Sentencia CP-248-21 — Registro 18007
Resumen
En primer instancia se condena al imputado por el delito de Robo Agravado en su Grado de Ejecución de Tentativa, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa. No procede la aplicación retroactiva de la ley penal, por no representar un beneficio a favor del acusado
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurso No es de RECIBO. – Esta Sala observa que la recurrente basa su único motivo de casación por quebrantamiento de forma por considerar que la declaración de hechos probados contenida en la sentencia de que se recurre no es clara ni es terminante. Argumenta, que la declaración de hechos probados de la sentencia recurrida no es clara y resulta impreciso saber cuáles fueron los actos realizados por su representado Jolman Josué Ramirez Guerra, al no establecer una individualización de roles en los hechos; considera que al haber omitido tal aspecto la falta de claridad impide que se pueda determinar la persona si su representado participó en los hechos incoados. Esta Sala observa que el Juzgador declara terminantemente probado el hecho siguiente: “Único: En fecha veinticinco (25) de Marzo del año dos mil diecisiete (2017) a eso de las cinco de la tarde, en la colonia Trejo, trece (13) calle y dieciocho (18) avenida de esta ciudad de San Pedro Sula, Cortés, el Testigo Protegido XP03-17 se aprestaba a abordar su vehículo cuando fue interceptado por un automotor turismo color blanco en el que se conducían tres (3) personas de sexo masculino, entre ellos Jolman Josué Ramirez Guerra y Bryan Josué Vaquedano Rodriguez, portando uno de ellos un arma de fuego quienes conminaron al Testigo Protegido y procedieron a despojarlo de su teléfono tipo Tablet marca Huawei con chip 94911082, color gris, modelo T1702U con cobertor color gris y memoria extraíble, luego de lo cual abordaron el vehículo turismo blanco y huyeron del lugar. En su momento transitaba una patrulla de la Policía preventiva a quienes el testigo protegido XP03-17 notificó lo ocurrido por lo que la patrulla junto al Testigo Protegido dieron seguimiento al vehículo turismo al que lograron alcanzar a una cuadra de distancia, requirieron a los ocupantes Jolman Josué Ramirez Guerra y Bryan Josué Vaquedano más otra persona que conducía el automotor, encontrando en el asiento trasero interior del vehículo la Tablet marca Huawei que le había sido despojada al Testigo Protegido XP03-17, así como un arma de fuego tipo pistola de color negro, empuñadura de caucho, por lo que fueron detenidos y puestos a la orden de autoridad competente.” La Sala reitera que para apreciar este defecto procesal no basta que la narración se ofrezca oscura o ininteligible en alguna de sus partes, o en términos de ambigüedad o imprecisión que haga difícil su comprensión, sino que es preciso que tales defectuosidades se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados, provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de los mismos, que determina una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no puede orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio, o que resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo. No corresponde a esta Sala emitir pronunciamiento sobre defectos en la valoración de la prueba, dado el tipo de motivo invocado por el recurrente. En el presente caso el juzgador de instancia, narra el hecho probado en forma clara, precisa y terminante, en el que categóricamente afirma que tres personas de sexo masculino, entre ellos Jolman Josué Ramirez Guerra y otro, portando uno de ellos un arma de fuego conminaron al testigo Protegido y procedieron a despojarlo de su teléfono tipo Tablet, luego de lo cual abordaron el vehículo turismo blanco y huyeron del lugar, acciones descritas en forma minuciosa en el hecho declarado probado y queda clara la conducta desplegada por el acusado la que sin lugar a dudas es constitutiva de un delito de Robo. La forma en que los hechos son declarados probados no deja duda sobre los acontecimientos y la participación en ellos del señor Jolman Josué Ramirez Guerra, no impide la conexión de los hechos con la fundamentación jurídica y parte resolutiva del fallo, tampoco crea laguna o vacío en la descripción histórica, por lo que en la forma en que están redactados opera como primera premisa que, con la calificación jurídica como segunda premisa, encaja perfectamente en el silogismo de la sentencia que se impugna. Por lo anterior, la sentencia recurrida no adolece de los defectos o vicios de forma alegados por el recurrente..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-248-2021, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de abril del año dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Nelson Danilo Mairena Franco, en su calidad de coordinador Mario Rolando Diaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-248-2021 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes, mediante la cual falló: Primero: Absolvió a Bryan Josué Vaquedano Rodriguez, por el delito de Portación Ilegal de Armas, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Segundo: Condenó a Jolman Josué Ramírez Guerra, a cinco años de reclusión por el delito de Robo Agravado en su Grado de Ejecución de Tentativa en perjuicio de Testigo Protegido XP03-17, más la pena accesoria de inhabilitación especial e interdicción civil, por el tiempo que dure la pena principal. Tercero: Condenó a Bryan Josué Vaquedano Rodriguez, a cinco años de reclusión por el delito de Robo Agravado en su Grado de Ejecución de Tentativa en perjuicio de Testigo Protegido XP03-17, más la pena accesoria de inhabilitación especial e interdicción civil, por el tiempo que dure la pena principal. Cuarto: Declaró la responsabilidad civil de Jolman Josue Ramírez Guerra y Bryan Josué Vaquedano Rodriguez. Quinto: No procedió la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Sexto: Decretó el comiso de un arma de fuego tipo pistola, marca Taurus, color negro, serie no legible calibre nueve milímetros, un cargador metálico color negro y tres proyectiles sin percutir; asimismo ordenó la devolución de un celular color azul sin marca; teléfono celular marca Samsung con protector gris y un teléfono celular marca BlackBerry a quien acredite su propiedad. Son partes en única instancia: La Abogada Miryan Ivone Palomo Nuñez, en su condición de defensora privada de Jolman Josué Ramírez Guerra, como parte recurrente. HECHOS PROBADOS “Único: En fecha veinticinco (25) de Marzo del año dos mil diecisiete (2017) a eso de las cinco de la tarde, en la colonia Trejo, trece (13) calle y dieciocho (18) avenida de esta ciudad de San Pedro Sula, Cortés, el Testigo Protegido XP03-17 se aprestaba a abordar su vehículo cuando fue interceptado por un automotor turismo color blanco en el que se conducían tres (3) personas de sexo masculino, entre ellos Jolman Josué Ramirez Guerra y Bryan Josué Vaquedano Rodriguez, portando uno de ellos un arma de fuego quienes conminaron al Testigo Protegido y procedieron a despojarlo de su teléfono tipo Tablet marca Huawei con chip 94911082, color gris, modelo T1702U con cobertor color gris y memoria extraíble, luego de lo cual abordaron el vehículo turismo blanco y huyeron del lugar. En su momento transitaba una patrulla de la Policía preventiva a quienes el Testigo Protegido XP03-17 notificó lo ocurrido por lo que la patrulla junto al Testigo Protegido dieron seguimiento al vehículo turismo al que lograron alcanzar a una cuadra de distancia, requirieron a los ocupantes Jolman Josué Ramirez Guerra y Bryan Josué Vaquedano más otra persona que conducía el automotor, encontrando en el asiento trasero interior del vehículo la Tablet marca Huawei que le había sido despojada al Testigo Protegido XP03-17, así como un arma de fuego tipo pistola de color negro, empuñadura de caucho, por lo que fueron detenidos y puestos a la orden de autoridad competente.” RECURSO DE CASACIÓN, MOTIVOS Y ARGUMENTOS La Recurrente Abogada Miryan Ivone Palomo Nuñez, en su condición de defensora privada de Jolman Josue Ramírez Guerra, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “Motivo Único: La declaración del hecho probado no sea clara y terminante. Precepto Autorizante: Art. 362.1. Explicación del Motivo: El hecho probado tiene el siguiente tramo: "...en fecha 25 de marzo del año 2017, a eso de las 5:00 de la tarde, en la Colonia Trejo, trace (trece) calle y dieciocho (18) avenida, ... De la lectura de lo anterior, se coligen los siguientes aspectos: en primer lugar se individualiza una dirección de la supuesta ocurrencia de los hechos, que no fue establecida en la audiencia de Debate, lo anterior en virtud que de la deposición del testigo protegido, introducida por lectura, no establece el lugar de ocurrencia de los hechos, y de la deposición de la testigo de cargo, la Agente Senia Yolibeth Canales, sus respuestas ante el interrogatorio de las partes, fue evasivo manifestando no recordar los hechos, por haber estos ocurrido hacía mucho tiempo atrás; aunado a lo anterior de la deposición del testigo de cargo agente Aníbal Edgardo Lara, cuya proposición fue la de ratificar un registro realizado a otro encausado, no ha mi representado, este no estableció en ningún momento el lugar o dirección exacto de ocurrencia de los hechos, pues entre vacilaciones en un inicio manifestó que sucedió en la 15 calle 21 avenida... posteriormente manifestó haber sido en la 18 avenida, para posteriormente manifestar que los hechos habían ocurrido en la 14 calle, 20 avenida, a tal efecto, su deposición no establece el lugar exacto de ocurrencia de los hechos, la cual es asumida por el sentenciador y plasmada en su sentencia, tal cual si esta se hubiese acreditado en debate, lo cual no ocurrió así; por consiguiente el sentenciador establece al inicio de su sentencia, un hecho no probado ni constatado con medio de prueba alguno, Lo anterior ocurre nuevamente, al establecer el sentenciador como hecho probado, que los hechos ocurrieron a las 5:00 de la tarde, tomando como base lo manifestado por el Testigo Protegido XP03-17 en su deposición, sin embargo esta hora, no es sustentada con ningún otro medio de prueba, y por el contrario es contradicha con lo manifestado por la testigo de cargo, la Agente Senia Yolibeth Canales, quien refirió que estos hechos traídos a juzgamiento sucedieron a las 4:00 horas de la tarde; es imperante establecer que los dichos del Testigo Protegido XP03-17 no fueron corroborados por los testigos de cargo )los agentes antes mencionados), a tal efecto, el sentenciador asume y da por hecho lo argumentado por el ente fiscal en sus conclusiones y no lo probado o sustentado en juicio, y por consiguiente el denominado hecho probado, plasmado en su sentencia, no es determinante, ni claro en su disposición, conforme a la congruencia devenida en la fundamentación de hecho y de derecho que debe sustentar su sentencia En ese orden de ideas y en forma reiterativa, el sentenciador incurre en el yerro que fundamenta este quebrantamiento de forma denunciado vía recursiva, en virtud, que el A Quo, no establece en la redacción del hecho probado, en forma clara y terminante, cual fue la participación individualizada de cada uno de los encausados en los hechos incoados: mucho menos se determina, el grado de participación de mi representado, pues el A Quo no establece, cuáles fueron los actos realizados por mi representado, y así lo expresa en la sentencia que hoy se recurre: (...tres personas de sexo masculino, entre ellos Jolman Josué Ramirez Guerra y Brayan Josué Baquedano Rodriguez, portando uno de ellos un arma de fuego, quienes conminaron al Testigo Protegido XP03-17 y procedieron a despojarlo de su teléfono,...) por consiguiente el a quo, generalizando, establece que tres personas despojaron a otra de un objeto, uno de ellos utilizando un arma de fuego; nótese, que no existe un señalamiento de roles para establecer, que actos realizo cada uno de los investigados en este hecho, que nos permita establecer su grado de participación y autoría, por consiguiente el hecho probado manifestado por el sentenciador, en su epígrafe único, lejos de establecer la certeza del hecho probado, que conlleva al sentenciador a emitir un fallo condenatorio, establece múltiples dudas sobre la ocurrencia del hecho y la participación de los encausados en el mismo, a tal efecto el hecho probado supradescrito, no es terminante, no establece una individualización de roles en los hechos traídos a juzgamiento, por parte de los encausados entre ellos mi representado y una tercera persona, es así, que el denominado hecho probado no es claro en su expresión, al no haber existido otros medios de prueba de cargo, que corroboraran el dicho del Testigo Protegido XP03-17, como ya se estableció antes los testigos de cargo, los agentes Senia Yolibeth Canales, y Aníbal Edgardo Lara, se limitan la primera a establecer no recordad nada, y el segundo a establecer el decomiso de un vehículo a un tercer encausado (ver acta de decomiso o secuestro, de un vehículo a Juan Pablo Ramos Vasquez, que no consigna ni la fecha ni la hora exacta en que se realiza), que no fue parte en este juicio, así como el comiso de un arma de fuego en el interior de ese vehículo, a tal efecto, no se logra establecer en el debate, a quien se le encontró esa arma, o quien la poseía; Es imperante establecer y así lo redacta la sentencia cuyo fallo de culpabilidad hoy se recurre, que durante el Debate, como medios de prueba para sustentar la acusación, únicamente fueron evacuados, los siguientes medios de prueba, detallados así: Número uno, El testimonio del Testigo Protegido XP03-17, cuya declaración fue introducida por lectura ante su incomparecencia, misma en la que detalla los hechos a él sucedidos un 25 de marzo del 2017, concernientes al despojo que fue objeto, cuyo testimonio no establece una individualización de señalamiento e identificación de cada uno de los encausado iniciales (tres: Juan Pablo Ramos Vasquez quien no fue parte de este Debate, y de Jolman Josué Ramirez Guerra y Brayan Josué Baquedano Rodriguez ). careciendo su deposición de una asignación de roles de cada uno de sus ofensores, que permita establecer en forma clara y terminante, cual fue la participación de cada uno de los encausados en los hechos imputados; tampoco y así fue observado por esta defensa y a tal efecto, al momento que fue presentado y propuesto en el debate, fue objetado, y ante su aceptación, se interpuso el recurso de reposición correspondiente; Número seis, El auto Motivado de devolución reúne las mismas características que el medio de prueba antes enunciado, pues es realizado por el agente fiscal que conoce el caso, en una acto realizado unilateralmente, meramente administrativo, realizada por el agente, sin control o participación alguna de otra parte: aunado a lo anterior, en el mismo se establece que concierne a una decisión administrativa de devolver a determinada persona un objeto, sin medio de prueba que sustente o acredite la propiedad del mismo, aun antes de realizado el Debate, a tal efecto el mismo no merece valor como medio de prueba, por no haber concurrido en el mismo los requisito que existe nuestra Ley Procesal Penal para la realización de toda investigación, diligencia o acto que genere medio de prueba, una vez judicializado un proceso; esto es, que tal acto, no fue realizado bajo el control jurisdiccional respectivo; De lo anterior se colige, que la ausencia de indicios, ya sea directos o circunstanciales, así como la ausencia de una investigación de todos estos hechos, dirime, en la falta de claridad establecida en la ocurrencia de los hechos establecidos en el epígrafe único del apartado hechos probados, en la sentencia impetrada, y por consiguiente el sentenciador incurre en un quebrantamiento de forma, en la declaración del hecho probado, pues el mismo lejos de ser claro y determinante, está lleno de lagunas y dudas por hechos que no fueron investigados ni mucho menos acreditados o corroborados en la audiencia de Juicio Oral y Público, Ante ello, tal falta de claridad, en efecto incide en la subsunción jurídica de la participación del imputado, ya que impide determinar con atino si existió una participación por parte de mi representado, en los hechos incoados (cuestión derivada de la falta de corroboración de los dichos del testigo protegido en el intercriminis con otro medio de prueba y por consiguiente la inexistencia de una asignación de roles realizada supuestamente por los encausados) Por tanto, se concreta una falta de claridad que impide una precisa subsunción de la conducta punible, por lo que se patenta el vicio aducido de quebrantamiento de forma por falta de claridad en la redacción del hecho probado y contradicción entre el hecho probado y lo acreditado con los escasos medios de prueba evacuados en juicio Agotamiento de Recursos Previos.- El vicio aquí denunciado aparece por primer momento en la sentencia, lo que impide un ejercicio recursivo previo al presente de casación.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Motivo Único Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal; Motivo: La declaración del hecho probado no sea clara y terminante; Concepto de la infracción: Sin determinar por el recurrente; Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el recurrente; y Pretensión: Sin determinar por el recurrente. El recurrente presenta un recurso de casación, transcribiendo el hecho declarado probado, así como señalando que el a quo, no establece en la redacción del hecho probado, en forma clara y terminante, cual fue la participación individualizada de cada uno de los encausados en los hechos incoados: mucho menos se determina, el grado de participación de mi representado, pues el a quo no establece, cuáles fueron los actos realizados por su representado Jolman Josué, y así lo expresa en la sentencia que hoy se recurre: (...tres personas de sexo masculino, entre ellos Jolman Josué Ramirez Guerra y Brayan Josué Baquedano Rodriguez, portando uno de ellos un arma de fuego, quienes conminaron al Testigo Protegido XP03-17 y procedieron a despojarlo de su teléfono,...) por consiguiente el a quo, generalizando, establece que tres personas despojaron a otra de un objeto, uno de ellos utilizando un arma de fuego; a continuación describe y analiza el pretensor a su criterio los medios de prueba y realiza alegatos de instancia. Concepto General del recurso El Jurista Español José Maria Luzón Cuesta, respecto a la falta de claridad en los hechos probados, considera que: “conforme a reiteradísima jurisprudencia, el vicio procesal se origina exclusivamente cuando la redacción de los hechos probados aparece confusa, dubitativa o imprecisa, de modo que por su insuficiencia u oscuridad, o por no expresarlos en forma conclusiva, imperativa, terminante o categórica, sino vacilante o dubitativa, puede conducir a subsunciones dubitativas alternativas, en definitiva, consecuencia de la ambigüedad del relato. Así, pues, la falta de claridad puede venir determinada por haber empleado expresiones ininteligibles u oscuras que hacen difícil la comprensión del relato o cuando incurre en omisiones que alteran su significado y dejan prácticamente sin contenido específico la narración de los hechos; se produce, pues, cuando lo narrado es incomprensible, por su mala redacción, oscuridad, ambigüedad o imprecisión, y también cuando por omisión de elementos o circunstancias importantes, se impide conocer la verdadera realidad de lo ocurrido, con lógica consecuencia de que falta base fáctica para determinar si los hechos son o no constitutivos de infracción penal, la participación concreta de los acusados, la concurrencia de circunstancias modificativas, o el contenido de los correspondientes pronunciamientos civiles. Por consiguiente no basta para apreciar el defecto procesal que la narración se ofrezca oscura o ininteligible en alguna de sus partes, o en términos de ambigüedad o imprecisión que haga difícil su comprensión, sino que es necesario que tales defectuosidades se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados, provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de los mismos, que determina una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no puede orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio, es decir que resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo, y ello porque la “quaestio facti” debe servir de apoyo y sustento a la calificación jurídica o quaestio iuris” De la Procedencia del Recurso. - El recurso No es de RECIBO. – Esta Sala observa que la recurrente basa su único motivo de casación por quebrantamiento de forma por considerar que la declaración de hechos probados contenida en la sentencia de que se recurre no es clara ni es terminante. Argumenta, que la declaración de hechos probados de la sentencia recurrida no es clara y resulta impreciso saber cuáles fueron los actos realizados por su representado Jolman Josué Ramirez Guerra, al no establecer una individualización de roles en los hechos; considera que al haber omitido tal aspecto la falta de claridad impide que se pueda determinar la persona si su representado participó en los hechos incoados. Esta Sala observa que el Juzgador declara terminantemente probado el hecho siguiente: “Único: En fecha veinticinco (25) de Marzo del año dos mil diecisiete (2017) a eso de las cinco de la tarde, en la colonia Trejo, trece (13) calle y dieciocho (18) avenida de esta ciudad de San Pedro Sula, Cortés, el Testigo Protegido XP03-17 se aprestaba a abordar su vehículo cuando fue interceptado por un automotor turismo color blanco en el que se conducían tres (3) personas de sexo masculino, entre ellos Jolman Josué Ramirez Guerra y Bryan Josué Vaquedano Rodriguez, portando uno de ellos un arma de fuego quienes conminaron al Testigo Protegido y procedieron a despojarlo de su teléfono tipo Tablet marca Huawei con chip 94911082, color gris, modelo T1702U con cobertor color gris y memoria extraíble, luego de lo cual abordaron el vehículo turismo blanco y huyeron del lugar. En su momento transitaba una patrulla de la Policía preventiva a quienes el testigo protegido XP03-17 notificó lo ocurrido por lo que la patrulla junto al Testigo Protegido dieron seguimiento al vehículo turismo al que lograron alcanzar a una cuadra de distancia, requirieron a los ocupantes Jolman Josué Ramirez Guerra y Bryan Josué Vaquedano más otra persona que conducía el automotor, encontrando en el asiento trasero interior del vehículo la Tablet marca Huawei que le había sido despojada al Testigo Protegido XP03-17, así como un arma de fuego tipo pistola de color negro, empuñadura de caucho, por lo que fueron detenidos y puestos a la orden de autoridad competente.” La Sala reitera que para apreciar este defecto procesal no basta que la narración se ofrezca oscura o ininteligible en alguna de sus partes, o en términos de ambigüedad o imprecisión que haga difícil su comprensión, sino que es preciso que tales defectuosidades se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados, provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de los mismos, que determina una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no puede orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio, o que resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo. No corresponde a esta Sala emitir pronunciamiento sobre defectos en la valoración de la prueba, dado el tipo de motivo invocado por el recurrente. En el presente caso el juzgador de instancia, narra el hecho probado en forma clara, precisa y terminante, en el que categóricamente afirma que tres personas de sexo masculino, entre ellos Jolman Josué Ramirez Guerra y otro, portando uno de ellos un arma de fuego conminaron al testigo Protegido y procedieron a despojarlo de su teléfono tipo Tablet, luego de lo cual abordaron el vehículo turismo blanco y huyeron del lugar, acciones descritas en forma minuciosa en el hecho declarado probado y queda clara la conducta desplegada por el acusado la que sin lugar a dudas es constitutiva de un delito de Robo. La forma en que los hechos son declarados probados no deja duda sobre los acontecimientos y la participación en ellos del señor Jolman Josué Ramirez Guerra, no impide la conexión de los hechos con la fundamentación jurídica y parte resolutiva del fallo, tampoco crea laguna o vacío en la descripción histórica, por lo que en la forma en que están redactados opera como primera premisa que, con la calificación jurídica como segunda premisa, encaja perfectamente en el silogismo de la sentencia que se impugna. Por lo anterior, la sentencia recurrida no adolece de los defectos o vicios de forma alegados por el recurrente. De la Procedencia de la Aplicación Retroactiva del Código Penal 130-2017. A.- Principio de Legalidad El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9); De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley"; Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.”. En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el Principio De Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de Legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibido una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben de ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es In Malam Partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe de aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia aun en los casos de que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena.- Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano/a pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el Juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de Juzgamiento, debiendo como regla general aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable).- En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben de ser de carácter penal sustantivo; No es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal; b. Que el Juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar de cada una de las leyes en conflicto temporal los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador; c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena; Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i.- Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii.- En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B.- Reglas de Ponderación de la Norma Más Favorable en el Código Penal 130-2017 Tal y como manda el Principio de identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgaran conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicaran éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP).- Corresponde a cada Tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El Órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017(Art. 616 CP): Determinación de la pena concreta conforme CP-144-83; Circunstancias atenuantes, agravantes, pena abstracta y beneficios penitenciarios; Determinación de la pena concreta conforme CP-130-2017; Circunstancias atenuantes, agravantes, pena abstracta y beneficios penitenciarios; y Elección de la pena más favorable al caso concreto y, con ella, elección de la legislación a aplicar. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: Si la pena privativa de la libertad (reclusión/prisión), esta contemplada como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada del CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del acusado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. C.- Ponderación en el Caso Concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los señores Jolman Josué Ramirez Guerra y Bryan Josué Vaquedano Rodriguez, la pena principal de cinco (05) años de reclusión, como autores responsables penalmente de un delito de Robo Agravado en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de el testigo protegido XP03-17, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil, por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias penales trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada a los acusados está prevista en el Título XX, Capítulo II, del Libro II del Código Penal 130-2017, tipificado como delito de Robo con violencia o intimidación (Art. 361), cuya pena es de cuatro (04) a ocho (08) años de prisión, la pena es rebajada en un cuarto por tratarse de una tentativa acabada, quedando la pena en 03 años a 06 años de prisión (Art. 21). A partir de lo anterior, al realizar la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, permiten determinar que en el caso particular el Código Penal 130-2017, la pena impuesta se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese corresponder en el caso de ser juzgado conforme a las normas del CP 130-2017, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva de la primera codificación. Decisión: Desestimar el Motivo Único del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por la defensa privada. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el motivo único de casación por Quebrantamiento de Forma invocado por la Abogada Miryan Ivone Palomo Nuñez, en su condición de defensora privada de Jolman Josué Ramirez Guerra. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por no representar un beneficio a favor del acusado Jolman Josué Ramirez Guerra. Tercero: Declara Firme y ejecutable la sentencia de fecha veintiocho de octubre del año dos mil diecinueve (f. 230), dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés.- Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Miranda Sabio. - Notifíquese. - Firmas y Sello. –Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. - Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de junio de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada a los nueve días del mes de abril de dos mil veinticuatro, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-248-2021.
RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS
RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL