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Sentencia CP-227-20 — Registro 19136

Resumen

El Tribunal de Sentencia en primera instancia absolvió al imputado del delito de tentativa de asesinato. resolviendo la Sala de lo Penal Ha lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"... De la Procedencia del Recurso. El Motivo es de Recibo. Observa esta Sala de lo Penal que la recurrente no ha sido del todo certera al fundamentar y argumentar su recurso de casación, pues, aunque señala de manera correcta la regla que considera violentada y establece la norma autorizante y el concepto de la infracción; estableció la inferencia reclamada pero no por qué va en contra de la regla de la sana critica. Ahora bien, tomando en cuenta el control de convencionalidad que debemos utilizar todos los Tribunales de la República y tomando en cuenta los fallos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación al derecho a recurrir el fallo establecido en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esta Sala de Casación dará respuesta a los cuestionamientos de la censora que se hayan entendido medianamente, aun y cuando no haya utilizado la técnica recursiva necesaria. Cuestiona la recurrente básicamente la prueba testifical, consistente en las declaraciones de los testigos de cargo como ser el ofendido Justiniano Mejia, y los testigos Mauricio Mejia Pérez y Jose Daniel Mejia Pérez, para lo cual es necesario traer a análisis los juicios de valor externados por la mayoría del Sentenciador en relación a esta prueba y al resto que fue evacuada en el juicio, expresando el A-quo: … Para estos jueces lo dicho por Justiniano Mejía (victima), Mauricio Mejía Pérez y José Daniel Mejía Pérez (hijos de la víctima), por ser testigos presenciales su declaraciones son de mayor peso que el de otro testigos, pero al valorarlas en su conjunto muestran seria incongruencias, como ser que Justiniano dijo que le habla tirado la pistola a Daniel y este a s hermano Mauricio, pero como puedo haber visto eso si después del disparo en el pecho pierde el conocimiento, otro punto es que el Daniel dijo que su padre le habla tirado la pistola a su hermano y no a él, que al practicar el medio de prueba reconstrucción de hechos, en sus dichos hubieron contradicciones respecto al lugar que ocupaban cada uno de los sujeto que los agredieron, además de esto Jose Daniel dijo haber reculado a los cuatro sujetos al menos dos de ellos armados, casi a una distancia de veinte metros, las máximas de la experiencia común nos, indican que en una situación extrema, en defensa de la vida propia o de la de un pariente, en este caso la de su padre se actúa sin pensar, pero este testigo utilizo solamente un machete a cuatro hombres, sin que ningún de ellos utilizara el arma de fuego que portaban en contra de él, pero si las utilizaron contra su padre Justiniano, por lo que sus dichos son creíbles parcialmente, solo en lo relacionado a las heridas que le fueron producidas a su padre, el resto de su declaración produce duda, las declaraciones de Justino Hernández y Raymundo Mejia al valorar las mismas en su conjunto y con el resto de la prueba solo demuestra en el caso de Raymundo Mejía los actos que realizo a momento de tomar conocimiento de lo sucedido a Justiniano Mejia, lo dicho por Justino Hernández en el sentido de que el ofendido le habla manifestado el nombre de las personas que lo habla herido, resulta poco creíble si consideramos que la víctima manifestó haberse desmayado después de recibir un segundo disparo a la altura del pecho, por lo que podemos inferir que al momento en que este testigo llega al lugar del hecho, esta sin sentido la víctima. Fue evacuado el medio de prueba Reconstrucción de hechos a lo cual el Tribuna de Sentencia infirió: … Para estos jueces al practicar este medio de prueba se logró establecer con los testigos de cargo, al dinámica del hecho sometido a enjuiciamiento, como efecto secundario también se produjo Valorar los dichos do los testigos Justiniano Mejía, Mauricio Mejia Pérez y José Daniel Mejía Pérez los mismo no son congruentes entre sí, a lo cual ya nos hemos referido en el acápite primero de la sentencia de mérito, en el único punto que coinciden estos testigos de cargo es en decir que el arma so trabo, por también este extremo produce un desmerito en sus dichos, ya que la prueba científica del dictamen balístico en su apartado de conclusiones el perito manifiesta que el arma de fuego periciada presentaba buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, por lo que al valorar sus dichos de manera armónica los mismos no son concordantes entre sí y tampoco con el dictamen balístico, esto después de practica la reconstrucción de hechos. Para esta Sala de Casación los razonamientos externados por la mayoría del Sentenciador son contradictorios, pues por una parte el A-quo ha valorado en su sentencia que estos testigos son presenciales y que les dan credibilidad, ya que estos le indican la dinámica de los hechos, sin embargo a la vez señala que le son creíbles parcialmente; en sus inferencia señalan lo que estiman incongruencias sin embargo en ellas no se logra observar que tales incongruencias saquen de la escena al acusado, para lo cual esta Sala de lo Penal analiza el voto del juez disidente en el cual opuesto a la mayoría este juez considera como probada la participación del acusado en las lesiones del ofendido. Las declaraciones rendidas por el ofendido y los testigos de cargo que se encuentran a página tres de la sentencia sujeta a impugnación, esta Sala de lo Penal encuentra que estos han proporcionado la dinámica de los hechos, señalan participantes, en este caso es el mismo testigo ofendido Justiniano Mejia, el que narra cómo fue víctima de heridas con arma de fuego, acontecimiento del que fueron testigos presenciales sus hijos Mauricio Mejia Pérez y Jose Daniel Mejia Pérez, los que también aportan lo que pudieron percibir por sus sentidos, son coincidentes en establecer lugar, día, hora participantes y dinámica de los hechos, señalando participes, encajando con el dictamen médico que acredita las heridas del ofendido y el tipo de arma forma en que fueron producidas. Se ha podido verificar por parte de esta Sala de lo Penal, que al considerar la mayoría del Tribunal de Sentencia la inexistencia de prueba suficiente en contra del acusado, da lugar al motivo invocado por el censor, por lo cual prospera el motivo de casación impetrado por el Ministerio Publico..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-227-2020, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha quince de octubre de dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Nelson Danilo Mairena Franco, en su calidad de Coordinador Mario Rolando Díaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-227-2020 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de dos de septiembre del año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, mediante la cual falló: PRIMERO: Absolvió al señor José Wilmer Aguilar Orantes, del delito de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de Justiniano Mejía. SEGUNDO: No Procedió la condena en costas procesales, personales, ni por los gastos ocasionados por el juicio. TERCERO: No Procedió declarar la responsabilidad civil CUARTO: Decretó las medidas cautelares prescritas en el articulo 173 numerales 6 y 7 del código Procesal Penal, consistente en que el señor Josè Wilmer Aguilar Orantes se presente cada quince días al Juzgado de Paz del Municipio Magdalena, Departamento de Intibucá, que le libre dicho oficio correspondiente, prohibición de comunicarse y concurrir a lugares que frecuente el ofendido o sus familiares, dichas medidas durarán hasta que la sentencia de merito adquiera firmeza. Son partes en única instancia: La Abogada Yanory de Jesús Ramos, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente; y los Abogados Roberto Otoniel Bueso Reyes y Nelson Milton Ayala Bautista, en su condición de Defensores Privados del señor Josè Wilmer Aguilar Orantes, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: Que aproximadamente a las 6:15 de la mañana del día jueves 6 de abril del año 2018, sobre una calle de la Aldea Las Marías, jurisdicción del municipio de Magdalena, Departamento de Intibucá, venían caminando el señor Justiniano Mejía, junto a sus hijos Mauricio Mejía Pérez y José Daniel Mejía Pérez, quienes se dirigían a realizar trabajos en la propiedad del señor Miguel Ángel Portillo, siendo interceptados por al menos cuatro personas del sexo masculino, con gorros cubriéndoles el rostro y portando armas de fuego, comenzaron a dispararles, logrando alcanzarlo en la pierna izquierda y en el lado también izquierdo de su pecho, motivo por el cual Justiniano Mejía hizo uso de su arma de fuego, para repeler el acometimiento. SEGUNDO: Al observar a su padre lesionado Raymundo Ramos Mejía y José Daniel Mejía Pérez, reaccionan en auxiliar a Justiniano Mejía, enfrentando a los cuatros sujetos, cuando en eso y conduciendo una motocicleta pasa por el lugar el señor José del Carmen Cedillo Márquez conocido también como Adalid Cedillo, motivo por el cual los agresores dejan de continuar con su acción y salen en veloz carrera.” RECURSO DE CASACIÓN: La recurrente Abogada Gissela Gracibel Seren Castillo, en su condición de fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACION MOTIVO PRIMERO: “No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Crítica” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal EXPLICACIÓN DEL MOTIVO La sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave al observarse que la conclusión a la que arribó el sentenciador por mayoría no corresponde a una valoración de la prueba realizada conforme a las Reglas de la Sana Crítica prescritas en el artículo 202 del Código Procesal Penal y el numeral 2 de la regla cuarta del artículo 338 de la normativa penal adjetiva La conclusión a la cual arribó el A quo, a criterio del Ente Acusador no es más que un claro ejemplo del resultado de una valoración de la prueba de cargo que a todas luces vulnera las Reglas de la Sana Crítica; es por ello, que se torna de vital importancia que vosotros Honorables Magistrados, reviséis el proceso lógico de razonamiento que siguió el Tribunal de Sentencia al examinar cada una de las probanzas que se allegaron al proceso y así evidenciar la inobservancia de la regla lógica en su postulado de Derivación, integrado por el principio de razón suficiente en su característica de suficiencia En el presente proceso, con la finalidad de acreditar los hechos objeto de juzgamiento, se evacuó durante la Audiencia de Juicio Oral y Público, entre otras, la prueba de cargo testifical que se describe a continuación: 1. Declaración de JUSTINIANO MEJIA quien declaro:” ... ese día salieron tres hombres vestidos de negro WILMER ORANTES y otros dos hicieron a dispararles, viene Wilmer Orantes y otros dos le hicieron disparos, viene Wilmer y me pego el tiro y luego me querían dar con el machete. A preguntas de las partes contesto:” Eso fue el 6 de abril, venia de trabajar, venia MAURICIO Y DANIEL, trabajamos en los potreros yo les dispare tres a cuatro veces, ellos andaban armas de fuego, ellos me disparaban a mí. Donaldo me pego un disparo en la pierna izquierda, el otro me lo pego WILMER en el pecho, yo perdí el conocimiento con la herida del pecho, el problema era con Francisco, me amenazo, WILMER es parte de una banda de la frontera de los colochos. Primero fui facilitador judicial y después en las mesas ciudadanas, yo iba a trabajar en un terrero del señor Portillo y también era facilitador, yo pregunte a las autoridades y me dijeron que podía andar armado pero legal esa arma a los tres días me la robaron, un amigo del salvador me consiguió la segunda arma, era una pistola 38 me dijeron que no estaba muy buena, agarraba 6 pero solo reventaron 4, los cuatro andaban gorros y chumpas negras los gorros solo les tapaba la cabeza y cuando me arrastre después del segundo disparo a un hijo le doy el numero de Justino, yo le tire la pistola a Daniel, y él se la tiro a Mauricio 2. DECLARACION DE MAURICIO MEJIA PEREZ quien declaro: El día 6 de abril íbamos a trabajar nos salieron cuatro personas en ese momento yo iba al lado derecho, mi papa al lado izquierdo y mi hermano más atrás, yo vi que ellos le tiraban a mi papá, yo me pare, a mi papá le pegaron en la pierna, el me dio la pistola pero ya no funcionaba está pegada, habían unos al lado izquierdo y otros al lado derecho. A preguntas de las partes contesto: Las Marías, jurisdicción del Municipio de Magdalena Intibucá fue a las 6:15 pm, íbamos a trabajar donde MIGUEL ANGEL PORTILLO ellos andaban armados, no vi que tipo de armas andaban, ellos salen de la derecha, WILMER ORANTES Y DONALDO DIAZ, MAURICIO HERNANDEZ RIVAS, el primer tiro fue en la pierna y el otro en el hombro, ellos están a tres o cuatro metros, ni hermano auxilio a mi papa, a orantes lo conozco desde hace tiempo, yo me fui para abajo a la carrera ellos salieron huyendo como a los diez minutos llegaron los militares y después la patrulla, andaban un gorro, orantes y Donaldo andaba con gorro no sé si mi papa tenía problemas con Orantes. Daniel esta a la par de mi papá, cuando le disparaban en el pecho mi padre pide el arma, con el disparo en la pierna mi padre cae boca abajo mi padre disparo boca abajo, yo sabía que mi padre andaba armando, el profesor Adalid llego en moto, esa arma yo la entregue a la DPI. 3. DECLARACION DE DANIEL MEJIA quien declaro: El día 6 de abril íbamos a trabajar donde MIGUEL ANAGEL PORTILLO nos salieron cuatro, conocí a WILMER ORANTES eso fue tipo 6:15 am. A preguntas de las partes contesto ellos comenzaron a disparar Wilmer y después Donaldo, estaban como a unos cinco metros de distancia nos tiramos a tierra el sintió el primer disparo en la pierna, el otro disparo a mi papá, lo sintió en el pecho, el quedo en el suelo como muerto, la pistola estaba trabada, yo intervine cuando fui a rejuntar a mi papa, mi papa estaba en el lado derecho, reconocí a orantes porque andaban gorro pero no les tapaba la cara, también reconocí a Donaldo Díaz los hice recular para arriba el arma la teníamos en la casa, llego un amigo y la llevo a la DPI mi papá lo dejamos en la clínica hombro a hombro, Wilmer Orante le disparo a mi papá, cuando empezaron a disparar nos tiramos pecho a tierra ellos le disparaban a mi padre como ha cinco metros mi padre le tira el arma a mi hermano, a mi no me la tiro, cuando tiene los dos disparos le tira el arma a mi hermano, el hizo cuatro tiros, ellos estaban de pie, MAURICIO Y KEVIN dispararon desde la propiedad, el profesor Adalid Ramos, llamo a la policía nosotros llamamos a los militares y después a la policía de Magdalena, el arma se la dimos a JUSTINO HERNANDEZ, él la entrego a la DPI, yo escuche 15 disparos, Wilmer disparo primero le pegó en la pierna a mi papá el profesor no los vio porque cuando llego ellos se tiraron por un potrero, eran cuatro policías, venían en la patrulla, el clase no estaba se llama Lara, mi hermano le agarro la pistola a mi papa cuando estaba herido, mi hermano Mauricio fue el ultimo que tuvo el arma y le apuntaba a ellos mientras yo arrastraba a mi papa. Para acreditar el vicio, resulta necesario invocar las consideraciones a las que arribó el Juzgador al momento de valorar en forma conjunta la prueba de cargo, siendo estas las siguiente: “ Para estos Jueces al practicar la diligencia de Reconstrucción de Hechos, se logro establecer con los testigos de cargo la dinámica del hecho sometido al enjuiciamiento, como efecto secundario también se produjo valorar los testigos JUSTIANO MEJIA, MAURICIO MEJIA PEREZ Y JOSE DANIEL MEJIA PEREZ, los mismos no son congruentes entre sí...y el único punto en que coinciden estos testigos de cargo es en decir que el arma se trabo, pero este extremo produce un desmerito en su dichos ya que la prueba científica del dictamen balístico en su apartado de conclusiones el perito manifiesta que el arma de fuego periciada presenta buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, pues al valorar sus dichos de manera armónica los mismos no son concordantes ...” Debemos señalar, que las anterior apreciaciones por parte del Tribunal, constituyen una infracción a la regla lógica de la derivación Integrado por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, el cual como sabemos debe estar constituido por inferencias que se desprenden de pruebas allegadas al debate en legal y debida forma así como las conclusiones razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de estas que se valla determinando, Principio que se encuentra vulnerado al no apreciar el conjunto de pruebas que nos lleva a la inaudible conclusión qué el acusado JOSE WILMER AGUILAR ORANTES es responsable del ilícito penal por el cual fue llevado a juicio. Si el sentenciador hubiese realizado una valoración conjunta de los medios de prueba incorporados por el ente acusador, la conclusión del presente proceso sería una sentencia condenatoria en contra JOSE WILMER AGUILAR ORANTES JULIO CESAR RIVERA SARMIENTO por sindicarlo responsable de haber cometido el delito de ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA en perjuicio de JUSTINIANO MEJIA ya que todos estos elementos de prueba constituyen prueba suficiente para acreditar cómo se desarrollaron los hechos y evidenciar la responsabilidad de los acusados como autor de los mismos pues el ente fiscal además allego al juicio prueba documental consistente en: 1.ACTA DE DECOMISO DE UN ARMA DE FUEGO TIPO REVOLVER, MARCA SMITH WESSON PAVON GRIS. ACTA DE INSPECCION Y ALBUM FOTOGRAFICO. 2. CONSTANCIA EXTENDIDA POR EL JUEZ DE PAZ DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA DESPARTAMENTO DE INTIBUCA 3.- DICTAMEN MEDICO FORENSE PRACTICADO AL TESTIGO JOSE DANIEL MEJIA PEREZ, quien también resulto herido en su pierna derecha y que lo incapacitan para sus actividades por 7 días 4.- ACTA DE INSPECCION REALIZADA POR EL TECNICO DE PROCESAMIENTO DE LA ESCENA DEL DELITO BALTASAR CABRERA PEREZ. PRUEBA PERICIAL DIACTAMEN DE EVALUACIÓN MEDICA FORENSE realizado por parte de la doctora CAROL SEVILLA al señor JUSTINIANO MEJIA en la que concluye que presenta: Herida en tórax anterior y muslo izquierdo. Herida por arma de fuego en tórax y muslo izquierdo. Hemotorax izquierdo dichas lesiones son producidas por proyectil disparado con arma de fuego. Incapacidad: 25 días a partir de la fecha en que ocurrieron los hechos. DICTAMEN BALISTICO N 2934 El cual fue realizado por el técnico JULIO CESAR ALVARADO TORRES sobre nueve casquillos metálicos percutidos de aparente níquel, forma cilíndrica con troqueles en su base se lee águila 38 SPL Y AP 15 38 SPL (1) de un arma calibre 38. DICTAMEN BALISTICO N 3329-2028 elaborado por el técnico MARLON YOVANY GONZALES, sobre un arma de fuego tipo revolver, marca Smith & Wesson sin modelo calibre 38 SPL serie borrada concluyo: Que el arma no presente buen estado de funcionamiento mecánico y operativo. Los tres casquillos reseñados fueron percutidos por el arma de fuego tipo revolver marca Smith & Wesson. De ahí que, atendiendo la posición jurisprudencial y doctrinal vemos que el Juzgador considera que no se puede condenar a un enjuiciado porque a su juicio le resta credibilidad al testimonio de los testigos de cargo, así como el resto de la prueba incorporada al juicio, los que al ser concatenados con la demás prueba permiten imponer un fallo condenatorio, por haber sido la prueba de cargo real, legal, autentica y directa relacionada con los hechos que le imputo, el ente acusador al encausado, en consecuencia se enervo su estado de inocencia. Pues quedo demostrado en el presente caso que JOSE WILMER AGUILAR ORANTES se deja ver el ánimo de dar muerte al señor JUSTINIANO MEJIA y al ejecutor el hecho para lograr el resultado esperado es decir la muerte del señor MEJIA este no se concreta, por causas ajenas a la voluntad del agente. El juzgador no puede limitarse hacer una simple confrontación en espera de una coincidencia perfecta, en los dichos de los testigos allegados a juicio, pues nunca dos personas declararan de manera idéntica aun cuando hayan percibido el hecho al mismo tiempo, pues como se ha señalado ya, los aspectos de personalidad, desarrollo intelectivo y psicológicas determinaran que el relato sea distinto, inclusive a veces hasta contradictorio en atgunos detalles, sin que ello implique falsedad por parte de alguno de los testigos. Así entonces los testigos valorados conjuntamente deben de brindar una visión amplia del hecho, con detalles informados a depender del lugar, distancia y oportunidad de percibir el hecho, pudiendo ser hasta contradictorios en aspectos periféricos pero necesariamente coincidentes en la dinámica general y en aspectos medulares para ser ambos calificados como creíbles como han sido en este caso los dichos de los testigos de cargo específicamente son presenciales del hecho y de manera clara relataron la dinámica del hecho señalando y reconociendo al encausado como responsables de estos hechos, extremo que fue también corroborado con la Reconstrucción de Hechos y en la que se concluyo.-“ ... los testigos presenciales y el ofendido tienen visibilidad y reconocen a la persona que dispara hacia la humanidad del ofenaió, mismo que reconoce al sospechoso porque en ese momento andaba con gorra, color negro en su cabeza, el cual los tres testigos lo reconocen” La prueba testifical además debe de calzar! con el resto de la prueba, en especial con la prueba científica en este caso lo manifestado por ellos fue corroborado con los hallazgos de la Evaluación Física realizada al señor JUSTINIANO MEJIA reforzando recíprocamente la información brindada por este, estableciéndose este extremo en la evaluación médica con los hallazgos como ser una herida en pierna izquierda y otra en pecho lado izquierdo, que fueron producidas por arma de fuego y que lo incapacitaron para sus labores habituales por 25 días. Asimismo con la diligencia de la Reconstrucción de Hechos realizado para establecer cómo se dio la dinámica de los hechos, el ofendido y los testigos de cargos con toda certeza reconocen al encausado como uno de los atacantes que haciendo uso del arma de fuego que portaba disparo en contra de la humanidad del señor JUSTIANO MEJIA. El juzgador no aprecio de ninguna manera que los testigos de cargo en referencia a su dicho, ubican a los encausados en el mismo lugar de los hechos, en el mismo tiempo y circunstancias pues observaron mediante sus sentidos lo que ocurría y donde no hay duda que el imputado es responsables a título de autor de acuerdo al artículo 32 del Código Penal. Por lo antes indicado, es evidente que la prueba aportada en juicio fue suficiente y contundente para que se estableciera la participación como autor a JOSE WILMER AGUILAR ORANTES en la comisión de los hechos por los cuales fue sometido a proceso, siendo evidente que el juzgador con el Fallo Absolutorio por el delito de ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA Incumple lo expresado por la Honorable Sala de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia, quien ha establecido lo siguiente: “En este sentido, la verificación de la existencia de prueba de cargo suficiente, requiere un triple comprobación. En primer lugar, que el tribunal de instancia haya apoyado su relato fáctico, en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. En segundo lugar, que las pruebas sean validas, es decir, que hayan sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica, y en Tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones tácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparte de las reglas de la lógica, de las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos y que no es, por tanto, irraciorlal, inconsistente o manifiestamente errónea” En consecuencia, en este orden de ideas, el Ministerio Público no logra extraer la razón por la cual el sentenciador dejó de valorar el contenido de las mismas, ya que los testimonios son congruentes, precisos y claros, la prueba fue legalmente incorporada, y al ser analizada de manera conjunta y armónica, conduce toda ella a la inexorable conclusión de que los imputados sí perpetraron el hecho delictivo por el cual fue enjuiciado, por lo que debió ser condenado por el delito de ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA,- por ende, con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Crítica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” Fundamentación Del Recurso de Casación por quebrantamiento de forma El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez, debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (artículo 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (artículo 9 del Código Procesal Penal). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo); b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo); o, c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (artículo 171 del Código Procesal Penal), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (artículo 170 del Código Procesal Penal), o, en su caso y como remedio último, de nulidad (artículo 165 del Código Procesal Penal). El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá, además: 1. Que la recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (artículo 363 párrafo tercero de Código Procesal Penal); 2. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; 3. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (artículo 362 del Código Procesal Penal), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, la recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (artículo 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (artículo 362 Código Procesal Penal); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (artículo 350 del Código Procesal Penal); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones de la recurrente; y, Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo • Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Norma adjetiva que se denuncia infringida: articulo 202, en relación al 338 numeral 2 invocada por el censor. • Concepto de la infracción: no haber observado las reglas de la sana critica. • Reclamación ex-ante: no la indica. • Pretensión: que se dicte una nueva sentencia absolviendo al imputado. La recurrente expone en su recurso como motivo único de casación, que el Tribunal de Sentencia en su fallo absolutorio ha inobservado las reglas de la sana critica, violentando la regla de la lógica en su postulado de derivación integrado por el principio de razón suficiente en su característica de suficiencia, la recurrente se valió de lo que a su juicio cada medio de prueba fue aportando al juicio, argumentando que si el A-QUO hubiese valorado la prueba en su conjunto el resultado hubiese sido otro ya que la prueba es suficiente para dictar una sentencia condenatoria. Indicando una de las inferencias hecha por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua. Del control de Convencionalidad. El control de convencionalidad, tiene aplicación en el ámbito nacional e internacional. En el ámbito internacional, dicha función la realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y consiste en la expulsión de normas contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) a partir de los casos concretos que se someten al conocimiento de la Corte. Dicha función, ha sido la principal de la Corte IDH desde su entrada en funcionamiento, ya que el Tribunal Interamericano es el encargado de interpretar la Convención y revisar que los actos y hechos de los Estados, que han reconocido su competencia, se ajusten a las disposiciones de la CADH. En el ámbito interno, el control de convencionalidad es el que deben realizar los agentes del Estado y, principalmente, pero no exclusivamente, los operadores de justicia (jueces, fiscales y defensores) para analizar la compatibilidad de las normas internas con la CADH. En dicho análisis de compatibilidad, los funcionarios públicos deben actuar en el ámbito de sus competencias y atribuciones. En este sentido, el objetivo del control es verificar la conformidad de las normas internas, así como su interpretación y aplicación, con la CADH y otros instrumentos de derechos humanos que vinculen al Estado y que exista una correcta aplicación de dichos estándares. Este ejercicio de control puede tener una serie de consecuencias, tales como, la expulsión del sistema interno de normas contrarias a la Convención (sea vía legislativa o jurisdiccional cuando corresponda); la interpretación de las normas internas de manera que sean armónicas con las obligaciones del Estado; el ajuste de las actuaciones de los órganos ejecutivos y legislativos a las obligaciones internacionales; la modificación de prácticas de los órganos del Estado que puedan ser contrarias a los estándares internacionales a los que se ha comprometido el Estado; entre otras formas de concreción de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. Del Derecho a recurrir el fallo El artículo 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (...) h. Derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior.” La Corte IDH en el caso Herrera Ulloa vrs. Costa Rica, estableció entre otros argumentos: “...el derecho de recurrir el fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. El derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona”. La garantía de recurrir el fallo (concebido como garantía del debido proceso por la Convención) no se limita a concederle la facultad de refutar la acusación, sino también la de recurrir (ante un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica) mediante los medios de impugnación, los vicios y errores de la sentencia. “...el derecho de recurrir del fallo, consagrado por la Convención, no se satisface con la mera existencia de un órgano de grado superior al que juzgó y condenó al inculpado, ante el que éste tenga o pueda tener acceso. Para que haya una verdadera revisión de la sentencia, en el sentido requerido por la Convención, es preciso que el tribunal superior reúna las características jurisdiccionales que lo legitiman para conocer del caso concreto. Conviene subrayar que el proceso penal es uno solo a través de sus diversas etapas, incluyendo la tramitación de los recursos ordinarios que se interpongan contra la sentencia.” “...debe ser un recurso ordinario eficaz mediante el cual un juez o tribunal superior procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. Si bien los Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir del fallo. Al respecto, la Corte ha establecido que “no basta con la existencia formal de los recursos, sino que éstos deben ser eficaces”, es decir, deben dar resultados o respuestas al fin para el cual fueron concebidos.” La posibilidad de “recurrir del fallo” debe ser accesible, sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. “...para recurrir un fallo, lo importante es que dicho recurso garantice un examen integral de la decisión recurrida. No limitándose a los aspectos formales o legales y que se dirija a una fiscalización exhaustiva y no limitada de todas las cuestiones debatidas y analizadas en el tribunal inferior. De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso. El Motivo es de Recibo. Observa esta Sala de lo Penal que la recurrente no ha sido del todo certera al fundamentar y argumentar su recurso de casación, pues, aunque señala de manera correcta la regla que considera violentada y establece la norma autorizante y el concepto de la infracción; estableció la inferencia reclamada pero no por qué va en contra de la regla de la sana critica. Ahora bien, tomando en cuenta el control de convencionalidad que debemos utilizar todos los Tribunales de la República y tomando en cuenta los fallos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación al derecho a recurrir el fallo establecido en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esta Sala de Casación dará respuesta a los cuestionamientos de la censora que se hayan entendido medianamente, aun y cuando no haya utilizado la técnica recursiva necesaria. Cuestiona la recurrente básicamente la prueba testifical, consistente en las declaraciones de los testigos de cargo como ser el ofendido Justiniano Mejia, y los testigos Mauricio Mejia Pérez y Jose Daniel Mejia Pérez, para lo cual es necesario traer a análisis los juicios de valor externados por la mayoría del Sentenciador en relación a esta prueba y al resto que fue evacuada en el juicio, expresando el A-quo: … Para estos jueces lo dicho por Justiniano Mejía (victima), Mauricio Mejía Pérez y José Daniel Mejía Pérez (hijos de la víctima), por ser testigos presenciales su declaraciones son de mayor peso que el de otro testigos, pero al valorarlas en su conjunto muestran seria incongruencias, como ser que Justiniano dijo que le habla tirado la pistola a Daniel y este a s hermano Mauricio, pero como puedo haber visto eso si después del disparo en el pecho pierde el conocimiento, otro punto es que el Daniel dijo que su padre le habla tirado la pistola a su hermano y no a él, que al practicar el medio de prueba reconstrucción de hechos, en sus dichos hubieron contradicciones respecto al lugar que ocupaban cada uno de los sujeto que los agredieron, además de esto Jose Daniel dijo haber reculado a los cuatro sujetos al menos dos de ellos armados, casi a una distancia de veinte metros, las máximas de la experiencia común nos, indican que en una situación extrema, en defensa de la vida propia o de la de un pariente, en este caso la de su padre se actúa sin pensar, pero este testigo utilizo solamente un machete a cuatro hombres, sin que ningún de ellos utilizara el arma de fuego que portaban en contra de él, pero si las utilizaron contra su padre Justiniano, por lo que sus dichos son creíbles parcialmente, solo en lo relacionado a las heridas que le fueron producidas a su padre, el resto de su declaración produce duda, las declaraciones de Justino Hernández y Raymundo Mejia al valorar las mismas en su conjunto y con el resto de la prueba solo demuestra en el caso de Raymundo Mejía los actos que realizo a momento de tomar conocimiento de lo sucedido a Justiniano Mejia, lo dicho por Justino Hernández en el sentido de que el ofendido le habla manifestado el nombre de las personas que lo habla herido, resulta poco creíble si consideramos que la víctima manifestó haberse desmayado después de recibir un segundo disparo a la altura del pecho, por lo que podemos inferir que al momento en que este testigo llega al lugar del hecho, esta sin sentido la víctima. Fue evacuado el medio de prueba Reconstrucción de hechos a lo cual el Tribuna de Sentencia infirió: … Para estos jueces al practicar este medio de prueba se logró establecer con los testigos de cargo, al dinámica del hecho sometido a enjuiciamiento, como efecto secundario también se produjo Valorar los dichos do los testigos Justiniano Mejía, Mauricio Mejia Pérez y José Daniel Mejía Pérez los mismo no son congruentes entre sí, a lo cual ya nos hemos referido en el acápite primero de la sentencia de mérito, en el único punto que coinciden estos testigos de cargo es en decir que el arma so trabo, por también este extremo produce un desmerito en sus dichos, ya que la prueba científica del dictamen balístico en su apartado de conclusiones el perito manifiesta que el arma de fuego periciada presentaba buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, por lo que al valorar sus dichos de manera armónica los mismos no son concordantes entre sí y tampoco con el dictamen balístico, esto después de practica la reconstrucción de hechos. Para esta Sala de Casación los razonamientos externados por la mayoría del Sentenciador son contradictorios, pues por una parte el A-quo ha valorado en su sentencia que estos testigos son presenciales y que les dan credibilidad, ya que estos le indican la dinámica de los hechos, sin embargo a la vez señala que le son creíbles parcialmente; en sus inferencia señalan lo que estiman incongruencias sin embargo en ellas no se logra observar que tales incongruencias saquen de la escena al acusado, para lo cual esta Sala de lo Penal analiza el voto del juez disidente en el cual opuesto a la mayoría este juez considera como probada la participación del acusado en las lesiones del ofendido. Las declaraciones rendidas por el ofendido y los testigos de cargo que se encuentran a página tres de la sentencia sujeta a impugnación, esta Sala de lo Penal encuentra que estos han proporcionado la dinámica de los hechos, señalan participantes, en este caso es el mismo testigo ofendido Justiniano Mejia, el que narra cómo fue víctima de heridas con arma de fuego, acontecimiento del que fueron testigos presenciales sus hijos Mauricio Mejia Pérez y Jose Daniel Mejia Pérez, los que también aportan lo que pudieron percibir por sus sentidos, son coincidentes en establecer lugar, día, hora participantes y dinámica de los hechos, señalando participes, encajando con el dictamen médico que acredita las heridas del ofendido y el tipo de arma forma en que fueron producidas. Se ha podido verificar por parte de esta Sala de lo Penal, que al considerar la mayoría del Tribunal de Sentencia la inexistencia de prueba suficiente en contra del acusado, da lugar al motivo invocado por el censor, por lo cual prospera el motivo de casación impetrado por el Ministerio Publico. Decisión: Se declara Ha Lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Publico. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 193 del Código Penal decreto 130-2017. FALLA: Primero: Declarar HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Abogada Gisella Gracibel Seren Castillo, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico en la causa contra el señor José Wilmer Aguilar Orantes, a quien se le absolvió del delito de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio del señor Justiniano Mejía; Segundo: Declara la nulidad de la sentencia de fecha dos de septiembre del año dos mil diecinueve, dictada por el tribunal de sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua, y del debate que la pronunció. Y MANDA: 1) Que se repita el debate con jueces diferentes a los que participaron en el anulado; 2) Que, con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. Redacto Magistrado Mairena Franco. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado Coordinador. Firma y Sello. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora Adscrita de la sala de lo penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a nueve de junio de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el quince de octubre de dos mil veinticuatro, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-227-2020.Pia Cristina Mejia Nuñez. Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal“CERTIFICACION La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-227-2020, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha quince de octubre de dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Nelson Danilo Mairena Franco, en su calidad de Coordinador Mario Rolando Díaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-227-2020 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de dos de septiembre del año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, mediante la cual falló: PRIMERO: Absolvió al señor José Wilmer Aguilar Orantes, del delito de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de Justiniano Mejía. SEGUNDO: No Procedió la condena en costas procesales, personales, ni por los gastos ocasionados por el juicio. TERCERO: No Procedió declarar la responsabilidad civil CUARTO: Decretó las medidas cautelares prescritas en el articulo 173 numerales 6 y 7 del código Procesal Penal, consistente en que el señor Josè Wilmer Aguilar Orantes se presente cada quince días al Juzgado de Paz del Municipio Magdalena, Departamento de Intibucá, que le libre dicho oficio correspondiente, prohibición de comunicarse y concurrir a lugares que frecuente el ofendido o sus familiares, dichas medidas durarán hasta que la sentencia de merito adquiera firmeza. Son partes en única instancia: La Abogada Yanory de Jesús Ramos, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente; y los Abogados Roberto Otoniel Bueso Reyes y Nelson Milton Ayala Bautista, en su condición de Defensores Privados del señor Josè Wilmer Aguilar Orantes, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: Que aproximadamente a las 6:15 de la mañana del día jueves 6 de abril del año 2018, sobre una calle de la Aldea Las Marías, jurisdicción del municipio de Magdalena, Departamento de Intibucá, venían caminando el señor Justiniano Mejía, junto a sus hijos Mauricio Mejía Pérez y José Daniel Mejía Pérez, quienes se dirigían a realizar trabajos en la propiedad del señor Miguel Ángel Portillo, siendo interceptados por al menos cuatro personas del sexo masculino, con gorros cubriéndoles el rostro y portando armas de fuego, comenzaron a dispararles, logrando alcanzarlo en la pierna izquierda y en el lado también izquierdo de su pecho, motivo por el cual Justiniano Mejía hizo uso de su arma de fuego, para repeler el acometimiento. SEGUNDO: Al observar a su padre lesionado Raymundo Ramos Mejía y José Daniel Mejía Pérez, reaccionan en auxiliar a Justiniano Mejía, enfrentando a los cuatros sujetos, cuando en eso y conduciendo una motocicleta pasa por el lugar el señor José del Carmen Cedillo Márquez conocido también como Adalid Cedillo, motivo por el cual los agresores dejan de continuar con su acción y salen en veloz carrera.” RECURSO DE CASACIÓN: La recurrente Abogada Gissela Gracibel Seren Castillo, en su condición de fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACION MOTIVO PRIMERO: “No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Crítica” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal EXPLICACIÓN DEL MOTIVO La sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave al observarse que la conclusión a la que arribó el sentenciador por mayoría no corresponde a una valoración de la prueba realizada conforme a las Reglas de la Sana Crítica prescritas en el artículo 202 del Código Procesal Penal y el numeral 2 de la regla cuarta del artículo 338 de la normativa penal adjetiva La conclusión a la cual arribó el A quo, a criterio del Ente Acusador no es más que un claro ejemplo del resultado de una valoración de la prueba de cargo que a todas luces vulnera las Reglas de la Sana Crítica; es por ello, que se torna de vital importancia que vosotros Honorables Magistrados, reviséis el proceso lógico de razonamiento que siguió el Tribunal de Sentencia al examinar cada una de las probanzas que se allegaron al proceso y así evidenciar la inobservancia de la regla lógica en su postulado de Derivación, integrado por el principio de razón suficiente en su característica de suficiencia En el presente proceso, con la finalidad de acreditar los hechos objeto de juzgamiento, se evacuó durante la Audiencia de Juicio Oral y Público, entre otras, la prueba de cargo testifical que se describe a continuación: 1. Declaración de JUSTINIANO MEJIA quien declaro:” ... ese día salieron tres hombres vestidos de negro WILMER ORANTES y otros dos hicieron a dispararles, viene Wilmer Orantes y otros dos le hicieron disparos, viene Wilmer y me pego el tiro y luego me querían dar con el machete. A preguntas de las partes contesto:” Eso fue el 6 de abril, venia de trabajar, venia MAURICIO Y DANIEL, trabajamos en los potreros yo les dispare tres a cuatro veces, ellos andaban armas de fuego, ellos me disparaban a mí. Donaldo me pego un disparo en la pierna izquierda, el otro me lo pego WILMER en el pecho, yo perdí el conocimiento con la herida del pecho, el problema era con Francisco, me amenazo, WILMER es parte de una banda de la frontera de los colochos. Primero fui facilitador judicial y después en las mesas ciudadanas, yo iba a trabajar en un terrero del señor Portillo y también era facilitador, yo pregunte a las autoridades y me dijeron que podía andar armado pero legal esa arma a los tres días me la robaron, un amigo del salvador me consiguió la segunda arma, era una pistola 38 me dijeron que no estaba muy buena, agarraba 6 pero solo reventaron 4, los cuatro andaban gorros y chumpas negras los gorros solo les tapaba la cabeza y cuando me arrastre después del segundo disparo a un hijo le doy el numero de Justino, yo le tire la pistola a Daniel, y él se la tiro a Mauricio 2. DECLARACION DE MAURICIO MEJIA PEREZ quien declaro: El día 6 de abril íbamos a trabajar nos salieron cuatro personas en ese momento yo iba al lado derecho, mi papa al lado izquierdo y mi hermano más atrás, yo vi que ellos le tiraban a mi papá, yo me pare, a mi papá le pegaron en la pierna, el me dio la pistola pero ya no funcionaba está pegada, habían unos al lado izquierdo y otros al lado derecho. A preguntas de las partes contesto: Las Marías, jurisdicción del Municipio de Magdalena Intibucá fue a las 6:15 pm, íbamos a trabajar donde MIGUEL ANGEL PORTILLO ellos andaban armados, no vi que tipo de armas andaban, ellos salen de la derecha, WILMER ORANTES Y DONALDO DIAZ, MAURICIO HERNANDEZ RIVAS, el primer tiro fue en la pierna y el otro en el hombro, ellos están a tres o cuatro metros, ni hermano auxilio a mi papa, a orantes lo conozco desde hace tiempo, yo me fui para abajo a la carrera ellos salieron huyendo como a los diez minutos llegaron los militares y después la patrulla, andaban un gorro, orantes y Donaldo andaba con gorro no sé si mi papa tenía problemas con Orantes. Daniel esta a la par de mi papá, cuando le disparaban en el pecho mi padre pide el arma, con el disparo en la pierna mi padre cae boca abajo mi padre disparo boca abajo, yo sabía que mi padre andaba armando, el profesor Adalid llego en moto, esa arma yo la entregue a la DPI. 3. DECLARACION DE DANIEL MEJIA quien declaro: El día 6 de abril íbamos a trabajar donde MIGUEL ANAGEL PORTILLO nos salieron cuatro, conocí a WILMER ORANTES eso fue tipo 6:15 am. A preguntas de las partes contesto ellos comenzaron a disparar Wilmer y después Donaldo, estaban como a unos cinco metros de distancia nos tiramos a tierra el sintió el primer disparo en la pierna, el otro disparo a mi papá, lo sintió en el pecho, el quedo en el suelo como muerto, la pistola estaba trabada, yo intervine cuando fui a rejuntar a mi papa, mi papa estaba en el lado derecho, reconocí a orantes porque andaban gorro pero no les tapaba la cara, también reconocí a Donaldo Díaz los hice recular para arriba el arma la teníamos en la casa, llego un amigo y la llevo a la DPI mi papá lo dejamos en la clínica hombro a hombro, Wilmer Orante le disparo a mi papá, cuando empezaron a disparar nos tiramos pecho a tierra ellos le disparaban a mi padre como ha cinco metros mi padre le tira el arma a mi hermano, a mi no me la tiro, cuando tiene los dos disparos le tira el arma a mi hermano, el hizo cuatro tiros, ellos estaban de pie, MAURICIO Y KEVIN dispararon desde la propiedad, el profesor Adalid Ramos, llamo a la policía nosotros llamamos a los militares y después a la policía de Magdalena, el arma se la dimos a JUSTINO HERNANDEZ, él la entrego a la DPI, yo escuche 15 disparos, Wilmer disparo primero le pegó en la pierna a mi papá el profesor no los vio porque cuando llego ellos se tiraron por un potrero, eran cuatro policías, venían en la patrulla, el clase no estaba se llama Lara, mi hermano le agarro la pistola a mi papa cuando estaba herido, mi hermano Mauricio fue el ultimo que tuvo el arma y le apuntaba a ellos mientras yo arrastraba a mi papa. Para acreditar el vicio, resulta necesario invocar las consideraciones a las que arribó el Juzgador al momento de valorar en forma conjunta la prueba de cargo, siendo estas las siguiente: “ Para estos Jueces al practicar la diligencia de Reconstrucción de Hechos, se logro establecer con los testigos de cargo la dinámica del hecho sometido al enjuiciamiento, como efecto secundario también se produjo valorar los testigos JUSTIANO MEJIA, MAURICIO MEJIA PEREZ Y JOSE DANIEL MEJIA PEREZ, los mismos no son congruentes entre sí...y el único punto en que coinciden estos testigos de cargo es en decir que el arma se trabo, pero este extremo produce un desmerito en su dichos ya que la prueba científica del dictamen balístico en su apartado de conclusiones el perito manifiesta que el arma de fuego periciada presenta buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, pues al valorar sus dichos de manera armónica los mismos no son concordantes ...” Debemos señalar, que las anterior apreciaciones por parte del Tribunal, constituyen una infracción a la regla lógica de la derivación Integrado por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, el cual como sabemos debe estar constituido por inferencias que se desprenden de pruebas allegadas al debate en legal y debida forma así como las conclusiones razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de estas que se valla determinando, Principio que se encuentra vulnerado al no apreciar el conjunto de pruebas que nos lleva a la inaudible conclusión qué el acusado JOSE WILMER AGUILAR ORANTES es responsable del ilícito penal por el cual fue llevado a juicio. Si el sentenciador hubiese realizado una valoración conjunta de los medios de prueba incorporados por el ente acusador, la conclusión del presente proceso sería una sentencia condenatoria en contra JOSE WILMER AGUILAR ORANTES JULIO CESAR RIVERA SARMIENTO por sindicarlo responsable de haber cometido el delito de ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA en perjuicio de JUSTINIANO MEJIA ya que todos estos elementos de prueba constituyen prueba suficiente para acreditar cómo se desarrollaron los hechos y evidenciar la responsabilidad de los acusados como autor de los mismos pues el ente fiscal además allego al juicio prueba documental consistente en: 1.ACTA DE DECOMISO DE UN ARMA DE FUEGO TIPO REVOLVER, MARCA SMITH WESSON PAVON GRIS. ACTA DE INSPECCION Y ALBUM FOTOGRAFICO. 2. CONSTANCIA EXTENDIDA POR EL JUEZ DE PAZ DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA DESPARTAMENTO DE INTIBUCA 3.- DICTAMEN MEDICO FORENSE PRACTICADO AL TESTIGO JOSE DANIEL MEJIA PEREZ, quien también resulto herido en su pierna derecha y que lo incapacitan para sus actividades por 7 días 4.- ACTA DE INSPECCION REALIZADA POR EL TECNICO DE PROCESAMIENTO DE LA ESCENA DEL DELITO BALTASAR CABRERA PEREZ. PRUEBA PERICIAL DIACTAMEN DE EVALUACIÓN MEDICA FORENSE realizado por parte de la doctora CAROL SEVILLA al señor JUSTINIANO MEJIA en la que concluye que presenta: Herida en tórax anterior y muslo izquierdo. Herida por arma de fuego en tórax y muslo izquierdo. Hemotorax izquierdo dichas lesiones son producidas por proyectil disparado con arma de fuego. Incapacidad: 25 días a partir de la fecha en que ocurrieron los hechos. DICTAMEN BALISTICO N 2934 El cual fue realizado por el técnico JULIO CESAR ALVARADO TORRES sobre nueve casquillos metálicos percutidos de aparente níquel, forma cilíndrica con troqueles en su base se lee águila 38 SPL Y AP 15 38 SPL (1) de un arma calibre 38. DICTAMEN BALISTICO N 3329-2028 elaborado por el técnico MARLON YOVANY GONZALES, sobre un arma de fuego tipo revolver, marca Smith & Wesson sin modelo calibre 38 SPL serie borrada concluyo: Que el arma no presente buen estado de funcionamiento mecánico y operativo. Los tres casquillos reseñados fueron percutidos por el arma de fuego tipo revolver marca Smith & Wesson. De ahí que, atendiendo la posición jurisprudencial y doctrinal vemos que el Juzgador considera que no se puede condenar a un enjuiciado porque a su juicio le resta credibilidad al testimonio de los testigos de cargo, así como el resto de la prueba incorporada al juicio, los que al ser concatenados con la demás prueba permiten imponer un fallo condenatorio, por haber sido la prueba de cargo real, legal, autentica y directa relacionada con los hechos que le imputo, el ente acusador al encausado, en consecuencia se enervo su estado de inocencia. Pues quedo demostrado en el presente caso que JOSE WILMER AGUILAR ORANTES se deja ver el ánimo de dar muerte al señor JUSTINIANO MEJIA y al ejecutor el hecho para lograr el resultado esperado es decir la muerte del señor MEJIA este no se concreta, por causas ajenas a la voluntad del agente. El juzgador no puede limitarse hacer una simple confrontación en espera de una coincidencia perfecta, en los dichos de los testigos allegados a juicio, pues nunca dos personas declararan de manera idéntica aun cuando hayan percibido el hecho al mismo tiempo, pues como se ha señalado ya, los aspectos de personalidad, desarrollo intelectivo y psicológicas determinaran que el relato sea distinto, inclusive a veces hasta contradictorio en atgunos detalles, sin que ello implique falsedad por parte de alguno de los testigos. Así entonces los testigos valorados conjuntamente deben de brindar una visión amplia del hecho, con detalles informados a depender del lugar, distancia y oportunidad de percibir el hecho, pudiendo ser hasta contradictorios en aspectos periféricos pero necesariamente coincidentes en la dinámica general y en aspectos medulares para ser ambos calificados como creíbles como han sido en este caso los dichos de los testigos de cargo específicamente son presenciales del hecho y de manera clara relataron la dinámica del hecho señalando y reconociendo al encausado como responsables de estos hechos, extremo que fue también corroborado con la Reconstrucción de Hechos y en la que se concluyo.-“ ... los testigos presenciales y el ofendido tienen visibilidad y reconocen a la persona que dispara hacia la humanidad del ofenaió, mismo que reconoce al sospechoso porque en ese momento andaba con gorra, color negro en su cabeza, el cual los tres testigos lo reconocen” La prueba testifical además debe de calzar! con el resto de la prueba, en especial con la prueba científica en este caso lo manifestado por ellos fue corroborado con los hallazgos de la Evaluación Física realizada al señor JUSTINIANO MEJIA reforzando recíprocamente la información brindada por este, estableciéndose este extremo en la evaluación médica con los hallazgos como ser una herida en pierna izquierda y otra en pecho lado izquierdo, que fueron producidas por arma de fuego y que lo incapacitaron para sus labores habituales por 25 días. Asimismo con la diligencia de la Reconstrucción de Hechos realizado para establecer cómo se dio la dinámica de los hechos, el ofendido y los testigos de cargos con toda certeza reconocen al encausado como uno de los atacantes que haciendo uso del arma de fuego que portaba disparo en contra de la humanidad del señor JUSTIANO MEJIA. El juzgador no aprecio de ninguna manera que los testigos de cargo en referencia a su dicho, ubican a los encausados en el mismo lugar de los hechos, en el mismo tiempo y circunstancias pues observaron mediante sus sentidos lo que ocurría y donde no hay duda que el imputado es responsables a título de autor de acuerdo al artículo 32 del Código Penal. Por lo antes indicado, es evidente que la prueba aportada en juicio fue suficiente y contundente para que se estableciera la participación como autor a JOSE WILMER AGUILAR ORANTES en la comisión de los hechos por los cuales fue sometido a proceso, siendo evidente que el juzgador con el Fallo Absolutorio por el delito de ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA Incumple lo expresado por la Honorable Sala de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia, quien ha establecido lo siguiente: “En este sentido, la verificación de la existencia de prueba de cargo suficiente, requiere un triple comprobación. En primer lugar, que el tribunal de instancia haya apoyado su relato fáctico, en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. En segundo lugar, que las pruebas sean validas, es decir, que hayan sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica, y en Tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones tácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparte de las reglas de la lógica, de las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos y que no es, por tanto, irraciorlal, inconsistente o manifiestamente errónea” En consecuencia, en este orden de ideas, el Ministerio Público no logra extraer la razón por la cual el sentenciador dejó de valorar el contenido de las mismas, ya que los testimonios son congruentes, precisos y claros, la prueba fue legalmente incorporada, y al ser analizada de manera conjunta y armónica, conduce toda ella a la inexorable conclusión de que los imputados sí perpetraron el hecho delictivo por el cual fue enjuiciado, por lo que debió ser condenado por el delito de ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA,- por ende, con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Crítica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” Fundamentación Del Recurso de Casación por quebrantamiento de forma El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez, debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (artículo 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (artículo 9 del Código Procesal Penal). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo); b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo); o, c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (artículo 171 del Código Procesal Penal), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (artículo 170 del Código Procesal Penal), o, en su caso y como remedio último, de nulidad (artículo 165 del Código Procesal Penal). El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá, además: 1. Que la recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (artículo 363 párrafo tercero de Código Procesal Penal); 2. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; 3. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (artículo 362 del Código Procesal Penal), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, la recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (artículo 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (artículo 362 Código Procesal Penal); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (artículo 350 del Código Procesal Penal); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones de la recurrente; y, Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo • Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Norma adjetiva que se denuncia infringida: articulo 202, en relación al 338 numeral 2 invocada por el censor. • Concepto de la infracción: no haber observado las reglas de la sana critica. • Reclamación ex-ante: no la indica. • Pretensión: que se dicte una nueva sentencia absolviendo al imputado. La recurrente expone en su recurso como motivo único de casación, que el Tribunal de Sentencia en su fallo absolutorio ha inobservado las reglas de la sana critica, violentando la regla de la lógica en su postulado de derivación integrado por el principio de razón suficiente en su característica de suficiencia, la recurrente se valió de lo que a su juicio cada medio de prueba fue aportando al juicio, argumentando que si el A-QUO hubiese valorado la prueba en su conjunto el resultado hubiese sido otro ya que la prueba es suficiente para dictar una sentencia condenatoria. Indicando una de las inferencias hecha por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua. Del control de Convencionalidad. El control de convencionalidad, tiene aplicación en el ámbito nacional e internacional. En el ámbito internacional, dicha función la realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y consiste en la expulsión de normas contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) a partir de los casos concretos que se someten al conocimiento de la Corte. Dicha función, ha sido la principal de la Corte IDH desde su entrada en funcionamiento, ya que el Tribunal Interamericano es el encargado de interpretar la Convención y revisar que los actos y hechos de los Estados, que han reconocido su competencia, se ajusten a las disposiciones de la CADH. En el ámbito interno, el control de convencionalidad es el que deben realizar los agentes del Estado y, principalmente, pero no exclusivamente, los operadores de justicia (jueces, fiscales y defensores) para analizar la compatibilidad de las normas internas con la CADH. En dicho análisis de compatibilidad, los funcionarios públicos deben actuar en el ámbito de sus competencias y atribuciones. En este sentido, el objetivo del control es verificar la conformidad de las normas internas, así como su interpretación y aplicación, con la CADH y otros instrumentos de derechos humanos que vinculen al Estado y que exista una correcta aplicación de dichos estándares. Este ejercicio de control puede tener una serie de consecuencias, tales como, la expulsión del sistema interno de normas contrarias a la Convención (sea vía legislativa o jurisdiccional cuando corresponda); la interpretación de las normas internas de manera que sean armónicas con las obligaciones del Estado; el ajuste de las actuaciones de los órganos ejecutivos y legislativos a las obligaciones internacionales; la modificación de prácticas de los órganos del Estado que puedan ser contrarias a los estándares internacionales a los que se ha comprometido el Estado; entre otras formas de concreción de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. Del Derecho a recurrir el fallo El artículo 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (...) h. Derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior.” La Corte IDH en el caso Herrera Ulloa vrs. Costa Rica, estableció entre otros argumentos: “...el derecho de recurrir el fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. El derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona”. La garantía de recurrir el fallo (concebido como garantía del debido proceso por la Convención) no se limita a concederle la facultad de refutar la acusación, sino también la de recurrir (ante un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica) mediante los medios de impugnación, los vicios y errores de la sentencia. “...el derecho de recurrir del fallo, consagrado por la Convención, no se satisface con la mera existencia de un órgano de grado superior al que juzgó y condenó al inculpado, ante el que éste tenga o pueda tener acceso. Para que haya una verdadera revisión de la sentencia, en el sentido requerido por la Convención, es preciso que el tribunal superior reúna las características jurisdiccionales que lo legitiman para conocer del caso concreto. Conviene subrayar que el proceso penal es uno solo a través de sus diversas etapas, incluyendo la tramitación de los recursos ordinarios que se interpongan contra la sentencia.” “...debe ser un recurso ordinario eficaz mediante el cual un juez o tribunal superior procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. Si bien los Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir del fallo. Al respecto, la Corte ha establecido que “no basta con la existencia formal de los recursos, sino que éstos deben ser eficaces”, es decir, deben dar resultados o respuestas al fin para el cual fueron concebidos.” La posibilidad de “recurrir del fallo” debe ser accesible, sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. “...para recurrir un fallo, lo importante es que dicho recurso garantice un examen integral de la decisión recurrida. No limitándose a los aspectos formales o legales y que se dirija a una fiscalización exhaustiva y no limitada de todas las cuestiones debatidas y analizadas en el tribunal inferior. De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso. El Motivo es de Recibo. Observa esta Sala de lo Penal que la recurrente no ha sido del todo certera al fundamentar y argumentar su recurso de casación, pues, aunque señala de manera correcta la regla que considera violentada y establece la norma autorizante y el concepto de la infracción; estableció la inferencia reclamada pero no por qué va en contra de la regla de la sana critica. Ahora bien, tomando en cuenta el control de convencionalidad que debemos utilizar todos los Tribunales de la República y tomando en cuenta los fallos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación al derecho a recurrir el fallo establecido en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esta Sala de Casación dará respuesta a los cuestionamientos de la censora que se hayan entendido medianamente, aun y cuando no haya utilizado la técnica recursiva necesaria. Cuestiona la recurrente básicamente la prueba testifical, consistente en las declaraciones de los testigos de cargo como ser el ofendido Justiniano Mejia, y los testigos Mauricio Mejia Pérez y Jose Daniel Mejia Pérez, para lo cual es necesario traer a análisis los juicios de valor externados por la mayoría del Sentenciador en relación a esta prueba y al resto que fue evacuada en el juicio, expresando el A-quo: … Para estos jueces lo dicho por Justiniano Mejía (victima), Mauricio Mejía Pérez y José Daniel Mejía Pérez (hijos de la víctima), por ser testigos presenciales su declaraciones son de mayor peso que el de otro testigos, pero al valorarlas en su conjunto muestran seria incongruencias, como ser que Justiniano dijo que le habla tirado la pistola a Daniel y este a s hermano Mauricio, pero como puedo haber visto eso si después del disparo en el pecho pierde el conocimiento, otro punto es que el Daniel dijo que su padre le habla tirado la pistola a su hermano y no a él, que al practicar el medio de prueba reconstrucción de hechos, en sus dichos hubieron contradicciones respecto al lugar que ocupaban cada uno de los sujeto que los agredieron, además de esto Jose Daniel dijo haber reculado a los cuatro sujetos al menos dos de ellos armados, casi a una distancia de veinte metros, las máximas de la experiencia común nos, indican que en una situación extrema, en defensa de la vida propia o de la de un pariente, en este caso la de su padre se actúa sin pensar, pero este testigo utilizo solamente un machete a cuatro hombres, sin que ningún de ellos utilizara el arma de fuego que portaban en contra de él, pero si las utilizaron contra su padre Justiniano, por lo que sus dichos son creíbles parcialmente, solo en lo relacionado a las heridas que le fueron producidas a su padre, el resto de su declaración produce duda, las declaraciones de Justino Hernández y Raymundo Mejia al valorar las mismas en su conjunto y con el resto de la prueba solo demuestra en el caso de Raymundo Mejía los actos que realizo a momento de tomar conocimiento de lo sucedido a Justiniano Mejia, lo dicho por Justino Hernández en el sentido de que el ofendido le habla manifestado el nombre de las personas que lo habla herido, resulta poco creíble si consideramos que la víctima manifestó haberse desmayado después de recibir un segundo disparo a la altura del pecho, por lo que podemos inferir que al momento en que este testigo llega al lugar del hecho, esta sin sentido la víctima. Fue evacuado el medio de prueba Reconstrucción de hechos a lo cual el Tribuna de Sentencia infirió: … Para estos jueces al practicar este medio de prueba se logró establecer con los testigos de cargo, al dinámica del hecho sometido a enjuiciamiento, como efecto secundario también se produjo Valorar los dichos do los testigos Justiniano Mejía, Mauricio Mejia Pérez y José Daniel Mejía Pérez los mismo no son congruentes entre sí, a lo cual ya nos hemos referido en el acápite primero de la sentencia de mérito, en el único punto que coinciden estos testigos de cargo es en decir que el arma so trabo, por también este extremo produce un desmerito en sus dichos, ya que la prueba científica del dictamen balístico en su apartado de conclusiones el perito manifiesta que el arma de fuego periciada presentaba buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, por lo que al valorar sus dichos de manera armónica los mismos no son concordantes entre sí y tampoco con el dictamen balístico, esto después de practica la reconstrucción de hechos. Para esta Sala de Casación los razonamientos externados por la mayoría del Sentenciador son contradictorios, pues por una parte el A-quo ha valorado en su sentencia que estos testigos son presenciales y que les dan credibilidad, ya que estos le indican la dinámica de los hechos, sin embargo a la vez señala que le son creíbles parcialmente; en sus inferencia señalan lo que estiman incongruencias sin embargo en ellas no se logra observar que tales incongruencias saquen de la escena al acusado, para lo cual esta Sala de lo Penal analiza el voto del juez disidente en el cual opuesto a la mayoría este juez considera como probada la participación del acusado en las lesiones del ofendido. Las declaraciones rendidas por el ofendido y los testigos de cargo que se encuentran a página tres de la sentencia sujeta a impugnación, esta Sala de lo Penal encuentra que estos han proporcionado la dinámica de los hechos, señalan participantes, en este caso es el mismo testigo ofendido Justiniano Mejia, el que narra cómo fue víctima de heridas con arma de fuego, acontecimiento del que fueron testigos presenciales sus hijos Mauricio Mejia Pérez y Jose Daniel Mejia Pérez, los que también aportan lo que pudieron percibir por sus sentidos, son coincidentes en establecer lugar, día, hora participantes y dinámica de los hechos, señalando participes, encajando con el dictamen médico que acredita las heridas del ofendido y el tipo de arma forma en que fueron producidas. Se ha podido verificar por parte de esta Sala de lo Penal, que al considerar la mayoría del Tribunal de Sentencia la inexistencia de prueba suficiente en contra del acusado, da lugar al motivo invocado por el censor, por lo cual prospera el motivo de casación impetrado por el Ministerio Publico. Decisión: Se declara Ha Lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Publico. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 193 del Código Penal decreto 130-2017. FALLA: Primero: Declarar HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Abogada Gisella Gracibel Seren Castillo, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico en la causa contra el señor José Wilmer Aguilar Orantes, a quien se le absolvió del delito de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio del señor Justiniano Mejía; Segundo: Declara la nulidad de la sentencia de fecha dos de septiembre del año dos mil diecinueve, dictada por el tribunal de sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua, y del debate que la pronunció. Y MANDA: 1) Que se repita el debate con jueces diferentes a los que participaron en el anulado; 2) Que, con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. Redacto Magistrado Mairena Franco. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado Coordinador. Firma y Sello. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora Adscrita de la sala de lo penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a nueve de junio de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el quince de octubre de dos mil veinticuatro, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-227-2020.

Pia Cristina Mejia Nuñez

receptora adscrita a sala de lo penal.”