta se encuentre dentro marco abstracto de la pena que para el mismo hecho se deba de imponer de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 621). 3. Pena de Multa: No se realizara aplicación retroactiva del NCP cuando la pena impuesta de conformidad con el VCP 144-83, sea la de multa y la que corresponda imponer conforme al NCP 130-2017, igualmente sea una pena de multa.- La aplicación retroactiva se realizara excepcionalmente cuando: a.- No se hubiese hecho abono alguno de la pena de multa impuesta de conformidad al VCP 144-83; y b.- la concreta cuantía impuesta conforme al VCP 144-83 no fuese posible imponer de acuerdo con el NCP 130-2017 desde una perspectiva abstracta (Art. 619). 4. Penas privativas de Derechos: Las penas principales de inhabilitación absoluta y especial se compararán atendiendo a la duración de la pena concreta impuesta en la sentencia y la máxima que pueda imponerse de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 620). 5. Medidas de Seguridad: Respecto a las medidas de ejecución impuestas de acuerdo con el VCP 144-83 que estén pendientes de ejecución o que estén siendo ejecutadas, deberán de ser objeto de revisión y adecuación de conformidad con las normas que regulan las mismas en el NCP 130-2017; (Art. 625). Reglas de Particulares de Ponderación por Concurso de Delitos y Por ausencia de Éste A nivel de punibilidad se regulan los concursos de delitos; ante la colisión temporal de normas sustantivas el juzgador llamado a resolver la acción penal interpuesta en base al rigor del VCP 144-83, deberá de establecer si existe o no concurso de delitos, identificar cual es el que concurre y luego hacer el cálculo de pena abstracta de conformidad a dicho concurso; seguidamente el juzgador deberá de hacer la ponderación de la pena más beneficiosa determinando si conforme a lo probado igualmente se aprecia un concurso según las normas del NCP130-2017, y de ser así deberá de proceder a calcular la pena abstracta, siendo el tercer y último paso la comparación de penas que deban de ser impuestas según cada código penal, reflejándose así cuál de ellos es el que debe de ser aplicado por ser más beneficioso para el procesado o reo. Lo descrito es un proceso general que tiene sus matices a depender cada uno de los concursos, lo que obliga hacer un estudio individualizado: A. Concurso Ideal Cuando conforme a los hechos imputados se deba de aplicar un Concurso Ideal (Art. 67 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al concurso ideal según las reglas del VCP144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del concurso ideal del NCP130-2017.- Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el concurso ideal; 2. Cuando una de las penas concursadas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del VCP144-83 y luego hacer la comparación global con el NCP130-2017; comparación que debe de hacerse según se explicó en el numeral anterior; o 3. Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, que se explican más adelante. Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real: i.- Limite Subjetivo, ii.- Limite Objetivo Ordinario y iii.- Limite Objetivo Extraordinario, explicado igualmente líneas adelante. b. Delito Continuado En el caso de que la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un delito continuado la ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (Art. 617 NCP). Al apreciarse un concurso continuado (Art. 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las mismas reglas señaladas previamente para el delito continuado. En los supuestos en donde conforme el VCP 144-83, corresponda aplicar un concurso real pero conforme el NCP 130-2017 se deba de aplicar un delito continuado, el juzgador deberá de proceder de la siguiente manera: 1. En primera instancia: i. Primero se procederá a realizar el cálculo abstracto de las penas conforme el VCP144-83, las que serán tomadas globalmente, para luego comparar el mismo con el marco abstracto de la pena que corresponda en aplicación del delito continuado según el NCP130-2017, develándose así que código es el más beneficioso en su conjunto. Recuérdese que la comparativa es global (suma de todas las penas abstractas) y no individual por cada pena; ii. En caso de que lo anterior no defina cual es la pena más favorable, el juzgador deberá de proceder a la individualización de la pena concreta de conformidad con el VCP-144-83 y paralelamente a la individualización de la pena concreta de conformidad con el BCP130-2017, de cuya comparación se decidirá que codificación es la más beneficiosa; o 2. En segunda instancia y única instancia: la comparativa parte de la confrontación de las penas que en concurso real hayan sido impuestas en la sentencia impugnada en aplicación del VCP144-83, con el marco abstracto de la única pena que de conformidad al NCP-130-2017 deba de imponerse como consecuencia de la aplicación del delito continuado; así entonces: i. Si las penas individualizadas en concurso real tomadas globalmente (la sumatoria de todas las penas), se encuentra dentro del marco abstracto de la pena del delito continuado, no se aplicará retroactivamente el NCP130-2017; ii. Si las penas individualizadas en concurso real están fuera de la escala de la pena abstracta que deba de imponerse en delito continuado según el NCP130-2017, se aplicara la pena que le sea más favorable al procesado. c. Concurso Real Los supuestos en donde la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un Concurso Real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. La ponderación deberá de realizarse conforme al límite único de cumplimiento de pena que establece el artículo 35 del VCP 144-83 versus los limites objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo que prevé el artículo 66 NCP 130-2017, debiendo excluir las penas de delitos que hayan sido despenalizados en la nueva normativa.- Es importante tener presente que ningún límite es preferente a otro y por tanto se aplicará el límite que marque menor pena; así entonces: a. Cuando entre en acción el Límite Objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al VCP144-83 y los límites del concurso real que regula el NCP130-2017, siguiendo los siguientes pasos: i. Si ambas legislaciones determinan un mismo límite de cumplimiento, se aplicará el principio de identidad, es decir el VCP 144-83; y ii. Si las legislaciones definen límites de cumplimiento distinto, se aplicará aquel que le sea más beneficioso al acusado o reo (ello sin perjuicio de lo que se señala en el siguiente literal); y/o b. Para hacer efectivo el Limite Subjetivo, que regula el NCP 130-2017 se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, develando así el límite máximo que puede cumplir el condenado: i.- Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuara a dicho límite de conformidad con lo señalado en el literal anterior; ii.- Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años; implica que el resultado matemático será el límite máximo de cumplimiento, el que deberá de ser objeto de comparación con el limite objetivo de cumplimiento del VCP144-83. 2. Cuando las penas consideradas globalmente no superasen ninguno de los límites a los que se refiere el numeral anterior, el juzgador procederá a realizar la comparación de las penas que corresponda en una y otra legislación: a. En primera instancia la comparación se realizará entre las penas abstractas definidas en cada cuerpo sustantivo; el tribunal sumará todas las penas abstractas que correspondan imponer en concurso real de conformidad con el VCP 144-83 y todas las penas abstractas que prevea el NCP130-2017, las cuales comparará. Si de la comparación no es posible determinar cuál es más beneficiosa para el procesado, el tribunal deberá de proceder a realizar la individualización de las penas de cada delito primero conforme el VCP144-83 y después conforme el NCP130-2017, luego la suma global de dichas penas por cada código será comparada entre sí, determinando cual es el cuerpo normativo más beneficioso (siempre teniendo presente además el resto de las regulaciones normativas). Finalmente, si aun con las penas individualizadas no existe claridad cuál en su conjunto es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara para que éste señale cual le favorece más. b. En segunda y única instancia la comparación se realizará entre la suma de todas las penas concretas impuestas en concurso real en la sentencia impugnada bajo el VCP 144-83 y la suma de todas las penas abstractas que define el NCP 130-2017. De dicho resultado el tribunal resolverá: i. Si las penas concretas en concurso real VCP 144-83 están dentro de la suma del margen abstracto de las penas del NCP 130-2017, no procederá la aplicación retroactiva de este último; ii. Si la suma de las penas concretas VCP 144-83 no se encuentra dentro del marco abstracto de la suma de penas en concurso real del NCP 130-2017, se aplicará el cuerpo normativo que fije comparativamente las penas más leves, sin dejar de tener en consideración el resto de las disposiciones de cada codificación para efectos comparativos; iii. Si el concurso real está compuesto por Penas Conjuntas, en donde algunas de ellas sean más beneficiosas y otras más gravosas respecto a la comparación hecha con el otro cuerpo legal; el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la pena de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Ejemplo de esto último sería un concurso real con pena global de reclusión por 25 años y multa por L. 700,000.00 conforme el VCP 144-83 y por otro lado una pena de prisión de 17 a 20 años y multa de L. 1,000,000.00 a L. 5,000,000.00 conforme el NCP 130-2017, caso en donde la pena privativa de libertad deberá de definir el código penal a aplicar, siempre que además los beneficios penitenciarios que regule ese mismo código fuesen igualmente más favorables. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. d. Concurso Medial El concurso medial constituyó una institución penal por muchos años, reglada por el artículo 36 del VCP 143-83, misma que desaparece en el NCP 130-2017. Por tanto, cuando conforme los hechos imputados en base al VCP144-83 deba de aplicarse un Concurso Medial (Art. 66 en relación con el párrafo séptimo del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. Se realizará la comparación global de la pena que corresponda en concurso medial según el VCP144-83 con las penas que correspondería aplicar en concurso real conforme al NCP130-2017, en consideración a los limites subjetivo, objetivo ordinario y objetivo extraordinario, del que hemos hablado en el apartado anterior; 2. Es improcedente hacer comparación individual de las penas que conforman el concurso medial del VCP144-83 y las penas en concurso real del NCP130-2017; 3. Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, haciendo desaparecer el concurso Medial, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, lo que se aborda en el apartado siguiente. e. Penas Conjuntas No Concursadas Finalmente, cuando corresponda imponer a una persona una Pena No Concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (en su caso) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: 1. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. No procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. No procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. Procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; 2. Si el hecho definido como delito tiene previstas Penas Conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Ejemplo de esto último sería pena de reclusión por 9 años y multa del 10% de lo defraudado equivalente a L. 50,000.00 conforme el VCP 144-83 en comparación con una pena de prisión de 2 a 3 años y multa 400 días multa equivalente de hasta L. 2,000.000.00 por defraudación a las telecomunicaciones, caso en donde la pena privativa de libertad deberá de definir el código penal a aplicar, siempre que además los beneficios penitenciarios que regule ese mismo código fuesen igualmente más favorables; o 3. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal.- En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara a éste para que señale la que más le favorece. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no se presentó por parte de la Defensa Pública escrito complementario en el que estableciera su parecer sobre la aplicación retroactiva de la nueva normativa penal; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Santos Alfredo Ávila Espinal, la pena principal de seis (06) años de reclusión y multa de Cincuenta Mil Lempiras exactos (L.50,000.00), como autor responsable penalmente de un delito de Facilitación de Medios de Transporte para el Tráfico de Drogas, (previsto en el artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas), en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras; además de las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, por la infracción penal cometida por el acusado Santos Alfredo Ávila Espinal, por el delito de Tráfico de Drogas (marihuana) en su modalidad de transporte, en perjuicio de La Salud Pública del Estado de Honduras (art.311), correspondería la imposición de las siguientes penas: i. De 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; o ii. De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días , si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, siendo éstas las enumeradas en las llistas de Estupefacientes o preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla: https://www.incb.org/documents/NarcoticDrugs/Yellow_List/58th_Edition/Yellow_List_-SPA.pdf) de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista Verde: https://www.incb.org/documents/Psychotropics/forms/greenlist/Green_list_SPA_08676.pdf) del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. Conforme los hechos probados, el acusado realizaba un acto de posesión de marihuana para la facilitación de su consumo, sancionado con pena de 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, cuyo margen es de L. 2,000.00 a L.2,500,000.00, lo anterior, al considerarse la Marihuana una droga que no causa grave daño a la salud. Sin embargo, del mismo hecho probado se describe que tanto las circunstancias del hecho y personales del condenado, como el peso neto de la marihuana encontrada en posesión de Santos Alfredo Ávila Espinal al ser de 49 gramos, es posible deducir ser de menor gravedad; en consecuencia, al no concurrir agravantes contempladas en el artículo 312 de la misma norma penal, la pena abstracta para el delito de Tráfico de Drogas (marihuana) en su modalidad de transporte, de acuerdo a la nueva legislación y en aplicación del artículo 69, deberá ser de 1 a 3 años de prisión y multa de 100 a 500 días, cuyo margen es de L. 2,000.00 a L. 2,500,000.00; LINK Word.Document.12 "/Users/josro/Downloads/EXP 143-2019 IL NHL 02 WRMS.docx" "OLE_LINK1" \a \r * MERGEFORMAT más las penas accesorias correspondientes. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, permiten determinar que la pena impuesta al acusado Santos Alfredo Ávila Espinal, conforme la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, al ser de 06 años de reclusión y multa de Cincuenta Mil Lempiras exactos (L. 50,000.00), es más gravosa de aquella abstracta contemplada el Código Penal 130-2017 para el mismo delito; Por tanto, en el caso particular es procedente la aplicación retroactiva del código penal 130-2017. Para efectos de la individualización de las penas, manda el artículo 70 NCP tener en consideración la existencia o ausencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y, en su defecto las circunstancias personales del condenado. Sobre ello, durante la individualización de la pena no presentaron por parte del Ministerio Público, la Procuraduría General de la República ni la defensa, presentaron circunstancias agravantes ni atenuantes consignadas por el artículo 31 y 32 del Código Penal 130-2017, Por su parte esta Sala de lo Penal, en base a lo anterior, y en atención a las circunstancias personales y a la mayor o menor gravedad del hecho, corresponde imponer al imputado la pena mínima prevista en la codificación penal vigente: Penas principales de: i. prisión por 01 año; ii. multa de cien (100) días equivalente a dos mil lempiras exactos (L.2,000.00). Penas a las que se le deben de unir las accesorias correspondientes y demás consecuencias penales. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338,339,360 y 369 del Código Procesal Penal; FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la Abogada Carmen Murillo, actuando en su condición de defensora pública del acusado Santos Alfredo Ávila Espinal. Segundo: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conducta reprochada al acusado Santos Alfredo Ávila Espinal; como consecuencia Reforma la parte resolutiva de la sentencia impugnada en los siguientes términos: I: Que debemos condenar y condenamos al señor Santos Alfredo Ávila Espinal, cuyas generales de identidad se detallan en el preámbulo de la sentencia, como autor directo de un delito consumado de Tráfico de Drogas (marihuana) en su modalidad de transporte, en perjuicio de La Salud Pública, imponiéndole las penas principales de: i.- prisión por 01 año; y, ii.- Multa de 100 días equivalente a dos mil lempiras exactos (L.2,000.00). Tercero: Las penas principales deberán de ejecutarse siguiendo las siguientes reglas : a.- Del cómputo de la pena de prisión impuesta se deberá deducir el tiempo en que el reo haya estado privado totalmente de su libertad ambulatoria en cumplimiento de alguna medida cautelar en este proceso judicial; b.- El lugar de cumplimiento de la pena de prisión deberá ser el centro penitenciario más próximo a su último domicilio, esto sin perjuicio de los traslados que disponga el Instituto Nacional Penitenciario con vista a la seguridad y el mejor desarrollo del proceso de rehabilitación del reo.- Cuarto: Que debemos condenar y condenamos al Señor Santos Alfredo Ávila Espinal, a cumplir la pena accesoria de suspensión de la ciudadanía por el tiempo de la pena de prisión, a cumplir de manera simultánea con ésta, ello por disposición constitucional (Art. 41.2).- Quinto: Se impone al reo Santos Alfredo Ávila Espinal, como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, la obligación de trabajar por el tiempo que se encuentren interno cumpliendo la pena de prisión, en obras públicas y/o en labores dentro del establecimiento penitenciario en donde se encuentre internado, de conformidad con la Sección VII, del Capítulo IV, del Título II de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la Ley del Trabajo para Personas Privadas de Libertad y de Permanencia para Reos de Alta Peligrosidad y Agresividad y sus respectivos reglamentos; Sexto: Como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, se declara al reo Santos Alfredo Ávila Espinal, civilmente responsables por las consecuencias resultantes del delito por el cual se le ha condenado.- La responsabilidad civil que deberá ser exigida y cuantificada ante el Juzgado de Ejecución competente.- Séptimo: Se declara la procedencia de la declaratoria de comiso y posterior destrucción de hierva suelta de marihuana, con un contenido total de 49.0 gramos, la cual está en custodia del Ministerio Público. Octavo: No procede condenar al reo Santos Alfredo Ávila Espinal, a las costas procesales, personales ni a la restitución de los gastos ocasionados por el presente proceso judicial. Noveno: Por efecto de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, el proceso de ejecución de pena deberá hacerse conforme a sus normas, lo que incluye la resolución de cualquier solicitud de libertad condicional. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Nelson Danilo Mairena Franco. NOTIFÍQUESE. - Firmas y Sello. – Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. - Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Francisca Villela Zavala. – Magistrada. - Firma y Sello. - Rina Koritza Sandoval Navas. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada a los veinticuatro días del mes de julio de dos mil veinticuatro, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-33-2020.
RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS
RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL