Sentencia CP-233-21 — Registro 17419
Resumen
Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Publico contra la sentencia que absuelve al acusado por el delito de homicidio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El Motivo Es de Recibo. El motivo de casación da la oportunidad a la Sala de lo Penal a pronunciarse sobre un tema que ha generado polémica en el ejercicio de la función jurisdiccional: los testigos protegidos y la limitación al derecho de defensa.- El recurrente, agente del Ministerio Público alega que el a-quo a excluido indebidamente la declaración de los testigos protegidos clave PM1 y CPM2 en aplicación de un criterio errado, medios de prueba que son de valor decisivo, pues reflexiona que la consideración de la información brindada por los testigos hubiese llevado a los juzgadores al convencimiento sobre la culpabilidad del acusado. El tribunal de sentencia expone en su motivación la base jurídica y normativa de su criterio de exclusión del medio de prueba, invocando los artículos 82 de la Constitución de la República; 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 8.1 y 8.2.f de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos,; art. 14 y 101 del Código Procesal Penal, el a quo señaló que la declaración de los testigos protegidos clave PM1 y CPM2, vulneró el derecho de defensa y por ello carecen de aptitud probatoria. Los señores jueces se fundan en las siguientes consideraciones: i.- El derecho de concesión del inculpado de… los medios adecuados para la preparación de su defensa, consagrado en el artículo 8.2c de la Convención Americana de Derechos Humanos; ii.- El derecho de interrogar en plena igualdad a los testigos presentes en el tribunal; iii.- Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada: 1- Una relación breve y precisa de las acciones u omisiones en la que se funda la acción,2- La expresa mención de los aspectos más relevantes de la investigación realizada en torno de dichas acciones u omisiones, 3- La calificación de los hechos conforme lo dispuesto por el Código penal o la ley especial de que se trate, 4-La participación que en las acciones u omisiones tuvo el imputado y 5- El mínimo y el máximo de las penas que considere deban aplicarse al indiciado o indiciados según resulte de su participación en el delito. Que la posibilidad de apreciar la funcionalidad de todos los sentidos, se ve seriamente limitado ante la reserva de identidad del testigo, pues los dos testigos (PM1 y CPM2), fueron introducidos en una cabina durante su declaración; como segundo aspecto en lo relativo a la credibilidad, a partir del interés del testigo de rendir su testimonio; concerniente a este punto, es imposible determinar y cuestionar por parte de la defensa, si el testimonio de un testigo de identidad reservada para el acusado y su abogado guarda relación de parentesco, amistad o enemistad con el acusado o con la victima y tampoco es posible descartar o confirmar un interés espurio para declarar, porque el acto de la declaración le esta vedado a la defensa examinar al testigo sobre esos aspectos. Que se vulnera el derecho de defensa, pues imposibilita a la defensa conocer las cualidades personales del testigo, averiguar sobre sus antecedentes y demás condiciones particulares que pueden servir para efectuar un eficaz interrogatorio al mismo y posteriormente su adecuada crítica y evaluación. Recuerda la Sala de lo Penal que en el sistema normativo no es extraño la colisión de derechos fundamentales, debiendo los órganos jurisdiccionales resolver mediante un adecuado juicio de ponderación de intereses; tratándose de derechos fundamentales ninguno podrá provocar el desconocimiento de otro, debiendo los tribunales resolver a modo que todos los colisionantes subsistan entre sí, ello sin perjuicio de que el punto de equilibrio entre éstos pueda ser situado en distintos grados a depender su naturaleza (criterio objetivo) y a depender el caso concreto (criterio subjetivo). En el caso sub judice los derechos fundamentales en colisión son: por una parte el derecho de defensa del acusado, en específico el derecho a conocer la identidad de los testigos de cargo para poder ejercer un debido contradictorio; derecho de defensa que nuestra codificación primaria la declara inviolable, lo que implica que jamás se podrá desconocer pero ello no quiere decir que no pueda ser limitado en aras del respeto de otros derechos fundamentales; y por otra parte el derecho del testigo a la protección de intereses personales propios o de terceros con los que esté vinculado, que pueden ser desde la imagen, la propiedad, hasta la integridad física o la vida, cuando se encontrasen amenazados como consecuencia de su participación en un proceso penal. Así entonces el punto de equilibrio entre los derechos fundamentales que se identifican en conflicto deberá de determinarse no solo sobre la base a consideraciones de la naturaleza de cada derecho (criterio objetivo), sino también sobre la base al caso concreto (criterio subjetivo); se insiste que es importante identificar conforme al caso concreto la situación de hecho que origina la colisión de los derechos fundamentales, pues el solo señalar que los derechos en colisión son el de defensa y el derecho de protección de intereses subjetivos del testigo protegido es una posición muy abstracta y generalizada, que deberá de ser individualizada al determinar que aspecto del derecho de defensa es el comprometido y que interés en específico del testigo protegido es el que se pretende proteger, pues por ejemplo si se tratase del honor o la propiedad el punto donde se fijara el equilibrio será distinto si se tratase del derecho a la integridad corporal, o si se tratase del derecho a la vida, ello a depender precisamente lo que ha motivado la implementación de las medidas de protección en el caso particular. Lo que sí es importante es tener en consideración que ningún derecho fundamental es absoluto pero tampoco ninguno puede ser sacrificado su núcleo esencial en aras de la observancia de otro, por lo que pueden ser sujetos a condiciones razonables de ejercicio precisamente en una situación de colisión de derechos fundamentales, lo que obliga a identificar el punto en donde ambos puedan verse observados en la medida y extensión que mantenga la indisponibilidad del núcleo esencial, todo en consideración al caso concreto que se está juzgando. Para que lo anterior pueda entenderse de mejor manera debe de tenerse presente que existen dos posturas respecto a la definición de lo que se conoce como el “Núcleo Esencial” de los derechos fundamentales: i.- Teoría Absolutista: que postulan, de manera general, que los derechos humanos tienen una naturaleza estática, cuyo contenido esencial se ubica en el centro del derecho fundamental, distinto de la periferia. Dicho núcleo se constituye como límite absoluto en abstracto, sin importar situaciones históricas y el caso concreto, y ii.- Teoría Relativa que, si bien reconoce la existencia de un contenido esencial indisponible, niega la posibilidad que éste pueda ser definido bajo una contemplación abstracta, debiéndose hacer tal definición por una calificación judicial, lo que permitiría su adaptación a las situaciones sociales imperantes y al caso concreto; esta la teoría que abraza la Sala de lo Penal y que aplica en el presente caso como se ha explicado al inicio de párrafo, y que es distinta a la teoría absolutista que ha aplicado el tribunal de sentencia. En el caso concreto la protección a los testigos identificados como PM1 y CPM2, fueron implementadas en la etapa de investigación preliminar (f.27), y mantenidas hasta la terminación del proceso judicial en la primera instancia. Las medidas fueron adoptadas por riesgo a la vida de los testigos, en atención a la existencia racional de un peligro grave para él mismo, su familia o sus bienes, pues la complejidad y gravedad del delito, aunado a la forma alevosa de ejecución detona un alto perfil de peligrosidad de los autores; tales hechos fueron de consideración por el Juzgado de Letras para que en fecha 23 de febrero del año 2018, disponiendo mantener la reserva de sus datos de identificación por el riesgos de que éste o su familia pudiese sufrir algún atentado contra la integridad o la vida como consecuencia de participar en el proceso como testigo, lo cual no es una situación extraña en la realidad nacional. De lo anterior se colige que los derechos fundamentales en colisión son por una parte el que atañe a la persona acusada y su derecho de poder ejercer su defensa, para ello la necesidad de conocer la identidad de los testigos para poder preparar la defensa y desarrollarla en un proceso de interrogatorio y, por otra parte, el derecho a la vida del testigo protegido y eventualmente de las personas que componen su familia, como consecuencia de los actos de represalia que pudiese sufrir por su participación como testigo. Así las cosas la Sala de lo Penal considera entonces que ambos derechos deben de ceder parte del campo de su amparo a favor del otro: El derecho de defensa debe de mantenerse permitiendo al acusado o en su caso a su apoderado legal, estar presente al momento en que el testigo protegido rinda declaración, poder interrogarlo, inclusive mediante la formulación de preguntas que normalmente pudiesen ser censuradas, como las preguntas sugestivas o con preguntas que pudiesen parecer impertinentes, pero debiendo ceder en el hecho de que la aportación de información básica de identidad del testigo debe de estar restringida para el acusado y para su apoderado defensor; y por otra parte el derecho a la defensa de la vida del testigo, garantizando mediante su participación en el proceso sin la revelación de información básica que pueda identificarle a él o a su familia, pero debiendo de ceder dicho derecho en su obligación de participar, lo que implica comparecer las veces que sea requerido para participar en las actuaciones procesales que se requieran (declaración testifical, reconocimiento en rueda, reconstrucción de hechos, etc.), además de tener la obligación de contestar de manera fiel a la verdad tantas preguntas le sean formuladas por cualquiera de las partes y en especial por la defensa técnica de la persona acusada siempre que no implique la revelación de información de identidad. En este punto la Sala de lo Penal desea abrir un paréntesis para hacer una acotación importante: en la sentencia el tribunal ha hecho una distinción entre el testigo protegido con el testigo anónimo y de cambio de identidad, señalando que éste último es violatorio al derecho de defensa en base una consideración abstracta lo que merece dos reflexiones por parte este ad-quem: i.- No existe tal distinción entre las clases de testigos referida: la legislación penal nacional define quienes son las personas que deben de comparecer como testigos en los procesos en esta materia y además propone las medidas de protección en caso de que exista riesgo fundado de que éstos pudiesen sufrir en sus bienes, en sus personas o en la de terceros vinculados con éstos, algún tipo de agresión intimidatoria o vindicativa por su participación, siendo una de esas medidas la reserva de los datos de identidad; entonces a lo que llama el tribunal de sentencia como testigo anónimo, sigue siendo un testigo protegido bajo una particular medida de protección; y ii.