Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-242-20 — Registro 18773

Resumen

En primer instancia se condena a los imputados por los delitos de extorsión simple, asociación ilícita y portación ilegal de armas de fuego de uso comercial, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa. No procede la aplicación retroactiva de la ley penal

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

El motivo no es de recibo. El recurrente ha presentado un Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en el cual, ha procedido a exponer sus razones por las cuales no está de acuerdo con las conclusiones valorativas del Tribunal de Sentencia; el recurrente puntualiza los hechos que adolecen de vacíos probatorios y que refuta como importantes para que pueda darse la imputación del delito de extorsión, además hace una enumeración de las contradicciones que estima concurrentes entre los diferentes medios de prueba y comparte reflexión sobre la prueba que a su opinión hacen descargo de la acusación y señala la incorrecta condena por el delito de Posesión Ilegal de Arma Prohibida así como el delito de Asociación Ilícita; Concluye indicando que tal análisis demuestra la violación a la regla lógica en su postulado de derivación. Los argumentos recursivos expuestos vienen bien para una segunda instancia, en donde la Corte de Apelaciones puede reexaminar las razones probatorias del órgano jurisdiccional de primera instancia, pudiendo ese ad-quem imponer su criterio valorativo al a-quo, sin embargo, tales argumentos son impropios en casación, donde la revisión de la sentencia es estrictamente legal, no permitiendo que los jueces de casación puedan corregir a los jueces de sentencia respecto a sus estimaciones valorativas; dicho de otra manera: casación no es vía recursiva mediante la cual sea posible revocar o reformar valoraciones probatorias, como por ejemplo declarar contradictoria prueba que fue estimada como coherente por el tribunal de sentencia, declarar como fiable y creíble a testigos que fueron tildados como faltos de crédito por la instancia o afirmar que un medio de prueba pericial acredita un hecho distinto a aquel que ha estimado el tribunal de sentencia. Cuando se acude a la vía recursiva de casación por quebrantamiento de forma, oponiendo como motivo la violación de las reglas de la sana crítica, la labor de los jueces de Casación se debe limitar al análisis de los razonamientos judiciales sobre la prueba (jamás al contenido de la prueba), examinando la denuncia hecha por la recurrente y verificando si el principio que se alega infringido efectivamente lo ha sido, ya que lo revisable no es la prueba en sí misma como aspecto independiente, sino que es el razonamiento judicial que se hace sobre dicha prueba. La Sala de lo Penal ha leído con detenimiento el Recurso de Casación que ha planteado el recurrente advirtiendo que, si bien denuncia la violación del principio de razón suficiente como elemento integrante de la Sana Crítica, omite indicar que razonamiento o razonamientos judiciales son los que contienen tal vicio, omite explicar cómo se materializa la violación a aquel principio y omite determinar porqué dicha violación es relevante en cuanto al caso concreto. En lugar de todo ello lo que hace el recurrente es transcribir los hechos declarados probados de la sentencia, compartir su apreciación particular de la prueba, señalar qué hechos según su opinión no fueron acreditados y cuales, si fueron acreditados como descargo de la imputación, todo ello muy lejos a lo que debe ser el planteamiento en el recurso de casación. El proceso penal descansa en una serie de principios básicos, como ser: oralidad, contradicción, concentración e inmediación; todos ellos se conjugan para fijar la máxima de que solo el juez que haya apreciado directamente la prueba puede hacer valoración sobre ella.- Es por ello que casación no puede hacer revaloración de la prueba, pues carece de inmediación y, por ende no puede imponer opinión valorativa por sobre aquellos que estuvieron en una mejor posición respecto a la prueba, más lo que si le permite la ley es revisar que los razonamientos judiciales que se hagan sobre esa prueba estén sentados en un recto entendimiento humano. Se insiste, casación no es una plataforma impugnativa para modificar lo que ha valorado el tribunal de sentencia, sino que para revisar si dicha valoración es conforme a las reglas de la sana crítica, para ello se requiere que el recurrente invite a analizar de manera minuciosa las inducciones, deducciones y derivaciones que hayan hecho los juzgadores a partir de la prueba, señalando en la sentencia impugnada con estrictas coordenadas el razonamiento judicial que fue construido en colisión con una determina regla o principio de las reglas de la sana critica. Así las cosas, la Sala de lo Penal ha procedido a revisar los juicios de valor y sin prejuzgar el fondo del asunto, ha verificado que, el Tribunal de Sentencia realizó una valoración correcta de los medios probatorios, pues concordando con lo que el propio Ministerio Público señaló que el testigo protegido JPTP-RA-046-2018, ha sido preciso y congruente en su declaración, se acreditó que fue debido a la intimidación que le causó el hecho de que los imputados le hayan manifestado que eran miembros de la pandilla 18, le hayan mostrado una arma de fuego y le hayan manifestado que si no colaboraba lo matarían a él y todos los miembros de su familia, causando con ello una afectación emocional suficientemente relevante para provocar su alteración emocional y despojarlo de la cantidad de quinientos lempiras semanales, en concepto de extorsión. De igual manera que el Testigo Joel Fernando Martinez (agente de investigación) declaró sobre La forma que se le dio asesoramiento al testigo protegido, así como las diligencias a realizar, para la detención de los encausados, no apreciando contradicciones; todo este análisis intelectivo de la mayoría del Tribunal, al que se sumó el hecho a la Prueba Documental: 1- Acta de vigilancia y seguimiento de fecha veintinueve de enero del dos mil dieciocho, 2- Acta de Registro Personal y Decomiso al señor Héctor David Irías palma de fecha veintinueve de enero del dos mil dieciocho, 3- Acta de Registro Personal y Decomiso al señor Edwin Abigail Borjas de fecha veintinueve de enero del dos mil dieciocho, 4- Acta de Registro Personal y Decomiso al señor Cristopher Roberto Monje Álvarez de fecha veintinueve de enero del dos mil dieciocho, 5- Acta de Sereado de dinero de fecha veintinueve de enero del dos mil dieciocho; dando el juzgador valor probatorio a los documentos a, los cuales fueron realizados por personal acreditado para tal función, medios de prueba que concatenados con la declaración del testigo protegido y el testigo Martinez llevan a los juzgadores a la convicción de que los hechos sucedieron de la forma en que el Ministerio Público los propuso. Como Prueba Pericial, se evacuo: 1- Análisis de vaciado telefónico realizado al teléfono de señor Edwin Abigail Borjas, teniendo como hallazgo mensajería donde se identifican como “HOMMIS” del barrio 18, 2- Análisis balístico 0696 del arma de fuego decomisada. 3- Informe investigativo de la Unidad de Maras y Pandillas, donde se concluye que los señores Edwin Abigail Borjas Quintanilla, Cristofer Roberto Monge Álvarez y Héctor David Irías Palma, son miembros activos de la pandilla 18; dando valor probatorio el a quo ya que consideró que los medios de prueba se concatenan con las declaraciones testificales y la prueba documental, teniendo a su vez a su disposición la evidencia propuesta. Retomando: El recurrente denunció violación a la regla lógica de derivación como consecuencia de haberse dictado una sentencia condenatoria, cuando a su criterio ésta debió haber sido absolutoria; para ello hizo recuento de la prueba y de cómo fue valorada por el a quo, luego de lo cual agregó valoraciones de instancia, el recurrente no señala cual es el argumento judicial que considera malogrado, mucho menos confronta dicho argumento judicial con las reglas de la sana crítica, explicando cómo el silogismo es violatorio del principio de derivación por ausencia de razón suficiente, y cómo esto es relevante en la decisión tomada por el Tribunal; contrario a ello el recurrente invita a esta Sala de lo Penal a que se convierta en un tribunal de segunda instancia, a examinar la prueba, y a valorarla en sintonía con su pretensión. Es de tener presente que conforme la naturaleza del Recurso de Casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al Acusador Privado, a la Defensa, etc., e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio del juzgador fue edificado con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y en particular cuando se alegue violación al principio de derivación a causa de inexistencia de razón suficiente, dicho análisis debe ser dirigido a demostrar la inexistente conexión entre la conclusión judicial con las premisas a consecuencia de una indebida inferencia lógica. Por lo anterior, el motivo decae y no es de recibimiento.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa ni del Ministerio Público, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación a la acusada. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se le impuso a los señores: 1. Cristopher Roberto Monge Álvarez y Héctor David Irías Palma: i- Extorsión Simple, la pena de quince (15) años con seis (06) meses de reclusión, más una multa de cuatrocientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos treinta y cinco lempiras con cincuenta centavos (L. 445,435.50); ii- Asociación Ilícita, la pena de veinte (20) años de reclusión. En suma, las penas principales obligan a los acusados a cumplir treinta y cinco (35) años seis (06) meses de reclusión y a pagar una multa de L. 445,435.50. 2. Condenó a Edwin Abigail Borjas Quintanilla. i- Extorsión Simple, a la pena de quince (15) años con seis (06) meses de reclusión, más una multa de cuatrocientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos treinta y cinco lempiras con cincuenta centavos (L. 445,435.50); ii- Asociación Ilícita a la pena de veinte (20) años de reclusión; iii- Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Prohibido a la pena de ocho (08) años de reclusión y una multa de cinco mil lempiras (L. 5,000.00). En suma, las penas principales obligan al acusado a cumplir cuarenta y tres (43) años seis (06) meses de reclusión y a pagar una multa de L. 450,435.50. La conducta reprochada a los acusados CRISTOPHER ROBERTO MONGE ÁLVAREZ y HÉCTOR DAVID IRÍAS PALMA, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delitos de: i-Extorsión (Art.373), debe imponérsele una pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto (Art. 373); más las penas accesorias y demás consecuencias penales. ii- Asociación para Delinquir, (Art. 554), el que indica que: “Son asociaciones ilícitas las constituidas, sea de modo permanente o transitorio, por dos (2) o más personas con la finalidad de cometer ilícitos penales… Los directivos, promotores y financistas de la asociación ilícita deben ser castigados con las penas de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días. Los simples integrantes de la asociación deben ser castigados con las penas de prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de cien (100) a quinientos (500) días.”. La pena para el delito de Asociación para Delinquir, para los simples integrantes es de seis (6) a diez (10) años de prisión, más multa de cien (100) a quinientos (500) días. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular el Código Penal 130-2017 prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el código penal 144-83, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva de la primera codificación. Conforme a lo señalado corresponde imponer a los señores Cristopher Roberto Monge Álvarez y Héctor David Irías Palma las siguientes penas: i.- Por el delito de Extorsión: prisión por quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días. (Art. 374) incrementa (1/3) se ejecutó el delito procurando favorecer el grupo delictivo organizado, por lo que la pena abstracta será de veinte (20) a veintiséis (26) años ocho (08) meses de prisión y multa de 1,000 a 1,777 días. ii.- Por el delito de Asociación para Delinquir, de seis (6) a diez (10) años de prisión, más multa de cien (100) a quinientos (500) días. La pena a imponer a los señores CRISTOPHER ROBERTO MONGE ÁLVAREZ Y HÉCTOR DAVID IRÍAS PALMA sería de veintiséis (26) a treinta y seis (36) años ocho (08) meses de prisión. La conducta reprochada al acusado EDWIN ABIGAIL BORJAS QUINTANILLA, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delitos de: i.- Por el delito de Extorsión: prisión por quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días. (Art. 374) incrementa (1/3) se ejecutó el delito procurando favorecer el grupo delictivo organizado, por lo que la pena abstracta será de veinte (20) a veintiséis (26) años ocho (08) meses de prisión y multa de 1,000 a 1,777 días. ii.- Por el delito de Asociación para Delinquir, de seis (6) a diez (10) años de prisión, más multa de cien (100) a quinientos (500) días. iii. Tenencia o Porte Ilegal de Armas de Fuego, (art.580) se penaliza así: 1. De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas; 2. De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas de municiones prohibidas. Con las mismas penas previstas en el numeral 1, se castiga la tenencia de armas artesanales. Se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización. La pena para el delito Porte Ilegal de Armas de Fuego Prohibidas es de cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización, quedando la pena abstracta de prisión 06 años a 08 años y localización permanente de hasta tres años; Pena que debe aumentarse hasta 1/3 por disposición del artículo 584 numeral 1 C.P., (agravantes especificas), quedando la pena abstracta de prisión ocho 08 años a diez (10) años cuatro (4) meses de prisión, localización permanente de hasta tres años, pena de inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, para el ejercicio de la profesión, oficio, comercio o industria relacionados con la conducta; Pena de privación al derecho de la tenencia y portación de armas así como de la posibilidad de obtenerlo durante tiempo de cumplimiento de la pena de prisión, hasta que la misma se haya extinguido completamente. La pena a imponer al señor EDWIN ABIGAIL BORJAS QUINTANILLA, sería de treinta y cuatro (34) a cuarenta y siete (47) años de prisión. A partir de lo anterior es posible determinar que la pena impuesta a los acusados Cristopher Roberto Monge Álvarez, Héctor David Irías Palma y Edwin Abigail Borjas Quintanilla, se encuentra comprendida en la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017; Por tanto no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Pen

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-242-2020, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Nelson Danilo Mairena Franco, en su calidad de coordinador, Mario Rolando Díaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-242-2020 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, mediante el cual falló: Primero: Condenó a los señores Cristopher Roberto Monge Álvarez, Edwin Abigail Borjas Quintanilla y Héctor David Irías Palma, como autores responsables de un delito de Extorsión Simple y Asociación Ilícita, en perjuicio de Testigo Protegido JPTP- RA-046-2018 y la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena principal de quince años con seis meses de reclusión y multa de cuatrocientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos treinta y cinco lempiras con cincuenta centavos para cada uno, por el delito de Extorsión, en perjuicio de Testigo Protegido JPTP- RA-046-2018 y veinte años de reclusión para cada uno, por el delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Segundo: Condenó a Edwin Abigail Borjas Quintanilla, a la pena de ocho años de reclusión y una multa de cinco mil lempiras, por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de uso prohibido, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Tercero: Condenó a los señores Cristopher Roberto Monge Álvarez, Edwin Abigail Borjas Quintanilla y Héctor David Irías Palma, a las penas Accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la pena principal; así como trabajar en obras públicas o labores dentro del establecimiento penitenciario. Cuarto: Declaró la responsabilidad civil de los condenados Cristopher Roberto Monge Álvarez, Edwin Abigail Borjas Quintanilla y Héctor David Irías Palma. Quinto: No procedió la condena de los acusados, en costas procesales, personales ni gastos ocasionados en el juicio. Sexto: Ordenó el comiso de la evidencia puesta a la orden del tribunal y en virtud que el tribunal no cuenta con almacén la misma queda en depósito y custodia del Ministerio Publico. Son partes en única instancia: El Abogado Andrés Fernando Martínez Hernández, en su condición de defensor público de los señores Cristopher Roberto Monge Álvarez, Edwin Abigail Borjas Quintanilla y Héctor David Irías Palma, como parte recurrente; y el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, en su condición de fiscal del Ministerio Publico, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: Considera este Tribunal que ha quedado plenamente acreditado, que a finales del mes de diciembre del dos mil diecisiete, al centro de trabajo del testigo protegido JPTP- ER-046-2018, llegaron dos personas del sexo masculino quienes se identificaron como miembros de la pandilla 18, exigiéndole el pago de quinientos lempiras semanales, los que debería pagar los días lunes advirtiéndole que de no hacerlo lo matarían a él y a toda su familia, que no fuera a jugar ni a avisar a la policía porque sabían todo lo de su negocio, por lo que ante el temor que le infundieron comenzó a pagar el dinero exigido. SEGUNDO: El día veintisiete de enero del dos mil dieciocho el testigo protegido interpuso la denuncia en las oficinas de la Fuerza Nacional Antiextorsión, siendo asesorado por el Agente encargado del caso para realizar una acta de seriado, por lo que el testigo protegido facilitó un billete de quinientos lempiras con serie AC2695790 a quien el Agente encargado del caso le sacó fotocopia, elaborando el acta de seriado en donde el testigo protegido estampo su huella, dicho billete fue devuelto al ofendido y se le instruyó para que lo entregara en el próximo pago, el cual realizaría el veintinueve de enero del mismo año. TERCERO: En esa misma fecha veintinueve de enero del dos mil dieciocho, se conformaron tres equipos de Agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión, se dirigieron a realizar vigilancia a la Colonia La Paz, Municipio de La Lima departamento de Cortés, frente al centro de trabajo del testigo protegido, logrando observar que se estacionó a unos de metros del centro de trabajo del ofendido, un vehículo turismo marca Honda color azul, se bajaron del mismo los ahora encausados CRISTOPHER ROBERTO MONGE ÁLVAREZ Y EDWIN ABIGAIL BORJAS QUINTANILLA, quedándose a la espera en el vehículo HÉCTOR DAVID IRÍAS PALMA entregándole el testigo protegido el dinero a EDWIN ABIGAIL BORJAS QUINTANILLA, una vez que recibieron el dinero los encausados regresaron al vehículo en donde los esperaba HÉCTOR DAVID IRÍAS QUINTANILLA, por lo que los Agentes procedieron a darles seguimiento y posterior detención y al momento de practicarles el registro personal a CRISTOPHER ROBERTO MONGE ÁLVAREZ se le encontró la cantidad de 410 lempiras y una nota manuscrita que contenía cantidades de dinero y nombres de negocios, a EDWIN ABIGAIL BORJAS QUINTANILLA, se le encontró un billete de quinientos lempiras previamente seriado, un arma de fabricación cacera tipo chimba, cuatro cartuchos calibre 12 y un teléfono celular y a HÉCTOR DAVID IRÍAS PALMA quien conducía el vehículo, se le encontró en posesión de 34 bolsas de supuesta droga y un teléfono celular por lo que fueron trasladados a las oficinas de la Fuerza Nacional Antiextorsión, donde el testigo protegido los identificó plenamente. CUARTO: En sus conclusiones finales el Ministerio Público, argumento que modificaba el delito impetrado a EDWIN ABIGAIL BORJAS QUINTANILLA de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, POR PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PROHIBIDO, ya que al momento de su detención portaba un arma de fabricación cacera (chimba) considerando el ministerio que dicha arma es de uso prohibido.” RECURSO DE CASACIÓN, MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Andrés Fernando Martínez Hernández, en su condición de defensor público de los señores Cristopher Roberto Monge Álvarez, Edwin Abigail Borjas Quintanilla y Héctor David Irías Palma, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. MOTIVO UNICO: Por haberse violentado las Reglas de la Sana Critica. NORMA ADJETIVA INFRINGIDA: Se invoca como norma adjetiva Inobservada la contenida en el artículo 200 en relación con el Artículo 336 y 338 regla 4 No.2 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra Comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO La norma procesal que se invoca como infringida el articulo 202 del Código Procesal Penal, que expresa: "Las Pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida". PRIMERO: En la sentencia recurrida, el Tribunal valora prueba de cargo no concluyente, ni confiable que para la investigación de la verdad debieron haberse practicado todas las diligencias pertinente y útiles, para haber determinado la verdadera existencia del hecho punible tomando en cuenta las circunstancias que, de acuerdo con la ley penal, sean importantes para establecer el grado de responsabilidad y además al hacer el sentenciador el juicio de valor sobre dicha prueba, incurre en claras omisiones, que hace dicha fundamentación dudosa e imprecisa, dando como resultado la violación a las reglas de la lógica en su postulado de la derivación. En el presente caso precisa referirnos a las reglas de la lógica por ser esta la más Inobservada por el Tribunal de Sentencia y sobre la cual ésta orientada el ataque al fallo, en vista que la regla de la lógica estando constituida por la ley de la coherencia y de la derivación, esta última ha resultado ignorada por el tribunal de sentencia debido que para la observancia de esta ley se exige al juzgador que la sentencia resulte provista de razonamiento proveniente de elementos congruentes, verdaderos y suficientes.- Resulta que la sentencia recurrida no ha estado provista de un razonamiento Intelectivo capaz de dejar conforme a la defensa de los imputados, porque la conclusión a que arribo el tribunal de sentencia para condenar a CHRISTOPHER ROBERTO MONJE ALVAREZ, EDWIN ABIGAIL BORJAS QUINTANILLA Y HECTOR DAVID IRIAS PALMA, no proviene de elementos suficientes como tampoco resultan aptos como para producir razonablemente un conocimiento cierto de su participación en el suceso que se juzga, por el contrario las acciones imputadas han resultado efectivamente imprecisas como para deducir la culpabilidad como autores por los delitos de "EXTORSION SIMPLE, ASOCIACION ILICITA Y PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE USO PROHIBIDO" por parte de mis defendidos. Resulta que del análisis de la sentencia de mérito hemos concluido que los hechos estimados y declarados probados no son congruentes, habiendo el Tribunal en referencia declarado como probados los hechos siguientes: "PRIMERO: A finales del mes de diciembre del año dos mil diecisiete al centro del trabajo del testigo protegido JPTP-ER-046-2018 llegaron dos personas del sexo masculino quienes se identificaron como miembros de la pandilla 18 exigiéndoles el pago de quinientos lempiras semanales los que debería pagar los días lunes advirtiéndoles que de no hacerlo lo matarían a el y a su familia, que no fueran a jugar ni a avisar a la policía porque sabían todo lo de su negocio, por lo que ante el temor que le infundieron comenzó a pagar el dinero exigido, SEGUNDO: El día veintisiete de enero de dos mil dieciocho el testigo protegido interpuso la denuncia en las oficinas de la fuerza nacional anti extorsión, siendo asesorado por el agente encargado del caso para realizar un acta de sereado por lo que el testigo protegido facilito un billete de 500 lempiras, con serie AC2695790, a quien el agente encargado del caso le saco fotocopia elaborando el acta de sereado de dinero donde el testigo protegido estampo su huella, dicho billete le fue devuelto al ofendido y se le instruyo para que se lo entregara en el próximo pago el cual realizaría el veintinueve de enero del mismo año; TERCERO: En esa misma fecha veintinueve de enero de dos mi dieciocho se conformaron tres equipos de la FNA, hicieron vigilancias en la colonia La Paz, municipio de la Lima, departamento de Cortes, frente al centro de trabajo del testigo protegido, logrando observar que se estaciono a unos de metros del centro de trabajo del ofendido, un vehículo turismo marca Honda color azul, se bajaron del mismo los ahora encausados CHRISTOPHER ROBERTO MONJE ALVAREZ, EDWIN ABIGAIL BORJAS QUINTANILLA Y HECTOR DAVID IRIAS PALMA, quedándose a la espera en el vehículo HECTOR DAVID IRIAS PALMA, entregándole el testigo protegido el dinero a EDWIN ABIGAIL BORJA QUINTANILLA, una vez que recibieron el dinero los encausados, regresaron al vehículo en donde los esperaba HECTOR DAVID IRIAS PALMA, por lo que los agentes procedieron a darle seguimiento, y posterior detención y al momento de practicarles el registro personal a CRISTOPHER ROBERTO MONJE ALVAREZ y se le encontró la cantidad de 410 lempiras y una nota a mano escrita que contenía cantidades de dinero y nombres de negocio, a EDWIN ABIGAIL BORJA se le encontró la cantidad de 500 lempiras previamente seriado y un arma de fabricación casera tipo chimba, cuatro cartuchos calibre 12 y un teléfono celular y a HECTOR DAVID IRIAS PALMA quien conducía el vehículo se le encontró el posesión de 34 bolsas de supuesta droga y un teléfono celular, por lo que fueron trasladados a las oficinas de la FNA donde el testigo protegido los identifico plenamente; CUARTO: En sus conclusiones finales el MINISTERIO PUBLICO argumento que modificaba el delito impetrado a EDWIN ABIGAIL BORJAS QUINTANILLA de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE USO COMERCIAL, por EL DELITO DE PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO PROHIBIDO, ya que al momento de su detención portaba un arma de fabricación casera considerando que dicha arma es de uso prohibido". SEGUNDO: Honorables Magistrados si observamos los cuatro hechos probados no son terminantes en vista que los mismos no cumplen con lo establecido en la regla cuarta del artículo 338 del Código Procesal penal, ya que no consta las conclusiones realizados tanto por la Defensa así como del Ministerio Público, ni realiza una valoración basada en la sana Critica a los medios de pruebas aportado por esta Defensa, en vista que los mismos hacen una descripción incongruente con la prueba aportada, en el transcurso del debate se evacuo elementos de pruebas de cargo así como de Descargo, donde en las declaraciones testificales existieron ciertas contradicciones entre ambas con el testigo protegido JPTP-RA -046-2018, con el agente de investigación Joel Fernando Martínez Hernández, donde ha referido que mi representado el señor Héctor Irías Palma conducía un vehículo Honda tipo Turismo color azul, y que se hacía acompañar con EDWIN ABIGAIL QUINTANILLA y CHRISTOFER ROBERTO MONJE ALVAREZ, que es de hacer ver que a mi representado HECTOR IRIAS PALMA, no le encuentran ningún indicio relacionado al delito de Extorsión, y que el testigo ha referido que observo dicho vehículo enfrente de su casa, así el agente Joel Fernando Martínez ha referido que él lo observo a 15 metros de donde tiene el negocio el testigo protegido y que habían unas palmeras que el agente Fernando Martínez Hernández, refiere en las vigilancias realizadas se encontraban varios agentes en tres vehículos montando vigilancia, aquí la pregunta ¿Por qué no tomaron fotografía habiendo tantos agentes de investigación? Respuesta es Porque no hubo vigilancia, y que ha preguntas de esta Defensa al agente Fernando Martínez Hernández ¿porque no tomaron Fotografía? Contesta porque no tenían, es algo que no es común siempre las agencias técnicas así como los agentes de Investigación cuentan con estos instrumentos para realizar estas técnicas, y que precisamente solo Joel Fernando Martínez realiza una acta de Vigilancia de fecha 29 de enero del 2018, y es la misma persona que realiza el acta de Sereo, no anexando ninguna fotografía para constatar tal extremo, se contó con la declaración en este caso de la señora DOROTY CONALLIS SOTO quien refirió que en fecha veintinueve de enero de dos mil dieciocho capturan al señor HECTOR DAVID IRIAS PALMA que ella se encontraba en ese lugar y que observa que al momento que lo detienen en la colonia la Paz lo detienen solo sin ningún acompañante contradiciendo a lo que refirió el testigo protegido ya que el mismo refirió que mi representado se encontraba con CHRISTOPHER ROBERTO MONJE y EDWIN ABIGARIL QUINTANILLA existiendo esta contradicción y que de igual manera el testigo de descargo refirió que las únicas pulperías y los únicos negocios que habían en el lugar en ningún momento para la fecha de la detención fueron víctimas del delito de extorsión, que también se evacuo como medio de prueba pericial la matriz de asociación el informe de Investigación de maras y pandillas ratificado por el perito HECTOR FAUSTINO GARCIA quien en sus conclusiones únicamente refiere ciertos alias a mi representado y que pertenecen a la clica HGS que significa HOLLYWOOD GANGSTER y la Clica COLOMBIA LIRO SYCO proporcionando alias del señor EDWIN ABIGAIL BORJAS QUINTANILLA como alias CHACHALACA del señor CRISTHOPER ROBERTO MONJE como alias SNARK, y el señor HECTOR DAVID IRIAS PALMA alias RANFLERO cabe mencionar que el agente HECTOR FAUSTINO GARCIA únicamente se basó en una investigación no tan exhaustiva basándose únicamente en los hechos narrados por el testigo protegido JPTP-RA-046-2018 y en la declaración del señor JOEL FERNANDO MARTINEZ no haciendo una Investigación de campo únicamente agregando constancias del sistema NACMIS que no muestra antecedentes de delito relacionado al delito de Extorsión y constancia del Instituto Nacional Penitenciario donde únicamente se acredita ubicación del centro de reclusión de cada uno de mis representados, que es de conocimiento que el Instituto Nacional Penitenciario designa el lugar donde estará recluido cada persona privada de libertad, que a preguntas de esta defensa en el Juicio Oral y Público, ¿qué investigación de campo había realizado? refiriendo que se entrevistó con fuentes humanas que nunca quedaron reflejadas en el informe de investigación de maras y pandillas y que el mismo duro aproximadamente ni una semana de investigación por lo que a criterio de esta defensa no se dan los verbos rectores de este tipo penal de ASOCIACIÓN ILÍCITA tal es el caso de haberse asociado mi representado con el fin de cometer varias acciones ilícitas en determinados momentos o permanecer en un tiempo cronológico permanente y organizado dentro de una estructura criminal, tal es el caso que al señor CRISTHOPER ROBERTO MONJE lo ha determinado como Jefe, cuestión que no quedo acreditado ya que en ningún momento se determinó que esta persona da órdenes a otras personas, que al señor HECTOR IRIAS PALMA lo catalogan como alias el RANFLERO con el puesto de ranfla o misionero, cabe destacar que esta defensa presento prueba documental como ser la constancia de trabajo, emitida por Empresa de transporte comunitario a favor de HECTOR DAVID IRIAS PALMA acreditando que mi representado se dedica al transporte y que en la supuesta investigación que se realizó no se ha acreditado con investigación de campo, o demás pruebas a indicadores que conlleven al Juzgador considerarla como plena prueba para acreditar el delito de asociación ilícita, en cambio se ha presentado prueba documental como ser el vaciado del aparato telefónico Marca BLU, del señor HECTOR DAVID IRIAS PALMA, donde NO EXISTE ninguna llamada telefónica entrante o saliente, o conversaciones vía whatsapp, vía Messenger mensajes de texto, que acrediten conversaciones con los demás imputados en este caso mis otros representados o personas que pertenezcan a una estructura criminal como ser la pandilla 18, conversaciones que acrediten que en fecha 27 de enero del 2018 o 29 de enero del 2019, se le hubiese encontrado relación con el delito de Extorsión, no existiendo una valoración con las formalidades de las reglas de la Sana Critica el Juzgador, como la Lógica; que a mi representado el señor EDWIN ABIGAIL BORJAS, según la prueba documental se le encontró un billete de quinientos lempiras con serie AC2695790, cuatro cartucho de escopeta 12, un teléfono celular marca Huawei color negro pantalla táctil un arma de fabricación casera con un cartucho de escopeta de doce, según el acta de Registro Personal, pero es de hacer ver que existe contradicciones en cuanto a lo que dijo el Testigo Protegido y que esa valoración hecha al mismo no es coherente con la detención o lo referido por el agente JOEL FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ, que no existió ningún otro tipo de investigación para establecer un nivel jerárquico de una estructura criminal basándose solo en versiones referenciales que no dan margen a determinar el accionar dentro de una estructura y que el mismo es SOLDADO dentro de la estructura, no teniendo ni idea la fecha que empezó a formar parte de la estructura ya que ha pregunta de la Defensa ¿Qué fecha ingreso a la pandilla 18, contesta que no sabia; que ha preguntas de esta defensa se le Pregunto ¿quiénes mas están dentro de la estructura? Dando como respuesta no tenía conocimiento manifestó, por lo que su ratificación es muy escueta, y sin existir demás prueba periférica, para acreditar los elementos del delito de asociación ilícita; y que el Juzgador determino condenar a mi representado por el delito también de PORTACION ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA, por haberse encontrado una Chimba calibre 12 de fabricación cacera, no encontradose dicho calibre en lo que contempla la Ley de Control Uso de Armas de Fuego Municiones Explosiones y otros similares, que discrepa entre la prohibida y la comercial, siendo este comercial, que los Juzgadores por mayoría determinan condenar a mi representado, por Portación ilegal de arma Prohibida, existiendo el Voto Particular disidente, por uno de los Jueces, condenando por el delito Posesión ilegal de arma Comercial, esta defensa en la etapa de sus conclusiones no obviamos el hecho de la arma, pero si de conocimiento la doctrina legal que existe en determinado delito sentencia SCP 467-2012, 473-15 Y DE LA SALA PENAL AMPARO PENAL 81-16; pero no prohibida si no que comercial y es que Ley de Control Uso de Armas de Fuego Municiones Explosiones y otros similares, en su artículo 7 numeral 3) habla que las escopetas de acción mecánica o semiautomática de los calibres(10), (12)………. siempre el cañón sea menor de 46 centímetros, estando de acuerdo con el voto disidente del juzgador esta Defensa Técnica, que determina que si bien la Ley de Control de Armas de Control de Armas de Fuego Municiones explosivos y otros similares establece que las armas de fuego de construcción casera o artesanal esta prohibido para las personas en general (artículo 8) y que para la sanción penal la remite al Código Penal (artículo 54), esto no quiere decir que porque es arma prohibida debe subsumirse como arma de guerra o de combate (articulo 332-A), una arma de guerra presenta las siguientes características de funcionamiento es automático lo que implica que la capacidad de disparo es muy rápida o veloz, su capacidad de impacto es de alta precisión o sea que al disparar el arma o un blanco (personas o bienes), tienen alta posibilidad de impactar justo en el blanco especifico que tenga capacidad de ser silencioso lo que implica que al momento de disparar el arma tienen bajo sonido lo que le da ventaja de no ser localizado por el tirador, un alto poder de daño o destrucción lo que implica un alto grado de lesión y daño por lo que la fabricación de estas armas es con uso de material industrial y tecnología que no está disponible a la venta o adquisición legal para la población civil en general, en ese sentido la ley considera que estas armas son prohibida la tenencia uso posesión a las autoridades publicas como militares o policías, al analizar un arma de fuego de fabricación artesanal (chimba) su uso personal es mas de carácter defensivo que de combate o de guerra, sin embargo estas armas artesanales presenta las siguientes rasgos: su mecanismo de funcionamiento es rudimentario al poder realizar un disparo a la vez y volviendo a recargar manualmente o el recargo es lento, tiene menor capacidad de almacenamiento de proyectiles tiene altas posibilidades que no se pueda efectuar el disparo en virtud de su funcionamiento es rudimentario o si lo hace a una distancia considerable o larga pueda que no de el blanco, en el caso que dispare es muy ruidoso, lo que lo hace de baja capacidad lesiva o daño hablando en cantidad de blancos (números de personas o bienes), de hecho su manipulación es un riesgo mismo para la persona que lo hace pudiendo explotar la munición dentro del arma, por eso es arma prohibida su uso tenencia o posesión pues si bien es un arma y puede lesionar o dañar pero en menor cantidad o grado por lo que no es licito su comercio pero en las armas de guerra o combate es prohibido su uso tenencia o posesión para personas civiles por las ventajas y características que presenta siendo muy peligroso pues su capacidad lesiva o daño hablando en cantidad de números de blancos (personas o bienes) es muy alto, considerando que la misma es comercial. TERCERO: Considera la defensa que todo este conjunto de circunstancias que se dieron en el debate no nos permite tener una certeza jurídicamente válida sobre la participación de los imputados para conocer la actividad realizada por estos.- Por todo ello los testigos de cargo no fueron contundentes denotando en el ofendido no estar diciendo la verdad y por ende perjudicar a nuestros representados, ni que los cuerpos investigativos hayan realizado una investigación profunda para llegar a la verdad del hecho delictivo, y de permanecer estructurado dentro un grupo de antisociales como ser pandilla 18, por lo que a la prueba testifical y documental la consideramos como no concluyente para tener una certeza que nos permita emitir una sentencia objetiva como debe ser y que sea una prueba confiable como para condenar por autor de los delitos de EXTORSION Y ASOCIACION ILICITA a mis representado EDWIN ABIGAIL BORJAS QUINTANILLA, CHRISTHOFER ROBERTO MONJE ALVAREZ, Y HECTOR DAVID IRIAS PALMA, Y EDWIN ABIGAIL BORJAS QUINTANILLA por PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PROHIBIDO debiendo para tal efecto anularse la sentencia condenatoria por no haberse demostrado con certeza la participación directa en el hecho, en el entendido que la responsabilidad penal es personal, todas estas circunstancias nos llevan a pensar que el fallo debió ser absolutoria por los delitos de Extorsión y Asociación Ilícita por existir duda razonable en la prueba de cargo y no condenarla como autores directos de los delitos antes señalado, por lo que en base al principio In Dubio Pro Reo; el tribunal debió condenar a mi representado si previamente los elementos de prueba reunidos en juicio hubiesen demostrado a manera de certeza absoluta los hechos atribuidos a los acusados y su participación en aquél, no siendo así debió absolverlos, pues como se dijo antes la declaración del ofendido al alcance del tribunal solo permitía apreciar como probable la convergencia intencional de que mis representados hayan cometido dicho delito. Asimismo por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna ex-ante para la subsanación del mismo; asimismo siendo que se ha condenado por el delito de Portación ilegal de arma prohibida, solicitando se dicte una sentencia absolutoria y aplicación de la norma sustantiva en base al artículo 332-B, como arma comercial.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la Defensa Pública. Único Motivo. Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; • Norma adjetiva que se denuncia infringida: Artículo 200, 336 y 338 regla cuatro No2 del Código Procesal Penal; • Concepto de la infracción: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica; • Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor; • Pretensión: Que se case la sentencia. Establece el recurrente que, el sentenciador en el juicio de valor sobre la prueba incurre en claras omisiones, que la fundamentación es dudosa e imprecisa, dando como resultado la violación a las reglas de la lógica en su postulado de la derivación; advierte que, la sentencia recurrida no ha estado provista de un razonamiento Intelectivos capaces de dejar conforme a la defensa de los imputados, porque la conclusión a la cual arribó el Tribunal de Sentencia para condenar a Christopher Roberto Monje Álvarez, Edwin Abigail Borjas Quintanilla y Héctor David Irías Palma, no proviene de elementos suficientes como tampoco resultan aptos como para producir razonablemente un conocimiento cierto de su participación en el suceso que se juzga, por el contrario las acciones imputadas han resultado efectivamente imprecisas como para deducir la culpabilidad como autores por los delitos de Extorsión Simple, Asociación Ilícita y Portación Ilegal de Armas de Uso Prohibido; que, del análisis de la sentencia de mérito ha concluido que los hechos estimados y declarados probados no son congruentes. De igual manera transcribe los hechos declarados probados por el juzgador; Reproduce los medios de prueba evacuados en el Debate Oral y Público, señalando las contradicciones y alegatos de instancia; que todo este conjunto de circunstancias que se dieron en el debate permite tener una certeza jurídicamente válida sobre la participación de los imputados para conocer la actividad realizada por estos; asimismo siendo que se ha condenado por el delito de Portación Ilegal de Arma Prohibida, solicita se dicte una sentencia absolutoria y aplicación de la norma sustantiva en base al artículo 332-B, como arma comercial. De la procedencia del recurso. El motivo no es de recibo. El recurrente ha presentado un Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en el cual, ha procedido a exponer sus razones por las cuales no está de acuerdo con las conclusiones valorativas del Tribunal de Sentencia; el recurrente puntualiza los hechos que adolecen de vacíos probatorios y que refuta como importantes para que pueda darse la imputación del delito de extorsión, además hace una enumeración de las contradicciones que estima concurrentes entre los diferentes medios de prueba y comparte reflexión sobre la prueba que a su opinión hacen descargo de la acusación y señala la incorrecta condena por el delito de Posesión Ilegal de Arma Prohibida así como el delito de Asociación Ilícita; Concluye indicando que tal análisis demuestra la violación a la regla lógica en su postulado de derivación. Los argumentos recursivos expuestos vienen bien para una segunda instancia, en donde la Corte de Apelaciones puede reexaminar las razones probatorias del órgano jurisdiccional de primera instancia, pudiendo ese ad-quem imponer su criterio valorativo al a-quo, sin embargo, tales argumentos son impropios en casación, donde la revisión de la sentencia es estrictamente legal, no permitiendo que los jueces de casación puedan corregir a los jueces de sentencia respecto a sus estimaciones valorativas; dicho de otra manera: casación no es vía recursiva mediante la cual sea posible revocar o reformar valoraciones probatorias, como por ejemplo declarar contradictoria prueba que fue estimada como coherente por el tribunal de sentencia, declarar como fiable y creíble a testigos que fueron tildados como faltos de crédito por la instancia o afirmar que un medio de prueba pericial acredita un hecho distinto a aquel que ha estimado el tribunal de sentencia. Cuando se acude a la vía recursiva de casación por quebrantamiento de forma, oponiendo como motivo la violación de las reglas de la sana crítica, la labor de los jueces de Casación se debe limitar al análisis de los razonamientos judiciales sobre la prueba (jamás al contenido de la prueba), examinando la denuncia hecha por la recurrente y verificando si el principio que se alega infringido efectivamente lo ha sido, ya que lo revisable no es la prueba en sí misma como aspecto independiente, sino que es el razonamiento judicial que se hace sobre dicha prueba. La Sala de lo Penal ha leído con detenimiento el Recurso de Casación que ha planteado el recurrente advirtiendo que, si bien denuncia la violación del principio de razón suficiente como elemento integrante de la Sana Crítica, omite indicar que razonamiento o razonamientos judiciales son los que contienen tal vicio, omite explicar cómo se materializa la violación a aquel principio y omite determinar porqué dicha violación es relevante en cuanto al caso concreto. En lugar de todo ello lo que hace el recurrente es transcribir los hechos declarados probados de la sentencia, compartir su apreciación particular de la prueba, señalar qué hechos según su opinión no fueron acreditados y cuales, si fueron acreditados como descargo de la imputación, todo ello muy lejos a lo que debe ser el planteamiento en el recurso de casación. El proceso penal descansa en una serie de principios básicos, como ser: oralidad, contradicción, concentración e inmediación; todos ellos se conjugan para fijar la máxima de que solo el juez que haya apreciado directamente la prueba puede hacer valoración sobre ella.- Es por ello que casación no puede hacer revaloración de la prueba, pues carece de inmediación y, por ende no puede imponer opinión valorativa por sobre aquellos que estuvieron en una mejor posición respecto a la prueba, más lo que si le permite la ley es revisar que los razonamientos judiciales que se hagan sobre esa prueba estén sentados en un recto entendimiento humano. Se insiste, casación no es una plataforma impugnativa para modificar lo que ha valorado el tribunal de sentencia, sino que para revisar si dicha valoración es conforme a las reglas de la sana crítica, para ello se requiere que el recurrente invite a analizar de manera minuciosa las inducciones, deducciones y derivaciones que hayan hecho los juzgadores a partir de la prueba, señalando en la sentencia impugnada con estrictas coordenadas el razonamiento judicial que fue construido en colisión con una determina regla o principio de las reglas de la sana critica. Así las cosas, la Sala de lo Penal ha procedido a revisar los juicios de valor y sin prejuzgar el fondo del asunto, ha verificado que, el Tribunal de Sentencia realizó una valoración correcta de los medios probatorios, pues concordando con lo que el propio Ministerio Público señaló que el testigo protegido JPTP-RA-046-2018, ha sido preciso y congruente en su declaración, se acreditó que fue debido a la intimidación que le causó el hecho de que los imputados le hayan manifestado que eran miembros de la pandilla 18, le hayan mostrado una arma de fuego y le hayan manifestado que si no colaboraba lo matarían a él y todos los miembros de su familia, causando con ello una afectación emocional suficientemente relevante para provocar su alteración emocional y despojarlo de la cantidad de quinientos lempiras semanales, en concepto de extorsión. De igual manera que el Testigo Joel Fernando Martinez (agente de investigación) declaró sobre La forma que se le dio asesoramiento al testigo protegido, así como las diligencias a realizar, para la detención de los encausados, no apreciando contradicciones; todo este análisis intelectivo de la mayoría del Tribunal, al que se sumó el hecho a la Prueba Documental: 1- Acta de vigilancia y seguimiento de fecha veintinueve de enero del dos mil dieciocho, 2- Acta de Registro Personal y Decomiso al señor Héctor David Irías palma de fecha veintinueve de enero del dos mil dieciocho, 3- Acta de Registro Personal y Decomiso al señor Edwin Abigail Borjas de fecha veintinueve de enero del dos mil dieciocho, 4- Acta de Registro Personal y Decomiso al señor Cristopher Roberto Monje Álvarez de fecha veintinueve de enero del dos mil dieciocho, 5- Acta de Sereado de dinero de fecha veintinueve de enero del dos mil dieciocho; dando el juzgador valor probatorio a los documentos a, los cuales fueron realizados por personal acreditado para tal función, medios de prueba que concatenados con la declaración del testigo protegido y el testigo Martinez llevan a los juzgadores a la convicción de que los hechos sucedieron de la forma en que el Ministerio Público los propuso. Como Prueba Pericial, se evacuo: 1- Análisis de vaciado telefónico realizado al teléfono de señor Edwin Abigail Borjas, teniendo como hallazgo mensajería donde se identifican como “HOMMIS” del barrio 18, 2- Análisis balístico 0696 del arma de fuego decomisada. 3- Informe investigativo de la Unidad de Maras y Pandillas, donde se concluye que los señores Edwin Abigail Borjas Quintanilla, Cristofer Roberto Monge Álvarez y Héctor David Irías Palma, son miembros activos de la pandilla 18; dando valor probatorio el a quo ya que consideró que los medios de prueba se concatenan con las declaraciones testificales y la prueba documental, teniendo a su vez a su disposición la evidencia propuesta. Retomando: El recurrente denunció violación a la regla lógica de derivación como consecuencia de haberse dictado una sentencia condenatoria, cuando a su criterio ésta debió haber sido absolutoria; para ello hizo recuento de la prueba y de cómo fue valorada por el a quo, luego de lo cual agregó valoraciones de instancia, el recurrente no señala cual es el argumento judicial que considera malogrado, mucho menos confronta dicho argumento judicial con las reglas de la sana crítica, explicando cómo el silogismo es violatorio del principio de derivación por ausencia de razón suficiente, y cómo esto es relevante en la decisión tomada por el Tribunal; contrario a ello el recurrente invita a esta Sala de lo Penal a que se convierta en un tribunal de segunda instancia, a examinar la prueba, y a valorarla en sintonía con su pretensión. Es de tener presente que conforme la naturaleza del Recurso de Casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al Acusador Privado, a la Defensa, etc., e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio del juzgador fue edificado con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y en particular cuando se alegue violación al principio de derivación a causa de inexistencia de razón suficiente, dicho análisis debe ser dirigido a demostrar la inexistente conexión entre la conclusión judicial con las premisas a consecuencia de una indebida inferencia lógica. Por lo anterior, el motivo decae y no es de recibimiento. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa ni del Ministerio Público, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación a la acusada. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se le impuso a los señores: 1. Cristopher Roberto Monge Álvarez y Héctor David Irías Palma: i- Extorsión Simple, la pena de quince (15) años con seis (06) meses de reclusión, más una multa de cuatrocientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos treinta y cinco lempiras con cincuenta centavos (L. 445,435.50); ii- Asociación Ilícita, la pena de veinte (20) años de reclusión. En suma, las penas principales obligan a los acusados a cumplir treinta y cinco (35) años seis (06) meses de reclusión y a pagar una multa de L. 445,435.50. 2. Condenó a Edwin Abigail Borjas Quintanilla. i- Extorsión Simple, a la pena de quince (15) años con seis (06) meses de reclusión, más una multa de cuatrocientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos treinta y cinco lempiras con cincuenta centavos (L. 445,435.50); ii- Asociación Ilícita a la pena de veinte (20) años de reclusión; iii- Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Prohibido a la pena de ocho (08) años de reclusión y una multa de cinco mil lempiras (L. 5,000.00). En suma, las penas principales obligan al acusado a cumplir cuarenta y tres (43) años seis (06) meses de reclusión y a pagar una multa de L. 450,435.50. La conducta reprochada a los acusados CRISTOPHER ROBERTO MONGE ÁLVAREZ y HÉCTOR DAVID IRÍAS PALMA, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delitos de: i-Extorsión (Art.373), debe imponérsele una pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto (Art. 373); más las penas accesorias y demás consecuencias penales. ii- Asociación para Delinquir, (Art. 554), el que indica que: “Son asociaciones ilícitas las constituidas, sea de modo permanente o transitorio, por dos (2) o más personas con la finalidad de cometer ilícitos penales… Los directivos, promotores y financistas de la asociación ilícita deben ser castigados con las penas de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días. Los simples integrantes de la asociación deben ser castigados con las penas de prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de cien (100) a quinientos (500) días.”. La pena para el delito de Asociación para Delinquir, para los simples integrantes es de seis (6) a diez (10) años de prisión, más multa de cien (100) a quinientos (500) días. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular el Código Penal 130-2017 prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el código penal 144-83, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva de la primera codificación. Conforme a lo señalado corresponde imponer a los señores Cristopher Roberto Monge Álvarez y Héctor David Irías Palma las siguientes penas: i.- Por el delito de Extorsión: prisión por quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días. (Art. 374) incrementa (1/3) se ejecutó el delito procurando favorecer el grupo delictivo organizado, por lo que la pena abstracta será de veinte (20) a veintiséis (26) años ocho (08) meses de prisión y multa de 1,000 a 1,777 días. ii.- Por el delito de Asociación para Delinquir, de seis (6) a diez (10) años de prisión, más multa de cien (100) a quinientos (500) días. La pena a imponer a los señores CRISTOPHER ROBERTO MONGE ÁLVAREZ Y HÉCTOR DAVID IRÍAS PALMA sería de veintiséis (26) a treinta y seis (36) años ocho (08) meses de prisión. La conducta reprochada al acusado EDWIN ABIGAIL BORJAS QUINTANILLA, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delitos de: i.- Por el delito de Extorsión: prisión por quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días. (Art. 374) incrementa (1/3) se ejecutó el delito procurando favorecer el grupo delictivo organizado, por lo que la pena abstracta será de veinte (20) a veintiséis (26) años ocho (08) meses de prisión y multa de 1,000 a 1,777 días. ii.- Por el delito de Asociación para Delinquir, de seis (6) a diez (10) años de prisión, más multa de cien (100) a quinientos (500) días. iii. Tenencia o Porte Ilegal de Armas de Fuego, (art.580) se penaliza así: 1. De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas; 2. De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas de municiones prohibidas. Con las mismas penas previstas en el numeral 1, se castiga la tenencia de armas artesanales. Se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización. La pena para el delito Porte Ilegal de Armas de Fuego Prohibidas es de cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización, quedando la pena abstracta de prisión 06 años a 08 años y localización permanente de hasta tres años; Pena que debe aumentarse hasta 1/3 por disposición del artículo 584 numeral 1 C.P., (agravantes especificas), quedando la pena abstracta de prisión ocho 08 años a diez (10) años cuatro (4) meses de prisión, localización permanente de hasta tres años, pena de inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, para el ejercicio de la profesión, oficio, comercio o industria relacionados con la conducta; Pena de privación al derecho de la tenencia y portación de armas así como de la posibilidad de obtenerlo durante tiempo de cumplimiento de la pena de prisión, hasta que la misma se haya extinguido completamente. La pena a imponer al señor EDWIN ABIGAIL BORJAS QUINTANILLA, sería de treinta y cuatro (34) a cuarenta y siete (47) años de prisión. A partir de lo anterior es posible determinar que la pena impuesta a los acusados Cristopher Roberto Monge Álvarez, Héctor David Irías Palma y Edwin Abigail Borjas Quintanilla, se encuentra comprendida en la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017; Por tanto no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. DECISION. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Abogado Andrés Fernando Martínez Hernández, en su condición de defensor público. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 66 y 616 del Código Penal 130-2017; 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; Falla: 1) Declara No Ha Lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, interpuesto por el Abogado Andrés Fernando Martinez Hernández, en su condición de defensor público. 2) Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017. 3) Declara firme y ejecutable la sentencia condenatoria de fecha veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión. Y MANDA: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Díaz Flores. Notifíquese. - Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrada. Firma y Sello. RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS. – receptora adscrita a sala de lo penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a cuatro días del mes de marzo de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el quince de octubre de dos mil veinticuatro, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-242-2020. RINA KORITZA SANDOVAL NAVASRECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL“CERTIFICACION La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-242-2020, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Nelson Danilo Mairena Franco, en su calidad de coordinador, Mario Rolando Díaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-242-2020 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, mediante el cual falló: Primero: Condenó a los señores Cristopher Roberto Monge Álvarez, Edwin Abigail Borjas Quintanilla y Héctor David Irías Palma, como autores responsables de un delito de Extorsión Simple y Asociación Ilícita, en perjuicio de Testigo Protegido JPTP- RA-046-2018 y la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena principal de quince años con seis meses de reclusión y multa de cuatrocientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos treinta y cinco lempiras con cincuenta centavos para cada uno, por el delito de Extorsión, en perjuicio de Testigo Protegido JPTP- RA-046-2018 y veinte años de reclusión para cada uno, por el delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Segundo: Condenó a Edwin Abigail Borjas Quintanilla, a la pena de ocho años de reclusión y una multa de cinco mil lempiras, por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de uso prohibido, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Tercero: Condenó a los señores Cristopher Roberto Monge Álvarez, Edwin Abigail Borjas Quintanilla y Héctor David Irías Palma, a las penas Accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la pena principal; así como trabajar en obras públicas o labores dentro del establecimiento penitenciario. Cuarto: Declaró la responsabilidad civil de los condenados Cristopher Roberto Monge Álvarez, Edwin Abigail Borjas Quintanilla y Héctor David Irías Palma. Quinto: No procedió la condena de los acusados, en costas procesales, personales ni gastos ocasionados en el juicio. Sexto: Ordenó el comiso de la evidencia puesta a la orden del tribunal y en virtud que el tribunal no cuenta con almacén la misma queda en depósito y custodia del Ministerio Publico. Son partes en única instancia: El Abogado Andrés Fernando Martínez Hernández, en su condición de defensor público de los señores Cristopher Roberto Monge Álvarez, Edwin Abigail Borjas Quintanilla y Héctor David Irías Palma, como parte recurrente; y el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, en su condición de fiscal del Ministerio Publico, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: Considera este Tribunal que ha quedado plenamente acreditado, que a finales del mes de diciembre del dos mil diecisiete, al centro de trabajo del testigo protegido JPTP- ER-046-2018, llegaron dos personas del sexo masculino quienes se identificaron como miembros de la pandilla 18, exigiéndole el pago de quinientos lempiras semanales, los que debería pagar los días lunes advirtiéndole que de no hacerlo lo matarían a él y a toda su familia, que no fuera a jugar ni a avisar a la policía porque sabían todo lo de su negocio, por lo que ante el temor que le infundieron comenzó a pagar el dinero exigido. SEGUNDO: El día veintisiete de enero del dos mil dieciocho el testigo protegido interpuso la denuncia en las oficinas de la Fuerza Nacional Antiextorsión, siendo asesorado por el Agente encargado del caso para realizar una acta de seriado, por lo que el testigo protegido facilitó un billete de quinientos lempiras con serie AC2695790 a quien el Agente encargado del caso le sacó fotocopia, elaborando el acta de seriado en donde el testigo protegido estampo su huella, dicho billete fue devuelto al ofendido y se le instruyó para que lo entregara en el próximo pago, el cual realizaría el veintinueve de enero del mismo año. TERCERO: En esa misma fecha veintinueve de enero del dos mil dieciocho, se conformaron tres equipos de Agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión, se dirigieron a realizar vigilancia a la Colonia La Paz, Municipio de La Lima departamento de Cortés, frente al centro de trabajo del testigo protegido, logrando observar que se estacionó a unos de metros del centro de trabajo del ofendido, un vehículo turismo marca Honda color azul, se bajaron del mismo los ahora encausados CRISTOPHER ROBERTO MONGE ÁLVAREZ Y EDWIN ABIGAIL BORJAS QUINTANILLA, quedándose a la espera en el vehículo HÉCTOR DAVID IRÍAS PALMA entregándole el testigo protegido el dinero a EDWIN ABIGAIL BORJAS QUINTANILLA, una vez que recibieron el dinero los encausados regresaron al vehículo en donde los esperaba HÉCTOR DAVID IRÍAS QUINTANILLA, por lo que los Agentes procedieron a darles seguimiento y posterior detención y al momento de practicarles el registro personal a CRISTOPHER ROBERTO MONGE ÁLVAREZ se le encontró la cantidad de 410 lempiras y una nota manuscrita que contenía cantidades de dinero y nombres de negocios, a EDWIN ABIGAIL BORJAS QUINTANILLA, se le encontró un billete de quinientos lempiras previamente seriado, un arma de fabricación cacera tipo chimba, cuatro cartuchos calibre 12 y un teléfono celular y a HÉCTOR DAVID IRÍAS PALMA quien conducía el vehículo, se le encontró en posesión de 34 bolsas de supuesta droga y un teléfono celular por lo que fueron trasladados a las oficinas de la Fuerza Nacional Antiextorsión, donde el testigo protegido los identificó plenamente. CUARTO: En sus conclusiones finales el Ministerio Público, argumento que modificaba el delito impetrado a EDWIN ABIGAIL BORJAS QUINTANILLA de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, POR PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PROHIBIDO, ya que al momento de su detención portaba un arma de fabricación cacera (chimba) considerando el ministerio que dicha arma es de uso prohibido.” RECURSO DE CASACIÓN, MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Andrés Fernando Martínez Hernández, en su condición de defensor público de los señores Cristopher Roberto Monge Álvarez, Edwin Abigail Borjas Quintanilla y Héctor David Irías Palma, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. MOTIVO UNICO: Por haberse violentado las Reglas de la Sana Critica. NORMA ADJETIVA INFRINGIDA: Se invoca como norma adjetiva Inobservada la contenida en el artículo 200 en relación con el Artículo 336 y 338 regla 4 No.2 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra Comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO La norma procesal que se invoca como infringida el articulo 202 del Código Procesal Penal, que expresa: "Las Pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida". PRIMERO: En la sentencia recurrida, el Tribunal valora prueba de cargo no concluyente, ni confiable que para la investigación de la verdad debieron haberse practicado todas las diligencias pertinente y útiles, para haber determinado la verdadera existencia del hecho punible tomando en cuenta las circunstancias que, de acuerdo con la ley penal, sean importantes para establecer el grado de responsabilidad y además al hacer el sentenciador el juicio de valor sobre dicha prueba, incurre en claras omisiones, que hace dicha fundamentación dudosa e imprecisa, dando como resultado la violación a las reglas de la lógica en su postulado de la derivación. En el presente caso precisa referirnos a las reglas de la lógica por ser esta la más Inobservada por el Tribunal de Sentencia y sobre la cual ésta orientada el ataque al fallo, en vista que la regla de la lógica estando constituida por la ley de la coherencia y de la derivación, esta última ha resultado ignorada por el tribunal de sentencia debido que para la observancia de esta ley se exige al juzgador que la sentencia resulte provista de razonamiento proveniente de elementos congruentes, verdaderos y suficientes.- Resulta que la sentencia recurrida no ha estado provista de un razonamiento Intelectivo capaz de dejar conforme a la defensa de los imputados, porque la conclusión a que arribo el tribunal de sentencia para condenar a CHRISTOPHER ROBERTO MONJE ALVAREZ, EDWIN ABIGAIL BORJAS QUINTANILLA Y HECTOR DAVID IRIAS PALMA, no proviene de elementos suficientes como tampoco resultan aptos como para producir razonablemente un conocimiento cierto de su participación en el suceso que se juzga, por el contrario las acciones imputadas han resultado efectivamente imprecisas como para deducir la culpabilidad como autores por los delitos de "EXTORSION SIMPLE, ASOCIACION ILICITA Y PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE USO PROHIBIDO" por parte de mis defendidos. Resulta que del análisis de la sentencia de mérito hemos concluido que los hechos estimados y declarados probados no son congruentes, habiendo el Tribunal en referencia declarado como probados los hechos siguientes: "PRIMERO: A finales del mes de diciembre del año dos mil diecisiete al centro del trabajo del testigo protegido JPTP-ER-046-2018 llegaron dos personas del sexo masculino quienes se identificaron como miembros de la pandilla 18 exigiéndoles el pago de quinientos lempiras semanales los que debería pagar los días lunes advirtiéndoles que de no hacerlo lo matarían a el y a su familia, que no fueran a jugar ni a avisar a la policía porque sabían todo lo de su negocio, por lo que ante el temor que le infundieron comenzó a pagar el dinero exigido, SEGUNDO: El día veintisiete de enero de dos mil dieciocho el testigo protegido interpuso la denuncia en las oficinas de la fuerza nacional anti extorsión, siendo asesorado por el agente encargado del caso para realizar un acta de sereado por lo que el testigo protegido facilito un billete de 500 lempiras, con serie AC2695790, a quien el agente encargado del caso le saco fotocopia elaborando el acta de sereado de dinero donde el testigo protegido estampo su huella, dicho billete le fue devuelto al ofendido y se le instruyo para que se lo entregara en el próximo pago el cual realizaría el veintinueve de enero del mismo año; TERCERO: En esa misma fecha veintinueve de enero de dos mi dieciocho se conformaron tres equipos de la FNA, hicieron vigilancias en la colonia La Paz, municipio de la Lima, departamento de Cortes, frente al centro de trabajo del testigo protegido, logrando observar que se estaciono a unos de metros del centro de trabajo del ofendido, un vehículo turismo marca Honda color azul, se bajaron del mismo los ahora encausados CHRISTOPHER ROBERTO MONJE ALVAREZ, EDWIN ABIGAIL BORJAS QUINTANILLA Y HECTOR DAVID IRIAS PALMA, quedándose a la espera en el vehículo HECTOR DAVID IRIAS PALMA, entregándole el testigo protegido el dinero a EDWIN ABIGAIL BORJA QUINTANILLA, una vez que recibieron el dinero los encausados, regresaron al vehículo en donde los esperaba HECTOR DAVID IRIAS PALMA, por lo que los agentes procedieron a darle seguimiento, y posterior detención y al momento de practicarles el registro personal a CRISTOPHER ROBERTO MONJE ALVAREZ y se le encontró la cantidad de 410 lempiras y una nota a mano escrita que contenía cantidades de dinero y nombres de negocio, a EDWIN ABIGAIL BORJA se le encontró la cantidad de 500 lempiras previamente seriado y un arma de fabricación casera tipo chimba, cuatro cartuchos calibre 12 y un teléfono celular y a HECTOR DAVID IRIAS PALMA quien conducía el vehículo se le encontró el posesión de 34 bolsas de supuesta droga y un teléfono celular, por lo que fueron trasladados a las oficinas de la FNA donde el testigo protegido los identifico plenamente; CUARTO: En sus conclusiones finales el MINISTERIO PUBLICO argumento que modificaba el delito impetrado a EDWIN ABIGAIL BORJAS QUINTANILLA de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE USO COMERCIAL, por EL DELITO DE PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO PROHIBIDO, ya que al momento de su detención portaba un arma de fabricación casera considerando que dicha arma es de uso prohibido". SEGUNDO: Honorables Magistrados si observamos los cuatro hechos probados no son terminantes en vista que los mismos no cumplen con lo establecido en la regla cuarta del artículo 338 del Código Procesal penal, ya que no consta las conclusiones realizados tanto por la Defensa así como del Ministerio Público, ni realiza una valoración basada en la sana Critica a los medios de pruebas aportado por esta Defensa, en vista que los mismos hacen una descripción incongruente con la prueba aportada, en el transcurso del debate se evacuo elementos de pruebas de cargo así como de Descargo, donde en las declaraciones testificales existieron ciertas contradicciones entre ambas con el testigo protegido JPTP-RA -046-2018, con el agente de investigación Joel Fernando Martínez Hernández, donde ha referido que mi representado el señor Héctor Irías Palma conducía un vehículo Honda tipo Turismo color azul, y que se hacía acompañar con EDWIN ABIGAIL QUINTANILLA y CHRISTOFER ROBERTO MONJE ALVAREZ, que es de hacer ver que a mi representado HECTOR IRIAS PALMA, no le encuentran ningún indicio relacionado al delito de Extorsión, y que el testigo ha referido que observo dicho vehículo enfrente de su casa, así el agente Joel Fernando Martínez ha referido que él lo observo a 15 metros de donde tiene el negocio el testigo protegido y que habían unas palmeras que el agente Fernando Martínez Hernández, refiere en las vigilancias realizadas se encontraban varios agentes en tres vehículos montando vigilancia, aquí la pregunta ¿Por qué no tomaron fotografía habiendo tantos agentes de investigación? Respuesta es Porque no hubo vigilancia, y que ha preguntas de esta Defensa al agente Fernando Martínez Hernández ¿porque no tomaron Fotografía? Contesta porque no tenían, es algo que no es común siempre las agencias técnicas así como los agentes de Investigación cuentan con estos instrumentos para realizar estas técnicas, y que precisamente solo Joel Fernando Martínez realiza una acta de Vigilancia de fecha 29 de enero del 2018, y es la misma persona que realiza el acta de Sereo, no anexando ninguna fotografía para constatar tal extremo, se contó con la declaración en este caso de la señora DOROTY CONALLIS SOTO quien refirió que en fecha veintinueve de enero de dos mil dieciocho capturan al señor HECTOR DAVID IRIAS PALMA que ella se encontraba en ese lugar y que observa que al momento que lo detienen en la colonia la Paz lo detienen solo sin ningún acompañante contradiciendo a lo que refirió el testigo protegido ya que el mismo refirió que mi representado se encontraba con CHRISTOPHER ROBERTO MONJE y EDWIN ABIGARIL QUINTANILLA existiendo esta contradicción y que de igual manera el testigo de descargo refirió que las únicas pulperías y los únicos negocios que habían en el lugar en ningún momento para la fecha de la detención fueron víctimas del delito de extorsión, que también se evacuo como medio de prueba pericial la matriz de asociación el informe de Investigación de maras y pandillas ratificado por el perito HECTOR FAUSTINO GARCIA quien en sus conclusiones únicamente refiere ciertos alias a mi representado y que pertenecen a la clica HGS que significa HOLLYWOOD GANGSTER y la Clica COLOMBIA LIRO SYCO proporcionando alias del señor EDWIN ABIGAIL BORJAS QUINTANILLA como alias CHACHALACA del señor CRISTHOPER ROBERTO MONJE como alias SNARK, y el señor HECTOR DAVID IRIAS PALMA alias RANFLERO cabe mencionar que el agente HECTOR FAUSTINO GARCIA únicamente se basó en una investigación no tan exhaustiva basándose únicamente en los hechos narrados por el testigo protegido JPTP-RA-046-2018 y en la declaración del señor JOEL FERNANDO MARTINEZ no haciendo una Investigación de campo únicamente agregando constancias del sistema NACMIS que no muestra antecedentes de delito relacionado al delito de Extorsión y constancia del Instituto Nacional Penitenciario donde únicamente se acredita ubicación del centro de reclusión de cada uno de mis representados, que es de conocimiento que el Instituto Nacional Penitenciario designa el lugar donde estará recluido cada persona privada de libertad, que a preguntas de esta defensa en el Juicio Oral y Público, ¿qué investigación de campo había realizado? refiriendo que se entrevistó con fuentes humanas que nunca quedaron reflejadas en el informe de investigación de maras y pandillas y que el mismo duro aproximadamente ni una semana de investigación por lo que a criterio de esta defensa no se dan los verbos rectores de este tipo penal de ASOCIACIÓN ILÍCITA tal es el caso de haberse asociado mi representado con el fin de cometer varias acciones ilícitas en determinados momentos o permanecer en un tiempo cronológico permanente y organizado dentro de una estructura criminal, tal es el caso que al señor CRISTHOPER ROBERTO MONJE lo ha determinado como Jefe, cuestión que no quedo acreditado ya que en ningún momento se determinó que esta persona da órdenes a otras personas, que al señor HECTOR IRIAS PALMA lo catalogan como alias el RANFLERO con el puesto de ranfla o misionero, cabe destacar que esta defensa presento prueba documental como ser la constancia de trabajo, emitida por Empresa de transporte comunitario a favor de HECTOR DAVID IRIAS PALMA acreditando que mi representado se dedica al transporte y que en la supuesta investigación que se realizó no se ha acreditado con investigación de campo, o demás pruebas a indicadores que conlleven al Juzgador considerarla como plena prueba para acreditar el delito de asociación ilícita, en cambio se ha presentado prueba documental como ser el vaciado del aparato telefónico Marca BLU, del señor HECTOR DAVID IRIAS PALMA, donde NO EXISTE ninguna llamada telefónica entrante o saliente, o conversaciones vía whatsapp, vía Messenger mensajes de texto, que acrediten conversaciones con los demás imputados en este caso mis otros representados o personas que pertenezcan a una estructura criminal como ser la pandilla 18, conversaciones que acrediten que en fecha 27 de enero del 2018 o 29 de enero del 2019, se le hubiese encontrado relación con el delito de Extorsión, no existiendo una valoración con las formalidades de las reglas de la Sana Critica el Juzgador, como la Lógica; que a mi representado el señor EDWIN ABIGAIL BORJAS, según la prueba documental se le encontró un billete de quinientos lempiras con serie AC2695790, cuatro cartucho de escopeta 12, un teléfono celular marca Huawei color negro pantalla táctil un arma de fabricación casera con un cartucho de escopeta de doce, según el acta de Registro Personal, pero es de hacer ver que existe contradicciones en cuanto a lo que dijo el Testigo Protegido y que esa valoración hecha al mismo no es coherente con la detención o lo referido por el agente JOEL FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ, que no existió ningún otro tipo de investigación para establecer un nivel jerárquico de una estructura criminal basándose solo en versiones referenciales que no dan margen a determinar el accionar dentro de una estructura y que el mismo es SOLDADO dentro de la estructura, no teniendo ni idea la fecha que empezó a formar parte de la estructura ya que ha pregunta de la Defensa ¿Qué fecha ingreso a la pandilla 18, contesta que no sabia; que ha preguntas de esta defensa se le Pregunto ¿quiénes mas están dentro de la estructura? Dando como respuesta no tenía conocimiento manifestó, por lo que su ratificación es muy escueta, y sin existir demás prueba periférica, para acreditar los elementos del delito de asociación ilícita; y que el Juzgador determino condenar a mi representado por el delito también de PORTACION ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA, por haberse encontrado una Chimba calibre 12 de fabricación cacera, no encontradose dicho calibre en lo que contempla la Ley de Control Uso de Armas de Fuego Municiones Explosiones y otros similares, que discrepa entre la prohibida y la comercial, siendo este comercial, que los Juzgadores por mayoría determinan condenar a mi representado, por Portación ilegal de arma Prohibida, existiendo el Voto Particular disidente, por uno de los Jueces, condenando por el delito Posesión ilegal de arma Comercial, esta defensa en la etapa de sus conclusiones no obviamos el hecho de la arma, pero si de conocimiento la doctrina legal que existe en determinado delito sentencia SCP 467-2012, 473-15 Y DE LA SALA PENAL AMPARO PENAL 81-16; pero no prohibida si no que comercial y es que Ley de Control Uso de Armas de Fuego Municiones Explosiones y otros similares, en su artículo 7 numeral 3) habla que las escopetas de acción mecánica o semiautomática de los calibres(10), (12)………. siempre el cañón sea menor de 46 centímetros, estando de acuerdo con el voto disidente del juzgador esta Defensa Técnica, que determina que si bien la Ley de Control de Armas de Control de Armas de Fuego Municiones explosivos y otros similares establece que las armas de fuego de construcción casera o artesanal esta prohibido para las personas en general (artículo 8) y que para la sanción penal la remite al Código Penal (artículo 54), esto no quiere decir que porque es arma prohibida debe subsumirse como arma de guerra o de combate (articulo 332-A), una arma de guerra presenta las siguientes características de funcionamiento es automático lo que implica que la capacidad de disparo es muy rápida o veloz, su capacidad de impacto es de alta precisión o sea que al disparar el arma o un blanco (personas o bienes), tienen alta posibilidad de impactar justo en el blanco especifico que tenga capacidad de ser silencioso lo que implica que al momento de disparar el arma tienen bajo sonido lo que le da ventaja de no ser localizado por el tirador, un alto poder de daño o destrucción lo que implica un alto grado de lesión y daño por lo que la fabricación de estas armas es con uso de material industrial y tecnología que no está disponible a la venta o adquisición legal para la población civil en general, en ese sentido la ley considera que estas armas son prohibida la tenencia uso posesión a las autoridades publicas como militares o policías, al analizar un arma de fuego de fabricación artesanal (chimba) su uso personal es mas de carácter defensivo que de combate o de guerra, sin embargo estas armas artesanales presenta las siguientes rasgos: su mecanismo de funcionamiento es rudimentario al poder realizar un disparo a la vez y volviendo a recargar manualmente o el recargo es lento, tiene menor capacidad de almacenamiento de proyectiles tiene altas posibilidades que no se pueda efectuar el disparo en virtud de su funcionamiento es rudimentario o si lo hace a una distancia considerable o larga pueda que no de el blanco, en el caso que dispare es muy ruidoso, lo que lo hace de baja capacidad lesiva o daño hablando en cantidad de blancos (números de personas o bienes), de hecho su manipulación es un riesgo mismo para la persona que lo hace pudiendo explotar la munición dentro del arma, por eso es arma prohibida su uso tenencia o posesión pues si bien es un arma y puede lesionar o dañar pero en menor cantidad o grado por lo que no es licito su comercio pero en las armas de guerra o combate es prohibido su uso tenencia o posesión para personas civiles por las ventajas y características que presenta siendo muy peligroso pues su capacidad lesiva o daño hablando en cantidad de números de blancos (personas o bienes) es muy alto, considerando que la misma es comercial. TERCERO: Considera la defensa que todo este conjunto de circunstancias que se dieron en el debate no nos permite tener una certeza jurídicamente válida sobre la participación de los imputados para conocer la actividad realizada por estos.- Por todo ello los testigos de cargo no fueron contundentes denotando en el ofendido no estar diciendo la verdad y por ende perjudicar a nuestros representados, ni que los cuerpos investigativos hayan realizado una investigación profunda para llegar a la verdad del hecho delictivo, y de permanecer estructurado dentro un grupo de antisociales como ser pandilla 18, por lo que a la prueba testifical y documental la consideramos como no concluyente para tener una certeza que nos permita emitir una sentencia objetiva como debe ser y que sea una prueba confiable como para condenar por autor de los delitos de EXTORSION Y ASOCIACION ILICITA a mis representado EDWIN ABIGAIL BORJAS QUINTANILLA, CHRISTHOFER ROBERTO MONJE ALVAREZ, Y HECTOR DAVID IRIAS PALMA, Y EDWIN ABIGAIL BORJAS QUINTANILLA por PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PROHIBIDO debiendo para tal efecto anularse la sentencia condenatoria por no haberse demostrado con certeza la participación directa en el hecho, en el entendido que la responsabilidad penal es personal, todas estas circunstancias nos llevan a pensar que el fallo debió ser absolutoria por los delitos de Extorsión y Asociación Ilícita por existir duda razonable en la prueba de cargo y no condenarla como autores directos de los delitos antes señalado, por lo que en base al principio In Dubio Pro Reo; el tribunal debió condenar a mi representado si previamente los elementos de prueba reunidos en juicio hubiesen demostrado a manera de certeza absoluta los hechos atribuidos a los acusados y su participación en aquél, no siendo así debió absolverlos, pues como se dijo antes la declaración del ofendido al alcance del tribunal solo permitía apreciar como probable la convergencia intencional de que mis representados hayan cometido dicho delito. Asimismo por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna ex-ante para la subsanación del mismo; asimismo siendo que se ha condenado por el delito de Portación ilegal de arma prohibida, solicitando se dicte una sentencia absolutoria y aplicación de la norma sustantiva en base al artículo 332-B, como arma comercial.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la Defensa Pública. Único Motivo. Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; • Norma adjetiva que se denuncia infringida: Artículo 200, 336 y 338 regla cuatro No2 del Código Procesal Penal; • Concepto de la infracción: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica; • Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor; • Pretensión: Que se case la sentencia. Establece el recurrente que, el sentenciador en el juicio de valor sobre la prueba incurre en claras omisiones, que la fundamentación es dudosa e imprecisa, dando como resultado la violación a las reglas de la lógica en su postulado de la derivación; advierte que, la sentencia recurrida no ha estado provista de un razonamiento Intelectivos capaces de dejar conforme a la defensa de los imputados, porque la conclusión a la cual arribó el Tribunal de Sentencia para condenar a Christopher Roberto Monje Álvarez, Edwin Abigail Borjas Quintanilla y Héctor David Irías Palma, no proviene de elementos suficientes como tampoco resultan aptos como para producir razonablemente un conocimiento cierto de su participación en el suceso que se juzga, por el contrario las acciones imputadas han resultado efectivamente imprecisas como para deducir la culpabilidad como autores por los delitos de Extorsión Simple, Asociación Ilícita y Portación Ilegal de Armas de Uso Prohibido; que, del análisis de la sentencia de mérito ha concluido que los hechos estimados y declarados probados no son congruentes. De igual manera transcribe los hechos declarados probados por el juzgador; Reproduce los medios de prueba evacuados en el Debate Oral y Público, señalando las contradicciones y alegatos de instancia; que todo este conjunto de circunstancias que se dieron en el debate permite tener una certeza jurídicamente válida sobre la participación de los imputados para conocer la actividad realizada por estos; asimismo siendo que se ha condenado por el delito de Portación Ilegal de Arma Prohibida, solicita se dicte una sentencia absolutoria y aplicación de la norma sustantiva en base al artículo 332-B, como arma comercial. De la procedencia del recurso. El motivo no es de recibo. El recurrente ha presentado un Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en el cual, ha procedido a exponer sus razones por las cuales no está de acuerdo con las conclusiones valorativas del Tribunal de Sentencia; el recurrente puntualiza los hechos que adolecen de vacíos probatorios y que refuta como importantes para que pueda darse la imputación del delito de extorsión, además hace una enumeración de las contradicciones que estima concurrentes entre los diferentes medios de prueba y comparte reflexión sobre la prueba que a su opinión hacen descargo de la acusación y señala la incorrecta condena por el delito de Posesión Ilegal de Arma Prohibida así como el delito de Asociación Ilícita; Concluye indicando que tal análisis demuestra la violación a la regla lógica en su postulado de derivación. Los argumentos recursivos expuestos vienen bien para una segunda instancia, en donde la Corte de Apelaciones puede reexaminar las razones probatorias del órgano jurisdiccional de primera instancia, pudiendo ese ad-quem imponer su criterio valorativo al a-quo, sin embargo, tales argumentos son impropios en casación, donde la revisión de la sentencia es estrictamente legal, no permitiendo que los jueces de casación puedan corregir a los jueces de sentencia respecto a sus estimaciones valorativas; dicho de otra manera: casación no es vía recursiva mediante la cual sea posible revocar o reformar valoraciones probatorias, como por ejemplo declarar contradictoria prueba que fue estimada como coherente por el tribunal de sentencia, declarar como fiable y creíble a testigos que fueron tildados como faltos de crédito por la instancia o afirmar que un medio de prueba pericial acredita un hecho distinto a aquel que ha estimado el tribunal de sentencia. Cuando se acude a la vía recursiva de casación por quebrantamiento de forma, oponiendo como motivo la violación de las reglas de la sana crítica, la labor de los jueces de Casación se debe limitar al análisis de los razonamientos judiciales sobre la prueba (jamás al contenido de la prueba), examinando la denuncia hecha por la recurrente y verificando si el principio que se alega infringido efectivamente lo ha sido, ya que lo revisable no es la prueba en sí misma como aspecto independiente, sino que es el razonamiento judicial que se hace sobre dicha prueba. La Sala de lo Penal ha leído con detenimiento el Recurso de Casación que ha planteado el recurrente advirtiendo que, si bien denuncia la violación del principio de razón suficiente como elemento integrante de la Sana Crítica, omite indicar que razonamiento o razonamientos judiciales son los que contienen tal vicio, omite explicar cómo se materializa la violación a aquel principio y omite determinar porqué dicha violación es relevante en cuanto al caso concreto. En lugar de todo ello lo que hace el recurrente es transcribir los hechos declarados probados de la sentencia, compartir su apreciación particular de la prueba, señalar qué hechos según su opinión no fueron acreditados y cuales, si fueron acreditados como descargo de la imputación, todo ello muy lejos a lo que debe ser el planteamiento en el recurso de casación. El proceso penal descansa en una serie de principios básicos, como ser: oralidad, contradicción, concentración e inmediación; todos ellos se conjugan para fijar la máxima de que solo el juez que haya apreciado directamente la prueba puede hacer valoración sobre ella.- Es por ello que casación no puede hacer revaloración de la prueba, pues carece de inmediación y, por ende no puede imponer opinión valorativa por sobre aquellos que estuvieron en una mejor posición respecto a la prueba, más lo que si le permite la ley es revisar que los razonamientos judiciales que se hagan sobre esa prueba estén sentados en un recto entendimiento humano. Se insiste, casación no es una plataforma impugnativa para modificar lo que ha valorado el tribunal de sentencia, sino que para revisar si dicha valoración es conforme a las reglas de la sana crítica, para ello se requiere que el recurrente invite a analizar de manera minuciosa las inducciones, deducciones y derivaciones que hayan hecho los juzgadores a partir de la prueba, señalando en la sentencia impugnada con estrictas coordenadas el razonamiento judicial que fue construido en colisión con una determina regla o principio de las reglas de la sana critica. Así las cosas, la Sala de lo Penal ha procedido a revisar los juicios de valor y sin prejuzgar el fondo del asunto, ha verificado que, el Tribunal de Sentencia realizó una valoración correcta de los medios probatorios, pues concordando con lo que el propio Ministerio Público señaló que el testigo protegido JPTP-RA-046-2018, ha sido preciso y congruente en su declaración, se acreditó que fue debido a la intimidación que le causó el hecho de que los imputados le hayan manifestado que eran miembros de la pandilla 18, le hayan mostrado una arma de fuego y le hayan manifestado que si no colaboraba lo matarían a él y todos los miembros de su familia, causando con ello una afectación emocional suficientemente relevante para provocar su alteración emocional y despojarlo de la cantidad de quinientos lempiras semanales, en concepto de extorsión. De igual manera que el Testigo Joel Fernando Martinez (agente de investigación) declaró sobre La forma que se le dio asesoramiento al testigo protegido, así como las diligencias a realizar, para la detención de los encausados, no apreciando contradicciones; todo este análisis intelectivo de la mayoría del Tribunal, al que se sumó el hecho a la Prueba Documental: 1- Acta de vigilancia y seguimiento de fecha veintinueve de enero del dos mil dieciocho, 2- Acta de Registro Personal y Decomiso al señor Héctor David Irías palma de fecha veintinueve de enero del dos mil dieciocho, 3- Acta de Registro Personal y Decomiso al señor Edwin Abigail Borjas de fecha veintinueve de enero del dos mil dieciocho, 4- Acta de Registro Personal y Decomiso al señor Cristopher Roberto Monje Álvarez de fecha veintinueve de enero del dos mil dieciocho, 5- Acta de Sereado de dinero de fecha veintinueve de enero del dos mil dieciocho; dando el juzgador valor probatorio a los documentos a, los cuales fueron realizados por personal acreditado para tal función, medios de prueba que concatenados con la declaración del testigo protegido y el testigo Martinez llevan a los juzgadores a la convicción de que los hechos sucedieron de la forma en que el Ministerio Público los propuso. Como Prueba Pericial, se evacuo: 1- Análisis de vaciado telefónico realizado al teléfono de señor Edwin Abigail Borjas, teniendo como hallazgo mensajería donde se identifican como “HOMMIS” del barrio 18, 2- Análisis balístico 0696 del arma de fuego decomisada. 3- Informe investigativo de la Unidad de Maras y Pandillas, donde se concluye que los señores Edwin Abigail Borjas Quintanilla, Cristofer Roberto Monge Álvarez y Héctor David Irías Palma, son miembros activos de la pandilla 18; dando valor probatorio el a quo ya que consideró que los medios de prueba se concatenan con las declaraciones testificales y la prueba documental, teniendo a su vez a su disposición la evidencia propuesta. Retomando: El recurrente denunció violación a la regla lógica de derivación como consecuencia de haberse dictado una sentencia condenatoria, cuando a su criterio ésta debió haber sido absolutoria; para ello hizo recuento de la prueba y de cómo fue valorada por el a quo, luego de lo cual agregó valoraciones de instancia, el recurrente no señala cual es el argumento judicial que considera malogrado, mucho menos confronta dicho argumento judicial con las reglas de la sana crítica, explicando cómo el silogismo es violatorio del principio de derivación por ausencia de razón suficiente, y cómo esto es relevante en la decisión tomada por el Tribunal; contrario a ello el recurrente invita a esta Sala de lo Penal a que se convierta en un tribunal de segunda instancia, a examinar la prueba, y a valorarla en sintonía con su pretensión. Es de tener presente que conforme la naturaleza del Recurso de Casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al Acusador Privado, a la Defensa, etc., e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio del juzgador fue edificado con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y en particular cuando se alegue violación al principio de derivación a causa de inexistencia de razón suficiente, dicho análisis debe ser dirigido a demostrar la inexistente conexión entre la conclusión judicial con las premisas a consecuencia de una indebida inferencia lógica. Por lo anterior, el motivo decae y no es de recibimiento. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa ni del Ministerio Público, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación a la acusada. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se le impuso a los señores: 1. Cristopher Roberto Monge Álvarez y Héctor David Irías Palma: i- Extorsión Simple, la pena de quince (15) años con seis (06) meses de reclusión, más una multa de cuatrocientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos treinta y cinco lempiras con cincuenta centavos (L. 445,435.50); ii- Asociación Ilícita, la pena de veinte (20) años de reclusión. En suma, las penas principales obligan a los acusados a cumplir treinta y cinco (35) años seis (06) meses de reclusión y a pagar una multa de L. 445,435.50. 2. Condenó a Edwin Abigail Borjas Quintanilla. i- Extorsión Simple, a la pena de quince (15) años con seis (06) meses de reclusión, más una multa de cuatrocientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos treinta y cinco lempiras con cincuenta centavos (L. 445,435.50); ii- Asociación Ilícita a la pena de veinte (20) años de reclusión; iii- Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Prohibido a la pena de ocho (08) años de reclusión y una multa de cinco mil lempiras (L. 5,000.00). En suma, las penas principales obligan al acusado a cumplir cuarenta y tres (43) años seis (06) meses de reclusión y a pagar una multa de L. 450,435.50. La conducta reprochada a los acusados CRISTOPHER ROBERTO MONGE ÁLVAREZ y HÉCTOR DAVID IRÍAS PALMA, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delitos de: i-Extorsión (Art.373), debe imponérsele una pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto (Art. 373); más las penas accesorias y demás consecuencias penales. ii- Asociación para Delinquir, (Art. 554), el que indica que: “Son asociaciones ilícitas las constituidas, sea de modo permanente o transitorio, por dos (2) o más personas con la finalidad de cometer ilícitos penales… Los directivos, promotores y financistas de la asociación ilícita deben ser castigados con las penas de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días. Los simples integrantes de la asociación deben ser castigados con las penas de prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de cien (100) a quinientos (500) días.”. La pena para el delito de Asociación para Delinquir, para los simples integrantes es de seis (6) a diez (10) años de prisión, más multa de cien (100) a quinientos (500) días. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular el Código Penal 130-2017 prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el código penal 144-83, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva de la primera codificación. Conforme a lo señalado corresponde imponer a los señores Cristopher Roberto Monge Álvarez y Héctor David Irías Palma las siguientes penas: i.- Por el delito de Extorsión: prisión por quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días. (Art. 374) incrementa (1/3) se ejecutó el delito procurando favorecer el grupo delictivo organizado, por lo que la pena abstracta será de veinte (20) a veintiséis (26) años ocho (08) meses de prisión y multa de 1,000 a 1,777 días. ii.- Por el delito de Asociación para Delinquir, de seis (6) a diez (10) años de prisión, más multa de cien (100) a quinientos (500) días. La pena a imponer a los señores CRISTOPHER ROBERTO MONGE ÁLVAREZ Y HÉCTOR DAVID IRÍAS PALMA sería de veintiséis (26) a treinta y seis (36) años ocho (08) meses de prisión. La conducta reprochada al acusado EDWIN ABIGAIL BORJAS QUINTANILLA, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delitos de: i.- Por el delito de Extorsión: prisión por quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días. (Art. 374) incrementa (1/3) se ejecutó el delito procurando favorecer el grupo delictivo organizado, por lo que la pena abstracta será de veinte (20) a veintiséis (26) años ocho (08) meses de prisión y multa de 1,000 a 1,777 días. ii.- Por el delito de Asociación para Delinquir, de seis (6) a diez (10) años de prisión, más multa de cien (100) a quinientos (500) días. iii. Tenencia o Porte Ilegal de Armas de Fuego, (art.580) se penaliza así: 1. De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas; 2. De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas de municiones prohibidas. Con las mismas penas previstas en el numeral 1, se castiga la tenencia de armas artesanales. Se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización. La pena para el delito Porte Ilegal de Armas de Fuego Prohibidas es de cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización, quedando la pena abstracta de prisión 06 años a 08 años y localización permanente de hasta tres años; Pena que debe aumentarse hasta 1/3 por disposición del artículo 584 numeral 1 C.P., (agravantes especificas), quedando la pena abstracta de prisión ocho 08 años a diez (10) años cuatro (4) meses de prisión, localización permanente de hasta tres años, pena de inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, para el ejercicio de la profesión, oficio, comercio o industria relacionados con la conducta; Pena de privación al derecho de la tenencia y portación de armas así como de la posibilidad de obtenerlo durante tiempo de cumplimiento de la pena de prisión, hasta que la misma se haya extinguido completamente. La pena a imponer al señor EDWIN ABIGAIL BORJAS QUINTANILLA, sería de treinta y cuatro (34) a cuarenta y siete (47) años de prisión. A partir de lo anterior es posible determinar que la pena impuesta a los acusados Cristopher Roberto Monge Álvarez, Héctor David Irías Palma y Edwin Abigail Borjas Quintanilla, se encuentra comprendida en la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017; Por tanto no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. DECISION. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Abogado Andrés Fernando Martínez Hernández, en su condición de defensor público. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 66 y 616 del Código Penal 130-2017; 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; Falla: 1) Declara No Ha Lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, interpuesto por el Abogado Andrés Fernando Martinez Hernández, en su condición de defensor público. 2) Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017. 3) Declara firme y ejecutable la sentencia condenatoria de fecha veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión. Y MANDA: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Díaz Flores. Notifíquese. - Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrada. Firma y Sello. RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS. – receptora adscrita a sala de lo penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a cuatro días del mes de marzo de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el quince de octubre de dos mil veinticuatro, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-242-2020.

RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS

RECEPTORA SALA PENAL.