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Sentencia CP-280-21 — Registro 19438

Resumen

En primera instancia el Tribunal de Sentencia falló absolviendo al acusado por el delito de almacenamiento ilegal de arma de fuego de uso personal, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado, resolviendo la Sala de lo Penal Ha Lugar el recurso de casación .

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la Procedencia del Recurso. El Motivo es de Recibo. Esta Sala de lo Penal analiza el motivo de casación presentado por el ente acusador y en efecto considera que el Tribunal Sentenciador ha incurrido en vicio casacional, al haber excluido prueba de valor decisivo para el proceso, pues consideró que la convalidación al allanamiento efectuado en la vivienda del acusado fue ilícito, pues a su criterio no se cumplen con los requisitos del artículo 212 del código procesal penal. Al respecto esta Sala de Casación considera que los agentes al decidir realizar un allanamiento sin contar con orden judicial, lo hizo en total apego a lo que establece el artículo 99 de la Constitución de la República al plasmar: “El domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente. No obstante puede ser allanado, en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o a la propiedad (Lo subrayado es nuestro).” En relación a esto encontramos en el código procesal penal, en su artículo 212 que regula. “El allanamiento de una morada, casa o lugar en que viva una persona, sólo podrá efectuarse previa orden escrita del órgano jurisdiccional competente. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable en caso de flagrancia o cuando la medida sea necesaria para impedir la comisión de un delito, para evitar la fuga de un delincuente o la destrucción, pérdida u ocultamiento de las pruebas o evidencias con miras a lograr la impunidad de los responsables (Lo subrayado es nuestro) y no sea posible esperar el tiempo necesario para solicitar la autorización judicial.” Lo primero que debemos tener claro es que nuestra Carta Magna reconoce y señala la inviolabilidad al domicilio, como un derecho de todos los ciudadanos, sin embargo, los derechos no son absolutos y por tanto se establecen excepciones, es decir este derecho puede ser limitado en casos de urgencia tal como lo establece nuestra Constitución de la República y esos casos de urgencia son: Para impedir la comisión de delitos Para impedir la impunidad de delitos Para evitar daños graves a la persona En el caso subjudice es evidente que la medida tomada por las autoridades de investigación y persecución, fue ejecutada para impedir la impunidad de delitos, ante un hecho que no podía permitirse quedaran en la impunidad. El artículo 212 del Código procesal penal es aún más específico, al determinar con mayor precisión cuáles son esas excepciones a la inviolabilidad del domicilio. Flagrancia. Cuando la medida sea necesaria para impedir la comisión de un delito. Para evitar la fuga de un delincuente. Para evitar la destrucción, perdida u ocultamiento de las pruebas y evidencias con miras a lograr la impunidad de los responsables. Al respecto consideramos que las acciones efectuadas por los agentes, al realizar un allanamiento sin orden judicial, fueron precisamente para evitar la comisión de un delito, por tanto considera esta Sala de lo Penal que si nos encontramos ante un caso de urgencia y no se podía esperar la autorización judicial, pues todos sabemos del congestionamiento en los Tribunales y de que era muy posible se tendría que esperar un tiempo prudencial para que la misma fuese emitida, sin embargo, el Ministerio Público cumpliendo con lo que establece nuestra ley procesal, solicitó en tiempo y forma la respectiva convalidación, misma que fue otorgada por el Juez de garantías, resolución que se encuentra debidamente motivada y apegada a ley. En ese sentido considera este Tribunal de Casación que el Sentenciador, al apartar del acervo probatorio la convalidación del acta de allanamiento mediante la cual fue capturado el señor Emilio Pineda Muñoz, por considerar ilícito el mismo, fue realizado de forma errónea y sin tomar en consideración cada uno de los casos de urgencia que plantea nuestra Constitución de la República y nuestro Código Procesal Penal, al permitir el allanamiento de una morada sin orden judicial, para evitar la impunidad de delitos y la fuga de los delincuentes, tal como aconteció en las presentes diligencias; en tal sentido considera que al apartar de valoración probatoria prueba de valor decisivo y al efectuar la inclusión hipotética in mente, se traduce en que definitivamente la decisión del Tribunal Sentenciador hubiese sido muy distinta a la que tomó. En consecuencia y por las razones antes expuestas, es procedente declarar ha lugar el presente motivo de casación, anular el debate y la sentencia recurrida, ordenando la celebración de un nuevo juicio ante togados diferentes al juicio anulado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-280-2021, que literalmente dice:” Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticuatro días del mes de julio del año dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Nelson Danilo Mairena Franco, en su calidad de coordinador, Mario Rolando Díaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-280-2021 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua, mediante la cual falló: PRIMERO: Absolvió a Emilio Pineda Muñoz, del delito de Almacenamiento Ilegal de Arma de Fuego de Uso Personal, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. SEGUNDO: Se ordenó la revocación de la medida cautelar impuesta. TERCERO: No procedió la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio a Emilio Pineda Muñoz, ni declarar la responsabilidad civil. Son partes en única instancia: La Abogada Ligia Cristina Roque Gomez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente; y el Abogado Pompilio Banegas Euceda, en su condición de defensor privado de Emilio Pineda Muñoz, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: en horas no determinadas de la noche, del día martes ocho (8) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), se recibió una llamada anónima en las oficinas de la Dirección Policial de Investigación de la ciudad de Comayagua, donde manifestaban que en la propiedad de del señor EMILIO PINEDA ubicada en la Aldea Concepción de Rio Blanco, del Municipio de Comayagua, Departamento de Comayagua, tenía almacenada droga y armas ilícitas que a primeras horas del día las trasladarían hacia otro sector con la intención de ocultarlas y destruirlas. SEGUNDO: Como a eso de las dos de la tarde, del nueve (9) de agosto del año dos mil diecisiete (2017) agentes de la Dirección Policial de Investigación, practicaron allanamiento específicamente en la propiedad del señor EMILIO PINEDA MUÑOZ, solicitando a su vez la convalidación al juez competente, sin las formalidades requeridas por la ley.” RECURSO DE CASACIÓN: La recurrente Abogada Graciela Maldonado Oliva, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. UNICO MOTIVO: "Exclusión de prueba de valor decisivo" PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 2, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El Principio de Libertad Probatoria se basa precisamente, en que para demostrar los hechos y circunstancias relacionados con el delito, las partes intervinientes podrán utilizar cualquier medio probatorio; sin embargo, en el caso sub judice e l vicio se presenta, porque el Tribunal consideró ilícito sin serlo el medio probatorio consistente en la resolución que convalida el allanamiento realizado en la casa del acusado, medio de prueba que fue obtenido en cumplimiento a todos los requisitos y formalidades que exige la normativa procesal penal. Con la anulación del auto antes referido en consecuencia también está anulando el allanamiento que es el que da origen a la obtención de toda la prueba que sustenta la acusación, en ese auto de convalidación el juez señala expresamente que el sustento para ejecutar el allanamiento es que se estableció la urgencia, necesidad y proporcionalidad, para evitar en este caso la ocultación u ocultamiento de las evidencias y en consecuencia también evitar la impunidad del hecho delictivo, es decir movilizar la droga y las armas tal y como se había denunciado. Al analizar la sentencia de mérito objeto de impugnación, el tribunal al momento de realizar la valoración probatoria excluye el medio de prueba: "Auto de Convalidación de Allanamiento de morada de fecha diez de agosto del año dos mil diecisiete", por considerar erróneamente que es ilícito y expone el fundamento de su decisión para dicha exclusión de la manera siguiente: " Este Tribunal al examinar LA RESOLUCIÓN JUDICIAL de fecha 10 de Agosto del 2017, observa que el juez Instructor NO HACE UN ANALISIS SUFICIENTE DE LOS MOTIVOS O RAZONES QUE LO MOTIVAN A TOMAR LA DECISIÓN DE ORDENAR UN ALLANAMIENTO DE MORADA, solamente se circunscribe a realizar una mera transcripción de lo que el Ministerio Público le dice, sin explicar cuáles son los hechos facticos y medios probatorios que tomo en cuenta para establecer la concurrencia de dichos presupuestos..." en otro apartado de la Fundamentación y siempre en relación a la exclusión de dicho medio de prueba señala: "Como consecuencia de lo antes expuesto no es posible valorar, para determinar la responsabilidad penal, ninguno de los medios de pruebas de cargo evacuados en juicio, pues son el resultado de diligencias policiales realizadas en vulneración al derecho a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio al tenor del artículo 200 del Código Procesal Penal. " (Ver párrafo seis y catorce del primer numeral, página 11 y 14 del apartado de la fundamentación Jurídica de la sentencia). El auto de convalidación del allanamiento expulsada por el tribunal constituye elementos de prueba esencial para acreditar el delito ya que fue obtenido bajo el principio de libertad probatoria que asiste al ente acusador, la norma establece únicamente como requisitos que el medio probatorio sea objetivamente confiable, en el caso de autos, es importante recalcar que el Ministerio Público haciendo uso de las facultades que le otorga la ley solicitó ante el Juez de Primera Instancia convalidación del allanamiento practicado en la residencia del imputado, actuación que fue debidamente convalidada mediante auto motivado, donde el juez de Garantías después de exponer las consideraciones del caso, resolvió: "Convalidar el allanamiento de morada efectuado por los Agentes de la Dirección Policial de Investigación de esta ciudad de Comayagua, en la casa que habita el señor EMILIO PINEDA MUÑOZ", habiéndose otorgado legalmente la convalidación de dicha diligencia investigativa, el ente fiscal insto proceso penal en contra del encausado. El Tribunal excluyó tanto el auto de convalidación de allanamiento de morada de fecha 10 de agosto del 2017, así como el acta de Allanamiento, acta de Inspección y dictamen Balístico Forense, porque consideró que el Juez de Letras de la sección Judicial de Comayagua no había hecho un análisis suficiente de los motivos o razones que lo impulsan a convalidar el allanamiento, por lo que, a criterio del Juzgador al carecer dicha resolución de motivación y razonamiento no fue posible dar por ejecutado en legal y debida forma el allanamiento efectuado por el ente investigativo. La fundamentación expuesta por el Juzgador a todas luces es errónea, en virtud de que al analizar el auto donde el Juez de Letras convalida el allanamiento se puede observar que el mismo sí contiene suficiente motivación además de justificar las razones para convalidad la actuación policial, contenido que detallamos de la siguiente manera: • En el preámbulo del escrito el Juez procedió a realizar una descripción clara y detallada de la vivienda, así como de la identificación del residente. • Al desarrollar el primer numeral, el Juzgador estableció que la urgencia para realizar el allanamiento por parte de la policía era con la finalidad de evitar la destrucción u ocultamiento de las evidencias. • En el segundo numeral hace referencia a la constatación tanto de la urgencia como de la necesidad y proporcionalidad de la actuación policial, siendo que la misma era para impedir la comisión de un delito, para evitar la fuga del delincuente, la destrucción, perdida u ocultamiento de las pruebas o evidencias, de igual forma señala que no se contaba con el tiempo suficiente para solicitar la autorización Judicial. • El tercer numeral contiene la Fundamentación Jurídica prescrita en la Constitución de la Republica donde señala la facultad de poder allanarse una vivienda en caso de urgencia para impedir la comisión o impunidad de delitos. • En el cuarto numeral además de contener el Fundamento normativo prescrito en el Código Procesal Penal, respecto a los requisitos legales para convalidar el allanamiento, el juez de garantías consideró que el Ministerio Publico sí logró acreditar que no era posible esperar el tiempo necesario para solicitar el allanamiento a través del juzgado. • La resolución finaliza con la decisión del Juez de convalidar el allanamiento de morada realizado por los agentes de la Dirección Policial de Investigación. Cabe también referir que en el auto en mención, también se hace expresa mención de la persona a quien va dirigido, la dirección exacta de la vivienda y las razones precisas de la procedencia de dicha diligencia. Referimos que el auto de convalidación de allanamiento, así como el Acta de Allanamiento, el acta de Inspección y Dictamen Balístico Forense, constituyen medios de pruebas esenciales, pues con ellos de demostró la participación del imputado en los hechos incoados por el ente acusador siendo estos hechos los siguientes: • Con el acta de Allanamiento se comprobó que en dormitorio donde descansaba el imputado Emilio Pineda Muñoz, entremedio de dos colchones ocultaba tanto municiones, así como un arma de fuego tipo Pistola, un arma de fuego tipo escopeta, un arma de fuego de fabricación casera y dinero en efectivo, de igual forma sobre el piso debajo de la misma cama se encontró dentro de una caja de cartón 110 envoltorios de pedazos de hojas de libro conteniendo hierba seca supuesta marihuana, un arma de fuego de fabricación casera de uso personal, en relación a las armas de fuego de fabricación casera al practicar pericia balística, el perito determinó que las mismas presentan buen estado de funcionamiento y están diseñadas para disparar municiones de calibre: 12 GAUGE y 22RL. • Con el acta de Inspección de allanamiento junto con el álbum fotográfico se acreditó que el allanamiento era para constatar los delitos de tráfico ilícito de drogas, almacenamiento ilegal de armas de fuego de uso personal, y almacenamiento de amas de fuego de uso comercial, asimismo se detalla las evidencias encontradas al momento de realizarse dicha diligencia investigativa. En atención a lo antes expuesto la prueba supra relacionada además de haber sido excluida, se considera de valor decisivo, ya que, al incurrir al juicio de inclusión hipotética, el cual consiste en incluir la prueba no considerada, junto con las restantes, las conclusiones de hecho hubieran sido necesariamente distintas; de no haberse excluido tal probanza, el juzgador hubiera llegado a la conclusión indefectible de que el enjuiciado es responsable del delito imputado por el ente fiscal. En relación, consideramos de importancia relacionar la sentencia dictada por la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en la Casación CP-32-2010 de fecha 15 de Abril de 2013, en cuanto a la exclusión de prueba de valor decisivo: “…es preciso indicar que los artículos 202, 336 y 338 sección cuarta numeral 2 del Código Procesal Penal obligan al órgano Juzgador a pronunciarse respecto a la fiabilidad que le merezca cada uno de los medios de prueba reproducidos en el Debate, al amparo de las reglas de la sana crítica, apreciándolos tanto individualmente como de manera conjunta y armónica; conforme al artículo 333, solo se podrán reproducir en el debate aquellos que fueron debida y previamente admitidos, de ahí que la sentencia que no sea producto de lo preceptuado adolecería de un vicio in procedendo.- Uno de esos vicios es el previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal, como motivo para el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, que se produce cuando indebidamente se excluye un medio de prueba, es decir cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor al medio de prueba, es decir hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; Otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación de la ley, tacha un medio de prueba como ilícito descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras negándole valor alguno como consecuencia de una desatinada calificación de ilicitud.- Finalmente, para determinar si el medio de prueba indebidamente excluido posee un valor del fallo, se debe de recurrir a la técnica conocida como "Inclusión Hipotética", que consiste en agregar el medio de prueba excluido a la ecuación valorativa, de modo de verificar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se vería afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario aun cuando su exclusión sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo". En conclusión; el vicio se presenta que al excluir la resolución judicial de convalidación de allanamiento y como consecuencia de éste el acta de allanamiento, acta de inspección y demás medios probatorios dejó de valorar prueba de valor decisivo, que es de vital importancia para acreditar la existencia del ilícito, así como la participación del imputado. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido y ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” Fundamentación Del Recurso de Casación por quebrantamiento de Forma El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Si no se cumplen con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que la norma procesal ordena (Inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (Inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. Único Motivo Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Exclusión de prueba de valor decisivo. Reclamación Ex Ante: Por producirse el vicio denunciado en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para subsanarlo. Pretensión: Que se case la sentencia. Explicó el censor que el Tribunal Sentenciador al referirse en la valoración probatoria, a la convalidación que hiciera el Juzgado de Letras, al allanamiento practicado en la vivienda de Emilio Pineda Muñoz, señaló que la diligencia en mención no reúne los requisitos establecidos en el artículo 99 de la Constitución de la Republica y al hacer la valoración probatoria consideró. “…en consecuencia el ingreso según refiere el testigo, no se acredito con las actas de allanamiento por el Ministerio Publico, así como el propio testimonio de los testigos de cargo reflejan claramente que el allanamiento se practicó el 09 de agosto del 2017, solamente lo que refirió el testigo de cargo que adujo haberse practicado a las dos de la tarde, penetraron en la vivienda de los imputados sin orden de allanamiento y sin estar amparado en las causas legales que señala el Código Procesal Penal en el artículo 212, en cuanto a la flagrancia, o cualquier otra causal que invoca la precitada norma, volviendo la tesis del ente acusador invalida, y por tanto la penetración a dicha vivienda es ilegal, y todo los medios probatorios que se desprendan del indicado allanamiento se encuentran viciados de nulidad pues se obtuvieron quebrantando el principio constitucional de la inviolabilidad del domicilio, el cual incluso no puede ser convalidado por juez dado que no existen las justificaciones legales en el casi de estudiopor lo que no es posible valorar los medios de probatorios de cargo por tratarse de prueba ilícita.” En relación con esa declaración de ilicitud por parte del juzgador, el ente acusador presenta revisión casacional, pues considera que dicho allanamiento y posterior convalidación cumplen con los requisitos del artículo 212 del código procesal penal, siendo dicho medio de prueba de valor decisivo, pues es posible la valoración de prueba que acredita la participación del imputado en el delito acusado. De la inviolabilidad del domicilio. El constituyente hondureño determinó la necesidad de declarar en el artículo 99 superior la inviolabilidad del domicilio, como instrumento para la salvaguarda el derecho a la intimidad, en éste especifico ámbito. El domicilio es el espacio físico delimitado estructuralmente, bajo el dominio, uso o goce de una o más personas determinadas, destinado para realizar en él, de manera permanente o temporal, un conjunto de actos privados, generalmente emancipados de las normas sociales imperantes en el exterior. El domicilio comprende no sólo el lugar o edificación de la residencia, sino cualquier extensión que la componga, como patios interiores, bodegas, sótanos, etc., que se interconecten entre sí y en donde se evidencia que forman parte de un todo, conforme lo conceptualista el artículo 220 del Código Penal. Son elementos del domicilio: 1. Elementos Objetivos: a) Espacio físico, debidamente delimitado y separado del exterior por una estructura de cualquier tipo. b) Que se impida desde el exterior acceso visual de todos los espacios internos de la estructura. c) Que sea apto para el desarrollo de la vida privada. 2. Elementos Subjetivos: a) Que el espacio físico esté siendo usado -permanente o temporalmente- para el desarrollo de la esfera privada de la vida. b) Aprovechar las condiciones físicas estructurales para excluir la participación de terceros en las actividades de la vida de personas, segregando los mismos a dicho espacio. En conclusión, el domicilio, con independencia de la relación jurídica entre el lugar y sus moradores, puede consistir en una estructura natural o artificial, mueble o inmueble, siempre que sea un ambiente cerrado al cual solo tengan acceso aquellas personas que moran en él, usándolo para resguardar sus actos y posesiones íntimas. Ahora bien, como consecuencia de la inviolabilidad del domicilio, ningún ingreso o registro podrá verificarse sin el consentimiento de cualquiera de las personas que lo habitan o sin que sea por cumplimiento de orden emanada de autoridad competente, es decir que como regla general el ingreso a un domicilio debe ser mediando consentimiento de sus moradores y como excepción en virtud de cumplimiento de una orden emitida por autoridad competente o cuando exista una causa de gravedad calificada, de allí la diferencia entre un ingreso y/o registro autorizado, un allanamiento como acto investigativo y un allanamiento ante un Estado de Necesidad o delito flagrante: I. Ingreso y/o registro autorizado: Es el permiso otorgado por cualquier persona mayor de edad que more en el domicilio, para que un tercero ajeno a éste ingrese y en algunas ocasiones, pueda hacer un registro como acto de investigación, pudiendo efectuarse a cualquier hora, en cualquier día y que tendrá validez para efectos procesales siempre que se sigan las siguientes reglas: a. Que la persona a ingresar se identifique de manera previa como autoridad en el ejercicio de su cargo, explicándole las consecuencias en caso de encontrar dentro del interior de la vivienda indicios relacionados con un delito. b. Que una persona mayor de edad que more el domicilio se manifieste de acuerdo con el ingreso, documentando su consentimiento en acta u hoja de autorización donde estampe su firma o huella dactilar. c. Hacerse acompañar los agentes de la autoridad, de ser posible, de dos personas que sirvan de testigos de la diligencia, ajenos al domicilio y ajenos a la institución donde trabajen las personas que solicitan el ingreso. d. Solo podrán ingresar al domicilio las personas autorizadas por el morador, por lo que vecinos, medios de comunicación y demás no podrán ingresar si no están autorizados. e. Que se le permita a una de las personas moradoras, mayor de edad, presenciar el acto de ingreso y registro, siempre que no exista peligro para la vida y que no vaya a entorpecer el resultado de la diligencia. f. Los agentes de la autoridad deberán de abandonar el domicilio de manera inmediata y en cualquier momento, a petición de la persona que autorizó el ingreso, salvo en los casos donde en el proceso de registro se revele la persecución de un delito, sus instrumentos o efectos. g. Dejar constancia en acta de todo lo actuado inventariando los objetos que hayan sido decomisados, de la cual tendrá derecho a una copia la persona que autorizó el ingreso al domicilio. II. El allanamiento por orden judicial: Es el acto de investigación consistente en la penetración a un determinado recinto aislado del exterior, sin la autorización de sus moradores, con la finalidad de buscar, identificar y recoger fuentes de investigación y/o a la propia persona del imputado. El Código Procesal Penal, en su artículo 212, establece que la autoridad competente para emitir orden de allanamiento a que se refiere el artículo 99 de la Constitución de la República, es el órgano jurisdiccional que ejerza su competencia