Sentencia CP-313-21 — Registro 18806
Resumen
En primera instancia el Tribunal de Sentencia absolvió al imputado del delito de asesinato, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...La Sala de lo Penal después de verificar los razonamientos e inferencias realizadas por el Tribunal de Sentencia en su fallo, cuando se refiere en el Apartado Noveno de la Valoración de la Prueba que dice: “De toda la prueba valorada, no hay prueba directa ni indiciaria que demostrara que haya sido el acusado Roger Rafael Lara Pineda, quien le haya disparado a los tres ofendidos y causarles la muerte, pues los testigos no observaron quien fue que disparó y la prueba científica de las mismas le generó a este tribunal duda razonable de si fue o no, con el arma asignada al acusado que se le disparó a la víctima señor Patricio Pravia Kiblan, menos a los otros dos cuerpos; por tener dos pericias de comparación balística ambas con la suficiente credibilidad y sustento, pero con contrarias conclusiones, y siendo esta la única prueba que pudiese haber arrojado alguna responsabilidad del acusado y según lo dispuesto en el artículo 339 del Código Procesal Penal el tribunal dictará sentencia absolutoria en caso de duda razonable”, que las aseveraciones realizadas por el a quo donde toma como única prueba la comparación balística para emitir una fallo, pero al manifestar que no existe prueba y la que existe le genera duda razonable, por lo que proceden a dictar una sentencia absolutoria. Del Examen de la sentencia observamos que la misma se encuentra mal derivada en sus conclusiones en virtud que al examinar la valoración de prueba, se verifica que el a quo pone de manifiesto que no hay prueba directa ni indiciaria; sin embargo al revisar las derivaciones sobre los medios de prueba se observa que existen medios de prueba, como ser la prueba documental y pericial evacuada, las cuales fueron valoradas en forma individual y que ese pronunciamiento no es claro para declarar si existió o no responsabilidad por parte del imputado; así mismo no otorgó valor alguno al acta de decomiso de las armas realizado en fecha 20 de mayo del 2018 (f. 123 al 126), como también no se pronunció sobre lo manifestado por el Consultor Técnico propuesto por el Ministerio Público en relación al medio de prueba de comparación balística (procedimiento realizado por el perito en la prueba de comparación balística propuesto por la defensa), por lo que el órgano sentenciador al realizar sus inferencias, establece erróneamente que la prueba científica es la única prueba que pudiese haber arrojado alguna responsabilidad del acusado; no comparte esta Sala de lo Penal tal aseveración ya que existen diversos medios de prueba incorporada legalmente al proceso y que los señores jueces señalan que merecen credibilidad, pero al realizar las valoraciones de manera individual sobre las mismas no existió un razonamiento lógico coherente, ya que no las valoró de forma conjunta, como se verifica en el apartado de la valoración de prueba, pues lo que hizo el tribunal sentenciador son valoraciones de manera aislada de todo el acervo probatorio, y no se realiza en el fallo la confrontación de la información proporcionada por los testigos con los demás medios de prueba, para determinar las coincidencias o disparidades que permitan establecer su veracidad, por lo que se estima que el Juzgador no realizó un verdadero estudio intelectivo de los medios probatorios conforme a las reglas de la sana crítica, por lo que se estima lo planteado por el recurrente en su escrito recursivo. Decisión Se declara ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras por unanimidad de votos de la sala de lo penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 332, 338, 359, 362 numeral 3) y 369 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declara HA LUGAR, el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su motivo único, interpuesto por la Abogada Yanoris de Jesús Ramos González, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en el proceso instruido contra Roger Rafael Lara Pineda, por el delito de Asesinato, en perjuicio de Jobal Damacio Becan, Darly Alfred Soto y Patricio Pravia Kiblan..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362,N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-313-2021, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha quince de octubre del año dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Nelson Danilo Mairena Franco en su calidad de Coordinador, Mario Rolando Díaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-313-2021 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha seis de enero de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual falló: PRIMERO: Absolvió a Roger Rafael Lara Pineda, por el delito de Asesinato, en perjuicio de Jobal Damacio Becan, Darly Alfred Soto y Patricio Pravia Kiblan. SEGUNDO: No procedió la condena en costas, no procedió el comiso ni la declaratoria de responsabilidad civil. Son partes en única instancia: La abogada Yanory de Jesús Ramos González, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y el abogado Jacobo Humberto Salandia Vallecillo, en su condición de defensor privado de Roger Rafael Lara Pineda, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “ÚNICO: Que el día sábado diecinueve de mayo de dos mil dieciocho en la comunidad de Warunta, municipio de Ahuas, Departamento de Gracias a Dios, aproximadamente a las 8:30 de la noche se acercaba una lancha a las inmediaciones de la laguna, por lo que siendo una hora no autorizada para el desembarque de lanchas, los militares asignados a la base de la zona hicieron disparos de advertencia a fin de que la lancha detuviera su curso, por lo que el señor Simón Quebedo Cacildo quien conducía la lancha tipo pipante la detuvo y esperó a que tres militares hiciera una inspección física para asegurar que lo que contenía la lancha era de licito comercio, mientras otros cuatro elementos militares siendo uno de ellos Roger Rafael Lara Pineda, Fredy Donado Portillo, Yosman Josué Pineda y Samuel Lagos, se desplazaban por tierra para apoyar a los compañeros militares en la revisión de la lancha; en tanto al escuchar las detonaciones de armas de fuego pobladores de la comunidad, salieron a observar que pasaba, entre ellos los señores PATRICIO PRAVIA KIBLAN, JOBAL DAMACIO BECAN Y DARLY ALFRED SOTO, encontrándose a la orilla del rio a varios miembros de la comunidad y en el revuelo de la población se produjo un enfrentamiento entre los miembros de la comunidad con los cuatro militares, haciendo estos algunos disparos de advertencia con el arma de fuego de reglamento, resultado de ese evento heridos los señores PATRICIO PRAVIA KIBLAN, JOBAL DAMACIO BECAN Y DARLY ALFRED SOTO, quienes murieron de manera inmediata producto de disparos de proyectiles de grueso calibre, sin determinarse quien o quienes les dispararon pues estaba muy oscuro, por lo que la población enardecida agredió al militar Fredy Portillo con una arpón provocándole lesiones, siendo auxiliado por sus compañeros de regimiento.” RECURSO DE CASACIÓN: La recurrente abogada Yanory de Jesús Ramos Gonzales, como Fiscal del Ministerio Publico, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: "No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Critica". PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Articulo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: En el caso que nos ocupa, el Juzgador al momento de dictar sentencia absolutoria infringió lo que establece el artículo 202 del Código Procesal Penal y de manera específica lo hizo incurriendo en violación a las reglas de la Sana Critica, pues a su criterio, la prueba evacuada resultó insuficiente para llevarle a un grado de certeza de la participación del acusado Roger Rafael Lara Pineda en el delito de Asesinato en perjuicio de Patricio Pravia Kiblan, Jobal Damacio Becan y Darly Alfred Soto, respectivamente. Su conclusión final luego de valorar la prueba, fue errónea, al considerar que "De toda la prueba valorada no hay prueba directa ni indiciaria que demostrara que haya sido el acusado Roger Rafael Lara Pineda, quien le haya disparado a los tres ofendidos y causarles la muerte, pues los testigos no observaron quien fue que disparó y la prueba científica de la misma le generó a esta Tribunal duda razonable de si fue o no, con el arma asignada al acusado que se le disparó a la víctima el señor Patricio Pravia Kiblan, menos a los otros dos cuerpos: por tener dos pericias de comparación balística ambas con la suficiente credibilidad y sustento, pero con contrarias conclusiones, y siendo esta la única prueba que pudiese haber arrojado alguna responsabilidad del acusado y según lo dispuesto en el artículo 339 del Código Procesal Penal, el Tribunal dictará sentencia absolutoria en caso de duda razonable" (Ver considerando noveno del apartado de valoración de la prueba, página veintinueve; lo resaltado no corresponde al texto original). Esta conclusión a la cual arribó el A quo, a criterio del ente acusador no es más que un claro ejemplo del resultado de una valoración de la prueba de cargo que a todas luces vulnera las reglas de la Sana Critica; es por ello, que para evitar la impunidad en este caso, se torna de vital importancia que vosotros Honorables Magistrados, reviséis el proceso lógico de razonamiento que siguió el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, al examinar cada una de las probanzas que se le allegaron en este caso, en concreto, a la regla lógica de la derivación integrada por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia. El Ministerio Público, en su condición de garante de legalidad, estima que el Órgano Jurisdiccional a través de la sentencia censurada ha incurrido en el vicio in procedendo anunciado en el primer acápite de nuestra explicación del motivo; pues de la prueba de cargo allegada al proceso y de su valoración de forma conjunta no puede llegarse a otra conclusión que no sea la responsabilidad del encausado en el delito por el cual se le acusó y que éste es el autor material del mismo, conclusión a la que llegamos como resultado de los medios de prueba evacuados en juicio, para evidenciar el vicio que motiva el presente recurso haremos referencia a dos aspectos que el Juzgador cuestiona y señala como la razón para llegar a la decisión absolutoria: 1) Testimonios de Cargo El sentenciador le resta credibilidad a los testigos de cargo en cuanto a que considera que éstos no pudieron observar quién disparó y como consecuencia, a criterio del Tribunal, no pudo demostrarse la participación del acusado; cabe referirse, entonces, al testimonio de la señora Denia Soto Alfred quien fue clara al manifestar que aunque pudo ver a tres militares, quienes traían foco, fue solamente uno de ellos quien alumbró con el foco hacia las caras y luego disparó, realizando tres disparos, uno de ellos al esposo de la testigo, señor Patricio Pravia Kiblan, otro al señor Darlin Alfred y otro a un señor de quien no sabe el nombre, personas de origen misquito quienes murieron al instante, a su vez, la testigo Fidelia Gómez Manister manifestó que eran tres militares y que solo uno de ellos disparó, resultando muertos Jobal Damacio Becan (esposo de la testigo), Darlin Alfred Soto y a otro solo lo conoce por el apodo, al militar que disparó lo describe como "chaparro, vestía una camiseta pegada y el pantalón era moteado", también coincide con la primera testigo al mencionar que al momento de los disparos los otros militares salieron huyendo. Los anteriores testimonios en conjunto con el resto de la prueba si demuestran la participación del acusado como el autor del hecho, pues con el Informe de fecha 25 de Mayo de 2018, elaborado por el Coronel de Infantería José Ramón Macoto Vásquez se estableció que el día de los hechos el acusado estaba en el grupo de militares que mencionan los testigos pues iba acompañado de otros soldados, también éste informe demostró que se escucharon disparos de arma tipo fusil y que de dicho incidente resultaron muertos Jobal Damacio Becan, Patricio Pravia y Darly Soto: de igual manera se estableció mediante constancia emitida por el Comandante Víctor Orlando Saravia Hernández que el Cabo de Infantería Roger Rafael Lara Mejia (es decir, el acusado) tenía asignado el fusil 9516166 y que dicho fusil pertenece al inventario del 12 Batallón de Infantería, de igual manera, el informe de incidente de Warunta, Ahuas, elaborado por el Agente José Esaú Rodriguez, describe que en el lugar donde resultaron muertos los señores Patricio Pravia Kiblan, Jobal Damacio Becan y Darly Alfred Soto, se encontraba el acusado Cabo de Infantería Roger Rafael Lara Pineda acompañado de varios efectivos de tropa y que el acusado tenía asignada el arma de fuego tipo fusil 9516166. Por otro lado, toda la información antes descrita fue completamente reafirmada, por el dictamen 2018-0801- 0501-444 del laboratorio Balístico, sobre análisis de comparación balística, el cual concluye en los numerales 7.1 y 7.3, que el casquillo encontrado en el lugar de los hechos fue percutido por el arma de fuego tipo fusil, marea COLT, modelo M16 A1, serie 516166, calibre 5.56x45 mm; es decir, el arma que el acusado tenía asignada; asimismo, también se estableció con ésta pericia que el revestimiento cilíndrico metálico de aparente cobre deformado calibre 5.56x45 mm, recuperado mediante exhumación practicada al cuerpo del señor Patricio Pravia Kiblan, si fue disparado por el arma de fuego que el acusado tenía asignada, es decir el arma tipo fusil, marea COLT, modelo M16 Al, serie 516166, calibre 5.56x45 cm, arma que de acuerdo al medio de prueba Acta de Decomiso fue decomisada al acusado en fecha 20 de mayo del 2018 en la comunidad de Warunta, municipio de Ahuas, Gracias a Dios. Por otra parte, la defensa del encausado presentó como prueba de descargo, las declaraciones de los señores Yosman Josué Pineda García, Ángel Maria Paz Alvarado, Fredy Donado Portillo Caballero y José Esaú Rodriguez Cruz, quienes a través de sus declaraciones pretendieron justificar y extraer al acusado de los hechos por los cuales se les acusó, sin embargo estos dichos no fueron corroborados con ningún medio de prueba, contrario a esto, acreditan que el acusado efectivamente estaba en el lugar de los hechos, día y hora en que ocurrieron. En base al análisis anteriormente expuesto, podemos concluir que si bien es cierto, los testigos afirman que por la obscuridad de la noche no pudieron ver con claridad el rostro del acusado al momento de disparar, esto no impidió establecer en juicio la identidad de la persona que disparó, es decir, del acusado, pues como anteriormente se señaló, en el grupo de 3 policías que vieron los testigos estaba el acusado, uno de los cuales disparó, la persona que disparó fue la que tenía asignada el arma fusil marca COLT, modelo M16 A1, serie 516166, calibre 5.56x45 cm, pues tanto en la escena del crimen como en los cuerpos de las víctimas se recuperó casquillo y fragmentos de bala que fueron disparados por dicha arma y finalmente, la persona que tenía asignada esa arma era el Cabo de Infantería Roger Rafael Lara Mejía, es decir, el acusado. La prueba testifical, por tanto, se ha complementado perfectamente con los medios de prueba científicos, periciales y documentales para dejar demostrada con total certeza la responsabilidad del acusado como autor del delito. Aquí debemos resaltar, la certeras apreciaciones de la Honorable Sala de lo Penal, mediante fallo CP 198-2008, donde expuso: "Resulta oportuno señalar que para restar credibilidad a la versión de testigos oculares, el Juzgador debe antes asegurarse de que en juicio se ha puesto de manifiesto, prueba suficiente para tener por acreditada una causa de animosidad en los testigos presenciales, capaz de producir en ellos el deseo de distorsionar los hechos y faltar a la verdad"; extremo que no se produjo en el caso de autos. Asimismo estableció la Honorable Sala de lo Penal que: "La declaración de un testigo protegido, congruente con prueba pericial (exhumación, autopsia) aunque sea mínima actividad probatoria es válida y suficiente para concluir, respecto a la participación de un acusado en los hechos, siempre que el testigo sea claro y contundente en el relato del hecho” Atiente a la valoración de prueba testifical, también la Sala de lo Penal ha señalado: "La labor de valoración no termina con el análisis individual de la prueba testifical, sino que además debe hacerse una valoración conjunta, entendiéndose como la confrontación de la información proporcionada por el testigo con la información que se deriva de otros medios de prueba, incluyendo otros testigos, para determinar las coincidencias o disparidades que permitan establecer su veracidad, reconstruyendo el hecho histórico donde cada una de los medios de prueba sea una pieza articulada de un todo. Por su parte la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO NADEGE DORZEMA Y OTROS VS. REPÚBLICA DOMINICANA, SENTENCIA DE 24 DE OCTUBRE DE 2012 (Fondo, Reparaciones y Costas), Al respecto, "la Corte considera que durante el desarrollo de un evento de despliegue de la autoridad los agentes estatales, en la medida de lo posible, deben realizar una evaluación de la situación y un plan de acción previo a su intervención... En este sentido, los Principios básicos sobre empleo de la fuerza establecen que "los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas, salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En todo caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea absolutamente inevitable para proteger una vida”” 2) Pericia Balística El Tribunal también señala como motivo para su decisión que la prueba balística le genera una duda razonable debido a que no concuerda el resultado de la Pericia presentada por la Fiscalía y por la parte Defensora En relación a la prueba Pericial consistente en comparación balística número 2018-0801- 0501-4444 y la prueba balística presentada por la parte Defensora consistente en el Análisis de Comparación Balística elaborado por Víctor Manuel Mejia Meza, estimó que "... Ante estas dos conclusiones diferentes dadas en las pericias elaboradas por expertos en balística que no demeritan una de la otra le generan a este Tribunal duda de si fue o no disparado ese casquillo por el arma que portaba el acusado...., ante esta última conclusión de la pericia fiscal no se puede dar por sentado lo expresado en el mismo dictamen, pues sin duda alguna tal como lo dice la pericia esos fragmentos no se pudieron comparar con los demás indicios por su deformación...”. El yerro del sentenciador se extiende más allá al exponer que la pericia de comparación Balística le genera duda, pues la parte defensora elaboró otra pericia de comparación, con conclusiones diferentes a las del ente Fiscal, si bien es cierto, la parte defensora quiso rebatir el análisis balístico realizado por el Ministerio Público, es importante señalar que el Consultor Técnico fue contundente al manifestar que "El perito de la parte defensora demostró impericia al momento del manejo del microscopio de comparación balística desconociendo el uso del mismo, no realizaron pruebas patrones del arma de fuego, no giraron los casquillos de forma suficiente, ubicaron el bloque de cierre y únicamente ubicaron características para llegar a un acercamiento para decir que el caso era negativo, no hicieron pruebas patrones con la misma marca y troquel del casquillo recibido como indicio, esto era importante para determinar las características de fabricante, ya que el casquillo que es indicio, en su base es blanda, como ovalo, las pruebas patrones que usaron los peritos de la defensa fueron diferentes la superficie era más dura por lo que tiende a dar menos características, y si la base es blande da más características y diferentes, el perito de la Defensa en ningún momento obtuvieron pruebas patrones con el mismo troquel del casquillo recibido como indicio, ya que eran troqueles totalmente diferentes por lo que cambiaron las características importantes de una percusión, no hicieron pruebas con cargador, no determinaron características de rallado de cargador. En relación al Revestimiento el perito de la defensa a simple vista determinó que no era apto para comparación balística, situación que es imposible, sin subirlo a un microscopio de comparación balística, para determinar las característica de una bala o proyectil, debe ser observada en un microscopio de comparación balística mediante esta observación se determina si es apta o no para comparación balística, de igual forma para determinar cuál es el porcentaje para comparación, solo se determina a través del microscopio de comparación balística" Acreditándose que el dictamen realizado por la parte defensora no cumple los requerimientos necesarios, pues las comparaciones efectuadas se realizaron con muestras patrones diferentes, por otro lado, fue elaborado de forma empírica, ya que no utilizó los instrumentos requeridos, por lo que los resultados obtenidos por parte de estas pericias son desacertados, pues debieron de utilizar microscopio de comparación balístico, evidentemente las máximas de la experiencia indican que un resultado obtenido con muestras patrones diferentes y a simple vista, no tiene la precisión de uno obtenido utilizando los instrumentos científicos para ello, instrumentos que si fueron utilizados y de forma correcta por el Ministerio Público, por lo que existe total certeza sobre la pericia elaborada por el ente acusador. El Tribunal continuado con su desacertada estimación de la probanza, al señalar que conforme a las pericias de exhumación, de acuerdo a la trayectoria balística, pudo haber disparado más una sola persona, conclusión que tampoco se deriva de lo demostrado con la prueba, pues el perito al momento de su deposición manifestó que la trayectoria dependerá de muchos factores, el disparo al hacer contacto con el hueso, este mismo podría desviar el proyectil, por lo que la trayectoria no dependerá únicamente de la altura de las partes intervinientes en el hecho, pues la trayectoria depende de la posición en la cual el agresor tenía el arma, se refiere específicamente a la posición del arma y no al agresor. Siendo contundente esta pericia cuando señala trayectoria, orifico de entrada y trayecto de adelante hacia atrás, Por lo que esta prueba es concordante con los dichos de los testigos. En conclusión, respecto a la prueba pericial que el Tribunal señala que le genera duda, consideramos que es errónea su apreciación, pues los análisis periciales allegados a juicio por las partes no son de la misma calidad, precisión y certeza, es por ello que no puede generarse duda alguna en los resultados obtenidos con una pericia científica practicada con todos los procedimientos requeridos para ello, utilizando instrumentos de alta precisión y peritos expertos en la materia y un análisis empírico que carece de la precisión y experticia requerida para proporcionar un resultado verosímil. Además de que la certeza de la pericia del Ministerio Público se vio validada también con los resultados aportados por el resto de la prueba (la documental y testifical que acreditan que el acusado estaba en el lugar de los hechos portando su arma, la pericial que demostró que en la escena y cuerpos de las víctimas se encontraron indicios de proyectiles disparados; la documental que acredita que el acusado tenía asignada esa arma utilizada el día de los hechos para disparar contra las victimas); lo que con mayor certeza del resultado del análisis comparativo balístico por realizado por el Ministerio Público y analizado en conjunto con el resto de la prueba Si pudo demostrarse que el arma del acusado (y que él portaba el día de los hechos) disparó contra cada una de las víctimas. Erróneamente el Tribunal apreció cada medio de prueba de forma separada, individual y desvinculando unos de otros, lo que indefectiblemente le haría llegar a una conclusión errónea. Cuando se examina la prueba de cargo producida en el debate, resulta evidente que la decisión de absolver a la que ha arribado el juzgador, obedece a una errónea apreciación de la misma, en desapego a las reglas de la sana critica, específicamente a la regla lógica de la derivación integrado por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, pues a pesar de haber sido contundente dicha probanza para acreditar la responsabilidad del acusado Roger Rafael Lara Pineda en el ilícito penal que se le atribuye, el Sentenciador deriva en un fallo absolutorio, al no considerar su valoración de forma conjunta, lo que lo condujo a realizar inferencias y conclusiones no razonables, que no se desprenden del acervo probatorio, legalmente evacuado durante el juicio; faltando así al postulado en referencia. En este orden de resultados obtenidos de la prueba evacuada en el proceso, el Ministerio Público no logra extraer la razón por la cual el sentenciador dejó de valorar el contenido de la misma, ya que el testimonio de los testigos es congruente, preciso y claro, dichos que fueron corroborados con las actas de inspección, Dictámenes Pericial de Exhumación, de Comparación Balística, documental, la prueba fue legalmente incorporada, y al ser analizada de manera conjunta y armónica, conduce a la inexorable conclusión de el que acusado sí cometió el hecho delictivo por el cual fue enjuiciado; por ende, con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Crítica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido y ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria; 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo; 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena;5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que la norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Único Motivo. • Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; • Norma adjetiva que se denuncia infringida: Artículos 202 según lo dispuesto en el artículo 339 del Código Procesal Penal; • Concepto de la infracción: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana critica; • Reclamación Ex Ante: El defecto se produce en el acto mismo de sentenciar; • Pretensión: que se declare ha lugar el recurso y se anule el fallo recurrido. La Recurrente arguye que la conclusión a la cual arribó el A quo, no es más que un claro ejemplo del resultado de una valoración de la prueba de cargo que a todas luces vulnera las reglas de la Sana Critica, violentando la regla lógica de derivación integrada por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, por lo que se ha incurrido en el vicio in procedendo, pues de la prueba de cargo allegada al proceso y de su valoración de forma conjunta no puede llegarse a otra conclusión que no sea la responsabilidad del encausado en el delito por el cual se le acusó, asimismo solicita se revise el proceso lógico de razonamiento que realizó el a quo en cada una de las probanzas que se allegaron en este caso, por lo que pide se anule el fallo recurrido y ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia. De las Reglas de la Sana Crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-2009). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. i. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, ii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: I. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 2. Demostración del Vicio: El Recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera el Recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de Casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio. De la procedencia del recurso. El recurso es de recibo La Sala de lo Penal ha revisado el argumento recursivo por lo que ha procedido a verificar la valoración de la prueba evacuada por el a quo, denunciando el recurrente que el Tribunal de Sentencia ha establecido en la parte final del apartado noveno de la valoración de la prueba lo siguiente: “NOVENO: De toda la prueba valorada, no hay prueba directa ni indiciaria que demostrara que haya sido el acusado Roger Rafael Lara Pineda, quien le haya disparado a los tres ofendidos y causarles la muerte, pues los testigos no observaron quien fue que disparó y la prueba científica de las mismas le generó a este tribunal duda razonable de si fue o no, con el arma asignada al acusado que se le disparó a la víctima señor Patricio Pravia Kiblan, menos a los otros dos cuerpos; por tener dos pericias de comparación balística ambas con la suficiente credibilidad y sustento, pero con contrarias conclusiones, y siendo esta la única prueba que pudiese haber arrojado alguna responsabilidad del acusado y según lo dispuesto en el artículo 339 del Código Procesal Penal el tribunal dictará sentencia absolutoria en caso de duda razonable”, alegando además que “el tribunal realiza inferencias sobre las mismas como ser “que por tener dos pericias de comparación balística ambas con suficiente credibilidad y sustento pero con contrarias conclusiones y siendo esta la única prueba que pudiese haber arrojado alguna responsabilidad del acusado”, agregando que el a quo no tomó en consideración lo planteado por el Consultor Técnico del Ministerio Público en relación a la práctica de la pericia de comparación balística. Al revisar el fallo dictado por el Tribunal de Sentencia, se examinan los diferentes medios de pruebas de los cuales realizó valoraciones y razonamientos para dictar y extraer conclusiones que los llevo a dictar una resolución absolutoria; y verificando en el acápite de la valoración de la prueba, el tribunal realizó sus inferencias a los diferentes medios probatorios dando credibilidad a unos y otros no, así como no hubo pronunciamiento sobre algunos medios de prueba sin especificar razonamiento alguno, por lo verificamos las conclusiones a las que arribó el tribunal y son las siguientes: 1. En relación a la declaración de los testigos Simon Quebedo Cacildo, Denia Soto Alfred y Fidelia Gomez Manister “Haciendo la valoración de las declaraciones testificales y comenzando con la declaración de la testigos Denia Soto Alfred, este tribunal estima que su testimonio es contradictorio entre sí, pues establece que mientras ella descansaba junto a su esposo Patricio Pravia al estar acostados siendo las 8:00 de la noche escucharon disparos, lo que les conminó a salir de la casa a ver que pasaba, encontrándose con varias personas de la comunidad cerca del río, divididas en grupos, cuando observó que alumbraron a la cara a su esposo, alguien que estaba frente a él y le dispararon, fue cuando ella salió corriendo de inmediato a su casa y fue después que regresó que supo que su esposo estaba muerto, sin embargo ella misma establece que no puedo observar quien le disparó a su esposo, porque la noche estaba muy profunda, o sea muy oscura, así que no identificó rostros, sin embargo esta testigo en otra parte de su testimonio asegura que fue un sujeto quien disparó pero a la vez afirma que no se fijó; sien embargo a las preguntas de las partes respondió que sabe que eran militares los que les dieron muerte a las tres personas porque andaban tres focos, sin embargo dice que no puedo observar las vestimenta porque estaba muy oscuro, menos pudo observar la contextura de quien disparó, solo que escuchó tres disparos y tampoco sabe cuantos militares dispararon, fue hasta después que regresó a ver a su esposo muerto que supo que habían dos muertos más, de lo anterior se determina que la noche en que sucedieron los hechos estaba muy oscuro tal como los dijeron las dos testigos, así que la testigo Denia Soto no puedo identificar al sujeto que le disparó al señor Patricia Pravia, ni a los otros sujetos que manifiesta le acompañaban, pues la noche era tan oscura que no había forma de identificación, como tampoco pudo ver quien o quienes le dispararon a los otros dos sujetos que resultaron muertos en esa misma escena, pues la testigo refirió que cuando alumbraron a su esposo y le dispararon salió corriendo hacia su casa, escuchando solo otros disparos y fue hasta que regresó a la escena que verificó que su esposo estaba muerto y además había dos muertos más, quienes también estableció la testigo estaba bien retirados unos de otros. Luego en relación al testimonio de la señora Fidelia Gomez Manister, este tribunal estima que su testimonio también es contradictorio entre sí, pues establece que como entre las 8:00 y 8:30 de la noche fueron con su esposo Jobal Damacio Becan al ladin (andén) refiriéndose al lugar donde desembarcan las lanchas, a esperar una encomienda que les traía don Simón, cuando escucharon unos ocho disparos, así que se regresaron a la casa, pero en el camino su esposo iba adelante, observó subir tres focos que se acercaron al grupo de personas donde ellos estaban he hicieron disparos, es así que luego un primo de su esposo le dijo que le habían disparado a Jobal, lo que finalmente ella confirmo y estaba muerto, pero a preguntas del Ministerio Público respondió que vio tres focos pero pensó que eran personas de la comunidad, se acercaron y dispararon, estaba muy oscuro, ya que todo mundo andaba focos pues era de noche, así que no se fijo en la contextura de quien le disparó a su esposo, de lo que se concluye que la testigo Fidelina Gomez no pudo identificar a nadie por la oscuridad de la noche, que también lo dice la testigo Denia Soto, pero por otro lado al contrario de la testigo Denia Soto dice que todos las personas de la comunidad andaban foco pues era de noche, así que pensó que eran miembros de la comunidad quien andaban los focos, sin embargo asevera en otra parte de su testimonio que fueron los militares que le dispararon a su esposo y que fue solo uno quien disparó por el sonido de los disparos que sonaron tac, tac, tac, descripciones sonoras que no resultan lo suficientemente sustentables para arribar a esa conclusión, por otro lado se aprecia otra contradicción entre la misma declaración de la señora Fidelia Gómez, al decir a preguntas de la defensa que eran tres militares, uno andaba gorra, completamente uniformados, de moteado y camisa manga larga oscura, lo que no resulta razonable lo haya apreciado, cuando ella misma dice en su deposición inicial que estaba muy oscuro, que pensó que quienes andaban los focos eran miembros de la comunidad, pues todo mundo andaba focos, y además estaba a tres metros de su esposo, cuando le dispararon, espacio en el cual no estaba sola, ya que andaban varias personas de la comunidad, es importante destacar que entre las testigos Fidelia Gomes y Denia Soto la contradicción es que mientras Denia dice que los tres sujetos que andaban focos por ese dato de los focos sabe que eran militares, Fidelia establece que todos los de la comunidad andaban focos esa noche, por eso pensó que los tres sujetos que vi con focos eran de la comunidad, lo que resta por completo la credibilidad de las testigos al ser un dato muy importante que no es fácil pasar desapercibido en una escena en completa oscuridad. Por lo anterior este tribunal valorando de manera lógica y conjunta estas dos deposiciones, concluye que las testigos no pudieron observar quienes o quienes les dispararon a sus esposos, menos identificar que se trataba de militares quienes dispararon, lo asume y asi lo declaran pues sin duda alguna tal como se acredito con otras pruebas que más adelante será valorada en la escena estaban presentes varios militares armados que requirieron a unas personas en una embarcación, que allí arribó, por lo tanto lo único que se demostró pues es coincidente con otra prueba es que fue a la orilla del rio donde se suscitaron los hechos dándose la muerte de los tres ofendidos en horas de la noche. En relación a la declaración del señor SIMON QUEBEDO CACILDO, merece credibilidad su testimonio, al estar corroborados con otros medios de prueba, sin embargo no es un testigo que haya estado en la escena donde murieron los tres ofendidos, quedando demostrado con su declaración que el era quien conducía una lancha escuchó disparos y fue requerido por las autoridades militares cuando iba llegando a la comunidad de Warunta, haciéndole un registro de lo que llevaba, sin embargo al llegar al ladín (andén) donde el desembarco las personas que se encontraban en el lugar comentaban que habían unos muertos.” Que el tribunal realizó valoración a los medios de prueba documental consistente en a. Acta de inspecciones oculares número 39, (prueba común con la defensa).- b. Acta de Inspección numero 695-2018, junto al álbum fotográfico (prueba común con la defensa).- c. Acta de inspección numero 696-2018, junto al álbum fotográfico y plano (prueba común con la defensa).- d. Constancia.- e. Acta de decomiso.- f. Constancia de Recursos Humanos de las Fuerzas Armadas de Honduras, junto al contrato de prestación de servicios.- g. Informe de fecha 25 de mayo del año 2018 (F. del 617 al 619); realizando sus inferencias de la manera siguiente: “La prueba documental antes relacionada merece toda credibilidad pues fue elaborada por personal profesional sin un interés particular en la causa y además no fue desvirtuada por ninguna otra prueba de la misma categoría y que haciendo una valoración conjunta se enlazan una a una de ellas; quedando demostrado para este tribunal con el Acta de inspecciones oculares numero 39, que en la comunidad de Warunta, de Puerto Lempira, el 20 de mayo del año 2018, se encontraron tres cuerpos sin vida a la orilla del rio, cercanos uno del otro cuerpo que luego fueron identificados como Patricio Pravia, Damacio Becan y DARLY Soto tal como lo establece el dictamen de exhumación y autopsia, quienes eran originarios del pueblo indígena Miskitu, debidamente probado con la constancia evacuada; encontramos como a un metro de la distancia de uno de los cuerpos un casquillo color amarillo, de arma de fuego larga y de grueso calibre, no pudiéndose realizar el levantamiento por oposición de sus familiares quienes llegaron con armas de fuego fusil y pistola a la escena amenazando a las autoridades haciendo disparos; pudiéndose apreciar el lugar del hecho en el acta de inspección numero 696-2018; por otro lado se demostró con la constancia de Recursos Humanos de las Fuerzas Armadas que el señor Roger Rafael Lara Pineda al momento de los hechos eran miembros activos de esta institución a la cual pertenecía desde el año 2014, que de acuerdo al informe de fecha 25 de mayo del año 2018, rendido por el coronel Macoto, se documentó estando también probado que el señor Roger Lara tenía asignado el fusil M16-A1 serie 9516166, según inventario, mismo que fue decomisado el día siguiente de los hechos de acuerdo al acta de decomiso, estableciendo el agente que le fue entregado por otro militar encargado del destacamento de Warunta, siendo ese fusil que fue objeto de pericia de comparación balística con el casquillos encontrados en la escena y fragmentos encontrados en los cuerpos de las victimas la cual será valorada más adelante. Finalmente con el acta de inspección al pipante, quedó demostrado la existencia del mismo y según lo expresado por el testigo Simón Quebedo Casildo es de su propiedad, en el cual se trasportaba el día de los hechos siendo requerido por los militares, que también los expresaron los testigos militares de la defensa que participaron en ese requerimiento”. Continuando el tribunal a quo con sus valoraciones procedió con los siguientes medios de prueba pericial: a. El dictamen de Exhumación numero 2018-0801-0402-0091, a folio 550 (prueba común con la defensa).- b. Dictamen de Exhumación numero 2018-0801-0402-0092, a folio 55 (prueba común con la defensa).- c. Dictamen de Exhumación 2018-0801-0402-0090 a folio 552 (prueba común con la defensa).- d. Dictamen de análisis de comparación balística número 2018-0801-0501-4444, (prueba común con la defensa).- e- Dictamen de marcas y patrones número 2018-0801-0501-4284-4, (prueba común con la defensa) (F. 619 al 622), Realizando inferencias de la siguiente manera: “Esta prueba pericial consistente en los dictámenes de exhumación merece toda credibilidad, pues fue elaborada por un personal profesional y sin interés alguno, la cual constituye prueba científica, que no deja dudas al Tribunal de su veracidad; quedando demostrado para este tribunal con los tres dictámenes de exhumación que los cuerpos pertenecían a los señores JOBAL DAMACIO BECAN, DARLY ALFRED SOTO y PATRICIO PRAVIA KIBLAN, cuerpos que como características, común presentaban cada uno, un disparo por arma de fuego, lográndose obtener de los tres cuerpos fragmentos metálicos, de acuerdo a la trayectoria de las heridas en los cuerpos, en el caso del señor Jobal Damacio Becan, la entrada del disparo fue en región derecha de la mandíbula, con trayectoria de adelante hacia atrás, de derecha a izquierda, y de arriba hacia abajo, produciendo fractura segmentaria del cuerpo de la mandíbula con estatura de 1.70 centímetros; en el caso el occiso Patricio Pravia Kiblan con orificio de entrada en ceja izquierda, con trayectoria de adelante hacia atrás, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, produciendo herida en la piel con fractura fragmentaria de los huesos de la cara con estatura de 1.70 centímetros; y en el caso de Darly Alfred Soto, con orificio de entrada en región derecha del torax, con trayectoria de adelante hacia atrás, de izquierda a derecha, y de abajo hacia arriba, con una estatura de 1.75 centímetros; quedando demostrado con la trayectoria de la herida tal como lo establece la fiscalía, que el arma de fuego con el se les disparó a los señores Jobal Damacio Becan y Patricio Pravia Kiblan tuvo que haber estado en una posición más alta que ellos y de frente, pues los disparos son de arriba hacia abajo, adelante-atrás, además de estar ubicadas en una posición arriba de su cuerpo en el caso de Patricio el disparo fue en la ceja y disparo de Jobal fue la mandíbula, lo que no resulta coincidente con la estatura del acusado Roger Rafael Lara Pineda ya que el tribunal pudo apreciar en juicio que es bajo aproximadamente 1.65 centímetros, mucho menor que la altura de los dos víctimas señaladas que eran de 1.70, además que el acta de inspección 696-2018 se aprecia en el álbum fotográfico el lugar donde se originaron los hechos el cual es un lugar plano, a la orilla del rio, así que no se aprecia haya algún espacio en posición más alto, ni cercano en donde se suscitaron las muertes, por lo tanto se concluye que no resulta posible que los disparos los hayan recibido de frente de parte del señor Roger Rafael Lara, la dinámica no es posible de acuerdo a las narraciones de los testigos presenciales pues la testigo Denia Soto dijo que a su esposo Patricio Pravia le dispararon de frente, esto con la prueba científica señalada, resultando contradictorio.- Por otro lado también es contradictoria en el caso del occiso Darly Alfred Soto quien media 1.75 de estatura y presentaba una trayectoria de la herida de abajo hacia arriba, así que los testigos presenciales dicen que fue el mismo sujeto que disparó por espacios consecutivos, dándole muerte a tres personas, y estando probado por percepción en el juicio que el acusado es más pequeño que las tres víctimas, sin embargo los disparos en dos de los occisos tienen trayectoria de arriba abajo y el de Darly Alfred Soto tiene trayectoria de abajo arriba, lo que evidencia que pudo ser más de una persona quien disparó a las tres víctimas. En relación al dictamen de comparación balística número 2018-0801-0501-4444, el mismo fue elaborada por un personal profesional forense, la constituye prueba científica, elaborado por el perito Marvin Urquía, el cual concluyó que el casquillo analizado mismo que fue levantado en la escena del crimen fue percutido por arma de fuego tipo fusil… por lo que concluye que el casquillo encontrado en la escena no fue disparada por el fusil marca Colt, modelo M16A1, serie 516166, calibre 5.56x45mm, apreciándose en el álbum fotográfico las muestras analizadas tanto los patrones utilizados como el casquillo de la escena, ante estos dos conclusiones diferentes dadas en las pericias elaboradas por expertos en balisticas que no demeritan una de otra le generan a este tribunal duda de si fue o no fue disparado ese casquillo pro el arma que portaba el acusado Roger Rafael Lara, por otro lado también se concluyo contrario a la pericia del ente acusador por parte de la pericia de la defensa que el fragmento metálico de cobre encontrado en la exhumación al cadáver de Patricio Pravia Kiblan, es vista que ha perdido su masa, su núcleo en un 90% considerando las leyes de la balística que establece categóricamente que si la bala se ha deformado en un 50% es imposible hacer un dictamen balístico categórico, ya que para esto es necesario encontrar por lo menos tres características determinantes o una distancia de 20 a 30 grados de rotación, lo que es difícil realizarlo con este fragmento, habiendo perdido la masa y parte de su estructura exterior no se puede determinar ni tan siquiera el calibre, concluyendo que del análisis del fragmento metálico de cobre encontrado en la exhumación del cadáver del señor Patricio Pravia Kiblan se puede decir categóricamente que es imposible determinar si fue disparado por el fusil marca Colt, modelo M16A1, serie 516166, calibre 5.56x45mm por haber perdido el 90% de su masa interna y externa, conclusión diferente a la pericia de la acusación quien si concluyo que ese fragmento los disparó el fusil analizado;… ante esta última conclusión de la pericia fiscal no se puede entonces dar por probable lo expresado en el mismo dictamen, pues sin duda alguna tal como lo dice la pericia esos fragmentos no se pueden comparar con los demás indicios por su deformación, que fue lo que concluyo la defensa en su pericia al establecer que no pudo ser objeto de comparación el fragmento encontrado en el cuerpo de Patricio Pravia Kiblan”. Concluye el a quo en el acápite tercero de la prueba analizada que: “Finalmente con la pericia de marcas y patrones, se demostró que el arma de fuego, marca Colt, Modelo M16A1, tipo fusil, serie 516166, la cual quedó demostrado con la prueba documental tenia asignada Roger Rafael Lara Pineda la serie sufrió una manipulación que afecto el primer digito, pues de acuerdo a una constancia evacuada la serie del fusil era 9516166, faltando el número 9, sin embargo no se demostró desde cuando ni quien hizo esa alteración, menos que haya sido el encausado, pues fue su jefe del destacamento que hizo la entrega el día siguiente de los hechos de los cuatro fusiles a las autoridades de investigación. El ente acusador cuestionó a través de su consultor técnico otro perito de Medicina Forense, que se violentó la garantía de autenticidad de la evidencia por la defensa, pues solo uno de los peritos de la defensa firmó la cadena de custodia…”, al Tribunal no le genera duda de que las evidencias periciadas son auténticas, continua realizando inferencias sobre dicho medio probatorio en relación al resto de los argumentos del consultor “nos fueron consistentes sin sustento para demeritar la pericia de la defensa, el argumento de la impericia de uno de los consultores no tuvo base, pues se apreció en la pericia de la defensa que esta fue completa ilustrando mediante fotografías la misma con la muestra tomada del microscopio utilizado en el mismo laboratorio de la agencia Técnica de investigación.- Por todo lo anterior antes estas dos conclusiones contrarias que han arribado estos dos peritajes que merecen credibilidad este tribunal queda con la duda si fue o no el arma de fuego que portaba el acusado Roger Rafael Lara Pineda, quien disparó el casquillo encontrado en la escena y el fragmento encontrado en un cuerpo, y tampoco hay otra prueba que nos lleve a esa conclusión por lo tanto ante la duda ya establece la legislación que debe resolverse lo más favorable al reo, es así que no hay prueba que demuestre que el acusado sea responsable penalmente de este hecho”. Que en el acápite QUINTO de la valoración de la prueba, el Tribunal procedió a valorar las declaraciones de los testigos: a. Angel María Paz Salgado.- b. Fredy Donaldo Portillo Caballero.- c. Yosman Josué Pineda Garcia y d. Jose Esau Rodriguez Cruz, de la siguiente manera. “Las declaraciones anteriores este tribunal les concede credibilidad por ser coincidentes entre sí y otra prueba evacuada por el ente acusador, con las cuales se demostró que los tres primeros testigos ser conocedores de los hechos pues apreciaron parte de su dinámica, ya que fueron algunos de los militares que al escuchar que iba una lancha en horas de la noche por ese sector de Warunta, en el caso del testigo Angel María Paz, le hizo junto a otros compañeros requerimiento a los sujetos que iban en la lancha, teniendo que hacer disparos de advertencia, pero se fueron, así que los demás testigos militares Fredy Donaldo Portillo, Yosman Pineda, quienes manifestaron iba al mando del cabo Roger Rafael Lara junto a otro compañero, a salir más adelante a los sujetos de la lancha, encontrándose con un grupo de unas cincuenta personas de la comunidad quienes estaban molestas, originándose disparos que dio como resultado que el testigo Fredy Portillo resultara lesionado en su hombro a consecuencia de un arpón, abandonando de inmediato el lugar con el compañero herido, teniendo conocimiento posteriormente que hubieron tres muertos, sin embargo los testigo no establecen quien disparó a las personas que resultaron muertas en esa escena pues el lugar estaba muy oscuro, observándose solo algunas luces de foco que andaban los miembros de la comunidad, tal como lo expresó la testigo Denia Soto Alfred, sin embargo los testigos de la defensa establecieron que ellos no andaban focos pues no es parte de la indumentaria asignada; por tanto no es posible determinar de estas declaraciones quien fue la o las personas que le dispararon a los ahora occisos como tampoco se pudo arribar de las declaraciones de las acusación, ni de los demás medios probatorios evacuados. En relación a la declaración del testigo José Esaú Rodríguez, se trata del investigador de los hechos que narra sobre las diligencias de investigación posteriores que realizó”. Que el Tribunal al valorar los medios de prueba documental en el numeral SEXTO del acápite de la valoración de la pruebas los que fueron evacuados: a. cuatro actas de decomiso.- b. Acta de exhumación número 0090-2018.- c. Acta de exhumación numero 0091-2018.- d. Acta de exhumación numero 0092-2018.- e. Expediente clínico numero 87604, realizó la siguiente inferencia: “La prueba documental antes relacionada merece toda credibilidad, pues fue elaborada por personal profesional sin un interés particular en la causa y además no fue desvirtuada por ninguna otra prueba, quedando demostrado el decomiso el día siguiente de los hechos de las cuatro armas de fuego asignadas a los militares Roger Lara, Yosman Pineda, Fredy Portillo y Samuel Lagos, las cuales fueron entregadas por el encargado del destacamento; armas que eran las mismas asignadas a ellos según el informe de fecha 25 de mayo del año 2018 ya valorado; en relación a las tres actas de exhumación se demostró que días después de los hechos los cuerpos de los señores Patricio Pravia Kiblan, Jobal Damacio Becan y DARLY Alfred Soto, fueron exhumados por las autoridades entre ellos el Médico Forense, reflejándose las lesiones ya expuestas en los dictámenes de exhumación evacuados siendo por tanto complementarios a esa prueba arriba valorada. Finalmente con el expediente clínico número 87604, quedó demostrado la lesión que tenía en su hombro el señor Fredy Donaldo Portillo lo cual es coincidente con su testimonio y los demás testigos evacuados que establecen que en el enfrentamiento que se dio entre los militares y los miembros de la comunidad resultó lesionado el señor Portillo con un arpón dado por uno de los miembros de la comunidad”. La Sala de lo Penal después de verificar los razonamientos e inferencias realizadas por el Tribunal de Sentencia en su fallo, cuando se refiere en el Apartado Noveno de la Valoración de la Prueba que dice: “De toda la prueba valorada, no hay prueba directa ni indiciaria que demostrara que haya sido el acusado Roger Rafael Lara Pineda, quien le haya disparado a los tres ofendidos y causarles la muerte, pues los testigos no observaron quien fue que disparó y la prueba científica de las mismas le generó a este tribunal duda razonable de si fue o no, con el arma asignada al acusado que se le disparó a la víctima señor Patricio Pravia Kiblan, menos a los otros dos cuerpos; por tener dos pericias de comparación balística ambas con la suficiente credibilidad y sustento, pero con contrarias conclusiones, y siendo esta la única prueba que pudiese haber arrojado alguna responsabilidad del acusado y según lo dispuesto en el artículo 339 del Código Procesal Penal el tribunal dictará sentencia absolutoria en caso de duda razonable”, que las aseveraciones realizadas por el a quo donde toma como única prueba la comparación balística para emitir una fallo, pero al manifestar que no existe prueba y la que existe le genera duda razonable, por lo que proceden a dictar una sentencia absolutoria. Del Examen de la sentencia observamos que la misma se encuentra mal derivada en sus conclusiones en virtud que al examinar la valoración de prueba, se verifica que el a quo pone de manifiesto que no hay prueba directa ni indiciaria; sin embargo al revisar las derivaciones sobre los medios de prueba se observa que existen medios de prueba, como ser la prueba documental y pericial evacuada, las cuales fueron valoradas en forma individual y que ese pronunciamiento no es claro para declarar si existió o no responsabilidad por parte del imputado; así mismo no otorgó valor alguno al acta de decomiso de las armas realizado en fecha 20 de mayo del 2018 (f. 123 al 126), como también no se pronunció sobre lo manifestado por el Consultor Técnico propuesto por el Ministerio Público en relación al medio de prueba de comparación balística (procedimiento realizado por el perito en la prueba de comparación balística propuesto por la defensa), por lo que el órgano sentenciador al realizar sus inferencias, establece erróneamente que la prueba científica es la única prueba que pudiese haber arrojado alguna responsabilidad del acusado; no comparte esta Sala de lo Penal tal aseveración ya que existen diversos medios de prueba incorporada legalmente al proceso y que los señores jueces señalan que merecen credibilidad, pero al realizar las valoraciones de manera individual sobre las mismas no existió un razonamiento lógico coherente, ya que no las valoró de forma conjunta, como se verifica en el apartado de la valoración de prueba, pues lo que hizo el tribunal sentenciador son valoraciones de manera aislada de todo el acervo probatorio, y no se realiza en el fallo la confrontación de la información proporcionada por los testigos con los demás medios de prueba, para determinar las coincidencias o disparidades que permitan establecer su veracidad, por lo que se estima que el Juzgador no realizó un verdadero estudio intelectivo de los medios probatorios conforme a las reglas de la sana crítica, por lo que se estima lo planteado por el recurrente en su escrito recursivo. Decisión Se declara ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras por unanimidad de votos de la sala de lo penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 332, 338, 359, 362 numeral 3) y 369 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declara HA LUGAR, el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su motivo único, interpuesto por la Abogada Yanoris de Jesús Ramos González, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en el proceso instruido contra Roger Rafael Lara Pineda, por el delito de Asesinato, en perjuicio de Jobal Damacio Becan, Darly Alfred Soto y Patricio Pravia Kiblan. SEGUNDO: Casa la Sentencia recurrida. TERCERO: Declara la nulidad del debate de juicio oral y público, y la sentencia de fecha seis de enero de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: I: Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, proceda a celebrar un nuevo juicio para resolver la acusación penal incoada por el Ministerio Público, en contra el señor Roger Rafael Lara Pineda, en el cual deberán participar jueces distintos a aquellos que concurrieron a la audiencia de juicio, que tuvo como resultado la sentencia de fecha seis de enero de dos mil veintiuno. II: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Díaz Flores. NOTIFIQUESE. - Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrada. Firma y Sello. RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS. – receptora adscrita a sala de lo penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veinticinco días del mes de marzo de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el quince de octubre de dos mil veinticuatro, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-313-2021 PIA CRISTINA MEJIA NUÑEZRECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL“CERTIFICACION La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-313-2021, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha quince de octubre del año dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Nelson Danilo Mairena Franco en su calidad de Coordinador, Mario Rolando Díaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-313-2021 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha seis de enero de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual falló: PRIMERO: Absolvió a Roger Rafael Lara Pineda, por el delito de Asesinato, en perjuicio de Jobal Damacio Becan, Darly Alfred Soto y Patricio Pravia Kiblan. SEGUNDO: No procedió la condena en costas, no procedió el comiso ni la declaratoria de responsabilidad civil. Son partes en única instancia: La abogada Yanory de Jesús Ramos González, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y el abogado Jacobo Humberto Salandia Vallecillo, en su condición de defensor privado de Roger Rafael Lara Pineda, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “ÚNICO: Que el día sábado diecinueve de mayo de dos mil dieciocho en la comunidad de Warunta, municipio de Ahuas, Departamento de Gracias a Dios, aproximadamente a las 8:30 de la noche se acercaba una lancha a las inmediaciones de la laguna, por lo que siendo una hora no autorizada para el desembarque de lanchas, los militares asignados a la base de la zona hicieron disparos de advertencia a fin de que la lancha detuviera su curso, por lo que el señor Simón Quebedo Cacildo quien conducía la lancha tipo pipante la detuvo y esperó a que tres militares hiciera una inspección física para asegurar que lo que contenía la lancha era de licito comercio, mientras otros cuatro elementos militares siendo uno de ellos Roger Rafael Lara Pineda, Fredy Donado Portillo, Yosman Josué Pineda y Samuel Lagos, se desplazaban por tierra para apoyar a los compañeros militares en la revisión de la lancha; en tanto al escuchar las detonaciones de armas de fuego pobladores de la comunidad, salieron a observar que pasaba, entre ellos los señores PATRICIO PRAVIA KIBLAN, JOBAL DAMACIO BECAN Y DARLY ALFRED SOTO, encontrándose a la orilla del rio a varios miembros de la comunidad y en el revuelo de la población se produjo un enfrentamiento entre los miembros de la comunidad con los cuatro militares, haciendo estos algunos disparos de advertencia con el arma de fuego de reglamento, resultado de ese evento heridos los señores PATRICIO PRAVIA KIBLAN, JOBAL DAMACIO BECAN Y DARLY ALFRED SOTO, quienes murieron de manera inmediata producto de disparos de proyectiles de grueso calibre, sin determinarse quien o quienes les dispararon pues estaba muy oscuro, por lo que la población enardecida agredió al militar Fredy Portillo con una arpón provocándole lesiones, siendo auxiliado por sus compañeros de regimiento.” RECURSO DE CASACIÓN: La recurrente abogada Yanory de Jesús Ramos Gonzales, como Fiscal del Ministerio Publico, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: "No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Critica". PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Articulo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: En el caso que nos ocupa, el Juzgador al momento de dictar sentencia absolutoria infringió lo que establece el artículo 202 del Código Procesal Penal y de manera específica lo hizo incurriendo en violación a las reglas de la Sana Critica, pues a su criterio, la prueba evacuada resultó insuficiente para llevarle a un grado de certeza de la participación del acusado Roger Rafael Lara Pineda en el delito de Asesinato en perjuicio de Patricio Pravia Kiblan, Jobal Damacio Becan y Darly Alfred Soto, respectivamente. Su conclusión final luego de valorar la prueba, fue errónea, al considerar que "De toda la prueba valorada no hay prueba directa ni indiciaria que demostrara que haya sido el acusado Roger Rafael Lara Pineda, quien le haya disparado a los tres ofendidos y causarles la muerte, pues los testigos no observaron quien fue que disparó y la prueba científica de la misma le generó a esta Tribunal duda razonable de si fue o no, con el arma asignada al acusado que se le disparó a la víctima el señor Patricio Pravia Kiblan, menos a los otros dos cuerpos: por tener dos pericias de comparación balística ambas con la suficiente credibilidad y sustento, pero con contrarias conclusiones, y siendo esta la única prueba que pudiese haber arrojado alguna responsabilidad del acusado y según lo dispuesto en el artículo 339 del Código Procesal Penal, el Tribunal dictará sentencia absolutoria en caso de duda razonable" (Ver considerando noveno del apartado de valoración de la prueba, página veintinueve; lo resaltado no corresponde al texto original). Esta conclusión a la cual arribó el A quo, a criterio del ente acusador no es más que un claro ejemplo del resultado de una valoración de la prueba de cargo que a todas luces vulnera las reglas de la Sana Critica; es por ello, que para evitar la impunidad en este caso, se torna de vital importancia que vosotros Honorables Magistrados, reviséis el proceso lógico de razonamiento que siguió el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, al examinar cada una de las probanzas que se le allegaron en este caso, en concreto, a la regla lógica de la derivación integrada por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia. El Ministerio Público, en su condición de garante de legalidad, estima que el Órgano Jurisdiccional a través de la sentencia censurada ha incurrido en el vicio in procedendo anunciado en el primer acápite de nuestra explicación del motivo; pues de la prueba de cargo allegada al proceso y de su valoración de forma conjunta no puede llegarse a otra conclusión que no sea la responsabilidad del encausado en el delito por el cual se le acusó y que éste es el autor material del mismo, conclusión a la que llegamos como resultado de los medios de prueba evacuados en juicio, para evidenciar el vicio que motiva el presente recurso haremos referencia a dos aspectos que el Juzgador cuestiona y señala como la razón para llegar a la decisión absolutoria: 1) Testimonios de Cargo El sentenciador le resta credibilidad a los testigos de cargo en cuanto a que considera que éstos no pudieron observar quién disparó y como consecuencia, a criterio del Tribunal, no pudo demostrarse la participación del acusado; cabe referirse, entonces, al testimonio de la señora Denia Soto Alfred quien fue clara al manifestar que aunque pudo ver a tres militares, quienes traían foco, fue solamente uno de ellos quien alumbró con el foco hacia las caras y luego disparó, realizando tres disparos, uno de ellos al esposo de la testigo, señor Patricio Pravia Kiblan, otro al señor Darlin Alfred y otro a un señor de quien no sabe el nombre, personas de origen misquito quienes murieron al instante, a su vez, la testigo Fidelia Gómez Manister manifestó que eran tres militares y que solo uno de ellos disparó, resultando muertos Jobal Damacio Becan (esposo de la testigo), Darlin Alfred Soto y a otro solo lo conoce por el apodo, al militar que disparó lo describe como "chaparro, vestía una camiseta pegada y el pantalón era moteado", también coincide con la primera testigo al mencionar que al momento de los disparos los otros militares salieron huyendo. Los anteriores testimonios en conjunto con el resto de la prueba si demuestran la participación del acusado como el autor del hecho, pues con el Informe de fecha 25 de Mayo de 2018, elaborado por el Coronel de Infantería José Ramón Macoto Vásquez se estableció que el día de los hechos el acusado estaba en el grupo de militares que mencionan los testigos pues iba acompañado de otros soldados, también éste informe demostró que se escucharon disparos de arma tipo fusil y que de dicho incidente resultaron muertos Jobal Damacio Becan, Patricio Pravia y Darly Soto: de igual manera se estableció mediante constancia emitida por el Comandante Víctor Orlando Saravia Hernández que el Cabo de Infantería Roger Rafael Lara Mejia (es decir, el acusado) tenía asignado el fusil 9516166 y que dicho fusil pertenece al inventario del 12 Batallón de Infantería, de igual manera, el informe de incidente de Warunta, Ahuas, elaborado por el Agente José Esaú Rodriguez, describe que en el lugar donde resultaron muertos los señores Patricio Pravia Kiblan, Jobal Damacio Becan y Darly Alfred Soto, se encontraba el acusado Cabo de Infantería Roger Rafael Lara Pineda acompañado de varios efectivos de tropa y que el acusado tenía asignada el arma de fuego tipo fusil 9516166. Por otro lado, toda la información antes descrita fue completamente reafirmada, por el dictamen 2018-0801- 0501-444 del laboratorio Balístico, sobre análisis de comparación balística, el cual concluye en los numerales 7.1 y 7.3, que el casquillo encontrado en el lugar de los hechos fue percutido por el arma de fuego tipo fusil, marea COLT, modelo M16 A1, serie 516166, calibre 5.56x45 mm; es decir, el arma que el acusado tenía asignada; asimismo, también se estableció con ésta pericia que el revestimiento cilíndrico metálico de aparente cobre deformado calibre 5.56x45 mm, recuperado mediante exhumación practicada al cuerpo del señor Patricio Pravia Kiblan, si fue disparado por el arma de fuego que el acusado tenía asignada, es decir el arma tipo fusil, marea COLT, modelo M16 Al, serie 516166, calibre 5.56x45 cm, arma que de acuerdo al medio de prueba Acta de Decomiso fue decomisada al acusado en fecha 20 de mayo del 2018 en la comunidad de Warunta, municipio de Ahuas, Gracias a Dios. Por otra parte, la defensa del encausado presentó como prueba de descargo, las declaraciones de los señores Yosman Josué Pineda García, Ángel Maria Paz Alvarado, Fredy Donado Portillo Caballero y José Esaú Rodriguez Cruz, quienes a través de sus declaraciones pretendieron justificar y extraer al acusado de los hechos por los cuales se les acusó, sin embargo estos dichos no fueron corroborados con ningún medio de prueba, contrario a esto, acreditan que el acusado efectivamente estaba en el lugar de los hechos, día y hora en que ocurrieron. En base al análisis anteriormente expuesto, podemos concluir que si bien es cierto, los testigos afirman que por la obscuridad de la noche no pudieron ver con claridad el rostro del acusado al momento de disparar, esto no impidió establecer en juicio la identidad de la persona que disparó, es decir, del acusado, pues como anteriormente se señaló, en el grupo de 3 policías que vieron los testigos estaba el acusado, uno de los cuales disparó, la persona que disparó fue la que tenía asignada el arma fusil marca COLT, modelo M16 A1, serie 516166, calibre 5.56x45 cm, pues tanto en la escena del crimen como en los cuerpos de las víctimas se recuperó casquillo y fragmentos de bala que fueron disparados por dicha arma y finalmente, la persona que tenía asignada esa arma era el Cabo de Infantería Roger Rafael Lara Mejía, es decir, el acusado. La prueba testifical, por tanto, se ha complementado perfectamente con los medios de prueba científicos, periciales y documentales para dejar demostrada con total certeza la responsabilidad del acusado como autor del delito. Aquí debemos resaltar, la certeras apreciaciones de la Honorable Sala de lo Penal, mediante fallo CP 198-2008, donde expuso: "Resulta oportuno señalar que para restar credibilidad a la versión de testigos oculares, el Juzgador debe antes asegurarse de que en juicio se ha puesto de manifiesto, prueba suficiente para tener por acreditada una causa de animosidad en los testigos presenciales, capaz de producir en ellos el deseo de distorsionar los hechos y faltar a la verdad"; extremo que no se produjo en el caso de autos. Asimismo estableció la Honorable Sala de lo Penal que: "La declaración de un testigo protegido, congruente con prueba pericial (exhumación, autopsia) aunque sea mínima actividad probatoria es válida y suficiente para concluir, respecto a la participación de un acusado en los hechos, siempre que el testigo sea claro y contundente en el relato del hecho” Atiente a la valoración de prueba testifical, también la Sala de lo Penal ha señalado: "La labor de valoración no termina con el análisis individual de la prueba testifical, sino que además debe hacerse una valoración conjunta, entendiéndose como la confrontación de la información proporcionada por el testigo con la información que se deriva de otros medios de prueba, incluyendo otros testigos, para determinar las coincidencias o disparidades que permitan establecer su veracidad, reconstruyendo el hecho histórico donde cada una de los medios de prueba sea una pieza articulada de un todo. Por su parte la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO NADEGE DORZEMA Y OTROS VS. REPÚBLICA DOMINICANA, SENTENCIA DE 24 DE OCTUBRE DE 2012 (Fondo, Reparaciones y Costas), Al respecto, "la Corte considera que durante el desarrollo de un evento de despliegue de la autoridad los agentes estatales, en la medida de lo posible, deben realizar una evaluación de la situación y un plan de acción previo a su intervención... En este sentido, los Principios básicos sobre empleo de la fuerza establecen que "los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas, salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En todo caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea absolutamente inevitable para proteger una vida”” 2) Pericia Balística El Tribunal también señala como motivo para su decisión que la prueba balística le genera una duda razonable debido a que no concuerda el resultado de la Pericia presentada por la Fiscalía y por la parte Defensora En relación a la prueba Pericial consistente en comparación balística número 2018-0801- 0501-4444 y la prueba balística presentada por la parte Defensora consistente en el Análisis de Comparación Balística elaborado por Víctor Manuel Mejia Meza, estimó que "... Ante estas dos conclusiones diferentes dadas en las pericias elaboradas por expertos en balística que no demeritan una de la otra le generan a este Tribunal duda de si fue o no disparado ese casquillo por el arma que portaba el acusado...., ante esta última conclusión de la pericia fiscal no se puede dar por sentado lo expresado en el mismo dictamen, pues sin duda alguna tal como lo dice la pericia esos fragmentos no se pudieron comparar con los demás indicios por su deformación...”. El yerro del sentenciador se extiende más allá al exponer que la pericia de comparación Balística le genera duda, pues la parte defensora elaboró otra pericia de comparación, con conclusiones diferentes a las del ente Fiscal, si bien es cierto, la parte defensora quiso rebatir el análisis balístico realizado por el Ministerio Público, es importante señalar que el Consultor Técnico fue contundente al manifestar que "El perito de la parte defensora demostró impericia al momento del manejo del microscopio de comparación balística desconociendo el uso del mismo, no realizaron pruebas patrones del arma de fuego, no giraron los casquillos de forma suficiente, ubicaron el bloque de cierre y únicamente ubicaron características para llegar a un acercamiento para decir que el caso era negativo, no hicieron pruebas patrones con la misma marca y troquel del casquillo recibido como indicio, esto era importante para determinar las características de fabricante, ya que el casquillo que es indicio, en su base es blanda, como ovalo, las pruebas patrones que usaron los peritos de la defensa fueron diferentes la superficie era más dura por lo que tiende a dar menos características, y si la base es blande da más características y diferentes, el perito de la Defensa en ningún momento obtuvieron pruebas patrones con el mismo troquel del casquillo recibido como indicio, ya que eran troqueles totalmente diferentes por lo que cambiaron las características importantes de una percusión, no hicieron pruebas con cargador, no determinaron características de rallado de cargador. En relación al Revestimiento el perito de la defensa a simple vista determinó que no era apto para comparación balística, situación que es imposible, sin subirlo a un microscopio de comparación balística, para determinar las característica de una bala o proyectil, debe ser observada en un microscopio de comparación balística mediante esta observación se determina si es apta o no para comparación balística, de igual forma para determinar cuál es el porcentaje para comparación, solo se determina a través del microscopio de comparación balística" Acreditándose que el dictamen realizado por la parte defensora no cumple los requerimientos necesarios, pues las comparaciones efectuadas se realizaron con muestras patrones diferentes, por otro lado, fue elaborado de forma empírica, ya que no utilizó los instrumentos requeridos, por lo que los resultados obtenidos por parte de estas pericias son desacertados, pues debieron de utilizar microscopio de comparación balístico, evidentemente las máximas de la experiencia indican que un resultado obtenido con muestras patrones diferentes y a simple vista, no tiene la precisión de uno obtenido utilizando los instrumentos científicos para ello, instrumentos que si fueron utilizados y de forma correcta por el Ministerio Público, por lo que existe total certeza sobre la pericia elaborada por el ente acusador. El Tribunal continuado con su desacertada estimación de la probanza, al señalar que conforme a las pericias de exhumación, de acuerdo a la trayectoria balística, pudo haber disparado más una sola persona, conclusión que tampoco se deriva de lo demostrado con la prueba, pues el perito al momento de su deposición manifestó que la trayectoria dependerá de muchos factores, el disparo al hacer contacto con el hueso, este mismo podría desviar el proyectil, por lo que la trayectoria no dependerá únicamente de la altura de las partes intervinientes en el hecho, pues la trayectoria depende de la posición en la cual el agresor tenía el arma, se refiere específicamente a la posición del arma y no al agresor. Siendo contundente esta pericia cuando señala trayectoria, orifico de entrada y trayecto de adelante hacia atrás, Por lo que esta prueba es concordante con los dichos de los testigos. En conclusión, respecto a la prueba pericial que el Tribunal señala que le genera duda, consideramos que es errónea su apreciación, pues los análisis periciales allegados a juicio por las partes no son de la misma calidad, precisión y certeza, es por ello que no puede generarse duda alguna en los resultados obtenidos con una pericia científica practicada con todos los procedimientos requeridos para ello, utilizando instrumentos de alta precisión y peritos expertos en la materia y un análisis empírico que carece de la precisión y experticia requerida para proporcionar un resultado verosímil. Además de que la certeza de la pericia del Ministerio Público se vio validada también con los resultados aportados por el resto de la prueba (la documental y testifical que acreditan que el acusado estaba en el lugar de los hechos portando su arma, la pericial que demostró que en la escena y cuerpos de las víctimas se encontraron indicios de proyectiles disparados; la documental que acredita que el acusado tenía asignada esa arma utilizada el día de los hechos para disparar contra las victimas); lo que con mayor certeza del resultado del análisis comparativo balístico por realizado por el Ministerio Público y analizado en conjunto con el resto de la prueba Si pudo demostrarse que el arma del acusado (y que él portaba el día de los hechos) disparó contra cada una de las víctimas. Erróneamente el Tribunal apreció cada medio de prueba de forma separada, individual y desvinculando unos de otros, lo que indefectiblemente le haría llegar a una conclusión errónea. Cuando se examina la prueba de cargo producida en el debate, resulta evidente que la decisión de absolver a la que ha arribado el juzgador, obedece a una errónea apreciación de la misma, en desapego a las reglas de la sana critica, específicamente a la regla lógica de la derivación integrado por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, pues a pesar de haber sido contundente dicha probanza para acreditar la responsabilidad del acusado Roger Rafael Lara Pineda en el ilícito penal que se le atribuye, el Sentenciador deriva en un fallo absolutorio, al no considerar su valoración de forma conjunta, lo que lo condujo a realizar inferencias y conclusiones no razonables, que no se desprenden del acervo probatorio, legalmente evacuado durante el juicio; faltando así al postulado en referencia. En este orden de resultados obtenidos de la prueba evacuada en el proceso, el Ministerio Público no logra extraer la razón por la cual el sentenciador dejó de valorar el contenido de la misma, ya que el testimonio de los testigos es congruente, preciso y claro, dichos que fueron corroborados con las actas de inspección, Dictámenes Pericial de Exhumación, de Comparación Balística, documental, la prueba fue legalmente incorporada, y al ser analizada de manera conjunta y armónica, conduce a la inexorable conclusión de el que acusado sí cometió el hecho delictivo por el cual fue enjuiciado; por ende, con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Crítica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido y ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria; 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo; 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena;5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que la norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Único Motivo. • Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; • Norma adjetiva que se denuncia infringida: Artículos 202 según lo dispuesto en el artículo 339 del Código Procesal Penal; • Concepto de la infracción: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana critica; • Reclamación Ex Ante: El defecto se produce en el acto mismo de sentenciar; • Pretensión: que se declare ha lugar el recurso y se anule el fallo recurrido. La Recurrente arguye que la conclusión a la cual arribó el A quo, no es más que un claro ejemplo del resultado de una valoración de la prueba de cargo que a todas luces vulnera las reglas de la Sana Critica, violentando la regla lógica de derivación integrada por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, por lo que se ha incurrido en el vicio in procedendo, pues de la prueba de cargo allegada al proceso y de su valoración de forma conjunta no puede llegarse a otra conclusión que no sea la responsabilidad del encausado en el delito por el cual se le acusó, asimismo solicita se revise el proceso lógico de razonamiento que realizó el a quo en cada una de las probanzas que se allegaron en este caso, por lo que pide se anule el fallo recurrido y ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia. De las Reglas de la Sana Crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-2009). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. i. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, ii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: I. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 2. Demostración del Vicio: El Recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera el Recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de Casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio. De la procedencia del recurso. El recurso es de recibo La Sala de lo Penal ha revisado el argumento recursivo por lo que ha procedido a verificar la valoración de la prueba evacuada por el a quo, denunciando el recurrente que el Tribunal de Sentencia ha establecido en la parte final del apartado noveno de la valoración de la prueba lo siguiente: “NOVENO: De toda la prueba valorada, no hay prueba directa ni indiciaria que demostrara que haya sido el acusado Roger Rafael Lara Pineda, quien le haya disparado a los tres ofendidos y causarles la muerte, pues los testigos no observaron quien fue que disparó y la prueba científica de las mismas le generó a este tribunal duda razonable de si fue o no, con el arma asignada al acusado que se le disparó a la víctima señor Patricio Pravia Kiblan, menos a los otros dos cuerpos; por tener dos pericias de comparación balística ambas con la suficiente credibilidad y sustento, pero con contrarias conclusiones, y siendo esta la única prueba que pudiese haber arrojado alguna responsabilidad del acusado y según lo dispuesto en el artículo 339 del Código Procesal Penal el tribunal dictará sentencia absolutoria en caso de duda razonable”, alegando además que “el tribunal realiza inferencias sobre las mismas como ser “que por tener dos pericias de comparación balística ambas con suficiente credibilidad y sustento pero con contrarias conclusiones y siendo esta la única prueba que pudiese haber arrojado alguna responsabilidad del acusado”, agregando que el a quo no tomó en consideración lo planteado por el Consultor Técnico del Ministerio Público en relación a la práctica de la pericia de comparación balística. Al revisar el fallo dictado por el Tribunal de Sentencia, se examinan los diferentes medios de pruebas de los cuales realizó valoraciones y razonamientos para dictar y extraer conclusiones que los llevo a dictar una resolución absolutoria; y verificando en el acápite de la valoración de la prueba, el tribunal realizó sus inferencias a los diferentes medios probatorios dando credibilidad a unos y otros no, así como no hubo pronunciamiento sobre algunos medios de prueba sin especificar razonamiento alguno, por lo verificamos las conclusiones a las que arribó el tribunal y son las siguientes: 1. En relación a la declaración de los testigos Simon Quebedo Cacildo, Denia Soto Alfred y Fidelia Gomez Manister “Haciendo la valoración de las declaraciones testificales y comenzando con la declaración de la testigos Denia Soto Alfred, este tribunal estima que su testimonio es contradictorio entre sí, pues establece que mientras ella descansaba junto a su esposo Patricio Pravia al estar acostados siendo las 8:00 de la noche escucharon disparos, lo que les conminó a salir de la casa a ver que pasaba, encontrándose con varias personas de la comunidad cerca del río, divididas en grupos, cuando observó que alumbraron a la cara a su esposo, alguien que estaba frente a él y le dispararon, fue cuando ella salió corriendo de inmediato a su casa y fue después que regresó que supo que su esposo estaba muerto, sin embargo ella misma establece que no puedo observar quien le disparó a su esposo, porque la noche estaba muy profunda, o sea muy oscura, así que no identificó rostros, sin embargo esta testigo en otra parte de su testimonio asegura que fue un sujeto quien disparó pero a la vez afirma que no se fijó; sien embargo a las preguntas de las partes respondió que sabe que eran militares los que les dieron muerte a las tres personas porque andaban tres focos, sin embargo dice que no puedo observar las vestimenta porque estaba muy oscuro, menos pudo observar la contextura de quien disparó, solo que escuchó tres disparos y tampoco sabe cuantos militares dispararon, fue hasta después que regresó a ver a su esposo muerto que supo que habían dos muertos más, de lo anterior se determina que la noche en que sucedieron los hechos estaba muy oscuro tal como los dijeron las dos testigos, así que la testigo Denia Soto no puedo identificar al sujeto que le disparó al señor Patricia Pravia, ni a los otros sujetos que manifiesta le acompañaban, pues la noche era tan oscura que no había forma de identificación, como tampoco pudo ver quien o quienes le dispararon a los otros dos sujetos que resultaron muertos en esa misma escena, pues la testigo refirió que cuando alumbraron a su esposo y le dispararon salió corriendo hacia su casa, escuchando solo otros disparos y fue hasta que regresó a la escena que verificó que su esposo estaba muerto y además había dos muertos más, quienes también estableció la testigo estaba bien retirados unos de otros. Luego en relación al testimonio de la señora Fidelia Gomez Manister, este tribunal estima que su testimonio también es contradictorio entre sí, pues establece que como entre las 8:00 y 8:30 de la noche fueron con su esposo Jobal Damacio Becan al ladin (andén) refiriéndose al lugar donde desembarcan las lanchas, a esperar una encomienda que les traía don Simón, cuando escucharon unos ocho disparos, así que se regresaron a la casa, pero en el camino su esposo iba adelante, observó subir tres focos que se acercaron al grupo de personas donde ellos estaban he hicieron disparos, es así que luego un primo de su esposo le dijo que le habían disparado a Jobal, lo que finalmente ella confirmo y estaba muerto, pero a preguntas del Ministerio Público respondió que vio tres focos pero pensó que eran personas de la comunidad, se acercaron y dispararon, estaba muy oscuro, ya que todo mundo andaba focos pues era de noche, así que no se fijo en la contextura de quien le disparó a su esposo, de lo que se concluye que la testigo Fidelina Gomez no pudo identificar a nadie por la oscuridad de la noche, que también lo dice la testigo Denia Soto, pero por otro lado al contrario de la testigo Denia Soto dice que todos las personas de la comunidad andaban foco pues era de noche, así que pensó que eran miembros de la comunidad quien andaban los focos, sin embargo asevera en otra parte de su testimonio que fueron los militares que le dispararon a su esposo y que fue solo uno quien disparó por el sonido de los disparos que sonaron tac, tac, tac, descripciones sonoras que no resultan lo suficientemente sustentables para arribar a esa conclusión, por otro lado se aprecia otra contradicción entre la misma declaración de la señora Fidelia Gómez, al decir a preguntas de la defensa que eran tres militares, uno andaba gorra, completamente uniformados, de moteado y camisa manga larga oscura, lo que no resulta razonable lo haya apreciado, cuando ella misma dice en su deposición inicial que estaba muy oscuro, que pensó que quienes andaban los focos eran miembros de la comunidad, pues todo mundo andaba focos, y además estaba a tres metros de su esposo, cuando le dispararon, espacio en el cual no estaba sola, ya que andaban varias personas de la comunidad, es importante destacar que entre las testigos Fidelia Gomes y Denia Soto la contradicción es que mientras Denia dice que los tres sujetos que andaban focos por ese dato de los focos sabe que eran militares, Fidelia establece que todos los de la comunidad andaban focos esa noche, por eso pensó que los tres sujetos que vi con focos eran de la comunidad, lo que resta por completo la credibilidad de las testigos al ser un dato muy importante que no es fácil pasar desapercibido en una escena en completa oscuridad. Por lo anterior este tribunal valorando de manera lógica y conjunta estas dos deposiciones, concluye que las testigos no pudieron observar quienes o quienes les dispararon a sus esposos, menos identificar que se trataba de militares quienes dispararon, lo asume y asi lo declaran pues sin duda alguna tal como se acredito con otras pruebas que más adelante será valorada en la escena estaban presentes varios militares armados que requirieron a unas personas en una embarcación, que allí arribó, por lo tanto lo único que se demostró pues es coincidente con otra prueba es que fue a la orilla del rio donde se suscitaron los hechos dándose la muerte de los tres ofendidos en horas de la noche. En relación a la declaración del señor SIMON QUEBEDO CACILDO, merece credibilidad su testimonio, al estar corroborados con otros medios de prueba, sin embargo no es un testigo que haya estado en la escena donde murieron los tres ofendidos, quedando demostrado con su declaración que el era quien conducía una lancha escuchó disparos y fue requerido por las autoridades militares cuando iba llegando a la comunidad de Warunta, haciéndole un registro de lo que llevaba, sin embargo al llegar al ladín (andén) donde el desembarco las personas que se encontraban en el lugar comentaban que habían unos muertos.” Que el tribunal realizó valoración a los medios de prueba documental consistente en a. Acta de inspecciones oculares número 39, (prueba común con la defensa).- b. Acta de Inspección numero 695-2018, junto al álbum fotográfico (prueba común con la defensa).- c. Acta de inspección numero 696-2018, junto al álbum fotográfico y plano (prueba común con la defensa).- d. Constancia.- e. Acta de decomiso.- f. Constancia de Recursos Humanos de las Fuerzas Armadas de Honduras, junto al contrato de prestación de servicios.- g. Informe de fecha 25 de mayo del año 2018 (F. del 617 al 619); realizando sus inferencias de la manera siguiente: “La prueba documental antes relacionada merece toda credibilidad pues fue elaborada por personal profesional sin un interés particular en la causa y además no fue desvirtuada por ninguna otra prueba de la misma categoría y que haciendo una valoración conjunta se enlazan una a una de ellas; quedando demostrado para este tribunal con el Acta de inspecciones oculares numero 39, que en la comunidad de Warunta, de Puerto Lempira, el 20 de mayo del año 2018, se encontraron tres cuerpos sin vida a la orilla del rio, cercanos uno del otro cuerpo que luego fueron identificados como Patricio Pravia, Damacio Becan y DARLY Soto tal como lo establece el dictamen de exhumación y autopsia, quienes eran originarios del pueblo indígena Miskitu, debidamente probado con la constancia evacuada; encontramos como a un metro de la distancia de uno de los cuerpos un casquillo color amarillo, de arma de fuego larga y de grueso calibre, no pudiéndose realizar el levantamiento por oposición de sus familiares quienes llegaron con armas de fuego fusil y pistola a la escena amenazando a las autoridades haciendo disparos; pudiéndose apreciar el lugar del hecho en el acta de inspección numero 696-2018; por otro lado se demostró con la constancia de Recursos Humanos de las Fuerzas Armadas que el señor Roger Rafael Lara Pineda al momento de los hechos eran miembros activos de esta institución a la cual pertenecía desde el año 2014, que de acuerdo al informe de fecha 25 de mayo del año 2018, rendido por el coronel Macoto, se documentó estando también probado que el señor Roger Lara tenía asignado el fusil M16-A1 serie 9516166, según inventario, mismo que fue decomisado el día siguiente de los hechos de acuerdo al acta de decomiso, estableciendo el agente que le fue entregado por otro militar encargado del destacamento de Warunta, siendo ese fusil que fue objeto de pericia de comparación balística con el casquillos encontrados en la escena y fragmentos encontrados en los cuerpos de las victimas la cual será valorada más adelante. Finalmente con el acta de inspección al pipante, quedó demostrado la existencia del mismo y según lo expresado por el testigo Simón Quebedo Casildo es de su propiedad, en el cual se trasportaba el día de los hechos siendo requerido por los militares, que también los expresaron los testigos militares de la defensa que participaron en ese requerimiento”. Continuando el tribunal a quo con sus valoraciones procedió con los siguientes medios de prueba pericial: a. El dictamen de Exhumación numero 2018-0801-0402-0091, a folio 550 (prueba común con la defensa).- b. Dictamen de Exhumación numero 2018-0801-0402-0092, a folio 55 (prueba común con la defensa).- c. Dictamen de Exhumación 2018-0801-0402-0090 a folio 552 (prueba común con la defensa).- d. Dictamen de análisis de comparación balística número 2018-0801-0501-4444, (prueba común con la defensa).- e- Dictamen de marcas y patrones número 2018-0801-0501-4284-4, (prueba común con la defensa) (F. 619 al 622), Realizando inferencias de la siguiente manera: “Esta prueba pericial consistente en los dictámenes de exhumación merece toda credibilidad, pues fue elaborada por un personal profesional y sin interés alguno, la cual constituye prueba científica, que no deja dudas al Tribunal de su veracidad; quedando demostrado para este tribunal con los tres dictámenes de exhumación que los cuerpos pertenecían a los señores JOBAL DAMACIO BECAN, DARLY ALFRED SOTO y PATRICIO PRAVIA KIBLAN, cuerpos que como características, común presentaban cada uno, un disparo por arma de fuego, lográndose obtener de los tres cuerpos fragmentos metálicos, de acuerdo a la trayectoria de las heridas en los cuerpos, en el caso del señor Jobal Damacio Becan, la entrada del disparo fue en región derecha de la mandíbula, con trayectoria de adelante hacia atrás, de derecha a izquierda, y de arriba hacia abajo, produciendo fractura segmentaria del cuerpo de la mandíbula con estatura de 1.70 centímetros; en el caso el occiso Patricio Pravia Kiblan con orificio de entrada en ceja izquierda, con trayectoria de adelante hacia atrás, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, produciendo herida en la piel con fractura fragmentaria de los huesos de la cara con estatura de 1.70 centímetros; y en el caso de Darly Alfred Soto, con orificio de entrada en región derecha del torax, con trayectoria de adelante hacia atrás, de izquierda a derecha, y de abajo hacia arriba, con una estatura de 1.75 centímetros; quedando demostrado con la trayectoria de la herida tal como lo establece la fiscalía, que el arma de fuego con el se les disparó a los señores Jobal Damacio Becan y Patricio Pravia Kiblan tuvo que haber estado en una posición más alta que ellos y de frente, pues los disparos son de arriba hacia abajo, adelante-atrás, además de estar ubicadas en una posición arriba de su cuerpo en el caso de Patricio el disparo fue en la ceja y disparo de Jobal fue la mandíbula, lo que no resulta coincidente con la estatura del acusado Roger Rafael Lara Pineda ya que el tribunal pudo apreciar en juicio que es bajo aproximadamente 1.65 centímetros, mucho menor que la altura de los dos víctimas señaladas que eran de 1.70, además que el acta de inspección 696-2018 se aprecia en el álbum fotográfico el lugar donde se originaron los hechos el cual es un lugar plano, a la orilla del rio, así que no se aprecia haya algún espacio en posición más alto, ni cercano en donde se suscitaron las muertes, por lo tanto se concluye que no resulta posible que los disparos los hayan recibido de frente de parte del señor Roger Rafael Lara, la dinámica no es posible de acuerdo a las narraciones de los testigos presenciales pues la testigo Denia Soto dijo que a su esposo Patricio Pravia le dispararon de frente, esto con la prueba científica señalada, resultando contradictorio.- Por otro lado también es contradictoria en el caso del occiso Darly Alfred Soto quien media 1.75 de estatura y presentaba una trayectoria de la herida de abajo hacia arriba, así que los testigos presenciales dicen que fue el mismo sujeto que disparó por espacios consecutivos, dándole muerte a tres personas, y estando probado por percepción en el juicio que el acusado es más pequeño que las tres víctimas, sin embargo los disparos en dos de los occisos tienen trayectoria de arriba abajo y el de Darly Alfred Soto tiene trayectoria de abajo arriba, lo que evidencia que pudo ser más de una persona quien disparó a las tres víctimas. En relación al dictamen de comparación balística número 2018-0801-0501-4444, el mismo fue elaborada por un personal profesional forense, la constituye prueba científica, elaborado por el perito Marvin Urquía, el cual concluyó que el casquillo analizado mismo que fue levantado en la escena del crimen fue percutido por arma de fuego tipo fusil… por lo que concluye que el casquillo encontrado en la escena no fue disparada por el fusil marca Colt, modelo M16A1, serie 516166, calibre 5.56x45mm, apreciándose en el álbum fotográfico las muestras analizadas tanto los patrones utilizados como el casquillo de la escena, ante estos dos conclusiones diferentes dadas en las pericias elaboradas por expertos en balisticas que no demeritan una de otra le generan a este tribunal duda de si fue o no fue disparado ese casquillo pro el arma que portaba el acusado Roger Rafael Lara, por otro lado también se concluyo contrario a la pericia del ente acusador por parte de la pericia de la defensa que el fragmento metálico de cobre encontrado en la exhumación al cadáver de Patricio Pravia Kiblan, es vista que ha perdido su masa, su núcleo en un 90% considerando las leyes de la balística que establece categóricamente que si la bala se ha deformado en un 50% es imposible hacer un dictamen balístico categórico, ya que para esto es necesario encontrar por lo menos tres características determinantes o una distancia de 20 a 30 grados de rotación, lo que es difícil realizarlo con este fragmento, habiendo perdido la masa y parte de su estructura exterior no se puede determinar ni tan siquiera el calibre, concluyendo que del análisis del fragmento metálico de cobre encontrado en la exhumación del cadáver del señor Patricio Pravia Kiblan se puede decir categóricamente que es imposible determinar si fue disparado por el fusil marca Colt, modelo M16A1, serie 516166, calibre 5.56x45mm por haber perdido el 90% de su masa interna y externa, conclusión diferente a la pericia de la acusación quien si concluyo que ese fragmento los disparó el fusil analizado;… ante esta última conclusión de la pericia fiscal no se puede entonces dar por probable lo expresado en el mismo dictamen, pues sin duda alguna tal como lo dice la pericia esos fragmentos no se pueden comparar con los demás indicios por su deformación, que fue lo que concluyo la defensa en su pericia al establecer que no pudo ser objeto de comparación el fragmento encontrado en el cuerpo de Patricio Pravia Kiblan”. Concluye el a quo en el acápite tercero de la prueba analizada que: “Finalmente con la pericia de marcas y patrones, se demostró que el arma de fuego, marca Colt, Modelo M16A1, tipo fusil, serie 516166, la cual quedó demostrado con la prueba documental tenia asignada Roger Rafael Lara Pineda la serie sufrió una manipulación que afecto el primer digito, pues de acuerdo a una constancia evacuada la serie del fusil era 9516166, faltando el número 9, sin embargo no se demostró desde cuando ni quien hizo esa alteración, menos que haya sido el encausado, pues fue su jefe del destacamento que hizo la entrega el día siguiente de los hechos de los cuatro fusiles a las autoridades de investigación. El ente acusador cuestionó a través de su consultor técnico otro perito de Medicina Forense, que se violentó la garantía de autenticidad de la evidencia por la defensa, pues solo uno de los peritos de la defensa firmó la cadena de custodia…”, al Tribunal no le genera duda de que las evidencias periciadas son auténticas, continua realizando inferencias sobre dicho medio probatorio en relación al resto de los argumentos del consultor “nos fueron consistentes sin sustento para demeritar la pericia de la defensa, el argumento de la impericia de uno de los consultores no tuvo base, pues se apreció en la pericia de la defensa que esta fue completa ilustrando mediante fotografías la misma con la muestra tomada del microscopio utilizado en el mismo laboratorio de la agencia Técnica de investigación.- Por todo lo anterior antes estas dos conclusiones contrarias que han arribado estos dos peritajes que merecen credibilidad este tribunal queda con la duda si fue o no el arma de fuego que portaba el acusado Roger Rafael Lara Pineda, quien disparó el casquillo encontrado en la escena y el fragmento encontrado en un cuerpo, y tampoco hay otra prueba que nos lleve a esa conclusión por lo tanto ante la duda ya establece la legislación que debe resolverse lo más favorable al reo, es así que no hay prueba que demuestre que el acusado sea responsable penalmente de este hecho”. Que en el acápite QUINTO de la valoración de la prueba, el Tribunal procedió a valorar las declaraciones de los testigos: a. Angel María Paz Salgado.- b. Fredy Donaldo Portillo Caballero.- c. Yosman Josué Pineda Garcia y d. Jose Esau Rodriguez Cruz, de la siguiente manera. “Las declaraciones anteriores este tribunal les concede credibilidad por ser coincidentes entre sí y otra prueba evacuada por el ente acusador, con las cuales se demostró que los tres primeros testigos ser conocedores de los hechos pues apreciaron parte de su dinámica, ya que fueron algunos de los militares que al escuchar que iba una lancha en horas de la noche por ese sector de Warunta, en el caso del testigo Angel María Paz, le hizo junto a otros compañeros requerimiento a los sujetos que iban en la lancha, teniendo que hacer disparos de advertencia, pero se fueron, así que los demás testigos militares Fredy Donaldo Portillo, Yosman Pineda, quienes manifestaron iba al mando del cabo Roger Rafael Lara junto a otro compañero, a salir más adelante a los sujetos de la lancha, encontrándose con un grupo de unas cincuenta personas de la comunidad quienes estaban molestas, originándose disparos que dio como resultado que el testigo Fredy Portillo resultara lesionado en su hombro a consecuencia de un arpón, abandonando de inmediato el lugar con el compañero herido, teniendo conocimiento posteriormente que hubieron tres muertos, sin embargo los testigo no establecen quien disparó a las personas que resultaron muertas en esa escena pues el lugar estaba muy oscuro, observándose solo algunas luces de foco que andaban los miembros de la comunidad, tal como lo expresó la testigo Denia Soto Alfred, sin embargo los testigos de la defensa establecieron que ellos no andaban focos pues no es parte de la indumentaria asignada; por tanto no es posible determinar de estas declaraciones quien fue la o las personas que le dispararon a los ahora occisos como tampoco se pudo arribar de las declaraciones de las acusación, ni de los demás medios probatorios evacuados. En relación a la declaración del testigo José Esaú Rodríguez, se trata del investigador de los hechos que narra sobre las diligencias de investigación posteriores que realizó”. Que el Tribunal al valorar los medios de prueba documental en el numeral SEXTO del acápite de la valoración de la pruebas los que fueron evacuados: a. cuatro actas de decomiso.- b. Acta de exhumación número 0090-2018.- c. Acta de exhumación numero 0091-2018.- d. Acta de exhumación numero 0092-2018.- e. Expediente clínico numero 87604, realizó la siguiente inferencia: “La prueba documental antes relacionada merece toda credibilidad, pues fue elaborada por personal profesional sin un interés particular en la causa y además no fue desvirtuada por ninguna otra prueba, quedando demostrado el decomiso el día siguiente de los hechos de las cuatro armas de fuego asignadas a los militares Roger Lara, Yosman Pineda, Fredy Portillo y Samuel Lagos, las cuales fueron entregadas por el encargado del destacamento; armas que eran las mismas asignadas a ellos según el informe de fecha 25 de mayo del año 2018 ya valorado; en relación a las tres actas de exhumación se demostró que días después de los hechos los cuerpos de los señores Patricio Pravia Kiblan, Jobal Damacio Becan y DARLY Alfred Soto, fueron exhumados por las autoridades entre ellos el Médico Forense, reflejándose las lesiones ya expuestas en los dictámenes de exhumación evacuados siendo por tanto complementarios a esa prueba arriba valorada. Finalmente con el expediente clínico número 87604, quedó demostrado la lesión que tenía en su hombro el señor Fredy Donaldo Portillo lo cual es coincidente con su testimonio y los demás testigos evacuados que establecen que en el enfrentamiento que se dio entre los militares y los miembros de la comunidad resultó lesionado el señor Portillo con un arpón dado por uno de los miembros de la comunidad”. La Sala de lo Penal después de verificar los razonamientos e inferencias realizadas por el Tribunal de Sentencia en su fallo, cuando se refiere en el Apartado Noveno de la Valoración de la Prueba que dice: “De toda la prueba valorada, no hay prueba directa ni indiciaria que demostrara que haya sido el acusado Roger Rafael Lara Pineda, quien le haya disparado a los tres ofendidos y causarles la muerte, pues los testigos no observaron quien fue que disparó y la prueba científica de las mismas le generó a este tribunal duda razonable de si fue o no, con el arma asignada al acusado que se le disparó a la víctima señor Patricio Pravia Kiblan, menos a los otros dos cuerpos; por tener dos pericias de comparación balística ambas con la suficiente credibilidad y sustento, pero con contrarias conclusiones, y siendo esta la única prueba que pudiese haber arrojado alguna responsabilidad del acusado y según lo dispuesto en el artículo 339 del Código Procesal Penal el tribunal dictará sentencia absolutoria en caso de duda razonable”, que las aseveraciones realizadas por el a quo donde toma como única prueba la comparación balística para emitir una fallo, pero al manifestar que no existe prueba y la que existe le genera duda razonable, por lo que proceden a dictar una sentencia absolutoria. Del Examen de la sentencia observamos que la misma se encuentra mal derivada en sus conclusiones en virtud que al examinar la valoración de prueba, se verifica que el a quo pone de manifiesto que no hay prueba directa ni indiciaria; sin embargo al revisar las derivaciones sobre los medios de prueba se observa que existen medios de prueba, como ser la prueba documental y pericial evacuada, las cuales fueron valoradas en forma individual y que ese pronunciamiento no es claro para declarar si existió o no responsabilidad por parte del imputado; así mismo no otorgó valor alguno al acta de decomiso de las armas realizado en fecha 20 de mayo del 2018 (f. 123 al 126), como también no se pronunció sobre lo manifestado por el Consultor Técnico propuesto por el Ministerio Público en relación al medio de prueba de comparación balística (procedimiento realizado por el perito en la prueba de comparación balística propuesto por la defensa), por lo que el órgano sentenciador al realizar sus inferencias, establece erróneamente que la prueba científica es la única prueba que pudiese haber arrojado alguna responsabilidad del acusado; no comparte esta Sala de lo Penal tal aseveración ya que existen diversos medios de prueba incorporada legalmente al proceso y que los señores jueces señalan que merecen credibilidad, pero al realizar las valoraciones de manera individual sobre las mismas no existió un razonamiento lógico coherente, ya que no las valoró de forma conjunta, como se verifica en el apartado de la valoración de prueba, pues lo que hizo el tribunal sentenciador son valoraciones de manera aislada de todo el acervo probatorio, y no se realiza en el fallo la confrontación de la información proporcionada por los testigos con los demás medios de prueba, para determinar las coincidencias o disparidades que permitan establecer su veracidad, por lo que se estima que el Juzgador no realizó un verdadero estudio intelectivo de los medios probatorios conforme a las reglas de la sana crítica, por lo que se estima lo planteado por el recurrente en su escrito recursivo. Decisión Se declara ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras por unanimidad de votos de la sala de lo penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 332, 338, 359, 362 numeral 3) y 369 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declara HA LUGAR, el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su motivo único, interpuesto por la Abogada Yanoris de Jesús Ramos González, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en el proceso instruido contra Roger Rafael Lara Pineda, por el delito de Asesinato, en perjuicio de Jobal Damacio Becan, Darly Alfred Soto y Patricio Pravia Kiblan. SEGUNDO: Casa la Sentencia recurrida. TERCERO: Declara la nulidad del debate de juicio oral y público, y la sentencia de fecha seis de enero de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, con sede en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: I: Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, proceda a celebrar un nuevo juicio para resolver la acusación penal incoada por el Ministerio Público, en contra el señor Roger Rafael Lara Pineda, en el cual deberán participar jueces distintos a aquellos que concurrieron a la audiencia de juicio, que tuvo como resultado la sentencia de fecha seis de enero de dos mil veintiuno. II: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Díaz Flores. NOTIFIQUESE. - Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrada. Firma y Sello. RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS. – receptora adscrita a sala de lo penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veinticinco días del mes de marzo de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el quince de octubre de dos mil veinticuatro, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-313-2021.
PIA CRISTINA MEJIA NUÑEZ
RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL.”