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Sentencia CP-242-19 — Registro 18268

Resumen

Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público, contras la sentencia que condena al imputado como cómplice del delito de asesinato y no como autor, no procede la aplicación retroactiva de la ley penal

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

. El recurso no es de recibo. Previamente debemos recordar que el derecho al estado de inocencia se configura como una regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válido, lo que implica que debe existir una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de la misma se infiera razonablemente los hechos y la participación del acusado en ellos. De modo que, se vulnerará el estado material de inocencia, cuando no haya prueba de cargo válida, es decir, cuando el juzgador haya valorado una actividad probatoria lesiva de derechos fundamentales o lesiva de garantías, o cuando el resultado de dicha valoración no sea debidamente motivado, o cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el discurso que conduce de la prueba al hecho probado de la sentencia. También ha sido criterio consolidado de esta Sala de lo Penal (sentencia de la Sala de lo Penal de fecha ocho de noviembre de dos mil doce, recaída en el expediente SP 142-2011), que a través de un recurso como el planteado, no le corresponde a este órgano judicial alcanzar su personal convicción a partir de unas pruebas que no presenció y realizar una valoración probatoria alternativa o sustitutiva de la que ha efectuado el juzgador de instancia, pues esta facultad le es exclusiva según nuestra norma procesal (artículos 336 y 338 regla 4ta. párrafo segundo del Código Procesal Penal). En todo caso, la función de este Tribunal de Casación consiste en hacer un control externo de la racionalidad de las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de Sentencia, verificar que las mismas no sean arbitrarias, ilógicas e irrazonables, y que, en todo caso, el A Quo ha actuado con una convicción razonable y respetuosa de las reglas de la sana crítica; así como a constatar la suficiencia probatoria para acreditar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal imputado. Sucede, en el caso actual, que la Censora que el sentenciador al dictar sentencia condenatoria en contra de su representado como responsable de Cómplice de Asesinato infringe gravemente los fundamentales derechos referidos, afectando la presunción de inocencia y el debido proceso que le asiste al imputado por mandato constitucional, ya que la prueba de cargo traída a juicio resulto ser insuficiente e incompleta, pues la misma a su criterio no aporta nada al proceso. Así pues, esta Sala de lo Penal al hacer un recuento de la actividad probatoria, se desprende que el ente acusador propuso como prueba de cargo, las siguientes: DECLARACION TESTIFICAL: 1) Declaración Testigo Protegido A1, como lectura autorizada y rendida baja las formalidades de prueba anticipada; 2) Declaración del agente de investigación Carlos Paulino Izaguirre; PRUEBA DOCUMENTAL: 1) Acta de levantamiento de cadáver y recolección de indicios N°781-2014, con su álbum fotográfico; PRUEBA PERICIAL: 1) Dictamen de autopsia N° AT-848-201. Como prueba de descargo: DECLARACION TESTIFICAL: 1) Dilcia Jaqueline Álvarez. Contrario a lo que expone la recurrente en su recurso, los anteriores medios de prueba resultaron razonablemente suficientes para acreditar la participación a título de Cómplice por el delito de asesinato de Marlon Alexander Álvarez Amador en perjuicio de Cesar Enrique García. Se incorporó mediante lectura autorizada y bajo las formalidades de prueba anticipada la declaración testifical del Testigo protegido A1, el que fue testigo presencial y en la cual aporto información relevante sobre la dinámica de los hechos y la participación de Marlon Alexander Álvarez Amador, estableciendo la agresión de que fue víctima Cesar Enrique García, el 15 de mayo del año 2014, siendo las 02:30 de la tarde, en la colonia Flor del Campo, en la que Cesar Enrique junto con su compañera de hogar (Jenny) se encontraba halando unos six pac de refrescos, cuando de un carro tipo taxi se bajaron seis personas, entre ellos Marlon Alexander Álvarez Amador , y que Alejandra alías camuflaje agarro del brazo a Cesar y se lo llevo donde se encuentra un palo de eucalipto, lugar en donde Calavera y Cabezón procedieron a impactarle varios disparos, Cabezón por enfrente y Calavera por detrás, mientras que Marlon Alexander Álvarez junto con las otras personas se quedaron vigilando que nadie se acerca al lugar y así poder quitarle la vida a Cesar García. Estableciendo la identificación del imputado que era conocido en el barrio como Marlon Alexander Álvarez Amador y que este pertenecía a la pandilla 18, ya que lo conoce desde niño; entre tanto, el testigo referencial del hecho, el agente de investigación Carlos Paulino Izaguirre, quién estableció que la única diligencia que realizó fue tomar la declaración a la testigo protegido, quien le manifestó que ella los conoce bien a todos y que a Cesar tenía como 7 años de haberlo conocido, que él supo quién era cada uno de las personas por los nombres que le manifestó la testigo protegido en su declaración; que según las investigaciones Marlon Álvarez, se quedo como bandera, y una vez que mataron a Cesar, Alejandra corrió cerca de la casa de ella que vive como a 6 casas del lugar de los hechos, y los demás se van por unas gradas, ellos salieron y en la terminal estaba una patrulla, en la patrulla se escucharon unos disparos, pero al único que pudieron agarrar solo fue a Marlon Álvarez; Con el Acta de Levantamiento de cadáver y Recolección de Indicios 781-2014, con su respectivo álbum fotográfico, en la que se establece el lugar, la fecha y hora del levantamientos, la descripción del lugar, el clima, iluminación, así como se encontró el cuerpo, tomándose la respectiva fotografía de distintos ángulos, descripción de la víctima, vestimenta, describiendo en el mismo que el cuerpo presentaba siete heridas: 2 orificios circulares irregulares en el lado derecho de la cara, 2 orificios circulares regulares en el lado izquierdo de la cara, 1 orificio en codo izquierdo, 1 orificio circular irregular en cara lateral de brazo izquierdo y 1 orificio circular regular en cuadrante inferior izquierdo de abdomen; Con la prueba pericial consistente en el Dictamen de Autopsia N° 848-2014, estableciendo como causa de muerte: Hemotórax (acumulo de sangre en cavidad torácica) secundario a laceración pulmonar, debido a herida de proyectil de arma de fuego. Lesiones encontradas: siete (7) heridas por proyectil compuesto por arma de fuego. Con estos medios de prueba anteriormente descritos el sentenciador constituyen en su conjunto, elementos de cargo suficientes e idóneos para establecer inequívocamente la ejecución por parte del imputado de la conducta típica regulada en el artículo 117 en relación con el artículo 33 del Código Penal en perjuicio del señor Cesar Enrique García. Para este Sala de lo Penal existe suficiente prueba con la cual el sentenciador respalda su posición de condena para el imputado Marlon Alexander Álvarez Amador, cuya Sentencia se ha apoyado en su relato fáctico con los medios de prueba anteriormente descritos; pruebas relativas en la que se demuestran la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. También es posible verificar que toda la prueba fue obtenida respetando las garantías procesales contenidas en nuestra Constitución de la Republica y en los instrumentos internacionales de los que nuestro país es parte; además los medios probatorios fueron presentados y evacuados mediante los procedimientos que establece nuestra ley procesal, misma que fue sometida al contradictorio por las partes y fue capaz de enervar el estado de inocencia que poseía el señor Marlon Alexander Álvarez Amador; en ese sentido no es cierta la posición de los recurrente al considerar que se han violentado dichas garantías constitucionales, sino que la misma fue sometida ante la contundencia y abundancia probatoria, todo lo cual quedó debidamente expuesto por el A-quo en su sentencia la cual está debidamente razonada expresando los argumentos de hecho y de derecho para el dictado de una sentencia condenatoria, motivos suficientes para desestimar el presente recurso de casación

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

El recurso es de recibo. El Recurso de Casación es atendible en sus dos motivos, a los que se da respuesta en un solo pronunciamiento, al estar relacionados. El Código Penal, según decreto 144-83 en sus artículos 32 y 33, define quienes son autores y cómplices: “Artículo 32: Se consideran autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado…”. “Artículo 33: Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan en la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos…”. Establece la recurrente en su recurso casacional, que al señor Marlon Alexander Álvarez se le debió condenar como Co-Autor del delito de asesinato y no como cómplice, ya que su participación fue a título de autor directo, voluntario y material en ellos hechos por cuanto se ubicó de manera contundente en la escena del crimen y ejecuto todos los actos tendientes al tipo penal de asesinato, ya que hubo una división de roles funcionales y de tener el dominio del hecho de la acción. Los hechos probados de la sentencia narran: El día jueves quince de mayo del año 2014, siendo aproximadamente las 2:30 de la tarde, el señor CESAR ENRIQUE GARCÍA, se encontraba en el sector 1, calle 8 de la colonia Flor del Campo, cargando unos six pack de refrescos, cuando en ese momento se bajaron de un vehículo tipo taxi seis personas entre ellos una joven de nombre Alejandra y el imputado MARLON ALEXANDER ALVAREZ AMADOR; acercándose Alejandra hacia a donde estaba Cesar, abrazándolo se lo llevó a diez pasos del lugar donde éste se encontraba, momento en el cual dos de las personas que se bajaron del vehículo a los cuales les apodan Calavera y Cabezón portando armas de fuego se ubicaron uno enfrente y otros atrás de Cesas Enrique procediendo a dispararle causándole 7 heridas que impactaron en la humanidad de Cesar, la trayectoria de estas heridas con un trayecto de abajo hacia arriba, lo que indica que fueron rematadas y una herida que el trayecto fue de adelante hacia atrás, así mismo se establece como causa de muerte un hematórax o un acumulo de sangre en la cavidad torácica secundarias debido a laceraciones producidas por proyectil de arma de fuego, produciéndole la muerte de forma inmediata, mientras esto acontecía Marlon Alexander Álvarez, montaba vigilancia para asegurar la ejecución del hecho, y una vez ejecutado el mismo MarIon Alexander y sus acompañantes huyeron en diferentes direcciones.-“ Los hechos probados permiten sin dificultad determinar que el acusado Marlon Alexander Álvarez Amador y otras (5 personas más), actuaron de manera conjunta, siguiendo un plan previamente establecido, “…cuando se bajaron de un vehículo tipo taxi seis personas entre ellos una joven de nombre Alejandra y el imputado Marlon Alexander Álvarez Amador; acercándose Alejandra hacia donde esta Cesar, abrazándolo se lo llevo a diez pasos del lugar donde éste se encontraba, momento en el cual dos de las personas que se bajaron del vehículo a los cuales se le apodan Calavera y Cabezón portando armas de fuego se ubicaron uno enfrente y otro atrás de Cesar Enrique procediendo a dispararle causándole 7 heridas, produciéndole la muerte de forma inmediata, mientras esto acontecía Marlon Alexander Álvarez, montaba vigilancia para asegurar el hecho, y una vez ejecutado el mismo Marlon Alexander y sus acompañantes huyeron en diferentes direcciones”, el hecho de que el acusado Marlon Alexander Álvarez no haya ejecutado los disparos, es decir no ha ejecutado materialmente la acción, resulta que realiza una aportación esencial para la ejecución del plan en la fase ejecutiva como lo es la de montar vigilancia, resulta evidente que contribuyo de manera directa a la ejecución del mismo pues actuó orientado bajo un plan preconcebido en el que existió una repartición de roles y funciones, puesto que tuvieron el dominio del hecho con la intención de afectar los bienes jurídicos protegidos como la vida del perjudicado cesar Enrique García. Declara esta Sala de lo Penal que el hecho declarado probado se ajusta de manera perfecta al ámbito situacional del supuesto que describe del tipo penal de Asesinato que hemos estudiado Ut Supra, en su versión de participación a título de Coautor, por lo que la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia contiene el vicio In Iudicando alegado. En razón de lo anterior, La Sala de lo Penal, aprecia que los hechos declarados probados, en cuanto al acusado Marlon Alexander Álvarez Amador son subsumible dentro del tipo penal de Asesinato en su grado de participación de Co-Autor, por lo que se declara ha lugar los dos motivos de Infracción de ley, interpuesto por el Ministerio Público. Al haber prosperado los dos motivos del Recurso de Casación por Infracción de Ley Interpuesto por el Ministerio Público; como consecuencia ello procede a Condenar al acusado Marlon Alexander Álvarez Amador como autor responsable del delito de Asesinato conforme al artículo 117 del Código Penal (decreto 144-83) en perjuicio de Cesar Enrique García , correspondiendo imponerle una pena de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión, No identificando este Tribunal de Casación circunstancias agravantes ni atenuantes que perfilen una prognosis criminal negativa, por lo que el acusado debe ser condenado a la pena de Veinte (20) años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil, trabajo penitenciario y la responsabilidad civil y exoneración de costas procesales por el delito por el cual ha sido condenado

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-242-2019, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintiuno de agosto del año dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Nelson Danilo Mairena Franco, en su calidad de Coordinador, Mario Rolando Diaz Flores y Walter Danilo Miranda Sabio, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-242-2019 por Infracción de Ley y por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veinte de septiembre del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Marlon Alexander Álvarez Amador, como cómplice del delito de Asesinato, en perjuicio de Cesar Enrique García, a la pena de trece años, cuatro meses de reclusión. Segundo: Condenó al señor Marlon Alexander Álvarez Amador a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la pena principal. Tercero: Declaró la responsabilidad civil del señor Marlon Alexander Álvarez Amador, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia. Cuarto: No Procedió la condena del acusado en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. SON PARTES: La recurrente 1 Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y los recurrentes 2 los Abogados Alba Regina Paniagua Pacheco y Arnaldo Alcides García en su condición de Defensores Públicos del señor Marlon Alexander Álvarez Amador, ambos partes participan como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “UNICO: El día jueves quince de mayo del año 2014, siendo aproximadamente las 2:30 de la tarde, el señor CESAR ENRIQUE GARCÍA, se encontraba en el sector 1, calle 8 de la colonia Flor del Campo, cargando unos six pack de refrescos, cuando en ese momento se bajaron de un vehículo tipo taxi seis personas entre ellos una joven de nombre Alejandra y el imputado MARLON ALEXANDER ALVAREZ AMADOR; acercándose Alejandra hacia a donde estaba Cesar, abrazándolo se lo llevó a diez pasos del lugar donde éste se encontraba, momento en el cual dos de las personas que se bajaron del vehículo a los cuales les apodan Calavera y Cabezón portando armas de fuego se ubicaron uno enfrente y otros atrás de Cesas Enrique procediendo a dispararle causándole 7 heridas que impactaron en la humanidad de Cesar, la trayectoria de estas heridas con un trayecto de abajo hacia arriba, lo que indica que fueron rematadas y una herida que el trayecto fue de adelante hacia atrás, así mismo se establece como causa de muerte un hematórax o un acumulo de sangre en la cavidad torácica secundarias debido a laceraciones producidas por proyectil de arma de fuego, produciéndole la muerte de forma inmediata, mientras esto acontecía Marlon Alexander Álvarez, montaba vigilancia para asegurar la ejecución del hecho, y una vez ejecutado el mismo MarIon Alexander y sus acompañantes huyeron en diferentes direcciones.-“ RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente 1 Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley, de la manera siguiente “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. PRIMER MOTIVO: “Aplicación Indebida del artículo 33 en relación con el artículo 117 del Código Penal” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Serviran de sustento al presente motivo, los hechos que el Tribunal de Sentencia tuvo como establecidos con la prueba evacuada legalmente en el juicio y que se transcriben a continuación: “PRIMERO: “El día jueves quince de mayo del año 2014, siendo aproximadamente las 2:30 de la tarde el señor CESAR ENRIQUE GARCIA se encontraba en el sector 1, calle 8 de la colonia Flor del Campo, cargando unos six Pack de refrescos, cuando en ese momento se bajaron de un vehículo tipo taxi seis personas entre ellos una joven de nombre ALEJANDRA y el imputado MARLON ALEXANDER ALVAREZ AMADOR ; acercándose Alejandra hacia donde estaba cesar, abrazándolo se lo llevo a diez pasos del lugar donde este se encontraba, momento en el cual dos de las personas que se bajaron del vehículo a los cuales apodan calavera y cabezón portando armas de fuego se ubicaron uno enfrente y otro atrás de CESAR ENRIQUE procediendo a disparale causándole 7 heridas que impactaron en la humanidad de CESAR, las trayectorias de estas heridas con un trayecto de abajo hacia arriba, lo que indica que fueron rematadas y una herida que el trayecto fue de adelante hacia atrás, así como que se establece como causa de muerte un hemotorax o un acumulo de sangre en la cavidad torácica secundaria debido a laceraciones producidas por proyectil de arma de fuego, provocándole la muerte de forma inmediata, mientras esto acontecía MARLON ALEXANDER ALVAREZ montaba vigilancia para asegurar la ejecución del hecho y una vez ejecutado el mismo MARLON ALEXANDER y sus acompañantes huyeron en diferentes direcciones. En relación a estos hechos probados, los preceptos penales citados como infringidos por Aplicación Indebida textualmente refieren: Artículo 33: “Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan en la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos. Si de las circunstancias particulares del proceso resultare que el acusado de complicidad no quiso cooperar sino en un acto menos grave que el cometido por el autor, la pena será aplicada al cómplice solamente en razóñ del acto que pretendió ejecutar”.Artículo117: “Es reo de asesinato, quien de muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes; 2. Alevosía 2. Con Premeditación conocida 3. 4, La pena por Asesinato será de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión cuando se cometiese mediante pago, recompensa o promesa remuneratoria o se acompañe de robo o violación, la pena será de treinta (30) años a privación de por vida de la libertad. Explica el juzgador en la sección de la motivación jurídica de la sentencia que ahora recurrimos, que en definitiva es donde se desarrolla las razones que tuvo a bien para calificar jurídicamente los hechos que estimó probados, así como el grado de participación del acusado MARLON ALEXANDER GONZALES PALMA-, y es que nuestro reproche recursivo se centra concretamente en esta última ponderación, en donde el A quo decide erróneamente condenar a MARLON ALEXANDER GONZALES PALMA por estimar que su participación fue a título de Cómplice, cuando del contenido del cuadro fáctico claramente se aprecia que la participación del acusado es a título de Autor, pues el mismo Tribunal admite en el párrafo final del hecho probado que:” . . . MARLON ALEXANDER ALVAREZ montaba vigilancia para asegurar la ejecución del hecho y una vez ejecutado el mismo MARLON ALEXANDER y sus acompañantes huyeron en diferentes direcciones. Una vez consumado este acto, por parte del encausado junto con sus acompañantes sale huyendo del lugar de los hechos y posteriormente es detenido por agentes de la policía. En virtud de lo anterior, se reafirma la argumentación del Ministerio Público en el sentido de que el fallo impugnado adolece del vicio in iudicando alegado, puesto que la verdad allegada en el cuadro fáctico notoriamente refleja que el acusado en los hechos que se juzgan a tenido una participación directa, vital y necesaria para que este llegué a consumarse (es decir: participó en todas las etapas del inter crminis), ya que de la prueba evacuada se desprende que éste desde el inicio cuando se bajaron de un vehículo y tomaron los participantes sus roles siendo el del encausado de montar vigilancia para asegurar la ejecución del hecho y una vez ejecutado el mismo MARLON ALEXANDER y sus acompañantes huyeron en diferentes direcciones; de ahí que no solamente su participación se circunscribió a la mera vigilancia pues su participación resulto directa para la consumación del asesinato de CESAR ENRIQUE GARCIA. Pues se logra apreciar que erróneamente lo señaló el Juzgador en la motivación jurídica en el numeral quinto párrafo segundo “que la conducía realizada por MARLON ALEXANDER ALVAREZ AMADOR es de cómplice en vista que ejecuto actos anteriores y simultaneaos . . .” Podemos apreciar que no fue probado que él tuviese una posición secundaria, respecto a la de un hipotético coautor u autor principal tal cual sucede en la complicidad (en donde existe una relación de dependencia entre la conducta del partícipe, respecto a la del autor denominada “accesoriedad”); por el contrario si fue probado, que el condenado tuvo efectivo dominio del hecho, al haber tenido desde antes, durante y después de éste el absoluto control y un rol especifico, por lo que afirmamos que el hecho probado pertenece al sujeto tomando en consideración las particularidades del caso en concreto que lo descartan de una mera complicidad. Para los efectos del articulo 363 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público expresa que la interpretación pretendida del precepto penal relacionado, está orientada a que el procesado MARLON ALEXANDER GONZALES PALMA sea condenado por el delito de ASESINATO CONSUMADO COMO CO- AUTOR, enmendando el vicio por Aplicación indebida de los preceptos legales citados como vulnerados, en que ha incurrido el juzgador de instancia. Por lo antes expuesto, la fiscalía solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera el precepto penal sustantivo que correctamente se adecue a los hechos declarados probados. SEGUNDO MOTIVO: “Falta de Aplicación del artículo 32, en relación con el 117 del Código Penal”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal reconocieron en los hechos que declararon probados, en los que afirman que el acusado MARLON ALEXANDER ALVAREZ montaba vigilancia para asegurar la ejecución del hecho y una vez ejecutado el mismo MARLON ALEXANDER y sus acompañantes huyeron en diferentes direcciones. Por todo lo anterior, si se analiza el contenido del artículo 32 del Código Penal relacionada a los hechos estimados probados del fallo recuirrido, tal como se indicó en el precedente motivo de casación, se determina sin lugar a duda, que el encausado tuvo efectivo dominio del hecho desde antes, durante y después de éste, sustentando absoluto control de todo lo ocurrido, tal como se acreditó con los medios de prueba evacuados y por ello podemos concluir que, los hechos le pertenecen a él sujeto activo, en este caso al acusado MARLON ALEXANDER ALVAREZ. Al haberse analizado todas las particularidades del caso; se evidencia que su participación fue a título de Autor directo, voluntario y material en los hechos por cuanto se ubico de manera contundente en la escena del crimen y ejecuto todos los actos tendientes del el tipo penal de ASESINATO, en vista de haberse probado sin ningún género de dudas que hubo una división de roles funcionales, puesto que varios individuos tuvieron el dominio del hecho, y específicamente el acusado con la intención de afectar los bienes jurídicos protegidos (la vida) del occiso CESAR ENRIQUE GARCIA, asegurándose la ejecución de los hechos, sin riesgo a su persona e intentando huir de la escena del crimen. En ese sentido se debe apreciar la participación del encausado en una coautoría, bajo la teoría del dominio del hecho, que implica que aun cuando los otros procesados hayan ejecutado materialmente la acción, resulta evidente que et-enca-tB-ádo contribuyo de manera directa a la ejecución del mismo pues se aprecia que actuó orientado bajo un plan preconcebido en el que existió una repartición de roles y funciones, por lo que se le debe considerar a MARLON ALEXANDER ALVAREZ como autor de la totalidad de los hechos, con independencia de la aportación que hizo cada uno de ellos. En casos como estos es acertado considerar como coautores, no solo a los que ejecutan la acción en sentido formal, es decir los elementos de tipo del delito en referencia, es decir disparar, sino también, a quienes hacen una aportación esencial en la realización de plan durante la fase ejecutiva, como apoyar a montar vigilancia para asegurar la ejecución del hecho y una vez ejecutado el mismo MARLON ALEXANDER y sus acompañantes huyeron en diferentes direcciones. En conclusión, la incorrecta ponderación jurídica de la participación del condenado, produjo la Falta de Aplicación del artículo 32 en relación al 117 numeral 1 y 2 del Código Penal citados como vulnerados; y es por ello que esa Sala de lo Penal deberá resolver casar la sentencia dictada y ordenar la aplicación del precepto penal supra indicado.” La recurrente 2 Abogada Suyapa Torres, defensora Pública, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, de la manera siguiente “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO UNICO: Infracción de los preceptos Constitucionales contenidos en los artículo 89, 90 en relación con los artículos 1, 2 y 202 del Código Procesal Penal PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal EXPOSICION DEL MOTIVO PRIMERO: Las normas que ha violentado gravemente el Juzgador, son los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República que dicen: Artículo 89. “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. Artículo 90: “Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece….”. Estas normas constitucionales en relación a lo que establecen los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal que dice: Artículo 1. “Juicio Previo: Ninguna personas podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente código y con respeto estricto de los derechos del imputado”. Articulo 2 “Estado de inocencia. Todo imputado será considerado y trátado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente y de conformidad con las normas de este código ”. SEGUNDO: El Tribunal al dictar sentencia condenatoria en contra de MARLON ALEXANDER ALVAREZ AMADOR, por suponerlo responsable de Cómplice de Asesinato, en perjuicio de CESAR ENRIQUE GARCIA, infringe gravemente los fundamentales derechos referidos en el numeral anterior, afectando con ello la presunción de inocencia y al debido proceso que le asisten al imputado por mandato constitucional, porque el ente acusador no obstante estar obligado a demostrar, fuera de toda duda, la imputación en contra de mi representado MARLON ALEXANDER ALVAREZ AMADOR, produjo un mínimo de actividad probatoria.TERCERO: Al analizar en el presente caso la probanza utilizada por los juzgadores para declarar el cuadro factico de la sentencia, los extrajo de la prueba de cargo como ser los testimonios de testigo protegido Al, fue testigo presencial de circunstancias directamente relacionadas con el suceso las que se constituye en prueba directa de la parti¿ipación de mi representado, y el testigo Carlos Paulino lzaguirre fue el agente de investigación que le tomo la declaración al testigo protegido Al, siendo este claro, preciso y concreto al narrar la diligencia realizada por el, verificando el Tribunal concordancia con lo manifestado por el testigo protegido Al; mereciendo credibilidad su relato. Sin embargo, dicho razonamiento lo hace en una clara violación a los derechos individuales de inocencia y al debido proceso ya que además de que la prueba presentada no fue congruente con los hechos acaecidos, al manifestar dicho testigo que mi patrocinado fue detenido ese día de la concurrencia del hecho, cuando se demostró y fIre evidente ante el Tribunal que mi pátrocinado he traído al proceso un año después. Sin obviar que lo narrado por el testigo no guarda relación con lo que se leyó sobre lo declarado por el testigo protegido Al, lo manifestado por el testigo Paulino Izaguirre y lo leído del dicho del testigo protegido Al, no pudo ser corroborado por ninguna otra prueba periférica, es decir una valoración conforme a las reglas del correcto entendimiento humano, que estableciera certeza que el día de los hechos mi patrocinado estuvo en el lugar del hecho participando en la comisión del hecho criminoso. CUARTO: Esta prueba de cargo traída a juicio, resulta insuficiente e incompleta y no certera para inculpar a mi representado de la acusación que se le imputa, pues no aporta nada, únicamente tenemos un solo testigo con identificaciìn reservada y además no comparece al juicio, y no puede ser valorada su declaración porque el principio de inmediación se trunca, y el otro testigo que es policía se constituye en mero testigo de oídas, cuyas deposiciones no pueden ser corroboradas por ninguna prueba periférica que establezcan que sus dichos sean ciertos, por lo que nos encontramos con una prueba endeble que no puede tener valor probatorio en consecuencia en ese sentido únicamente tenernos un solo testigo y así se ha pronunciado en más de un caso la Corte Interamericana y para un ejemplo citamos dos el caso de Norin Catriman y otros Vs. Chile sentencia del 29 de mayo del año 2014 y el caso pollo Rivera y otro Vs. Perú, sentencia del 25de mayo en el año 2017, que dice la Corte cuando haya un testigo protegido entonces debe de haber otra circunstancia, otras medidas que se tomen sencillamente para que esa protección de testigo como defensa podamos tener el derecho de interrogar los testigos según lo establece el artículo 8 numeral 2 inciso f) de la Convención Americana de derechos humanos. O sea que en el juicio penal no basta solamente la obtención de la sentencia condenatoria desde el punto de vista formal, para lograr el quebrantamiento del Estado de inocencia del imputado, sino que durante el proceso deben satisfacerse unas condiciones mínimas de juzgamiento que garanticen que esa sentencia condenatoria está legitimada. Algunas de las manifestaciones del presente principio o sea el Estado de inocencia consiste en: a) Que a la acusación le corresponde, mediante presentación de pruebas, demostrar culpabilidad del imputado, lo que implica que el acusado no está obligado a probar inócencia, b) la obligación en el órgano jurisdiccional de absolver, cuando no se haya probado culpabilidad del imputado, de ello se sigue que se debe absolver en caso de duda, o cuando los hechos no hayan quedado suficientemente probados, y c) Certeza de culpabilidad, que las pruebas del procesó se hayan recibido con las debidas garantías. En el caso subjudice, el razonamiento del sentenciador resulta ilógico e insuficiente, ya que con las medios probatorios aportados por la acusación pública no han aportado la certeza positiva necesaria para declarar la culpabilidad de mi representado, en una clara violación a la presunción de inocencia y al debido proceso. Es por ello que debe analizarse si la afectación al derecho de defensa del imputado deriva de la medida de utilización de “reserva de identidad del testigo”, estuvo suficientemente contrarrestada por medidas de contrapeso, q jle incluso cuando se hayan adoptado medidas de contrapeso que parecen suficientes la condena no puede estar fundada únicamente en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada , lo cual dependerá de la sentencia de otro tipo de prueba que corrobore aquella, de tal forma q Ire a mayor prueba corroborativa , menor será el grado decisivo que el fallador otorga al testimonio de identidad reservada.QUINTO: Por lo anteriormente relacionado el vicio que denunciamos se produce porque los hechos referidos en la sentencia de merito no está respaldada esa prueba anticipada incorporada por lectura, es evidente que se violenta el derecho de defensa y con ello su estado de inocencia. La aplicación directa e inmediata de la presunción de inocencia lo regulan los artículos 26 párrafo primero de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 8 de la Convención Americana sobre m Derechos Humanos, 89 de la Constitución de la República de Honduras y 2 del Código Procesal Penal, tiene como efecto en primer lugar el desplazamiento de la carga probatoria sobre la acusación por ende, es la parte acusadora quien ha de acreditar en el juicio oral los hechos constitutivos que conforman el tipo penal, sin la prueba de tales hechos no cabe imponer sentencia condenatoria en contra de mi representado Marlos Alexander Álvarez Amador. Lo procedente en este caso es que la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, declare con lugar el presente motivo y dicte una nueva sentencia, mediante la cual absuelva de toda responsabilidad a nuestro representado, por existir evidentemente un vacio probatorio que imposibilita sustentar una declaración de culpa.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurrente 1 Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por el Ministerio Público. Primer Motivo. • Norma autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. • Norma que se denuncia infringida: Artículo 33 en relación con el artículo 117 del Código Penal. • Concepto de la infracción: Aplicación indebida del artículo 33 en relación con el artículo 117 del Código Penal. • Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por la pretensora. • Pretensión: Que se case la sentencia y se profiera el precepto penal sustantivo correcto. Establece la recurrente que el Juzgador en el fallo impugnado adolece del vicio in iudicando alegado, puesto que la verdad allegada en el cuadro fáctico notoriamente refleja que el acusado en los hechos que se juzgan ha tenido una participación directa, vital y necesaria para que este llegue a consumarse, ya que tuvo efectivo dominio del hecho, al haber tenido desde antes, durante y después el absoluto control del hecho, por lo que el señor Marlon Alexander Gonzales Palma sea condenado por el delito de Asesinato Consumado como Co-Autor. Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por el Ministerio Público. Segundo Motivo. • Norma autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. • Norma que se denuncia infringida: Artículo 32 en relación con el artículo 117 del Código Penal. • Concepto de la infracción: Falta de aplicación del artículo 33 en relación con el artículo 117 del Código Penal. • Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por la pretensora. • Pretensión: Que se case la sentencia y se profiera el precepto penal sustantivo correcto. Establece la recurrente que la participación del señor Marlon Alexander Álvarez es de coautor, bajo la teoría de dominio del hecho, que implica que aun cuando los otros procesados hayan ejecutado materialmente la acción, resulta evidente que el encausado contribuyo de manera directa a la ejecución del mismo pues se parecía que actuó bajo un plan preconcebido en el que existió una repartición de roles y funciones. De la Coautoría Para dar respuesta al Censor es importante señalar los grados de intervención en el delito que señala nuestro Código Penal, en especial la coautoría, siguiendo la doctrina legal sentada por este Tribunal de Justicia en las sentencias: de fecha 12/12/ 2016 del Exp 402-2013, de fecha12/12/2016 del Exp 513-2014, de fecha 12/01/2016 del Exp 025-2013, de fecha 22/09/ 2015 del Expediente 229-2014, de fecha 19/05/2015 del Exp 365-2012, de fecha 10/02/2015 del Exp 235-2012, entre otros. Fernando Velásquez Velásquez (Velásquez Velásquez, Fernando, en Derecho Penal Parte General de Editorial Temis S.A., Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1997. Pág. 614) explica que el Concurso de Personas en el Hecho Punible estudia el grado de intervención en el delito, bajo la diferenciación de la autoría y participación; En la autoría se estudia la autoría inmediata o material, autoría mediata, la coautoría y la coautoría sucesiva; En cambio en el tema de los Participes se estudia al Cómplice, al Cómplice Necesario y al inductor.- Ahora bien el legislador hondureño regula la intervención en el delito de manera diferente al trato que le da la doctrina, estableciendo en el Código Penal que son participantes del delito los autores y los cómplices: 1. Se consideran autores, según indica el artículo 32 del Código Penal: El Autor Inmediato o Material, la Co Autoría, Autoría Sucesiva, la Autoría Mediata por Fuerza en el Instrumento (No incluye la autoría mediata por error del Instrumento), el Inductor y el Cómplice Necesario y; 2. Son Cómplices, conforme el artículo 33 del Código Penal del mismo cuerpo legal, los que, no siendo autores, cooperan en la ejecución del hecho delictivo por un acto anterior a éste o simultaneo con éste; De esta manera el legislador penal de manera muy propia redacta el artículo 32 del Código Penal al advertir que se consideran autores los enumerados en la norma, ya que, en estricto apego a la ciencia penal, el inductor y el cómplice necesario no son autores sino participes. Son muchas las teorías que explican y desarrollan lo relativo al concurso de personas en el hecho punible, entre estas esta la Teoría Objetivo-Subjetiva o Mixta, basada en el dominio del hecho como elemento diferenciador entre el autor y los partícipes, Esta teoría fue propuesta por Welzel, y “… está profundamente vinculada al concepto ontológico (finalista) de la acción (idea del dominio final del acto) y al concepto personal de lo injusto para la acción dolosa...” (Sent. Sala de lo Penal del Exp 349-09 del 17/01/13).- Esta Teoría ha sido la que ha acogido esta Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, por ser la que más se ajusta a la normativa penal sustantiva vigente, (Ver Sent. de la Sala de lo Penal en Exp 376-09 del 11/04/2011, en 057-2010 del 11/04/2012, en Exp 349-09 del 17/01/2013, entre otras). Siguiendo la Teoría Objetivo-Subjetiva, es autor aquel que tiene dominio del hecho, es decir aquella persona que tiene el poder de decidir el cuándo, dónde y cómo del hecho, la persona que desencadena el curso causal del delito y que lo puede detener en cualquier momento. El hecho objeto de dominio estará definido por el legislador en la construcción de los tipos penales como delito (Teoría Formal Objetiva), del que la persona quiere hacer suyo (Teoría Subjetiva), convirtiéndolo en autor. Cuando son varios los ejecutores, tendrán la calidad de autores quienes compartan ese poder o potestad, aun cuando no lo sea en la misma medida o en los mismos tiempos, así podemos diferenciar las clases de dominio (Eugenio Raúl Zaffaroni (2000). Derecho Penal Parte General. Buenos Aires: Sociedad Anonima Editora, pag 742): 1. Dominio de la acción: que es la que posee la persona cuando realiza directamente la acción constitutiva de delito, conocido como autoría directa o material; 2. Dominio funcional: cuando varias personas poseen el dominio a causa de una división ejecutiva del hecho, así por ejemplo la coautoría; 3. Dominio de la Voluntad: se presenta cuando una persona tiene dominio sobre la voluntad de otra, como ocurre en la autoría mediata o la inducción. En el caso particular de la Coautoría se presenta cuando dos o más personas, en base a un acuerdo común, llevan a cabo un hecho de manera mancomunada, mediante una distribución objetiva de funciones para su realización, de modo que existe un co-dominio, en donde cada coautor domina todo el suceso en unión a los otros coautores. En la coautoría todos son autores, por consiguiente, cada uno de los que realicen el delito deberá de tener las características típicas exigidas para ser autor del delito y así responder por las acciones ejecutadas en conjunto y las ejecutadas por los demás que formen parte del acuerdo común. Existen dos tipos de coautoría: coautoría por co-dominio material del hecho y la coautoría por co-dominio funcional del hecho o división de tareas: Coautoría por co-dominio material del hecho, que se presenta cuando cada uno de los coautores realiza de manera completa la acción en una ejecución conjunta del hecho para asegurar el resultado; Ejemplo: Varias personas disparan a la vez en contra de una misma persona, quien muere por un disparo; y 2. Coautoría por Co-dominio Funcional del Hecho o división Tareas, en donde existe una división funcional de roles entre los coautores, cada uno de ellos realizando tareas distintas, pero que en suma tiene como objetivo la ejecución del delito, debiendo responder cada uno de ellos por las acciones individuales que constituyan delito, que sean parte del acuerdo previo y por el resultado final de la ejecución del hecho, lo que recibe el nombre de Teoría de la Imputación Reciproca. (En Sent. Sala de lo Penal del Exp 069-2009 de fecha 10/06/2010). Son Requisitos para que se presente la coautoría el acuerdo común y la aportación de un hecho objetivo en la fase de ejecución del delito: 1. Acuerdo Común (Pactum Sceleris): Es la reunión de Voluntades en un dolo común en donde cada coautor se compromete con los demás de realizar una tarea en la realización del hecho, es pues el acuerdo común es el nexo subjetivo que les une; El acuerdo puede ser expreso o tácito: a. El acuerdo es expreso cuando los coautores externan su aprobación en participar en el hecho delictivo, siendo aceptado por el resto; y b. El acuerdo es tácito cuando, sin haber acuerdo expreso previo, el coautor colabora con la ejecución de una tarea en la realización del acto delictivo, siendo aceptada y aprovechada dicha colaboración por el resto de los coautores para alcanzar la empresa delictiva. 2. Aporte Objetivo: En los casos de co-dominio funcional del hecho el Coautor debe de aportar una contribución objetiva a la empresa delictiva, de tal manera que sea producto de la división del trabajo entre todos los intervinientes, dando vida a un plan general, por ello no se requiere que cada coautor realice totalmente la acción típica, pues las contribuciones concretadas por cada uno pueden imputarse a todos en virtud del acuerdo suscrito. Esta aportación objetiva individual se considera hecha de manera total o completa cuando se trata de un co-dominio material del hecho, donde todos los coautores realizan la totalidad de la acción delictiva para asegurar el resultado; y 3. Aportación en la Fase de Ejecución: La aportación del Coautor deberá de realizarse en el momento o en los momentos de la ejecución del iter criminis, es decir al momento de la realización del tipo penal. Los coautores deben de sujetarse a las conductas que abarquen el acuerdo, que es el vínculo que uno las acciones u omisiones individuales, de modo que en caso de que uno de ellos realice alguna acción típica fuera de dicho acuerdo, responderá como su autor directo sin que se extienda dicho reproche a los otros; Entonces cualquier acción individual de alguno de los coautores que no haya sido acordada como parte del cronograma delictivo o al menos no se haya sido representada su realización como posible (Art. 13 del CP: dolo eventual), solo le será imputable a la persona que la ejecuto sin que se pueda comunicar ésta responsabilidad a los demás coautores; La responsabilidad de cada autor se limita al hecho acordado y a los hechos representados como posibles y/o asumidos como necesarios, los excesos cometidos por alguno de ellos de motu proprio fuera del plan pre concebido solo serán imputables individualmente a quien los cometió. COMPLICIDAD Don Manuel Estrella Ruiz, el Jurista Español, considera que: “Consiste la COMPLICIDAD en la ayuda o auxilio al hecho de otro, anterior o simultánea, pero útil para la ejecución del plan del autor, contando como límites que no puede llegar al punto de incluir el acto ejecutivo “típico” pues tal caso constituiría un supuesto de co-ejecución. Y en segundo término que la aportación ha de ser de alguna utilidad para el plan del autor, pues si es irrelevante no puede tenerse como auxilio a la ejecución. El Art. 33 del Código hondureño considera cómplices a los que no hallándose comprendidos en el Artículo anterior, cooperen a la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos. Si de las circunstancias particulares del proceso resultare que el acusado de complicidad no quiso cooperar sino en un acto menos grave que el cometido por el autor, la pena será aplicada al cómplice solamente al acto que pretendió ejecutar.- Dentro de la COMPLICIDAD hemos de distinguir entre la complicidad necesaria del artículo 32 in fine que al igual que el legislador español identifica con el autor a efectos de pena y de allí la trascendencia entre la distinción entre la cooperación o complicidad simple y la necesaria.- Teorías para la diferenciación son varias. Para los defensores de la necesidad relativa, ésta se contempla en concreto, para la teoría de la necesidad abstracta, se valora en abstracto. El Tribunal Supremo español viene a acogerse a la tesis de la escasez o imprescindibilidad, señalando que la distinción entre el cómplice y el cooperador necesario radica en la necesariedad o no de la cooperación, conjugando diversos criterios, tales como la teoría de la condición sine qua non, la del dominio del hecho o la del carácter de las aportaciones necesarias para el resultado, tomando en cuenta el criterio de la escasez de medios, es decir, será cooperador necesario aquel que contribuya al hecho con una actividad difícil de conseguir, esto es escasa.- Creo con Muñoz Conde que la excepcional aportación del cómplice debe conjugarse con el dominio del hecho, rechazándose la cooperación necesaria en ausencia de cualquiera de dichos factores, debiendo además ser restrictivos en la materia habida cuenta de la trascendencia de la equiparación punitiva con el autor”. Por su parte, Francisco Muñoz Conde, reconocido penalista español, considera que: ” En común a todas las formas de participación tiene la COMPLICIDAD, que se trata de una contribución a la realización del delito con actos anteriores o simultáneos a la misma, que no pueden, en ningún caso, se considerados como de autoría. Lo que la distingue de las demás formas de participación, es su menor entidad material, de tal forma que la calificación de complicidad hace que la cooperación se castigue automáticamente con una pena inferior en grado a la que merezcan los autores del delito. De la forma en que está redactado el art. 29 se deduce que solo cabe calificar de complicidad los comportamientos de cooperación no necesaria, representado, por tanto, el grado inferior del comportamiento de cooperación necesaria constitutivos de autoría o asimiladas a ella…El problema consiste en saber cuándo una determinada contribución puede estimarse como necesaria. Con una consideración concreta probablemente toda contribución sería considerada como necesaria, pero tampoco se puede utilizar un criterio abstracto, porque desligado del caso concreto nunca puede saberse cuando una contribución es o no necesaria para el mismo…El fundamento de la atenuación de la pena para el cómplice debe ser, por tanto, una menor necesidad de la pena, ya que solo favorece o facilita la realización del hecho”. Esta Sala de lo Penal observa que los dos motivos de Casación por Infracción de Ley que ha interpuesto el recurrente número uno, están íntimamente relacionados, pues se refieren a supuestas violaciones de normas penales en relación a los hechos probados, teniendo un mismo fundamento legal, por lo que, para guardar la logicidad y coherencia de la sentencia penal se resolverán ambos motivos en un mismo apartado. De la Procedencia del Recurso de Casación por Infracción de ley. Primer y Segundo Motivo. El recurso es de recibo. El Recurso de Casación es atendible en sus dos motivos, a los que se da respuesta en un solo pronunciamiento, al estar relacionados. El Código Penal, según decreto 144-83 en sus artículos 32 y 33, define quienes son autores y cómplices: “Artículo 32: Se consideran autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado…”. “Artículo 33: Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan en la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos…”. Establece la recurrente en su recurso casacional, que al señor Marlon Alexander Álvarez se le debió condenar como Co-Autor del delito de asesinato y no como cómplice, ya que su participación fue a título de autor directo, voluntario y material en ellos hechos por cuanto se ubicó de manera contundente en la escena del crimen y ejecuto todos los actos tendientes al tipo penal de asesinato, ya que hubo una división de roles funcionales y de tener el dominio del hecho de la acción. Los hechos probados de la sentencia narran: El día jueves quince de mayo del año 2014, siendo aproximadamente las 2:30 de la tarde, el señor CESAR ENRIQUE GARCÍA, se encontraba en el sector 1, calle 8 de la colonia Flor del Campo, cargando unos six pack de refrescos, cuando en ese momento se bajaron de un vehículo tipo taxi seis personas entre ellos una joven de nombre Alejandra y el imputado MARLON ALEXANDER ALVAREZ AMADOR; acercándose Alejandra hacia a donde estaba Cesar, abrazándolo se lo llevó a diez pasos del lugar donde éste se encontraba, momento en el cual dos de las personas que se bajaron del vehículo a los cuales les apodan Calavera y Cabezón portando armas de fuego se ubicaron uno enfrente y otros atrás de Cesas Enrique procediendo a dispararle causándole 7 heridas que impactaron en la humanidad de Cesar, la trayectoria de estas heridas con un trayecto de abajo hacia arriba, lo que indica que fueron rematadas y una herida que el trayecto fue de adelante hacia atrás, así mismo se establece como causa de muerte un hematórax o un acumulo de sangre en la cavidad torácica secundarias debido a laceraciones producidas por proyectil de arma de fuego, produciéndole la muerte de forma inmediata, mientras esto acontecía Marlon Alexander Álvarez, montaba vigilancia para asegurar la ejecución del hecho, y una vez ejecutado el mismo MarIon Alexander y sus acompañantes huyeron en diferentes direcciones.-“ Los hechos probados permiten sin dificultad determinar que el acusado Marlon Alexander Álvarez Amador y otras (5 personas más), actuaron de manera conjunta, siguiendo un plan previamente establecido, “…cuando se bajaron de un vehículo tipo taxi seis personas entre ellos una joven de nombre Alejandra y el imputado Marlon Alexander Álvarez Amador; acercándose Alejandra hacia donde esta Cesar, abrazándolo se lo llevo a diez pasos del lugar donde éste se encontraba, momento en el cual dos de las personas que se bajaron del vehículo a los cuales se le apodan Calavera y Cabezón portando armas de fuego se ubicaron uno enfrente y otro atrás de Cesar Enrique procediendo a dispararle causándole 7 heridas, produciéndole la muerte de forma inmediata, mientras esto acontecía Marlon Alexander Álvarez, montaba vigilancia para asegurar el hecho, y una vez ejecutado el mismo Marlon Alexander y sus acompañantes huyeron en diferentes direcciones”, el hecho de que el acusado Marlon Alexander Álvarez no haya ejecutado los disparos, es decir no ha ejecutado materialmente la acción, resulta que realiza una aportación esencial para la ejecución del plan en la fase ejecutiva como lo es la de montar vigilancia, resulta evidente que contribuyo de manera directa a la ejecución del mismo pues actuó orientado bajo un plan preconcebido en el que existió una repartición de roles y funciones, puesto que tuvieron el dominio del hecho con la intención de afectar los bienes jurídicos protegidos como la vida del perjudicado cesar Enrique García. Declara esta Sala de lo Penal que el hecho declarado probado se ajusta de manera perfecta al ámbito situacional del supuesto que describe del tipo penal de Asesinato que hemos estudiado Ut Supra, en su versión de participación a título de Coautor, por lo que la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia contiene el vicio In Iudicando alegado. En razón de lo anterior, La Sala de lo Penal, aprecia que los hechos declarados probados, en cuanto al acusado Marlon Alexander Álvarez Amador son subsumible dentro del tipo penal de Asesinato en su grado de participación de Co-Autor, por lo que se declara ha lugar los dos motivos de Infracción de ley, interpuesto por el Ministerio Público. Al haber prosperado los dos motivos del Recurso de Casación por Infracción de Ley Interpuesto por el Ministerio Público; como consecuencia ello procede a Condenar al acusado Marlon Alexander Álvarez Amador como autor responsable del delito de Asesinato conforme al artículo 117 del Código Penal (decreto 144-83) en perjuicio de Cesar Enrique García , correspondiendo imponerle una pena de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión, No identificando este Tribunal de Casación circunstancias agravantes ni atenuantes que perfilen una prognosis criminal negativa, por lo que el acusado debe ser condenado a la pena de Veinte (20) años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil, trabajo penitenciario y la responsabilidad civil y exoneración de costas procesales por el delito por el cual ha sido condenado. Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional. En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “La jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: 1. Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 2. Aplicación Restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 3. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el recurrente debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. RECURRENTE 2 Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la Defensa Pública. Único Motivo. • Norma autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. •Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1,2 y 202 del Código Procesal Penal. • Concepto de la infracción: Violación al estado de inocencia y al debido proceso. • Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor. • Pretensión: Que se dicte una sentencia absolutoria. Establece la recurrente que el sentenciador al dictar sentencia condenatoria en contra de su representado como responsable de Cómplice de Asesinato infringe gravemente los fundamentales derechos referidos, afectando la presunción de inocencia y el debido proceso que le asiste al imputado por mandato constitucional, ya que la prueba de cargo traída a juicio resulto ser insuficiente e incompleta, pues la misma a su criterio no aporta nada al proceso. Del Estado de Inocencia. El derecho al Estado de Inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89, establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, este derecho-principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, condicionando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías. De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al Estado de Inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado. El Estado de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. El Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con el Debido Proceso Probatorio: El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad. Para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin duda establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. Mediante el fallo de fecha catorce de mayo del 2007, en el Expediente 312-2006, esta Sala de lo Penal ha declarado que el Estado de Inocencia es “… es un estado inherente a la persona humana …”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP) y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general, corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.” (Fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de mayo del 2011, en el Exp 304-2010). En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que, aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá examinar: a) Licitud de la Prueba: si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos, b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación del acusado en el hecho y su grado de culpabilidad en ellos. (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp 042-2009 de la Sala de lo Penal). Del Debido Proceso Legal La Garantía del Debido Proceso se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el Debido Proceso Legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. - Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El Principio del Debido Proceso Legal, más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez, además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, es así que los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i. A una justicia gratuita; ii. Respeto al principio de presunción de inocencia; iii. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; iv. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; v.- A un juez predeterminado por la ley; vi. A la imparcialidad del juez; vii. A la independencia del juez; viii. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; ix. A la igualdad de armas procesales; x. A un proceso público sin dilaciones indebidas; xi. Derecho a ser oído en un plazo razonable; xii. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; xiii. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xiv. El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; en fin, el derecho a un Debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El Debido Proceso Legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la Procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su Único Motivo. El recurso no es de recibo. Previamente debemos recordar que el derecho al estado de inocencia se configura como una regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válido, lo que implica que debe existir una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de la misma se infiera razonablemente los hechos y la participación del acusado en ellos. De modo que, se vulnerará el estado material de inocencia, cuando no haya prueba de cargo válida, es decir, cuando el juzgador haya valorado una actividad probatoria lesiva de derechos fundamentales o lesiva de garantías, o cuando el resultado de dicha valoración no sea debidamente motivado, o cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el discurso que conduce de la prueba al hecho probado de la sentencia. También ha sido criterio consolidado de esta Sala de lo Penal (sentencia de la Sala de lo Penal de fecha ocho de noviembre de dos mil doce, recaída en el expediente SP 142-2011), que a través de un recurso como el planteado, no le corresponde a este órgano judicial alcanzar su personal convicción a partir de unas pruebas que no presenció y realizar una valoración probatoria alternativa o sustitutiva de la que ha efectuado el juzgador de instancia, pues esta facultad le es exclusiva según nuestra norma procesal (artículos 336 y 338 regla 4ta. párrafo segundo del Código Procesal Penal). En todo caso, la función de este Tribunal de Casación consiste en hacer un control externo de la racionalidad de las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de Sentencia, verificar que las mismas no sean arbitrarias, ilógicas e irrazonables, y que, en todo caso, el A Quo ha actuado con una convicción razonable y respetuosa de las reglas de la sana crítica; así como a constatar la suficiencia probatoria para acreditar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal imputado. Sucede, en el caso actual, que la Censora que el sentenciador al dictar sentencia condenatoria en contra de su representado como responsable de Cómplice de Asesinato infringe gravemente los fundamentales derechos referidos, afectando la presunción de inocencia y el debido proceso que le asiste al imputado por mandato constitucional, ya que la prueba de cargo traída a juicio resulto ser insuficiente e incompleta, pues la misma a su criterio no aporta nada al proceso. Así pues, esta Sala de lo Penal al hacer un recuento de la actividad probatoria, se desprende que el ente acusador propuso como prueba de cargo, las siguientes: DECLARACION TESTIFICAL: 1) Declaración Testigo Protegido A1, como lectura autorizada y rendida baja las formalidades de prueba anticipada; 2) Declaración del agente de investigación Carlos Paulino Izaguirre; PRUEBA DOCUMENTAL: 1) Acta de levantamiento de cadáver y recolección de indicios N°781-2014, con su álbum fotográfico; PRUEBA PERICIAL: 1) Dictamen de autopsia N° AT-848-201. Como prueba de descargo: DECLARACION TESTIFICAL: 1) Dilcia Jaqueline Álvarez. Contrario a lo que expone la recurrente en su recurso, los anteriores medios de prueba resultaron razonablemente suficientes para acreditar la participación a título de Cómplice por el delito de asesinato de Marlon Alexander Álvarez Amador en perjuicio de Cesar Enrique García. Se incorporó mediante lectura autorizada y bajo las formalidades de prueba anticipada la declaración testifical del Testigo protegido A1, el que fue testigo presencial y en la cual aporto información relevante sobre la dinámica de los hechos y la participación de Marlon Alexander Álvarez Amador, estableciendo la agresión de que fue víctima Cesar Enrique García, el 15 de mayo del año 2014, siendo las 02:30 de la tarde, en la colonia Flor del Campo, en la que Cesar Enrique junto con su compañera de hogar (Jenny) se encontraba halando unos six pac de refrescos, cuando de un carro tipo taxi se bajaron seis personas, entre ellos Marlon Alexander Álvarez Amador , y que Alejandra alías camuflaje agarro del brazo a Cesar y se lo llevo donde se encuentra un palo de eucalipto, lugar en donde Calavera y Cabezón procedieron a impactarle varios disparos, Cabezón por enfrente y Calavera por detrás, mientras que Marlon Alexander Álvarez junto con las otras personas se quedaron vigilando que nadie se acerca al lugar y así poder quitarle la vida a Cesar García. Estableciendo la identificación del imputado que era conocido en el barrio como Marlon Alexander Álvarez Amador y que este pertenecía a la pandilla 18, ya que lo conoce desde niño; entre tanto, el testigo referencial del hecho, el agente de investigación Carlos Paulino Izaguirre, quién estableció que la única diligencia que realizó fue tomar la declaración a la testigo protegido, quien le manifestó que ella los conoce bien a todos y que a Cesar tenía como 7 años de haberlo conocido, que él supo quién era cada uno de las personas por los nombres que le manifestó la testigo protegido en su declaración; que según las investigaciones Marlon Álvarez, se quedo como bandera, y una vez que mataron a Cesar, Alejandra corrió cerca de la casa de ella que vive como a 6 casas del lugar de los hechos, y los demás se van por unas gradas, ellos salieron y en la terminal estaba una patrulla, en la patrulla se escucharon unos disparos, pero al único que pudieron agarrar solo fue a Marlon Álvarez; Con el Acta de Levantamiento de cadáver y Recolección de Indicios 781-2014, con su respectivo álbum fotográfico, en la que se establece el lugar, la fecha y hora del levantamientos, la descripción del lugar, el clima, iluminación, así como se encontró el cuerpo, tomándose la respectiva fotografía de distintos ángulos, descripción de la víctima, vestimenta, describiendo en el mismo que el cuerpo presentaba siete heridas: 2 orificios circulares irregulares en el lado derecho de la cara, 2 orificios circulares regulares en el lado izquierdo de la cara, 1 orificio en codo izquierdo, 1 orificio circular irregular en cara lateral de brazo izquierdo y 1 orificio circular regular en cuadrante inferior izquierdo de abdomen; Con la prueba pericial consistente en el Dictamen de Autopsia N° 848-2014, estableciendo como causa de muerte: Hemotórax (acumulo de sangre en cavidad torácica) secundario a laceración pulmonar, debido a herida de proyectil de arma de fuego. Lesiones encontradas: siete (7) heridas por proyectil compuesto por arma de fuego. Con estos medios de prueba anteriormente descritos el sentenciador constituyen en su conjunto, elementos de cargo suficientes e idóneos para establecer inequívocamente la ejecución por parte del imputado de la conducta típica regulada en el artículo 117 en relación con el artículo 33 del Código Penal en perjuicio del señor Cesar Enrique García. Para este Sala de lo Penal existe suficiente prueba con la cual el sentenciador respalda su posición de condena para el imputado Marlon Alexander Álvarez Amador, cuya Sentencia se ha apoyado en su relato fáctico con los medios de prueba anteriormente descritos; pruebas relativas en la que se demuestran la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. También es posible verificar que toda la prueba fue obtenida respetando las garantías procesales contenidas en nuestra Constitución de la Republica y en los instrumentos internacionales de los que nuestro país es parte; además los medios probatorios fueron presentados y evacuados mediante los procedimientos que establece nuestra ley procesal, misma que fue sometida al contradictorio por las partes y fue capaz de enervar el estado de inocencia que poseía el señor Marlon Alexander Álvarez Amador; en ese sentido no es cierta la posición de los recurrente al considerar que se han violentado dichas garantías constitucionales, sino que la misma fue sometida ante la contundencia y abundancia probatoria, todo lo cual quedó debidamente expuesto por el A-quo en su sentencia la cual está debidamente razonada expresando los argumentos de hecho y de derecho para el dictado de una sentencia condenatoria, motivos suficientes para desestimar el presente recurso de casación. DECISIÓN Ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos, interpuesto por la Recurrente número 1. No ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la recurrente número 2. Reglas Generales de Ponderación de la norma más favorable que define el NCP decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). Por tanto, la ponderación tendrá una variante a depender de la instancia en que se haga: 1. En la primera instancia, al momento del juzgamiento por el tribunal, la ponderación de los cuerpos normativos parte de la comparación de las penas abstractas, pero sin dejar de tener en consideración la total de los cuerpos normativos como un todo; o 2. En la segunda o única instancia, al resolverse un recurso devolutivo interpuesto en contra de sentencia definitiva la ponderación se realizará entre la pena concreta impuesta y la pena abstracta que corresponda para el mismo hecho e igualmente reparando respecto a la totalidad de los cuerpos normativos. En ambos casos el proceso de ponderación se realiza siguiendo las reglas que se señalan en este apartado. Es importante insistir que la ponderación de la norma más favorable deberá de realizarse al momento del juzgamiento en primera instancia, en segunda instancia o en única instancia; por ello no es procedente aplicación retroactiva en estadios previos del proceso, como ser la audiencia de declaración de imputado, la audiencia inicial, la audiencia preliminar o en la etapa de saneamiento de la etapa de juicio. El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017; a tal consideración se le suma las siguientes: 1. Penas Conjuntas: No procede la ponderación parcial de penas principales; la ponderación deberá de realizarse tomando en consideración todas las penas conjuntas impuestas por los mismos hechos (Art. 617 NCP). 2. Penas privativas de Libertad: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena privativa de la libertad (reclusión) con todas sus circunstancias, impuesta de conformidad con el VCP 144-83, fuese también imponible con arreglo al NCP 130-2017 (Art. 616). Ello ocurre cuando la pena concreta impuesta se encuentre dentro marco abstracto de la pena que para el mismo hecho se deba de imponer de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 621). 2. Pena de Multa: No se realizara aplicación retroactiva del NCP cuando la pena impuesta de conformidad con el VCP 144-83, sea la de multa y la que corresponda imponer conforme al NCP 130-2017, igualmente sea una pena de multa.- La aplicación retroactiva se realizara excepcionalmente cuando: a.- No se hubiese hecho abono alguno de la pena de multa impuesta de conformidad al VCP 144-83; y b.- la concreta cuantía impuesta conforme al VCP 144-83 no fuese posible imponer de acuerdo con el NCP 130-2017 desde una perspectiva abstracta (Art. 619). 3. Penas privativas de Derechos: Las penas principales de inhabilitación absoluta y especial se compararán atendiendo a la duración de la pena concreta impuesta en la sentencia y la máxima que pueda imponerse de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 620). 4. Medidas de Seguridad: Respecto a las medidas de ejecución impuestas de acuerdo con el VCP 144-83 que estén pendientes de ejecución o que estén siendo ejecutadas, deberán de ser objeto de revisión y adecuación de conformidad con las normas que regulan las mismas en el NCP 130-2017; (Art. 625). Reglas de Particulares de Ponderación por Concurso de Delitos y Por ausencia de Éste A nivel de punibilidad se regulan los concursos de delitos; ante la colisión temporal de normas sustantivas el juzgador llamado a resolver la acción penal interpuesta en base al rigor del VCP 144-83, deberá de establecer si existe o no concurso de delitos, identificar cual es el que concurre y luego hacer el cálculo de pena abstracta de conformidad a dicho concurso; seguidamente el juzgador deberá de hacer la ponderación de la pena más beneficiosa determinando si conforme a lo probado igualmente se aprecia un concurso según las normas del NCP130-2017, y de ser así deberá de proceder a calcular la pena abstracta, siendo el tercer y último paso la comparación de penas que deban de ser impuestas según cada código penal, reflejándose así cuál de ellos es el que debe de ser aplicado por ser más beneficioso para el procesado o reo. Lo descrito es un proceso general que tiene sus matices a depender cada uno de los concursos, lo que obliga hacer un estudio individualizado: A. Concurso Ideal Cuando conforme a los hechos imputados se deba de aplicar un Concurso Ideal (Art. 67 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al concurso ideal según las reglas del VCP144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del concurso ideal del NCP130-2017.- Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el concurso ideal; 2. Cuando una de las penas concursadas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del VCP144-83 y luego hacer la comparación global con el NCP130-2017; comparación que debe de hacerse según se explicó en el numeral anterior; o 3. Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, que se explican más adelante. Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real: i.- Limite Subjetivo, ii.- Limite Objetivo Ordinario y iii.- Limite Objetivo Extraordinario, explicado igualmente líneas adelante. b. Delito Continuado En el caso de que la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un delito continuado la ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (Art. 617 NCP). Al apreciarse un concurso continuado (Art. 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las mismas reglas señaladas previamente para el delito continuado. En los supuestos en donde conforme el VCP 144-83, corresponda aplicar un concurso real pero conforme el NCP 130-2017 se deba de aplicar un delito continuado, el juzgador deberá de proceder de la siguiente manera: 1. En primera instancia: i. Primero se procederá a realizar el cálculo abstracto de las penas conforme el VCP144-83, las que serán tomadas globalmente, para luego comparar el mismo con el marco abstracto de la pena que corresponda en aplicación del delito continuado según el NCP130-2017, develándose así que código es el más beneficioso en su conjunto. Recuérdese que la comparativa es global (suma de todas las penas abstractas) y no individual por cada pena; ii. En caso de que lo anterior no defina cual es la pena más favorable, el juzgador deberá de proceder a la individualización de la pena concreta de conformidad con el VCP-144-83 y paralelamente a la individualización de la pena concreta de conformidad con el BCP130-2017, de cuya comparación se decidirá que codificación es la más beneficiosa; o 2. En segunda instancia y única instancia: la comparativa parte de la confrontación de las penas que en concurso real hayan sido impuestas en la sentencia impugnada en aplicación del VCP144-83, con el marco abstracto de la única pena que de conformidad al NCP-130-2017 deba de imponerse como consecuencia de la aplicación del delito continuado; así entonces: i. Si las penas individualizadas en concurso real tomadas globalmente (la sumatoria de todas las penas), se encuentra dentro del marco abstracto de la pena del delito continuado, no se aplicará retroactivamente el NCP130-2017; ii. Si las penas individualizadas en concurso real están fuera de la escala de la pena abstracta que deba de imponerse en delito continuado según el NCP130-2017, se aplicara la pena que le sea más favorable al procesado. c. Concurso Real Los supuestos en donde la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un Concurso Real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. La ponderación deberá de realizarse conforme al límite único de cumplimiento de pena que establece el artículo 35 del VCP 144-83 versus los limites objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo que prevé el artículo 66 NCP 130-2017, debiendo excluir las penas de delitos que hayan sido despenalizados en la nueva normativa.- Es importante tener presente que ningún límite es preferente a otro y por tanto se aplicará el límite que marque menor pena; así entonces: a. Cuando entre en acción el Límite Objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al VCP144-83 y los límites del concurso real que regula el NCP130-2017, siguiendo los siguientes pasos: i. Si ambas legislaciones determinan un mismo límite de cumplimiento, se aplicará el principio de identidad, es decir el VCP 144-83; y ii. Si las legislaciones definen límites de cumplimiento distinto, se aplicará aquel que le sea más beneficioso al acusado o reo (ello sin perjuicio de lo que se señala en el siguiente literal); y/o b. Para hacer efectivo el Limite Subjetivo, que regula el NCP 130-2017 se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, develando así el límite máximo que puede cumplir el condenado: i.- Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuara a dicho límite de conformidad con lo señalado en el literal anterior; ii.- Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años; implica que el resultado matemático será el límite máximo de cumplimiento, el que deberá de ser objeto de comparación con el limite objetivo de cumplimiento del VCP144-83. 