en el lugar donde se encuentre el domicilio. Establece el artículo 99 superior que el allanamiento, aun con orden judicial deberá de iniciarse entre las seis de la mañana y las seis de la tarde. El Constituyente apreció que el Estado de Honduras, en las diligencias que practique en busca de la aplicación de la ley, deberá de actuar sin ampararse de la oscuridad de la noche, ergo deberá de actuar a la luz del día, posibilitando que todas las personas puedan ver y saber las acciones que realiza el Estado en aras de la seguridad pública. El propósito de que la ley establezca que solamente un órgano jurisdiccional podrá ordenar el allanamiento de un domicilio es debido a que el Tribunal evaluará la necesidad y proporcionalidad, entre el principio pro-societate de la persecución e investigación de un hecho delictivo y la garantía constitucional a la inviolabilidad del domicilio, para la práctica de estas diligencias. El órgano jurisdiccional, bajo su responsabilidad, podrá ordenar un allanamiento, cuando resulte LA NECESIDAD RACIONAL para su práctica, dadas las evidencias que hasta ese momento se cuenten como producto de las investigaciones realizadas por los entes policiales. Todas las diligencias relacionadas con las investigaciones, incluyendo el allanamiento deberán de mantenerse en secretividad hasta su práctica, con el fin de garantizar el resultado del mismo, tal y como se contempla en el artículo 278 del Código Procesal Penal. El decreto judicial que ordene la práctica de un allanamiento deberá de reunir los requisitos señalados en el artículo 213 del Código Procesal Penal, ordenado por el órgano jurisdiccional con competencia en el lugar en donde se lleve a cabo. Aun con orden judicial, el allanamiento que se practique irrespetando el protocolo contemplado para el efecto en los artículos 214 y 215 del Código procesal Penal, será calificado como ilegal. III. Allanamiento por Estado de Necesidad: Finalmente, en cuanto a los allanamientos por un estado de necesidad o delito flagrante, establece el artículo 99 de la Constitución que se exceptúa a lo anterior, es decir que se podrá realizar un allanamiento sin autorización de las personas que lo habitan o sin orden de autoridad competente y aun fuera de las horas establecidas para ello (06:00 a.m. a 06:00 pm), cuando sea con el objeto de impedir la comisión de un delito, para impedir la impunidad de delitos, para impedir daños graves a la persona o para impedir daños graves a la propiedad. Lo anterior es desarrollado por el Código Procesal Penal en su artículo 212, estableciendo los supuestos en donde el Ministerio Público podrá ordenar un allanamiento sin orden judicial y los supuestos en donde la autoridad policial, sin orden judicial y sin orden del Ministerio Público puede practicar un allanamiento: a) El Ministerio Público, cuando no pueda obtener autorización judicial para la práctica de un allanamiento o cuando el trámite para la obtención de la misma represente grave peligro de perder el objetivo de su ejecución, podrá ordenar su práctica: i. Ante casos de flagrancia, cuya noción se forma de tres elementos (Cabezudo Bajo, María Jose; La Inviolabilidad del Domicilio y el Proceso Penal, Iustel Publicaciones, 2004, Madrid, España, Pag 263) tal y como lo conceptualiza el artículo 175 No. 1 del Código Procesal Penal: 1) Inmediatez Temporal, referida a la comisión del delito que dentro de poco se perderá, la que se está ejecutando o a la que hace instantes se ejecutó. 2) Inmediatez Personal, que vincula a una persona determinada, ya sea porque se encuentre en el lugar con intención de cometer el delito, ejecutándolo o próximo al lugar en donde se ejecutó. 3) Urgencia de intervención para evitar el mal del delito o asegurar al delincuente. ii. Cuando la medida sea necesaria para evitar la comisión de un delito. iii. Para evitar la fuga de un delincuente. iv. Para evitar la pérdida o destrucción de pruebas o evidencias. v. En los casos en que la Policía Nacional pueda practicar allanamiento por propia iniciativa en casos urgentes. El Ministerio Público, en estos casos, solicitará a la autoridad Judicial competente en forma inmediata la convalidación del acto, fundamentando por qué no se pudo obtener la autorización correspondiente y acompañando el fundamento que motivó la práctica de la diligencia. b) La Policía Preventiva o la Policía de Investigación, cuando no pueda obtener autorización del Ministerio Público o autorización judicial por medio del Ministerio Público para la práctica de un allanamiento o cuando el trámite para la obtención de la misma represente grave peligro de perder el objetivo de su ejecución, podrá practicarlo: i. Cuando exista noticia fundada de que una persona extraña a las que habitan una morada, casa, lugar en que viva una persona, fue vista en el momento en que se introducía a esta en circunstancias inusuales. ii. Cuando la persona que es perseguida para su captura, entra a una casa habitada, sea propia o ajena. iii. Cuando de una morada, se oyen voces o gritos de alarma que pongan de manifiesto que se está cometiendo un delito o que alguien solicita auxilio. iv. Cuando el allanamiento se haga necesario por causa de incendio, terremoto, inundación, epidemia u otro peligro semejante, para efectos de impedir o minimizar los daños a la vida y a los bienes. En estos casos, la autoridad policial deberá, en lo posible, hacerse acompañar de dos testigos que no tengan ninguna vinculación con los cuerpos de investigación, levantando el acta respectiva de lo actuado, la que deberá de ser firmada por los agentes policiales y por las personas en cuya presencia se haya realizado la diligencia o en su caso, se deberá de consignar su negativa de hacerlo. Los Agentes de Policía pondrán en conocimiento inmediatamente al Ministerio Público sobre la práctica del allanamiento, para que éste sin demora alguna solicite su convalidación a la autoridad judicial correspondiente, explicando las razones por las cuales no se pudo obtener la misma en forma previa y acompañando el fundamento para la práctica de la diligencia. IV. Delito Flagrante en interior de domicilio: Especial atención merecen los hechos constitutivos de flagrancia domiciliaria, (Primer motivo de allanamiento de emergencia regulado en el artículo 212 del CPP) entendidos como los casos en donde nos encontremos ante un delito flagrante cometido en el interior de un domicilio. La calificación de delito flagrante cometido en público se deriva de la percepción de quienes presencian cualquiera de las circunstancias señaladas en el artículo 175 del Código Procesal Penal: 1) Flagrancia Propia: Art. 175.1 CPP. 2) Flagrancia Impropia, conocida como cuasi flagrancia Art. 175.2 CPP. 3) Flagrancia Impropia conocida como Flagrancia presunta: 175.3 CPP, como consecuencia se presenta la dificultad que cuando el delito flagrante es ejecutado en el interior de un domicilio no se cuenta con “publicidad” que facilita el conocimiento de las mencionadas circunstancias, entonces es menester determinar qué condiciones permitirán poder establecer su existencia y que justifique emergentemente el ingreso como condición límite al derecho fundamental de la inviolabilidad del domicilio, esas condiciones son la existencia de evidencia y la urgencia de intervención (Cabezudo Bajo, María José, Ob. Cit., Pág. 274): 1. La Evidencia, (Cuya acepción en este caso significa certeza de tener el conocimiento de algo) puede adquirirse a través de la percepción o a través del conocimiento: a. La percepción involucra información obtenida por los sentidos, por cuanto estamos hablando en los casos de: i) Los agentes de policía, a través de ventanas o puertas abiertas logran ver la ejecución del delito flagrante en el interior del domicilio. ii) Cuando por resultado de intervenciones telefónicas autorizadas se escucha evidencia del delito flagrante. iii) Cuando los agentes han observado la comisión de un delito en el exterior de la vivienda cuyos participes inmediatamente ingresan al domicilio, en el caso previsto en el artículo 212.3 del CPP. iv) En general en los casos en donde los agentes de la autoridad perciban directamente hechos de los que se colija un acto delictivo en flagrancia. b. Conocimiento adquirido a través de actos de inteligencia policial, informantes, testigos, agentes encubiertos, prueba en general, que una vez procesada y analizada arrojen evidencia de la existencia de un delito en flagrancia. La mera sospecha o conjeturas respecto a la existencia del delito flagrante no será causa legítima para el ingreso al domicilio. 2. La Urgencia es el segundo elemento que debe de observarse y es la necesidad temporal de intervención de los agentes de la policía, sin la cual no se lograría el objetivo de impedir la comisión de un delito, la detención de los culpables o el aseguramiento de elementos de prueba, implica: a. Inmediatez entre la obtención de la evidencia y el ingreso al domicilio. b. La entrada al domicilio debe de realizarse en un momento en que sea posible alcanzar el objetivo perseguido. De la Procedencia del Recurso. El Motivo es de Recibo. Esta Sala de lo Penal analiza el motivo de casación presentado por el ente acusador y en efecto considera que el Tribunal Sentenciador ha incurrido en vicio casacional, al haber excluido prueba de valor decisivo para el proceso, pues consideró que la convalidación al allanamiento efectuado en la vivienda del acusado fue ilícito, pues a su criterio no se cumplen con los requisitos del artículo 212 del código procesal penal. Al respecto esta Sala de Casación considera que los agentes al decidir realizar un allanamiento sin contar con orden judicial, lo hizo en total apego a lo que establece el artículo 99 de la Constitución de la República al plasmar: “El domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente. No obstante puede ser allanado, en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o a la propiedad (Lo subrayado es nuestro).” En relación a esto encontramos en el código procesal penal, en su artículo 212 que regula. “El allanamiento de una morada, casa o lugar en que viva una persona, sólo podrá efectuarse previa orden escrita del órgano jurisdiccional competente. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable en caso de flagrancia o cuando la medida sea necesaria para impedir la comisión de un delito, para evitar la fuga de un delincuente o la destrucción, pérdida u ocultamiento de las pruebas o evidencias con miras a lograr la impunidad de los responsables (Lo subrayado es nuestro) y no sea posible esperar el tiempo necesario para solicitar la autorización judicial.” Lo primero que debemos tener claro es que nuestra Carta Magna reconoce y señala la inviolabilidad al domicilio, como un derecho de todos los ciudadanos, sin embargo, los derechos no son absolutos y por tanto se establecen excepciones, es decir este derecho puede ser limitado en casos de urgencia tal como lo establece nuestra Constitución de la República y esos casos de urgencia son: Para impedir la comisión de delitos Para impedir la impunidad de delitos Para evitar daños graves a la persona En el caso subjudice es evidente que la medida tomada por las autoridades de investigación y persecución, fue ejecutada para impedir la impunidad de delitos, ante un hecho que no podía permitirse quedaran en la impunidad. El artículo 212 del Código procesal penal es aún más específico, al determinar con mayor precisión cuáles son esas excepciones a la inviolabilidad del domicilio. Flagrancia. Cuando la medida sea necesaria para impedir la comisión de un delito. Para evitar la fuga de un delincuente. Para evitar la destrucción, perdida u ocultamiento de las pruebas y evidencias con miras a lograr la impunidad de los responsables. Al respecto consideramos que las acciones efectuadas por los agentes, al realizar un allanamiento sin orden judicial, fueron precisamente para evitar la comisión de un delito, por tanto considera esta Sala de lo Penal que si nos encontramos ante un caso de urgencia y no se podía esperar la autorización judicial, pues todos sabemos del congestionamiento en los Tribunales y de que era muy posible se tendría que esperar un tiempo prudencial para que la misma fuese emitida, sin embargo, el Ministerio Público cumpliendo con lo que establece nuestra ley procesal, solicitó en tiempo y forma la respectiva convalidación, misma que fue otorgada por el Juez de garantías, resolución que se encuentra debidamente motivada y apegada a ley. En ese sentido considera este Tribunal de Casación que el Sentenciador, al apartar del acervo probatorio la convalidación del acta de allanamiento mediante la cual fue capturado el señor Emilio Pineda Muñoz, por considerar ilícito el mismo, fue realizado de forma errónea y sin tomar en consideración cada uno de los casos de urgencia que plantea nuestra Constitución de la República y nuestro Código Procesal Penal, al permitir el allanamiento de una morada sin orden judicial, para evitar la impunidad de delitos y la fuga de los delincuentes, tal como aconteció en las presentes diligencias; en tal sentido considera que al apartar de valoración probatoria prueba de valor decisivo y al efectuar la inclusión hipotética in mente, se traduce en que definitivamente la decisión del Tribunal Sentenciador hubiese sido muy distinta a la que tomó. En consecuencia y por las razones antes expuestas, es procedente declarar ha lugar el presente motivo de casación, anular el debate y la sentencia recurrida, ordenando la celebración de un nuevo juicio ante togados diferentes al juicio anulado. Decisión Se declara ha lugar el único motivo de casación por quebrantamiento de forma, interpuesto por el Ministerio Público. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 99, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 212, 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo interpuesto por la Abogada Graciela Maldonado Olivia, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la causa instruida contra el señor Emilio Pineda Muñoz, a quien se le absolvió por el delito de Almacenamiento Ilegal de Arma de Fuego de Uso personal en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Segundo: Casa la sentencia. Tercero: Declara la nulidad del debate y de la sentencia de fecha treinta y uno (31) de octubre de dos mil diecinueve (2019), dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua. Y MANDA: I. Que se repita el debate ante un Tribunal de Sentencia distinto al que conoció el juicio anulado. II. Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redacto magistrado Miranda Sabio. Notifíquese. Mario rolando Díaz flores Magistrado Coordinador Walter Raúl miranda sabio Magistrado Nelson Danilo Mairena franco Magistrado. Firma y Sello. – Rina Koritza Sandoval Navas SECRETARIA Sala de lo Penal.”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho del mes de septiembre de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada a los veinticuatro días del mes de julio de dos mil veinticinco, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-280-2021.

LETY EMELDA POSADAS RODRIGUEZ

RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL