Sentencia CP-233-18 — Registro 15656
Resumen
En primera instancia se condenó a los imputados por el delito de Asesinato, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y Declarando la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017 .
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Conforme al vicio denunciado, corresponde a esta Sala de lo Penal realizar una revisión exhaustiva del cuadro fáctico declarado como probado por el Sentenciador y verificar si los argumentos del censor son ciertos o no. Los hechos probados revelan que el 14 de julio de 2013 a eso de las 8 de la noche, la ofendida Adriana Flores Velásquez se dirigía a su casa de habitación ubicada en Reitoca, Francisco Morazán, cuando fue interceptada por los acusados Evelio García Maradiaga, Manace García Maradiaga, Héctor Enrique García Maradiaga, Fredy Eliezer López y Edis Israel Chevez, agarrándole de las manos los señores Héctor Enrique y Evelio, acto seguido Manace Maradiaga le disparó ocasionándole la muerte, en tanto Edis y Fredy estaban vigilando. Una vez hechos los disparos, Fredy Eliezer le preguntó a Manace si le habían pegado, afirmándole éste que sí, luego de lo cual todos huyeron del lugar. Conforme lo estableció el censor en su recurso, no existe la agravante de la alevosía porque según propias palabras: “… no puede colegirse dicha característica por la particularidad que la víctima era una mujer y la prevalencia física que los actores ejercen sobre ella, la coloca en la imposibilidad de ejercer algún acto de defensa, este elemento es totalmente intrínseco a su persona precisamente por su condición.” Para esta Sala de Casación lo argumentado por el censor es incorrecto, no es por el hecho de que la víctima es mujer y que por su condición física los acusados tenían prevalencia sobre ella para que el Juzgador considerara la agravante de la alevosía, pues ésta existe en primer lugar porque toman por sorpresa a la ofendida, la están esperando y de manera furtiva le salen al encuentro; también es una acción alevosa de los acusados el número de personas que atacan a la víctima, dos de ellos la toman por las manos, es decir la someten, dos de ellos están vigilando que nadie los vea y uno de ellos utilizando un arma de fuego dispara contra su humanidad; pero no queda ahí su accionar, todavía uno de los imputados para asegurar que la acción cometida se consumó le pregunta “Si le habían pegado” es decir asegurando el resultado muerte. Todas estas circunstancias fueron las que tomó en consideración acertadamente el Juzgador para catalogar el accionar de los acusados en un delito de asesinato por alevosía y aunque la víctima hubiese sido un hombre las circunstancias serían exactamente las mismas, por lo que el argumento de censor está fuera de contexto. Es así que esta Sala de lo Penal considera que los hechos probados encajan de manera perfecta en el artículo 117 numeral 1 del Código Penal decreto N° 144-83, razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"... DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Aunque el censor en algunas de sus manifestaciones no utilizó la técnica recursiva adecuada para fundamentar adecuadamente su impugnación, pues usó muchos argumentos de instancia y efectúa una revaloración del material probatorio, sin embargo, en el resto de su recurso es posible determinar cuál es el punto central de su impugnación y será sobre eso que esta Sala de Casación dará respuesta. El recurrente considera que la valoración que efectuó el A-quo sobre la prueba de la defensa es insuficiente pues limitadamente se restringe a decir que los testigos lo que pretendieron en el juicio fue crear la convicción en el Tribunal de que los imputados se encontraban en un lugar diferente del lugar de los hechos, pero esta Sala de Casación ha revisado el apartado “Valoración de la Prueba” y encontramos en el numeral tercero cómo el Sentenciador razonó las declaraciones testificales de descargo de los señores Juan Mendoza Isidoro, Miguel Ángel Chevez Castro, Oscar Benedicto Amador Castro, Mario Onan López Castañeda, Iris Arely López Castañeda, Leónidas Adrián Gonzales Ávila, Modesta Esperanza Chávez Sierra, Martin Maradiaga y José Arturo García Maradiaga pero también consideró la declaración del imputado Manace García Maradiaga que decidió rendir declaración de manera voluntaria. En ese mismo numeral el Sentenciador en primer lugar realizó la valoración descriptiva de la prueba testifical, es decir transcribió de manera cronológica y coherente las manifestaciones dadas por los testigos, posteriormente en el apartado “Valoración Conjunta del Tribunal” el A-quo realizó una extensa y bastante valoración intelectiva de estos medios probatorios, mismos que relacionó con el resto de medios de prueba y en resumen podemos decir que concluyó que: “…estos juzgadores no les otorga credibilidad ni valor probatorio a todo lo declarado por los testigos de descargo y aún más la narración realizada por el acusado Manace García Maradiaga en su propia defensa; los testigos de descargo ya enumerados con el afán e apoyar a sus amigos, esposo, hermano, compañero de trabajo, vecina, narraron hechos no creíbles para el tribunal, tratando de ubicar a los cinco acusados en lugares muy distintos donde ocurrió el hecho criminoso, mismo que ocurrió el día 14 de julio de 2013, sin existir otra prueba con la que se pueda confirmar sus dichos, contrario a las declaraciones de los testigos protegidos A, B, Omega y la del señor Victoriano Reyes Ávila, esposo de la víctima, testimonios que fueron corroborados entre sí, con la prueba documental, pericial aun testifical, siendo valoradas en lo acápites anteriores, siempre se apreció en juicio que a estrategia de la defensa fue orientada a señalar que los acusados se encontraban en otro lugar muy distinto donde ocurrieron los hechos, así lo refirieron todos los testigos de descargo y en su defensa el acusado Manace García, no siendo probado en juicio por los representantes de la defensa privada de los acusados, por tal razón no se les otorga credibilidad a dichas declaraciones. Para esta Sala de lo Penal el razonamiento del Tribunal no es insuficiente, sino que todo lo contrario, es bastante, coherente y suficiente para establecer las razones por las que el Juzgador no les concede valor probatorio, es decir es posible determinar cuál fue el razonamiento judicial para restarles credibilidad. En primer lugar, todos los testigos pretenden hacer creer al Tribunal Sentenciador que los acusados se encontraban en un lugar diferente a donde ocurrieron los hechos, pero en contraposición se tienen las declaraciones de los testigos protegidos A, B y Omega quienes de manera categórica reconocen a los acusados pues son oriundos del lugar y les conocen perfectamente, relatan de manera similar la dinámica de los hechos, afirman qué acusados tomaron por las manos a la ofendida, quiénes estuvieron vigilando y quién de ellos disparó a su humanidad, hasta son contestes en las palabras que se dijeron en el momento de los hechos, cómo la ofendida clamaba que no la mataran además de que uno de los imputados le preguntó a otro “si le había pegado”; la prueba testifical de cargo cuenta con pruebas corroborativas de verificación como ser el acta de levantamiento y acta de exhumación en relación a lugar donde le dispararon a la víctima. En contraposición con los testimonios de la acusación tenemos los testigos de descargo cuya objetividad la vemos disminuida pues muchos de ellos tiene un vínculo sanguíneo, laboral y de amistad con los acusados, por otro lado sus testimonios no cuentan con pruebas corroborativas de verificación distintas a sus propios testimonios, todo lo cual fue debidamente explicado y razonado por el Juez A-quo a lo largo de su sentencia, por lo que es procedente desestimar el presente recurso de casación..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...eglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario. No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa Privada de los acusados Manace García Maradiaga, Evelio García Maradiaga, Héctor Enrique García Maradiaga, Fredy Eliazar López y Edis Israel Chévez Flores que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto. El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal 144-83, declaró responsable a los acusados Manace García Maradiaga, Evelio García Maradiaga, Héctor Enrique García Maradiaga, Fredy Eliazar López y Edis Israel Chévez Flores, del delito de Asesinato imponiéndole una pena de 22 años de prisión, más las penas accesorias como consecuencia del delito. En la nueva legislación penal decreto N° 130-2017, el delito de asesinato está regulado en el artículo 193 y establece una pena entre 20 a 25 años cuando el delito se comete por alevosía o ensañamiento, por lo que, al hacer el comparativo, la pena de 22 años por la que fueron condenados los acusados se encuentra dentro del margen de la nueva ley penal, por tanto, no procede la aplicación retroactiva del nuevo código penal..."
Legislación citada
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-233-2018 que literalmente dice: “Sentencia. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticuatro (24) días del mes de agosto del año de dos mil veintiuno (2021), el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian. EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS. La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 233-2018 por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticuatro de octubre del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló; Primero: Condenó al señor Manace García Maradiaga, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio de la señora Adriana Flores Velásquez a la pena de veintidós años de reclusión. Segundo: Condenó al señor Evelio García Maradiaga, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio de la señora Adriana Flores Velásquez a la pena de veintidós años de reclusión. Tercero: Condenó al señor Héctor Enrique García Maradiaga, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio de la señora Adriana Flores Velásquez a la pena de veintidós años de reclusión. Cuarto: Condenó al señor Fredy Eliazar López, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio de la señora Adriana Flores Velásquez a la pena de veintidós años de reclusión. Quinto: Condenó al señor Edis Israel Chévez Flores, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio de la señora Adriana Flores Velásquez a la pena de veintidós años de reclusión. Sexto: Se declaró a los señores Manace García Maradiaga, Evelio García Maradiaga, Héctor Enrique García Maradiaga, Fredy Eliazar López y Edis Israel Chévez Flores, civilmente responsables de la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito por el que son condenados. Séptimo: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio a los señores Manace García Maradiaga, Evelio García Maradiaga, Héctor Enrique García Maradiaga, Fredy Eliazar López y Edis Israel Chévez Flores. Octavo: No procedió declarar el comiso. Interpuso el recurso de casación por infracción de ley y quebrantamiento de forma, el Abogado Oscar Adán Cálix Rosales, en su condición de defensor privado de todos los acusados. Son Partes En La Única Instancia: El Abogado Oscar Adán Cálix Rosales, en su condición de defensor privado de los señores Manace García Maradiaga, Evelio García Maradiaga, Héctor Enrique García Maradiaga, Fredy Eliazar López y Edis Israel Chévez Flores, como parte recurrente y la Abogada Marina Audely Varela, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. I. Hechos Probados. “UNICO: El día catorce de julio del año dos mil trece, aproximadamente a las ocho de la noche, la señora ADRIANA FLORES VELASQUEZ se dirigía a su casa de habitación, ubicada en Reitoca, Francisco Morazán, cuando fue interceptada por los señores EVELIO GARCIA MARADIAGA, MANACE GARCIA MARADIAGA, HECTOR ENRIQUE GARCIA MARADIAGA, FREDY ELIEZER LOPEZ Y EDIS ISRAEL CHEVEZ, agarrándole de las manos los señores Héctor Enrique y Evelio, y acto seguido Manase Madariaga le disparó ocasionándole la muerte, en tanto que Edis y Fredy estaban vigilando. Una vez hechos los disparos, Fredy Eliezer le preguntó a Manase si le había pegado, afirmándole éste que sí, luego de lo cual todos huyeron del lugar por una milpa que estaba sembrada en las inmediaciones del lugar donde ocurrieron los hechos.” II. Recurso De Casación. Motivos y Argumentos. Recurso de Casación por Infracción de Ley. “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. PRIMER MOTIVO: Infracción por aplicación indebida del artículo 117 numeral 1 del Código Penal (decreto 144-83). PRECEPTO AUTORIZANTE: El motivo de la casación invocado como infringido por aplicación indebida está contenida en el artículo 360 del Código Procesal Penal que dispone: “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” EXPOSICION DEL MOTIVO: El concepto de la infracción la explicó de siguiente manera siguiente: La circunstancia de como se produce la muerte de la víctima, el Tribunal sentenciador establece que existe ALEVOSÍA en la muerte, ya que estimó como probado el siguiente hecho: " UNICO: El día catorce de julio del año dos mil trece, aproximadamente a las ocho de la noche, la señora ADRIANA FLORES VELASQUEZ, se dirigía a su casa de habitación, ubicad en Reitoca, Francisco Morazán, cuando fue interceptada por lo señores EVELIO GARCIA MARADIAGA, MANACE GARCÍA MARADIAGA, HECTOR ENRIQUE GARCÍA MARADIAGA, FREDY ELIEZER LOPEZ y EDIS ISRAEL CHEVEZ, agarrándole de las manos los señores Hector Enrique y Evelio, y acto seguido Manase Maradiaga le disparó ocasionándole la muerte, en tanto que Edis y Fredy estaban vigilando. Una vez hechos los disparos, Fredy Eliezer le preguntó a Manase si le había pegado, afirmándole este que sí, luego de lo cual todos huyeron del lugar por una milpa que estaba sembrada en las inmediaciones del lugar donde ocurrieron los hechos." En el apartado de fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida el Tribunal específicamente en su numeral SEGUNDO, párrafo tercero manifestó lo siguiente: " Estas acciones se subsumen en et delito de Asesinato, concurriendo la circunstancia de la alevosía como circunstancia cualificante. Efectivamente, de los hechos se desprende que existe alevosía, puesto que eran cinco sujetos fuertemente armados, disparándole el señor Manace García Maradiaga mientras los señores Héctor Enrique y Evelio la sujetaban de sus manos y los otros dos restantes Fredy y Edis vigilaban el tugar donde estaba ocurriendo el hecho, realizando todos estas acciones de manera sorpresiva, sin tener la oportunidad la señora Adriana de poder ser auxiliada por los vecinos del lugar o poder correr a su casa de habitación, la que se encontraba cerca y aún más la casa de uno de los hijos de la víctima, y así poder salvar su vida, hechos que ocurrieron a las ocho de la noche. Por tanto tenían prevalencia física sobre su víctima, existiendo una clara ventaja de parte de los acusados, no pudiendo defenderse la señora Adriana Flores Vásquez sin existir ningún riesgo para los acusados que procediera de la defensa que podría hacer la hoy occisa." Como podemos observar el Tribunal Sentenciador estableció que existe la alevosía en la muerte de la víctima, pues ésta no tenía la posibilidad de defenderse, razón por la cual condena a mis representados, por el delito de ASESINATO. En estos casos se debe entender que no concurre la alevosía, “porque el sujeto activo no emplea en la ejecución medios, modos o formas que busquen directamente a asegurarla” ya que se da una situación no provocada ni buscada por el autor, ni existe la posibilidad de defensa en los casos referidos. Debe tenerse presente que la alevosía etimológicamente indica traición, se refiere a la cautela que emplea el autor para eximirse de riesgos en su acción asegurándose el resultado, lo cual evidentemente lo buscará el autor en casos en los cuales considera necesariamente debe ejecutar el hecho de esa forma para poder realizarlo y no correr riesgo alguno, es decir, “que no basta el estado de indefensión de la víctima, sino se requiere que el sujeto activo haya buscado esa situación de indefensión" Al establecer el Tribunal de Sentencia los hechos probados, con la Norma Penal del Asesinato mediante alevosía, no se puede determinar, que dicha condición se plasme así en los acontecimientos, ya que no puede colegirse dicha característica por la particularidad que la víctima era una mujer y la prevalencia física que los actores ejercen sobre ella (Tal y como lo establece el Tribunal de Sentencia), la coloca en la imposibilidad de ejercer algún acto de defensa, este elemento es totalmente intrínseco a su persona precisamente por su condición. En tal sentido, el Tribunal de Sentencia al no plasmarse en los hechos probados la característica de alevosía que requiere el tipo penal, incurrió en una aplicación errónea del artículo 117 del Código Penal en su numeral 1.” Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN: “Motivación fáctica insuficiente de la sentencia impugnada". PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: El Artículo 141 del Código Procesal Penal, dispone que los actos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación. La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones de valor probatorio que se les haya atribuido, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal.- Siendo que la motivación puede ser de hecho y de derecho, así como de forma absoluta o parcial, del estudio de los antecedentes observamos que el vicio que presenta la sentencia que hoy se impugna radica en insuficiencia de motivación fáctica, la cual consiste en la fundamentación parcial insuficiente para resistir el peso del fallo que se dicta, de acuerdo a las exigencias formales previstas para la sentencia. Al respecto el Autor FERNANDO DE LA RUA (La Casación Penal. El recurso de casación penal en el nuevo Código Procesal Penal de la nación), establece que: La motivación para que sea completa debe referirse al hecho y al derecho, entendiéndose en la primer hipótesis que se valorarán las pruebas suministrando las conclusiones a que arribe el tribunal sobre su examen, esa necesidad de motivación impone al juez el deber de apreciar razonadamente las pruebas". Tomando como base los parámetros recursivos supra referidos se determina, que la sentencia que se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta la motivación que debe observarse en todo fallo, el cual se produjo en el apartado de valoración probatoria de la misma, al realizar el juzgador una motivación insuficiente de la prueba, lo que impide verificar la corrección del razonamiento que determina la condena de los imputados EVELIO GARCIA MARADIAGA, MANACE GARCÍA MARADIAGA, HECTOR ENRIQUE GARCÍA MARADIAGA, FREDY ELIEZER LOPEZ y EDIS ISRAEL CHEVEZ, respecto del delito a ellos atribuido, para lo cual examínese lo establecido por el Juzgador respecto de la prueba evacuada en el numeral 3.9 de la sección de valoración probatoria, en su apartado de valoración conjunta del Tribunal, que literalmente dice: " Con las declaraciones de los testigos de descargo, que se evacuaron en la audiencia de juicio oral y público como ser de los señores JUAN MENDOZA ISIDRO, MIGUEL ANGEL CHAVEZ CASTRO, y OSCAR BENEDICTO AMADOR CASTRO, estos señores han tratado con sus narraciones establecer que los acusados Fredy Eliecer López y Edis Israel Chevez se encontraban en la casa de habitación del señor Fredy Eliecer ubicada en el municipio de Reitoca viendo una película, cuando escucharon unos disparos; que luego se dieron cuenta que habían matado a una señora de nombre Adriana Flores, que era pastora de la localidad, con estas declaraciones la defensa de los señores Fredy Eliecer y Edis Israel pretende ubicar a estos en un lugar diferente de la escena del crimen; asimismo con lo declarado por los testigos MARIO ONAN LOPEZ CASTAÑEDA, IRIS ARELY LOPEZ CASTAÑEDA y JOSE ARTURO GARCIA MARADIAGA, han querido estos tres testigos de descargo sacar del lugar de los hechos, al acusado Evelio García Maradiaga ya que el primero de ellos Mario Oman es el cuñado del acusado Evelio casado con su hermana Iris que es la segunda de las testigos y el tercero de los mismos José Arturo hermano tanto de Evelio como de Manase García Maradiaga y Hector Enrique García Maradiaga, testigos residentes en el municipio de Rosario, departamento de Comayagua, hasta donde quisieron hacer creer a estos juzgadores que el señor Evelio García se encontraba el día que ocurrieron los hechos, ese domingo 14 de julio de 2013, en la comunidad de Rosario, lugar muy distante de donde ocurrieron los hechos; manteniendo un interés manifiesto ya que son parientes uno como cuñado, otra como esposa y el hermano de tres de cinco de los acusados; el testigo LEONIDAS ADRIAN GONZALES AVILA, ha querido aportar en este juicio que el acusado Manases García fue su compañero de trabajo y que el día de los hechos él se personó hasta donde está ubicada las instalaciones del trabajo donde ambos trabajan de nombre COSESNA para hacerle un pago, de un préstamo que le había hecho al testigo el señor Manases García, declaración poco creíble, en virtud que tenían años de conocerse, pudiendo realizarlo en tiempo laborable, y según sus declaraciones se dirigió hasta el lugar donde laboraban ambos en horas de la tarde noche el día que ocurrieron los hechos, asimismo la testigo MODESTA ESPERANZA CHAVEZ SIERRA, quien es amiga del acusado Manases García, vino hasta este Tribunal para contar que el día de los hechos en horas de la noche llegó hasta la casa de habitación de Manases ubicada en colonia Tiloarque, Comayaguela, a una reunión de una célula que tienen los vecinos de esa localidad, que inicio a las siete y termino a las nueve de la noche; aunado a estas declaraciones el acusado Manases García Maradiaga en su defensa declaró manifestando lo mismo que narraron la señora Modesta y el señor Leónidas Adrián; con estas últimas tres declaraciones consideran estos juzgadores que el interés de los dos amigos Leónidas y Modesta con respecto al acusado señor Manases es también ubicarlo en un lugar muy distante y distinto del lugar donde ocurrieron los hechos ese domingo 14 de julio de 2013, como a eso de las ocho de la noche, en el municipio de Reitoca, departamento de Francisco Morazán; El testigo MARTIN MARADIAGA, quien manifestó en el debate que se encontraba en la casa del señor Rubén García, que en la casa del señor Rubén se encontraba un negocio propiedad del acusado Héctor Enrique García Maradiaga, realizando un juego llamado la ruleta rusa, la ubicación del negocio es en el municipio de Alubaren, fue allí donde se dieron cuenta que ocurrió una muerte en Reitoca que se trataba de la señora Adriana Flores que era pastora." Como se evidencia de lo antes descrito, la motivación del juzgador resultó ser escueta, al limitarse a establecer de forma muy limitada y escueta que algunos de los testigos pretendía únicamente ubicar a los acusados en un lugar distinto en el que ocurrieron los hechos y que otros de los testigos tenían algún interés y en cuanto al último testigo solo hace una breve narración de su deposición en el momento de su declaración pero no afirma que valoración merece el mismo. Sin embargo, no estableció de manera clara y precisa en base al contenido de tales probanzas que resultó acreditado a través de ellas, suministrando las conclusiones a las que arribó sobre su examen, como consecuencia, el Juzgador cumplió el requerimiento de valoración fáctica, de manera parcial y por ende, insuficiente. Los argumentos que anteceden, nos conducen a afirmar que en el caso sub judice, se hace patente la motivación insuficiente en que incurrió el Juzgador y que se ve reflejada en la valoración de la prueba, al no haber expresado los criterios legales que lo llevaron a determinar que la prueba supra relacionada no tiene la fuerza suficiente para formar la convicción del Tribunal sobre la condena de los imputados, en virtud, que el juzgador no razona de forma expresa, lógica y coherente, los indicios debidamente probados, por medio de inferencias lógicas para dirigir la formación de la convicción hacía un hecho desconocido, resultando por lo tanto imposible realizar un efectivo y completo control de la fundamentación del fallo, al desconocerse objetivamente cómo el A-Quo ha formado su convicción, que lo ha llevado a condenar a los imputados, por lo que se determina con absoluta claridad la existencia del cause casacional invocado. Aunado a todo lo dicho anteriormente consideramos necesario citar lo dispuesto por el Código Iberoamericano de Ética Judicial, que en su Capítulo III de la Parte l, señala que la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del juez(a), el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los jueces son titulares y, en último término, la justicia de las resoluciones judiciales; señala que motivar es expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión, indica que una decisión carente de motivación es una decisión arbitraria. El Código Iberoamericano de Ética Judicial además establece que el deber de motivar adquiere una intensidad máxima en relación con decisiones privativas o restrictivas de derechos, o cuando el juez(a) ejerza un poder discrecional, recalca que el juez(a) debe motivar sus decisiones tanto en materia de hechos como de Derecho: a).- En materia de hechos: debe proceder con rigor analítico en el tratamiento del cuadro probatorio, debe mostrar en concreto lo que aporta cada medio de prueba, para luego efectuar una apreciación en su conjunto; b).- En materia de Derecho: no puede limitarse a invocar las normas aplicables, especialmente en las resoluciones sobre el fondo de los asuntos, sino que debe de señalar porque una norma legal debe de regir un caso concreto. Añade que la motivación debe extenderse a todas las alegaciones de las partes, o a las razones producidas por los jueces que hayan conocido antes del asunto, siempre que sean relevantes para la decisión a tomar. En todos los casos, señala el Código Referido, las motivaciones deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas.- En resumen la motivación debe de observar las siguientes características: EXPRESA, CLARA, COMPLETA, LEGITIMA Y RESPETUOSA DE LA SANA CRITICA.- Ahora bien, ordena el artículo 141 del Código Procesal Penal que las sentencias deberán ser debidamente motivadas, redactadas conforme lo establece el artículo 338 del mismo cuerpo legal, así pues, la falta de una motivación COMPLETA se traduce en el vicio in procedendo de insuficiente motivación y la falta de una motivación EXPRESA, se traduce en el vicio in procedendo de Carencia de Motivación, provocando ambas situaciones la nulidad de la sentencia. Es importante recordar que las sentencias son la forma de comunicación entre el Juez(a) y la sociedad, en donde el primero rinde cuentas al segundo de la autoridad que se le ha confiado, también la sentencia es la forma como el Juez(a) defiende la validez y vigencia del derecho objetivo, aplicando éste al caso concreto que es disputado, finalmente la sentencia resuelve un conflicto surgido de la inobservancia de la ley, pronunciándose sobre las pretensiones antagónicas- condenatoria y absolutoria- que le han formulado las partes.- Con lo expresado es posible derivar cuando existe insuficiencia de motivación fáctica o jurídica y cuando tales motivaciones son totalmente carentes: A).- Carencia de Motivación Fáctica o Jurídica: Acontece cuando la sentencia no posee ninguna motivación fáctica o ninguna motivación jurídica, es decir. la total omisión de fundamento probatorio o jurídico y con ello se produce el desconocimiento de las partes y del público en general, del porqué los juzgadores tomaron la decisión final, convirtiendo el pronunciamiento en arbitrario.-B).- Motivación Fáctica o Jurídica Insuficiente: Se presenta en los casos que los Juzgadores hacen un esfuerzo limitado en razonar su decisión y por ende no sea posible con la lectura de la sentencia, retomar los pasos seguidos por los Juzgadores, develar sus razonamientos y análisis, que desembocaron en los pronunciamientos del fallo.- Son ejemplos de éste vicio cuando se hace una descripción de los medios de prueba, mas no se consigna el proceso de valoración intelectivo, cuando dicha valoración se limita a manifestar que tal o cual prueba merece crédito o no merece crédito, sin expresar las razones de dicha conclusión o cuando en la fundamentación jurídica solo se hace la cita de las normas legales o se transcriben las mismas, sin ninguna explicación del porqué están vinculadas al caso concreto y del porqué, en su caso, las normas invocadas por las partes no son aplicables; La Insuficiencia de Motivación también se presenta cuando los Juzgadores, en la individualización de la pena concreta, no justifican la necesidad de la aplicación de la pena a imponer y su extensión. En las sentencia que hoy atacamos por la vía recursiva el ente sentenciador violenta los dispuesto por el Código Iberoamericano de Ética Judicial ya que no realizó un proceso de valoración intelectiva, ya que por ejemplo en el caso prueba testifical rendida por esta defensa como ya citamos anteriormente única limitadamente se restringe a decir que los testigos lo que pretendieron en el juicio fue crear la convicción del tribunal de hacer creer que varios de los imputados se encontraban en un lugar diferente en el que se llevaron a cabo los hechos y en relación a otros de ellos se limita a decir como ya lo dejamos por sentado que tienen un interés por ser familiares o amigos de uno de los imputados, pero no desarrolla de forma científica ni esgrime las razones que lo llevaron a arribar tal conclusión. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que trate sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio.” III. Fundamentación. Del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los hechos probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como principio de intangibilidad de los hechos probados. 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la doctrina legal, a consecuencia de: Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del principio fijado en la Doctrina Legal. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizado por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia, o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la infracción en un Recurso de Casación por Infracción de Ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto Penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el Derecho Penal material o sustantivo. b) Norma Extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al Derecho Penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser observadas para la aplicación de la ley penal, por ejemplo, las leyes penales en blanco, que son aquellas que, señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal: La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto. Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión por parte del juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación hecha por el juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad, concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que, citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. Único Motivo. Norma autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. Norma sustantiva que se denuncia infringida: artículo 140 del Código Penal. Concepto de la infracción: aplicación Indebida del artículo 140 referente al delito de Violación Especial. Reclamación ex-ante: sin determinar por el Pretensor. Pretensión: que se dicte una nueva sentencia que case el fallo recurrido. Explicó el recurrente que el Sentenciador estableció que existe la alevosía en la muerte de la víctima, pues ésta no tenía la posibilidad de defenderse, razón por la cual condena a los acusados por el delito de asesinato. Estima el censor que en estos casos se debe entender que no concurre la alevosía, porque el sujeto activo no emplea en la ejecución medios, modos o formas que busquen directamente asegurarla, ya que se da una situación no provocada ni buscada por el autor, ni existe la posibilidad de defensa en los casos referidos. Del delito de Asesinato[1]. De acuerdo con el artículo 117 del Código Penal: “Es reo de asesinato quien dé muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1. Alevosía; 2. Con premeditación conocida; 3. Por medio de inundación, incendio, envenenamiento, explosión, descarrilamiento, volcamiento, varamiento o avería de buque u otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos, siempre que haya dolo e intencionalidad; y, 4. Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. La pena por asesinato será de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión, y cuando se cometiese mediante pago, recompensa o promesa remuneratoria, o se acompañase de robo o violación, la pena será de treinta (30) años a privación de por vida de la libertad.” Como se ve, el código tipifica el asesinato como delito autónomo, después del de homicidio, mediante la enumeración de una serie de circunstancias escogidas del copioso elenco de las agravantes del artículo 27. Tales circunstancias no son meras agravantes genéricas, sino elementos constitutivos del delito, bastando la concurrencia de una sola para que pueda calificarse de asesinato. Ahora bien, puede suceder que en la muerte de una persona concurran varias de las circunstancias del artículo 117 del Código Penal. En tal caso, cualquiera de ellas puede tomarse para calificar esa muerte como asesinato y, las restantes, dejan de ser elementos constitutivos de delito para actuar como agravantes genéricas del artículo 27. Comunes al homicidio son las cuestiones en torno al bien jurídico protegido (la vida humana independiente), los sujetos activo y pasivo del tipo básico, la causalidad y las formas imperfectas. Cabe resaltar que, en cuanto al sujeto pasivo del tipo cualificado del homicidio no tiene su correspondencia en el asesinato. Así, el asesinato de una autoridad judicial con ocasión o en ejercicio de sus funciones no tiene un tratamiento específico en términos de mayor pena, a diferencia de lo que sucede en el homicidio. En fin, si se da muerte a una autoridad de las mencionadas en el artículo 116, concurriendo las circunstancias del artículo 117, habrá que acudir a las normas sobre concurso de leyes del artículo 2.A. Específica del asesinato es una rica problemática que pasamos a exponer a continuación, centrándonos en las circunstancias que constituyen elementos constitutivos del tipo. Alevosía. Su definición legal se recoge en el artículo 27.2 del Código Penal: hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra la vida y la integridad corporal, empleando medios, modos o formas en la ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarla, sin riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido. De acuerdo con esta definición, la alevosía se nos presenta como equivalente a cobardía, ya que la nota fundamental (aparte del aseguramiento de la ejecución), es el aprovechamiento de una situación de indefensión, y la falta por ello de riesgo para el sujeto activo al cometer su acción. El Tribunal Supremo español ha señalado reiteradamente con nitidez que la «esencia de la alevosía se encuentra en la eliminación de la defensa», y que «el núcleo de la alevosía se encuentra en el aniquilamiento de las posibilidades de defensa»; o bien «en el aprovechamiento de una situación de indefensión, cuyos orígenes son indiferentes». Partiendo de esta idea, la jurisprudencia del Tribunal Supremo español distingue tres modalidades de alevosía. a) La llamada alevosía «proditoria», singularizada por el ataque «a traición y sobre seguro» y que incluye la asechanza, insidia, trampa, emboscada, celada, apostamiento, situaciones todas ellas en que el sujeto agresor se oculta y cae sobre la víctima en momento y lugar que aquélla no espera. b) La alevosía súbita, inesperada o inopinada, llamada también «sorpresiva», en la que el sujeto activo, aun a la vista o en presencia de la víctima, no descubre sus intenciones y aprovechando la confianza de aquélla actúa de forma imprevista, fulgurante y repentina. La víctima es sorprendida totalmente desprevenida, ya se encuentre de espaldas o incluso de frente, gracias a lo repentino e inopinado de la agresión. En estos casos es precisamente el carácter sorpresivo de la agresión lo que suprime la posibilidad de defensa, pues quien no espera el ataque difícilmente puede prepararse contra él y reaccionar en consecuencia, al menos en la medida de lo posible. c) La alevosía de desvalimiento (que roza el abuso de superioridad), en que el sujeto agente aprovecha una situación de absoluto desamparo de la víctima, como acontece en los casos de personas desvalidas por su edad (ancianos, niños), por su invalidez física o psíquica (enfermos graves), o por estar en estado de inconsciencia (personas ebrias en fase letárgica o comatosa, drogadas, dormidas o privadas de conocimiento). La alevosía es una circunstancia mixta, objetivo-subjetiva, porque exige tanto la concurrencia de elementos objetivos (ejecución del hecho con modos, medios o formas que aseguren el resultado), como subjetivos (intención del sujeto activo de evitar el riesgo que provenga de la posible reacción defensiva de la víctima). El autor ha de proponerse esa finalidad, que queda cubierta por el dolo, incluso eventual, independientemente de que la situación de aseguramiento del resultado, sin riesgo, se haya creado o buscado de propósito, o sólo se haya aprovechado de ella en el momento de ejecutar la acción. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Conforme al vicio denunciado, corresponde a esta Sala de lo Penal realizar una revisión exhaustiva del cuadro fáctico declarado como probado por el Sentenciador y verificar si los argumentos del censor son ciertos o no. Los hechos probados revelan que el 14 de julio de 2013 a eso de las 8 de la noche, la ofendida Adriana Flores Velásquez se dirigía a su casa de habitación ubicada en Reitoca, Francisco Morazán, cuando fue interceptada por los acusados Evelio García Maradiaga, Manace García Maradiaga, Héctor Enrique García Maradiaga, Fredy Eliezer López y Edis Israel Chevez, agarrándole de las manos los señores Héctor Enrique y Evelio, acto seguido Manace Maradiaga le disparó ocasionándole la muerte, en tanto Edis y Fredy estaban vigilando. Una vez hechos los disparos, Fredy Eliezer le preguntó a Manace si le habían pegado, afirmándole éste que sí, luego de lo cual todos huyeron del lugar. Conforme lo estableció el censor en su recurso, no existe la agravante de la alevosía porque según propias palabras: “… no puede colegirse dicha característica por la particularidad que la víctima era una mujer y la prevalencia física que los actores ejercen sobre ella, la coloca en la imposibilidad de ejercer algún acto de defensa, este elemento es totalmente intrínseco a su persona precisamente por su condición.” Para esta Sala de Casación lo argumentado por el censor es incorrecto, no es por el hecho de que la víctima es mujer y que por su condición física los acusados tenían prevalencia sobre ella para que el Juzgador considerara la agravante de la alevosía, pues ésta existe en primer lugar porque toman por sorpresa a la ofendida, la están esperando y de manera furtiva le salen al encuentro; también es una acción alevosa de los acusados el número de personas que atacan a la víctima, dos de ellos la toman por las manos, es decir la someten, dos de ellos están vigilando que nadie los vea y uno de ellos utilizando un arma de fuego dispara contra su humanidad; pero no queda ahí su accionar, todavía uno de los imputados para asegurar que la acción cometida se consumó le pregunta “Si le habían pegado” es decir asegurando el resultado muerte. Todas estas circunstancias fueron las que tomó en consideración acertadamente el Juzgador para catalogar el accionar de los acusados en un delito de asesinato por alevosía y aunque la víctima hubiese sido un hombre las circunstancias serían exactamente las mismas, por lo que el argumento de censor está fuera de contexto. Es así que esta Sala de lo Penal considera que los hechos probados encajan de manera perfecta en el artículo 117 numeral 1 del Código Penal decreto N° 144-83, razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo. Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Norma procesal que se denuncia infringida: artículo 338 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: motivación fáctica insuficiente. Reclamación ex-ante: por haberse producido el vicio denunciado en el acto de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna. Pretensión: que se declare a lugar el recurso y se anule el fallo. Explicó el recurrente que el Juzgador respecto a los testigos de descargo Juan Mendoza, Miguel Ángel Chávez, Oscar Benedicto Amador Castro, Mario Onan López Castañeda, Iris Arely López Castañeda, José Arturo García Maradiaga, Leónidas Adrián Gonzales Ávila, Modesta Esperanza Chávez Sierra y Martin Maradiaga; su motivación a estos testigos resultó ser escueta, al limitarse a establecer de forma muy limitada y breve que algunos de los testigos pretendía únicamente ubicar a los acusados en un lugar distinto en el que ocurrieron los hechos y que otros de los testigos tenían algún interés; sin embargo no estableció de manera clara y precisa en base al contenido de tales probanzas qué resultó acreditado a través de ellas, cumpliendo de manera parcial el requerimiento de la valoración fáctica y por ende es insuficiente. De la Motivación Fáctica o Jurídica insuficiente en la Sentencia[2]
Este motivo también contiene varias hipótesis que se refieren a la motivación fáctica y a la motivación jurídica, entendiéndose por la primera a que se conforma por los hechos probados y la valoración de la prueba, relacionada de manera específica en los numerales 1 y 2 de la sección cuarta, del artículo 338 del Código Procesal Penal; que alude a la reconstrucción conceptual del hecho objeto del juicio. La motivación jurídica, es aquella que, partiendo de esos hechos probados, les asigna las normas penales que justifican la decisión judicial, es decir, se conforma por las razones jurídicas que explican por qué se absuelve o se condena (partiendo de los preceptos que califican el hecho, los relativos a las causas que condena (partiendo de los preceptos que califican el hecho, los relativos a las causa que eximen de responsabilidad penal, las que lo extinguen, las que la agravan o atenúen, y la relativas a la determinación legal y judicial de la pena). La motivación jurídica se ordena en el numeral 3 del artículo 338 del CPP. Partiendo que en este vicio no se refiere a una omisión absoluta de razones de hecho o de derecho que debe portar la sentencia, la motivación insuficiente se dirigirá a la consignación de argumentos de prueba o exposición de razones jurídicas que no alcancen a justificar el hecho reconocido en la resolución o las leyes que se aplican. Se presentaría la insuficiencia en los casos en que no resulte posible deducir o inferir el proceso racional que llevó al Tribunal de Sentencia a considerar como probados los hechos establecidos, o a aplicar los preceptos penales por los que se resuelve. Sobre el hecho, el vicio se observaría cuando consignándose en la valoración de la prueba cierta prueba, se omite el indicar por qué esa probanza convence al juzgador, como sucedería al decir que lo testigos generan credibilidad simple y sencillamente porque son contestes, sin exponer en qué sentido han sido concordantes. También se estimará la infracción cuando se haga referencia superficial a la prueba o la simple relación de actuaciones en el proceso. En cuanto a la motivación jurídica, éste se estimaría insuficiente cuando no se consignen las razones de derecho completas del por qué se califican los hechos en determinada norma penal; cuando se impone una pena concreta refiriendo superficialmente los factores de determinación judicial de la pena; si no se da fundamento cierto al porqué el imputado participó a título de autoría etc.; es decir, cuando se exponen con suficiencia los argumentos jurídicos sobre cuestiones fundamentales de la causa que justifican la decisión del tribunal. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Aunque el censor en algunas de sus manifestaciones no utilizó la técnica recursiva adecuada para fundamentar adecuadamente su impugnación, pues usó muchos argumentos de instancia y efectúa una revaloración del material probatorio, sin embargo, en el resto de su recurso es posible determinar cuál es el punto central de su impugnación y será sobre eso que esta Sala de Casación dará respuesta. El recurrente considera que la valoración que efectuó el A-quo sobre la prueba de la defensa es insuficiente pues limitadamente se restringe a decir que los testigos lo que pretendieron en el juicio fue crear la convicción en el Tribunal de que los imputados se encontraban en un lugar diferente del lugar de los hechos, pero esta Sala de Casación ha revisado el apartado “Valoración de la Prueba” y encontramos en el numeral tercero cómo el Sentenciador razonó las declaraciones testificales de descargo de los señores Juan Mendoza Isidoro, Miguel Ángel Chevez Castro, Oscar Benedicto Amador Castro, Mario Onan López Castañeda, Iris Arely López Castañeda, Leónidas Adrián Gonzales Ávila, Modesta Esperanza Chávez Sierra, Martin Maradiaga y José Arturo García Maradiaga pero también consideró la declaración del imputado Manace García Maradiaga que decidió rendir declaración de manera voluntaria. En ese mismo numeral el Sentenciador en primer lugar realizó la valoración descriptiva de la prueba testifical, es decir transcribió de manera cronológica y coherente las manifestaciones dadas por los testigos, posteriormente en el apartado “Valoración Conjunta del Tribunal” el A-quo realizó una extensa y bastante valoración intelectiva de estos medios probatorios, mismos que relacionó con el resto de medios de prueba y en resumen podemos decir que concluyó que: “…estos juzgadores no les otorga credibilidad ni valor probatorio a todo lo declarado por los testigos de descargo y aún más la narración realizada por el acusado Manace García Maradiaga en su propia defensa; los testigos de descargo ya enumerados con el afán e apoyar a sus amigos, esposo, hermano, compañero de trabajo, vecina, narraron hechos no creíbles para el tribunal, tratando de ubicar a los cinco acusados en lugares muy distintos donde ocurrió el hecho criminoso, mismo que ocurrió el día 14 de julio de 2013, sin existir otra prueba con la que se pueda confirmar sus dichos, contrario a las declaraciones de los testigos protegidos A, B, Omega y la del señor Victoriano Reyes Ávila, esposo de la víctima, testimonios que fueron corroborados entre sí, con la prueba documental, pericial aun testifical, siendo valoradas en lo acápites anteriores, siempre se apreció en juicio que a estrategia de la defensa fue orientada a señalar que los acusados se encontraban en otro lugar muy distinto donde ocurrieron los hechos, así lo refirieron todos los testigos de descargo y en su defensa el acusado Manace García, no siendo probado en juicio por los representantes de la defensa privada de los acusados, por tal razón no se les otorga credibilidad a dichas declaraciones. Para esta Sala de lo Penal el razonamiento del Tribunal no es insuficiente, sino que todo lo contrario, es bastante, coherente y suficiente para establecer las razones por las que el Juzgador no les concede valor probatorio, es decir es posible determinar cuál fue el razonamiento judicial para restarles credibilidad. En primer lugar, todos los testigos pretenden hacer creer al Tribunal Sentenciador que los acusados se encontraban en un lugar diferente a donde ocurrieron los hechos, pero en contraposición se tienen las declaraciones de los testigos protegidos A, B y Omega quienes de manera categórica reconocen a los acusados pues son oriundos del lugar y les conocen perfectamente, relatan de manera similar la dinámica de los hechos, afirman qué acusados tomaron por las manos a la ofendida, quiénes estuvieron vigilando y quién de ellos disparó a su humanidad, hasta son contestes en las palabras que se dijeron en el momento de los hechos, cómo la ofendida clamaba que no la mataran además de que uno de los imputados le preguntó a otro “si le había pegado”; la prueba testifical de cargo cuenta con pruebas corroborativas de verificación como ser el acta de levantamiento y acta de exhumación en relación a lugar donde le dispararon a la víctima. En contraposición con los testimonios de la acusación tenemos los testigos de descargo cuya objetividad la vemos disminuida pues muchos de ellos tiene un vínculo sanguíneo, laboral y de amistad con los acusados, por otro lado sus testimonios no cuentan con pruebas corroborativas de verificación distintas a sus propios testimonios, todo lo cual fue debidamente explicado y razonado por el Juez A-quo a lo largo de su sentencia, por lo que es procedente desestimar el presente recurso de casación. IV. Decisión. Se declara no ha lugar el recurso de casación por infracción de ley y quebrantamiento de forma, interpuestos por la defensa privada. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario. No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa Privada de los acusados Manace García Maradiaga, Evelio García Maradiaga, Héctor Enrique García Maradiaga, Fredy Eliazar López y Edis Israel Chévez Flores que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto. El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal 144-83, declaró responsable a los acusados Manace García Maradiaga, Evelio García Maradiaga, Héctor Enrique García Maradiaga, Fredy Eliazar López y Edis Israel Chévez Flores, del delito de Asesinato imponiéndole una pena de 22 años de prisión, más las penas accesorias como consecuencia del delito. En la nueva legislación penal decreto N° 130-2017, el delito de asesinato está regulado en el artículo 193 y establece una pena entre 20 a 25 años cuando el delito se comete por alevosía o ensañamiento, por lo que, al hacer el comparativo, la pena de 22 años por la que fueron condenados los acusados se encuentra dentro del margen de la nueva ley penal, por tanto, no procede la aplicación retroactiva del nuevo código penal. V. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 360, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por el Abogado Oscar Adán Calix Rosales, en su condición de Defensor Privado de los señores Manace García Maradiaga, Evelio García Maradiaga, Héctor Enrique García Maradiaga, Fredy Eliazar López y Edis Israel Chévez Flores a quienes se les condenó por el delito de Asesinato en perjuicio de Adriana Flores Velásquez. Segundo: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Abogado Oscar Adán Calix Rosales, en su condición de Defensor Privado de los señores Manace García Maradiaga, Evelio García Maradiaga, Héctor Enrique García Maradiaga, Fredy Eliazar López y Edis Israel Chévez Flores a quienes se les condenó por el delito de Asesinato en perjuicio de Adriana Flores Velásquez. Tercero: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017. Cuarto: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. - NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Firma y Sello. MICHELLE ALESSANDRA IZAGUIRRE COLINDRES. Receptora Adscrita. Secretaria General. Corte Suprema de Justicia.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de julio del dos mil veintidós. Certificación de Sentencia dictada el veinticuatro de agosto del dos mil veintiuno, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-233-2018.
JOSE RAMON CRUZ FERRERA
SECRETARIO ACTUANTE
SALA DE LO PENAL
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[1] De Diego Diez, Alfredo. Manual de Derecho Penal. Parte Especial. Volumen I. Magistrado - Doctor en Derecho Profesor de Derecho Procesal de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla-España)
[2] Cuellar Cruz, Rigoberto; Fernández Entralgo, Jesús; Gómez Colomer, Juan Luis. Derecho Procesal Penal de Honduras. Manual Teórico-Práctico. Proyecto Fortalecimiento del Poder Judicial de Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional. Tegucigalpa, Honduras. Año 2004. Páginas 598-599