2. Cuando las penas consideradas globalmente no superasen ninguno de los límites a los que se refiere el numeral anterior, el juzgador procederá a realizar la comparación de las penas que corresponda en una y otra legislación: a. En primera instancia la comparación se realizará entre las penas abstractas definidas en cada cuerpo sustantivo; el tribunal sumará todas las penas abstractas que correspondan imponer en concurso real de conformidad con el VCP 144-83 y todas las penas abstractas que prevea el NCP130-2017, las cuales comparará. Si de la comparación no es posible determinar cuál es más beneficiosa para el procesado, el tribunal deberá de proceder a realizar la individualización de las penas de cada delito primero conforme el VCP144-83 y después conforme el NCP130-2017, luego la suma global de dichas penas por cada código será comparada entre sí, determinando cual es el cuerpo normativo más beneficioso (siempre teniendo presente además el resto de las regulaciones normativas). Finalmente, si aun con las penas individualizadas no existe claridad cuál en su conjunto es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara para que éste señale cual le favorece más. b. En segunda y única instancia la comparación se realizará entre la suma de todas las penas concretas impuestas en concurso real en la sentencia impugnada bajo el VCP 144-83 y la suma de todas las penas abstractas que define el NCP 130-2017. De dicho resultado el tribunal resolverá: i. Si las penas concretas en concurso real VCP 144-83 están dentro de la suma del margen abstracto de las penas del NCP 130-2017, no procederá la aplicación retroactiva de este último; ii. Si la suma de las penas concretas VCP 144-83 no se encuentra dentro del marco abstracto de la suma de penas en concurso real del NCP 130-2017, se aplicará el cuerpo normativo que fije comparativamente las penas más leves, sin dejar de tener en consideración el resto de las disposiciones de cada codificación para efectos comparativos; iii. Si el concurso real está compuesto por Penas Conjuntas, en donde algunas de ellas sean más beneficiosas y otras más gravosas respecto a la comparación hecha con el otro cuerpo legal; el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la pena de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Ejemplo de esto último sería un concurso real con pena global de reclusión por 25 años y multa por L. 700,000.00 conforme el VCP 144-83 y por otro lado una pena de prisión de 17 a 20 años y multa de L. 1,000,000.00 a L. 5,000,000.00 conforme el NCP 130-2017, caso en donde la pena privativa de libertad deberá de definir el código penal a aplicar, siempre que además los beneficios penitenciarios que regule ese mismo código fuesen igualmente más favorables. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. d. Concurso Medial El concurso medial constituyó una institución penal por muchos años, reglada por el artículo 36 del VCP 143-83, misma que desaparece en el NCP 130-2017. Por tanto, cuando conforme los hechos imputados en base al VCP144-83 deba de aplicarse un Concurso Medial (Art. 66 en relación con el párrafo séptimo del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. Se realizará la comparación global de la pena que corresponda en concurso medial según el VCP144-83 con las penas que correspondería aplicar en concurso real conforme al NCP130-2017, en consideración a los limites subjetivo, objetivo ordinario y objetivo extraordinario, del que hemos hablado en el apartado anterior; 2. Es improcedente hacer comparación individual de las penas que conforman el concurso medial del VCP144-83 y las penas en concurso real del NCP130-2017; 3. Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, haciendo desaparecer el concurso Medial, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, lo que se aborda en el apartado siguiente. e. Penas Conjuntas No Concursadas Finalmente, cuando corresponda imponer a una persona una Pena No Concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (en su caso) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: 1. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. No procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. No procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. Procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; 2. Si el hecho definido como delito tiene previstas Penas Conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Ejemplo de esto último sería pena de reclusión por 9 años y multa del 10% de lo defraudado equivalente a L. 50,000.00 conforme el VCP 144-83 en comparación con una pena de prisión de 2 a 3 años y multa 400 días multa equivalente de hasta L. 2,000.000.00 por defraudación a las telecomunicaciones, caso en donde la pena privativa de libertad deberá de definir el código penal a aplicar, siempre que además los beneficios penitenciarios que regule ese mismo código fuesen igualmente más favorables; o 3. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal.- En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara a éste para que señale la que más le favorece. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no se presentó por parte de la defensa pública escrito complementario en el que estableciera su parecer sobre la aplicación retroactiva de la nueva normativa penal; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Marlon Alexander Álvarez Amador a la pena de Veinte (20) años de reclusión, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio de Cesar Enrique García, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil y la responsabilidad civil (Art.117 en relación con el artículo 32 del Código Penal 144-83). Conforme las disposiciones del Código Penal contenido en el decreto 130-2017, a la persona responsable del delito de asesinato (Art.193), debe imponérsele una pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta al acusado Marlon Alexander Álvarez Amador, conforme el CP-144-83 al ser de 20 años de reclusión, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para la misma conducta delictiva de 20 a 25 años de prisión. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 360, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Abogada Suyapa Torres, en su condición de defensora pública del señor Marlon Alexander Álvarez Amador, como recurrente número dos. Segundo: Declara Ha LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos, interpuesto por la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea en su condición de fiscal del Ministerio Público, como recurrente número uno. Tercero:Casa la sentencia de fecha veinte de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, reformándose el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia, en los siguientes términos: I) Se debe condenar y se condena al señor Marlon Alexander Álvarez Amador, como responsable a título de autor del delito de Asesinato, en perjuicio de Cesar Enrique García, imponiéndosele una pena principal de Veinte (20) años de Reclusión, a quien se le restará el tiempo en que el ahora condenado haya estado privado de su libertad por esta causa y la que deberá cumplir en el Centro Penal que corresponda. II) Declarar FIRME y EJECUTABLE los pronunciamientos segundo, tercero y cuarto de la parte resolutiva de la sentencia. Cuarto: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017. Y MANDA: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal, y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al Tribunal de Justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimento. Siendo ponente el Magistrado Mario Rolando Díaz Flores. NOTIFIQUESE. - Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrada. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora sala penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada el veintiuno de agosto de dos mil veinticuatro, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-242-2019. RINA KORITZA SANDOVAL NAVASRECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL“La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-242-2019, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintiuno de agosto del año dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Nelson Danilo Mairena Franco, en su calidad de Coordinador, Mario Rolando Diaz Flores y Walter Danilo Miranda Sabio, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-242-2019 por Infracción de Ley y por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veinte de septiembre del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Marlon Alexander Álvarez Amador, como cómplice del delito de Asesinato, en perjuicio de Cesar Enrique García, a la pena de trece años, cuatro meses de reclusión. Segundo: Condenó al señor Marlon Alexander Álvarez Amador a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la pena principal. Tercero: Declaró la responsabilidad civil del señor Marlon Alexander Álvarez Amador, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia. Cuarto: No Procedió la condena del acusado en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. SON PARTES: La recurrente 1 Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y los recurrentes 2 los Abogados Alba Regina Paniagua Pacheco y Arnaldo Alcides García en su condición de Defensores Públicos del señor Marlon Alexander Álvarez Amador, ambos partes participan como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “UNICO: El día jueves quince de mayo del año 2014, siendo aproximadamente las 2:30 de la tarde, el señor CESAR ENRIQUE GARCÍA, se encontraba en el sector 1, calle 8 de la colonia Flor del Campo, cargando unos six pack de refrescos, cuando en ese momento se bajaron de un vehículo tipo taxi seis personas entre ellos una joven de nombre Alejandra y el imputado MARLON ALEXANDER ALVAREZ AMADOR; acercándose Alejandra hacia a donde estaba Cesar, abrazándolo se lo llevó a diez pasos del lugar donde éste se encontraba, momento en el cual dos de las personas que se bajaron del vehículo a los cuales les apodan Calavera y Cabezón portando armas de fuego se ubicaron uno enfrente y otros atrás de Cesas Enrique procediendo a dispararle causándole 7 heridas que impactaron en la humanidad de Cesar, la trayectoria de estas heridas con un trayecto de abajo hacia arriba, lo que indica que fueron rematadas y una herida que el trayecto fue de adelante hacia atrás, así mismo se establece como causa de muerte un hematórax o un acumulo de sangre en la cavidad torácica secundarias debido a laceraciones producidas por proyectil de arma de fuego, produciéndole la muerte de forma inmediata, mientras esto acontecía Marlon Alexander Álvarez, montaba vigilancia para asegurar la ejecución del hecho, y una vez ejecutado el mismo MarIon Alexander y sus acompañantes huyeron en diferentes direcciones.-“ RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente 1 Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley, de la manera siguiente “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. PRIMER MOTIVO: “Aplicación Indebida del artículo 33 en relación con el artículo 117 del Código Penal” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Serviran de sustento al presente motivo, los hechos que el Tribunal de Sentencia tuvo como establecidos con la prueba evacuada legalmente en el juicio y que se transcriben a continuación: “PRIMERO: “El día jueves quince de mayo del año 2014, siendo aproximadamente las 2:30 de la tarde el señor CESAR ENRIQUE GARCIA se encontraba en el sector 1, calle 8 de la colonia Flor del Campo, cargando unos six Pack de refrescos, cuando en ese momento se bajaron de un vehículo tipo taxi seis personas entre ellos una joven de nombre ALEJANDRA y el imputado MARLON ALEXANDER ALVAREZ AMADOR ; acercándose Alejandra hacia donde estaba cesar, abrazándolo se lo llevo a diez pasos del lugar donde este se encontraba, momento en el cual dos de las personas que se bajaron del vehículo a los cuales apodan calavera y cabezón portando armas de fuego se ubicaron uno enfrente y otro atrás de CESAR ENRIQUE procediendo a disparale causándole 7 heridas que impactaron en la humanidad de CESAR, las trayectorias de estas heridas con un trayecto de abajo hacia arriba, lo que indica que fueron rematadas y una herida que el trayecto fue de adelante hacia atrás, así como que se establece como causa de muerte un hemotorax o un acumulo de sangre en la cavidad torácica secundaria debido a laceraciones producidas por proyectil de arma de fuego, provocándole la muerte de forma inmediata, mientras esto acontecía MARLON ALEXANDER ALVAREZ montaba vigilancia para asegurar la ejecución del hecho y una vez ejecutado el mismo MARLON ALEXANDER y sus acompañantes huyeron en diferentes direcciones. En relación a estos hechos probados, los preceptos penales citados como infringidos por Aplicación Indebida textualmente refieren: Artículo 33: “Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan en la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos. Si de las circunstancias particulares del proceso resultare que el acusado de complicidad no quiso cooperar sino en un acto menos grave que el cometido por el autor, la pena será aplicada al cómplice solamente en razóñ del acto que pretendió ejecutar”.Artículo117: “Es reo de asesinato, quien de muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes; 2. Alevosía 2. Con Premeditación conocida 3. 4, La pena por Asesinato será de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión cuando se cometiese mediante pago, recompensa o promesa remuneratoria o se acompañe de robo o violación, la pena será de treinta (30) años a privación de por vida de la libertad. Explica el juzgador en la sección de la motivación jurídica de la sentencia que ahora recurrimos, que en definitiva es donde se desarrolla las razones que tuvo a bien para calificar jurídicamente los hechos que estimó probados, así como el grado de participación del acusado MARLON ALEXANDER GONZALES PALMA-, y es que nuestro reproche recursivo se centra concretamente en esta última ponderación, en donde el A quo decide erróneamente condenar a MARLON ALEXANDER GONZALES PALMA por estimar que su participación fue a título de Cómplice, cuando del contenido del cuadro fáctico claramente se aprecia que la participación del acusado es a título de Autor, pues el mismo Tribunal admite en el párrafo final del hecho probado que:” . . . MARLON ALEXANDER ALVAREZ montaba vigilancia para asegurar la ejecución del hecho y una vez ejecutado el mismo MARLON ALEXANDER y sus acompañantes huyeron en diferentes direcciones. Una vez consumado este acto, por parte del encausado junto con sus acompañantes sale huyendo del lugar de los hechos y posteriormente es detenido por agentes de la policía. En virtud de lo anterior, se reafirma la argumentación del Ministerio Público en el sentido de que el fallo impugnado adolece del vicio in iudicando alegado, puesto que la verdad allegada en el cuadro fáctico notoriamente refleja que el acusado en los hechos que se juzgan a tenido una participación directa, vital y necesaria para que este llegué a consumarse (es decir: participó en todas las etapas del inter crminis), ya que de la prueba evacuada se desprende que éste desde el inicio cuando se bajaron de un vehículo y tomaron los participantes sus roles siendo el del encausado de montar vigilancia para asegurar la ejecución del hecho y una vez ejecutado el mismo MARLON ALEXANDER y sus acompañantes huyeron en diferentes direcciones; de ahí que no solamente su participación se circunscribió a la mera vigilancia pues su participación resulto directa para la consumación del asesinato de CESAR ENRIQUE GARCIA. Pues se logra apreciar que erróneamente lo señaló el Juzgador en la motivación jurídica en el numeral quinto párrafo segundo “que la conducía realizada por MARLON ALEXANDER ALVAREZ AMADOR es de cómplice en vista que ejecuto actos anteriores y simultaneaos . . .” Podemos apreciar que no fue probado que él tuviese una posición secundaria, respecto a la de un hipotético coautor u autor principal tal cual sucede en la complicidad (en donde existe una relación de dependencia entre la conducta del partícipe, respecto a la del autor denominada “accesoriedad”); por el contrario si fue probado, que el condenado tuvo efectivo dominio del hecho, al haber tenido desde antes, durante y después de éste el absoluto control y un rol especifico, por lo que afirmamos que el hecho probado pertenece al sujeto tomando en consideración las particularidades del caso en concreto que lo descartan de una mera complicidad. Para los efectos del articulo 363 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público expresa que la interpretación pretendida del precepto penal relacionado, está orientada a que el procesado MARLON ALEXANDER GONZALES PALMA sea condenado por el delito de ASESINATO CONSUMADO COMO CO- AUTOR, enmendando el vicio por Aplicación indebida de los preceptos legales citados como vulnerados, en que ha incurrido el juzgador de instancia. Por lo antes expuesto, la fiscalía solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera el precepto penal sustantivo que correctamente se adecue a los hechos declarados probados. SEGUNDO MOTIVO: “Falta de Aplicación del artículo 32, en relación con el 117 del Código Penal”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal reconocieron en los hechos que declararon probados, en los que afirman que el acusado MARLON ALEXANDER ALVAREZ montaba vigilancia para asegurar la ejecución del hecho y una vez ejecutado el mismo MARLON ALEXANDER y sus acompañantes huyeron en diferentes direcciones. Por todo lo anterior, si se analiza el contenido del artículo 32 del Código Penal relacionada a los hechos estimados probados del fallo recuirrido, tal como se indicó en el precedente motivo de casación, se determina sin lugar a duda, que el encausado tuvo efectivo dominio del hecho desde antes, durante y después de éste, sustentando absoluto control de todo lo ocurrido, tal como se acreditó con los medios de prueba evacuados y por ello podemos concluir que, los hechos le pertenecen a él sujeto activo, en este caso al acusado MARLON ALEXANDER ALVAREZ. Al haberse analizado todas las particularidades del caso; se evidencia que su participación fue a título de Autor directo, voluntario y material en los hechos por cuanto se ubico de manera contundente en la escena del crimen y ejecuto todos los actos tendientes del el tipo penal de ASESINATO, en vista de haberse probado sin ningún género de dudas que hubo una división de roles funcionales, puesto que varios individuos tuvieron el dominio del hecho, y específicamente el acusado con la intención de afectar los bienes jurídicos protegidos (la vida) del occiso CESAR ENRIQUE GARCIA, asegurándose la ejecución de los hechos, sin riesgo a su persona e intentando huir de la escena del crimen. En ese sentido se debe apreciar la participación del encausado en una coautoría, bajo la teoría del dominio del hecho, que implica que aun cuando los otros procesados hayan ejecutado materialmente la acción, resulta evidente que et-enca-tB-ádo contribuyo de manera directa a la ejecución del mismo pues se aprecia que actuó orientado bajo un plan preconcebido en el que existió una repartición de roles y funciones, por lo que se le debe considerar a MARLON ALEXANDER ALVAREZ como autor de la totalidad de los hechos, con independencia de la aportación que hizo cada uno de ellos. En casos como estos es acertado considerar como coautores, no solo a los que ejecutan la acción en sentido formal, es decir los elementos de tipo del delito en referencia, es decir disparar, sino también, a quienes hacen una aportación esencial en la realización de plan durante la fase ejecutiva, como apoyar a montar vigilancia para asegurar la ejecución del hecho y una vez ejecutado el mismo MARLON ALEXANDER y sus acompañantes huyeron en diferentes direcciones. En conclusión, la incorrecta ponderación jurídica de la participación del condenado, produjo la Falta de Aplicación del artículo 32 en relación al 117 numeral 1 y 2 del Código Penal citados como vulnerados; y es por ello que esa Sala de lo Penal deberá resolver casar la sentencia dictada y ordenar la aplicación del precepto penal supra indicado.” La recurrente 2 Abogada Suyapa Torres, defensora Pública, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, de la manera siguiente “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO UNICO: Infracción de los preceptos Constitucionales contenidos en los artículo 89, 90 en relación con los artículos 1, 2 y 202 del Código Procesal Penal PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal EXPOSICION DEL MOTIVO PRIMERO: Las normas que ha violentado gravemente el Juzgador, son los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República que dicen: Artículo 89. “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. Artículo 90: “Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece….”. Estas normas constitucionales en relación a lo que establecen los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal que dice: Artículo 1. “Juicio Previo: Ninguna personas podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente código y con respeto estricto de los derechos del imputado”. Articulo 2 “Estado de inocencia. Todo imputado será considerado y trátado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente y de conformidad con las normas de este código ”. SEGUNDO: El Tribunal al dictar sentencia condenatoria en contra de MARLON ALEXANDER ALVAREZ AMADOR, por suponerlo responsable de Cómplice de Asesinato, en perjuicio de CESAR ENRIQUE GARCIA, infringe gravemente los fundamentales derechos referidos en el numeral anterior, afectando con ello la presunción de inocencia y al debido proceso que le asisten al imputado por mandato constitucional, porque el ente acusador no obstante estar obligado a demostrar, fuera de toda duda, la imputación en contra de mi representado MARLON ALEXANDER ALVAREZ AMADOR, produjo un mínimo de actividad probatoria.TERCERO: Al analizar en el presente caso la probanza utilizada por los juzgadores para declarar el cuadro factico de la sentencia, los extrajo de la prueba de cargo como ser los testimonios de testigo protegido Al, fue testigo presencial de circunstancias directamente relacionadas con el suceso las que se constituye en prueba directa de la parti¿ipación de mi representado, y el testigo Carlos Paulino lzaguirre fue el agente de investigación que le tomo la declaración al testigo protegido Al, siendo este claro, preciso y concreto al narrar la diligencia realizada por el, verificando el Tribunal concordancia con lo manifestado por el testigo protegido Al; mereciendo credibilidad su relato. Sin embargo, dicho razonamiento lo hace en una clara violación a los derechos individuales de inocencia y al debido proceso ya que además de que la prueba presentada no fue congruente con los hechos acaecidos, al manifestar dicho testigo que mi patrocinado fue detenido ese día de la concurrencia del hecho, cuando se demostró y fIre evidente ante el Tribunal que mi pátrocinado he traído al proceso un año después. Sin obviar que lo narrado por el testigo no guarda relación con lo que se leyó sobre lo declarado por el testigo protegido Al, lo manifestado por el testigo Paulino Izaguirre y lo leído del dicho del testigo protegido Al, no pudo ser corroborado por ninguna otra prueba periférica, es decir una valoración conforme a las reglas del correcto entendimiento humano, que estableciera certeza que el día de los hechos mi patrocinado estuvo en el lugar del hecho participando en la comisión del hecho criminoso. CUARTO: Esta prueba de cargo traída a juicio, resulta insuficiente e incompleta y no certera para inculpar a mi representado de la acusación que se le imputa, pues no aporta nada, únicamente tenemos un solo testigo con identificaciìn reservada y además no comparece al juicio, y no puede ser valorada su declaración porque el principio de inmediación se trunca, y el otro testigo que es policía se constituye en mero testigo de oídas, cuyas deposiciones no pueden ser corroboradas por ninguna prueba periférica que establezcan que sus dichos sean ciertos, por lo que nos encontramos con una prueba endeble que no puede tener valor probatorio en consecuencia en ese sentido únicamente tenernos un solo testigo y así se ha pronunciado en más de un caso la Corte Interamericana y para un ejemplo citamos dos el caso de Norin Catriman y otros Vs. Chile sentencia del 29 de mayo del año 2014 y el caso pollo Rivera y otro Vs. Perú, sentencia del 25de mayo en el año 2017, que dice la Corte cuando haya un testigo protegido entonces debe de haber otra circunstancia, otras medidas que se tomen sencillamente para que esa protección de testigo como defensa podamos tener el derecho de interrogar los testigos según lo establece el artículo 8 numeral 2 inciso f) de la Convención Americana de derechos humanos. O sea que en el juicio penal no basta solamente la obtención de la sentencia condenatoria desde el punto de vista formal, para lograr el quebrantamiento del Estado de inocencia del imputado, sino que durante el proceso deben satisfacerse unas condiciones mínimas de juzgamiento que garanticen que esa sentencia condenatoria está legitimada. Algunas de las manifestaciones del presente principio o sea el Estado de inocencia consiste en: a) Que a la acusación le corresponde, mediante presentación de pruebas, demostrar culpabilidad del imputado, lo que implica que el acusado no está obligado a probar inócencia, b) la obligación en el órgano jurisdiccional de absolver, cuando no se haya probado culpabilidad del imputado, de ello se sigue que se debe absolver en caso de duda, o cuando los hechos no hayan quedado suficientemente probados, y c) Certeza de culpabilidad, que las pruebas del procesó se hayan recibido con las debidas garantías. En el caso subjudice, el razonamiento del sentenciador resulta ilógico e insuficiente, ya que con las medios probatorios aportados por la acusación pública no han aportado la certeza positiva necesaria para declarar la culpabilidad de mi representado, en una clara violación a la presunción de inocencia y al debido proceso. Es por ello que debe analizarse si la afectación al derecho de defensa del imputado deriva de la medida de utilización de “reserva de identidad del testigo”, estuvo suficientemente contrarrestada por medidas de contrapeso, q jle incluso cuando se hayan adoptado medidas de contrapeso que parecen suficientes la condena no puede estar fundada únicamente en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada , lo cual dependerá de la sentencia de otro tipo de prueba que corrobore aquella, de tal forma q Ire a mayor prueba corroborativa , menor será el grado decisivo que el fallador otorga al testimonio de identidad reservada.QUINTO: Por lo anteriormente relacionado el vicio que denunciamos se produce porque los hechos referidos en la sentencia de merito no está respaldada esa prueba anticipada incorporada por lectura, es evidente que se violenta el derecho de defensa y con ello su estado de inocencia. La aplicación directa e inmediata de la presunción de inocencia lo regulan los artículos 26 párrafo primero de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 8 de la Convención Americana sobre m Derechos Humanos, 89 de la Constitución de la República de Honduras y 2 del Código Procesal Penal, tiene como efecto en primer lugar el desplazamiento de la carga probatoria sobre la acusación por ende, es la parte acusadora quien ha de acreditar en el juicio oral los hechos constitutivos que conforman el tipo penal, sin la prueba de tales hechos no cabe imponer sentencia condenatoria en contra de mi representado Marlos Alexander Álvarez Amador. Lo procedente en este caso es que la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, declare con lugar el presente motivo y dicte una nueva sentencia, mediante la cual absuelva de toda responsabilidad a nuestro representado, por existir evidentemente un vacio probatorio que imposibilita sustentar una declaración de culpa.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurrente 1 Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por el Ministerio Público. Primer Motivo. • Norma autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. • Norma que se denuncia infringida: Artículo 33 en relación con el artículo 117 del Código Penal. • Concepto de la infracción: Aplicación indebida del artículo 33 en relación con el artículo 117 del Código Penal. • Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por la pretensora. • Pretensión: Que se case la sentencia y se profiera el precepto penal sustantivo correcto. Establece la recurrente que el Juzgador en el fallo impugnado adolece del vicio in iudicando alegado, puesto que la verdad allegada en el cuadro fáctico notoriamente refleja que el acusado en los hechos que se juzgan ha tenido una participación directa, vital y necesaria para que este llegue a consumarse, ya que tuvo efectivo dominio del hecho, al haber tenido desde antes, durante y después el absoluto control del hecho, por lo que el señor Marlon Alexander Gonzales Palma sea condenado por el delito de Asesinato Consumado como Co-Autor. Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por el Ministerio Público. Segundo Motivo. • Norma autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. • Norma que se denuncia infringida: Artículo 32 en relación con el artículo 117 del Código Penal. • Concepto de la infracción: Falta de aplicación del artículo 33 en relación con el artículo 117 del Código Penal. • Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por la pretensora. • Pretensión: Que se case la sentencia y se profiera el precepto penal sustantivo correcto. Establece la recurrente que la participación del señor Marlon Alexander Álvarez es de coautor, bajo la teoría de dominio del hecho, que implica que aun cuando los otros procesados hayan ejecutado materialmente la acción, resulta evidente que el encausado contribuyo de manera directa a la ejecución del mismo pues se parecía que actuó bajo un plan preconcebido en el que existió una repartición de roles y funciones. De la Coautoría Para dar respuesta al Censor es importante señalar los grados de intervención en el delito que señala nuestro Código Penal, en especial la coautoría, siguiendo la doctrina legal sentada por este Tribunal de Justicia en las sentencias: de fecha 12/12/ 2016 del Exp 402-2013, de fecha12/12/2016 del Exp 513-2014, de fecha 12/01/2016 del Exp 025-2013, de fecha 22/09/ 2015 del Expediente 229-2014, de fecha 19/05/2015 del Exp 365-2012, de fecha 10/02/2015 del Exp 235-2012, entre otros. Fernando Velásquez Velásquez (Velásquez Velásquez, Fernando, en Derecho Penal Parte General de Editorial Temis S.A., Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1997. Pág. 614) explica que el Concurso de Personas en el Hecho Punible estudia el grado de intervención en el delito, bajo la diferenciación de la autoría y participación; En la autoría se estudia la autoría inmediata o material, autoría mediata, la coautoría y la coautoría sucesiva; En cambio en el tema de los Participes se estudia al Cómplice, al Cómplice Necesario y al inductor.- Ahora bien el legislador hondureño regula la intervención en el delito de manera diferente al trato que le da la doctrina, estableciendo en el Código Penal que son participantes del delito los autores y los cómplices: 1. Se consideran autores, según indica el artículo 32 del Código Penal: El Autor Inmediato o Material, la Co Autoría, Autoría Sucesiva, la Autoría Mediata por Fuerza en el Instrumento (No incluye la autoría mediata por error del Instrumento), el Inductor y el Cómplice Necesario y; 2. Son Cómplices, conforme el artículo 33 del Código Penal del mismo cuerpo legal, los que, no siendo autores, cooperan en la ejecución del hecho delictivo por un acto anterior a éste o simultaneo con éste; De esta manera el legislador penal de manera muy propia redacta el artículo 32 del Código Penal al advertir que se consideran autores los enumerados en la norma, ya que, en estricto apego a la ciencia penal, el inductor y el cómplice necesario no son autores sino participes. Son muchas las teorías que explican y desarrollan lo relativo al concurso de personas en el hecho punible, entre estas esta la Teoría Objetivo-Subjetiva o Mixta, basada en el dominio del hecho como elemento diferenciador entre el autor y los partícipes, Esta teoría fue propuesta por Welzel, y “… está profundamente vinculada al concepto ontológico (finalista) de la acción (idea del dominio final del acto) y al concepto personal de lo injusto para la acción dolosa...” (Sent. Sala de lo Penal del Exp 349-09 del 17/01/13).- Esta Teoría ha sido la que ha acogido esta Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, por ser la que más se ajusta a la normativa penal sustantiva vigente, (Ver Sent. de la Sala de lo Penal en Exp 376-09 del 11/04/2011, en 057-2010 del 11/04/2012, en Exp 349-09 del 17/01/2013, entre otras). Siguiendo la Teoría Objetivo-Subjetiva, es autor aquel que tiene dominio del hecho, es decir aquella persona que tiene el poder de decidir el cuándo, dónde y cómo del hecho, la persona que desencadena el curso causal del delito y que lo puede detener en cualquier momento. El hecho objeto de dominio estará definido por el legislador en la construcción de los tipos penales como delito (Teoría Formal Objetiva), del que la persona quiere hacer suyo (Teoría Subjetiva), convirtiéndolo en autor. Cuando son varios los ejecutores, tendrán la calidad de autores quienes compartan ese poder o potestad, aun cuando no lo sea en la misma medida o en los mismos tiempos, así podemos diferenciar las clases de dominio (Eugenio Raúl Zaffaroni (2000). Derecho Penal Parte General. Buenos Aires: Sociedad Anonima Editora, pag 742): 1. Dominio de la acción: que es la que posee la persona cuando realiza directamente la acción constitutiva de delito, conocido como autoría directa o material; 2. Dominio funcional: cuando varias personas poseen el dominio a causa de una división ejecutiva del hecho, así por ejemplo la coautoría; 3. Dominio de la Voluntad: se presenta cuando una persona tiene dominio sobre la voluntad de otra, como ocurre en la autoría mediata o la inducción. En el caso particular de la Coautoría se presenta cuando dos o más personas, en base a un acuerdo común, llevan a cabo un hecho de manera mancomunada, mediante una distribución objetiva de funciones para su realización, de modo que existe un co-dominio, en donde cada coautor domina todo el suceso en unión a los otros coautores. En la coautoría todos son autores, por consiguiente, cada uno de los que realicen el delito deberá de tener las características típicas exigidas para ser autor del delito y así responder por las acciones ejecutadas en conjunto y las ejecutadas por los demás que formen parte del acuerdo común. Existen dos tipos de coautoría: coautoría por co-dominio material del hecho y la coautoría por co-dominio funcional del hecho o división de tareas: Coautoría por co-dominio material del hecho, que se presenta cuando cada uno de los coautores realiza de manera completa la acción en una ejecución conjunta del hecho para asegurar el resultado; Ejemplo: Varias personas disparan a la vez en contra de una misma persona, quien muere por un disparo; y 2. Coautoría por Co-dominio Funcional del Hecho o división Tareas, en donde existe una división funcional de roles entre los coautores, cada uno de ellos realizando tareas distintas, pero que en suma tiene como objetivo la ejecución del delito, debiendo responder cada uno de ellos por las acciones individuales que constituyan delito, que sean parte del acuerdo previo y por el resultado final de la ejecución del hecho, lo que recibe el nombre de Teoría de la Imputación Reciproca. (En Sent. Sala de lo Penal del Exp 069-2009 de fecha 10/06/2010). Son Requisitos para que se presente la coautoría el acuerdo común y la aportación de un hecho objetivo en la fase de ejecución del delito: 1. Acuerdo Común (Pactum Sceleris): Es la reunión de Voluntades en un dolo común en donde cada coautor se compromete con los demás de realizar una tarea en la realización del hecho, es pues el acuerdo común es el nexo subjetivo que les une; El acuerdo puede ser expreso o tácito: a. El acuerdo es expreso cuando los coautores externan su aprobación en participar en el hecho delictivo, siendo aceptado por el resto; y b. El acuerdo es tácito cuando, sin haber acuerdo expreso previo, el coautor colabora con la ejecución de una tarea en la realización del acto delictivo, siendo aceptada y aprovechada dicha colaboración por el resto de los coautores para alcanzar la empresa delictiva. 2. Aporte Objetivo: En los casos de co-dominio funcional del hecho el Coautor debe de aportar una contribución objetiva a la empresa delictiva, de tal manera que sea producto de la división del trabajo entre todos los intervinientes, dando vida a un plan general, por ello no se requiere que cada coautor realice totalmente la acción típica, pues las contribuciones concretadas por cada uno pueden imputarse a todos en virtud del acuerdo suscrito. Esta aportación objetiva individual se considera hecha de manera total o completa cuando se trata de un co-dominio material del hecho, donde todos los coautores realizan la totalidad de la acción delictiva para asegurar el resultado; y 3. Aportación en la Fase de Ejecución: La aportación del Coautor deberá de realizarse en el momento o en los momentos de la ejecución del iter criminis, es decir al momento de la realización del tipo penal. Los coautores deben de sujetarse a las conductas que abarquen el acuerdo, que es el vínculo que uno las acciones u omisiones individuales, de modo que en caso de que uno de ellos realice alguna acción típica fuera de dicho acuerdo, responderá como su autor directo sin que se extienda dicho reproche a los otros; Entonces cualquier acción individual de alguno de los coautores que no haya sido acordada como parte del cronograma delictivo o al menos no se haya sido representada su realización como posible (Art. 13 del CP: dolo eventual), solo le será imputable a la persona que la ejecuto sin que se pueda comunicar ésta responsabilidad a los demás coautores; La responsabilidad de cada autor se limita al hecho acordado y a los hechos representados como posibles y/o asumidos como necesarios, los excesos cometidos por alguno de ellos de motu proprio fuera del plan pre concebido solo serán imputables individualmente a quien los cometió. COMPLICIDAD Don Manuel Estrella Ruiz, el Jurista Español, considera que: “Consiste la COMPLICIDAD en la ayuda o auxilio al hecho de otro, anterior o simultánea, pero útil para la ejecución del plan del autor, contando como límites que no puede llegar al punto de incluir el acto ejecutivo “típico” pues tal caso constituiría un supuesto de co-ejecución. Y en segundo término que la aportación ha de ser de alguna utilidad para el plan del autor, pues si es irrelevante no puede tenerse como auxilio a la ejecución. El Art. 33 del Código hondureño considera cómplices a los que no hallándose comprendidos en el Artículo anterior, cooperen a la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos. Si de las circunstancias particulares del proceso resultare que el acusado de complicidad no quiso cooperar sino en un acto menos grave que el cometido por el autor, la pena será aplicada al cómplice solamente al acto que pretendió ejecutar.- Dentro de la COMPLICIDAD hemos de distinguir entre la complicidad necesaria del artículo 32 in fine que al igual que el legislador español identifica con el autor a efectos de pena y de allí la trascendencia entre la distinción entre la cooperación o complicidad simple y la necesaria.- Teorías para la diferenciación son varias. Para los defensores de la necesidad relativa, ésta se contempla en concreto, para la teoría de la necesidad abstracta, se valora en abstracto. El Tribunal Supremo español viene a acogerse a la tesis de la escasez o imprescindibilidad, señalando que la distinción entre el cómplice y el cooperador necesario radica en la necesariedad o no de la cooperación, conjugando diversos criterios, tales como la teoría de la condición sine qua non, la del dominio del hecho o la del carácter de las aportaciones necesarias para el resultado, tomando en cuenta el criterio de la escasez de medios, es decir, será cooperador necesario aquel que contribuya al hecho con una actividad difícil de conseguir, esto es escasa.- Creo con Muñoz Conde que la excepcional aportación del cómplice debe conjugarse con el dominio del hecho, rechazándose la cooperación necesaria en ausencia de cualquiera de dichos factores, debiendo además ser restrictivos en la materia habida cuenta de la trascendencia de la equiparación punitiva con el autor”. Por su parte, Francisco Muñoz Conde, reconocido penalista español, considera que: ” En común a todas las formas de participación tiene la COMPLICIDAD, que se trata de una contribución a la realización del delito con actos anteriores o simultáneos a la misma, que no pueden, en ningún caso, se considerados como de autoría. Lo que la distingue de las demás formas de participación, es su menor entidad material, de tal forma que la calificación de complicidad hace que la cooperación se castigue automáticamente con una pena inferior en grado a la que merezcan los autores del delito. De la forma en que está redactado el art. 29 se deduce que solo cabe calificar de complicidad los comportamientos de cooperación no necesaria, representado, por tanto, el grado inferior del comportamiento de cooperación necesaria constitutivos de autoría o asimiladas a ella…El problema consiste en saber cuándo una determinada contribución puede estimarse como necesaria. Con una consideración concreta probablemente toda contribución sería considerada como necesaria, pero tampoco se puede utilizar un criterio abstracto, porque desligado del caso concreto nunca puede saberse cuando una contribución es o no necesaria para el mismo…El fundamento de la atenuación de la pena para el cómplice debe ser, por tanto, una menor necesidad de la pena, ya que solo favorece o facilita la realización del hecho”. Esta Sala de lo Penal observa que los dos motivos de Casación por Infracción de Ley que ha interpuesto el recurrente número uno, están íntimamente relacionados, pues se refieren a supuestas violaciones de normas penales en relación a los hechos probados, teniendo un mismo fundamento legal, por lo que, para guardar la logicidad y coherencia de la sentencia penal se resolverán ambos motivos en un mismo apartado. De la Procedencia del Recurso de Casación por Infracción de ley. Primer y Segundo Motivo. El recurso es de recibo. El Recurso de Casación es atendible en sus dos motivos, a los que se da respuesta en un solo pronunciamiento, al estar relacionados. El Código Penal, según decreto 144-83 en sus artículos 32 y 33, define quienes son autores y cómplices: “Artículo 32: Se consideran autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado…”. “Artículo 33: Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan en la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos…”. Establece la recurrente en su recurso casacional, que al señor Marlon Alexander Álvarez se le debió condenar como Co-Autor del delito de asesinato y no como cómplice, ya que su participación fue a título de autor directo, voluntario y material en ellos hechos por cuanto se ubicó de manera contundente en la escena del crimen y ejecuto todos los actos tendientes al tipo penal de asesinato, ya que hubo una división de roles funcionales y de tener el dominio del hecho de la acción. Los hechos probados de la sentencia narran: El día jueves quince de mayo del año 2014, siendo aproximadamente las 2:30 de la tarde, el señor CESAR ENRIQUE GARCÍA, se encontraba en el sector 1, calle 8 de la colonia Flor del Campo, cargando unos six pack de refrescos, cuando en ese momento se bajaron de un vehículo tipo taxi seis personas entre ellos una joven de nombre Alejandra y el imputado MARLON ALEXANDER ALVAREZ AMADOR; acercándose Alejandra hacia a donde estaba Cesar, abrazándolo se lo llevó a diez pasos del lugar donde éste se encontraba, momento en el cual dos de las personas que se bajaron del vehículo a los cuales les apodan Calavera y Cabezón portando armas de fuego se ubicaron uno enfrente y otros atrás de Cesas Enrique procediendo a dispararle causándole 7 heridas que impactaron en la humanidad de Cesar, la trayectoria de estas heridas con un trayecto de abajo hacia arriba, lo que indica que fueron rematadas y una herida que el trayecto fue de adelante hacia atrás, así mismo se establece como causa de muerte un hematórax o un acumulo de sangre en la cavidad torácica secundarias debido a laceraciones producidas por proyectil de arma de fuego, produciéndole la muerte de forma inmediata, mientras esto acontecía Marlon Alexander Álvarez, montaba vigilancia para asegurar la ejecución del hecho, y una vez ejecutado el mismo MarIon Alexander y sus acompañantes huyeron en diferentes direcciones.-“ Los hechos probados permiten sin dificultad determinar que el acusado Marlon Alexander Álvarez Amador y otras (5 personas más), actuaron de manera conjunta, siguiendo un plan previamente establecido, “…cuando se bajaron de un vehículo tipo taxi seis personas entre ellos una joven de nombre Alejandra y el imputado Marlon Alexander Álvarez Amador; acercándose Alejandra hacia donde esta Cesar, abrazándolo se lo llevo a diez pasos del lugar donde éste se encontraba, momento en el cual dos de las personas que se bajaron del vehículo a los cuales se le apodan Calavera y Cabezón portando armas de fuego se ubicaron uno enfrente y otro atrás de Cesar Enrique procediendo a dispararle causándole 7 heridas, produciéndole la muerte de forma inmediata, mientras esto acontecía Marlon Alexander Álvarez, montaba vigilancia para asegurar el hecho, y una vez ejecutado el mismo Marlon Alexander y sus acompañantes huyeron en diferentes direcciones”, el hecho de que el acusado Marlon Alexander Álvarez no haya ejecutado los disparos, es decir no ha ejecutado materialmente la acción, resulta que realiza una aportación esencial para la ejecución del plan en la fase ejecutiva como lo es la de montar vigilancia, resulta evidente que contribuyo de manera directa a la ejecución del mismo pues actuó orientado bajo un plan preconcebido en el que existió una repartición de roles y funciones, puesto que tuvieron el dominio del hecho con la intención de afectar los bienes jurídicos protegidos como la vida del perjudicado cesar Enrique García. Declara esta Sala de lo Penal que el hecho declarado probado se ajusta de manera perfecta al ámbito situacional del supuesto que describe del tipo penal de Asesinato que hemos estudiado Ut Supra, en su versión de participación a título de Coautor, por lo que la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia contiene el vicio In Iudicando alegado. En razón de lo anterior, La Sala de lo Penal, aprecia que los hechos declarados probados, en cuanto al acusado Marlon Alexander Álvarez Amador son subsumible dentro del tipo penal de Asesinato en su grado de participación de Co-Autor, por lo que se declara ha lugar los dos motivos de Infracción de ley, interpuesto por el Ministerio Público. Al haber prosperado los dos motivos del Recurso de Casación por Infracción de Ley Interpuesto por el Ministerio Público; como consecuencia ello procede a Condenar al acusado Marlon Alexander Álvarez Amador como autor responsable del delito de Asesinato conforme al artículo 117 del Código Penal (decreto 144-83) en perjuicio de Cesar Enrique García , correspondiendo imponerle una pena de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión, No identificando este Tribunal de Casación circunstancias agravantes ni atenuantes que perfilen una prognosis criminal negativa, por lo que el acusado debe ser condenado a la pena de Veinte (20) años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil, trabajo penitenciario y la responsabilidad civil y exoneración de costas procesales por el delito por el cual ha sido condenado. Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional. En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “La jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: 1. Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 2. Aplicación Restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 3. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el recurrente debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. RECURRENTE 2 Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la Defensa Pública. Único Motivo. • Norma autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. •Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículos 89 y 90 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1,2 y 202 del Código Procesal Penal. • Concepto de la infracción: Violación al estado de inocencia y al debido proceso. • Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor. • Pretensión: Que se dicte una sentencia absolutoria. Establece la recurrente que el sentenciador al dictar sentencia condenatoria en contra de su representado como responsable de Cómplice de Asesinato infringe gravemente los fundamentales derechos referidos, afectando la presunción de inocencia y el debido proceso que le asiste al imputado por mandato constitucional, ya que la prueba de cargo traída a juicio resulto ser insuficiente e incompleta, pues la misma a su criterio no aporta nada al proceso. Del Estado de Inocencia. El derecho al Estado de Inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89, establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, este derecho-principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, condicionando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías. De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al Estado de Inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado. El Estado de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. El Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con el Debido Proceso Probatorio: El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad. Para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin duda establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. Mediante el fallo de fecha catorce de mayo del 2007, en el Expediente 312-2006, esta Sala de lo Penal ha declarado que el Estado de Inocencia es “… es un estado inherente a la persona humana …”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP) y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general, corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.” (Fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de mayo del 2011, en el Exp 304-2010). En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que, aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá examinar: a) Licitud de la Prueba: si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos, b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación del acusado en el hecho y su grado de culpabilidad en ellos. (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp 042-2009 de la Sala de lo Penal). Del Debido Proceso Legal La Garantía del Debido Proceso se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el Debido Proceso Legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. - Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El Principio del Debido Proceso Legal, más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez, además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, es así que los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i. A una justicia gratuita; ii. Respeto al principio de presunción de inocencia; iii. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; iv. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; v.- A un juez predeterminado por la ley; vi. A la imparcialidad del juez; vii. A la independencia del juez; viii. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; ix. A la igualdad de armas procesales; x. A un proceso público sin dilaciones indebidas; xi. Derecho a ser oído en un plazo razonable; xii. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; xiii. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xiv. El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; en fin, el derecho a un Debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El Debido Proceso Legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la Procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su Único Motivo. El recurso no es de recibo. Previamente debemos recordar que el derecho al estado de inocencia se configura como una regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válido, lo que implica que debe existir una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de la misma se infiera razonablemente los hechos y la participación del acusado en ellos. De modo que, se vulnerará el estado material de inocencia, cuando no haya prueba de cargo válida, es decir, cuando el juzgador haya valorado una actividad probatoria lesiva de derechos fundamentales o lesiva de garantías, o cuando el resultado de dicha valoración no sea debidamente motivado, o cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el discurso que conduce de la prueba al hecho probado de la sentencia. También ha sido criterio consolidado de esta Sala de lo Penal (sentencia de la Sala de lo Penal de fecha ocho de noviembre de dos mil doce, recaída en el expediente SP 142-2011), que a través de un recurso como el planteado, no le corresponde a este órgano judicial alcanzar su personal convicción a partir de unas pruebas que no presenció y realizar una valoración probatoria alternativa o sustitutiva de la que ha efectuado el juzgador de instancia, pues esta facultad le es exclusiva según nuestra norma procesal (artículos 336 y 338 regla 4ta. párrafo segundo del Código Procesal Penal). En todo caso, la función de este Tribunal de Casación consiste en hacer un control externo de la racionalidad de las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de Sentencia, verificar que las mismas no sean arbitrarias, ilógicas e irrazonables, y que, en todo caso, el A Quo ha actuado con una convicción razonable y respetuosa de las reglas de la sana crítica; así como a constatar la suficiencia probatoria para acreditar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal imputado. Sucede, en el caso actual, que la Censora que el sentenciador al dictar sentencia condenatoria en contra de su representado como responsable de Cómplice de Asesinato infringe gravemente los fundamentales derechos referidos, afectando la presunción de inocencia y el debido proceso que le asiste al imputado por mandato constitucional, ya que la prueba de cargo traída a juicio resulto ser insuficiente e incompleta, pues la misma a su criterio no aporta nada al proceso. Así pues, esta Sala de lo Penal al hacer un recuento de la actividad probatoria, se desprende que el ente acusador propuso como prueba de cargo, las siguientes: DECLARACION TESTIFICAL: 1) Declaración Testigo Protegido A1, como lectura autorizada y rendida baja las formalidades de prueba anticipada; 2) Declaración del agente de investigación Carlos Paulino Izaguirre; PRUEBA DOCUMENTAL: 1) Acta de levantamiento de cadáver y recolección de indicios N°781-2014, con su álbum fotográfico; PRUEBA PERICIAL: 1) Dictamen de autopsia N° AT-848-201. Como prueba de descargo: DECLARACION TESTIFICAL: 1) Dilcia Jaqueline Álvarez. Contrario a lo que expone la recurrente en su recurso, los anteriores medios de prueba resultaron razonablemente suficientes para acreditar la participación a título de Cómplice por el delito de asesinato de Marlon Alexander Álvarez Amador en perjuicio de Cesar Enrique García. Se incorporó mediante lectura autorizada y bajo las formalidades de prueba anticipada la declaración testifical del Testigo protegido A1, el que fue testigo presencial y en la cual aporto información relevante sobre la dinámica de los hechos y la participación de Marlon Alexander Álvarez Amador, estableciendo la agresión de que fue víctima Cesar Enrique García, el 15 de mayo del año 2014, siendo las 02:30 de la tarde, en la colonia Flor del Campo, en la que Cesar Enrique junto con su compañera de hogar (Jenny) se encontraba halando unos six pac de refrescos, cuando de un carro tipo taxi se bajaron seis personas, entre ellos Marlon Alexander Álvarez Amador , y que Alejandra alías camuflaje agarro del brazo a Cesar y se lo llevo donde se encuentra un palo de eucalipto, lugar en donde Calavera y Cabezón procedieron a impactarle varios disparos, Cabezón por enfrente y Calavera por detrás, mientras que Marlon Alexander Álvarez junto con las otras personas se quedaron vigilando que nadie se acerca al lugar y así poder quitarle la vida a Cesar García. Estableciendo la identificación del imputado que era conocido en el barrio como Marlon Alexander Álvarez Amador y que este pertenecía a la pandilla 18, ya que lo conoce desde niño; entre tanto, el testigo referencial del hecho, el agente de investigación Carlos Paulino Izaguirre, quién estableció que la única diligencia que realizó fue tomar la declaración a la testigo protegido, quien le manifestó que ella los conoce bien a todos y que a Cesar tenía como 7 años de haberlo conocido, que él supo quién era cada uno de las personas por los nombres que le manifestó la testigo protegido en su declaración; que según las investigaciones Marlon Álvarez, se quedo como bandera, y una vez que mataron a Cesar, Alejandra corrió cerca de la casa de ella que vive como a 6 casas del lugar de los hechos, y los demás se van por unas gradas, ellos salieron y en la terminal estaba una patrulla, en la patrulla se escucharon unos disparos, pero al único que pudieron agarrar solo fue a Marlon Álvarez; Con el Acta de Levantamiento de cadáver y Recolección de Indicios 781-2014, con su respectivo álbum fotográfico, en la que se establece el lugar, la fecha y hora del levantamientos, la descripción del lugar, el clima, iluminación, así como se encontró el cuerpo, tomándose la respectiva fotografía de distintos ángulos, descripción de la víctima, vestimenta, describiendo en el mismo que el cuerpo presentaba siete heridas: 2 orificios circulares irregulares en el lado derecho de la cara, 2 orificios circulares regulares en el lado izquierdo de la cara, 1 orificio en codo izquierdo, 1 orificio circular irregular en cara lateral de brazo izquierdo y 1 orificio circular regular en cuadrante inferior izquierdo de abdomen; Con la prueba pericial consistente en el Dictamen de Autopsia N° 848-2014, estableciendo como causa de muerte: Hemotórax (acumulo de sangre en cavidad torácica) secundario a laceración pulmonar, debido a herida de proyectil de arma de fuego. Lesiones encontradas: siete (7) heridas por proyectil compuesto por arma de fuego. Con estos medios de prueba anteriormente descritos el sentenciador constituyen en su conjunto, elementos de cargo suficientes e idóneos para establecer inequívocamente la ejecución por parte del imputado de la conducta típica regulada en el artículo 117 en relación con el artículo 33 del Código Penal en perjuicio del señor Cesar Enrique García. Para este Sala de lo Penal existe suficiente prueba con la cual el sentenciador respalda su posición de condena para el imputado Marlon Alexander Álvarez Amador, cuya Sentencia se ha apoyado en su relato fáctico con los medios de prueba anteriormente descritos; pruebas relativas en la que se demuestran la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. También es posible verificar que toda la prueba fue obtenida respetando las garantías procesales contenidas en nuestra Constitución de la Republica y en los instrumentos internacionales de los que nuestro país es parte; además los medios probatorios fueron presentados y evacuados mediante los procedimientos que establece nuestra ley procesal, misma que fue sometida al contradictorio por las partes y fue capaz de enervar el estado de inocencia que poseía el señor Marlon Alexander Álvarez Amador; en ese sentido no es cierta la posición de los recurrente al considerar que se han violentado dichas garantías constitucionales, sino que la misma fue sometida ante la contundencia y abundancia probatoria, todo lo cual quedó debidamente expuesto por el A-quo en su sentencia la cual está debidamente razonada expresando los argumentos de hecho y de derecho para el dictado de una sentencia condenatoria, motivos suficientes para desestimar el presente recurso de casación. DECISIÓN Ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos, interpuesto por la Recurrente número 1. No ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la recurrente número 2. Reglas Generales de Ponderación de la norma más favorable que define el NCP decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). Por tanto, la ponderación tendrá una variante a depender de la instancia en que se haga: 1. En la primera instancia, al momento del juzgamiento por el tribunal, la ponderación de los cuerpos normativos parte de la comparación de las penas abstractas, pero sin dejar de tener en consideración la total de los cuerpos normativos como un todo; o 2. En la segunda o única instancia, al resolverse un recurso devolutivo interpuesto en contra de sentencia definitiva la ponderación se realizará entre la pena concreta impuesta y la pena abstracta que corresponda para el mismo hecho e igualmente reparando respecto a la totalidad de los cuerpos normativos. En ambos casos el proceso de ponderación se realiza siguiendo las reglas que se señalan en este apartado. Es importante insistir que la ponderación de la norma más favorable deberá de realizarse al momento del juzgamiento en primera instancia, en segunda instancia o en única instancia; por ello no es procedente aplicación retroactiva en estadios previos del proceso, como ser la audiencia de declaración de imputado, la audiencia inicial, la audiencia preliminar o en la etapa de saneamiento de la etapa de juicio. El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017; a tal consideración se le suma las siguientes: 1. Penas Conjuntas: No procede la ponderación parcial de penas principales; la ponderación deberá de realizarse tomando en consideración todas las penas conjuntas impuestas por los mismos hechos (Art. 617 NCP). 2. Penas privativas de Libertad: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena privativa de la libertad (reclusión) con todas sus circunstancias, impuesta de conformidad con el VCP 144-83, fuese también imponible con arreglo al NCP 130-2017 (Art. 616). Ello ocurre cuando la pena concreta impuesta se encuentre dentro marco abstracto de la pena que para el mismo hecho se deba de imponer de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 621). 2. Pena de Multa: No se realizara aplicación retroactiva del NCP cuando la pena impuesta de conformidad con el VCP 144-83, sea la de multa y la que corresponda imponer conforme al NCP 130-2017, igualmente sea una pena de multa.- La aplicación retroactiva se realizara excepcionalmente cuando: a.- No se hubiese hecho abono alguno de la pena de multa impuesta de conformidad al VCP 144-83; y b.- la concreta cuantía impuesta conforme al VCP 144-83 no fuese posible imponer de acuerdo con el NCP 130-2017 desde una perspectiva abstracta (Art. 619). 3. Penas privativas de Derechos: Las penas principales de inhabilitación absoluta y especial se compararán atendiendo a la duración de la pena concreta impuesta en la sentencia y la máxima que pueda imponerse de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 620). 4. Medidas de Seguridad: Respecto a las medidas de ejecución impuestas de acuerdo con el VCP 144-83 que estén pendientes de ejecución o que estén siendo ejecutadas, deberán de ser objeto de revisión y adecuación de conformidad con las normas que regulan las mismas en el NCP 130-2017; (Art. 625). Reglas de Particulares de Ponderación por Concurso de Delitos y Por ausencia de Éste A nivel de punibilidad se regulan los concursos de delitos; ante la colisión temporal de normas sustantivas el juzgador llamado a resolver la acción penal interpuesta en base al rigor del VCP 144-83, deberá de establecer si existe o no concurso de delitos, identificar cual es el que concurre y luego hacer el cálculo de pena abstracta de conformidad a dicho concurso; seguidamente el juzgador deberá de hacer la ponderación de la pena más beneficiosa determinando si conforme a lo probado igualmente se aprecia un concurso según las normas del NCP130-2017, y de ser así deberá de proceder a calcular la pena abstracta, siendo el tercer y último paso la comparación de penas que deban de ser impuestas según cada código penal, reflejándose así cuál de ellos es el que debe de ser aplicado por ser más beneficioso para el procesado o reo. Lo descrito es un proceso general que tiene sus matices a depender cada uno de los concursos, lo que obliga hacer un estudio individualizado: A. Concurso Ideal Cuando conforme a los hechos imputados se deba de aplicar un Concurso Ideal (Art. 67 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al concurso ideal según las reglas del VCP144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del concurso ideal del NCP130-2017.- Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el concurso ideal; 2. Cuando una de las penas concursadas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del VCP144-83 y luego hacer la comparación global con el NCP130-2017; comparación que debe de hacerse según se explicó en el numeral anterior; o 3. Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, que se explican más adelante. Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real: i.- Limite Subjetivo, ii.- Limite Objetivo Ordinario y iii.- Limite Objetivo Extraordinario, explicado igualmente líneas adelante. b. Delito Continuado En el caso de que la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un delito continuado la ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (Art. 617 NCP). Al apreciarse un concurso continuado (Art. 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las mismas reglas señaladas previamente para el delito continuado. En los supuestos en donde conforme el VCP 144-83, corresponda aplicar un concurso real pero conforme el NCP 130-2017 se deba de aplicar un delito continuado, el juzgador deberá de proceder de la siguiente manera: 1. En primera instancia: i. Primero se procederá a realizar el cálculo abstracto de las penas conforme el VCP144-83, las que serán tomadas globalmente, para luego comparar el mismo con el marco abstracto de la pena que corresponda en aplicación del delito continuado según el NCP130-2017, develándose así que código es el más beneficioso en su conjunto. Recuérdese que la comparativa es global (suma de todas las penas abstractas) y no individual por cada pena; ii. En caso de que lo anterior no defina cual es la pena más favorable, el juzgador deberá de proceder a la individualización de la pena concreta de conformidad con el VCP-144-83 y paralelamente a la individualización de la pena concreta de conformidad con el BCP130-2017, de cuya comparación se decidirá que codificación es la más beneficiosa; o 2. En segunda instancia y única instancia: la comparativa parte de la confrontación de las penas que en concurso real hayan sido impuestas en la sentencia impugnada en aplicación del VCP144-83, con el marco abstracto de la única pena que de conformidad al NCP-130-2017 deba de imponerse como consecuencia de la aplicación del delito continuado; así entonces: i. Si las penas individualizadas en concurso real tomadas globalmente (la sumatoria de todas las penas), se encuentra dentro del marco abstracto de la pena del delito continuado, no se aplicará retroactivamente el NCP130-2017; ii. Si las penas individualizadas en concurso real están fuera de la escala de la pena abstracta que deba de imponerse en delito continuado según el NCP130-2017, se aplicara la pena que le sea más favorable al procesado. c. Concurso Real Los supuestos en donde la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un Concurso Real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. La ponderación deberá de realizarse conforme al límite único de cumplimiento de pena que establece el artículo 35 del VCP 144-83 versus los limites objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo que prevé el artículo 66 NCP 130-2017, debiendo excluir las penas de delitos que hayan sido despenalizados en la nueva normativa.- Es importante tener presente que ningún límite es preferente a otro y por tanto se aplicará el límite que marque menor pena; así entonces: a. Cuando entre en acción el Límite Objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al VCP144-83 y los límites del concurso real que regula el NCP130-2017, siguiendo los siguientes pasos: i. Si ambas legislaciones determinan un mismo límite de cumplimiento, se aplicará el principio de identidad, es decir el VCP 144-83; y ii. Si las legislaciones definen límites de cumplimiento distinto, se aplicará aquel que le sea más beneficioso al acusado o reo (ello sin perjuicio de lo que se señala en el siguiente literal); y/o b. Para hacer efectivo el Limite Subjetivo, que regula el NCP 130-2017 se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, develando así el límite máximo que puede cumplir el condenado: i.- Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuara a dicho límite de conformidad con lo señalado en el literal anterior; ii.- Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años; implica que el resultado matemático será el límite máximo de cumplimiento, el que deberá de ser objeto de comparación con el limite objetivo de cumplimiento del VCP144-83. 2. Cuando las penas consideradas globalmente no superasen ninguno de los límites a los que se refiere el numeral anterior, el juzgador procederá a realizar la comparación de las penas que corresponda en una y otra legislación: a. En primera instancia la comparación se realizará entre las penas abstractas definidas en cada cuerpo sustantivo; el tribunal sumará todas las penas abstractas que correspondan imponer en concurso real de conformidad con el VCP 144-83 y todas las penas abstractas que prevea el NCP130-2017, las cuales comparará. Si de la comparación no es posible determinar cuál es más beneficiosa para el procesado, el tribunal deberá de proceder a realizar la individualización de las penas de cada delito primero conforme el VCP144-83 y después conforme el NCP130-2017, luego la suma global de dichas penas por cada código será comparada entre sí, determinando cual es el cuerpo normativo más beneficioso (siempre teniendo presente además el resto de las regulaciones normativas). Finalmente, si aun con las penas individualizadas no existe claridad cuál en su conjunto es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara para que éste señale cual le favorece más. b. En segunda y única instancia la comparación se realizará entre la suma de todas las penas concretas impuestas en concurso real en la sentencia impugnada bajo el VCP 144-83 y la suma de todas las penas abstractas que define el NCP 130-2017. De dicho resultado el tribunal resolverá: i. Si las penas concretas en concurso real VCP 144-83 están dentro de la suma del margen abstracto de las penas del NCP 130-2017, no procederá la aplicación retroactiva de este último; ii. Si la suma de las penas concretas VCP 144-83 no se encuentra dentro del marco abstracto de la suma de penas en concurso real del NCP 130-2017, se aplicará el cuerpo normativo que fije comparativamente las penas más leves, sin dejar de tener en consideración el resto de las disposiciones de cada codificación para efectos comparativos; iii. Si el concurso real está compuesto por Penas Conjuntas, en donde algunas de ellas sean más beneficiosas y otras más gravosas respecto a la comparación hecha con el otro cuerpo legal; el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la pena de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Ejemplo de esto último sería un concurso real con pena global de reclusión por 25 años y multa por L. 700,000.00 conforme el VCP 144-83 y por otro lado una pena de prisión de 17 a 20 años y multa de L. 1,000,000.00 a L. 5,000,000.00 conforme el NCP 130-2017, caso en donde la pena privativa de libertad deberá de definir el código penal a aplicar, siempre que además los beneficios penitenciarios que regule ese mismo código fuesen igualmente más favorables. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. d. Concurso Medial El concurso medial constituyó una institución penal por muchos años, reglada por el artículo 36 del VCP 143-83, misma que desaparece en el NCP 130-2017. Por tanto, cuando conforme los hechos imputados en base al VCP144-83 deba de aplicarse un Concurso Medial (Art. 66 en relación con el párrafo séptimo del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. Se realizará la comparación global de la pena que corresponda en concurso medial según el VCP144-83 con las penas que correspondería aplicar en concurso real conforme al NCP130-2017, en consideración a los limites subjetivo, objetivo ordinario y objetivo extraordinario, del que hemos hablado en el apartado anterior; 2. Es improcedente hacer comparación individual de las penas que conforman el concurso medial del VCP144-83 y las penas en concurso real del NCP130-2017; 3. Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, haciendo desaparecer el concurso Medial, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, lo que se aborda en el apartado siguiente. e. Penas Conjuntas No Concursadas Finalmente, cuando corresponda imponer a una persona una Pena No Concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (en su caso) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: 1. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. No procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. No procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. Procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; 2. Si el hecho definido como delito tiene previstas Penas Conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Ejemplo de esto último sería pena de reclusión por 9 años y multa del 10% de lo defraudado equivalente a L. 50,000.00 conforme el VCP 144-83 en comparación con una pena de prisión de 2 a 3 años y multa 400 días multa equivalente de hasta L. 2,000.000.00 por defraudación a las telecomunicaciones, caso en donde la pena privativa de libertad deberá de definir el código penal a aplicar, siempre que además los beneficios penitenciarios que regule ese mismo código fuesen igualmente más favorables; o 3. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal.- En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara a éste para que señale la que más le favorece. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no se presentó por parte de la defensa pública escrito complementario en el que estableciera su parecer sobre la aplicación retroactiva de la nueva normativa penal; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Marlon Alexander Álvarez Amador a la pena de Veinte (20) años de reclusión, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio de Cesar Enrique García, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil y la responsabilidad civil (Art.117 en relación con el artículo 32 del Código Penal 144-83). Conforme las disposiciones del Código Penal contenido en el decreto 130-2017, a la persona responsable del delito de asesinato (Art.193), debe imponérsele una pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta al acusado Marlon Alexander Álvarez Amador, conforme el CP-144-83 al ser de 20 años de reclusión, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para la misma conducta delictiva de 20 a 25 años de prisión. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 360, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Abogada Suyapa Torres, en su condición de defensora pública del señor Marlon Alexander Álvarez Amador, como recurrente número dos. Segundo: Declara Ha LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos, interpuesto por la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea en su condición de fiscal del Ministerio Público, como recurrente número uno. Tercero:Casa la sentencia de fecha veinte de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, reformándose el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia, en los siguientes términos: I) Se debe condenar y se condena al señor Marlon Alexander Álvarez Amador, como responsable a título de autor del delito de Asesinato, en perjuicio de Cesar Enrique García, imponiéndosele una pena principal de Veinte (20) años de Reclusión, a quien se le restará el tiempo en que el ahora condenado haya estado privado de su libertad por esta causa y la que deberá cumplir en el Centro Penal que corresponda. II) Declarar FIRME y EJECUTABLE los pronunciamientos segundo, tercero y cuarto de la parte resolutiva de la sentencia. Cuarto: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017. Y MANDA: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal, y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al Tribunal de Justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimento. Siendo ponente el Magistrado Mario Rolando Díaz Flores. NOTIFIQUESE. - Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrada. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora sala penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada el veintiuno de agosto de dos mil veinticuatro, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-242-2019. .

RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS

RECEPTORA SALA PENAL.”