- La Sala de Sentencia hace una declaración absoluta al señalar que lo que identifica como testigo anónimo es violatorio al derecho de defensa, el derecho al debido proceso legal y el derecho a un juicio justo y a partir de ello procede la exclusión en el presente caso de la declaración de los testigos PM1 y CPM2 (f. 199), rendida en la audiencia de debate celebrada en fecha 12 de agosto de 2020 (F. 181), sin hacer ponderación de los derechos fundamentales en colisión en el caso concreto.- Como se ha explicado Ut Supra no se puede desconocer que “242. […] La reserva de identidad del testigo limita el ejercicio de este derecho puesto que impide a la defensa realizar preguntas relacionadas con la posible enemistad, prejuicio y confiabilidad de la persona misma del declarante, así como otras que permitan argumentar que la declaración es falsa o equivocada”, empero tampoco es posible obviar que existe “243. El deber estatal de garantizar los derechos a la vida y la integridad, la libertad y la seguridad personales de quienes declaran en el proceso penal [que] puede justificar la adopción de medidas de protección. […] [consistentes] tanto [en] medidas procesales (como la reserva de datos de identificación o de características físicas que individualicen a la persona) como extraprocesales (como la protección de su seguridad personal).”, de allí entonces la necesidad de la ponderación de los derechos colisionantes como se ha señalado, pues “244. […] tan grave decisión sólo puede adoptarse en cada caso particular y con completo conocimiento de las circunstancias concretas del mismo. Son medidas excepcionales para situaciones excepcionales y que se adoptan siempre con control absoluto de los intervinientes para evitar que los costos a la práctica de alguno de los derechos que importa la defensa en juicio sean mínimos y que en ningún evento entrabe o limite el ejercicio del núcleo esencial de esa garantía.”. (Todas las citas: Corte IDH: Norin Catrumán y otros vs. Chile; lo resaltado no se aprecia en el original). Retornando al caso en estudio, se aprecia en la foliada judicial que en fecha 12 de agosto de 2020 se celebró la audiencia de debate (f. 181), en donde comparecieron de manera persona los testigos PM1 y CPM2 , quienes fueron interrogados de manera directa por las partes; en específico la Defensa Pública formulo 5 preguntas al testigo protegido clave PM1 y la defensa pública formulo 13 preguntas al Testigo protegido clave CPM-2; Se colige que el medio de prueba en mención fue ofertado, admitido y evacuado en la audiencia de debate, relacionado en la sentencia pero excluido de valoración por el tribunal bajo un criterio desatinado de ilegalidad; El tribunal de sentencia, en apoyo a su decisión, hace eco a citas parciales de criterios vertidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y de la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH), a saber: Informe No. 176/10 casos 12.576, 12.611 y 12.612 de la Comisión Interamericana Sobre Derechos Humanos, la que estableció dos consideraciones importantes: Por una parte “237. […]El recurso a sistemas judiciales “in rostro” ha sido denunciado por los órganos del sistema interamericano como contrario al derecho a un juicio justo, porque el anonimato de quienes intervienen en un proceso penal, en particular de los testigos, priva a los acusados de las garantías básicas de la justicia. Bajo tales circunstancias, los acusados no saben quiénes los están acusando, por lo cual no están en condiciones de saber si las personas están calificadas para ello, ni pueden realizar un examen efectivo de los testigos de la contraparte […]. En esa medida, el recurso a sistemas judiciales secretos, incluido el recurso a los testigos de identidad reservada, ha sido caracterizado por la Corte y por la Comisión Interamericanas en principio como una violación de la garantía del debido proceso a interrogar a los testigos, y de la garantía sobre el carácter público de los procesos penales. ;238. En este sentido, por ejemplo, en el informe de la CIDH sobre el estado de los derechos humanos en Colombia de J 999, se explicó, al aludir a un sistema de testigos de identidad reservada, que: El acusado tampoco puede realizar interrogatorio efectivo alguno de los testigos de cargo. El derecho de contra interrogar a los testigos es sumamente importante pues ofrece al acusado la oportunidad de cuestionar la credibilidad de los testigos y su conocimiento de los hechos. El imputado no puede examinar debidamente a los testigos si no posee ninguna información en relación con sus antecedentes o motivaciones y no sabe cómo los testigos obtuvieron información sobre los hechos en cuestión. Por lo tanto, la “; Justicia sin rostro" también da lugar a la violación del artículo 8 (2) (j) de la Convención Americana, que garantiza el derecho del acusado a examinar a los testigos. 239. Otros organismos internacionales de derechos humanos han denunciado el recurso a testigos de identidad reservada como contrario al derecho de defensa que subyace al debido proceso. Así, el Comité de Derechos Humanos ha establecido que un sistema judicial que permite la existencia de testigos anónimos, es incompatible con el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. " pero, por otra parte, (lo omitido por el tribunal juzgador) que “240. […] existen circunstancias en las cuales la investigación y juzgamiento de cierto tipo de delitos […] pueden exponer a quienes participan en la administración de justicia a amenazas serias contra su vida o su integridad personal. No cabe duda de que los Estados también tienen la obligación de prevenir la violencia contra quienes colaboran con la administración de justicia, y de proteger sus derechos a la vida y la integridad. En casos así, la jurisprudencia internacional ha aceptado que se adopten ciertas medidas excepcionales destinadas a proteger a los testigos frente a peligros reales derivados de su colaboración con las causas penales, siempre y cuando dichas medidas excepcionales no afecten las garantías esenciales del debido proceso, lo cual ha de evaluarse en cada caso particular. En los términos de la CIDH, “dichas medidas deben evaluarse caso por caso, aunque siempre disponiendo que su carácter o aplicación no comprometan las garantías inderogables de los encausados a un juicio justo, incluidos su derecho a la defensa y a ser juzgados por un tribunal competente, independiente e imparcial”.- En conclusión: “[…], el derecho del acusado a interrogar o a que se interrogue los testigos presentados en su contra podría en principio estar sujeto a restricciones en instancias limitadas. Debe reconocerse a este respecto que los empeños por investigar y procesar los delitos, incluidos los vinculados con terrorismo, pueden en algunas instancias generar amenazas contra la vida e integridad de los testigos y, de esa manera, plantear aspectos complejos vinculados a la forma en que esos testigos pueden ser identificados durante el proceso penal sin comprometer su seguridad. [Véase CIDH, Informe sobre Colombia 1999, Cap. V, párrs. 67-69, que es citado parcialmente por el tribunal de sentencia] Estas consideraciones nunca pueden servir de base para comprometer las protecciones inderogables de un acusado respecto del debido proceso y cada situación debe ser detenidamente evaluada en sus propios méritos dentro del contexto del sistema judicial particular de que se trate.”.- El criterio de la CIDH es precisamente el plasmado por esta Sala de lo Penal en esta sentencia, y del cual solo ha hecho una referencia parcial el tribunal de sentencia que emitió la resolución impugnada. En la sentencia de fecha 22 de noviembre de 2005 de la Corte IDH que resolvió el caso Palamara Iribarne vs. Chile, se hace un pronunciamiento respecto a la denuncia de la violación de los artículos 8 y 25 de la convención en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y en específico sobre “c) Garantías judiciales en los procesos penales militares seguidos en contra del señor Palamara Iribarne” en donde se plantea como problemática el mantenimiento de la reserva de las diligencias sumariales al acusado, indicando el tribunal supranacional que ello constituye violación al principio de publicidad: 178. la Corte Interamericana ha señalado que: … el inculpado tiene derecho a examinar a los testigos que declaran en su contra y a su favor, en las mismas condiciones, con el objeto de ejercer su defensa. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Europea 203. Este Tribunal ha establecido que en todo proceso deben concurrir los elementos necesarios para “que exista el mayor equilibrio entre las partes, para la debida defensa de sus intereses y derechos. Esto implica, entre otras cosas, que rija el principio de contradictorio” (Lo resaltado no aparece en el original). - Es pues que la cita hecha por el tribunal de sentencia refiere a la violación del debido proceso, por falta de publicidad en procesos judiciales de índole militar, lo que incluyó por estar “íntimamente ligado con lo anterior” la violación al derecho al acusado de examinar a los testigos de cargo y de descargo con el objeto de ejercer el derecho de defensa, ello por ausencia de contradictorio; derecho que ciertamente debe de ser observado en todo proceso judicial y que en el caso venido a casación fue observado, dado que el acusado y su equipo legal tuvieron conocimiento de la existencia de los testigos protegidos, desde la presentación del requerimiento fiscal, teniendo la oportunidad su representación legal de examinarlo directamente, formulándole las preguntas no en una sino en dos ocasiones, siendo la segunda vez en la audiencia de debate; por tanto el ejercicio del derecho de defensa mediante la contradicción fue materializado en el presente caso, por lo que constituye una aseveración errónea señalar que de forma absoluta ésta no se presentó en especial cuando no existe denuncia de parte de la representación legal del acusado que pudiese poner en evidencia que ello efectivamente fue así; ahora bien es un aspecto de derecho distinto la valoración al medio de prueba, la cual puede ser positiva o negativa a consideración del tribunal de sentencia de aspectos que se derivan de la inmediación y de la suficiente información corroborativa extraída de un robusto contradictorio. Sentencia del 25 de noviembre de 2004, la Corte IDH resolvió el caso Lori Berenson Mejía vs. Perú (el a-quo hace la cita Lori Berenton), resolviendo la denuncia de la violación del artículo 8 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1. de la misma, en específico del derecho de las partes a interrogar a los testigos, donde se señala como vicio la prohibición legal de formular preguntas a una clase de testigos en particular y del derecho de contar con un apoderado legal lo cual no permitía la ley peruana sino hasta la declaración de la persona acusada: “184. La Corte Interamericana ha señalado, como lo ha hecho la Corte Europea, que el inculpado tiene derecho a examinar a los testigos que declaran en su contra y a su favor, en las mismas condiciones, con el objeto de ejercer su defensa.”.- En el presente caso en el acumulado judicial se registró que las partes no solo tuvieron la oportunidad de examinar directamente a los testigos protegidos PM1 y CPM2, sino que lo hicieron en las mismas condiciones, por lo que la resolución de la Corte IDH no es aplicable al caso concreto que provoca esta sentencia de casación. Sentencia del 25 de noviembre de 2005, la Corte IDH resolvió el caso García Asto y Ramírez vs. Perú, la cual fue citada por el tribunal de sentencia sin señalar cual es la Ratio Decidendi aplicable al caso concreto. Para este tribunal de casación la conclusión a la que debemos arribar es que no es la figura de protección de testigos: reserva de identidad, la que causa reproche por el sistema de protección de derechos humanos interamericano, sino la valoración de la prueba sujeta a dichas medidas.- La decisión tomada por el tribunal de sentencia de excluir los medios de prueba testificales, no solo fue hecha sin hacer ponderación de los derechos fundamentales en consideración a los méritos del caso concreto, sino también bajo un criterio de carácter meramente abstracto, que además desconoce los dictados de la CIDH y de la Corte IDH pues el sistema interamericano de derechos humanos reconoce la necesidad de protección de testigos y que una de esas medidas de protección es la reserva de identidad, condicionado a que ello no debe de desconocer el derecho de defensa ni el derecho de inocencia de la persona acusada. Por todo, el motivo debe de ser otorgado..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP 233-2021 que literalmente dice: “Corte Suprema de Justicia Sala de lo Penal Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de abril del año dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Nelson Danilo Mairena Franco en su calidad de coordinador, Mario Rolando Diaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-233-2021 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha diez de diciembre de dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual falló: Primero: Absolvió a Mayquel Isaí Hernández Posas, del delito de Homicidio, en perjuicio de Jeffry Javier Soto Orellana. Segundo: No procedió la condena en costas procesales al Ministerio Público. Tercero: Ordenó se mantenga en custodia del Ministerio Público cuatro casquillos de metal, color amarillo que en su base se lee 45 Auto CBC y dos balas. Son partes en única instancia: La Abogada Yanory de Jesús Ramos González, en su condición de fiscal del Ministerio, como parte recurrente; y los Abogados Arnaldo Alcides Garcia Alvarado y Giovinezza Dubois Zavala, en su condición de defensores públicos de Mayquel Isaí Hernández Posas, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “Primero: en la Colonia Raúl Pineda Milla, primera calle, atrás de la Iglesia Misionera en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, en la vía pública, se encontraba el señor Jeffry Javier Soto Orellana, identidad número 0101-1996-02267, cuando una persona no identificada se le aproximó y con un arma de fuego tipo pistola de calibre .45 Auto, con el propósito de quitarle la vida, le disparó en varias oportunidades, ocasionándole en el cuerpo (5) heridas de proyectil de arma de fuego dispuestos de la siguiente manera: orificio de entrada en lado izquierdo del abdomen con orificio de salida en el lado izquierdo de la espalda; orificio de entrada en lado izquierdo de tórax con orificio de salida en lado derecho de la espalda; orificio de entrada en la cara anterior tercio proximal del muslo izquierdo con orificio de salida en región lumbar izquierda; orificio de entrada en la cara anterior tercio proximal del muslo derecho con orificio de salida en cara posterior, tercio proximal del muslo derecho y orificio de entrada en la cara posterior tercio proximal del antebrazo izquierdo con orificio de salida en la cara anterior, tercio distal del antebrazo izquierdo, razón por la cual fue llevado al Hospital Vicente D Antoni de esta ciudad para recibir asistencia, pero las heridas descriptas le produjeron laceración de músculos, del pulmón izquierdo, del estómago, del intestino delgado, de la arteria aorta abdominal y sangrado interno y externo que le provocaron la muerte en ese lugar.” RECURSO DE CASACIÓN, MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Manuel Edgardo Lopez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “Exposición del Motivo de Casación. Motivo Único: "Haber Excluido el Juzgador, Prueba de Valor Decisivo." Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 2, del Código Procesal Penal. El artículo 202 del Código Procesal Penal establece que: "Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida" (lo resaltado es agregado), aspecto que se reafirma con la obligación de fundamentación contenida en la regla cuarta numeral 2 del artículo 338, siempre de la norma supra referida, por la cual los jueces deben expresar las pruebas valoradas para dar por acreditados los hechos, en consecuencia, no les es permitido omitir o excluir arbitrariamente la valoración de prueba decisiva en la resolución del caso. De lo antes expuesto, vemos que el tribunal sentenciador se ve en la obligación al momento de dictar sentencia de apreciar todos y cada uno de los medios probatorios desarrollados en el debate, es decir, aún aquellos que a simple vista se aprecia como inútiles para la resolución del caso, siempre y cuando hayan sido evacuados en el mismo, merecen un pronunciamiento respecto a su valoración, a través del cual a la probanza se le brinde el contenido, exigido o crucial, que la misma merezca y por ende constituya el respaldo fáctico o bien de una condena, o de una absolución. Por su parte, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema ha establecido que: "el artículo 362 preámbulo y numeral 2) del Código Procesal Penal, contiene varios vicios que requieren un análisis en forma separada. El motivo invocado resulta en concreto de dos hipótesis, el primero (exclusión de prueba) supone un rechazo expreso sin explicar las razones de esa decisión o bien que se le considere ilícita sin serlo... Esta afirmación también se encuentra plasmada en los fallos emitidos en los expedientes SP-90-2001 y SP165-2007, de ahí que en el caso sub judice nos encontramos ante el vicio casacional invocado ya que al examinar la sentencia censurada, así como las probanzas que sirvieron de fundamento para la misma, se concluye claramente que el Tribunal de Sentencia recurrido, excluyó prueba de Valor Decisivo, consistente en: Las Declaraciones de los Testigos protegidos con clave PM1 y CPM2 arribando a la conclusión de: "Así las cosas y por los motivos arriba expuestos, la prueba examinada en la audiencia no tuvo el carácter de actividad probatoria mínima de cargo para dar por acreditado el hecho atribuido y enervar el estado de inocencia del acusado, pues si bien es cierto hubo una actividad probatoria, con la cual se acreditó la muerte violenta de Jeffry Javier Soto Orellana, no se practicó de forma legal prueba de cargo suficiente constitucionalmente obtenida, que racionalmente valorada, vincule a Mayquel Isaí Hernández Posas con la muerte, en consecuencia procede dictar sentencia absolutoria”. Referente a la Prueba Consistente en la Declaración de los Testigos protegidos identificados con las claves PM1 CPM2 con los que se acreditó que efectivamente el señor Mayquel Isaí Hernández Posas, fue la persona que disparó su arma de fuego calibre .45 auto, por más de una ocasión contra el señor Jeffry Javier Soto Orellana, lo que le causó la muerte:", sin embargo, el Tribunal es del criterio que de ninguna manera se logra examinar de forma eficaz a un testigo anónimo o cuya identidad es desconocida para el acusado y su defensor, porque no puede indagarse sobre la relación o no del testigo con las partes y/o con el objeto del proceso, conocer su condición física y su aptitud para percibir y trasmitir datos fidedignos para decidir el asunto sometido a juzgamiento"., continúa el Tribunal exponiendo que . es indiscutible atendiendo la forma como se practicó los testimonios de los testigos protegidos con clave PMI Y CPM2, se reprodujo en el debate con infracción a los principios de inmediación y contradicción y se vulneró el derecho de defensa, el derecho al debido proceso legal y el derecho a un juicio justo, por lo que su manifestación carece de aptitud probatoria y siendo que es la toral sobre la supuesta participación del acusado en la muerte de Jeffry Javier Soto Orellana, se concluye que no se probó ese extremo de la acusación.”. Razonamiento que produjo como consecuencia el fallo absolutorio a favor del procesado. El Tribunal, al hacer la Valoración Probatoria en la Sentencia que ahora se impugna, excluye de dicha valoración la declaración de los testigos protegidos denominados "PM1 Y CPM2". La Corte Suprema de Justicia, se ha pronunciado en los siguientes términos "Esta Sala de Casación recuerda, que la declaración de testigos protegidos y no anónimos como lo refiere el censor, es una práctica procesal permitida en nuestra legislación según lo regula el artículo 237 del Código Procesal Penal, puesto que, si bien los testigos gozan de medidas de protección para no conocerse sus nombres, ni revelar su apariencia física por razones de seguridad personal, los jueces de sentencia si conocen esos detalles, precisamente deben cerciorarse de las generales de ley de los testigos que se encuentran en sobres sellados, por tanto no son en ningún momento testigos anónimos, sino que protegidos debido a la existencia racional de algún peligro grave para sus personas o sus parientes, si el recurrente no estaba conforme con las declaraciones de los testigos como "Protegidos" debió impugnarlo en el momento mismo de su solicitud por parte del ente acusador. " Por consiguiente, los testimonios antes señalados, constituyen elementos de prueba que inciden directamente en el resultado del proceso, pues de haberse incluido los mismos en la valoración probatoria, la conclusión del proceso hubiese resultado, indudablemente en la condena del acusado. Los referidos testimonios aportan los siguientes elementos esenciales para el esclarecimiento de los hechos y la certeza de la participación del acusado como autor del mismo: • Ambos testigos presenciaron los hechos, manifestando que los mismos ocurrieron el 27 de enero del 2018 entre dos y tres de la tarde, en la colonia Raúl Pineda Milla. •Identificaron al señor Mayquel Isaí Hernández Posas y que andaba en compañía del señor Mayquel Posas, además de que portaban un arma de fuego corta, tipo escuadra. • Ambos testigos pudieron observar que el acusado Mayquel Isaí Hernández Posas y su acompañante estaban asaltando a las personas que se encontraban en el lugar de los hechos. • Los testigos observaron que los hechos dieron inicio porque la víctima Jeffry Javier Soto Orellana le reclamó al acusado y a su acompañante, para que dejaran de asaltar en ese lugar. • Los testigos señalaron que escucharon más de un disparo pudieron observar que el acusado Mayquel Isaí Hernández Posas y su acompañante, después de los disparos salieron en veloz carrera huyendo del lugar de los hechos. • El testigo CPM2, observó el momento preciso cuando el señor Mayquel Isaí Hernández Posas, le apuntó de frente con la pistola al señor Jeffry Javier Soto Orellana y le disparó, quien falleció posteriormente a consecuencia de este disparo. • El testigo CPM2, al momento de rendir su declaración en el Juicio Oral y Público identificó al acusado Mayquel Isaí Hernández Posas, como la persona que le disparó y causó la muerte del señor Jeffry Javier Soto Orellana. Como puede apreciarse de lo expuesto anteriormente los testimonios excluidos por el Juzgador evidentemente son decisivos en el proceso, pues presenciaron los hechos y aportaron elementos contundentes para demostrar la responsabilidad del acusado Mayquel Isaí Hernández Posas como autor de los mismos. El artículo 237 del Código Procesal Penal establece que para la protección de testigos pueden tomarse varias medidas, de entre ellas, cabe mencionar las siguientes: • Que no consten en las actuaciones que se lleven a cabo los datos de identificación del testigo (nombre, apellidos, domicilio, etc.,) ni dato alguno que pudiera servir para conocer su identidad y localización. • Que para la práctica de las diligencias procesales pueda comparecer utilizando cualquier procedimiento que imposibilite su identificación visual normal por el imputado y por el público. De igual manera, la Ley de Protección a Testigos, en el artículo 12 contempla entre las medidas procesales jurisdiccionales los métodos de distorsión de voz o de aspecto físico o cualquier otro instrumento técnico que protegía la identidad y/o integridad física del testigo y el anonimato o resguardo de identidad o reserva de la misma. El artículo 199 párrafo tercero del Código Procesal penal, establece lo siguiente: "Los medios de prueba serán admitidos sólo si son pertinentes y se refieren, directa o indirectamente, al objeto de la investigación: resultan útiles para la averiguación de la verdad; y. no son desproporcionados, ni manifiestamente excesivos en relación con el resultado que se pretende conseguir". (Lo resaltado no corresponde al texto original). En el presente caso la declaración rendida por los Testigos quienes no son en ningún momento anónimos, sino protegidos, no constituyen prueba ilícita pues dichas declaraciones fueron rendidas en todas las formalidades legales, garantizando de esta forma el derecho de cada una de las partes, además de que fueron rendidas en cumplimiento de los fines y contenidos constitucionales y legales, dentro del estricto respeto de los derechos fundamentales. Considerando que la calificación legal expuesta por el Ministerio Público desde el inicio del proceso consistió en un delito de Homicidio, en ese sentido, los medios de prueba consistentes en las Declaraciones de los Testigos protegidos con clave PM1 CPM2 supra mencionados sí resultaban útiles y proporcionales para la acreditación de dicho delito, sin embargo, el Tribunal al hacer la valoración de la prueba de cargo excluyó dichos medios de prueba por las razones antes explicadas. Asimismo, reiteramos que la prueba supra relacionada además de haber sido excluida, también se considera de valor decisivo, ya que al incurrir al juicio de inclusión hipotética, el cual consiste en incluir la prueba no considerada, junto con las restantes, las conclusiones de hecho hubieran sido necesariamente distintas; de haberse incluido tal probanza y valorarla con el resto de la prueba, el juzgador hubiera llegado a la conclusión indefectible de que el enjuiciado es responsable del delito imputado por el ente fiscal. En esos mismos términos, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema ha establecido que: "...para determinar si el medio de prueba indebidamente excluido posee un valor decisivo en la emisión del fallo, se debe de recurrir a la técnica conocida como "Inclusión Hipotética", que consiste en agregar el medio de prueba excluido a la ecuación valorativa, de modo de verificar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se ve afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario aun cuando su exclusión sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo…”Al declarar ilícitas las Declaraciones de los Testigos protegidos con clave PM1 y CPM2 desaparece la prueba fundamental para acreditar participación del acusado como el autor del delito de Homicidio, pues al suprimir de manera arbitraria la Declaración de los Testigos protegidos con clave PM1 y CPM2, quienes ubican e identifican al encausado como autor directo en los hechos consistentes en el delito de Homicidio, el juzgador dejó en total indefensión al Ente Fiscal para representar los intereses generales de la sociedad, pues la prueba esencial llevada para demostrar su pretensión acusatoria, fue eliminada ante la exclusión de los mencionados testimonios de valor decisivo. Sobre este aspecto, consideramos de importancia relacionar la sentencia dictada por la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en la Casación CP-32-2010 de fecha 15 de Abril de 2013, en cuanto a la exclusión de prueba de valor decisivo: “...es preciso indicar que los artículos 202, 336 y 338 sección cuarta numeral 2 del Código Procesal Penal obligan al Órgano Juzgador a pronunciarse respecto a la fiabilidad que le merezca cada uno de los medios de prueba reproducidos en el Debate, al amparo de las reglas de la sana crítica, apreciándolos tanto individualmente como de manera conjunta y armónica; conforme al artículo 333, solo se podrán reproducir en el debate aquellos que fueron debida y previamente admitidos, de ahí que la sentencia que no sea producto de lo preceptuado adolecería de un vicio in procedendo.- Uno de esos vicios es el previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal, como motivo para el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, que se produce cuando indebidamente se excluye un medio de prueba, es decir cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor al medio de prueba, es decir hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; Otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación de la le tacha un medio de prueba como ilícito descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras negándole valor alguno como consecuencia de una desatinada calificación de ilicitud...”. Como ya lo referimos anteriormente, aunque el sentenciador considera que con la Declaración de los Testigos protegidos con clave PM1 y CPM2. se violentaron derechos fundamentales, como lo es el derecho a la defensa, el derecho al debido proceso legal y el derecho a un juicio justo, contenidos en el artículo 82, 90 de la Constitución de la República; es decir, está excluyendo de la valoración probatoria las declaraciones de los testigos protegidos ya mencionadas, por considerar una ilicitud inexistente; pues como lo hemos venido diciendo, la prueba se produjo con las formalidades y legalidades que se requieren para su validez, incurriendo con ello el Tribunal en el vicio que ahora sustenta el presente recurso de casación; sin dejar de mencionar la trascendencia del delito que se está juzgando, pues el bien jurídico protegido en el mismo es la vida. Como se ha demostrado con la exposición del recurso, la sentencia objetada adolece de graves vicios de forma, que se traducen en la Absolución del acusado por el delito de Homicidio siendo violatorios del sistema de la sana critica racional que inspira el modelo procesal vigente, en consecuencia, el vicio denunciado se afirma, traduciéndose en quebrantamiento de forma. Por haberse producido el vicio en el propio acto de sentenciar, no ha sido posible reclamar su subsanación.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1.Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2.Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3.Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4.Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5.La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6.La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7.Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Único Motivo Norma autorizante: artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal; Norma procesal que se denuncia infringida: 202, 336 y 38 numeral 2 del Código Procesal Penal; Concepto de la infracción: Haber excluido el juzgador, prueba de valor decisivo; Reclamación ex-ante: Sin determinar por el censor; Pretensión: Sin determinar por el censor. Explicó el recurrente que, en la sentencia impugnada el a-quo excluyó pruebas de valor decisivo como ser las declaraciones de los testigos protegidos PM1 y CPM2, mismas que son de trascendencia para establecer que el acusado tuvo participación en el delito que se le imputa. De la exclusión y de la falta de consideración de prueba de valor decisivo. El proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el tribunal de sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto de los principios de legalidad y el debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la admisión, reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; éste proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (artículo 317 del Código Procesal Penal), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la ley (artículo 199 del Código Procesal Penal); seguidamente, se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben de reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del artículo 333 del Código Procesal Penal) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (artículo 320 del Código Procesal Penal) o como auto para mejor proveer (segunda parte del artículo 333 del Código Procesal Penal), y, finalmente, como resultante del debate, el Tribunal dictará sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe de ser motivada descriptiva e intelectivamente (artículos 202 y 338.2 del Código Procesal Penal), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formó parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el tribunal de sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de estos vicios el previsto por el artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando en la sentencia indebidamente se “… excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”. Existe indebida exclusión de prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el tribunal de sentencia haciendo una incorrecta aplicación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. Por otra parte, existe falta de consideración cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, no hace mención alguna de dicho medio de prueba, es decir, omite toda referencia a ella y, consecuentemente, deja de valorarla. La norma procesal además exige para la configuración del vicio que el medio de prueba indebidamente excluido o no considerado posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en casación se efectúa conforme al método la inclusión hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así, el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario, aun cuando la exclusión sea indebida o la falta consideración, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. Este motivo resulta de dos hipótesis: i) La sentencia excluye indebidamente una prueba (expresamente la rechaza sin consignar las razones de esa decisión o se le considera ilícita sin serlo) o, ii) La resolución no la considera (omite toda referencia a ella). El vicio refleja entonces la infracción de los artículos: a) 202, que impone al Juzgador la obligación de formas su convicción de la valoración conjunta y armónica de toda la prueba; b) 336, que señala que el tribunal sólo tendrá en cuenta las pruebas ejecutadas en el debate, las que serán apreciadas en su conjunto; y c) 338, sección cuarta, numeral 2, que manda al órgano jurisdiccional justificar el valor que haya dado a las pruebas practicadas durante el juicio. Es decir, el Tribunal de Sentencia tendrá la obligación de pronunciarse sobre la eficacia conviccional que le generan las pruebas rendidas, de tal suerte que, si excluye arbitrariamente alguna de ellas o simple y sencillamente deja de mencionarla y consecuentemente valorarla, estaríamos ante la presente infracción, ya que, en virtud de los principios de verdad real, de defensa y contradicción, el Juez debe servirse de las pruebas recibidas en el debate para fundamentar su fallo. No se observaría la infracción en el caso en que el tribunal exponga las razones por las cuales rechaza la prueba y esa excusión es correcta, y aun si la prueba ha sido valorada, aunque lo fuera de forma desacertada, debiéndose en ambos supuestos rechazar el motivo (en el segundo caso, el ataque casacional se produciría de conformidad al motivo a referirse en el numeral 3 del artículo 362 del Código Procesal Penal. Del Testigo Protegido A.-Obligatoriedad de comparecer como testigo. El testigo es la persona que de manera accidental adquiere conocimiento de unos hechos determinados por conducto de sus sentidos, por encontrarse en el momento y lugar en que aquellos ocurrieron; se trata de una persona que, en la mayoría de las veces sin preverlo, presencia hechos que son de interés al derecho y que, por esa razón, es llamado para que relate lo que ha percibido, mediante su narración. Conforme al Código Procesal Penal, toda persona que sepa de un delito está obligada a atender el llamamiento judicial para participar en un proceso judicial en su condición de testigo (Art. 226 CPP); Esta obligación, salvo las excepciones previstas en la ley (Art. 227 CPP), exige a las autoridades estatales a dictar las medidas pertinentes para asegurar que el/la testigo acate el llamamiento judicial, medidas que pueden ser: Aprehensión para efectos de identificación: Durante la investigación preliminar, ante la noticia criminis y dándose la imposibilidad de distinguir entre testigos y posibles responsables entre las diferentes personas presentes en un lugar, la Policía Nacional (Art. 175 CPP) y/o el Ministerio Público (Art. 176 CPP) podrá aprehender a las personas que considere necesarias para evitar que se ausenten del lugar sin antes identificarlas plenamente, para ser llamadas como testigos; Actualización de domicilio de los testigos: Sin perjuicio de las medidas de seguridad pertinentes, el órgano jurisdiccional o, el Ministerio Público en la etapa de investigación preliminar, podrán ordenar a los testigos a fijar su domicilio e informar con antelación cualquier cambio de éste (Art. 238 CPP); Aprehensión por riesgo de Ocultamiento o Fuga: Cuando una persona trate de ocultarse o fugarse, con el fin de no participar en un proceso judicial como testigo, el órgano jurisdiccional podrá ordenar su aprehensión por hasta 24 horas, a efecto de que durante dicho tiempo se le tome la declaración testifical, la que podrá ser tomada bajo el protocolo de prueba anticipada de ser necesario; esta aprehensión podrá ordenarla el Ministerio Público por hasta 06 horas, entretanto gestiona la orden judicial (Art. 234 CPP); Intimación por el delito de desobediencia: En todas las citaciones que realice el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional, se deberá informar al testigo, sobre su obligación de comparecer (salvo las excepciones previstas en la ley), advirtiéndole que la desatención a dicha cita sin justa causa, le hará incurrir en responsabilidad por el delito de desobediencia (Art. 155 CPP); y Conducción Coactiva: Cuando un testigo debidamente citado y sin justificación válida, no atienda el llamamiento judicial, el órgano jurisdiccional procederá a citarlo por segunda vez, advirtiéndole que podrá ser conducido por la fuerza pública a rendir su declaración, lo cual se ordenara cuando no se atienda esta segunda citación (Art. 233 CPP). La normativa citada nos indica que la participación de una persona como testigo en un proceso judicial no cae en el ámbito discrecional de ésta, sino que es una obligación legal cuya inobservancia acarrea responsabilidad, debiendo las autoridades operadoras de justicia en el ámbito penal, dictar las medidas pertinentes para asegurar la participación del testigo en el proceso penal. B.-Medidas de Protección a Testigos. La obligación de la persona de participar en el proceso tiene al mismo tiempo aparejado la obligación del Estado de brindar la protección necesaria para repeler cualquier riesgo fundado que dicha participación le pueda acarrear (Art. 5 CPP).- Las medidas de protección están previstas en dos cuerpos legales distintos: i.- Código Procesal Penal, bajo el control del órgano jurisdiccional competente; y ii.- Ley de Protección a Testigos, a cargo del Director del Programa Nacional de Protección de Testigos en el Proceso Penal. El artículo 237 del Código Procesal Penal prevé una serie de medidas de protección de los testigos, siendo éste un listado ilustrativo y no excluyente de otras medidas que pueda adoptar la Policía Nacional, Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales, pero todas ellas bajo control de éstos últimos; son medidas de protección, entre otras: Que no conste en las carpetas institucionales, llámese expediente policial, expediente del Ministerio Público y/o expediente judicial: el nombre, profesión u oficio, domicilio, centro de trabajo ni dato alguno del testigo. Estos datos deberán ser consignados en sobre sellado que estará bajo la custodia del titular del tribunal que conozca la causa. El testigo deberá ser identificado con una clave o número acorde con la dignidad humana y a la solemnidad del proceso penal, procurando que ésta sea la misma en todo el procedimiento; Que el testigo comparezca para la práctica de las diligencias procesales, utilizando cualquier procedimiento que imposibilite su identificación visual normal; Que se fije como domicilio, a efecto de comunicaciones, la propia sede del órgano jurisdiccional interviniente, por cuyo conducto serán enviadas reservadamente a su destinatario; Que la declaración de la persona sea recibida sin la asistencia de público en la sala de juicio (ver art. 308.2 CPP); o Que la declaración del testigo sea rendida mediante videoconferencia. Por su parte, la Ley de Protección a Testigos (Decreto legislativo No. 63.-2007 del 28 de mayo de 2007), ordena que las medidas serán a favor de las personas que integren el Programa de Protección a Testigos dirigido por el Ministerio Público y, por ende, bajo el control exclusivo de éste, el que puede solicitar el auxilio de instituciones públicas y privadas para su implementación. - Entre las medidas que contempla la ley in comento están: Medidas de Protección Personal: i.- Alejamiento del lugar del riesgo; ii.- Reubicación temporal o definitiva del testigo protegido dentro o fuera del país; iii.- Cambio de identidad; iv.- Modificación de rasgos físicos; Medidas Policiales: i.- Alejamiento inmediato del testigo y de su grupo familiar del lugar de riesgo; ii.- Vigilancia, monitoreo y patrullaje policial; iii.- Medios y modalidades de comunicación policial de emergencia; y iv.- 4) Acompañamiento del testigo por un agente policial (escolta); Medidas Penitenciarias: Medidas de protección penitenciaria; o Medidas de Protección en el Proceso Penal: i.- Métodos de distorsión de voz o de aspecto físico y cualquier otro instrumento técnico que proteja la identidad y/o integridad física del testigo; ii.- Anonimato o resguardo de identidad y reserva de esta; iii.- Videoconferencia; y, iv.- Garantía de preferencia en la tramitación del caso en el proceso jurisdiccional, asegurando su confidencialidad. Cuando la medida de protección a imponer sea la reserva de identidad, ésta será revelada al órgano jurisdiccional hasta cuando éste comparezca a rendir su declaración; el órgano jurisdiccional comprobará la identidad constatando privadamente los datos de identificación proporcionados por la parte proponente en un sobre sellado (el que será abierto en ese momento), y luego de ello devolverá dicho sobre a la parte proponente para su destrucción; el sobre de datos de identificación jamás deberá ser agregado al expediente judicial. Téngase en cuenta lo ya señalado por este tribunal de casación en sentencia de fecha 18 de septiembre de 2018, en el Expediente 153-2914: “Esta Sala de Casación recuerda, que la declaración de testigos protegidos […], es una práctica procesal permitida en nuestra legislación según lo regula el artículo 237 del Código Procesal Penal, puesto que, si bien los testigos gozan de medidas de protección para no conocerse sus nombres, ni revelar su apariencia física por razones de seguridad personal, los jueces de sentencia si conocen esos detalles, precisamente deben cerciorarse de las generales de ley de los testigos que se encuentran en sobres sellados, por tanto no son en ningún momento testigos anónimos, sino que protegidos debido a la existencia racional de algún peligro grave para sus personas o sus parientes...”. Las medidas que están previstas en la legislación nacional (Art. 237 del CPP y Ley de Protección a Testigos en el Proceso Penal), operan bajo un sistema de numerus apertus, de modo que la autoridad estatal podrá adoptar tanto las medidas regladas contempladas en la legislación, como cualquier otra que no lo esté, pero que se identifique como necesaria en el caso concreto; en todos los casos se deberá tener presente que, cualesquiera que sean, deben implementarse dentro del marco del respeto a un debido proceso judicial, en especial a los derechos de defensa y contradicción. C.-Necesidad de Adopción de Medidas de Protección. Las instituciones del Estado, al llamar a una persona como testigo, están en el deber de identificar los factores de riesgo y emitir las medidas necesaria para evitarlos; su implementación no debe obedecer a un simple miedo natural que puede tener el llamado a atestiguar por su involucramiento en un proceso judicial, sino cuando racionalmente exista un grave peligro para la persona o bienes del testigo, de su cónyuge o compañero de vida, o de un ascendiente, descendiente o hermano de cualquiera de ellos, como consecuencia del testimonio que deba prestar o ha prestado; es una medida excepcional motivada por una concreta situación. La Corte IDH en sentencia de 29 de mayo de 2014, en el caso Norin Catrumán y otros vs. Chile, señaló: “243. El deber estatal de garantizar los derechos a la vida y la integridad, la libertad y la seguridad personales de quienes declaran en el proceso penal puede justificar la adopción de medidas de protección.” Por su parte la Sala de lo Constitucional en sentencias de fecha 19 de mayo del dos mil 2016 en el expediente 449-2015, de fecha 30 de septiembre del dos mil 2016, en el expediente 504-2015, y de fecha 30 de noviembre de dos mil 2017 en el expediente 384-2017, se ha señalado que “…con el mismo celo con que se garantizan los derechos del imputado, así habrá de actuar el Tribunal de Sentencia en relación a la persona de los testigos protegidos, recordándoles nuevamente que el derecho a la vida es inviolable, así como el respeto a la integridad física, psíquica y moral de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 65 y 68 Constitucionales, y son precisamente estos derechos entre otros los que se protegen y garantizan con la protección de testigos, en tal virtud el legislador ha previsto la figura de protección de testigos como se ha hecho alusión y que el órgano jurisdiccional no debe desconocer...”. Recomienda la Sala de lo Penal que la figura del testigo protegido sea usada con la mayor prudencia, en los casos realmente meritorios donde la amenaza a la vida propia o de los allegados de la persona que debe prestar su declaraciones o la amenaza a sus bienes, sean comprobada o al menos racionalmente previsible; y en especial este ad-quem recomienda a los jueces hacer un examen particular de cada caso a efecto de evaluar la necesidad de implementar, confirmar, reformar o revocar medidas de protección a favor de testigos y peritos en el proceso penal al amparo del Código de Rito; y en el caso particular de reserva de identidad: buscar un equilibrio entre la necesidad del acusado de conocer la identidad del testigo para poder ejercer plenamente el derecho de defensa y el derecho a la protección a la vida, a la integridad corporal y a la propiedad de personas a las que el Estado obliga a comparecer como testigos en una causa criminal; por ello y aun cuando las medidas de protección sean de carácter excepcional, ante la duda de su procedencia lo preferible es su implementación; todo ello independientemente de la valoración que se haga a la declaración de un testigo protegido, de conformidad a la sana crítica. D.-Medidas de Protección y el Derecho de Defensa. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, siendo una de esas garantías igualdad plena de poder interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos (Art. 8 CADH); agregando la Corte IDH que “187. Para que en un proceso se respeten verdaderamente las garantías judiciales protegidas en el artículo 8 de la Convención es preciso que se observen todos los requisitos que “sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho”, es decir, las “condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial”. El referido artículo 8 contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del ius puniendi del Estado buscando asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias.” (Norin Catrumán y otros vs. Chile). Como se ha señalado ya, ante la presencia de fundamentos razonables que señalen la existencia de posible peligro a la vida, integridad corporal o los bienes de una persona llamada a declarar como testigo en el proceso judicial o de cualquiera de su núcleo familiar, es deber del órgano jurisdiccional el brindarle la protección, cuya necesidad justifica que se vean limitados algunos de los principios informadores del proceso penal; es claro que -en particular- la medida de reserva de identidad del testigo no solo excluye el principio de publicidad respecto a ésta, sino que puede limitar en diversos grados el ejercicio del principio de contradicción y con éste el ejercicio de derecho de defensa, pues la representación legal de la persona imputada puede verse limitada de controvertir lo señalado por el testigo ante el valladar de conocer su identidad, y por ende la imposibilidad de saber sus antecedentes personales, relaciones con los demás testigos, ofendidos y acusado, y veracidad de algunos de los hechos concretos que informa en su declaración;“242.-…la reserva de identidad del testigo limita el ejercicio de este derecho puesto que impide a la defensa realizar preguntas relacionadas con la posible enemistad, prejuicio y confiabilidad de la persona misma del declarante, así como otras que permitan argumentar que la declaración es falsa o equivocada” (Corte IDH: Norin Catrumán y otros vs. Chile).- Por ello es obligación ineludible del Tribunal de Justicia procurar que la limitación al ejercicio de contradicción tenga como límite lo estrictamente necesario para resguardar la identidad del testigo en riesgo, velando porque los demás principios sigan incólumes, como ser el de oralidad, concentración e inmediación, y que permitan retomar el equilibrio de derechos que la limitación a la defensa haya provocado; en ese sentido, para la Corte IDH (Norin Catrumán y otros vs. Chile, párrafo 246) son medidas de contrapeso a observar al momento de la deposición del testigo protegido: Merito suficiente que justifiquen la protección del delito consistente en la reserva de identidad; Que la autoridad judicial conozca la identidad del testigo y tenga la posibilidad de observar su comportamiento durante el interrogatorio con el objeto de que pueda formar su propia impresión sobre la confiabilidad del testigo y de su declaración; Que la representación técnica de la persona acusada tenga una amplia oportunidad de interrogar directamente al testigo en alguna de las etapas del proceso, sobre cuestiones que no estén relacionadas con su identidad o paradero actual; lo anterior con el objeto de que la defensa pueda apreciar el comportamiento del testigo bajo interrogatorio, de modo que pueda desacreditarlo o, por lo menos, plantear dudas sobre la confiabilidad de su declaración; y Respecto a la decisión judicial: determinar la suficiencia probatoria, identificando fuentes de información distintas a la proporcionada por el testigo protegido. Resulta ilustrativo lo que explica el procesalista español Cubillo López (Cubillo López, Ignacio Jose, en La Protección de Testigos en el Proceso Penal, Civitas /Thomson Reuters, Editorial Aranzadi, págs. 175-187), al referirse a las declaraciones rendidas por testigos durante la etapa preparatoria del proceso, señalando que tales declaraciones siguen las reglas generales en materia de prueba testifical y para que alcancen valor probatorio habrán de reproducirse en la fase de enjuiciamiento, esto es: ante el tribunal sentenciador (inmediación), con eventual asistencia de personas distintas a las partes o sus representantes (publicidad), y en la presencia del acusado, con su letrado, quien debe tener la oportunidad de interrogar al testigo (contradicción), añadiendo que “...no existe un régimen especial cuando se trata de un testigo que ha estado sujeto a medidas protectoras…de tal manera que los testigos protegidos deben comparecer al juicio, como cualquier otro, sin que su condición de tales determine una modificación del régimen ordinario de prueba, en el sentido de que pudiese considerarse que es suficiente con la declaración sumarial, liberándoles de la declaración personal en el juicio oral…el testigo protegido debe comparecer en el juicio oral para ratificar la declaración que efectuó durante la instrucción, y este testimonio será valorado…según las reglas del criterio racional…”. La situación se torna más compleja cuando en la audiencia de debate se ordena la introducción por lectura de la declaración de testigos con protección de identidad sin protocolo de prueba anticipada, pues aquí suman dos circunstancias que limitan al mínimo el ejercicio del derecho de defensa: la situación ya abordada sobre la limitación que puede presentarse para la defensa por el desconocimiento de las generales del testigo y la imposibilidad de poder examinar directamente al testigo, de ejercer contradictorio en la audiencia en donde se produce la prueba que sirve para la toma de la decisión de fondo: la audiencia de debate.- La Sala de lo Penal ya había abordado antes este tema en la sentencia del tres de marzo dos mil quince en el Expediente 106-2012, e insiste en que declarándose a una persona como testigo protegido pasa a estar bajo el resguardo del Estado, por lo que es un contrasentido que se señale en la audiencia de debate que es imposible localizar a dicho testigo o que su no comparecencia se debe a que existe riesgo en contra de su vida, de su integridad física o de sus bienes, pues se parte de que la condición de protección ha sido precisamente por dichos riesgos, y que las medidas adoptadas por el Estado debían de servir para contrarrestarlos, permitiendo que el testigo pueda comparecer al debate para informar lo que conoce; claro está que ello no puede tomarse como una fórmula matemática, pues habrá ocasiones en que el riesgo sea tal que efectivamente el testigo no pueda llegar a comparecer, pero tal circunstancias excepcionalísima debe ser compensada con la introducción por lectura de una declaración testifical tomada estrictamente bajo el protocolo de prueba anticipada, en donde se le haya dado a la defensa tanto el tiempo como la información que se tenga del caso para poder prepararse para participar en tal deposición o, en su caso, mediante la toma de la declaración por video conferencia. En cualquier caso, advierte la Corte IDH, que: “247.-… aun cuando se hayan adoptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada. De lo contrario, se podría llegar a condenar al imputado utilizando desproporcionadamente un medio probatorio que fue obtenido en detrimento de su derecho de defensa. Por tratarse de prueba obtenida en condiciones en las que los derechos del inculpado han sido limitados, las declaraciones de testigos con reserva de identidad deben tratarse con extrema precaución, ser valoradas en conjunto con el acervo probatorio, las observaciones u objeciones de la defensa y las reglas de la sana crítica. La determinación de si este tipo de pruebas ha tenido un peso decisivo en el fallo condenatorio dependerá de la existencia de otro tipo de pruebas que corrobore aquellas de tal forma que, a mayor prueba corroborativa, menor será el grado decisivo que el fallador otorga al testimonio de identidad reservada.”. (Norin Catrumán y otros vs. Chile). Por ello para la Sala de lo Penal constituye quebranto al derecho de defensa y de inocencia la sentencia condenatoria basada únicamente en una solitaria prueba testifical con reserva de identidad que además se ha introducido por lectura a la audiencia de debate sin haberse seguido el protocolo de prueba anticipada. Finalmente es de mencionar que es obligación de todo órgano jurisdiccional establecer en la valoración intelectiva de la declaración de un testigo protegido, determinar si la medida de protección ha incidido en alguna medida en el ejercicio del derecho de defensa de alguna de las partes, lo que tomará en consideración al momento de la decisión de fondo. De la Procedencia del Recurso. El Motivo Es de Recibo. El motivo de casación da la oportunidad a la Sala de lo Penal a pronunciarse sobre un tema que ha generado polémica en el ejercicio de la función jurisdiccional: los testigos protegidos y la limitación al derecho de defensa.- El recurrente, agente del Ministerio Público alega que el a-quo a excluido indebidamente la declaración de los testigos protegidos clave PM1 y CPM2 en aplicación de un criterio errado, medios de prueba que son de valor decisivo, pues reflexiona que la consideración de la información brindada por los testigos hubiese llevado a los juzgadores al convencimiento sobre la culpabilidad del acusado. El tribunal de sentencia expone en su motivación la base jurídica y normativa de su criterio de exclusión del medio de prueba, invocando los artículos 82 de la Constitución de la República; 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 8.1 y 8.2.f de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos,; art. 14 y 101 del Código Procesal Penal, el a quo señaló que la declaración de los testigos protegidos clave PM1 y CPM2, vulneró el derecho de defensa y por ello carecen de aptitud probatoria. Los señores jueces se fundan en las siguientes consideraciones: i.- El derecho de concesión del inculpado de… los medios adecuados para la preparación de su defensa, consagrado en el artículo 8.2c de la Convención Americana de Derechos Humanos; ii.- El derecho de interrogar en plena igualdad a los testigos presentes en el tribunal; iii.- Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada: 1- Una relación breve y precisa de las acciones u omisiones en la que se funda la acción,2- La expresa mención de los aspectos más relevantes de la investigación realizada en torno de dichas acciones u omisiones, 3- La calificación de los hechos conforme lo dispuesto por el Código penal o la ley especial de que se trate, 4-La participación que en las acciones u omisiones tuvo el imputado y 5- El mínimo y el máximo de las penas que considere deban aplicarse al indiciado o indiciados según resulte de su participación en el delito. Que la posibilidad de apreciar la funcionalidad de todos los sentidos, se ve seriamente limitado ante la reserva de identidad del testigo, pues los dos testigos (PM1 y CPM2), fueron introducidos en una cabina durante su declaración; como segundo aspecto en lo relativo a la credibilidad, a partir del interés del testigo de rendir su testimonio; concerniente a este punto, es imposible determinar y cuestionar por parte de la defensa, si el testimonio de un testigo de identidad reservada para el acusado y su abogado guarda relación de parentesco, amistad o enemistad con el acusado o con la victima y tampoco es posible descartar o confirmar un interés espurio para declarar, porque el acto de la declaración le esta vedado a la defensa examinar al testigo sobre esos aspectos. Que se vulnera el derecho de defensa, pues imposibilita a la defensa conocer las cualidades personales del testigo, averiguar sobre sus antecedentes y demás condiciones particulares que pueden servir para efectuar un eficaz interrogatorio al mismo y posteriormente su adecuada crítica y evaluación. Recuerda la Sala de lo Penal que en el sistema normativo no es extraño la colisión de derechos fundamentales, debiendo los órganos jurisdiccionales resolver mediante un adecuado juicio de ponderación de intereses; tratándose de derechos fundamentales ninguno podrá provocar el desconocimiento de otro, debiendo los tribunales resolver a modo que todos los colisionantes subsistan entre sí, ello sin perjuicio de que el punto de equilibrio entre éstos pueda ser situado en distintos grados a depender su naturaleza (criterio objetivo) y a depender el caso concreto (criterio subjetivo). En el caso sub judice los derechos fundamentales en colisión son: por una parte el derecho de defensa del acusado, en específico el derecho a conocer la identidad de los testigos de cargo para poder ejercer un debido contradictorio; derecho de defensa que nuestra codificación primaria la declara inviolable, lo que implica que jamás se podrá desconocer pero ello no quiere decir que no pueda ser limitado en aras del respeto de otros derechos fundamentales; y por otra parte el derecho del testigo a la protección de intereses personales propios o de terceros con los que esté vinculado, que pueden ser desde la imagen, la propiedad, hasta la integridad física o la vida, cuando se encontrasen amenazados como consecuencia de su participación en un proceso penal. Así entonces el punto de equilibrio entre los derechos fundamentales que se identifican en conflicto deberá de determinarse no solo sobre la base a consideraciones de la naturaleza de cada derecho (criterio objetivo), sino también sobre la base al caso concreto (criterio subjetivo); se insiste que es importante identificar conforme al caso concreto la situación de hecho que origina la colisión de los derechos fundamentales, pues el solo señalar que los derechos en colisión son el de defensa y el derecho de protección de intereses subjetivos del testigo protegido es una posición muy abstracta y generalizada, que deberá de ser individualizada al determinar que aspecto del derecho de defensa es el comprometido y que interés en específico del testigo protegido es el que se pretende proteger, pues por ejemplo si se tratase del honor o la propiedad el punto donde se fijara el equilibrio será distinto si se tratase del derecho a la integridad corporal, o si se tratase del derecho a la vida, ello a depender precisamente lo que ha motivado la implementación de las medidas de protección en el caso particular. Lo que sí es importante es tener en consideración que ningún derecho fundamental es absoluto pero tampoco ninguno puede ser sacrificado su núcleo esencial en aras de la observancia de otro, por lo que pueden ser sujetos a condiciones razonables de ejercicio precisamente en una situación de colisión de derechos fundamentales, lo que obliga a identificar el punto en donde ambos puedan verse observados en la medida y extensión que mantenga la indisponibilidad del núcleo esencial, todo en consideración al caso concreto que se está juzgando. Para que lo anterior pueda entenderse de mejor manera debe de tenerse presente que existen dos posturas respecto a la definición de lo que se conoce como el “Núcleo Esencial” de los derechos fundamentales: i.- Teoría Absolutista: que postulan, de manera general, que los derechos humanos tienen una naturaleza estática, cuyo contenido esencial se ubica en el centro del derecho fundamental, distinto de la periferia. Dicho núcleo se constituye como límite absoluto en abstracto, sin importar situaciones históricas y el caso concreto, y ii.- Teoría Relativa que, si bien reconoce la existencia de un contenido esencial indisponible, niega la posibilidad que éste pueda ser definido bajo una contemplación abstracta, debiéndose hacer tal definición por una calificación judicial, lo que permitiría su adaptación a las situaciones sociales imperantes y al caso concreto; esta la teoría que abraza la Sala de lo Penal y que aplica en el presente caso como se ha explicado al inicio de párrafo, y que es distinta a la teoría absolutista que ha aplicado el tribunal de sentencia. En el caso concreto la protección a los testigos identificados como PM1 y CPM2, fueron implementadas en la etapa de investigación preliminar (f.27), y mantenidas hasta la terminación del proceso judicial en la primera instancia. Las medidas fueron adoptadas por riesgo a la vida de los testigos, en atención a la existencia racional de un peligro grave para él mismo, su familia o sus bienes, pues la complejidad y gravedad del delito, aunado a la forma alevosa de ejecución detona un alto perfil de peligrosidad de los autores; tales hechos fueron de consideración por el Juzgado de Letras para que en fecha 23 de febrero del año 2018, disponiendo mantener la reserva de sus datos de identificación por el riesgos de que éste o su familia pudiese sufrir algún atentado contra la integridad o la vida como consecuencia de participar en el proceso como testigo, lo cual no es una situación extraña en la realidad nacional. De lo anterior se colige que los derechos fundamentales en colisión son por una parte el que atañe a la persona acusada y su derecho de poder ejercer su defensa, para ello la necesidad de conocer la identidad de los testigos para poder preparar la defensa y desarrollarla en un proceso de interrogatorio y, por otra parte, el derecho a la vida del testigo protegido y eventualmente de las personas que componen su familia, como consecuencia de los actos de represalia que pudiese sufrir por su participación como testigo. Así las cosas la Sala de lo Penal considera entonces que ambos derechos deben de ceder parte del campo de su amparo a favor del otro: El derecho de defensa debe de mantenerse permitiendo al acusado o en su caso a su apoderado legal, estar presente al momento en que el testigo protegido rinda declaración, poder interrogarlo, inclusive mediante la formulación de preguntas que normalmente pudiesen ser censuradas, como las preguntas sugestivas o con preguntas que pudiesen parecer impertinentes, pero debiendo ceder en el hecho de que la aportación de información básica de identidad del testigo debe de estar restringida para el acusado y para su apoderado defensor; y por otra parte el derecho a la defensa de la vida del testigo, garantizando mediante su participación en el proceso sin la revelación de información básica que pueda identificarle a él o a su familia, pero debiendo de ceder dicho derecho en su obligación de participar, lo que implica comparecer las veces que sea requerido para participar en las actuaciones procesales que se requieran (declaración testifical, reconocimiento en rueda, reconstrucción de hechos, etc.), además de tener la obligación de contestar de manera fiel a la verdad tantas preguntas le sean formuladas por cualquiera de las partes y en especial por la defensa técnica de la persona acusada siempre que no implique la revelación de información de identidad. En este punto la Sala de lo Penal desea abrir un paréntesis para hacer una acotación importante: en la sentencia el tribunal ha hecho una distinción entre el testigo protegido con el testigo anónimo y de cambio de identidad, señalando que éste último es violatorio al derecho de defensa en base una consideración abstracta lo que merece dos reflexiones por parte este ad-quem: i.- No existe tal distinción entre las clases de testigos referida: la legislación penal nacional define quienes son las personas que deben de comparecer como testigos en los procesos en esta materia y además propone las medidas de protección en caso de que exista riesgo fundado de que éstos pudiesen sufrir en sus bienes, en sus personas o en la de terceros vinculados con éstos, algún tipo de agresión intimidatoria o vindicativa por su participación, siendo una de esas medidas la reserva de los datos de identidad; entonces a lo que llama el tribunal de sentencia como testigo anónimo, sigue siendo un testigo protegido bajo una particular medida de protección; y ii.- La Sala de Sentencia hace una declaración absoluta al señalar que lo que identifica como testigo anónimo es violatorio al derecho de defensa, el derecho al debido proceso legal y el derecho a un juicio justo y a partir de ello procede la exclusión en el presente caso de la declaración de los testigos PM1 y CPM2 (f. 199), rendida en la audiencia de debate celebrada en fecha 12 de agosto de 2020 (F. 181), sin hacer ponderación de los derechos fundamentales en colisión en el caso concreto.- Como se ha explicado Ut Supra no se puede desconocer que “242. […] La reserva de identidad del testigo limita el ejercicio de este derecho puesto que impide a la defensa realizar preguntas relacionadas con la posible enemistad, prejuicio y confiabilidad de la persona misma del declarante, así como otras que permitan argumentar que la declaración es falsa o equivocada”, empero tampoco es posible obviar que existe “243. El deber estatal de garantizar los derechos a la vida y la integridad, la libertad y la seguridad personales de quienes declaran en el proceso penal [que] puede justificar la adopción de medidas de protección. […] [consistentes] tanto [en] medidas procesales (como la reserva de datos de identificación o de características físicas que individualicen a la persona) como extraprocesales (como la protección de su seguridad personal).”, de allí entonces la necesidad de la ponderación de los derechos colisionantes como se ha señalado, pues “244. […] tan grave decisión sólo puede adoptarse en cada caso particular y con completo conocimiento de las circunstancias concretas del mismo. Son medidas excepcionales para situaciones excepcionales y que se adoptan siempre con control absoluto de los intervinientes para evitar que los costos a la práctica de alguno de los derechos que importa la defensa en juicio sean mínimos y que en ningún evento entrabe o limite el ejercicio del núcleo esencial de esa garantía.”. (Todas las citas: Corte IDH: Norin Catrumán y otros vs. Chile; lo resaltado no se aprecia en el original). Retornando al caso en estudio, se aprecia en la foliada judicial que en fecha 12 de agosto de 2020 se celebró la audiencia de debate (f. 181), en donde comparecieron de manera persona los testigos PM1 y CPM2 , quienes fueron interrogados de manera directa por las partes; en específico la Defensa Pública formulo 5 preguntas al testigo protegido clave PM1 y la defensa pública formulo 13 preguntas al Testigo protegido clave CPM-2; Se colige que el medio de prueba en mención fue ofertado, admitido y evacuado en la audiencia de debate, relacionado en la sentencia pero excluido de valoración por el tribunal bajo un criterio desatinado de ilegalidad; El tribunal de sentencia, en apoyo a su decisión, hace eco a citas parciales de criterios vertidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y de la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH), a saber: Informe No. 176/10 casos 12.576, 12.611 y 12.612 de la Comisión Interamericana Sobre Derechos Humanos, la que estableció dos consideraciones importantes: Por una parte “237. […]El recurso a sistemas judiciales “in rostro” ha sido denunciado por los órganos del sistema interamericano como contrario al derecho a un juicio justo, porque el anonimato de quienes intervienen en un proceso penal, en particular de los testigos, priva a los acusados de las garantías básicas de la justicia. Bajo tales circunstancias, los acusados no saben quiénes los están acusando, por lo cual no están en condiciones de saber si las personas están calificadas para ello, ni pueden realizar un examen efectivo de los testigos de la contraparte […]. En esa medida, el recurso a sistemas judiciales secretos, incluido el recurso a los testigos de identidad reservada, ha sido caracterizado por la Corte y por la Comisión Interamericanas en principio como una violación de la garantía del debido proceso a interrogar a los testigos, y de la garantía sobre el carácter público de los procesos penales. ;238. En este sentido, por ejemplo, en el informe de la CIDH sobre el estado de los derechos humanos en Colombia de J 999, se explicó, al aludir a un sistema de testigos de identidad reservada, que: El acusado tampoco puede realizar interrogatorio efectivo alguno de los testigos de cargo. El derecho de contra interrogar a los testigos es sumamente importante pues ofrece al acusado la oportunidad de cuestionar la credibilidad de los testigos y su conocimiento de los hechos. El imputado no puede examinar debidamente a los testigos si no posee ninguna información en relación con sus antecedentes o motivaciones y no sabe cómo los testigos obtuvieron información sobre los hechos en cuestión. Por lo tanto, la “; Justicia sin rostro" también da lugar a la violación del artículo 8 (2) (j) de la Convención Americana, que garantiza el derecho del acusado a examinar a los testigos. 239. Otros organismos internacionales de derechos humanos han denunciado el recurso a testigos de identidad reservada como contrario al derecho de defensa que subyace al debido proceso. Así, el Comité de Derechos Humanos ha establecido que un sistema judicial que permite la existencia de testigos anónimos, es incompatible con el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. " pero, por otra parte, (lo omitido por el tribunal juzgador) que “240. […] existen circunstancias en las cuales la investigación y juzgamiento de cierto tipo de delitos […] pueden exponer a quienes participan en la administración de justicia a amenazas serias contra su vida o su integridad personal. No cabe duda de que los Estados también tienen la obligación de prevenir la violencia contra quienes colaboran con la administración de justicia, y de proteger sus derechos a la vida y la integridad. En casos así, la jurisprudencia internacional ha aceptado que se adopten ciertas medidas excepcionales destinadas a proteger a los testigos frente a peligros reales derivados de su colaboración con las causas penales, siempre y cuando dichas medidas excepcionales no afecten las garantías esenciales del debido proceso, lo cual ha de evaluarse en cada caso particular. En los términos de la CIDH, “dichas medidas deben evaluarse caso por caso, aunque siempre disponiendo que su carácter o aplicación no comprometan las garantías inderogables de los encausados a un juicio justo, incluidos su derecho a la defensa y a ser juzgados por un tribunal competente, independiente e imparcial”.- En conclusión: “[…], el derecho del acusado a interrogar o a que se interrogue los testigos presentados en su contra podría en principio estar sujeto a restricciones en instancias limitadas. Debe reconocerse a este respecto que los empeños por investigar y procesar los delitos, incluidos los vinculados con terrorismo, pueden en algunas instancias generar amenazas contra la vida e integridad de los testigos y, de esa manera, plantear aspectos complejos vinculados a la forma en que esos testigos pueden ser identificados durante el proceso penal sin comprometer su seguridad. [Véase CIDH, Informe sobre Colombia 1999, Cap. V, párrs. 67-69, que es citado parcialmente por el tribunal de sentencia] Estas consideraciones nunca pueden servir de base para comprometer las protecciones inderogables de un acusado respecto del debido proceso y cada situación debe ser detenidamente evaluada en sus propios méritos dentro del contexto del sistema judicial particular de que se trate.”.- El criterio de la CIDH es precisamente el plasmado por esta Sala de lo Penal en esta sentencia, y del cual solo ha hecho una referencia parcial el tribunal de sentencia que emitió la resolución impugnada. En la sentencia de fecha 22 de noviembre de 2005 de la Corte IDH que resolvió el caso Palamara Iribarne vs. Chile, se hace un pronunciamiento respecto a la denuncia de la violación de los artículos 8 y 25 de la convención en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y en específico sobre “c) Garantías judiciales en los procesos penales militares seguidos en contra del señor Palamara Iribarne” en donde se plantea como problemática el mantenimiento de la reserva de las diligencias sumariales al acusado, indicando el tribunal supranacional que ello constituye violación al principio de publicidad: 178. la Corte Interamericana ha señalado que: … el inculpado tiene derecho a examinar a los testigos que declaran en su contra y a su favor, en las mismas condiciones, con el objeto de ejercer su defensa. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Europea 203. Este Tribunal ha establecido que en todo proceso deben concurrir los elementos necesarios para “que exista el mayor equilibrio entre las partes, para la debida defensa de sus intereses y derechos. Esto implica, entre otras cosas, que rija el principio de contradictorio” (Lo resaltado no aparece en el original). - Es pues que la cita hecha por el tribunal de sentencia refiere a la violación del debido proceso, por falta de publicidad en procesos judiciales de índole militar, lo que incluyó por estar “íntimamente ligado con lo anterior” la violación al derecho al acusado de examinar a los testigos de cargo y de descargo con el objeto de ejercer el derecho de defensa, ello por ausencia de contradictorio; derecho que ciertamente debe de ser observado en todo proceso judicial y que en el caso venido a casación fue observado, dado que el acusado y su equipo legal tuvieron conocimiento de la existencia de los testigos protegidos, desde la presentación del requerimiento fiscal, teniendo la oportunidad su representación legal de examinarlo directamente, formulándole las preguntas no en una sino en dos ocasiones, siendo la segunda vez en la audiencia de debate; por tanto el ejercicio del derecho de defensa mediante la contradicción fue materializado en el presente caso, por lo que constituye una aseveración errónea señalar que de forma absoluta ésta no se presentó en especial cuando no existe denuncia de parte de la representación legal del acusado que pudiese poner en evidencia que ello efectivamente fue así; ahora bien es un aspecto de derecho distinto la valoración al medio de prueba, la cual puede ser positiva o negativa a consideración del tribunal de sentencia de aspectos que se derivan de la inmediación y de la suficiente información corroborativa extraída de un robusto contradictorio. Sentencia del 25 de noviembre de 2004, la Corte IDH resolvió el caso Lori Berenson Mejía vs. Perú (el a-quo hace la cita Lori Berenton), resolviendo la denuncia de la violación del artículo 8 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1. de la misma, en específico del derecho de las partes a interrogar a los testigos, donde se señala como vicio la prohibición legal de formular preguntas a una clase de testigos en particular y del derecho de contar con un apoderado legal lo cual no permitía la ley peruana sino hasta la declaración de la persona acusada: “184. La Corte Interamericana ha señalado, como lo ha hecho la Corte Europea, que el inculpado tiene derecho a examinar a los testigos que declaran en su contra y a su favor, en las mismas condiciones, con el objeto de ejercer su defensa.”.- En el presente caso en el acumulado judicial se registró que las partes no solo tuvieron la oportunidad de examinar directamente a los testigos protegidos PM1 y CPM2, sino que lo hicieron en las mismas condiciones, por lo que la resolución de la Corte IDH no es aplicable al caso concreto que provoca esta sentencia de casación. Sentencia del 25 de noviembre de 2005, la Corte IDH resolvió el caso García Asto y Ramírez vs. Perú, la cual fue citada por el tribunal de sentencia sin señalar cual es la Ratio Decidendi aplicable al caso concreto. Para este tribunal de casación la conclusión a la que debemos arribar es que no es la figura de protección de testigos: reserva de identidad, la que causa reproche por el sistema de protección de derechos humanos interamericano, sino la valoración de la prueba sujeta a dichas medidas.- La decisión tomada por el tribunal de sentencia de excluir los medios de prueba testificales, no solo fue hecha sin hacer ponderación de los derechos fundamentales en consideración a los méritos del caso concreto, sino también bajo un criterio de carácter meramente abstracto, que además desconoce los dictados de la CIDH y de la Corte IDH pues el sistema interamericano de derechos humanos reconoce la necesidad de protección de testigos y que una de esas medidas de protección es la reserva de identidad, condicionado a que ello no debe de desconocer el derecho de defensa ni el derecho de inocencia de la persona acusada. Por todo, el motivo debe de ser otorgado. Decisión: Estimar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA:Primero: Declara Ha Lugar el motivo único de casación por Quebrantamiento de Forma invocado por el Abogado Manuel Edgardo López, en su condición de fiscal del Ministerio Público, en consecuencia se Casa la sentencia de fecha diez de diciembre del año dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida.- Tercero: Declara la Nulidad Absoluta de la audiencia de debate celebrada en fecha doce de agosto de dos mil veinte (f. 181) y la nulidad absoluta de la sentencia que es objeto del recurso de casación en el presente caso (f. 188) antes individualizada.- Y Manda: Primero: Observando estrictamente los plazos legales contemplados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de origen proceda a programar celebración de la audiencia de debate para resolver la formalización de cargos criminales hecha por el Ministerio Público en la audiencia preliminar de la etapa intermedia del proceso penal, en contra del Señor Mayquel Isaí Hernández Posas, por suponerlo responsable a título de autor, de un delito de Homicidio, en perjuicio de Jeffry Javier Soto Orellana; audiencia de debate y sentencia que deberá ser celebrada por jueces/zas distintos/as a aquellos/as que tuvieron participación en la audiencia de debate y sentencia que se ha anulado, lo que no les releva de la obligación de empoderarse de lo señalado en la presente resolución.- Segundo: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Mairena Franco. - Notifíquese. Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. Mario Rolando Díaz Flores. Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas.-. Receptora ADSCRITA SALA de lo Penal.”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de mayo de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada a los nueve días del mes de abril de dos mil veinticuatro, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP 233-2021.
RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS
RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL