Sentencia CP-30-19 — Registro 18763
Resumen
Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia que absuelve a los acusados por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
El Motivo no es de Recibo. El delito de Abuso de Autoridad es uno de los tipos penales más abiertos que se regulan en nuestra normativa penal, ello obliga a que en cada caso concreto se deba hacer una exhaustivo análisis a fin de hacer una aplicación circunscrita a las exigencias propias del principio de legalidad y la exigencia de taxatividad que impone el mismo, al amparo de su extensa amplitud conceptual el objeto de tutela penal en el delito de Abuso de Autoridad lo es la administración pública, que busca tutelar la actuación del Estado, pues el bien jurídico protegido dentro de los delitos contra la administración pública, es el correcto y adecuado funcionamiento de las diferentes actividades de prestación que brinda el Estado a través de la administración pública, en consecuencia, el derecho penal aparece en su manifestación fragmentaria y de última ratio cuando se dan aquellas conductas graves que afectan el normal y buen desarrollo de la administración pública. Para esta Sala de lo Penal a la recurrente no le asiste la razón, pues los hechos probados no revelan en ningún momento los elementos objetivos del tipo penal de abuso de autoridad. La fundamentación fáctica revela que: El día dos (02) de enero del año dos mil dieciséis, entre las 6:00 de la tarde, un grupo de la Policía Militar integrado por Cristian Josué López Cabrera, Justino Vásquez Amaya, Jimmy José Castillo Martínez y Olvin Ismael Blandin Espinal salieron a pie a hacer el recorrido de rutina en el sector de la colonia Villa Franca, por ser ésta una zona de conflicto y como a eso de las 10:30 a 11:00 de la noche encontraron por el sector de las canchas al señor José Orlando Padilla Mejía quien fue requerido por Cristhian Josué, el cual le solicitó sus documentos de identificación y al momento en que éste se la proporcionaba Cristhian procedió a golpearlo en su rostro con patadas causándole una fractura en su nariz lo cual le mereció una incapacidad de 21 días a partir del hecho. SEGUNDO: Siendo dicho sector bastante concurrido y de mucha incidencia de delincuencia por la presencia grupos antisociales, los policías militares antes relacionados escucharon silbidos la cual es una manera de comunicación entre este tipo de grupos, luego de lo cual venían corriendo hacia ellos por el sector de las canchas un grupo entre 8 a 10 ciudadanos llevando piedras, las cuales eran lanzadas en su contra, como también fueron atacados con armas de fuego calibre LC 85, la cual fue disparada, en vista de lo cual los policías militares procedieron a agruparse de dos en dos, y a fin de repeler el ataque el policía Cristhian Josué López Cabrera procedió a disparar su fusil de reglamento marca: M4 Carabine serie: A0398273, calibre 5.56 REM. En ese preciso momento del enfrentamiento, se encontraba afuera de su vivienda en las proximidades del sector de las canchas la joven HEYDI GABRIELA LOPEZ CRUZ, quien fue alcanzada por los disparos de arma y calibre no identificado recibiendo una herida en el lado derecho del tórax que le laceró la aorta produciéndole la muerte.” Al analizar el cuadro fáctico, es evidente que no establece en ninguno de sus apartados cuales eran las órdenes que el imputado Cristian Josué López Cabrera y el resto de los acusados tenían que ejecutar, aunque nuestro sentido común nos lo diga, el recurso de casación exige que los elementos del tipo penal deban estar subsumidos en el relato de hechos, pues no se puede suponer nada, debe quedar totalmente claro y contundente que el acusado ejecutó alguna orden y además debe ser específico porque esa orden es contraria con nuestra carta magna o con otra ley secundaria; o debe establecer el cuadro fáctico además que los acusados se abstuvieron de cumplir ciertos ordenamientos jurídicos; la censora establece que los uniformados excedieron el uso de la fuerza que se regula en el reglamento de la ley de la policía militar; pero el Juzgador en los hechos probados nada refirió al uso de la fuerza o al estamento legal ya mencionado; en ningún apartado de los sucesos probados podemos encontrar cumplido uno de los verbos rectores “dictar, ejecutar o abstener”, pues reiteramos, aunque sepamos que los policías tiene una obligación de protección de la ciudadanía, esa circunstancia debe quedar debidamente plasmada así en la fundamentación fáctica, pues no es posible conjeturar ninguna situación. Por las razones antes expuestas se declara no ha lugar el primer motivo de casación por infracción de ley.
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
."..El Motivo no es de Recibo. Esta Sala de lo Penal al hacer la revisión del cuadro factico y confrontarlo con la norma penal denuncia por falta de aplicación, no encuentra correspondencia entre ellas; pues los hechos probados no revelan cual fue el accionar de los imputados Justino Vasquez Amaya, Jimmy Jose Castillo y Olvin Ismael Blandin Espinal, al momento en que observan a su compañero Cristian Josué López Cabrera, pedir los papeles de identificación al ofendido José Orlando Padilla Mejía; el primer hecho probados si bien establece la presencia de todos los acusados en la colonia Villafranca para realizar un patrullaje de rutina, tiene como centro del relato al acusado Cristhian Josué, pues refiere que fue él quien le solicita los documentos de identificación al ofendido y quien procede a golpearlo en su rostro con patadas causándole una fractura en su nariz; en tal sentido, el relato de hechos nada refiere a cual fue la actitud del resto de los policías militares cuando su compañero Cristhian Josué agredía físicamente al ofendido, pues tal como lo referíamos en el motivo anterior, no es posible suponer conductas, éstas deben quedar plenamente desarrolladas en los sucesos. Así mismo refiere la censora que los acusados Justino Vasquez Amaya, Jimmy José Castillo y Olvin Ismael Blandin Espinal no informaron de lo ocurrido a sus autoridades superiores, de las actuaciones de su compañero Cristian Josué López Cabrera; pero tal circunstancia en ningún momento fue relatado por el Juzgador en sus hechos, pues nada refieren a si los policías militares rindieron o no informe de lo ocurrido a sus jefes, al no plasmarlo así los hechos probados, no pueden configurar el delito de violación de los deberes de los funcionarios, pues no relata cuales fueron las acciones que omitieron realizar los acusados, razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El Motivo no es de Recibo. Esta Sala de lo Penal al revisar el recurso presentado por el recurrente, encuentra en buena parte de su impugnación, algunos desaciertos al momento de fundamentar y argumentar su recurso, pues hace referencia a la valoración probatoria y hace conjeturas que no aparecen en los hechos probados, por ejemplo refiere: “Aunado a esta valoración de la probanza, podemos inferir que el Tribunal concedió credibilidad y valor probatorio a lo declarado por los testigos Jose Orlando…” De igual forma refiere: “Aceptar el razonamiento al que arribó el Tribunal de que “jurídicamente es improcedente” sancionar penalmente a una persona, cuando con una sola acción incurre en dos o mas delitos seria un error gravísimo” Tales argumentos se refieren a juicios de valor externados por el Sentenciador en la valoración probatoria y en la fundamentación jurídica de la Sentencia; pero el recurso de casación por infracción de ley centra su accionar en la fundamentación fáctica (hechos probados) y no en los cuestionamientos que hace el censor. Tal como lo explicamos en el recurso de la fiscalía, los hechos probados deben ser claros y contundentes, pues no es posible suponer situaciones o dar por hecho conductas que no se establecen en los mismos; los hechos no revelan que los acusados hayan incurrido en el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, pues los sucesos no revelan que hayan incumplido alguna orden o reglamento, o hayan omitido cumplir algún deber de su cargo, pues aunque en teoría esas funciones son inherentes a los entes policiales, las mismas deben quedar así plasmadas en el cuadro fáctico. Para esta Sala de Casación el censor se equivocó al señalar la norma penal que consideraba como no aplicada, pues nos enfrentamos mas bien a una interpretación errónea del Sentenciador y no a una falta de aplicación; pero al vernos limitados en nuestro accionar debido al recurso presentado, no es posible pronunciarnos en el fondo. Así las cosas, no se observa en los hechos probados, ninguna otra acción penal por la cual deban responder los imputados y por lo tanto responder mediante un concurso ideal o medial, razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El Motivo es de Recibo. Esta Sala de lo Penal ha revisado de manera detallada el vicio denunciado por la fiscal del Ministerio Público y en efecto, el Sentenciador omitió en la parte resolutiva de la sentencia, hacer pronunciamiento respecto de los hechos imputados al acusado Cristhian Josué López Cabrera respecto a la muerte de la ofendida Heidi Gabriela López Cruz. La parte resolutiva que el juzgador plasmó en su sentencia dice: “Falla: Primero: Que debemos condenar y condenamos a Cristhian Josué Lopez Cabrera cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor directo responsable penalmente del delito de lesiones menos graves en perjuicio del señor José Orlando Padilla Mejia, a la pena de un (1) año con seis (6) meses de reclusión, la cual deberá cumplirse en el centro penal que considere más conveniente el juez de ejecución de la pena. Dicha pena de reclusión deberá descontarse del cómputo de la pena el tiempo en que el imputado ha permanecido en efectiva prisión como consecuencia del cumplimiento de la medida cautelar de prisión preventiva que se le ha impuesto por esta causa. Segundo: Que debemos condenar y condenamos a Cristhian Josué Lopez Cabrera a las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal, así como a trabajar en labores penitenciarias de conformidad a la Ley. Tercero: Se declara la responsabilidad civil de Cristhian Josué Lopez Cabrera a favor del ofendido del delito por el cual es condenado, la cual deberá ser tasada en la fase de ejecución de la sentencia. Cuarto: Se decretar la pena del comiso de la evidencia consistente en una bolsa plástica transparente sellada y firmada conteniendo en su interior 5 casquillos color amarillo del cual es procedente ordenar su destrucción ante el Juez de Ejecución competente. Quinto: Asimismo debemos absolver como en efecto absolvemos Cristhian Josué Lopez Cabrera del delito de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública. Sexto: Debemos absolver como en efecto absolvemos a Jimmy José Castillo de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública. Séptimo: Debemos absolver como en efecto absolvemos a Justino Vásquez Amaya, de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública. Octavo: Debemos absolver como en efecto absolvemos a Olvin Ismael Blandin de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública. Noveno: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio al condenado Cristhian Josué Lopez Cabrera como tampoco al Ministerio Publico por disposición expresa de la Ley, ni tampoco a la Acusación Privada. Décimo: Se ordena extender la carta de libertad definitiva, una vez que la sentencia adquiera el carácter de firme por los delitos en que se ha emitido un fallo absolutorio a favor de cada uno de los imputados. Decimo Primero: Notifíquese la presente sentencia a las partes procesales. Así por esta nuestra Sentencia, la pronunciamos, mandamos y firmamos.” Al revisar detenidamente la parte resolutiva de la sentencia recurrida, confirmamos la denuncia de la censora, pues el Sentenciador ha omitido establecer si al acusado Cristhian Josué López Cabrera se le condenó o absolvió por el delito de homicidio en perjuicio de la joven Heidi Gabriela López Cruz, lo que sin duda alguna acarrea reproche casacional, por lo que se declara ha lugar el presente motivo de casación..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362 numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-30-2019, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Nelson Danilo Mairena Franco en su calidad de coordinador, Mario Rolando Diaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio pronuncian: En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP 30-2019 por infracción de ley, quebrantamiento de forma y por infracción de precepto constitucional, interpuestos contra la sentencia de fecha once de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: condenó al señor Cristhian Josué López Cabrera, como autor, del delito de Lesiones Menos Graves, en perjuicio de José Orlando Padilla Mejia, a la pena de un año con seis meses de reclusión. Segundo: condenó al señor Cristhian Josué López Cabrera, a las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal, así como a trabajar en labores penitenciarias de conformidad a la Ley. Tercero: se declaró la responsabilidad civil de Cristhian Josué López Cabrera, a favor del ofendido del delito por el cual fue condenado. Cuarto: se decretó el comiso de la evidencia consistente en una bolsa plástica transparente sellada y firmada conteniendo en su interior 5 casquillos color amarillo y ordenó su destrucción ante el juez de ejecución competente. Quinto: absolvió al señor Cristhian Josué López Cabrera, del delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de la Administración Pública. Sexto: absolvió al señor Jimmy José Castillo, de los delitos de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública. Séptimo: absolvió al señor Justino Vásquez Amaya, de los delitos de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública. Octavo: absolvió al señor Olvin Ismael Blandin, de los delitos de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública. Noveno: no procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio al condenado Cristhian Josué López Cabrera, ni al Ministerio Público o a la acusación privada. Décimo: se ordenó extender la carta de libertad definitiva, una vez que la sentencia adquiera carácter de firme. Son Partes En La Única Instancia: La abogada Iris Beatriz Fonseca Matamoros, en su condición de fiscal del Ministerio Público, y al abogado Carlos Alexis Argueta Vijil, en su condición de acusador privado, como partes recurrentes; y al abogado Marlon Javier Arévalo Cerna, en su condición de defensor privado de Cristhian Josué López Cabrera, Justino Vasquez Amaya, Jimmy José Castillo y Olvin Ismael Blandin, como parte recurrida. Hechos Probados “PRIMERO: El día dos (02) de enero del año dos mil dieciséis, entre las 6:00 de la tarde, un grupo de la Policía Militar integrado por Cristian Josué López Cabrera, Justino Vásquez Amaya, Jimmy José Castillo Martínez y Olvin Ismael Blandin Espinal salieron a pie a hacer el recorrido de rutina en el sector de la colonia Villa Franca, por ser ésta una zona de conflicto y como a eso de las 10:30 a 11:00 de la noche encontraron por el sector de las canchas al señor José Orlando Padilla Mejía quien fue requerido por Cristhian Josué, el cual le solicitó sus documentos de identificación y al momento en que éste se la proporcionaba Cristhian procedió a golpearlo en su rostro con patadas causándole una fractura en su nariz lo cual le mereció una incapacidad de 21 días a partir del hecho. SEGUNDO: Siendo dicho sector bastante concurrido y de mucha incidencia de delincuencia por la presencia grupos antisociales, los policías militares antes relacionados escucharon silbidos la cual es una manera de comunicación entre este tipo de grupos, luego de lo cual venían corriendo hacia ellos por el sector de las canchas un grupo entre 8 a 10 ciudadanos llevando piedras, las cuales eran lanzadas en su contra, como también fueron atacados con armas de fuego calibre LC 85, la cual fue disparada, en vista de lo cual los policías militares procedieron a agruparse de dos en dos, y a fin de repeler el ataque el policía Cristhian Josué López Cabrera procedió a disparar su fusil de reglamento marca: M4 Carabine serie: A0398273, calibre 5.56 REM. En ese preciso momento del enfrentamiento, se encontraba afuera de su vivienda en las proximidades del sector de las canchas la joven HEYDI GABRIELA LOPEZ CRUZ, quien fue alcanzada por los disparos de arma y calibre no identificado recibiendo una herida en el lado derecho del tórax que le laceró la aorta produciéndole la muerte.” Recurso De Casación. Motivos y Argumentos • En resumen, la fiscal del Ministerio Público Iris Beatriz Fonseca Matamoros, interpuso recurso de casación por infracción de ley en el que señaló dos motivos; el primero: falta de aplicación del artículo 349 numeral 2 del Código Penal (decreto 144-83), estableciendo como precepto autorizante el artículo 360 del Código Procesal Penal; en el segundo motivo señaló: aplicación indebida del artículo 349 numeral 3 del Código Penal en relación al artículo 32 segundo párrafo del mismo cuerpo legal (decreto 144-83). También interpuso recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, alegando que en la parte resolutiva de la sentencia se omita pronunciarse sobre todas las cuestiones debatidas, estableciendo como precepto autorizante el articulo 362 numeral 4 de nuestra ley procesal. Recursos que aparecen completos en la pieza principal del expediente y agregados a folios 418 al 430. • En resumen, el acusador privado abogado Carlos Alexis Argueta Vigil, interpuso recurso de casación por quebrantamiento de forma; en su primer motivo señaló la violación a las reglas de la sana crítica, como precepto autorizante el artículo 362 numeral 3 del código procesal penal; en su segundo motivo denuncia la violación a las reglas de la sana crítica y como precepto autorizante el articulo 362 numeral 3 de nuestra ley procesal; de igual forma interpuso recurso de casación por infracción de ley en su único motivo, alegando la falta de aplicación del artículo 36 del Código Penal decreto 144-83 y como precepto autorizante el artículo 360 del Código Procesal Penal; recurso de casación por infracción de precepto constitucional, en su primer motivo alega violación al debido proceso, como precepto autorizante el artículo 361 del código procesal penal; en su segundo motivo denuncia nuevamente quebranto al debido proceso en relación al artículo 321 de la Constitución de la República; recursos que aparecen completos y agregados en la pieza principal del expediente judicial y agregados a folios 432 al 456. Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Infracción de Ley Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva realizada por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la Infracción en un Recurso de Casación por Infracción de Ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto Penal de carácter sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma Extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser “observadas para la aplicación de la ley penal”, por ejemplo, las leyes penales en blanco, que son aquellas que, señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal: “La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto”. Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión por parte del juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación hecha por el juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. Observa esta Sala de lo Penal que los recurrentes 1 y 2, han interpuesto recurso de casación por infracción de ley, por lo que estos motivos serán resueltos en un mismo apartado. Recurrente N° 1 Abg. Iris Beatriz Fonseca Matamoros, Fiscal del Ministerio Público Primer Motivo • Norma autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. • Norma sustantiva que se denuncia infringida: artículo 349 numeral 2 del Código Penal. • Concepto de la infracción: falta de aplicación del delito de abuso de autoridad. • Pretensión: que se dicte una nueva sentencia, que case el fallo recurrido. Explicó la recurrente que al examinar el cuadro fáctico se determina que en el mismo se describe como verdades intangibles acciones ejecutadas por el acusado Cristhian López Cabrera que se enmarcan a plenitud en los requisitos objetivos y subjetivos del delito de abuso de autoridad, pues la conducta realizada por el imputado de requerir al señor José Orlando Padilla Mejía cuando éste se desplazaba por las canchas de la Colonia Villa Franca y en el momento en que el ofendido le entregaba sus documentos de identificación el policía militar y acusado, sin motivo alguno decide golpear en la cara al señor José Orlando, excediendo el uso de la fuerza que todo agente del orden debe tener en cuenta cuando se encuentra en una situación de conflicto. Del Tipo Penal de Abuso de Autoridad La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (en adelante CNUCC) señala que cada Estado parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa intencionalmente, el abuso de funciones o del cargo, es decir, la realización u omisión de un acto, en violación de la ley, por parte de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener un beneficio indebido para sí mismo o para otra persona o entidad (Art. 19 CNUCC). Cumpliendo tal compromiso, el Estado de Honduras ha previsto en el Título XIII del Libro Segundo del Código Penal, la agrupación de una serie de tipos penales que tienen como objeto la salvaguarda del bien jurídico Administración Pública, entre los cuales encontramos los contenidos en el artículo 349 del Código Penal: i) Abuso de autoridad, que agrupa aquellas conductas realizadas por el empleado o funcionario público, que desbordan las funciones a él encomendadas por ley, reglamento, resolución o mandato de autoridad competente, ejecutando entonces conductas que no está autorizado a realizar; y ii) Violación de los Deberes y Obligaciones de los Funcionarios Públicos, que apila las conductas omisivas que el empleado y funcionario público deja de realizar aun cuando por disposición legal, reglamentaria, por resolución o mandato de autoridad competente, está obligado a cumplir por estar dentro de las funciones inherentes a su función pública. Desafortunadamente el legislador al momento de construir el artículo 349 del Código Penal no previó la debida separación de las conductas propias de cada delito; de este modo encontramos conductas de Abuso de Autoridad en los numerales 2 y 5; y de Violación de los Deberes y Obligaciones de los funcionarios en los numerales 1, 3, 4, y último párrafo sin enumerar: “Artículo 349. Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: 1) Se niegue a dar el debido cumplimiento a órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos dictados por las autoridades judiciales o administrativas dentro de los límites de sus respectivas competencias y con las formalidades legales; 2) Dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos. 3) Omita, rehúse o retarde algún acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo; 4) Requerido por autoridad competente no preste la debida cooperación para la eficaz administración de justicia o de otro servicio público. Cuando la falta de cooperación consista en no dar cumplimiento por malicia o por negligencia a una orden de captura dictada por autoridad competente, la pena se aumentará en un (1/3) tercio; y, 5) Revele o facilite la revelación de un hecho del que tenga conocimiento por razón del cargo y que deba permanecer en secreto. Cuando la revelación no fuere de grave trascendencia, la pena se rebajará en un (1/6) sexto. La misma pena se aplicará al oficial o agente de la fuerza pública que rehusé, omita o retarde, sin causa justificada la prestación de un auxilio legalmente requerido por autoridad competente. Es propio señalar que el Titulo XIII del Libro Segundo del Código Penal, agrupa una serie de tipos penales que tienen como objeto la salvaguarda del bien jurídico Administración Pública, el cual debe conceptualizarse para efectos penales en un sentido lato como el correcto desempeño del Estado en todas las actividades que realiza, las que deben de caracterizarse por su legalidad, eficacia, eficiencia, probidad, economía, prontitud, imparcialidad, igualdad y publicidad, que son la letra viva de un Estado Social de Derecho, como deber del empleado y funcionario público de gestionar con lealtad y probidad la Cosa Pública, en los términos que dispone los artículos 5 de la Ley General de la Administración Pública; y 5 de la Ley de Contratación del Estado. Entre los delitos en contra de la Administración Pública tenemos el contenido en el Artículo 349 del Código Penal, el cual tipifica cinco supuestos criminosos, constituyendo Abuso de Autoridad los señalados en los numerales 2 y 5; y Violación de los Deberes de los funcionarios los señalados en los numerales 1, 3, 4 y último párrafo. Puntualmente, el delito de Abuso de Autoridad, reprocha al empleado o funcionario público que, traicionando la confianza que se ha depositado en él por parte del elector o por parte de otra autoridad pública, abusa de la autoridad recibida en administración para contrariar lo que ordena la Constitución de la República y/o las leyes, cuando por el contrario deberá de ser un guardián celoso de su cumplimiento. El Artículo 349 del Código Penal prevé tres supuestos distintos para la comisión de este delito: 1) Cuando el empleado o funcionario público dicte ordenes, sentencias providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución o a las leyes; 2) Cuando el empleado o funcionario ejecute las órdenes contrarias a dichas disposiciones; y 3) Cuando no ejecute las leyes cuyo cumplimiento le sea obligatorio. Como puede observarse, la descripción de los dos primeros casos corresponde a conductas comisivas, mientras que la restante implica una omisión, teniendo en común todas ellas la sanción del uso abusivo del poder depositado en el empleado o funcionario público para el ejercicio de su cargo. Son los elementos objetivos del tipo penal: 1) Sujeto Activo: Se trata de un tipo penal de autor calificado ya que debe ser un empleado o funcionario público en ejercicio de su cargo y obrando dentro de su propia competencia, entendiéndose como tales los señalados por el Artículo 393 del Código Penal, definiéndolo como a toda persona natural que, por disposición de la ley o por nombramiento de autoridad competente, participe en el ejercicio de funciones públicas o desempeñe un cargo o empleo público, incluidos los alcaldes y regidores municipales; por su parte, la Convención Interamericana contra la Corrupción, en su artículo I, señala que debe entenderse por funcionario público, oficial gubernamental o servidor público, cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos; 2) Sujeto Pasivo: Es el Estado de Honduras, como titular de la administración pública; 3) Objeto material del delito: es la administración pública, como bien jurídico protegido, ejercido a través de órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos, los cuales deben diferenciar si se trata de carácter general o de carácter particular: a) de carácter general, cuando es la determinación de la voluntad del Estado con respecto a una situación universal (ordena, permite o prohíbe), por lo cual realiza una manifestación pública que crea una nueva situación jurídica vinculante a todos; b) Es de carácter particular cuando es una determinación adoptada en un caso particular, emitida por el empleado o funcionario público a realizarse por él directamente o por otros empleados y funcionarios públicos sobre terceros o personalmente por esos mismos terceros, sin que sus efectos jurídicos se extiendan a otras personas1; 4) Conducta criminosa: centrada en el verbo rector, que en este caso es: a) Dictar: que se refiere a la acción dolosa de ordenar, disponer, resolver o disponer; b) Ejecutar: que implica dolosamente cumplir, concretar, materializar, hacer, elaborar o en definitiva, llevar a cabo el contenido de la orden, sentencia, providencia, resolución, acuerdo o decreto, plasmarlo en la realidad; y c) Abstener: que ocurre cuando dolosamente no se hace o se omite la conducta exigida por la Ley, se realiza la conducta parcialmente, se realiza la conducta de manera distinta a lo ordenado o se realiza la conducta de manera inadecuada; 5) Modalidad criminosa: entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector; en este caso puede ser de dos formas: a) Dictar órdenes, sentencias providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución o a las leyes con el fin de ir en contra de ella, donde el empleado o funcionario público se atribuye facultades o atribuciones que la Ley no le otorga o cuando la propia Ley se lo prohíbe; y b) Dictar órdenes, sentencias providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contemplados en la Constitución o en la ley de manera arbitraria, sobrepasando los límites establecidos en dichas disposiciones; 6) Penalidad: está fijada por el legislador con una sanción de tres a seis años de reclusión e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión que individualizadamente imponga el Tribunal de Sentencia. Elemento subjetivo del tipo penal de Abuso de Autoridad es el dolo, donde el autor debe conocer la ilegalidad de la orden, sentencia, providencia, resolución, acuerdo o decreto que se dicta o se ejecuta y debe tener la voluntad de dictarla o ejecutarla. En el supuesto omisivo el autor debe conocer la existencia de la orden, sentencia, providencia, resolución, acuerdo o decreto y debe tener la voluntad de oponerse a la ley, de desconocerla. Partiendo de lo anterior, se identifican como características del tipo penal de Abuso de Autoridad : A) Según su estructura: i) Tipo penal básico: por describir de manera independiente un modelo de comportamiento humano; ii) Tipo penal compuesto: ya que describe tres modelos de comportamiento distinto, cada uno de los cuales conforman por su mismo una modalidad típica distinta; B) Según su contenido; i) Tipo penal de mera conducta, para las conductas criminosas de “dictar” y “Abstenerse”, ya que el delito se agota con la mera acción del autor, sin que se requiera la producción de un resultado; ii) Tipo penal de resultado, para la conducta criminosa de “ejecución”, por exigir la producción de un resultado derivado precisamente de la ejecución de las disposiciones ilegales; iii) Tipo de conducta instantánea al contener tres supuestos de hecho (dictar, ejecutar y abstenerse) cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; iv) Tipo penal de acción: porque en las conductas criminosas de dictar y ejecutar, describe un modelo de comportamiento comisivo; v) Tipo penal de omisión propia, al tener contemplado un supuesto de omisión como conducta criminosa (abstenerse); vi) Tipo penal cerrado porque siendo un tipo penal en blanco, el supuesto de hecho es integrado por lo dispuesto en la Constitución y en las leyes de la República, determinando así con precisión la circunstancia típica, de tal manera que la conducta reprochada está claramente definida; C) Según el sujeto activo: i) Unisubjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; ii) Tipo penal de sujeto activo calificado ya que exige que el sujeto activo tenga la condición especial de empleado o funcionario público; D) Según el bien jurídico tutelado: i) Tipo penal mono ofensivo, al proteger un único bien jurídico, el cual es la Administración Pública que puede verse afectada por el arbitrario ejercicio de la función pública, al margen de las constituciones, leyes o deberes que la rigen; ii) Tipo penal de peligro: es de tener claro que la modalidad criminosa descrita puede ser realizada por diversas formas de conducta, pero en lo que se refiere a la conducta criminosa de “dictar” y de “Abstenerse”, no son delitos de resultado material, bastando la acción en su caso y la omisión en el otro, para que se consume el tipo. En el caso del dictado de órdenes, sentencias providencias, resoluciones, acuerdos o decretos, es claro que la consumación se dará cuando se dicten, esto es cuando aquélla se integre como acto administrativo o jurisdiccional válido, independientemente de que haya producido sus efectos afectando a terceros o al propio Estado, o que alcance estado. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. El delito de Abuso de Autoridad es uno de los tipos penales más abiertos que se regulan en nuestra normativa penal, ello obliga a que en cada caso concreto se deba hacer una exhaustivo análisis a fin de hacer una aplicación circunscrita a las exigencias propias del principio de legalidad y la exigencia de taxatividad que impone el mismo, al amparo de su extensa amplitud conceptual el objeto de tutela penal en el delito de Abuso de Autoridad lo es la administración pública, que busca tutelar la actuación del Estado, pues el bien jurídico protegido dentro de los delitos contra la administración pública, es el correcto y adecuado funcionamiento de las diferentes actividades de prestación que brinda el Estado a través de la administración pública, en consecuencia, el derecho penal aparece en su manifestación fragmentaria y de última ratio cuando se dan aquellas conductas graves que afectan el normal y buen desarrollo de la administración pública. Para esta Sala de lo Penal a la recurrente no le asiste la razón, pues los hechos probados no revelan en ningún momento los elementos objetivos del tipo penal de abuso de autoridad. La fundamentación fáctica revela que: El día dos (02) de enero del año dos mil dieciséis, entre las 6:00 de la tarde, un grupo de la Policía Militar integrado por Cristian Josué López Cabrera, Justino Vásquez Amaya, Jimmy José Castillo Martínez y Olvin Ismael Blandin Espinal salieron a pie a hacer el recorrido de rutina en el sector de la colonia Villa Franca, por ser ésta una zona de conflicto y como a eso de las 10:30 a 11:00 de la noche encontraron por el sector de las canchas al señor José Orlando Padilla Mejía quien fue requerido por Cristhian Josué, el cual le solicitó sus documentos de identificación y al momento en que éste se la proporcionaba Cristhian procedió a golpearlo en su rostro con patadas causándole una fractura en su nariz lo cual le mereció una incapacidad de 21 días a partir del hecho. SEGUNDO: Siendo dicho sector bastante concurrido y de mucha incidencia de delincuencia por la presencia grupos antisociales, los policías militares antes relacionados escucharon silbidos la cual es una manera de comunicación entre este tipo de grupos, luego de lo cual venían corriendo hacia ellos por el sector de las canchas un grupo entre 8 a 10 ciudadanos llevando piedras, las cuales eran lanzadas en su contra, como también fueron atacados con armas de fuego calibre LC 85, la cual fue disparada, en vista de lo cual los policías militares procedieron a agruparse de dos en dos, y a fin de repeler el ataque el policía Cristhian Josué López Cabrera procedió a disparar su fusil de reglamento marca: M4 Carabine serie: A0398273, calibre 5.56 REM. En ese preciso momento del enfrentamiento, se encontraba afuera de su vivienda en las proximidades del sector de las canchas la joven HEYDI GABRIELA LOPEZ CRUZ, quien fue alcanzada por los disparos de arma y calibre no identificado recibiendo una herida en el lado derecho del tórax que le laceró la aorta produciéndole la muerte.” Al analizar el cuadro fáctico, es evidente que no establece en ninguno de sus apartados cuales eran las órdenes que el imputado Cristian Josué López Cabrera y el resto de los acusados tenían que ejecutar, aunque nuestro sentido común nos lo diga, el recurso de casación exige que los elementos del tipo penal deban estar subsumidos en el relato de hechos, pues no se puede suponer nada, debe quedar totalmente claro y contundente que el acusado ejecutó alguna orden y además debe ser específico porque esa orden es contraria con nuestra carta magna o con otra ley secundaria; o debe establecer el cuadro fáctico además que los acusados se abstuvieron de cumplir ciertos ordenamientos jurídicos; la censora establece que los uniformados excedieron el uso de la fuerza que se regula en el reglamento de la ley de la policía militar; pero el Juzgador en los hechos probados nada refirió al uso de la fuerza o al estamento legal ya mencionado; en ningún apartado de los sucesos probados podemos encontrar cumplido uno de los verbos rectores “dictar, ejecutar o abstener”, pues reiteramos, aunque sepamos que los policías tiene una obligación de protección de la ciudadanía, esa circunstancia debe quedar debidamente plasmada así en la fundamentación fáctica, pues no es posible conjeturar ninguna situación. Por las razones antes expuestas se declara no ha lugar el primer motivo de casación por infracción de ley. Segundo Motivo • Norma autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. • Norma sustantiva que se denuncia infringida: artículo 349 numeral 3 del Código Penal. • Concepto de la infracción: falta de aplicación del delito de violación de los deberes de los funcionarios. • Pretensión: que se case la sentencia y en su lugar se profiera una ajustada a derecho. Explicó la recurrente que el Juzgador al desarrollar el cuadro fáctico, describe actuaciones ejecutadas por los policías militares del orden público Justino Vasquez Amaya, Jimmy José Castillo y Olvin Ismael Blandin Espinal, que según la censora, se enmarcan en la conducta reprochada de omitir su deber de funcionarios, es decir su deber de actuar cuando su compañero Cristhian López Cabrera decide sin justa causa darle patadas en la cara al ofendido José Orlando hasta provocarle una fractura de nariz y en segundo lugar no informaron a sus superiores de la conducta de su compañero. Del delito de violación de los deberes de los funcionarios. Puntualmente, el delito de violación de los deberes y obligaciones de los funcionarios, es un tipo penal de omisión propia cuya conducta criminosa se da cuando el empleado o funcionario público, conscientemente deja de hacer cualquier acto administrativo que se encuentra obligado a ejecutar como parte de sus funciones, aun y cuando estaba en posibilidad de realizarlo, siendo indiferente si con tal omisión se traduce o no algún resultado lesivo para la Administración Pública. La obligación de realizar el acto puede provenir de una ley, un reglamento, disposición administrativa de carácter general u orden de autoridad competente de índole particular. Reiteramos que el delito de violación de los deberes de los funcionarios, tiene la estructura propia de un tipo de omisión pura, con el que se procura tutelar el adecuado funcionamiento de la administración (entendida ésta en su sentido amplio), para la prestación de un buen servicio. Por ello comprende cualquier acto administrativo que se encuentre dentro de las funciones del agente, siendo un delito de simple actividad que se consuma con la omisión, el retardo o el rechazamiento, sin que se necesite la producción de resultado dañoso alguno. Como antes lo explicamos, el artículo 349 No. 3) del artículo mencionado, castiga, a quien omite, rehúse o retarde algún acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo, derivándose de la redacción de tal modalidad delictiva, que las misma se incluyen dentro de que doctrinariamente se conoce como abuso omisivo”. El penalista argentino, CARLOS CREUS, refiriéndose a esta figura en el Código Penal de su país, explica que: “...la tercera forma castiga una conducta omisiva: no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento incumba al funcionario. Tratase pues, de un tipo omisivo y por eso, no comete este abuso de autoridad (que un tanto impropiamente puede denominarse incumplimiento de los deberes de funcionario público) el funcionario que lleva a cabo actos contrarios a las disposiciones de la ley. Aquí el abuso consiste en la decisión de no ejecutar la ley, es decir, de no aplicarla, prescindir de ella, no actuarla en la realidad, como si no existiera (p.ej., no dictar la prisión preventiva cuando corresponde, no observar el acto administrativo viciado cuando el funcionario ejerce funciones de contralor); pero cuando lo que importa la inejecución de la ley es una actividad (p.ej., dictar una resolución cuando no corresponde hacerlo), ya no estaremos ante una omisión, sino ante uno de los abusos previstos en las formas anteriores.” (vid. CREUS, CARLOS, Delitos contra la Administración Pública, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1981, pág. 192). Son elementos objetivos del tipo penal: 1. Sujeto Activo: empleado o funcionario público. El Código Penal, en el artículo 393 señala que se reputará funcionario o empleado público a toda persona natural que, por disposición de la ley o por nombramiento de autoridad competente, participe en el ejercicio de funciones públicas o desempeña un cargo o empleo público. Si bien este concepto está vigente a la fecha, el mismo ha sido ampliado por la Convención Interamericana Contra la Corrupción, (en adelante CICC), al señalar que funcionario público o servidor público es cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos (Art. 1 CICC), con independencia de su antigüedad agrega el Art. 2.a.1 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (en adelante CNUCC). 2. Sujeto Pasivo: lo constituye el Estado de Honduras, al ser el garante de una correcta administración pública, entendiéndose como tal el correcto desempeño del Estado en todas las actividades que realiza, las que deben caracterizarse por su legalidad, eficacia, eficiencia, probidad, economía, prontitud, imparcialidad, igualdad y publicidad. 3. Conducta Criminosa: está definida con la descripción conductual contenida en los verbos rectores; tratándose del delito de Violación de los Deberes y Obligaciones de los Funcionarios Públicos, se requiere: a) Deber de realizar el acto omitido, lo que implica que el mismo ha de ser lícito y que el funcionario o empleado público esté obligado a realizarlo en virtud de estar dentro de las funciones inherentes a su cargo; b) Posibilidad material de realizar el acto, de modo que la omisión no sea a consecuencia de una imposibilidad material que justifique su no realización; c) Omitir, rehusar o retardar el acto obligado, lo que implica: i. Omitir, lo que requiere que el agente no realice la conducta funcional dentro del término señalado, y en los casos donde no exista término, dentro del periodo de tiempo en que la conducta pueda alcanzar el fin perseguido. También implica omisión cuando se realice la conducta funcional dolosamente tan ineficiente que no consiga los efectos normales; ii. Rehusarse (Negarse) lleva la condición no solo de omitir el acto dentro del plazo señalado o dentro del tiempo útil, sino de manifestar abiertamente su negativa a realizarlo como respuesta al ser requerido para su ejecución; y iii. Retardar, implica adoptar una conducta omisiva durante el tiempo en que se espera se realice el acto, es decir no realizar el acto durante el plazo o término previsto por la ley, reglamento, disposición u orden, o dentro del tiempo en que aquel sería útil, sino que se espera el vencimiento de este tiempo para realizarlo posteriormente. Como elementos subjetivos, el tipo penal exige que el sujeto activo actúe con dolo, que implica el conocer las funciones que debe cumplir como empleado o funcionario público, el conocimiento de su obligación de realizar dicho acto, conocimiento del plazo o tiempo en que debe de realizar el mismo y voluntad libre de no realizarlo. El tipo penal en estudio se caracteriza por ser un tipo penal abierto, por cuanto el acto omitido, rehusado o retardado dependerá del marco de atribuciones del empleado o funcionario público, a determinar en cada caso concreto, bajo el estricto amparo del principio de legalidad, además es un tipo penal de mera actividad por cuanto su consumación acontece con la sola omisión, renuencia o retardo del acto funcional, sin importar si existe o no resultado dañoso. Partiendo de lo anterior, se identifican como características del tipo penal de Violación de los deberes de los Funcionarios Públicos: A) Según su estructura: i) Tipo penal básico: por describir de manera independiente un modelo de comportamiento humano; ii) Tipo penal compuesto: ya que describe varios modelos de comportamiento distinto, cada uno de los cuales conforman por su mismo una modalidad típica distinta: se niegue, se abstenga, omita, rehuse o retarde y no preste. B) Según su contenido; i) Tipo penal de mera actividad, ya que el delito se agota con la mera acción del autor, sin que se requiera la producción de un resultado; ii) Tipo de conducta instantánea, al contener supuestos de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; iii) Tipo penal de omisión propia: al tener contemplado un supuesto de omisión como conducta criminosa (abstenerse); iv) Tipo penal en blanco, debido a que el supuesto de hecho es integrado por lo dispuesto en la Constitución y en las leyes de la República; C) Según el sujeto activo: i) Unisubjetivo, al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; ii) Tipo penal de sujeto activo calificado ya que exige que el sujeto activo tenga la condición especial de empleado o funcionario público y que con ocasión de éste desempeñe observe la omisión reprochada; D) Según el bien jurídico tutelado: i) Tipo penal mono ofensivo, al proteger un único bien jurídico, el cual es la Administración Pública, que puede verse afectada por el arbitrario ejercicio de la función pública, al margen de las constituciones, leyes o deberes que la rigen; ii) Tipo penal de peligro: pues la conducta omisiva no necesariamente requiere un resultado material, una lesión al bien jurídicamente tutelado, basta que éste haya sido puesto en peligro para que se considere consumado el delito; la sola inactividad de la acción esperada en el tiempo, exigido por la ley o esperado consumar el delito, aun cuando no se diese resultado dañoso materialmente. Por todo lo expuesto es que en este tipo de delito no es posible la tentativa, ante la ausencia de un estadio intermedio entre la ejecución y la consumación. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Esta Sala de lo Penal al hacer la revisión del cuadro factico y confrontarlo con la norma penal denuncia por falta de aplicación, no encuentra correspondencia entre ellas; pues los hechos probados no revelan cual fue el accionar de los imputados Justino Vasquez Amaya, Jimmy Jose Castillo y Olvin Ismael Blandin Espinal, al momento en que observan a su compañero Cristian Josué López Cabrera, pedir los papeles de identificación al ofendido José Orlando Padilla Mejía; el primer hecho probados si bien establece la presencia de todos los acusados en la colonia Villafranca para realizar un patrullaje de rutina, tiene como centro del relato al acusado Cristhian Josué, pues refiere que fue él quien le solicita los documentos de identificación al ofendido y quien procede a golpearlo en su rostro con patadas causándole una fractura en su nariz; en tal sentido, el relato de hechos nada refiere a cual fue la actitud del resto de los policías militares cuando su compañero Cristhian Josué agredía físicamente al ofendido, pues tal como lo referíamos en el motivo anterior, no es posible suponer conductas, éstas deben quedar plenamente desarrolladas en los sucesos. Así mismo refiere la censora que los acusados Justino Vasquez Amaya, Jimmy José Castillo y Olvin Ismael Blandin Espinal no informaron de lo ocurrido a sus autoridades superiores, de las actuaciones de su compañero Cristian Josué López Cabrera; pero tal circunstancia en ningún momento fue relatado por el Juzgador en sus hechos, pues nada refieren a si los policías militares rindieron o no informe de lo ocurrido a sus jefes, al no plasmarlo así los hechos probados, no pueden configurar el delito de violación de los deberes de los funcionarios, pues no relata cuales fueron las acciones que omitieron realizar los acusados, razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación. Recurrente N° 2 Abg. Carlos Alexis Argueta Vigil, Acusador Privado Único Motivo • Norma autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. • Norma sustantiva que se denuncia infringida: artículo 36 del Código Penal. • Concepto de la infracción: falta de aplicación de un concurso medial. • Pretensión: que se dicte una nueva sentencia, que case el fallo recurrido. Explicó el recurrente que el Tribunal Sentenciador incurrió en infracción de ley por falta de aplicación del artículo 36 del Código Penal decreto 144-83, al establecer que no condenaba al imputado Cristhian Josué López Cabrera porque eso era jurídicamente improcedente, ya que no podía sancionar doblemente a una persona. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Esta Sala de lo Penal al revisar el recurso presentado por el recurrente, encuentra en buena parte de su impugnación, algunos desaciertos al momento de fundamentar y argumentar su recurso, pues hace referencia a la valoración probatoria y hace conjeturas que no aparecen en los hechos probados, por ejemplo refiere: “Aunado a esta valoración de la probanza, podemos inferir que el Tribunal concedió credibilidad y valor probatorio a lo declarado por los testigos Jose Orlando…” De igual forma refiere: “Aceptar el razonamiento al que arribó el Tribunal de que “jurídicamente es improcedente” sancionar penalmente a una persona, cuando con una sola acción incurre en dos o mas delitos seria un error gravísimo” Tales argumentos se refieren a juicios de valor externados por el Sentenciador en la valoración probatoria y en la fundamentación jurídica de la Sentencia; pero el recurso de casación por infracción de ley centra su accionar en la fundamentación fáctica (hechos probados) y no en los cuestionamientos que hace el censor. Tal como lo explicamos en el recurso de la fiscalía, los hechos probados deben ser claros y contundentes, pues no es posible suponer situaciones o dar por hecho conductas que no se establecen en los mismos; los hechos no revelan que los acusados hayan incurrido en el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, pues los sucesos no revelan que hayan incumplido alguna orden o reglamento, o hayan omitido cumplir algún deber de su cargo, pues aunque en teoría esas funciones son inherentes a los entes policiales, las mismas deben quedar así plasmadas en el cuadro fáctico. Para esta Sala de Casación el censor se equivocó al señalar la norma penal que consideraba como no aplicada, pues nos enfrentamos mas bien a una interpretación errónea del Sentenciador y no a una falta de aplicación; pero al vernos limitados en nuestro accionar debido al recurso presentado, no es posible pronunciarnos en el fondo. Así las cosas, no se observa en los hechos probados, ninguna otra acción penal por la cual deban responder los imputados y por lo tanto responder mediante un concurso ideal o medial, razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a) No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b) Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c) Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a) La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b) Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Observa esta Sala de lo Penal que los recurrentes 1 y 2 han interpuesto recurso de casación por quebrantamiento de forma, por lo que los motivos serán resueltos en un mismo apartado. Recurrente N°1 Abogado Iris Beatriz Fonseca Matamoros, fiscal del Ministerio Público. Único Motivo • Norma autorizante: artículo 362 numeral 4 del Código Procesal Penal. • Norma procesal que se denuncia infringida: artículo 338 regla quinta del Código Procesal Penal. • Concepto de la infracción: Que en la parte resolutiva de la sentencia se omita pronunciarse sobre todas las cuestiones debatidas. • Reclamación ex-ante: por haberse producido el vicio en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación. • Pretensión: que se anule el fallo recurrido, se ordene la devolución de los antecedentes para que se tramite conforme a la ley. Explicó la recurrente que el vicio se presenta ante el silencio que hace el Juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, respecto a los puntos antes señalados que fueron parte del debate por las partes procesales, dicha omisión constituyen un quebrantamiento de la forma tal y como lo establece nuestra ley procesal; el defecto se produce cuando el Juzgador en la parte resolutiva de la sentencia no da respuesta a una de esas cuestiones que fueron discutidas en el proceso, como ser el homicidio de la joven Heidi Gabriela López Cruz. De los motivos de casación regulados en el numeral 4 del Artículo 362 del Código Procesal Penal Establece el artículo 362 numeral 4 de nuestra ley procesal como motivos de casación: “Que en la parte resolutiva de la sentencia se omitan elementos esenciales, como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en el caso de condena.” Este motivo, contiene diversas hipótesis que conviene sistematizarlas así: a) Que en la parte resolutiva de la sentencia se omita la individualización precisa del imputado. La sección quinta del artículo 338 del Código Procesal Penal, señala que en la parte resolutiva de la sentencia se absolverá o se condenará a las personas imputadas, con pronunciamientos separados respecto de cada una de ellas, y de cada uno de los delitos de los que hayan sido acusados, debiéndose de determinar, caso de ser condenatoria la sentencia, la pena correspondiente a cada una de ellas y por cada infracción. Esa disposición refleja la exigencia de absoluta precisión que debe existir en la parte dispositiva de la resolución, puesto que al absolver o condenar, se debe indicar claramente sobre quién se está resolviendo. Evidentemente, esta exigencia cobra mayor intensidad cuando estamos ante varios procesados y sobre varias infracciones penales imputadas, ya que la precisión en la individualización de cada uno de ellos y las decisiones que se tomen, reflejará seguridad en lo resuelto, lo que, a su vez, tornará inequívoco el contenido del fallo. Ello es así, porque al momento de condena el juzgador debe tener total certeza de la ocurrencia del hecho y de la responsabilidad del encausado, de tal suerte que la omisión de los elementos esenciales de la causa (entre ellos la consignación precisa del imputado), incidiría en no apreciar dicho grado de convencimiento. Por supuesto, la individualización precisa del imputado se puede satisfacer tanto a través de su identificación plena, por medio de su tarjeta de identidad, o en su defecto por cualquiera de los medios establecidos en los Artículos 102 y 103 del Código Procesal Penal. b) Que en la parte resolutiva de la sentencia se omita la resolución de todas las cuestiones debatidas. El Artículo 337 Código Procesal Penal, consigna el principio de congruencia de la sentencia con la acusación, según el cual la sentencia no podrá tener por acreditados otros hechos que los descritos en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos, en el auto de apertura a juicio, y eventualmente en la ampliación de acusación y su respectiva contestación, ni calificar, en perjuicio del procesado, los hechos de forma distinta al establecido en esos momentos procesales, Pero, por supuesto, el Tribunal de Sentencia podrá calificar en forma más benéfica el hecho imputado, calificándolo como falta o inclusive absolver. La falta de adecuación entre la parte dispositiva y las pretensiones de las partes planteadas en el juicio, puede referirse a: a) que la sentencia otorgue más de lo pedido por el acusador; y, b) que resuelva cosa distinta a lo pedido por las partes, omitiendo de esa forma el pronunciamiento respecto de las pretensiones deducidas en juicio. El vicio en análisis se refiere a esto último, es decir cuando no se resuelve en la sentencia sobre todos los puntos que hayan sido objeto de acusación o defensa (incongruencia omisiva). La esencia de la infracción estriba, en que si el tribunal no da respuesta positiva o negativa a cada uno de los extremos planteados por las partes, esa abstención o silencio del órgano judicial es capaz de provocar indefensión a quien espera que el mismo, fundadamente, emita una resolución razonada. Ello ocurrirá, por ejemplo, en el caso de imputarse al procesado la comisión de varios delitos, y sólo se condene o absuelve por uno de ellos, omitiéndose pronunciar sobre los restantes. c) Que la parte resolutiva no efectúe la determinación exacta de la pena en caso de condena. Establece la sección quinta del Artículo 338 Código Procesal Penal, que, en caso de condena, la parte resolutiva de la sentencia determinará la pena correspondiente a cada uno de las personas acusada y por cada infracción. Esta sería la disposición infringida con la ocurrencia del presente vicio, que reflejaría la no resolución de un elemento trascendental en la resolución condenatoria: el tipo de pena y el quantum de ella, como sucedería, por ejemplo, en el caso en que, tratándose de una infracción que tuviera como pena principal la reclusión superior a cinco años, al momento de fijarse la pena no se condenara por las penas accesorias, o, que, señalándose en la sentencia que existe en concurso ideal de delitos, sólo se impone la pena correspondiente a uno de ellos, sin estimarse el aumento que manda la ley. De la Procedencia del Recurso. El Motivo es de Recibo. Esta Sala de lo Penal ha revisado de manera detallada el vicio denunciado por la fiscal del Ministerio Público y en efecto, el Sentenciador omitió en la parte resolutiva de la sentencia, hacer pronunciamiento respecto de los hechos imputados al acusado Cristhian Josué López Cabrera respecto a la muerte de la ofendida Heidi Gabriela López Cruz. La parte resolutiva que el juzgador plasmó en su sentencia dice: “Falla: Primero: Que debemos condenar y condenamos a Cristhian Josué Lopez Cabrera cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor directo responsable penalmente del delito de lesiones menos graves en perjuicio del señor José Orlando Padilla Mejia, a la pena de un (1) año con seis (6) meses de reclusión, la cual deberá cumplirse en el centro penal que considere más conveniente el juez de ejecución de la pena. Dicha pena de reclusión deberá descontarse del cómputo de la pena el tiempo en que el imputado ha permanecido en efectiva prisión como consecuencia del cumplimiento de la medida cautelar de prisión preventiva que se le ha impuesto por esta causa. Segundo: Que debemos condenar y condenamos a Cristhian Josué Lopez Cabrera a las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal, así como a trabajar en labores penitenciarias de conformidad a la Ley. Tercero: Se declara la responsabilidad civil de Cristhian Josué Lopez Cabrera a favor del ofendido del delito por el cual es condenado, la cual deberá ser tasada en la fase de ejecución de la sentencia. Cuarto: Se decretar la pena del comiso de la evidencia consistente en una bolsa plástica transparente sellada y firmada conteniendo en su interior 5 casquillos color amarillo del cual es procedente ordenar su destrucción ante el Juez de Ejecución competente. Quinto: Asimismo debemos absolver como en efecto absolvemos Cristhian Josué Lopez Cabrera del delito de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública. Sexto: Debemos absolver como en efecto absolvemos a Jimmy José Castillo de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública. Séptimo: Debemos absolver como en efecto absolvemos a Justino Vásquez Amaya, de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública. Octavo: Debemos absolver como en efecto absolvemos a Olvin Ismael Blandin de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública. Noveno: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio al condenado Cristhian Josué Lopez Cabrera como tampoco al Ministerio Publico por disposición expresa de la Ley, ni tampoco a la Acusación Privada. Décimo: Se ordena extender la carta de libertad definitiva, una vez que la sentencia adquiera el carácter de firme por los delitos en que se ha emitido un fallo absolutorio a favor de cada uno de los imputados. Decimo Primero: Notifíquese la presente sentencia a las partes procesales. Así por esta nuestra Sentencia, la pronunciamos, mandamos y firmamos.” Al revisar detenidamente la parte resolutiva de la sentencia recurrida, confirmamos la denuncia de la censora, pues el Sentenciador ha omitido establecer si al acusado Cristhian Josué López Cabrera se le condenó o absolvió por el delito de homicidio en perjuicio de la joven Heidi Gabriela López Cruz, lo que sin duda alguna acarrea reproche casacional, por lo que se declara ha lugar el presente motivo de casación. Recurrente N°2 Abogado Carlos Alexis Argueta Vijil, Acusador Privado Primer Motivo • Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Norma procesal que se denuncia infringida: artículo 202 del Código Procesal Penal. • Concepto de la infracción: violación a las reglas de la sana crítica • Reclamación ex-ante: no se hizo reclamo alguno para subsanar la violación denunciada por cuanto esta se produjo en la sentencia impugnada. • Pretensión: que se anule la sentencia y se celebre un nuevo juicio. Explicó el recurrente que la sentencia viola flagrantemente las reglas de la sana crítica racional de derivación y razón suficiente, lo que constituye un vicio de logicidad y una causal de casación en la forma; lo que se observa al momento de revisar la valoración de la prueba externada por el Juzgador. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Critica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i.Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii.Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo con relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la Lógica no formal, llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso. El Motivo es de Recibo. Observa esta Sala de lo Penal, que en buena parte del recurso presentado, lo que realiza el censor es enlistar y transcribir literalmente la prueba, para luego proceder a otorgarle el valor probatorio que a su criterio le merecen, efectuando en muchas oportunidades argumentos de instancia; todo lo cual, no es correcto en esta etapa casacional, pues no compete al recurrente, ni mucho menos a esta Sala de lo Penal efectuar una revaloración de las pruebas. Sin embargo, también analiza esta Sala de Casación, que algunos de los señalamientos del censor son correctos y podemos concluir que en efecto el Juzgador transgredió las reglas de la sana crítica al momento de valorar ciertas pruebas, yerros que se establecen a continuación: 1) En el apartado “Valoración” pagina 30 de la Sentencia el Tribunal expresó: “En ese orden de ideas si bien es cierto de la autopsia se desprende que la joven Heydi murió como consecuencia de una herida por proyectil de arma de fuego, se constata que la herida tuvo orificio de salida, es decir, no fue encontrado en el cuerpo de la víctima la bala que produjo su muerte, y al haber sido encontrado indicios de diferentes calibres en la escena en donde se suscitaron los hechos, entre ellos LC 8.5 que según la Armería no es de uso de la Policía Militar, aunado al hecho que de manera congruente el Acta de Registro y Decomiso practicada al imputado Cristian Josué López de su arma de reglamento tipo fusil, Marca M4 Carbine, Serie A0398273, el mismo se describe como calibre 5.56 mm, y ante la aseveración esgrimida por el perito Octavio Alonzo Valenzuela a una interrogante formulada en el juicio que si ¿en algún momento se le había puesto a disposición algún tipo de ojiva para determinar que arma había disparado?, el perito respondió que si no estaba plasmada ninguna comparación balística significa que no se hizo, como en efecto aconteció en el caso que nos ocupa, por lo que a criterio de este Tribunal no se puede establecer con certeza cuál de los disparos fue el que causó la muerte de la joven Heydi Gabriela López, es decir al haber existido un enfrentamiento tal como lo estableció el imputado Jimmy José Castillo, no es posible conocer al grado de certeza, quien fue el autor de la muerte de la joven Heydi, aun cuando el dictamen balístico refiera que el fusil decomisado al imputado Cristian López Cabrera fue el que disparó los 5 proyectiles encontrados como indicios, en vista de que la munición decomisada a éste junto a su fusil conforme al acta de decomiso es de 5.56 y no .223 ni LC 8 5, aunado al hecho que ante la constancia extendida por la Armería de las Fuerzas Armadas en la cual consta firma y sello del emisor de dicho documento, se asevera que la única munición que dicha Armería les provee a la Policía Militar es el calibre 5.56x51, por lo cual no existe claridad en este extremo respecto al resultado de la pericia, resultando incongruencias al respecto.” Para esta Sala de lo Penal y tal como lo hace ver el recurrente, en este apartado se violenta la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, pues el Tribunal Sentenciador cuenta con un dictamen balístico realizado por un experto, en el que se establece que los cinco proyectiles encontrados en la escena de los hechos, pertenecen al fusil decomisado al imputado Cristhian López Cabrera, pero a pesar de esa prueba concluyó que no es posible establecer que arma fue la que vedó la vida a la ofendida Heidy Gabriela López Cruz, el Sentenciador afirma que existió un fuego cruzado entre los agentes militares y los pobladores del lugar, pero esa versión fue expresada únicamente por el imputado Cristhian Josué López Cabrera, pues con el resto de prueba no es posible confirmar esa versión, ya que los otros acusados en su derecho, guardaron silencio. 2) En otro apartado de su valoración el Tribunal Sentenciador afirmó: “En relación a lo declarado por los testigos José Orlando Padilla Mejía y Jorge Alberto López respecto a señalar al imputado Cristian Josué López como la persona que golpeó en el rostro al señor Padilla, este Tribunal le concede credibilidad en virtud de que dicho hecho aconteció con anterioridad enfrentamiento acaecido entre el grupo de personas de la colonia y los policías en referencia, ya que según indicó el señor Padilla cuando él se conducía por las canchas el día 02 de enero del 2016, el imputado Cristian a quien identificó como el chele lo requirió y le solicitó su identificación y sin motivo alguno procedió a golpearlo con patadas en su rostro hasta provocarle una fractura en su nariz, lo cual es confirmado con el dictamen Médico Forense de la perito Elsa Rosa Dávila, quien concluye en su dictamen la existencia de una incapacidad medica de veintiún (21) días a partir del hecho, como también se constató con dicha pericia la existencia de equimosis, edema en región nasal las cuales son compatibles a las producidas por objeto romo, concluyendo con un diagnostico hospitalario de fractura nasal del señor José Orlando Padilla.” En este apartado el Juzgador nuevamente violenta las reglas del correcto pensamiento, en su postulado de derivación y razón suficiente, pues el Sentenciador afirma que concede valor probatorio a las declaraciones de los testigos José Orlando Padilla Mejía y Jorge Alberto López en relación a que el acusado Cristhian Josué López Cabrera fue quien golpeó salvajemente al ofendido José Orlando Padilla sin motivo aparente; pero no le merece credibilidad en sus dichos, cuando afirman que no hubo tal fuego cruzado entre supuestos pandilleros y los uniformados, al respecto el Tribunal no puede segmentar el valor probatorio de un testimonio que constituye un todo armónico, pues es un relato cronológico y detallado de lo que una persona observa en relación a la dinámica de los hechos, por tanto esta Sala de lo Penal ya ha establecido que, o se le concede credibilidad a un testigo o no se le otorga confianza, pero dicho ejercicio mental sin duda alguna violenta la regla lógica de derivación en su principio de razón suficiente, pues no cuenta el Sentenciador con razones lógicas para conceder credibilidad a cierta parte del testimonio y al resto no darle confiablidad. 3) A pagina 38 de la Sentencia recurrida el Tribunal de Sentencias afirmó en relación a la prueba balística realizada al arma decomisada al imputado y a los 5 casquillos encontrados en la escena del crimen: “Con dicha pericia se acreditó el buen funcionamiento mecánico y operativo de todas las armas de fuego de fuego arriba descritas y decomisadas a cada uno de los imputados. Cabe señalar que este medio de prueba es relacionado con el Acta de Levantamiento del Cadáver y Recolección de Indicios 0014 y a su vez con la Constancia extendida por la Armería de las Fuerzas Armadas, ya que en estos dos últimos medios de prueba hacen una clara distinción que los casquillos encontrados en la escena del hecho son LC 85 y 2.23 son calibres diferentes, como también en la constancia de la Armería de las Fuerzas Armadas se hace una diferenciación que el calibre 5.56x51 es el único calibre que se suministra a la Policía Militar de Orden Público al igual que afirma que la Armería no comercializa y tampoco ha proporcionado el tipo de munición LC 85, asimismo en las actas de registro y decomiso realizadas al imputado Cristian no se hace referencia a la existencia de munición de dichos calibres, únicamente refiere la 5.56 lo que es coincidente con el oficio emitido por la Armería. Sobre el uso del calibre 5.56 como munición convencional y estándar autorizada por la OTAN la cual es suministrada al ejército y a la Policía Militar se debió a varias razones -según la información que se plasma en los medios electrónicos-que la experiencia soviética con el AK-47 demostró que en la guerra moderna es mejor llevar más balas (aunque sean menos potentes, cada soldado puede llevar más del doble de munición sin aumentar ni el peso ni el volumen transportado) y que sus resultados son tan letales como los de una bala expansiva pero sin contradecir la convención de Ginebra (donde se prohibieron las balas expansivas para "humanizar" la guerra). La sustitución de todo el armamento para usar el nuevo calibre representaba un negocio más que considerable ya que el calibre 5,56 presenta más ventajas que inconvenientes viéndose como el estándar que permanecerá por mucho tiempo en el área militar, por lo que no se explica este Tribunal que ante la información proporcionada por la Armería de las Fuerzas Armadas la pericia en balística concluye que los cinco proyectiles presentados como evidencia si fueron percutidos por el arma de fuego tipo fusil, marca Coll, modelo M4, calibre 5.56 x 45mm, con número de serie A0398273 el cual conforme al acta de registro y decomiso le fue decomisado al imputado Cristian Josué Lopez Cabrera junto con treinta cartuchos, es decir, ya que el imputado Cristhian junto a sus compañeros Justino Vásquez, Jimmy José Castillo y Olvin Ismael Blandin se encontraban realizando un recorrido de rutina como Policías Militares en la colonia Villa Franca portando sus armas de reglamento cuya munición que se les provee como policías Militares por dicha Armería es la 5.56 y no la LC 85 la cual según dicha constancia no comercializa la Armería ni tampoco ha proporcionado esa munición a la Policía, tampoco se presentó constancia alguna por parte de las partes acusadoras que este tipo de municiones se les proporciona a los policías para el desempeño de sus funciones, lo cual deja un margen de duda para este Tribunal sobre ese extremo ya que al no comercializarse dicha munición LC 85 ni ser proporcionada a la policía deja abierta la posibilidad de que dicha munición también sea utilizada con armas hechizas las cuales son elaboradas para ser manejadas tanto con calibre comercial como de uso prohibido, es decir, que aun cuando dicha munición presente las mismas características de clase y capaz de ser percutida con el arma que le fue decomisada al imputado Cristian López y ante los hechos relatados por el imputado Jimmy José Castillo sobre la existencia del enfrentamiento de dichos policías con un grupo de aproximadamente 8 a 10 personas de dicha colonia tampoco excluye por todas las razones que ya se han expuesto ampliamente, que dicha munición la utilicen con armas hechizas, las cuales se caracterizan de poseer los grupos de maras o pandillas, ya que para un policía es de basto conocimiento que el hecho de disparar calibres diferentes del que se ha diseñado el arma, representa un grave peligro para su propia seguridad ya que ante un enfrentamiento armado, por sentido común es muy probable que el proyectil se trabe en la recamara y evite el disparo, poniendo así en peligro su vida. Por otra parte también existe la duda respecto a las conclusiones arribadas con esta pericia respecto a que los cinco proyectiles fueron disparados por el arma de fuego incautada al imputado Cristian López en vista de que del acta de registro y decomiso se desprende que a este le fueron decomisados los treinta cartuchos de munición, es decir que tiene completa su munición. Es así que en un juicio oral y público para arribar a un fallo de certeza conforme a las pretensiones de la Acusación no solo se debe de valorar un único medio de prueba aun cuando sea científico, sino también todos los medios de prueba en su conjunto relacionados con las circunstancias del hecho deben orientar a una misma dirección, como también toda la prueba debe ser coherente y veraz en todos sus sentidos, no obstante, en el presente juicio se dieron varias.” Para esta Sala lo Penal en este apartado el Juzgador nuevamente violenta las reglas de la sana crítica, específicamente la lógica en sus postulados de derivación y suficiencia; pues el Tribunal realiza un juicio de valor erróneo al darle credibilidad al acta de levantamiento de indicios que es realizado por un agente de investigación sin un conocimiento específico en balística, que al propio dictamen pericial realizado por un experto y conocedor de la balística quien determinó que las 5 balas encontradas en la escena del crimen fueron percutidas por el arma de fuego que portaba el imputado Cristhian Josué López Cabrera; resulta contrario a la lógica de derivación que el Juzgador no derive del dictamen pericial el resultado que se desprende de ello, pues en el acta de levantamiento lo que se establece es la leyenda que tienen las balas encontradas, pero en ningún momento se habla de calibres; por lo que en este apartado nuevamente se violenta la regla de la lógica, razones suficientes para declarar ha lugar el presente recurso de casación, declarando parcialmente la nulidad de la sentencia y del debate celebrado, ordenando la celebración de un nuevo juicio con jueces distintos a los que participaron en el juicio anulado, todo en relación al delito de homicidio en perjuicio de Heidi Gabriela López Cruz y por el cual fue acusado el señor Cristhian José López Cabrera. Segundo Motivo • Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Norma procesal que se denuncia infringida: artículo 202 del Código Procesal Penal. • Concepto de la infracción: violación a las reglas de la sana crítica • Reclamación ex-ante: sin determinar por el censor. • Pretensión: sin determinar por el censor. Explicó el recurrente que en la fundamentación jurídica de la Sentencia y en relación a los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, la acusación pública y privada fueron del criterio que los imputados Jimmy José Castillo Martínez, Justino Vasquez Amaya y Olvin Ismael Blandin Espinal, incurrieron en esos delitos en virtud de que estaban obligados a proceder a la detención de Cristhian Josué López al momento del hecho; sin embargo el Juzgador señaló que debido al supuesto enfrentamiento de los militares con los pobladores con piedras y disparos no fue posible hacerlo, argumento que consideran falaz y un acto para justificar la falta de acción de los imputados. De la Procedencia del Recurso. El Motivo es de Recibo. Para esta Sala de lo Penal en este segundo motivo al recurrente también le asisten la razón, pues en el caso de los razonamientos que utilizó el Sentenciador para determinar la no culpabilidad de imputados en los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, en la fundamentación jurídica de la Sentencia expresó: “C. El delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios en perjuicio de La Administración Pública, delitos contenidos en el artículos 349 No.3 del Código Penal el cual establece que: "Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: 1)....2)..3) Omita, rehusé o retarde algún acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo. Nuestro Código Penal en su artículo 393 establece que "se reputa funcionario o empleado público a toda persona natural que, por disposición de la ley o por nombramiento de la autoridad competente, participe en el ejercicio de funciones públicas o desempeñe un cargo o empleo público". Indicó el Ministerio Publico y la Acusación Privada que los imputados Jimmy José Castillo Martínez, Justino Vásquez Amaya y Olvin Ismael Blandin Espinal incurrieron en este delito en virtud de que estaban obligados a proceder a la detención de Cristian Josué López Cabrera al momento del hecho. En el presente caso conforme a la prueba evacuada en juicio se acreditó con la Constancia extendida por la Sección de Recursos Humanos (S-1) del Cuarto Batallón de Policía Militar de Orden Público que efectivamente los imputados en referencia son policías Militares y por ende empleados públicos, como también a través de la prueba testifical de cargo de los señores Jorge Alberto Ilovares y Jose Orlando Padilla, así como la propia declaración del imputado Jimmy José Castillo, estos se encontraban realizando un recorrido de rutina en la colonia Villa Franca, el día dos de junio de 2016, no obstante de la prueba evacuada en juicio se acreditó que seguidamente de que el imputado golpeó al señor José Orlando Padilla, escucharon unos silbidos y observaron que se dirigían hacia ellos un grupo de 8 a 10 individuos quienes los agredieron con piedras y al menos un arma de fuego, lo cual provocó un enfrentamiento con los policías, siendo esta circunstancia a criterio del Tribunal que impedía una actuación como la esperada por la acusación privada, dado que ante las circunstancias de riesgo hacia sus vidas la reacción es que todos los policías actúen protegiendo la misma así como su integridad física, pues dicho sector es conocido como una colonia de mucha delincuencia por la existencia de grupos de maras y pandillas, siendo esta la razón por la cual ante dichas circunstancias no es posible exigir de los policías un comportamiento como el que normalmente se espera de un policía. Asimismo los policías Justino Vásquez, Jimmy Castillo y Olvin Ismael a criterio de este Tribunal no podían detener a Cristian al momento en que resultó la muerte de Heydi en vista de que se encontraban en dicho enfrentamiento, como tampoco podían detener a Cristian si no hay prueba de que este era el autor de la muerte de Heydi. En tal virtud a criterio de este Tribunal no se cumplen los elementos objetivos ni subjetivos de este delito. D. El delito de Abuso de Autoridad: Establece el artículo 349 del Código Penal que: "Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: 2) Dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la república o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos. De igual manera que el anterior, el elemento objetivo de este delito en primera instancia es la acreditación de la condición de funcionario público, dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos. Y el elemento subjetivo está determinado por el conocimiento de que realizar esa conducta es contraria a sus funciones como funcionario público. Indicó el Ministerio Público que este delito se configura en relación a Cristhian Josué López al haber ejecutado el delito de Homicidio en perjuicio de la joven Heydi Gabriela López y el delito de Lesiones en perjuicio del señor José Orlando Padilla lo cual es contrario a la Constitución y en relación a los imputados Jimmy José Castillo, Justino Vásquez Amaya y Olvin Ismael Blandin en virtud de que estos estaban obligados a proceder a la detención de Cristhian Josué López al momento de conocer el hecho y no lo hicieron sino que en su lugar le daban seguridad a éste y se fueron junto a el. Y por su parte el Acusador Privado realizó el mismo argumento para subsumir la supuesta acción de los imputados en el delito de Torturas por el cual pretendió que se ampliara la acusación a su instancia, también por el delito de Abuso de Autoridad y por el de Violación de los Deberes de los Funcionarios, en el caso del imputado Cristhian Josué López por haber ejecutado a su parecer la muerte de la joven Heydi Gabriela López y en el caso de los imputados Jimmy José Castillo, Justino Vásquez Amaya y Olvin Ismael Blandin por permitir que Cristhian ejecutara los hechos ya mencionados y en lugar de detener a Cristian López, le daban seguridad al momento en que este ejecutaba los hechos de homicidio y lesiones. Indicó el Acusador Privado en cuanto al Abuso de Autoridad que como funcionarios deben de darnos la confianza de que cuando seamos requeridos podamos encontrarnos ante una autoridad respetuosa, sin embargo Cristian Josué López Cabrera hizo caso omiso a lo que establece el artículo 9 y 13 del reglamento de la Ley de la Policía Militar del Orden Público, igualmente hace caso omiso a lo que establece la Constitución de la Republica como norma principal de su actuar y somete a una golpiza a José Orlando, lo hace simple y sencillamente porque andaba uniformado y andaba armado ejerciendo actos de seguridad contratado por el Estado. A criterio de este Tribunal los entes acusadores improvisaron en todo momento al pretender subsumir varios delitos en una misma acción ya que por una parte solicitaban una sentencia condenatoria en contra de Cristian por el delito de Homicidio y Lesiones en perjuicio de Heydi Gabriela Cruz y José Orlando Padilla respectivamente, pero a la vez pretendían que se le castigara doblemente por ese mismo hecho por el delito de Abuso de Autoridad lo cual jurídicamente es improcedente y respecto a los imputados Jimmy José Castillo, Justino Vásquez Amaya y Olvin Ismael Blandin con el mismo argumento pretendían que se condenara por los delitos de abuso de autoridad y también por el de Violación de los Deberes de los Funcionarios, lo cual tampoco es posible ya que es obligación de los entes acusadores calificar correctamente los tipos penales y aportar las pruebas suficientes para quebrantar el estado de inocencia de los imputados, sin embargo respecto a estos delitos por ser el mismo argumento utilizado por los entes acusadores para calificar estos delitos lógicamente el criterio del Tribunal es el mismo esgrimido que en el delito anterior.” Para esta Sala de Casación el razonamiento del Sentenciador es contrario a las reglas de la sana crítica, pues no ha derivado del resultado probatorio las conclusiones que de ello emanan; en primer lugar afirma el Juzgador que los imputados Jimmy José Castillo Martínez, Justino Vasquez Amaya y Olvin Ismael Blandin Espinal, no procedieron a detener al imputado Cristhian Josué López, pues todos ellos estaban defendiéndose de un supuesto fuego cruzado que se había dado el día de los hechos y si ese supuesto fuego cruzado se dio, resulta evidente que no lo van a detener en ese mismo momento, pero una vez que se presentaron a la autoridad policial para informar lo sucedido, nada hicieron al respecto; el Sentenciador en sus raciocinios nada refiere a los aspectos señalados por el recurrente. Por todas las razones expuestas, esta Sala de lo Penal considera que el Juzgador ha efectuado razonamientos contrarios a las reglas de la sana crítica que merecen reproche casacional, por lo que es procedente declarar ha lugar el presente motivo de casación, ordenar la nulidad parcial de la sentencia y del debate celebrado y decretar la celebración de un nuevo juicio con togados diferentes a los que participaron en el juicio anulado. Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe utilizar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos en que se fundan (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Litocom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Esta Sala de lo Penal no procede a dar respuesta en el fondo al primer motivo de casación por infracción de precepto constitucional interpuesto por la Acusación Privada, toda vez que se ha resuelto a favor los motivos de casación por quebrantamiento de forma y se ha ordenado la nulidad parcial de la sentencia recurrida y del debate celebrado, lo que constituye la misma pretensión en el primer motivo por infracción de precepto constitucional. Recurrente N°2 Abogado Carlos Alexis Argueta Vijil, Acusador Privado Segundo Motivo • Norma autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. • Norma Constitucional que se denuncia infringida: artículo 90 de la Constitución de la República. • Concepto de la infracción: infracción al debido proceso • Pretensión: que se anule la decisión de no juzgar a los imputados por el delito de torturas. Explicó el recurrente que en el momento procesal oportuno se solicitó al tribunal la modificación de la calificación de los hechos por el delito de tortura en contra el imputado Cristian Josué López Cabrera, que no se estaba modificando los hechos, sino corrigiendo una omisión y presentando una correcta calificación de los hechos que se debía juzgar; de igual forma sucedió con los otros coimputados Justino Vasquez Amaya, Jimmy José Castillo Martínez y Olbin Ismael Blandin Espinal, al solicitar se ampliara para éstos por el delito de tortura. Decisión que fue declarada no ha lugar por parte del Tribunal de Sentencias, sin haber escuchado el parecer del Ministerio Público en relación a la petición de la acusación privada, sino que solo se escuchó el parecer de la defensa de los imputados. Del Debido Proceso Penal La Garantía del debido Proceso se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, definido tradicionalmente como aquel que garantiza que nadie puede ser condenado sino tras haber sido juzgado por un Tribunal competente, bajo las formalidades previamente previstas en la ley; Sin embargo el Principio del Debido Proceso más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, como ser el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros, en fin el Principio del debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. El debido proceso se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. La Sentencia debe ser el resultado de la celebración de un debate en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la sentencia se convierte en un fruto viciado; Estas reglas esenciales son los principios informadores de la fase de juicio: defensa, presunción de inocencia, contradicción, inmediación, oralidad, concentración y publicidad. (Al respecto ver fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de noviembre del 2011 en Exp 318-2010). De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Para esta Sala de lo Penal y conforme lo alega el recurrente no ha existido violación al debido proceso por parte del Tribunal Sentenciador al declarar no ha lugar la pretensión de la acusación privada de ampliar la acusación a los imputados por el delito de torturas; se pudo verificar según acta de debate que corre agrada al expediente judicial, que a folios 359-361 se encuentra la formalización de la acusación que hiciera el Ministerio Público, el Acusador Privado, la contestación de cargos de la defensa y la respuesta del Juzgador a la solicitud presentada, en resumen se establece: “Formalización de Acusación Ministerio Público: … en cuanto a la calificación de estos hechos el Ministerio Público considera que se cometió el delito de homicidio simple con dolo eventual en perjuicio de la joven Heidi López Cabrera que está previsto en el artículo 116, en relación al| 13 en su segundo párrafo del Código Penal, el cual conlleva una pena de 15 a 20 años, ello en virtud de que el delito sin duda fue realizado por una acción dolosa ya que el imputado estaba obligado como efecto de su acción que existía la posibilidad de producir un efecto dañoso constitutivo de delito, al disparar su arma de fuego en dirección de la casa de habitación donde se encontraba la victima junto a su padre y otro hermano, impactándole uno de los disparos en el cuerpo, así mismo considera el Ministerio Publico que se cometió el delito de Lesiones en perjuicio del señor José Orlando Mejía el cual se encuentra tipificado en el artículo 136 sancionado con una pena de 1 a 3 años, ello tomando en cuenta que según el Dictamen Forense fue incapacitado por más de 20 días, así mismo considera el Ministerio Publico que se cometió el delito de Abuso de Autoridad en perjuicio de la Administración Pública, previsto y sancionado en el artículo 349 numeral 2, cuya pena oscila entre 3, y 6 años, ello al haber ejecutado una acción que va en contra de lo establecido en la Constitución de la Republica, como lo es la integridad física de conformidad al artículo 188 de la Constitución de la Republica considera el Ministerio Publico que se da el delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios contenido en el artículo 349 numeral 3, del Código Penal, en relación al delito de Homicidio considera el Ministerio Publico que la responsabilidad s para el imputado Cristian Josué López Cabrera en virtud de que él le quito la vida a la joven Heidi Gabriela López Cruz, así mismo considera el Ministerio Publico que este mismo imputado participó en el delito de Abuso de Autoridad en perjuicio de la Administración Pública al haber ejecutado una acción en contra de la Constitución de la Republica, así mismo las lesiones en contra del señor José Orlando Padilla, en virtud de que él fue la persona que lo agredió físicamente al momento que fue requerido, en cuanto a los demás que serían Justino Vásquez Amaya, Jimmy José Castillo Martínez y Olvin Ismael Padilla Espinal considera el Ministerio Publico que estos incurren en el delito de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios de conformidad al artículo 349 numeral 2 y 3, se subsumen en el delito de Abuso de Autoridad y Violación a los Deberes de los Funcionarios, esto en virtud de que ellos estaban obligados a proceder a la detención de Cristian su compañero de grupo al momento de conocer el hecho, por lo que el Ministerio Público consideran que incurrieron en relación al delito de violación de los deberes de los funcionario, ello en concurso real. Formalización de Acusación Privada. Por economía procesal me voy a adherir a la formalización que ha hecho el Ministerio público a la acusación planteada en contra de los ahora imputados, sin embargo la acusación privada difiero personalmente en la calificación hecha por el ministerio público, en contra de los 4 imputados Cristian Josué López Cabrera, Jimmy Josué Vásquez Amaya y Olvin Ismael Blandin Espinal, en virtud de que considera la acusación privada que la acción cometida por Cristian Josué López Cabrera de lesionar o agredir físicamente al señor José Orlando Padilla Mejia, no solo constituye el delito de Lesiones, si no que conforme a lo que establece el artículo 209 del Código Penal, también se subsume en el tipo penal de tortura, esto porque como empleado del Estado en el ejercicio de sus funciones abusando de su cargo y castigan físicamente al señor José Orlando Padilla, empleando fuerza material y causándole una lesión en su nariz, de acuerdo al artículo 209-A esto constituye un delito independiente de Tortura para el señor Cristian Josué López Cabrera y en relación a los otros tres imputados Justino Vasquez Amaya, Jimmy Josué Martínez y Olvin Ismael Blandin Espinal, este artículo en uno de sus párrafos establece que las penas que se aplican al delito de Tortura a los empleados o funcionarios públicos, que con su aquiescencia y consentimiento faltando a los deberes de su cargo, permitieren que otros ejecuten los hechos anteriormente descritos, es decir el delito de Tortura, en este caso considera la acusación privada que los señores Justino Vásquez Amaya Jimmy Josué Martínez y Olvin Ismael Blandin al no detener al ahora imputado Cristian Joel López Cabrera, al momento de estar golpeando al señor José Orlando dieron su consentimiento, ya que más de detenerlo lo que estaban dando era seguridad, que este no exigiera ninguna acción en contra del señor Cabrera por lo que consideramos que se debe de ampliar por este delito autónomo de acuerdo a lo que establece el Código Penal, en lo demás me adhiero a lo establece el Ministerio Publico, en cuanto a los delitos de Homicidio Simple con dolo eventual, Abuso de Autoridad y Cristian Josué López Cabrera hecha por el Ministerio Publico y el delito de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios en concurso real, en contra de los tres imputados Justino Vásquez Amaya, Jimmy Josué Martínez y Olvin Ismael Blandin, tomando en consideración que esta modificación de la ampliación que se hace parcialmente se hace en función de que el proceso los imputados se han venido defendiendo de hechos y no de calificaciones de delitos, ello en concurso real. contestación de cargos de la defensa: Primero manifestar que el acusador no puede estar adhiriéndose a lo que establece que se adhiere a una acusación por el delito de Abuso de Autoridad que no tiene ninguna representación del Estado y no es considerado victima en ese aspecto ninguno de los hoy ofendidos para poder estar mencionándose, tiene falta de acción para establecer que se está adhiriendo única y exclusivamente de los delitos que tienen que ver con sus patrocinados y la ampliación de acusación que ha manifestado en cuanto al delito de Torturas, en cuanto al Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes no tiene ningún tipo de autoridad, por parte del Ministerio Publico y de la Procuraduría General del Estado para poder ejerciendo dicha acción, el cual recalcamos este aspecto para que quede claro en la presente causa, en cuanto a lo manifestado por el Ministerio Publico que ha formalizado en este momento que es un requerimiento Fiscal en contra de Cristian por el delito de Homicidio con dolo eventual, asimismo Lesiones Simples y el Abuso de Autoridad, esta representación va a lograr establecer que mis representados en ningún momento ejerció ningún tipo de acción, para provocar el resultado que se conoce el día de hoy, lo que ha sido la muerte de una persona, una persona la cual aparentemente se sido denominado encontraba en la casa de habitación, cuando la persecución que a un sector caliente en virtud de estar estadísticamente comprobado bajo el encontró supuesto de grupos antisociales, en cuanto a lo manifestado en contra de mis otros representados Justino Vásquez Amaya, Jimmy Josué Martínez y Olvin Ismael Blandin han violado lo que ha sido un deber en virtud de que la acción se dio en un corto espacio de tiempo y ellos al momento de ejercer dicho operativo fueron reportadas inmediatamente a su superior jerárquico el cual era el encargado de el en pertinentes, en cuanto a ese momento y dio parte a las autoridades para que se dieran las investigaciones, la acusación y nos acusación privada ha establecido una ampliación de la preguntamos cuales son los hechos para poder establecer esta ampliación ya que se deben de tener hechos nuevos, contamos con el Dictamen Médico Forense, la evaluación física que se realizó al ofendida el cual no es un hecho nuevo, no sabemos cuál es el nuevo elemento para hacer dicha ampliación, una vez antes de empezar el debate tendrá que presentar las circunstancias o hechos para la ampliación que exige nuevos elementos de prueba que lo manifiesta el artículo 321, por lo que la defensa solicita que se declare sin lugar el mismo. Tribunal Delibera: En cuanto a la solicitud de ampliación de la acusación solicitada por el acusador privado quien se adhirió a la acusación del Ministerio Publico y solicito que se ampliara la misma por el delito de Torturas contenido en el artículo 209-A del Código Penal el cual es un delito de orden público ya que protege la libertad y la seguridad ya que el fin de la norma es perseguir los actos que cometieren los empleados o funcionarios públicos u otras personas en el ejercicio de las funciones públicas, en perjuicio de personas que tengan bajo su custodia, pero no es el caso que nos ocupa por lo cual no se ajusta al argumento expuesto por el acusador privado en ese orden de ideas, conforme a lo dispuesto en el artículo 24 del Código Procesal Penal, las acciones se clasifican en públicas y privadas, asimismo conforme al artículo 25 del mismo Código la acción penal por este delito de torturas le corresponde ejercerla únicamente al Ministerio Publico y no a la Acusación Privada por ser este delito de orden público, pero el Ministerio Publico al formalizar su acusación en ningún momento amplio la misma por el delito de Torturas, sosteniendo únicamente los delitos por los cuales fue elevada la causa a juicio, y en tal virtud el Acusador Privado carece de facultades según la norma adjetiva penal para incoar la acción penal por este delito en contra de los acusados. Por otra parte, conforme al artículo 321 del Código Procesal Penal tampoco se cumplen los presupuestos para solicitar una ampliación de la acusación pues no existen hechos nuevos para ampliar la acusación como pretende el Acusador Privado, máxime cuando se trata de un delito cuya pena es grave, en vista de todo lo antes apuntado, este Tribunal por unanimidad de votos declara sin lugar la ampliación de la acusación que ha solicitado la acusación privada, por improcedente.” Para esta Sala de lo Penal en ningún momento, con la denegatoria del Tribunal Sentenciador al acusador privado en el sentido de ampliar la acusación, se ha violentado el debido proceso, todo lo contrario, el Juzgador en aplicación irrestricta de nuestra ley procesal, determinó que la petición del acusador privado era improcedente, tal como lo hizo ver en su resolución donde argumentó en primer lugar que el propio acusador privado manifestó que se adhería a la acusación realizada por el Ministerio Público, desde ese momento aceptó los hechos y la calificación jurídica de las acciones cometidas por los imputados; en segundo lugar no era posible ampliar la acusación por un delito de orden público, cuando las facultades que el Código Procesal Penal otorga al acusador privado son limitadas, pues quien lleva la acción penal pública es el ente acusador de Estado. Esta Sala de Casación concuerda con el parecer del Juzgador en el sentido de que, no solo no estaba facultado el acusador privado para ampliar la acusación, sino que, desde que aceptó la formalización de la acusación pública, aceptó los hechos y la calificación jurídica realizada por aquella. Otro cuestionamiento del recurrente es que a su criterio, se le debió dar la palabra al Ministerio Publico para que se pronunciara sobre la petición de ampliación realizada por el acusador privado y que por eso se transgredió el debido proceso, argumento totalmente errado del censor, pues si se acababa de escuchar a la representación del Estado efectuar su formalización de la acusación y establecer los hechos por los cuales se iniciaba el juicio oral y la calificación jurídica que le daba a los mismos y sin manifestar nada la fiscal acerca de ampliar la acusación por el delito de torturas, qué sentido tenia concederle la palabra para pronunciarse sobre algo que ya había expresado su voluntad; así mismo si la intención de la Fiscalía del Ministerio Público era acompañar la decisión del acusador privada, nada ni nadie le impedía solicitar la palabra y establecerlo así, pero el silencio del ente acusador y su pasividad al planteamiento del acusador privado, denota cual era su voluntad. En ese orden de ideas y con los argumentos expresados por el Sentenciador, esta Sala de lo Penal no observa violación alguna al debido proceso que merezca reproche casacional, por las razones debidamente expresadas se declara no ha lugar el presente motivo de casación por infracción de precepto constitucional. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por infracción de ley en sus dos motivos, interpuestos por la fiscal del Ministerio Público; Se declara ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, interpuesto por la fiscal del Ministerio Público. Se declara no ha lugar el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo, interpuesto por la acusación privada; se declara ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en sus dos motivos, interpuesto por el acusador privado; Se abstiene de responder en el fondo el primer motivo de casación por infracción de precepto constitucional, interpuesto por el Acusador Privado; se declara no ha lugar el segundo motivo de casación por infracción de precepto constitucional, interpuesto por el Acusador Privado. De La Aplicación Retroactiva Del Código Penal Decreto 130-2017 Ya la Sala de lo Penal ha establecido mediante su doctrina legal, los lineamientos, normas y preceptos que se deben considerar para realizar un estudio y ponderación sobre la aplicación retroactiva de la ley penal, en este caso del decreto 130-2017; por lo que tomando como fundamento esa doctrina, procede a realizar la ponderación para determinar si resulta más favorable o no la aplicación retroactiva de la ley penal. (Doctrina Legal: *SP 301-2016 de fecha 28 de junio de 2022. *SP 397-2018 de fecha 24 de febrero de 2022. *SP 507-2018 de fecha 11 de noviembre de 2021. *SP 582-2019 de fecha 24 de febrero de 2022. *SP 623-2019 de fecha 01 de noviembre de 2023. *SP 11-2020 de fecha 01 de noviembre de 2023. *SP 104-2022 de fecha 06 de junio de 2023. Entre otros fallos dictados por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia.) Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto, por lo que de oficio esta Sala de lo Penal procede a realizar el estudio. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal decreto 144-83 en su artículo 136, declaró responsable al acusado Cristhian Josué López Cabrera, como autor, del delito de lesiones menos graves, en perjuicio de José Orlando Padilla Mejia, a la pena de un año y seis meses de reclusión, más la pena accesoria de inhabilitación especial e interdicción civil; además se hizo la declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito y como consecuencia penal la obligación de realizar trabajo penitenciario. El decreto legislativo 130-2017 en su artículo 199 tiene regulado el delito de lesiones simples, que tiene señalada una pena de 1 a 4 años de prisión. Al hacer el comparativo de penas se puede concluir que, la pena impuesta al acusado mediante el decreto 144-83 se encuentra dentro del marco abstracto de la pena que le correspondería conforme al decreto 130-2017, en ese sentido no procede la aplicación retroactiva de la nueva ley penal pues no representa ningún beneficio para el acusado. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 349 numeral 2 y 3 del Código Penal decreto 144-83 Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos, interpuesto por la Abogada Iris Beatriz Fonseca Matamoros, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la causa instruida contra: a) Cristhian Josué López Cabrera, a quien se le condenó como autor del delito de lesiones menos graves, en perjuicio de José Orlando Padilla Mejía, y se le absolvió por el delito de abuso de autoridad, en perjuicio de la Administración Pública b) Justino Vásquez Amaya, a quien se le absolvió de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública; c) Jimmy José Castillo, a quien se le absolvió de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública; d) Olvin Ismael Blandin, a quien se le absolvió de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública. Segundo: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Abogada Iris Beatriz Fonseca Matamoros, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. En consecuencia: a) Casa parcialmente la sentencia de fecha once de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. b) Declara la nulidad parcial de la audiencia de debate y de la sentencia, en relación al delito de Homicidio en perjuicio Heidi Gabriela López Cruz. c) Que se repita el debate celebrado en relación al acusado Cristhian Josué López Cabrera, por el delito de Homicidio, en perjuicio de Heidi Gabriela López Cruz. Tercero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por el Abogado Carlos Alexis Argueta Vigil, en su condición de Acusador Privado, en la causa instruida contra: a) Cristhian Josué López Cabrera, a quien se le condenó como autor del delito de Lesiones menos graves, en perjuicio de José Orlando Padilla Mejia, y se lo absolvió por el delito de Abuso de Autoridad en perjuicio de la administración pública b) Justino Vásquez Amaya, a quien se le absolvió de los delitos de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública; c) Jimmy Jose Castillo, a quien se le absolvió de los delitos de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública; d) Olvin Ismael Blandin, a quien se le absolvió de los delitos de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública. Cuarto: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en sus dos motivos, interpuesto por el Abogado Carlos Alexis Argueta Vigil, en su condición de Acusador Privado, en la causa instruida contra: a) Cristhian Josué López Cabrera, a quien se le condenó como autor del delito de Lesiones Menos Graves, en perjuicio de José Orlando Padilla Mejia, y se lo absolvió por el delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de la Administración Pública b) Justino Vásquez Amaya, a quien se le absolvió de los delitos de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública; c) Jimmy Jose Castillo, a quien se le absolvió de los delitos de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública; d) Olvin Ismael Blandin, a quien se le absolvió de los delitos de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública. Quinto: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos, interpuesto por el Abogado Carlos Alexis Argueta Vigil, en su condición de Acusador Privado. En consecuencia: a) Casa parcialmente la sentencia de fecha once de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán; b) Declara la nulidad parcial de la audiencia de debate y de la sentencia de fecha once de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en relación al imputado Cristhian Josué López Cabrera por el delito de Homicidio, en perjuicio Heidi Gabriela López Cruz; así como por el delito de Abuso de Autoridad. c) Declara la nulidad parcial de la audiencia de debate y de la sentencia de fecha once de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en relación a los acusados Jimmy José Castillo, Justino Vásquez Amaya y Olvin Ismael Blandin, por el delito de Abuso de autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios c) Que se repita el debate celebrado ante un Tribunal distinto al que conoció el juicio anulado, en relación al acusado Cristhian Josué López Cabrera, por el delito de Homicidio, en perjuicio de Heidi Gabriela López Cruz y por el delito de Abuso de Autoridad. d) Que se repita el debate celebrado ante un Tribunal distinto al que conoció el juicio anulado, en relación a los acusados Jimmy José Castillo, Justino Vásquez Amaya y Olvin Ismael Blandin, en relación a los delitos de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública. Sexto: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017, en relación a la condena del imputado Cristhian Josué López Cabrera, por el delito de Lesiones Menos Graves, en perjuicio de José Orlando Padilla Mejía. Séptimo: Se mantiene incólume la sentencia de fecha once de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en su parte resolutiva numerales, primero, segundo, tercero, cuarto, y noveno todo en relación a la condena del imputado Cristhian Josué López Cabrera, por el delito de Lesiones Menos Graves, en perjuicio de José Orlando Padilla Mejía. Octavo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha once de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en relación a la condena del imputado Cristhian Josué López Cabrera, por el delito de Lesiones Menos Graves, en perjuicio de José Orlando Padilla Mejía. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Díaz Flores. Notifíquese. - Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrada. Firma y Sello. RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS. – receptora adscrita a sala de lo penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a once días del mes de febrero de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el cuatro de noviembre de dos mil veinticuatro, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-30-2019. RINA KORITZA SANDOVAL NAVASRECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENALCERTIFICACION La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-30-2019, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Nelson Danilo Mairena Franco en su calidad de coordinador, Mario Rolando Diaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio pronuncian: En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP 30-2019 por infracción de ley, quebrantamiento de forma y por infracción de precepto constitucional, interpuestos contra la sentencia de fecha once de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: condenó al señor Cristhian Josué López Cabrera, como autor, del delito de Lesiones Menos Graves, en perjuicio de José Orlando Padilla Mejia, a la pena de un año con seis meses de reclusión. Segundo: condenó al señor Cristhian Josué López Cabrera, a las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal, así como a trabajar en labores penitenciarias de conformidad a la Ley. Tercero: se declaró la responsabilidad civil de Cristhian Josué López Cabrera, a favor del ofendido del delito por el cual fue condenado. Cuarto: se decretó el comiso de la evidencia consistente en una bolsa plástica transparente sellada y firmada conteniendo en su interior 5 casquillos color amarillo y ordenó su destrucción ante el juez de ejecución competente. Quinto: absolvió al señor Cristhian Josué López Cabrera, del delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de la Administración Pública. Sexto: absolvió al señor Jimmy José Castillo, de los delitos de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública. Séptimo: absolvió al señor Justino Vásquez Amaya, de los delitos de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública. Octavo: absolvió al señor Olvin Ismael Blandin, de los delitos de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública. Noveno: no procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio al condenado Cristhian Josué López Cabrera, ni al Ministerio Público o a la acusación privada. Décimo: se ordenó extender la carta de libertad definitiva, una vez que la sentencia adquiera carácter de firme. Son Partes En La Única Instancia: La abogada Iris Beatriz Fonseca Matamoros, en su condición de fiscal del Ministerio Público, y al abogado Carlos Alexis Argueta Vijil, en su condición de acusador privado, como partes recurrentes; y al abogado Marlon Javier Arévalo Cerna, en su condición de defensor privado de Cristhian Josué López Cabrera, Justino Vasquez Amaya, Jimmy José Castillo y Olvin Ismael Blandin, como parte recurrida. Hechos Probados “PRIMERO: El día dos (02) de enero del año dos mil dieciséis, entre las 6:00 de la tarde, un grupo de la Policía Militar integrado por Cristian Josué López Cabrera, Justino Vásquez Amaya, Jimmy José Castillo Martínez y Olvin Ismael Blandin Espinal salieron a pie a hacer el recorrido de rutina en el sector de la colonia Villa Franca, por ser ésta una zona de conflicto y como a eso de las 10:30 a 11:00 de la noche encontraron por el sector de las canchas al señor José Orlando Padilla Mejía quien fue requerido por Cristhian Josué, el cual le solicitó sus documentos de identificación y al momento en que éste se la proporcionaba Cristhian procedió a golpearlo en su rostro con patadas causándole una fractura en su nariz lo cual le mereció una incapacidad de 21 días a partir del hecho. SEGUNDO: Siendo dicho sector bastante concurrido y de mucha incidencia de delincuencia por la presencia grupos antisociales, los policías militares antes relacionados escucharon silbidos la cual es una manera de comunicación entre este tipo de grupos, luego de lo cual venían corriendo hacia ellos por el sector de las canchas un grupo entre 8 a 10 ciudadanos llevando piedras, las cuales eran lanzadas en su contra, como también fueron atacados con armas de fuego calibre LC 85, la cual fue disparada, en vista de lo cual los policías militares procedieron a agruparse de dos en dos, y a fin de repeler el ataque el policía Cristhian Josué López Cabrera procedió a disparar su fusil de reglamento marca: M4 Carabine serie: A0398273, calibre 5.56 REM. En ese preciso momento del enfrentamiento, se encontraba afuera de su vivienda en las proximidades del sector de las canchas la joven HEYDI GABRIELA LOPEZ CRUZ, quien fue alcanzada por los disparos de arma y calibre no identificado recibiendo una herida en el lado derecho del tórax que le laceró la aorta produciéndole la muerte.” Recurso De Casación. Motivos y Argumentos • En resumen, la fiscal del Ministerio Público Iris Beatriz Fonseca Matamoros, interpuso recurso de casación por infracción de ley en el que señaló dos motivos; el primero: falta de aplicación del artículo 349 numeral 2 del Código Penal (decreto 144-83), estableciendo como precepto autorizante el artículo 360 del Código Procesal Penal; en el segundo motivo señaló: aplicación indebida del artículo 349 numeral 3 del Código Penal en relación al artículo 32 segundo párrafo del mismo cuerpo legal (decreto 144-83). También interpuso recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, alegando que en la parte resolutiva de la sentencia se omita pronunciarse sobre todas las cuestiones debatidas, estableciendo como precepto autorizante el articulo 362 numeral 4 de nuestra ley procesal. Recursos que aparecen completos en la pieza principal del expediente y agregados a folios 418 al 430. • En resumen, el acusador privado abogado Carlos Alexis Argueta Vigil, interpuso recurso de casación por quebrantamiento de forma; en su primer motivo señaló la violación a las reglas de la sana crítica, como precepto autorizante el artículo 362 numeral 3 del código procesal penal; en su segundo motivo denuncia la violación a las reglas de la sana crítica y como precepto autorizante el articulo 362 numeral 3 de nuestra ley procesal; de igual forma interpuso recurso de casación por infracción de ley en su único motivo, alegando la falta de aplicación del artículo 36 del Código Penal decreto 144-83 y como precepto autorizante el artículo 360 del Código Procesal Penal; recurso de casación por infracción de precepto constitucional, en su primer motivo alega violación al debido proceso, como precepto autorizante el artículo 361 del código procesal penal; en su segundo motivo denuncia nuevamente quebranto al debido proceso en relación al artículo 321 de la Constitución de la República; recursos que aparecen completos y agregados en la pieza principal del expediente judicial y agregados a folios 432 al 456. Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Infracción de Ley Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva realizada por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la Infracción en un Recurso de Casación por Infracción de Ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto Penal de carácter sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma Extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser “observadas para la aplicación de la ley penal”, por ejemplo, las leyes penales en blanco, que son aquellas que, señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal: “La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto”. Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión por parte del juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación hecha por el juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. Observa esta Sala de lo Penal que los recurrentes 1 y 2, han interpuesto recurso de casación por infracción de ley, por lo que estos motivos serán resueltos en un mismo apartado. Recurrente N° 1 Abg. Iris Beatriz Fonseca Matamoros, Fiscal del Ministerio Público Primer Motivo • Norma autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. • Norma sustantiva que se denuncia infringida: artículo 349 numeral 2 del Código Penal. • Concepto de la infracción: falta de aplicación del delito de abuso de autoridad. • Pretensión: que se dicte una nueva sentencia, que case el fallo recurrido. Explicó la recurrente que al examinar el cuadro fáctico se determina que en el mismo se describe como verdades intangibles acciones ejecutadas por el acusado Cristhian López Cabrera que se enmarcan a plenitud en los requisitos objetivos y subjetivos del delito de abuso de autoridad, pues la conducta realizada por el imputado de requerir al señor José Orlando Padilla Mejía cuando éste se desplazaba por las canchas de la Colonia Villa Franca y en el momento en que el ofendido le entregaba sus documentos de identificación el policía militar y acusado, sin motivo alguno decide golpear en la cara al señor José Orlando, excediendo el uso de la fuerza que todo agente del orden debe tener en cuenta cuando se encuentra en una situación de conflicto. Del Tipo Penal de Abuso de Autoridad La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (en adelante CNUCC) señala que cada Estado parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa intencionalmente, el abuso de funciones o del cargo, es decir, la realización u omisión de un acto, en violación de la ley, por parte de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener un beneficio indebido para sí mismo o para otra persona o entidad (Art. 19 CNUCC). Cumpliendo tal compromiso, el Estado de Honduras ha previsto en el Título XIII del Libro Segundo del Código Penal, la agrupación de una serie de tipos penales que tienen como objeto la salvaguarda del bien jurídico Administración Pública, entre los cuales encontramos los contenidos en el artículo 349 del Código Penal: i) Abuso de autoridad, que agrupa aquellas conductas realizadas por el empleado o funcionario público, que desbordan las funciones a él encomendadas por ley, reglamento, resolución o mandato de autoridad competente, ejecutando entonces conductas que no está autorizado a realizar; y ii) Violación de los Deberes y Obligaciones de los Funcionarios Públicos, que apila las conductas omisivas que el empleado y funcionario público deja de realizar aun cuando por disposición legal, reglamentaria, por resolución o mandato de autoridad competente, está obligado a cumplir por estar dentro de las funciones inherentes a su función pública. Desafortunadamente el legislador al momento de construir el artículo 349 del Código Penal no previó la debida separación de las conductas propias de cada delito; de este modo encontramos conductas de Abuso de Autoridad en los numerales 2 y 5; y de Violación de los Deberes y Obligaciones de los funcionarios en los numerales 1, 3, 4, y último párrafo sin enumerar: “Artículo 349. Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: 1) Se niegue a dar el debido cumplimiento a órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos dictados por las autoridades judiciales o administrativas dentro de los límites de sus respectivas competencias y con las formalidades legales; 2) Dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos. 3) Omita, rehúse o retarde algún acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo; 4) Requerido por autoridad competente no preste la debida cooperación para la eficaz administración de justicia o de otro servicio público. Cuando la falta de cooperación consista en no dar cumplimiento por malicia o por negligencia a una orden de captura dictada por autoridad competente, la pena se aumentará en un (1/3) tercio; y, 5) Revele o facilite la revelación de un hecho del que tenga conocimiento por razón del cargo y que deba permanecer en secreto. Cuando la revelación no fuere de grave trascendencia, la pena se rebajará en un (1/6) sexto. La misma pena se aplicará al oficial o agente de la fuerza pública que rehusé, omita o retarde, sin causa justificada la prestación de un auxilio legalmente requerido por autoridad competente. Es propio señalar que el Titulo XIII del Libro Segundo del Código Penal, agrupa una serie de tipos penales que tienen como objeto la salvaguarda del bien jurídico Administración Pública, el cual debe conceptualizarse para efectos penales en un sentido lato como el correcto desempeño del Estado en todas las actividades que realiza, las que deben de caracterizarse por su legalidad, eficacia, eficiencia, probidad, economía, prontitud, imparcialidad, igualdad y publicidad, que son la letra viva de un Estado Social de Derecho, como deber del empleado y funcionario público de gestionar con lealtad y probidad la Cosa Pública, en los términos que dispone los artículos 5 de la Ley General de la Administración Pública; y 5 de la Ley de Contratación del Estado. Entre los delitos en contra de la Administración Pública tenemos el contenido en el Artículo 349 del Código Penal, el cual tipifica cinco supuestos criminosos, constituyendo Abuso de Autoridad los señalados en los numerales 2 y 5; y Violación de los Deberes de los funcionarios los señalados en los numerales 1, 3, 4 y último párrafo. Puntualmente, el delito de Abuso de Autoridad, reprocha al empleado o funcionario público que, traicionando la confianza que se ha depositado en él por parte del elector o por parte de otra autoridad pública, abusa de la autoridad recibida en administración para contrariar lo que ordena la Constitución de la República y/o las leyes, cuando por el contrario deberá de ser un guardián celoso de su cumplimiento. El Artículo 349 del Código Penal prevé tres supuestos distintos para la comisión de este delito: 1) Cuando el empleado o funcionario público dicte ordenes, sentencias providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución o a las leyes; 2) Cuando el empleado o funcionario ejecute las órdenes contrarias a dichas disposiciones; y 3) Cuando no ejecute las leyes cuyo cumplimiento le sea obligatorio. Como puede observarse, la descripción de los dos primeros casos corresponde a conductas comisivas, mientras que la restante implica una omisión, teniendo en común todas ellas la sanción del uso abusivo del poder depositado en el empleado o funcionario público para el ejercicio de su cargo. Son los elementos objetivos del tipo penal: 1) Sujeto Activo: Se trata de un tipo penal de autor calificado ya que debe ser un empleado o funcionario público en ejercicio de su cargo y obrando dentro de su propia competencia, entendiéndose como tales los señalados por el Artículo 393 del Código Penal, definiéndolo como a toda persona natural que, por disposición de la ley o por nombramiento de autoridad competente, participe en el ejercicio de funciones públicas o desempeñe un cargo o empleo público, incluidos los alcaldes y regidores municipales; por su parte, la Convención Interamericana contra la Corrupción, en su artículo I, señala que debe entenderse por funcionario público, oficial gubernamental o servidor público, cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos; 2) Sujeto Pasivo: Es el Estado de Honduras, como titular de la administración pública; 3) Objeto material del delito: es la administración pública, como bien jurídico protegido, ejercido a través de órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos, los cuales deben diferenciar si se trata de carácter general o de carácter particular: a) de carácter general, cuando es la determinación de la voluntad del Estado con respecto a una situación universal (ordena, permite o prohíbe), por lo cual realiza una manifestación pública que crea una nueva situación jurídica vinculante a todos; b) Es de carácter particular cuando es una determinación adoptada en un caso particular, emitida por el empleado o funcionario público a realizarse por él directamente o por otros empleados y funcionarios públicos sobre terceros o personalmente por esos mismos terceros, sin que sus efectos jurídicos se extiendan a otras personas1; 4) Conducta criminosa: centrada en el verbo rector, que en este caso es: a) Dictar: que se refiere a la acción dolosa de ordenar, disponer, resolver o disponer; b) Ejecutar: que implica dolosamente cumplir, concretar, materializar, hacer, elaborar o en definitiva, llevar a cabo el contenido de la orden, sentencia, providencia, resolución, acuerdo o decreto, plasmarlo en la realidad; y c) Abstener: que ocurre cuando dolosamente no se hace o se omite la conducta exigida por la Ley, se realiza la conducta parcialmente, se realiza la conducta de manera distinta a lo ordenado o se realiza la conducta de manera inadecuada; 5) Modalidad criminosa: entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector; en este caso puede ser de dos formas: a) Dictar órdenes, sentencias providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución o a las leyes con el fin de ir en contra de ella, donde el empleado o funcionario público se atribuye facultades o atribuciones que la Ley no le otorga o cuando la propia Ley se lo prohíbe; y b) Dictar órdenes, sentencias providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contemplados en la Constitución o en la ley de manera arbitraria, sobrepasando los límites establecidos en dichas disposiciones; 6) Penalidad: está fijada por el legislador con una sanción de tres a seis años de reclusión e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión que individualizadamente imponga el Tribunal de Sentencia. Elemento subjetivo del tipo penal de Abuso de Autoridad es el dolo, donde el autor debe conocer la ilegalidad de la orden, sentencia, providencia, resolución, acuerdo o decreto que se dicta o se ejecuta y debe tener la voluntad de dictarla o ejecutarla. En el supuesto omisivo el autor debe conocer la existencia de la orden, sentencia, providencia, resolución, acuerdo o decreto y debe tener la voluntad de oponerse a la ley, de desconocerla. Partiendo de lo anterior, se identifican como características del tipo penal de Abuso de Autoridad : A) Según su estructura: i) Tipo penal básico: por describir de manera independiente un modelo de comportamiento humano; ii) Tipo penal compuesto: ya que describe tres modelos de comportamiento distinto, cada uno de los cuales conforman por su mismo una modalidad típica distinta; B) Según su contenido; i) Tipo penal de mera conducta, para las conductas criminosas de “dictar” y “Abstenerse”, ya que el delito se agota con la mera acción del autor, sin que se requiera la producción de un resultado; ii) Tipo penal de resultado, para la conducta criminosa de “ejecución”, por exigir la producción de un resultado derivado precisamente de la ejecución de las disposiciones ilegales; iii) Tipo de conducta instantánea al contener tres supuestos de hecho (dictar, ejecutar y abstenerse) cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; iv) Tipo penal de acción: porque en las conductas criminosas de dictar y ejecutar, describe un modelo de comportamiento comisivo; v) Tipo penal de omisión propia, al tener contemplado un supuesto de omisión como conducta criminosa (abstenerse); vi) Tipo penal cerrado porque siendo un tipo penal en blanco, el supuesto de hecho es integrado por lo dispuesto en la Constitución y en las leyes de la República, determinando así con precisión la circunstancia típica, de tal manera que la conducta reprochada está claramente definida; C) Según el sujeto activo: i) Unisubjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; ii) Tipo penal de sujeto activo calificado ya que exige que el sujeto activo tenga la condición especial de empleado o funcionario público; D) Según el bien jurídico tutelado: i) Tipo penal mono ofensivo, al proteger un único bien jurídico, el cual es la Administración Pública que puede verse afectada por el arbitrario ejercicio de la función pública, al margen de las constituciones, leyes o deberes que la rigen; ii) Tipo penal de peligro: es de tener claro que la modalidad criminosa descrita puede ser realizada por diversas formas de conducta, pero en lo que se refiere a la conducta criminosa de “dictar” y de “Abstenerse”, no son delitos de resultado material, bastando la acción en su caso y la omisión en el otro, para que se consume el tipo. En el caso del dictado de órdenes, sentencias providencias, resoluciones, acuerdos o decretos, es claro que la consumación se dará cuando se dicten, esto es cuando aquélla se integre como acto administrativo o jurisdiccional válido, independientemente de que haya producido sus efectos afectando a terceros o al propio Estado, o que alcance estado. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. El delito de Abuso de Autoridad es uno de los tipos penales más abiertos que se regulan en nuestra normativa penal, ello obliga a que en cada caso concreto se deba hacer una exhaustivo análisis a fin de hacer una aplicación circunscrita a las exigencias propias del principio de legalidad y la exigencia de taxatividad que impone el mismo, al amparo de su extensa amplitud conceptual el objeto de tutela penal en el delito de Abuso de Autoridad lo es la administración pública, que busca tutelar la actuación del Estado, pues el bien jurídico protegido dentro de los delitos contra la administración pública, es el correcto y adecuado funcionamiento de las diferentes actividades de prestación que brinda el Estado a través de la administración pública, en consecuencia, el derecho penal aparece en su manifestación fragmentaria y de última ratio cuando se dan aquellas conductas graves que afectan el normal y buen desarrollo de la administración pública. Para esta Sala de lo Penal a la recurrente no le asiste la razón, pues los hechos probados no revelan en ningún momento los elementos objetivos del tipo penal de abuso de autoridad. La fundamentación fáctica revela que: El día dos (02) de enero del año dos mil dieciséis, entre las 6:00 de la tarde, un grupo de la Policía Militar integrado por Cristian Josué López Cabrera, Justino Vásquez Amaya, Jimmy José Castillo Martínez y Olvin Ismael Blandin Espinal salieron a pie a hacer el recorrido de rutina en el sector de la colonia Villa Franca, por ser ésta una zona de conflicto y como a eso de las 10:30 a 11:00 de la noche encontraron por el sector de las canchas al señor José Orlando Padilla Mejía quien fue requerido por Cristhian Josué, el cual le solicitó sus documentos de identificación y al momento en que éste se la proporcionaba Cristhian procedió a golpearlo en su rostro con patadas causándole una fractura en su nariz lo cual le mereció una incapacidad de 21 días a partir del hecho. SEGUNDO: Siendo dicho sector bastante concurrido y de mucha incidencia de delincuencia por la presencia grupos antisociales, los policías militares antes relacionados escucharon silbidos la cual es una manera de comunicación entre este tipo de grupos, luego de lo cual venían corriendo hacia ellos por el sector de las canchas un grupo entre 8 a 10 ciudadanos llevando piedras, las cuales eran lanzadas en su contra, como también fueron atacados con armas de fuego calibre LC 85, la cual fue disparada, en vista de lo cual los policías militares procedieron a agruparse de dos en dos, y a fin de repeler el ataque el policía Cristhian Josué López Cabrera procedió a disparar su fusil de reglamento marca: M4 Carabine serie: A0398273, calibre 5.56 REM. En ese preciso momento del enfrentamiento, se encontraba afuera de su vivienda en las proximidades del sector de las canchas la joven HEYDI GABRIELA LOPEZ CRUZ, quien fue alcanzada por los disparos de arma y calibre no identificado recibiendo una herida en el lado derecho del tórax que le laceró la aorta produciéndole la muerte.” Al analizar el cuadro fáctico, es evidente que no establece en ninguno de sus apartados cuales eran las órdenes que el imputado Cristian Josué López Cabrera y el resto de los acusados tenían que ejecutar, aunque nuestro sentido común nos lo diga, el recurso de casación exige que los elementos del tipo penal deban estar subsumidos en el relato de hechos, pues no se puede suponer nada, debe quedar totalmente claro y contundente que el acusado ejecutó alguna orden y además debe ser específico porque esa orden es contraria con nuestra carta magna o con otra ley secundaria; o debe establecer el cuadro fáctico además que los acusados se abstuvieron de cumplir ciertos ordenamientos jurídicos; la censora establece que los uniformados excedieron el uso de la fuerza que se regula en el reglamento de la ley de la policía militar; pero el Juzgador en los hechos probados nada refirió al uso de la fuerza o al estamento legal ya mencionado; en ningún apartado de los sucesos probados podemos encontrar cumplido uno de los verbos rectores “dictar, ejecutar o abstener”, pues reiteramos, aunque sepamos que los policías tiene una obligación de protección de la ciudadanía, esa circunstancia debe quedar debidamente plasmada así en la fundamentación fáctica, pues no es posible conjeturar ninguna situación. Por las razones antes expuestas se declara no ha lugar el primer motivo de casación por infracción de ley. Segundo Motivo • Norma autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. • Norma sustantiva que se denuncia infringida: artículo 349 numeral 3 del Código Penal. • Concepto de la infracción: falta de aplicación del delito de violación de los deberes de los funcionarios. • Pretensión: que se case la sentencia y en su lugar se profiera una ajustada a derecho. Explicó la recurrente que el Juzgador al desarrollar el cuadro fáctico, describe actuaciones ejecutadas por los policías militares del orden público Justino Vasquez Amaya, Jimmy José Castillo y Olvin Ismael Blandin Espinal, que según la censora, se enmarcan en la conducta reprochada de omitir su deber de funcionarios, es decir su deber de actuar cuando su compañero Cristhian López Cabrera decide sin justa causa darle patadas en la cara al ofendido José Orlando hasta provocarle una fractura de nariz y en segundo lugar no informaron a sus superiores de la conducta de su compañero. Del delito de violación de los deberes de los funcionarios. Puntualmente, el delito de violación de los deberes y obligaciones de los funcionarios, es un tipo penal de omisión propia cuya conducta criminosa se da cuando el empleado o funcionario público, conscientemente deja de hacer cualquier acto administrativo que se encuentra obligado a ejecutar como parte de sus funciones, aun y cuando estaba en posibilidad de realizarlo, siendo indiferente si con tal omisión se traduce o no algún resultado lesivo para la Administración Pública. La obligación de realizar el acto puede provenir de una ley, un reglamento, disposición administrativa de carácter general u orden de autoridad competente de índole particular. Reiteramos que el delito de violación de los deberes de los funcionarios, tiene la estructura propia de un tipo de omisión pura, con el que se procura tutelar el adecuado funcionamiento de la administración (entendida ésta en su sentido amplio), para la prestación de un buen servicio. Por ello comprende cualquier acto administrativo que se encuentre dentro de las funciones del agente, siendo un delito de simple actividad que se consuma con la omisión, el retardo o el rechazamiento, sin que se necesite la producción de resultado dañoso alguno. Como antes lo explicamos, el artículo 349 No. 3) del artículo mencionado, castiga, a quien omite, rehúse o retarde algún acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo, derivándose de la redacción de tal modalidad delictiva, que las misma se incluyen dentro de que doctrinariamente se conoce como abuso omisivo”. El penalista argentino, CARLOS CREUS, refiriéndose a esta figura en el Código Penal de su país, explica que: “...la tercera forma castiga una conducta omisiva: no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento incumba al funcionario. Tratase pues, de un tipo omisivo y por eso, no comete este abuso de autoridad (que un tanto impropiamente puede denominarse incumplimiento de los deberes de funcionario público) el funcionario que lleva a cabo actos contrarios a las disposiciones de la ley. Aquí el abuso consiste en la decisión de no ejecutar la ley, es decir, de no aplicarla, prescindir de ella, no actuarla en la realidad, como si no existiera (p.ej., no dictar la prisión preventiva cuando corresponde, no observar el acto administrativo viciado cuando el funcionario ejerce funciones de contralor); pero cuando lo que importa la inejecución de la ley es una actividad (p.ej., dictar una resolución cuando no corresponde hacerlo), ya no estaremos ante una omisión, sino ante uno de los abusos previstos en las formas anteriores.” (vid. CREUS, CARLOS, Delitos contra la Administración Pública, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1981, pág. 192). Son elementos objetivos del tipo penal: 1. Sujeto Activo: empleado o funcionario público. El Código Penal, en el artículo 393 señala que se reputará funcionario o empleado público a toda persona natural que, por disposición de la ley o por nombramiento de autoridad competente, participe en el ejercicio de funciones públicas o desempeña un cargo o empleo público. Si bien este concepto está vigente a la fecha, el mismo ha sido ampliado por la Convención Interamericana Contra la Corrupción, (en adelante CICC), al señalar que funcionario público o servidor público es cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos (Art. 1 CICC), con independencia de su antigüedad agrega el Art. 2.a.1 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (en adelante CNUCC). 2. Sujeto Pasivo: lo constituye el Estado de Honduras, al ser el garante de una correcta administración pública, entendiéndose como tal el correcto desempeño del Estado en todas las actividades que realiza, las que deben caracterizarse por su legalidad, eficacia, eficiencia, probidad, economía, prontitud, imparcialidad, igualdad y publicidad. 3. Conducta Criminosa: está definida con la descripción conductual contenida en los verbos rectores; tratándose del delito de Violación de los Deberes y Obligaciones de los Funcionarios Públicos, se requiere: a) Deber de realizar el acto omitido, lo que implica que el mismo ha de ser lícito y que el funcionario o empleado público esté obligado a realizarlo en virtud de estar dentro de las funciones inherentes a su cargo; b) Posibilidad material de realizar el acto, de modo que la omisión no sea a consecuencia de una imposibilidad material que justifique su no realización; c) Omitir, rehusar o retardar el acto obligado, lo que implica: i. Omitir, lo que requiere que el agente no realice la conducta funcional dentro del término señalado, y en los casos donde no exista término, dentro del periodo de tiempo en que la conducta pueda alcanzar el fin perseguido. También implica omisión cuando se realice la conducta funcional dolosamente tan ineficiente que no consiga los efectos normales; ii. Rehusarse (Negarse) lleva la condición no solo de omitir el acto dentro del plazo señalado o dentro del tiempo útil, sino de manifestar abiertamente su negativa a realizarlo como respuesta al ser requerido para su ejecución; y iii. Retardar, implica adoptar una conducta omisiva durante el tiempo en que se espera se realice el acto, es decir no realizar el acto durante el plazo o término previsto por la ley, reglamento, disposición u orden, o dentro del tiempo en que aquel sería útil, sino que se espera el vencimiento de este tiempo para realizarlo posteriormente. Como elementos subjetivos, el tipo penal exige que el sujeto activo actúe con dolo, que implica el conocer las funciones que debe cumplir como empleado o funcionario público, el conocimiento de su obligación de realizar dicho acto, conocimiento del plazo o tiempo en que debe de realizar el mismo y voluntad libre de no realizarlo. El tipo penal en estudio se caracteriza por ser un tipo penal abierto, por cuanto el acto omitido, rehusado o retardado dependerá del marco de atribuciones del empleado o funcionario público, a determinar en cada caso concreto, bajo el estricto amparo del principio de legalidad, además es un tipo penal de mera actividad por cuanto su consumación acontece con la sola omisión, renuencia o retardo del acto funcional, sin importar si existe o no resultado dañoso. Partiendo de lo anterior, se identifican como características del tipo penal de Violación de los deberes de los Funcionarios Públicos: A) Según su estructura: i) Tipo penal básico: por describir de manera independiente un modelo de comportamiento humano; ii) Tipo penal compuesto: ya que describe varios modelos de comportamiento distinto, cada uno de los cuales conforman por su mismo una modalidad típica distinta: se niegue, se abstenga, omita, rehuse o retarde y no preste. B) Según su contenido; i) Tipo penal de mera actividad, ya que el delito se agota con la mera acción del autor, sin que se requiera la producción de un resultado; ii) Tipo de conducta instantánea, al contener supuestos de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; iii) Tipo penal de omisión propia: al tener contemplado un supuesto de omisión como conducta criminosa (abstenerse); iv) Tipo penal en blanco, debido a que el supuesto de hecho es integrado por lo dispuesto en la Constitución y en las leyes de la República; C) Según el sujeto activo: i) Unisubjetivo, al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; ii) Tipo penal de sujeto activo calificado ya que exige que el sujeto activo tenga la condición especial de empleado o funcionario público y que con ocasión de éste desempeñe observe la omisión reprochada; D) Según el bien jurídico tutelado: i) Tipo penal mono ofensivo, al proteger un único bien jurídico, el cual es la Administración Pública, que puede verse afectada por el arbitrario ejercicio de la función pública, al margen de las constituciones, leyes o deberes que la rigen; ii) Tipo penal de peligro: pues la conducta omisiva no necesariamente requiere un resultado material, una lesión al bien jurídicamente tutelado, basta que éste haya sido puesto en peligro para que se considere consumado el delito; la sola inactividad de la acción esperada en el tiempo, exigido por la ley o esperado consumar el delito, aun cuando no se diese resultado dañoso materialmente. Por todo lo expuesto es que en este tipo de delito no es posible la tentativa, ante la ausencia de un estadio intermedio entre la ejecución y la consumación. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Esta Sala de lo Penal al hacer la revisión del cuadro factico y confrontarlo con la norma penal denuncia por falta de aplicación, no encuentra correspondencia entre ellas; pues los hechos probados no revelan cual fue el accionar de los imputados Justino Vasquez Amaya, Jimmy Jose Castillo y Olvin Ismael Blandin Espinal, al momento en que observan a su compañero Cristian Josué López Cabrera, pedir los papeles de identificación al ofendido José Orlando Padilla Mejía; el primer hecho probados si bien establece la presencia de todos los acusados en la colonia Villafranca para realizar un patrullaje de rutina, tiene como centro del relato al acusado Cristhian Josué, pues refiere que fue él quien le solicita los documentos de identificación al ofendido y quien procede a golpearlo en su rostro con patadas causándole una fractura en su nariz; en tal sentido, el relato de hechos nada refiere a cual fue la actitud del resto de los policías militares cuando su compañero Cristhian Josué agredía físicamente al ofendido, pues tal como lo referíamos en el motivo anterior, no es posible suponer conductas, éstas deben quedar plenamente desarrolladas en los sucesos. Así mismo refiere la censora que los acusados Justino Vasquez Amaya, Jimmy José Castillo y Olvin Ismael Blandin Espinal no informaron de lo ocurrido a sus autoridades superiores, de las actuaciones de su compañero Cristian Josué López Cabrera; pero tal circunstancia en ningún momento fue relatado por el Juzgador en sus hechos, pues nada refieren a si los policías militares rindieron o no informe de lo ocurrido a sus jefes, al no plasmarlo así los hechos probados, no pueden configurar el delito de violación de los deberes de los funcionarios, pues no relata cuales fueron las acciones que omitieron realizar los acusados, razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación. Recurrente N° 2 Abg. Carlos Alexis Argueta Vigil, Acusador Privado Único Motivo • Norma autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. • Norma sustantiva que se denuncia infringida: artículo 36 del Código Penal. • Concepto de la infracción: falta de aplicación de un concurso medial. • Pretensión: que se dicte una nueva sentencia, que case el fallo recurrido. Explicó el recurrente que el Tribunal Sentenciador incurrió en infracción de ley por falta de aplicación del artículo 36 del Código Penal decreto 144-83, al establecer que no condenaba al imputado Cristhian Josué López Cabrera porque eso era jurídicamente improcedente, ya que no podía sancionar doblemente a una persona. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Esta Sala de lo Penal al revisar el recurso presentado por el recurrente, encuentra en buena parte de su impugnación, algunos desaciertos al momento de fundamentar y argumentar su recurso, pues hace referencia a la valoración probatoria y hace conjeturas que no aparecen en los hechos probados, por ejemplo refiere: “Aunado a esta valoración de la probanza, podemos inferir que el Tribunal concedió credibilidad y valor probatorio a lo declarado por los testigos Jose Orlando…” De igual forma refiere: “Aceptar el razonamiento al que arribó el Tribunal de que “jurídicamente es improcedente” sancionar penalmente a una persona, cuando con una sola acción incurre en dos o mas delitos seria un error gravísimo” Tales argumentos se refieren a juicios de valor externados por el Sentenciador en la valoración probatoria y en la fundamentación jurídica de la Sentencia; pero el recurso de casación por infracción de ley centra su accionar en la fundamentación fáctica (hechos probados) y no en los cuestionamientos que hace el censor. Tal como lo explicamos en el recurso de la fiscalía, los hechos probados deben ser claros y contundentes, pues no es posible suponer situaciones o dar por hecho conductas que no se establecen en los mismos; los hechos no revelan que los acusados hayan incurrido en el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, pues los sucesos no revelan que hayan incumplido alguna orden o reglamento, o hayan omitido cumplir algún deber de su cargo, pues aunque en teoría esas funciones son inherentes a los entes policiales, las mismas deben quedar así plasmadas en el cuadro fáctico. Para esta Sala de Casación el censor se equivocó al señalar la norma penal que consideraba como no aplicada, pues nos enfrentamos mas bien a una interpretación errónea del Sentenciador y no a una falta de aplicación; pero al vernos limitados en nuestro accionar debido al recurso presentado, no es posible pronunciarnos en el fondo. Así las cosas, no se observa en los hechos probados, ninguna otra acción penal por la cual deban responder los imputados y por lo tanto responder mediante un concurso ideal o medial, razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a) No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b) Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c) Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a) La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b) Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Observa esta Sala de lo Penal que los recurrentes 1 y 2 han interpuesto recurso de casación por quebrantamiento de forma, por lo que los motivos serán resueltos en un mismo apartado. Recurrente N°1 Abogado Iris Beatriz Fonseca Matamoros, fiscal del Ministerio Público. Único Motivo • Norma autorizante: artículo 362 numeral 4 del Código Procesal Penal. • Norma procesal que se denuncia infringida: artículo 338 regla quinta del Código Procesal Penal. • Concepto de la infracción: Que en la parte resolutiva de la sentencia se omita pronunciarse sobre todas las cuestiones debatidas. • Reclamación ex-ante: por haberse producido el vicio en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación. • Pretensión: que se anule el fallo recurrido, se ordene la devolución de los antecedentes para que se tramite conforme a la ley. Explicó la recurrente que el vicio se presenta ante el silencio que hace el Juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, respecto a los puntos antes señalados que fueron parte del debate por las partes procesales, dicha omisión constituyen un quebrantamiento de la forma tal y como lo establece nuestra ley procesal; el defecto se produce cuando el Juzgador en la parte resolutiva de la sentencia no da respuesta a una de esas cuestiones que fueron discutidas en el proceso, como ser el homicidio de la joven Heidi Gabriela López Cruz. De los motivos de casación regulados en el numeral 4 del Artículo 362 del Código Procesal Penal Establece el artículo 362 numeral 4 de nuestra ley procesal como motivos de casación: “Que en la parte resolutiva de la sentencia se omitan elementos esenciales, como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en el caso de condena.” Este motivo, contiene diversas hipótesis que conviene sistematizarlas así: a) Que en la parte resolutiva de la sentencia se omita la individualización precisa del imputado. La sección quinta del artículo 338 del Código Procesal Penal, señala que en la parte resolutiva de la sentencia se absolverá o se condenará a las personas imputadas, con pronunciamientos separados respecto de cada una de ellas, y de cada uno de los delitos de los que hayan sido acusados, debiéndose de determinar, caso de ser condenatoria la sentencia, la pena correspondiente a cada una de ellas y por cada infracción. Esa disposición refleja la exigencia de absoluta precisión que debe existir en la parte dispositiva de la resolución, puesto que al absolver o condenar, se debe indicar claramente sobre quién se está resolviendo. Evidentemente, esta exigencia cobra mayor intensidad cuando estamos ante varios procesados y sobre varias infracciones penales imputadas, ya que la precisión en la individualización de cada uno de ellos y las decisiones que se tomen, reflejará seguridad en lo resuelto, lo que, a su vez, tornará inequívoco el contenido del fallo. Ello es así, porque al momento de condena el juzgador debe tener total certeza de la ocurrencia del hecho y de la responsabilidad del encausado, de tal suerte que la omisión de los elementos esenciales de la causa (entre ellos la consignación precisa del imputado), incidiría en no apreciar dicho grado de convencimiento. Por supuesto, la individualización precisa del imputado se puede satisfacer tanto a través de su identificación plena, por medio de su tarjeta de identidad, o en su defecto por cualquiera de los medios establecidos en los Artículos 102 y 103 del Código Procesal Penal. b) Que en la parte resolutiva de la sentencia se omita la resolución de todas las cuestiones debatidas. El Artículo 337 Código Procesal Penal, consigna el principio de congruencia de la sentencia con la acusación, según el cual la sentencia no podrá tener por acreditados otros hechos que los descritos en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos, en el auto de apertura a juicio, y eventualmente en la ampliación de acusación y su respectiva contestación, ni calificar, en perjuicio del procesado, los hechos de forma distinta al establecido en esos momentos procesales, Pero, por supuesto, el Tribunal de Sentencia podrá calificar en forma más benéfica el hecho imputado, calificándolo como falta o inclusive absolver. La falta de adecuación entre la parte dispositiva y las pretensiones de las partes planteadas en el juicio, puede referirse a: a) que la sentencia otorgue más de lo pedido por el acusador; y, b) que resuelva cosa distinta a lo pedido por las partes, omitiendo de esa forma el pronunciamiento respecto de las pretensiones deducidas en juicio. El vicio en análisis se refiere a esto último, es decir cuando no se resuelve en la sentencia sobre todos los puntos que hayan sido objeto de acusación o defensa (incongruencia omisiva). La esencia de la infracción estriba, en que si el tribunal no da respuesta positiva o negativa a cada uno de los extremos planteados por las partes, esa abstención o silencio del órgano judicial es capaz de provocar indefensión a quien espera que el mismo, fundadamente, emita una resolución razonada. Ello ocurrirá, por ejemplo, en el caso de imputarse al procesado la comisión de varios delitos, y sólo se condene o absuelve por uno de ellos, omitiéndose pronunciar sobre los restantes. c) Que la parte resolutiva no efectúe la determinación exacta de la pena en caso de condena. Establece la sección quinta del Artículo 338 Código Procesal Penal, que, en caso de condena, la parte resolutiva de la sentencia determinará la pena correspondiente a cada uno de las personas acusada y por cada infracción. Esta sería la disposición infringida con la ocurrencia del presente vicio, que reflejaría la no resolución de un elemento trascendental en la resolución condenatoria: el tipo de pena y el quantum de ella, como sucedería, por ejemplo, en el caso en que, tratándose de una infracción que tuviera como pena principal la reclusión superior a cinco años, al momento de fijarse la pena no se condenara por las penas accesorias, o, que, señalándose en la sentencia que existe en concurso ideal de delitos, sólo se impone la pena correspondiente a uno de ellos, sin estimarse el aumento que manda la ley. De la Procedencia del Recurso. El Motivo es de Recibo. Esta Sala de lo Penal ha revisado de manera detallada el vicio denunciado por la fiscal del Ministerio Público y en efecto, el Sentenciador omitió en la parte resolutiva de la sentencia, hacer pronunciamiento respecto de los hechos imputados al acusado Cristhian Josué López Cabrera respecto a la muerte de la ofendida Heidi Gabriela López Cruz. La parte resolutiva que el juzgador plasmó en su sentencia dice: “Falla: Primero: Que debemos condenar y condenamos a Cristhian Josué Lopez Cabrera cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor directo responsable penalmente del delito de lesiones menos graves en perjuicio del señor José Orlando Padilla Mejia, a la pena de un (1) año con seis (6) meses de reclusión, la cual deberá cumplirse en el centro penal que considere más conveniente el juez de ejecución de la pena. Dicha pena de reclusión deberá descontarse del cómputo de la pena el tiempo en que el imputado ha permanecido en efectiva prisión como consecuencia del cumplimiento de la medida cautelar de prisión preventiva que se le ha impuesto por esta causa. Segundo: Que debemos condenar y condenamos a Cristhian Josué Lopez Cabrera a las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal, así como a trabajar en labores penitenciarias de conformidad a la Ley. Tercero: Se declara la responsabilidad civil de Cristhian Josué Lopez Cabrera a favor del ofendido del delito por el cual es condenado, la cual deberá ser tasada en la fase de ejecución de la sentencia. Cuarto: Se decretar la pena del comiso de la evidencia consistente en una bolsa plástica transparente sellada y firmada conteniendo en su interior 5 casquillos color amarillo del cual es procedente ordenar su destrucción ante el Juez de Ejecución competente. Quinto: Asimismo debemos absolver como en efecto absolvemos Cristhian Josué Lopez Cabrera del delito de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública. Sexto: Debemos absolver como en efecto absolvemos a Jimmy José Castillo de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública. Séptimo: Debemos absolver como en efecto absolvemos a Justino Vásquez Amaya, de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública. Octavo: Debemos absolver como en efecto absolvemos a Olvin Ismael Blandin de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública. Noveno: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio al condenado Cristhian Josué Lopez Cabrera como tampoco al Ministerio Publico por disposición expresa de la Ley, ni tampoco a la Acusación Privada. Décimo: Se ordena extender la carta de libertad definitiva, una vez que la sentencia adquiera el carácter de firme por los delitos en que se ha emitido un fallo absolutorio a favor de cada uno de los imputados. Decimo Primero: Notifíquese la presente sentencia a las partes procesales. Así por esta nuestra Sentencia, la pronunciamos, mandamos y firmamos.” Al revisar detenidamente la parte resolutiva de la sentencia recurrida, confirmamos la denuncia de la censora, pues el Sentenciador ha omitido establecer si al acusado Cristhian Josué López Cabrera se le condenó o absolvió por el delito de homicidio en perjuicio de la joven Heidi Gabriela López Cruz, lo que sin duda alguna acarrea reproche casacional, por lo que se declara ha lugar el presente motivo de casación. Recurrente N°2 Abogado Carlos Alexis Argueta Vijil, Acusador Privado Primer Motivo • Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Norma procesal que se denuncia infringida: artículo 202 del Código Procesal Penal. • Concepto de la infracción: violación a las reglas de la sana crítica • Reclamación ex-ante: no se hizo reclamo alguno para subsanar la violación denunciada por cuanto esta se produjo en la sentencia impugnada. • Pretensión: que se anule la sentencia y se celebre un nuevo juicio. Explicó el recurrente que la sentencia viola flagrantemente las reglas de la sana crítica racional de derivación y razón suficiente, lo que constituye un vicio de logicidad y una causal de casación en la forma; lo que se observa al momento de revisar la valoración de la prueba externada por el Juzgador. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Critica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i.Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii.Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo con relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la Lógica no formal, llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso. El Motivo es de Recibo. Observa esta Sala de lo Penal, que en buena parte del recurso presentado, lo que realiza el censor es enlistar y transcribir literalmente la prueba, para luego proceder a otorgarle el valor probatorio que a su criterio le merecen, efectuando en muchas oportunidades argumentos de instancia; todo lo cual, no es correcto en esta etapa casacional, pues no compete al recurrente, ni mucho menos a esta Sala de lo Penal efectuar una revaloración de las pruebas. Sin embargo, también analiza esta Sala de Casación, que algunos de los señalamientos del censor son correctos y podemos concluir que en efecto el Juzgador transgredió las reglas de la sana crítica al momento de valorar ciertas pruebas, yerros que se establecen a continuación: 1) En el apartado “Valoración” pagina 30 de la Sentencia el Tribunal expresó: “En ese orden de ideas si bien es cierto de la autopsia se desprende que la joven Heydi murió como consecuencia de una herida por proyectil de arma de fuego, se constata que la herida tuvo orificio de salida, es decir, no fue encontrado en el cuerpo de la víctima la bala que produjo su muerte, y al haber sido encontrado indicios de diferentes calibres en la escena en donde se suscitaron los hechos, entre ellos LC 8.5 que según la Armería no es de uso de la Policía Militar, aunado al hecho que de manera congruente el Acta de Registro y Decomiso practicada al imputado Cristian Josué López de su arma de reglamento tipo fusil, Marca M4 Carbine, Serie A0398273, el mismo se describe como calibre 5.56 mm, y ante la aseveración esgrimida por el perito Octavio Alonzo Valenzuela a una interrogante formulada en el juicio que si ¿en algún momento se le había puesto a disposición algún tipo de ojiva para determinar que arma había disparado?, el perito respondió que si no estaba plasmada ninguna comparación balística significa que no se hizo, como en efecto aconteció en el caso que nos ocupa, por lo que a criterio de este Tribunal no se puede establecer con certeza cuál de los disparos fue el que causó la muerte de la joven Heydi Gabriela López, es decir al haber existido un enfrentamiento tal como lo estableció el imputado Jimmy José Castillo, no es posible conocer al grado de certeza, quien fue el autor de la muerte de la joven Heydi, aun cuando el dictamen balístico refiera que el fusil decomisado al imputado Cristian López Cabrera fue el que disparó los 5 proyectiles encontrados como indicios, en vista de que la munición decomisada a éste junto a su fusil conforme al acta de decomiso es de 5.56 y no .223 ni LC 8 5, aunado al hecho que ante la constancia extendida por la Armería de las Fuerzas Armadas en la cual consta firma y sello del emisor de dicho documento, se asevera que la única munición que dicha Armería les provee a la Policía Militar es el calibre 5.56x51, por lo cual no existe claridad en este extremo respecto al resultado de la pericia, resultando incongruencias al respecto.” Para esta Sala de lo Penal y tal como lo hace ver el recurrente, en este apartado se violenta la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, pues el Tribunal Sentenciador cuenta con un dictamen balístico realizado por un experto, en el que se establece que los cinco proyectiles encontrados en la escena de los hechos, pertenecen al fusil decomisado al imputado Cristhian López Cabrera, pero a pesar de esa prueba concluyó que no es posible establecer que arma fue la que vedó la vida a la ofendida Heidy Gabriela López Cruz, el Sentenciador afirma que existió un fuego cruzado entre los agentes militares y los pobladores del lugar, pero esa versión fue expresada únicamente por el imputado Cristhian Josué López Cabrera, pues con el resto de prueba no es posible confirmar esa versión, ya que los otros acusados en su derecho, guardaron silencio. 2) En otro apartado de su valoración el Tribunal Sentenciador afirmó: “En relación a lo declarado por los testigos José Orlando Padilla Mejía y Jorge Alberto López respecto a señalar al imputado Cristian Josué López como la persona que golpeó en el rostro al señor Padilla, este Tribunal le concede credibilidad en virtud de que dicho hecho aconteció con anterioridad enfrentamiento acaecido entre el grupo de personas de la colonia y los policías en referencia, ya que según indicó el señor Padilla cuando él se conducía por las canchas el día 02 de enero del 2016, el imputado Cristian a quien identificó como el chele lo requirió y le solicitó su identificación y sin motivo alguno procedió a golpearlo con patadas en su rostro hasta provocarle una fractura en su nariz, lo cual es confirmado con el dictamen Médico Forense de la perito Elsa Rosa Dávila, quien concluye en su dictamen la existencia de una incapacidad medica de veintiún (21) días a partir del hecho, como también se constató con dicha pericia la existencia de equimosis, edema en región nasal las cuales son compatibles a las producidas por objeto romo, concluyendo con un diagnostico hospitalario de fractura nasal del señor José Orlando Padilla.” En este apartado el Juzgador nuevamente violenta las reglas del correcto pensamiento, en su postulado de derivación y razón suficiente, pues el Sentenciador afirma que concede valor probatorio a las declaraciones de los testigos José Orlando Padilla Mejía y Jorge Alberto López en relación a que el acusado Cristhian Josué López Cabrera fue quien golpeó salvajemente al ofendido José Orlando Padilla sin motivo aparente; pero no le merece credibilidad en sus dichos, cuando afirman que no hubo tal fuego cruzado entre supuestos pandilleros y los uniformados, al respecto el Tribunal no puede segmentar el valor probatorio de un testimonio que constituye un todo armónico, pues es un relato cronológico y detallado de lo que una persona observa en relación a la dinámica de los hechos, por tanto esta Sala de lo Penal ya ha establecido que, o se le concede credibilidad a un testigo o no se le otorga confianza, pero dicho ejercicio mental sin duda alguna violenta la regla lógica de derivación en su principio de razón suficiente, pues no cuenta el Sentenciador con razones lógicas para conceder credibilidad a cierta parte del testimonio y al resto no darle confiablidad. 3) A pagina 38 de la Sentencia recurrida el Tribunal de Sentencias afirmó en relación a la prueba balística realizada al arma decomisada al imputado y a los 5 casquillos encontrados en la escena del crimen: “Con dicha pericia se acreditó el buen funcionamiento mecánico y operativo de todas las armas de fuego de fuego arriba descritas y decomisadas a cada uno de los imputados. Cabe señalar que este medio de prueba es relacionado con el Acta de Levantamiento del Cadáver y Recolección de Indicios 0014 y a su vez con la Constancia extendida por la Armería de las Fuerzas Armadas, ya que en estos dos últimos medios de prueba hacen una clara distinción que los casquillos encontrados en la escena del hecho son LC 85 y 2.23 son calibres diferentes, como también en la constancia de la Armería de las Fuerzas Armadas se hace una diferenciación que el calibre 5.56x51 es el único calibre que se suministra a la Policía Militar de Orden Público al igual que afirma que la Armería no comercializa y tampoco ha proporcionado el tipo de munición LC 85, asimismo en las actas de registro y decomiso realizadas al imputado Cristian no se hace referencia a la existencia de munición de dichos calibres, únicamente refiere la 5.56 lo que es coincidente con el oficio emitido por la Armería. Sobre el uso del calibre 5.56 como munición convencional y estándar autorizada por la OTAN la cual es suministrada al ejército y a la Policía Militar se debió a varias razones -según la información que se plasma en los medios electrónicos-que la experiencia soviética con el AK-47 demostró que en la guerra moderna es mejor llevar más balas (aunque sean menos potentes, cada soldado puede llevar más del doble de munición sin aumentar ni el peso ni el volumen transportado) y que sus resultados son tan letales como los de una bala expansiva pero sin contradecir la convención de Ginebra (donde se prohibieron las balas expansivas para "humanizar" la guerra). La sustitución de todo el armamento para usar el nuevo calibre representaba un negocio más que considerable ya que el calibre 5,56 presenta más ventajas que inconvenientes viéndose como el estándar que permanecerá por mucho tiempo en el área militar, por lo que no se explica este Tribunal que ante la información proporcionada por la Armería de las Fuerzas Armadas la pericia en balística concluye que los cinco proyectiles presentados como evidencia si fueron percutidos por el arma de fuego tipo fusil, marca Coll, modelo M4, calibre 5.56 x 45mm, con número de serie A0398273 el cual conforme al acta de registro y decomiso le fue decomisado al imputado Cristian Josué Lopez Cabrera junto con treinta cartuchos, es decir, ya que el imputado Cristhian junto a sus compañeros Justino Vásquez, Jimmy José Castillo y Olvin Ismael Blandin se encontraban realizando un recorrido de rutina como Policías Militares en la colonia Villa Franca portando sus armas de reglamento cuya munición que se les provee como policías Militares por dicha Armería es la 5.56 y no la LC 85 la cual según dicha constancia no comercializa la Armería ni tampoco ha proporcionado esa munición a la Policía, tampoco se presentó constancia alguna por parte de las partes acusadoras que este tipo de municiones se les proporciona a los policías para el desempeño de sus funciones, lo cual deja un margen de duda para este Tribunal sobre ese extremo ya que al no comercializarse dicha munición LC 85 ni ser proporcionada a la policía deja abierta la posibilidad de que dicha munición también sea utilizada con armas hechizas las cuales son elaboradas para ser manejadas tanto con calibre comercial como de uso prohibido, es decir, que aun cuando dicha munición presente las mismas características de clase y capaz de ser percutida con el arma que le fue decomisada al imputado Cristian López y ante los hechos relatados por el imputado Jimmy José Castillo sobre la existencia del enfrentamiento de dichos policías con un grupo de aproximadamente 8 a 10 personas de dicha colonia tampoco excluye por todas las razones que ya se han expuesto ampliamente, que dicha munición la utilicen con armas hechizas, las cuales se caracterizan de poseer los grupos de maras o pandillas, ya que para un policía es de basto conocimiento que el hecho de disparar calibres diferentes del que se ha diseñado el arma, representa un grave peligro para su propia seguridad ya que ante un enfrentamiento armado, por sentido común es muy probable que el proyectil se trabe en la recamara y evite el disparo, poniendo así en peligro su vida. Por otra parte también existe la duda respecto a las conclusiones arribadas con esta pericia respecto a que los cinco proyectiles fueron disparados por el arma de fuego incautada al imputado Cristian López en vista de que del acta de registro y decomiso se desprende que a este le fueron decomisados los treinta cartuchos de munición, es decir que tiene completa su munición. Es así que en un juicio oral y público para arribar a un fallo de certeza conforme a las pretensiones de la Acusación no solo se debe de valorar un único medio de prueba aun cuando sea científico, sino también todos los medios de prueba en su conjunto relacionados con las circunstancias del hecho deben orientar a una misma dirección, como también toda la prueba debe ser coherente y veraz en todos sus sentidos, no obstante, en el presente juicio se dieron varias.” Para esta Sala lo Penal en este apartado el Juzgador nuevamente violenta las reglas de la sana crítica, específicamente la lógica en sus postulados de derivación y suficiencia; pues el Tribunal realiza un juicio de valor erróneo al darle credibilidad al acta de levantamiento de indicios que es realizado por un agente de investigación sin un conocimiento específico en balística, que al propio dictamen pericial realizado por un experto y conocedor de la balística quien determinó que las 5 balas encontradas en la escena del crimen fueron percutidas por el arma de fuego que portaba el imputado Cristhian Josué López Cabrera; resulta contrario a la lógica de derivación que el Juzgador no derive del dictamen pericial el resultado que se desprende de ello, pues en el acta de levantamiento lo que se establece es la leyenda que tienen las balas encontradas, pero en ningún momento se habla de calibres; por lo que en este apartado nuevamente se violenta la regla de la lógica, razones suficientes para declarar ha lugar el presente recurso de casación, declarando parcialmente la nulidad de la sentencia y del debate celebrado, ordenando la celebración de un nuevo juicio con jueces distintos a los que participaron en el juicio anulado, todo en relación al delito de homicidio en perjuicio de Heidi Gabriela López Cruz y por el cual fue acusado el señor Cristhian José López Cabrera. Segundo Motivo • Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Norma procesal que se denuncia infringida: artículo 202 del Código Procesal Penal. • Concepto de la infracción: violación a las reglas de la sana crítica • Reclamación ex-ante: sin determinar por el censor. • Pretensión: sin determinar por el censor. Explicó el recurrente que en la fundamentación jurídica de la Sentencia y en relación a los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, la acusación pública y privada fueron del criterio que los imputados Jimmy José Castillo Martínez, Justino Vasquez Amaya y Olvin Ismael Blandin Espinal, incurrieron en esos delitos en virtud de que estaban obligados a proceder a la detención de Cristhian Josué López al momento del hecho; sin embargo el Juzgador señaló que debido al supuesto enfrentamiento de los militares con los pobladores con piedras y disparos no fue posible hacerlo, argumento que consideran falaz y un acto para justificar la falta de acción de los imputados. De la Procedencia del Recurso. El Motivo es de Recibo. Para esta Sala de lo Penal en este segundo motivo al recurrente también le asisten la razón, pues en el caso de los razonamientos que utilizó el Sentenciador para determinar la no culpabilidad de imputados en los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, en la fundamentación jurídica de la Sentencia expresó: “C. El delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios en perjuicio de La Administración Pública, delitos contenidos en el artículos 349 No.3 del Código Penal el cual establece que: "Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: 1)....2)..3) Omita, rehusé o retarde algún acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo. Nuestro Código Penal en su artículo 393 establece que "se reputa funcionario o empleado público a toda persona natural que, por disposición de la ley o por nombramiento de la autoridad competente, participe en el ejercicio de funciones públicas o desempeñe un cargo o empleo público". Indicó el Ministerio Publico y la Acusación Privada que los imputados Jimmy José Castillo Martínez, Justino Vásquez Amaya y Olvin Ismael Blandin Espinal incurrieron en este delito en virtud de que estaban obligados a proceder a la detención de Cristian Josué López Cabrera al momento del hecho. En el presente caso conforme a la prueba evacuada en juicio se acreditó con la Constancia extendida por la Sección de Recursos Humanos (S-1) del Cuarto Batallón de Policía Militar de Orden Público que efectivamente los imputados en referencia son policías Militares y por ende empleados públicos, como también a través de la prueba testifical de cargo de los señores Jorge Alberto Ilovares y Jose Orlando Padilla, así como la propia declaración del imputado Jimmy José Castillo, estos se encontraban realizando un recorrido de rutina en la colonia Villa Franca, el día dos de junio de 2016, no obstante de la prueba evacuada en juicio se acreditó que seguidamente de que el imputado golpeó al señor José Orlando Padilla, escucharon unos silbidos y observaron que se dirigían hacia ellos un grupo de 8 a 10 individuos quienes los agredieron con piedras y al menos un arma de fuego, lo cual provocó un enfrentamiento con los policías, siendo esta circunstancia a criterio del Tribunal que impedía una actuación como la esperada por la acusación privada, dado que ante las circunstancias de riesgo hacia sus vidas la reacción es que todos los policías actúen protegiendo la misma así como su integridad física, pues dicho sector es conocido como una colonia de mucha delincuencia por la existencia de grupos de maras y pandillas, siendo esta la razón por la cual ante dichas circunstancias no es posible exigir de los policías un comportamiento como el que normalmente se espera de un policía. Asimismo los policías Justino Vásquez, Jimmy Castillo y Olvin Ismael a criterio de este Tribunal no podían detener a Cristian al momento en que resultó la muerte de Heydi en vista de que se encontraban en dicho enfrentamiento, como tampoco podían detener a Cristian si no hay prueba de que este era el autor de la muerte de Heydi. En tal virtud a criterio de este Tribunal no se cumplen los elementos objetivos ni subjetivos de este delito. D. El delito de Abuso de Autoridad: Establece el artículo 349 del Código Penal que: "Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: 2) Dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la república o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos. De igual manera que el anterior, el elemento objetivo de este delito en primera instancia es la acreditación de la condición de funcionario público, dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos. Y el elemento subjetivo está determinado por el conocimiento de que realizar esa conducta es contraria a sus funciones como funcionario público. Indicó el Ministerio Público que este delito se configura en relación a Cristhian Josué López al haber ejecutado el delito de Homicidio en perjuicio de la joven Heydi Gabriela López y el delito de Lesiones en perjuicio del señor José Orlando Padilla lo cual es contrario a la Constitución y en relación a los imputados Jimmy José Castillo, Justino Vásquez Amaya y Olvin Ismael Blandin en virtud de que estos estaban obligados a proceder a la detención de Cristhian Josué López al momento de conocer el hecho y no lo hicieron sino que en su lugar le daban seguridad a éste y se fueron junto a el. Y por su parte el Acusador Privado realizó el mismo argumento para subsumir la supuesta acción de los imputados en el delito de Torturas por el cual pretendió que se ampliara la acusación a su instancia, también por el delito de Abuso de Autoridad y por el de Violación de los Deberes de los Funcionarios, en el caso del imputado Cristhian Josué López por haber ejecutado a su parecer la muerte de la joven Heydi Gabriela López y en el caso de los imputados Jimmy José Castillo, Justino Vásquez Amaya y Olvin Ismael Blandin por permitir que Cristhian ejecutara los hechos ya mencionados y en lugar de detener a Cristian López, le daban seguridad al momento en que este ejecutaba los hechos de homicidio y lesiones. Indicó el Acusador Privado en cuanto al Abuso de Autoridad que como funcionarios deben de darnos la confianza de que cuando seamos requeridos podamos encontrarnos ante una autoridad respetuosa, sin embargo Cristian Josué López Cabrera hizo caso omiso a lo que establece el artículo 9 y 13 del reglamento de la Ley de la Policía Militar del Orden Público, igualmente hace caso omiso a lo que establece la Constitución de la Republica como norma principal de su actuar y somete a una golpiza a José Orlando, lo hace simple y sencillamente porque andaba uniformado y andaba armado ejerciendo actos de seguridad contratado por el Estado. A criterio de este Tribunal los entes acusadores improvisaron en todo momento al pretender subsumir varios delitos en una misma acción ya que por una parte solicitaban una sentencia condenatoria en contra de Cristian por el delito de Homicidio y Lesiones en perjuicio de Heydi Gabriela Cruz y José Orlando Padilla respectivamente, pero a la vez pretendían que se le castigara doblemente por ese mismo hecho por el delito de Abuso de Autoridad lo cual jurídicamente es improcedente y respecto a los imputados Jimmy José Castillo, Justino Vásquez Amaya y Olvin Ismael Blandin con el mismo argumento pretendían que se condenara por los delitos de abuso de autoridad y también por el de Violación de los Deberes de los Funcionarios, lo cual tampoco es posible ya que es obligación de los entes acusadores calificar correctamente los tipos penales y aportar las pruebas suficientes para quebrantar el estado de inocencia de los imputados, sin embargo respecto a estos delitos por ser el mismo argumento utilizado por los entes acusadores para calificar estos delitos lógicamente el criterio del Tribunal es el mismo esgrimido que en el delito anterior.” Para esta Sala de Casación el razonamiento del Sentenciador es contrario a las reglas de la sana crítica, pues no ha derivado del resultado probatorio las conclusiones que de ello emanan; en primer lugar afirma el Juzgador que los imputados Jimmy José Castillo Martínez, Justino Vasquez Amaya y Olvin Ismael Blandin Espinal, no procedieron a detener al imputado Cristhian Josué López, pues todos ellos estaban defendiéndose de un supuesto fuego cruzado que se había dado el día de los hechos y si ese supuesto fuego cruzado se dio, resulta evidente que no lo van a detener en ese mismo momento, pero una vez que se presentaron a la autoridad policial para informar lo sucedido, nada hicieron al respecto; el Sentenciador en sus raciocinios nada refiere a los aspectos señalados por el recurrente. Por todas las razones expuestas, esta Sala de lo Penal considera que el Juzgador ha efectuado razonamientos contrarios a las reglas de la sana crítica que merecen reproche casacional, por lo que es procedente declarar ha lugar el presente motivo de casación, ordenar la nulidad parcial de la sentencia y del debate celebrado y decretar la celebración de un nuevo juicio con togados diferentes a los que participaron en el juicio anulado. Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe utilizar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos en que se fundan (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Litocom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Esta Sala de lo Penal no procede a dar respuesta en el fondo al primer motivo de casación por infracción de precepto constitucional interpuesto por la Acusación Privada, toda vez que se ha resuelto a favor los motivos de casación por quebrantamiento de forma y se ha ordenado la nulidad parcial de la sentencia recurrida y del debate celebrado, lo que constituye la misma pretensión en el primer motivo por infracción de precepto constitucional. Recurrente N°2 Abogado Carlos Alexis Argueta Vijil, Acusador Privado Segundo Motivo • Norma autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. • Norma Constitucional que se denuncia infringida: artículo 90 de la Constitución de la República. • Concepto de la infracción: infracción al debido proceso • Pretensión: que se anule la decisión de no juzgar a los imputados por el delito de torturas. Explicó el recurrente que en el momento procesal oportuno se solicitó al tribunal la modificación de la calificación de los hechos por el delito de tortura en contra el imputado Cristian Josué López Cabrera, que no se estaba modificando los hechos, sino corrigiendo una omisión y presentando una correcta calificación de los hechos que se debía juzgar; de igual forma sucedió con los otros coimputados Justino Vasquez Amaya, Jimmy José Castillo Martínez y Olbin Ismael Blandin Espinal, al solicitar se ampliara para éstos por el delito de tortura. Decisión que fue declarada no ha lugar por parte del Tribunal de Sentencias, sin haber escuchado el parecer del Ministerio Público en relación a la petición de la acusación privada, sino que solo se escuchó el parecer de la defensa de los imputados. Del Debido Proceso Penal La Garantía del debido Proceso se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, definido tradicionalmente como aquel que garantiza que nadie puede ser condenado sino tras haber sido juzgado por un Tribunal competente, bajo las formalidades previamente previstas en la ley; Sin embargo el Principio del Debido Proceso más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, como ser el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros, en fin el Principio del debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. El debido proceso se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. La Sentencia debe ser el resultado de la celebración de un debate en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la sentencia se convierte en un fruto viciado; Estas reglas esenciales son los principios informadores de la fase de juicio: defensa, presunción de inocencia, contradicción, inmediación, oralidad, concentración y publicidad. (Al respecto ver fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de noviembre del 2011 en Exp 318-2010). De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Para esta Sala de lo Penal y conforme lo alega el recurrente no ha existido violación al debido proceso por parte del Tribunal Sentenciador al declarar no ha lugar la pretensión de la acusación privada de ampliar la acusación a los imputados por el delito de torturas; se pudo verificar según acta de debate que corre agrada al expediente judicial, que a folios 359-361 se encuentra la formalización de la acusación que hiciera el Ministerio Público, el Acusador Privado, la contestación de cargos de la defensa y la respuesta del Juzgador a la solicitud presentada, en resumen se establece: “Formalización de Acusación Ministerio Público: … en cuanto a la calificación de estos hechos el Ministerio Público considera que se cometió el delito de homicidio simple con dolo eventual en perjuicio de la joven Heidi López Cabrera que está previsto en el artículo 116, en relación al| 13 en su segundo párrafo del Código Penal, el cual conlleva una pena de 15 a 20 años, ello en virtud de que el delito sin duda fue realizado por una acción dolosa ya que el imputado estaba obligado como efecto de su acción que existía la posibilidad de producir un efecto dañoso constitutivo de delito, al disparar su arma de fuego en dirección de la casa de habitación donde se encontraba la victima junto a su padre y otro hermano, impactándole uno de los disparos en el cuerpo, así mismo considera el Ministerio Publico que se cometió el delito de Lesiones en perjuicio del señor José Orlando Mejía el cual se encuentra tipificado en el artículo 136 sancionado con una pena de 1 a 3 años, ello tomando en cuenta que según el Dictamen Forense fue incapacitado por más de 20 días, así mismo considera el Ministerio Publico que se cometió el delito de Abuso de Autoridad en perjuicio de la Administración Pública, previsto y sancionado en el artículo 349 numeral 2, cuya pena oscila entre 3, y 6 años, ello al haber ejecutado una acción que va en contra de lo establecido en la Constitución de la Republica, como lo es la integridad física de conformidad al artículo 188 de la Constitución de la Republica considera el Ministerio Publico que se da el delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios contenido en el artículo 349 numeral 3, del Código Penal, en relación al delito de Homicidio considera el Ministerio Publico que la responsabilidad s para el imputado Cristian Josué López Cabrera en virtud de que él le quito la vida a la joven Heidi Gabriela López Cruz, así mismo considera el Ministerio Publico que este mismo imputado participó en el delito de Abuso de Autoridad en perjuicio de la Administración Pública al haber ejecutado una acción en contra de la Constitución de la Republica, así mismo las lesiones en contra del señor José Orlando Padilla, en virtud de que él fue la persona que lo agredió físicamente al momento que fue requerido, en cuanto a los demás que serían Justino Vásquez Amaya, Jimmy José Castillo Martínez y Olvin Ismael Padilla Espinal considera el Ministerio Publico que estos incurren en el delito de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios de conformidad al artículo 349 numeral 2 y 3, se subsumen en el delito de Abuso de Autoridad y Violación a los Deberes de los Funcionarios, esto en virtud de que ellos estaban obligados a proceder a la detención de Cristian su compañero de grupo al momento de conocer el hecho, por lo que el Ministerio Público consideran que incurrieron en relación al delito de violación de los deberes de los funcionario, ello en concurso real. Formalización de Acusación Privada. Por economía procesal me voy a adherir a la formalización que ha hecho el Ministerio público a la acusación planteada en contra de los ahora imputados, sin embargo la acusación privada difiero personalmente en la calificación hecha por el ministerio público, en contra de los 4 imputados Cristian Josué López Cabrera, Jimmy Josué Vásquez Amaya y Olvin Ismael Blandin Espinal, en virtud de que considera la acusación privada que la acción cometida por Cristian Josué López Cabrera de lesionar o agredir físicamente al señor José Orlando Padilla Mejia, no solo constituye el delito de Lesiones, si no que conforme a lo que establece el artículo 209 del Código Penal, también se subsume en el tipo penal de tortura, esto porque como empleado del Estado en el ejercicio de sus funciones abusando de su cargo y castigan físicamente al señor José Orlando Padilla, empleando fuerza material y causándole una lesión en su nariz, de acuerdo al artículo 209-A esto constituye un delito independiente de Tortura para el señor Cristian Josué López Cabrera y en relación a los otros tres imputados Justino Vasquez Amaya, Jimmy Josué Martínez y Olvin Ismael Blandin Espinal, este artículo en uno de sus párrafos establece que las penas que se aplican al delito de Tortura a los empleados o funcionarios públicos, que con su aquiescencia y consentimiento faltando a los deberes de su cargo, permitieren que otros ejecuten los hechos anteriormente descritos, es decir el delito de Tortura, en este caso considera la acusación privada que los señores Justino Vásquez Amaya Jimmy Josué Martínez y Olvin Ismael Blandin al no detener al ahora imputado Cristian Joel López Cabrera, al momento de estar golpeando al señor José Orlando dieron su consentimiento, ya que más de detenerlo lo que estaban dando era seguridad, que este no exigiera ninguna acción en contra del señor Cabrera por lo que consideramos que se debe de ampliar por este delito autónomo de acuerdo a lo que establece el Código Penal, en lo demás me adhiero a lo establece el Ministerio Publico, en cuanto a los delitos de Homicidio Simple con dolo eventual, Abuso de Autoridad y Cristian Josué López Cabrera hecha por el Ministerio Publico y el delito de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios en concurso real, en contra de los tres imputados Justino Vásquez Amaya, Jimmy Josué Martínez y Olvin Ismael Blandin, tomando en consideración que esta modificación de la ampliación que se hace parcialmente se hace en función de que el proceso los imputados se han venido defendiendo de hechos y no de calificaciones de delitos, ello en concurso real. contestación de cargos de la defensa: Primero manifestar que el acusador no puede estar adhiriéndose a lo que establece que se adhiere a una acusación por el delito de Abuso de Autoridad que no tiene ninguna representación del Estado y no es considerado victima en ese aspecto ninguno de los hoy ofendidos para poder estar mencionándose, tiene falta de acción para establecer que se está adhiriendo única y exclusivamente de los delitos que tienen que ver con sus patrocinados y la ampliación de acusación que ha manifestado en cuanto al delito de Torturas, en cuanto al Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes no tiene ningún tipo de autoridad, por parte del Ministerio Publico y de la Procuraduría General del Estado para poder ejerciendo dicha acción, el cual recalcamos este aspecto para que quede claro en la presente causa, en cuanto a lo manifestado por el Ministerio Publico que ha formalizado en este momento que es un requerimiento Fiscal en contra de Cristian por el delito de Homicidio con dolo eventual, asimismo Lesiones Simples y el Abuso de Autoridad, esta representación va a lograr establecer que mis representados en ningún momento ejerció ningún tipo de acción, para provocar el resultado que se conoce el día de hoy, lo que ha sido la muerte de una persona, una persona la cual aparentemente se sido denominado encontraba en la casa de habitación, cuando la persecución que a un sector caliente en virtud de estar estadísticamente comprobado bajo el encontró supuesto de grupos antisociales, en cuanto a lo manifestado en contra de mis otros representados Justino Vásquez Amaya, Jimmy Josué Martínez y Olvin Ismael Blandin han violado lo que ha sido un deber en virtud de que la acción se dio en un corto espacio de tiempo y ellos al momento de ejercer dicho operativo fueron reportadas inmediatamente a su superior jerárquico el cual era el encargado de el en pertinentes, en cuanto a ese momento y dio parte a las autoridades para que se dieran las investigaciones, la acusación y nos acusación privada ha establecido una ampliación de la preguntamos cuales son los hechos para poder establecer esta ampliación ya que se deben de tener hechos nuevos, contamos con el Dictamen Médico Forense, la evaluación física que se realizó al ofendida el cual no es un hecho nuevo, no sabemos cuál es el nuevo elemento para hacer dicha ampliación, una vez antes de empezar el debate tendrá que presentar las circunstancias o hechos para la ampliación que exige nuevos elementos de prueba que lo manifiesta el artículo 321, por lo que la defensa solicita que se declare sin lugar el mismo. Tribunal Delibera: En cuanto a la solicitud de ampliación de la acusación solicitada por el acusador privado quien se adhirió a la acusación del Ministerio Publico y solicito que se ampliara la misma por el delito de Torturas contenido en el artículo 209-A del Código Penal el cual es un delito de orden público ya que protege la libertad y la seguridad ya que el fin de la norma es perseguir los actos que cometieren los empleados o funcionarios públicos u otras personas en el ejercicio de las funciones públicas, en perjuicio de personas que tengan bajo su custodia, pero no es el caso que nos ocupa por lo cual no se ajusta al argumento expuesto por el acusador privado en ese orden de ideas, conforme a lo dispuesto en el artículo 24 del Código Procesal Penal, las acciones se clasifican en públicas y privadas, asimismo conforme al artículo 25 del mismo Código la acción penal por este delito de torturas le corresponde ejercerla únicamente al Ministerio Publico y no a la Acusación Privada por ser este delito de orden público, pero el Ministerio Publico al formalizar su acusación en ningún momento amplio la misma por el delito de Torturas, sosteniendo únicamente los delitos por los cuales fue elevada la causa a juicio, y en tal virtud el Acusador Privado carece de facultades según la norma adjetiva penal para incoar la acción penal por este delito en contra de los acusados. Por otra parte, conforme al artículo 321 del Código Procesal Penal tampoco se cumplen los presupuestos para solicitar una ampliación de la acusación pues no existen hechos nuevos para ampliar la acusación como pretende el Acusador Privado, máxime cuando se trata de un delito cuya pena es grave, en vista de todo lo antes apuntado, este Tribunal por unanimidad de votos declara sin lugar la ampliación de la acusación que ha solicitado la acusación privada, por improcedente.” Para esta Sala de lo Penal en ningún momento, con la denegatoria del Tribunal Sentenciador al acusador privado en el sentido de ampliar la acusación, se ha violentado el debido proceso, todo lo contrario, el Juzgador en aplicación irrestricta de nuestra ley procesal, determinó que la petición del acusador privado era improcedente, tal como lo hizo ver en su resolución donde argumentó en primer lugar que el propio acusador privado manifestó que se adhería a la acusación realizada por el Ministerio Público, desde ese momento aceptó los hechos y la calificación jurídica de las acciones cometidas por los imputados; en segundo lugar no era posible ampliar la acusación por un delito de orden público, cuando las facultades que el Código Procesal Penal otorga al acusador privado son limitadas, pues quien lleva la acción penal pública es el ente acusador de Estado. Esta Sala de Casación concuerda con el parecer del Juzgador en el sentido de que, no solo no estaba facultado el acusador privado para ampliar la acusación, sino que, desde que aceptó la formalización de la acusación pública, aceptó los hechos y la calificación jurídica realizada por aquella. Otro cuestionamiento del recurrente es que a su criterio, se le debió dar la palabra al Ministerio Publico para que se pronunciara sobre la petición de ampliación realizada por el acusador privado y que por eso se transgredió el debido proceso, argumento totalmente errado del censor, pues si se acababa de escuchar a la representación del Estado efectuar su formalización de la acusación y establecer los hechos por los cuales se iniciaba el juicio oral y la calificación jurídica que le daba a los mismos y sin manifestar nada la fiscal acerca de ampliar la acusación por el delito de torturas, qué sentido tenia concederle la palabra para pronunciarse sobre algo que ya había expresado su voluntad; así mismo si la intención de la Fiscalía del Ministerio Público era acompañar la decisión del acusador privada, nada ni nadie le impedía solicitar la palabra y establecerlo así, pero el silencio del ente acusador y su pasividad al planteamiento del acusador privado, denota cual era su voluntad. En ese orden de ideas y con los argumentos expresados por el Sentenciador, esta Sala de lo Penal no observa violación alguna al debido proceso que merezca reproche casacional, por las razones debidamente expresadas se declara no ha lugar el presente motivo de casación por infracción de precepto constitucional. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por infracción de ley en sus dos motivos, interpuestos por la fiscal del Ministerio Público; Se declara ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, interpuesto por la fiscal del Ministerio Público. Se declara no ha lugar el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo, interpuesto por la acusación privada; se declara ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en sus dos motivos, interpuesto por el acusador privado; Se abstiene de responder en el fondo el primer motivo de casación por infracción de precepto constitucional, interpuesto por el Acusador Privado; se declara no ha lugar el segundo motivo de casación por infracción de precepto constitucional, interpuesto por el Acusador Privado. De La Aplicación Retroactiva Del Código Penal Decreto 130-2017 Ya la Sala de lo Penal ha establecido mediante su doctrina legal, los lineamientos, normas y preceptos que se deben considerar para realizar un estudio y ponderación sobre la aplicación retroactiva de la ley penal, en este caso del decreto 130-2017; por lo que tomando como fundamento esa doctrina, procede a realizar la ponderación para determinar si resulta más favorable o no la aplicación retroactiva de la ley penal. (Doctrina Legal: *SP 301-2016 de fecha 28 de junio de 2022. *SP 397-2018 de fecha 24 de febrero de 2022. *SP 507-2018 de fecha 11 de noviembre de 2021. *SP 582-2019 de fecha 24 de febrero de 2022. *SP 623-2019 de fecha 01 de noviembre de 2023. *SP 11-2020 de fecha 01 de noviembre de 2023. *SP 104-2022 de fecha 06 de junio de 2023. Entre otros fallos dictados por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia.) Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto, por lo que de oficio esta Sala de lo Penal procede a realizar el estudio. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal decreto 144-83 en su artículo 136, declaró responsable al acusado Cristhian Josué López Cabrera, como autor, del delito de lesiones menos graves, en perjuicio de José Orlando Padilla Mejia, a la pena de un año y seis meses de reclusión, más la pena accesoria de inhabilitación especial e interdicción civil; además se hizo la declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito y como consecuencia penal la obligación de realizar trabajo penitenciario. El decreto legislativo 130-2017 en su artículo 199 tiene regulado el delito de lesiones simples, que tiene señalada una pena de 1 a 4 años de prisión. Al hacer el comparativo de penas se puede concluir que, la pena impuesta al acusado mediante el decreto 144-83 se encuentra dentro del marco abstracto de la pena que le correspondería conforme al decreto 130-2017, en ese sentido no procede la aplicación retroactiva de la nueva ley penal pues no representa ningún beneficio para el acusado. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 349 numeral 2 y 3 del Código Penal decreto 144-83 Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos, interpuesto por la Abogada Iris Beatriz Fonseca Matamoros, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la causa instruida contra: a) Cristhian Josué López Cabrera, a quien se le condenó como autor del delito de lesiones menos graves, en perjuicio de José Orlando Padilla Mejía, y se le absolvió por el delito de abuso de autoridad, en perjuicio de la Administración Pública b) Justino Vásquez Amaya, a quien se le absolvió de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública; c) Jimmy José Castillo, a quien se le absolvió de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública; d) Olvin Ismael Blandin, a quien se le absolvió de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública. Segundo: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Abogada Iris Beatriz Fonseca Matamoros, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. En consecuencia: a) Casa parcialmente la sentencia de fecha once de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. b) Declara la nulidad parcial de la audiencia de debate y de la sentencia, en relación al delito de Homicidio en perjuicio Heidi Gabriela López Cruz. c) Que se repita el debate celebrado en relación al acusado Cristhian Josué López Cabrera, por el delito de Homicidio, en perjuicio de Heidi Gabriela López Cruz. Tercero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por el Abogado Carlos Alexis Argueta Vigil, en su condición de Acusador Privado, en la causa instruida contra: a) Cristhian Josué López Cabrera, a quien se le condenó como autor del delito de Lesiones menos graves, en perjuicio de José Orlando Padilla Mejia, y se lo absolvió por el delito de Abuso de Autoridad en perjuicio de la administración pública b) Justino Vásquez Amaya, a quien se le absolvió de los delitos de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública; c) Jimmy Jose Castillo, a quien se le absolvió de los delitos de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública; d) Olvin Ismael Blandin, a quien se le absolvió de los delitos de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública. Cuarto: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en sus dos motivos, interpuesto por el Abogado Carlos Alexis Argueta Vigil, en su condición de Acusador Privado, en la causa instruida contra: a) Cristhian Josué López Cabrera, a quien se le condenó como autor del delito de Lesiones Menos Graves, en perjuicio de José Orlando Padilla Mejia, y se lo absolvió por el delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de la Administración Pública b) Justino Vásquez Amaya, a quien se le absolvió de los delitos de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública; c) Jimmy Jose Castillo, a quien se le absolvió de los delitos de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública; d) Olvin Ismael Blandin, a quien se le absolvió de los delitos de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública. Quinto: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos, interpuesto por el Abogado Carlos Alexis Argueta Vigil, en su condición de Acusador Privado. En consecuencia: a) Casa parcialmente la sentencia de fecha once de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán; b) Declara la nulidad parcial de la audiencia de debate y de la sentencia de fecha once de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en relación al imputado Cristhian Josué López Cabrera por el delito de Homicidio, en perjuicio Heidi Gabriela López Cruz; así como por el delito de Abuso de Autoridad. c) Declara la nulidad parcial de la audiencia de debate y de la sentencia de fecha once de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en relación a los acusados Jimmy José Castillo, Justino Vásquez Amaya y Olvin Ismael Blandin, por el delito de Abuso de autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios c) Que se repita el debate celebrado ante un Tribunal distinto al que conoció el juicio anulado, en relación al acusado Cristhian Josué López Cabrera, por el delito de Homicidio, en perjuicio de Heidi Gabriela López Cruz y por el delito de Abuso de Autoridad. d) Que se repita el debate celebrado ante un Tribunal distinto al que conoció el juicio anulado, en relación a los acusados Jimmy José Castillo, Justino Vásquez Amaya y Olvin Ismael Blandin, en relación a los delitos de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios, en perjuicio de la Administración Pública. Sexto: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017, en relación a la condena del imputado Cristhian Josué López Cabrera, por el delito de Lesiones Menos Graves, en perjuicio de José Orlando Padilla Mejía. Séptimo: Se mantiene incólume la sentencia de fecha once de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en su parte resolutiva numerales, primero, segundo, tercero, cuarto, y noveno todo en relación a la condena del imputado Cristhian Josué López Cabrera, por el delito de Lesiones Menos Graves, en perjuicio de José Orlando Padilla Mejía. Octavo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha once de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en relación a la condena del imputado Cristhian Josué López Cabrera, por el delito de Lesiones Menos Graves, en perjuicio de José Orlando Padilla Mejía. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Díaz Flores. Notifíquese. - Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrada. Firma y Sello. RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS. – receptora adscrita a sala de lo penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a once días del mes de febrero de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el cuatro de noviembre de dos mil veinticuatro, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-30-2019.
RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS
RECEPTORA SALA PENAL.”