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Sentencia CP-210-21 — Registro 17941

Resumen

En primer instancia se condena a los imputados por el delito de extorsión en su grado de ejecución de tentativa, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El Motivo no es de Recibo. La Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal, establece que el sistema de valoración de la prueba es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no, y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. Ante lo denunciado por los recurrentes, esta Sala de Casación ha realizado una revisión íntegra de los juicios de valor que ha externado el Sentenciador para razonar la prueba evacuada en el debate, específicamente la declaración de la ofendida Xiomara Florentina Paz Domínguez quien entre sus dichos manifestó “ Que el ahora acusado que iba para su trabajo Matías le pregunto si tenían Baby Dolls., ya que su esposo tiene venta de ropa, le dio unas prendas y después se fue para el trabajo , cuando llego al trabajo su hijo la llamo y le dijo que se armó la de Troya, por lo que se regresó a su casa y le entregaron un papel con contenidos amenazador pidiendo dinero, amenazando a su hijo, se fue a poner la denuncia….. recibía llamadas telefónicas amenazándola de qué le harían daño a sus hijos… la primera nota fue encontrada dentro de su casa, ese día Matías se metió y dejo la nota en una cama vacía, la segunda nota la tiraron por el porche, en cuanto al contenido del papel se identificaba como de la mara 18, le pedían dinero y la amenazaban,… sospecho de Matías por que le decía cosas Matías usaba bastante taxi y ese día lo vio cuando se bajó del taxi, que varias veces lo vio en el taxi número 124, el muchacho que maneja el taxi se lo había presentado una alumna, no supo el nombre del conductor del taxi, era joven fornido claro. No vio la persona que tiro la nota pero la única persona que entro a su casa ese día fue Matías, … la testigo en audiencia reconoció a Lester como la persona que conducía el taxi, en el que en ocasiones se conducía Matías que a diario recibía llamadas, su número de teléfono fijo es 2781230. También se recibió el Testimonio Wilson Eli Machado, quien manifestó que “recibió una llamada de que estaban extorsionando a unas personas en San Lorenzo, se investigó que se recibían llamadas del número 33146298 y que les exigían la cantidad de cincuenta mil lempiras, que deberían dejarlo en un lugar denominado Mango Solo” …. Y que no lo hacían los mataría a uno de sus familiares…. En fecha 8 de julio se presentó la señora Xiomara Paz, con una nota manuscrita diciendo que se le habían dejado en su casa, que eran de la mara 18 y le exigían el pago de 50 mil lempiras que tenía que dejar en el lugar conocido como “ Mango Solo” se compararon las letras y resultaron ser similares… el 17 de julio de 2012 se presentó una señora de nombre Olga Aguilar denunciando que Matías Hernández Rios llego a su casa y le dejo una nota donde se le exigía el pago de 40 mil lempiras, en consecuencia se le dio detención a l señor Matías Hernández Rios, posteriormente recibieron la llamada de un informante diciendo que en el lugar donde había sido detenido el señor Matías Hernández Rios, andaba un hombre armado por lo que le dieron detención, siendo identificado como Erlis Bartolo Marquina a quien se le encontró un teléfono celular chip claro, con el numero33146298, además se le solicito permiso para ingresar a su vivienda donde se encontró una arma de fuego, un pasamontañas y una libreta cuyas hojas coincidían con las de las notas… estando en la oficina el teléfono de Erlis Bartolo Marquina, entraron llamadas de alguien identificado como Lester, por lo que contesto la llamada y un individuo le pregunto por Matías Hernández, le dijo que ojala no lo fuera a quemar y si lo hacía tenía que irse a vivir a Tegucigalpa, el declarante le dijo al individuo que estaban en el comercial Victoria y que lo pasara llevando, a lo que dijo que si, cuando se trasladaron a dicho lugar vieron pasar al Taxi 124 y marco del teléfono de Erlis y el individuo le dijo que no podía recogerlo porque estaba Machado y Juan de la DNIC seguidamente procedieron a darle detención al conductor del taxi, siendo identificado como Lester armando Flores; las razones que el Juzgador otorga para dictar una sentencia condenatoria por esos hechos son totalmente válidos, coherentes y derivados del legajo probatorio. En el acápite “Valoración de la Prueba” el A-quo razonó la declaración de ambos testigos de quienes afirmó que le concedía credibilidad Ambos testigos aportan que determinan la participación del Imputado Matías Hernández en virtud de haber sido la única persona que ingreso a la vivienda de la señora Xiomara Florentina Paz Domínguez, momento después que se encontró la nota donde se le exigía el pago de una cantidad de dinero; y la participación del imputado Erlis Bartolo Marquina, al encontrársele el número de teléfono 33146298, de donde le hacían las llamadas amenazantes a la señora Paz Domínguez, en consecuencia de las declaraciones rendidas por Xiomara Florentina Paz Domínguez y Wilson Eli Machado, mas el acta de registro personal, se les concede plena credibilidad de carago. Para esta Sala de lo Penal, los razonamientos del Sentenciador son totalmente correctos y acordes a las reglas del correcto pensamiento humano, pues ha extraído de los testimonios de la ofendida la información necesaria para adquirir certeza en relación al delito de extorsión, En el caso concreto, el Tribunal de Sentencia ha tomado en cuenta para valorar la prueba testifical, aspectos necesarios como ser la verosimilitud de la versión y ausencia de contradicciones. Para esta Sala de Casación los razonamientos del Juzgador son coherentes y concatenados, teniendo como base las reglas de la sana crítica; pues advierte que la declaración de la ofendida se ve reforzada por la deposición del policía Wilson Eli Machado, quien manifestó que se presentó un la testigo a las instalaciones de la policía a denunciar que era objeto de extorsión por parte de uno de los jóvenes que fue detenido en el sector, confirmó además que el testigo realizó diligencias de reconocimiento. En base a esas argumentaciones y luego del análisis del fallo recurrido, esta Sala de Casación concluye que el Sentenciador realizó una valoración conjunta y armónica de todo el material probatorio, concluyendo en razonamientos que le llevaron a decretar la culpabilidad de los acusados por los hechos investigados, teniendo como base de sus argumentaciones las reglas de la sana crítica, por lo que resulta procedente desestimar el presente motivo de casación. En ese orden de ideas, considera esta Sala de lo Penal que la prueba fue correctamente valorada por el A-quo, sus juicios de valor fueron correctos y lógicos, mismo que tienen como base las reglas de la sana crítica, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."El Motivo no es de Recibo. La Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal, establece que el sistema de valoración de la prueba es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no, y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. Ante lo denunciado por los recurrentes, esta Sala de Casación ha realizado una revisión íntegra de los juicios de valor que ha externado el Sentenciador para razonar la prueba evacuada en el debate, específicamente la declaración de la ofendida Xiomara Florentina Paz Domínguez quien entre sus dichos manifestó “ Que el ahora acusado que iba para su trabajo Matías le pregunto si tenían Baby Dolls., ya que su esposo tiene venta de ropa, le dio unas prendas y después se fue para el trabajo , cuando llego al trabajo su hijo la llamo y le dijo que se armó la de Troya, por lo que se regresó a su casa y le entregaron un papel con contenidos amenazador pidiendo dinero, amenazando a su hijo, se fue a poner la denuncia….. recibía llamadas telefónicas amenazándola de qué le harían daño a sus hijos… la primera nota fue encontrada dentro de su casa, ese día Matías se metió y dejo la nota en una cama vacía, la segunda nota la tiraron por el porche, en cuanto al contenido del papel se identificaba como de la mara 18, le pedían dinero y la amenazaban,… sospecho de Matías por que le decía cosas Matías usaba bastante taxi y ese día lo vio cuando se bajó del taxi, que varias veces lo vio en el taxi número 124, el muchacho que maneja el taxi se lo había presentado una alumna, no supo el nombre del conductor del taxi, era joven fornido claro. No vio la persona que tiro la nota pero la única persona que entro a su casa ese día fue Matías, … la testigo en audiencia reconoció a Lester como la persona que conducía el taxi, en el que en ocasiones se conducía Matías que a diario recibía llamadas, su número de teléfono fijo es 2781230. También se recibió el Testimonio Wilson Eli Machado, quien manifestó que “recibió una llamada de que estaban extorsionando a unas personas en San Lorenzo, se investigó que se recibían llamadas del número 33146298 y que les exigían la cantidad de cincuenta mil lempiras, que deberían dejarlo en un lugar denominado Mango Solo” …. Y que no lo hacían los mataría a uno de sus familiares…. En fecha 8 de julio se presentó la señora Xiomara Paz, con una nota manuscrita diciendo que se le habían dejado en su casa, que eran de la mara 18 y le exigían el pago de 50 mil lempiras que tenía que dejar en el lugar conocido como “ Mango Solo” se compararon las letras y resultaron ser similares… el 17 de julio de 2012 se presentó una señora de nombre Olga Aguilar denunciando que Matías Hernández Rios llego a su casa y le dejo una nota donde se le exigía el pago de 40 mil lempiras, en consecuencia se le dio detención a l señor Matías Hernández Rios, posteriormente recibieron la llamada de un informante diciendo que en el lugar donde había sido detenido el señor Matías Hernández Rios, andaba un hombre armado por lo que le dieron detención, siendo identificado como Erlis Bartolo Marquina a quien se le encontró un teléfono celular chip claro, con el numero33146298, además se le solicito permiso para ingresar a su vivienda donde se encontró una arma de fuego, un pasamontañas y una libreta cuyas hojas coincidían con las de las notas… estando en la oficina el teléfono de Erlis Bartolo Marquina, entraron llamadas de alguien identificado como Lester, por lo que contesto la llamada y un individuo le pregunto por Matías Hernández, le dijo que ojala no lo fuera a quemar y si lo hacía tenía que irse a vivir a Tegucigalpa, el declarante le dijo al individuo que estaban en el comercial Victoria y que lo pasara llevando, a lo que dijo que si, cuando se trasladaron a dicho lugar vieron pasar al Taxi 124 y marco del teléfono de Erlis y el individuo le dijo que no podía recogerlo porque estaba Machado y Juan de la DNIC seguidamente procedieron a darle detención al conductor del taxi, siendo identificado como Lester armando Flores; las razones que el Juzgador otorga para dictar una sentencia condenatoria por esos hechos son totalmente válidos, coherentes y derivados del legajo probatorio. En el acápite “Valoración de la Prueba” el A-quo razonó la declaración de ambos testigos de quienes afirmó que le concedía credibilidad Ambos testigos aportan que determinan la participación del Imputado Matías Hernández en virtud de haber sido la única persona que ingreso a la vivienda de la señora Xiomara Florentina Paz Domínguez, momento después que se encontró la nota donde se le exigía el pago de una cantidad de dinero; y la participación del imputado Erlis Bartolo Marquina, al encontrársele el número de teléfono 33146298, de donde le hacían las llamadas amenazantes a la señora Paz Domínguez, en consecuencia de las declaraciones rendidas por Xiomara Florentina Paz Domínguez y Wilson Eli Machado, mas el acta de registro personal, se les concede plena credibilidad de carago. Para esta Sala de lo Penal, los razonamientos del Sentenciador son totalmente correctos y acordes a las reglas del correcto pensamiento humano, pues ha extraído de los testimonios de la ofendida la información necesaria para adquirir certeza en relación al delito de extorsión, En el caso concreto, el Tribunal de Sentencia ha tomado en cuenta para valorar la prueba testifical, aspectos necesarios como ser la verosimilitud de la versión y ausencia de contradicciones. Para esta Sala de Casación los razonamientos del Juzgador son coherentes y concatenados, teniendo como base las reglas de la sana crítica; pues advierte que la declaración de la ofendida se ve reforzada por la deposición del policía Wilson Eli Machado, quien manifestó que se presentó un la testigo a las instalaciones de la policía a denunciar que era objeto de extorsión por parte de uno de los jóvenes que fue detenido en el sector, confirmó además que el testigo realizó diligencias de reconocimiento. En base a esas argumentaciones y luego del análisis del fallo recurrido, esta Sala de Casación concluye que el Sentenciador realizó una valoración conjunta y armónica de todo el material probatorio, concluyendo en razonamientos que le llevaron a decretar la culpabilidad de los acusados por los hechos investigados, teniendo como base de sus argumentaciones las reglas de la sana crítica, por lo que resulta procedente desestimar el presente motivo de casación. En ese orden de ideas, considera esta Sala de lo Penal que la prueba fue correctamente valorada por el A-quo, sus juicios de valor fueron correctos y lógicos, mismo que tienen como base las reglas de la sana crítica, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-210-2021, que literalmente dice: “ SENTENCIA En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, a los nueve días del mes de abril del año dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Nelson Danilo Mairena Franco en su calidad de coordinador, Mario Rolando Díaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-210-2021 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciocho de septiembre de año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, mediante la cual falló: Primer: Condenó a Matías Hernández Ríos y Erlis Bartolo Marquina Gutiérrez, como autores directos del delito de Extorsión en su grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de Xiomara Florentina Paz Domínguez, a la pena de diez años de reclusión, quedando sujetos a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento. Segundo: Condenó a Matías Hernández Ríos y Erlis Bartolo Marquina Gutiérrez, a una multa de ciento cincuenta y dos mil doscientos dieciséis lempiras con trece centavos. Tercero: Condenó a Matías Hernández Ríos y Erlis Bartolo Marquina Gutiérrez, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la pena principal. Cuarto: Declaro la responsabilidad civil de Matías Hernández Ríos y Erlis Bartolo Marquina Gutiérrez. Quinto: Decretó el comiso de un teléfono celular color negro, sin marea, con número de IMEI 869700000867288, con número chip de Claro 33146298, un arma de fuego, tipo: pistola, marca: Hi-Point, modelo: C, calibre:9 mm, número de serie: No legible, con su cargador y tres cartuchos sin percutir calibre 9mm, de lo cual ordeno al Ministerio Público remitirlas al Juzgado de Ejecución del departamento de Choluteca. En cuanto un teléfono celular color negro marca Samsung, con número de IMEI: 358728049323136, con número de chip Tigo, número 99468679; un teléfono celular color negro y gris, sin marca, con número de IMEI 351628045770099, con su respectivo chip de Claro, número 33109059 y un teléfono celular color negro, sin marca, con número de IMEI 358728049323136, con número chip de Claro 33235420, ordenó su devolución a quien acredite ser su propietario. Sexto: Absolvió a Matías Hernández Ríos, Erlis Bartolo Marquina Gutiérrez, Lester Armando Ortiz Flores y Wil Gabriel Moreno García, por el delito de Extorsión, en perjuicio de Olga Lidia Aguilar y Testigo Protegido. Séptimo: Absolvió a Matías Hernández Ríos, Erlis Bartolo Marquina Gutiérrez, Lester Armando Ortiz Flores y Wil Gabriel Moreno García, por el delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Octavo: Absolvió a Erlis Bartolo Marquina Gutiérrez, por el delito de Portación Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Son partes en única instancia: Los abogados Arnaldo Alcides García Alvarado y Mario Reynieri Amador Espinal, en su condición de Defensores Públicos de Matías Hernandez Ríos, Erlis Bartolo Marquina Gutierrez, como parte recurrente y el abogado Salvador Cuestas Arévalo, como Fiscal del Ministerio Público como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: A principio del mes de julio del año 2012, la señora Xiomara Florentina Paz Dominguez, iba saliendo de su casa de habitación, ubicada en el barrio Buenos Aires del municipio de San Lorenzo, departamento de Valle, cuando se encontró con Matias Hernández, quien le dijo que le diera ropa para vender, por lo cual ambos entraron al interior de uno de los cuartos de la casa, en donde la señora Xiomara le entregó la ropa a Matias Hernández, quien se marchó del lugar y la señora Xiomara retomó su camino para el trabajo. SEGUNDO: Cuando la señora Xiomara Florentina Paz Dominguez, se encontraba en su centro de trabajo, recibió una llamada telefónica de su hijo, quien le dijo de que había encontrado una nota, en el cuarto donde ella había estado con Matias Hernández y que la nota decía que eran de la mara 18, que entregara la cantidad de cincuenta mil lempiras en el lugar conocido como "mangón" que si no le matarían alguno de sus hijos, ya que sabían dónde estudiaban, en los días posteriores la señora Xiomara Florentina Paz Domínguez recibió llamadas del teléfono número 33146298, amenazándola para que pagara, por lo que compareció ante las autoridades a interponer denuncia de lo que le estaba sucediendo. TERCERO: Que a mediados del mes de julio del año 2012, en horas de la noche, el joven Luis Alfredo Flores se encontraba en la casa de habitación de su tía Olga Lidia Aguilar, ubicada en la Colonia Obrera, del municipio de San Lorenzo, departamento de Valle, cuando halló un papel que tenía escrito que eran de la mara dieciocho de Tegucigalpa y que estaban cobrando impuesto de guerra, por la cantidad de cuarenta mil lempiras, que ese dinero tenía que ser entregado en el "mangón", que si no lo hacía mataría a uno de sus hijos. CUARTO: Inmediatamente Luis Alfredo Flores, le preguntó a su primo Dani Herrera, hijo de la señora Olga Lidia Aguilar, si había visto alguna persona cerca de la casa, contestándole Dani Herrera, que únicamente había visto a Matias Hernández, al día siguiente le entregaron el papel a la señora Olga Lidia Aguilar, quien interpuso la denuncia ante las autoridades. QUINTO: Que a raíz de las denuncias interpuestas las autoridades policiales, en fecha 17 de julio del año 2012, procedieron a la detención del señor Matias Hernández, en el barrio Alto Verde de la ciudad de San Lorenzo. SEXTO: Ese mismo día 17 de julio del año 2012, en horas de la tarde, en la oficina de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la ciudad de San Lorenzo, se recibió una llamada en la cual se informaba de que una persona andaba armada en el barrio Alto Verde, por lo que los agentes de investigación se trasladaron a dicho lugar, encontrando al individuo Erlis Bartolo Marquina, a quien le decomisaron un arma de fuego, en mal estado de funcionamiento, tipo pistola, marca HI-POINT-FIREARMS, modelo C, calibre 9mm., color negro, con empuñadura de caucho, color negro, sin serie, un cargador metálico color negro con 3 proyectiles, sin percutar color gris y un teléfono celular color negro, sin marca, con número chip de Claro 33146298 que era el mismo número de donde le hicieron las llamadas a la señora Xiomara Florentina Paz Domínguez.” RECURSO DE CASACIÓN: Los recurrentes abogados Wilmer Misael Santos Amaya y Karla Banessa Anariba Cruz en su condición de Defensores Públicos de Matías Hernández Ríos, Erlis Bartolo Marquina Gutierrez, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION MOTIVO UNICO: Por haberse violentado las reglas de la sana critica NORMA ADJETIVA INFRINGIDA: Se invoca como norma adjetiva inobservada la contenida en el artículo 202 en relación con el artículo 336 y 338 regla 4ta No.2 del Código Procesal penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO Previo a explicar nuestro motivo, conviene aclarar en que consiste la fundamentación y valoración de prueba conforme a las reglas de la sana critica así: Conforme al artículo 202, el sistema de valoración autorizado en el código Procesal Penal, es el de la sana critica y la estructura de la sentencia es definida en el articulo 338 del mismo cuerpo legal, en tanto esa sentencia es el juicio de valor emitido por el A-quo.- Debe de mantener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica y sobre la cual se realiza aquel ejercicio valorativo. Ese cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva, la primera implica para el tribunal señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir el elemento probatorio. Luego de esta fundamentación probatoria descriptiva, el tribunal debe decidir en sentencia la aplicación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. - En ese apartado el Juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y además porque un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. PRIMERO: Siendo así resulta que la sentencia recurrida no ha estado provista de un razonamiento intelectivo capaz de dejar conforme a la defensa de los imputados, en vista que a la conclusión que arribo el tribunal de sentencias para condenar a los mismos no proviene de elementos verdaderos, ni suficientes como tampoco resultan aptos como para producir razonablemente un conocimiento cierto del suceso que se juzga, por el contrario la acción imputada ha resultado efectivamente dudosa como para deducir la culpabilidad por EXTORSION EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTIVA por parte de mis defendidos Matías Hernández Ríos y Erlis Bartolo Marquina. En el caso de merito precisa referimos a la Regla de la lógica por ser esta la mas inobservada por el tribunal de sentencias y sobre la cual está orientada el ataque al fallo, en vista que la regla de la lógica estando constituida por la ley de la coherencia y la derivación, esta última ha resultado ignorada por el tribunal de sentencias debido que para la observancia de esta ley se exige al juzgador que la sentencia resulte provista de un razonamiento proveniente de elementos CONGRUENTES, VERDADEROS Y SUFICIENTES por lo que puntualizaremos primeramente sobre la prueba testifical de cargo evacuada en juicio oral donde ninguno de los testigos pudo ver quien fue la persona que puso la nota extorsiva en la casa de la señora Xiomara Florentina Paz Domínguez, solamente teniendo sospechas de quien fue la persona que puso dicha nota y tampoco sin saber a ciencia cierta quién hacia las llamadas amenazantes a la supuesta ofendida, por lo que no fue corroborado con otros medios de prueba para darle sustento probatorio a sus dichos y por ende quedando huérfana la misma, denotando resultar ser circunstancial para que se concluyera que efectivamente los imputados Matías Hernández y Erlin Bartolo fueran culpables de dicho delito; mas sin embargo el Tribunal sentenciador en la valoración de dichos testigos Xiomara Florentina Paz Domínguez y Wilson Eli Machado se apresura a adelantar juicio manifestando que dichos testigos aportan hechos que constituyen Indicios racionales que determinan la participación de los imputados Matías Hernández y Erlin Bartolo en virtud que según el Tribunal Matías fue la única persona que ingreso a la vivienda de la señora Xiomara Florentina Paz Dominguez momentos después que se encontró la nota en donde se le exigía el pago de una cantidad de dinero y que la participación del imputado Erlis Bartolo Marquina al encontrársele el número telefónico 33146298 de donde supuestamente le hacían las llamadas amenazantes a la señora Paz Domínguez, en consecuencia a las declaraciones rendidas por Xiomara Florentina Paz Domínguez y Wilson Eli machado y el acta de registro personal en los extremos anteriormente relacionados el tribunal les concedió plena credibilidad de cargo. Mas sin embargo esta defensa Pública considera que dichas declaraciones son indicios aislados que no se confirman y que tampoco se enlazan con otros medios de prueba como ser el hijo de la ofendida Xiomara Dany Herrera y el sobrino Luis Alfredo quienes no vieron quien puso la nota extorsiva según ella y que tampoco comparecieron a juicio oral a declarar para ratificar la denuncia interpuesta, por otro lado tampoco existieron como medios de prueba vaciados telefónicos para identificar quien hizo esas llamadas para así concluir que Erlis Bartolo Marquina fuera uno de los partícipes del hecho imputado; considerando esta defensa no haberse valorado toda la prueba en su conjunto y en forma armónica para argüir que mis representados fueron las personas que extorsionaban a la señora Xiomara Florentina Paz Domínguez.- Consecuentemente denotando únicamente existir sospechas, dudas y verdades a medias que no pueden revertirse en contra de la inocencia de nuestros representados. SEGUNDO: Que todas estas pruebas evacuadas por el Ministerio Público en el debate denotan haber fallado tanto pericial en la recolección de indicios como en la prueba testifical y científica que no aportaron nada en demostrar la culpabilidad de mis representados para el caso no hubo prueba de cargo de vaciado telefónico y alguien que observara quien puso la nota extorsiva, por tal motivo dichas pruebas de cargo no aportaron la participación de nuestros representados en la participación del hecho que se investiga y que se les quiere imputar, como tampoco las prueba científicas aportadas en el debate demostraron la culpabilidad de nuestros representados; para el caso y finalizar el técnico de documentología Forense concluyó que las notas no fueron manuscritas por los imputados Wil Gabriel Moreno García, Erlis Bartolo Marquina Gutiérrez y Matías Hernández Ríos en virtud que con los elementos de comparación utilizados no fue posible asociar la confección de los manuscritos cuestionados con una autoría por parte de los imputados y en cuanto al imputado Lester Armando Ortiz al haber manifestado no saber leer ni escribir, no fue posible tomarle el muestrario de escritura, por tal motivo quedo demostrado en juicio oral y público que los imputados no tuvieron nada que ver en la participación del hecho delictivo supra Indicado, por lo que tomando en consideración estos medios de prueba testificales y técnicos, podemos pensar que por la pasión del proceso y las ansias de encontrar la verdad a veces tenemos la tendencia a ser impulsivos y alejarnos de la realidad para poder ser objetivos. TERCERO: Por tal razón consideramos que de todo este conjunto de circunstancias que se dieron al momento de evacuar la prueba de cargo en el juicio oral y público, la misma no nos permite tener una certeza Jurídicamente valida sobre la forma o circunstancias reales para conocer la verdad o adquirir más conocimiento sobre ello. En el caso subjudice los indicios son escasos e insuficientes, en vista que en el caso de Matias Hernández solo dicen que estuvo en ese lugar y presumen que el dejo la nota, así como en el caso de Erlin Bartolo que no existe vaciado telefónico alguno que lo incrimine, por lo que eran necesarios otros elementos indiciarios de carácter positivo si querían condenar por pluralidad de indicios para que a los mismos pudiera concedérseles el carácter de verdadera prueba de cargo; el hecho de que un solo testigo sin soporte o respaldo manifestara que vio a determinada persona en ese lugar, no es suficiente, era necesaria la pluralidad y coherencia de la prueba indiciaria para que fuera suficiente y así demostrar con certeza la participación de los mismos. Consideramos que no se puede justificar un fallo condenatorio en simples declaraciones sin sustento probatorio, por no existir otros indicios necesarios para poder formar un juicio de certeza del hecho ocurrido, como se dijo antes solo existen sospechas, dudas y verdades a medias que no pueden revertirse en contra de la inocencia de los imputados. Creemos que el Tribunal Sentenciador hizo una mala o errónea apreciación de la prueba indiciaria. Siendo así no se cumplió un principio básico de derecho como lo es la Culpabilidad, en vista que se dice que para determinar la culpabilidad del individuo es necesario que concurran varios elementos entre ellos, capacidad de culpabilidad, conocimiento-de-la antijuricidad y la exigibilidad de la conducta, la ausencia de uno de ellos implica la ausencia de culpabilidad y por ende la imposibilidad de imponer una pena, pues quien no actúa culpablemente no es responsable penalmente. Para la determinación de la pena o medición de la misma implica de un elemento importante, pues es un principio general del derecho de acuerdo al grado de culpabilidad del autor así será también la gravedad de la sanción penal. Los autores JOSE MANUEL ARROLLO Y ALEXANDER RODRIGUEZ CAMPOS, en su libro LOGICA JURIDICA Y MOTIVACION DE LA SENTENCIA PENAL, unidad VI pagina 136 pie de página 121 afirman: "Debe recordarse que en la estructura de la sentencia, la aplicación de aquellas reglas tiene lugar al momento de analizar las pruebas y por ello, a los efectos de fundamentar las resoluciones no basta con que el Tribunal inserte la afirmación genérica de que su decisión se efectuó de exteriorizar en su discurso razones lógicas y conformes con la experiencia y la psicología. Francisco Dall' Anese en la Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica de diciembre de 1992 expresa: "El Tribunal tendrá que sentar en la sentencia, la fundamentación probatoria intelectiva, que es la apreciación de los medios de prueba. Es ahí donde el Juez dice por que un medio le merece crédito y como lo vincula a los elementos que obtiene de otros medios del elenco probatorio. Inclusive el Tribunal a la hora de hacer la valoración y redactar la fundamentación intelectiva, podrá remitirse a argumentos como la memoria remota y memoria reciente para creer a un testigo". Esta fundamentación es precisamente sobre la que recae el reproche del recurso referido a violación de las Reglas de la Sana Critica." Por tanto Honorables magistrados de la Sala Penal de lo antes manifestado podréis analizar que en la Sentencia Recurrida se viola la Regla de la Lógica estando constituida por la ley de la coherencia y la derivación, ya que el Juzgador incurre en clara violación a las Reglas de la Sana Critica al momento de hacer la valoración intelectiva de la prueba de cargo aportada en juicio por parte del ente acusador, debiendo para tal efecto anular la sentencia condenatoria proferida contra mis representados los señores Matías Hernández Ríos y Erlis Bartolo Marquina. RECLAMACION HECHA PARA LA SUBSANACION DEL VICIO En cumplimiento a lo dispuesto en la norma adjetiva-contenida en el artículo 363 párrafo tercero parte última, es del caso manifestar que por proceder el vicio de la sentencia misma, no es posible subsanar el vicio más que por esta vía Impugnativa.” Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia, hecha por algunas de las partes, de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (Art. 350 CPP); a. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y b. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo • Normas autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Motivo: Inobservancia de las Reglas de la Sana Critica en la valoración probatoria; • Concepto de la infracción: Regla de la Lógica en su postulado de la coherencia y la derivación. • Normas procesales que se denuncian infringidas: Artículo 202, 336 y 338 regla 4 número 2 del Código Procesal Penal. • Reclamación Ex Ante: No hubo reclamación ex ante, debido a que el yerro se produce al momento del fallo • Pretensión: Anular la sentencia de instancia. La Defensa Pública en el libelo del recurso plantea múltiples argumentaciones en contra de la sentencia: hace una descripción de las declaraciones de los testigos de cargo, prueba documental y pericial evacuadas durante la audiencia de juicio oral y público, luego hace las siguientes afirmaciones: • La prueba testifical de cargo evacuada en juicio oral, donde ninguno de los testigos pudo ver quien fue la persona que puso la nota extorsiva en la casa de la señora Xiomara Florentina Paz Domínguez, solamente teniendo sospechas de quien fue la persona que puso dicha nota, tampoco se sabe a ciencia cierta quién hacia las llamadas amenazantes a la supuesta ofendida, no fue corroborado con otros medios de prueba para darle sustento probatorio a sus dichos y por ende quedando huérfana la misma, denotando resultar ser circunstancial para que se concluyera que efectivamente los imputados Matías Hernández y Erlin Bartolo fueran culpables de dicho delito. • El Tribunal Sentenciador, en la valoración de dichos testigos Xiomara Florentina Paz Domínguez y Wilson Eli Machado, se apresura a adelantar juicio manifestando que dichos testigos aportan hechos que constituyen Indicios racionales que determinan la participación de los imputados Matías Hernández y Erlin Bartolo, en virtud que según el Tribunal Matías fue la única persona que ingreso a la vivienda de la señora Xiomara Florentina Paz Domínguez, momentos después que se encontró la nota en donde se le exigía el pago de una cantidad de dinero; la participación del imputado Erlis Bartolo Marquina, al encontrársele el número telefónico 33146298 de donde supuestamente le hacían las llamadas amenazantes a la señora Paz Domínguez, en consecuencia a las declaraciones rendidas por Xiomara Florentina Paz Domínguez y Wilson Eli machado. • La Defensa Pública considera, que dichas declaraciones son indicios aislados que no se confirman y que tampoco se enlazan con otros medios de prueba como ser el hijo de la ofendida Xiomara Dany Herrera y el sobrino Luis Alfredo, quienes no vieron quien puso la nota extorsiva según ella; tampoco comparecieron a juicio oral a declarar para ratificar la denuncia interpuesta: por otro lado no existieron medios de pruebas de vaciados telefónicos, para identificar quien hizo esas llamadas para así concluir que Erlis Bartolo Marquina, es uno de los partícipes del hecho imputado; considera la Defensa, no se valorado toda la prueba en su conjunto y en forma armónica, para argüir que sus representados fueron las personas que extorsionaban a la señora Xiomara Florentina Paz Domínguez; Consecuentemente denotando únicamente existir sospechas, dudas y verdades a medias que no pueden revertirse en contra de la inocencia de nuestros representados. • Concluyo diciendo, que las pruebas evacuadas por el Ministerio Público en el debate denotan haber fallado, tanto pericial, en la recolección de indicios, prueba testifical y científica; no aportaron nada en demostrar la culpabilidad de sus representados, no hubo prueba de cargo de vaciado telefónico, ni alguien que observara quien puso la nota extorsiva, por tal motivo dichas pruebas de cargo, no aportaron la participación de sus representados en la participación del hecho que se investiga y que se les quiere imputar, como tampoco las prueba científicas aportadas en el debate demostraron la culpabilidad de sus representados; para el caso y finalizar el técnico de documentología Forense concluyó que las notas no fueron manuscritas por los imputados Wil Gabriel Moreno García, Erlis Bartolo Marquina Gutiérrez y Matías Hernández Ríos, en virtud que con los elementos de comparación utilizados, no fue posible asociar la confección de los manuscritos cuestionados, con una autoría por parte de los imputados y en cuanto al imputado Lester Armando Ortiz al haber manifestado no saber leer ni escribir, no fue posible tomarle el muestrario de escritura, por tal motivo quedo demostrado en juicio oral y público que los imputados no tuvieron nada que ver en la participación del hecho delictivo supra Indicado, por lo que tomando en consideración estos medios de prueba testificales y técnicos, podemos pensar que por la pasión del proceso y las ansias de encontrar la verdad a veces tenemos la tendencia a ser impulsivos y alejarnos de la realidad para poder ser objetivos. • Por tal razón considera, que de todo el conjunto de circunstancias que se dieron al momento de evacuar la prueba de cargo en el juicio oral y público, la misma no permite tener una certeza Jurídicamente valida sobre la forma o circunstancias reales para conocer la verdad o adquirir más conocimiento sobre ello. En el caso subjudice los indicios son escasos e insuficientes, en vista que en el caso de Matías Hernández, solo dicen que estuvo en ese lugar y presumen que el dejo la nota, así como en el caso de Erlin Bartolo, que no existe vaciado telefónico alguno que lo incrimine, por lo que eran necesarios otros elementos indiciarios de carácter positivo, si querían condenar por pluralidad de indicios para que a los mismos pudiera concedérseles el carácter de verdadera prueba de cargo; el hecho de que un solo testigo sin soporte o respaldo manifestara que vio a determinada persona en ese lugar, no es suficiente, era necesaria la pluralidad y coherencia de la prueba indiciaria para que fuera suficiente y así demostrar con certeza la participación de los mismos. • Consideramos que no se puede justificar un fallo condenatorio en simples declaraciones sin sustento probatorio, por no existir otros indicios necesarios para poder formar un juicio de certeza del hecho ocurrido, como se dijo antes solo existen sospechas, dudas y verdades a medias que no pueden revertirse en contra de la inocencia de los imputados. Creemos que el Tribunal Sentenciador hizo una mala o errónea apreciación de la prueba indiciaria. Siendo así no se cumplió un principio básico de derecho como lo es la Culpabilidad, en vista que se dice que para determinar la culpabilidad del individuo es necesario que concurran varios elementos entre ellos, capacidad de culpabilidad, conocimiento-de-la antijuricidad y la exigibilidad de la conducta, la ausencia de uno de ellos implica la ausencia de culpabilidad y por ende la imposibilidad de imponer una pena, pues quien no actúa culpablemente no es responsable penalmente. • De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria.Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii.El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella.Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 1. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 2. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 3. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. La Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal, establece que el sistema de valoración de la prueba es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no, y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. Ante lo denunciado por los recurrentes, esta Sala de Casación ha realizado una revisión íntegra de los juicios de valor que ha externado el Sentenciador para razonar la prueba evacuada en el debate, específicamente la declaración de la ofendida Xiomara Florentina Paz Domínguez quien entre sus dichos manifestó “ Que el ahora acusado que iba para su trabajo Matías le pregunto si tenían Baby Dolls., ya que su esposo tiene venta de ropa, le dio unas prendas y después se fue para el trabajo , cuando llego al trabajo su hijo la llamo y le dijo que se armó la de Troya, por lo que se regresó a su casa y le entregaron un papel con contenidos amenazador pidiendo dinero, amenazando a su hijo, se fue a poner la denuncia….. recibía llamadas telefónicas amenazándola de qué le harían daño a sus hijos… la primera nota fue encontrada dentro de su casa, ese día Matías se metió y dejo la nota en una cama vacía, la segunda nota la tiraron por el porche, en cuanto al contenido del papel se identificaba como de la mara 18, le pedían dinero y la amenazaban,… sospecho de Matías por que le decía cosas Matías usaba bastante taxi y ese día lo vio cuando se bajó del taxi, que varias veces lo vio en el taxi número 124, el muchacho que maneja el taxi se lo había presentado una alumna, no supo el nombre del conductor del taxi, era joven fornido claro. No vio la persona que tiro la nota pero la única persona que entro a su casa ese día fue Matías, … la testigo en audiencia reconoció a Lester como la persona que conducía el taxi, en el que en ocasiones se conducía Matías que a diario recibía llamadas, su número de teléfono fijo es 2781230. También se recibió el Testimonio Wilson Eli Machado, quien manifestó que “recibió una llamada de que estaban extorsionando a unas personas en San Lorenzo, se investigó que se recibían llamadas del número 33146298 y que les exigían la cantidad de cincuenta mil lempiras, que deberían dejarlo en un lugar denominado Mango Solo” …. Y que no lo hacían los mataría a uno de sus familiares…. En fecha 8 de julio se presentó la señora Xiomara Paz, con una nota manuscrita diciendo que se le habían dejado en su casa, que eran de la mara 18 y le exigían el pago de 50 mil lempiras que tenía que dejar en el lugar conocido como “ Mango Solo” se compararon las letras y resultaron ser similares… el 17 de julio de 2012 se presentó una señora de nombre Olga Aguilar denunciando que Matías Hernández Rios llego a su casa y le dejo una nota donde se le exigía el pago de 40 mil lempiras, en consecuencia se le dio detención a l señor Matías Hernández Rios, posteriormente recibieron la llamada de un informante diciendo que en el lugar donde había sido detenido el señor Matías Hernández Rios, andaba un hombre armado por lo que le dieron detención, siendo identificado como Erlis Bartolo Marquina a quien se le encontró un teléfono celular chip claro, con el numero33146298, además se le solicito permiso para ingresar a su vivienda donde se encontró una arma de fuego, un pasamontañas y una libreta cuyas hojas coincidían con las de las notas… estando en la oficina el teléfono de Erlis Bartolo Marquina, entraron llamadas de alguien identificado como Lester, por lo que contesto la llamada y un individuo le pregunto por Matías Hernández, le dijo que ojala no lo fuera a quemar y si lo hacía tenía que irse a vivir a Tegucigalpa, el declarante le dijo al individuo que estaban en el comercial Victoria y que lo pasara llevando, a lo que dijo que si, cuando se trasladaron a dicho lugar vieron pasar al Taxi 124 y marco del teléfono de Erlis y el individuo le dijo que no podía recogerlo porque estaba Machado y Juan de la DNIC seguidamente procedieron a darle detención al conductor del taxi, siendo identificado como Lester armando Flores; las razones que el Juzgador otorga para dictar una sentencia condenatoria por esos hechos son totalmente válidos, coherentes y derivados del legajo probatorio. En el acápite “Valoración de la Prueba” el A-quo razonó la declaración de ambos testigos de quienes afirmó que le concedía credibilidad Ambos testigos aportan que determinan la participación del Imputado Matías Hernández en virtud de haber sido la única persona que ingreso a la vivienda de la señora Xiomara Florentina Paz Domínguez, momento después que se encontró la nota donde se le exigía el pago de una cantidad de dinero; y la participación del imputado Erlis Bartolo Marquina, al encontrársele el número de teléfono 33146298, de donde le hacían las llamadas amenazantes a la señora Paz Domínguez, en consecuencia de las declaraciones rendidas por Xiomara Florentina Paz Domínguez y Wilson Eli Machado, mas el acta de registro personal, se les concede plena credibilidad de carago. Para esta Sala de lo Penal, los razonamientos del Sentenciador son totalmente correctos y acordes a las reglas del correcto pensamiento humano, pues ha extraído de los testimonios de la ofendida la información necesaria para adquirir certeza en relación al delito de extorsión, En el caso concreto, el Tribunal de Sentencia ha tomado en cuenta para valorar la prueba testifical, aspectos necesarios como ser la verosimilitud de la versión y ausencia de contradicciones. Para esta Sala de Casación los razonamientos del Juzgador son coherentes y concatenados, teniendo como base las reglas de la sana crítica; pues advierte que la declaración de la ofendida se ve reforzada por la deposición del policía Wilson Eli Machado, quien manifestó que se presentó un la testigo a las instalaciones de la policía a denunciar que era objeto de extorsión por parte de uno de los jóvenes que fue detenido en el sector, confirmó además que el testigo realizó diligencias de reconocimiento. En base a esas argumentaciones y luego del análisis del fallo recurrido, esta Sala de Casación concluye que el Sentenciador realizó una valoración conjunta y armónica de todo el material probatorio, concluyendo en razonamientos que le llevaron a decretar la culpabilidad de los acusados por los hechos investigados, teniendo como base de sus argumentaciones las reglas de la sana crítica, por lo que resulta procedente desestimar el presente motivo de casación. En ese orden de ideas, considera esta Sala de lo Penal que la prueba fue correctamente valorada por el A-quo, sus juicios de valor fueron correctos y lógicos, mismo que tienen como base las reglas de la sana crítica, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. Decisión: Declarar No Ha LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo, interpuesto por la Defensa Pública. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un delito continuado la revisión/ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (Art. 617).- Al apreciarse un concurso continuado (Art. 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: i.- Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al delito continuado según las reglas del CP-144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del mismo concurso conforme el CP-130-2017.- Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el delito continuado; o ii.- Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del CP-144-8 y luego hacer la comparación global con el CP-130-2017.- Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá realizar conforme las reglas de las penas no concursadas.- Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real.- Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i.- Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii.- Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii.- Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años.- Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. escrito suplementario Señala el artículo 624 del del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no fue presentado escrito suplementario por parte de la representación legal de los acusados Matías Hernández Ríos y Erlis Bartolo Marquina Gutiérrez, tampoco por el Ministerio Público, por lo que, conforme lo indica el mismo artículo 624, corresponde a la Sala de lo Penal hacer de oficio la ponderación de la norma penal más favorable en el caso concreto. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los acusados Matías Hernández Ríos y Erlis Bartolo Marquina Gutiérrez, la pena de diez (10) años de reclusión, por el delito de Extorsión en su Grado de Ejecución de Tentativa en perjuicio de Xiomara Florentina Paz Domínguez, más las penas accesorias de responsabilidad civil, inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure su condena. Conforme las disposiciones del Código Penal decreto 130-2017, el delito de extorsión está regulado en el artículo 373 y establece que debe ser sancionado con la pena de prisión de quince (15) a veinte años (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, en su nivel más alto; tomando en consideración que la Tentativa es la ejecución incompleta de un hecho tipificado en la ley penal y el cual nunca llega a consumarse; dicha pena que no puede modificarse, debido a que en el delito de extorsión del nuevo código penal ( Decreto 130-2017 ), no existe la posibilidad de apreciar una tentativa, al ser un delito de mera actividad. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el caso particular, el Código Penal 130-2017 prevé sanciones más gravosas que las impuestas conforme el Código Penal 144-83, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva de la nueva codificación. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 360 y 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo, interpuesto por la Defensa Pública.- Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conducta reprochada los ahora condenados Matías Hernández Ríos y Erlis Bartolo Marquina Gutiérrez. Como consecuencia el proceso de ejecución deberá de realizarse conforme las normas del Código Penal 144-83. Tercero: Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle.- Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Redacto Mairena Franco. Notifíquese. - Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. Mario Rolando Díaz Flores. Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora sala penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a siete días del mes de agosto de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada el nueve de abril de dos mil veinticuatro, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-210-2021. RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL“ CERTIFICACION La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-210-2021, que literalmente dice: “ SENTENCIA En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, a los nueve días del mes de abril del año dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Nelson Danilo Mairena Franco en su calidad de coordinador, Mario Rolando Díaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-210-2021 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciocho de septiembre de año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, mediante la cual falló: Primer: Condenó a Matías Hernández Ríos y Erlis Bartolo Marquina Gutiérrez, como autores directos del delito de Extorsión en su grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de Xiomara Florentina Paz Domínguez, a la pena de diez años de reclusión, quedando sujetos a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento. Segundo: Condenó a Matías Hernández Ríos y Erlis Bartolo Marquina Gutiérrez, a una multa de ciento cincuenta y dos mil doscientos dieciséis lempiras con trece centavos. Tercero: Condenó a Matías Hernández Ríos y Erlis Bartolo Marquina Gutiérrez, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la pena principal. Cuarto: Declaro la responsabilidad civil de Matías Hernández Ríos y Erlis Bartolo Marquina Gutiérrez. Quinto: Decretó el comiso de un teléfono celular color negro, sin marea, con número de IMEI 869700000867288, con número chip de Claro 33146298, un arma de fuego, tipo: pistola, marca: Hi-Point, modelo: C, calibre:9 mm, número de serie: No legible, con su cargador y tres cartuchos sin percutir calibre 9mm, de lo cual ordeno al Ministerio Público remitirlas al Juzgado de Ejecución del departamento de Choluteca. En cuanto un teléfono celular color negro marca Samsung, con número de IMEI: 358728049323136, con número de chip Tigo, número 99468679; un teléfono celular color negro y gris, sin marca, con número de IMEI 351628045770099, con su respectivo chip de Claro, número 33109059 y un teléfono celular color negro, sin marca, con número de IMEI 358728049323136, con número chip de Claro 33235420, ordenó su devolución a quien acredite ser su propietario. Sexto: Absolvió a Matías Hernández Ríos, Erlis Bartolo Marquina Gutiérrez, Lester Armando Ortiz Flores y Wil Gabriel Moreno García, por el delito de Extorsión, en perjuicio de Olga Lidia Aguilar y Testigo Protegido. Séptimo: Absolvió a Matías Hernández Ríos, Erlis Bartolo Marquina Gutiérrez, Lester Armando Ortiz Flores y Wil Gabriel Moreno García, por el delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Octavo: Absolvió a Erlis Bartolo Marquina Gutiérrez, por el delito de Portación Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Son partes en única instancia: Los abogados Arnaldo Alcides García Alvarado y Mario Reynieri Amador Espinal, en su condición de Defensores Públicos de Matías Hernandez Ríos, Erlis Bartolo Marquina Gutierrez, como parte recurrente y el abogado Salvador Cuestas Arévalo, como Fiscal del Ministerio Público como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: A principio del mes de julio del año 2012, la señora Xiomara Florentina Paz Dominguez, iba saliendo de su casa de habitación, ubicada en el barrio Buenos Aires del municipio de San Lorenzo, departamento de Valle, cuando se encontró con Matias Hernández, quien le dijo que le diera ropa para vender, por lo cual ambos entraron al interior de uno de los cuartos de la casa, en donde la señora Xiomara le entregó la ropa a Matias Hernández, quien se marchó del lugar y la señora Xiomara retomó su camino para el trabajo. SEGUNDO: Cuando la señora Xiomara Florentina Paz Dominguez, se encontraba en su centro de trabajo, recibió una llamada telefónica de su hijo, quien le dijo de que había encontrado una nota, en el cuarto donde ella había estado con Matias Hernández y que la nota decía que eran de la mara 18, que entregara la cantidad de cincuenta mil lempiras en el lugar conocido como "mangón" que si no le matarían alguno de sus hijos, ya que sabían dónde estudiaban, en los días posteriores la señora Xiomara Florentina Paz Domínguez recibió llamadas del teléfono número 33146298, amenazándola para que pagara, por lo que compareció ante las autoridades a interponer denuncia de lo que le estaba sucediendo. TERCERO: Que a mediados del mes de julio del año 2012, en horas de la noche, el joven Luis Alfredo Flores se encontraba en la casa de habitación de su tía Olga Lidia Aguilar, ubicada en la Colonia Obrera, del municipio de San Lorenzo, departamento de Valle, cuando halló un papel que tenía escrito que eran de la mara dieciocho de Tegucigalpa y que estaban cobrando impuesto de guerra, por la cantidad de cuarenta mil lempiras, que ese dinero tenía que ser entregado en el "mangón", que si no lo hacía mataría a uno de sus hijos. CUARTO: Inmediatamente Luis Alfredo Flores, le preguntó a su primo Dani Herrera, hijo de la señora Olga Lidia Aguilar, si había visto alguna persona cerca de la casa, contestándole Dani Herrera, que únicamente había visto a Matias Hernández, al día siguiente le entregaron el papel a la señora Olga Lidia Aguilar, quien interpuso la denuncia ante las autoridades. QUINTO: Que a raíz de las denuncias interpuestas las autoridades policiales, en fecha 17 de julio del año 2012, procedieron a la detención del señor Matias Hernández, en el barrio Alto Verde de la ciudad de San Lorenzo. SEXTO: Ese mismo día 17 de julio del año 2012, en horas de la tarde, en la oficina de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la ciudad de San Lorenzo, se recibió una llamada en la cual se informaba de que una persona andaba armada en el barrio Alto Verde, por lo que los agentes de investigación se trasladaron a dicho lugar, encontrando al individuo Erlis Bartolo Marquina, a quien le decomisaron un arma de fuego, en mal estado de funcionamiento, tipo pistola, marca HI-POINT-FIREARMS, modelo C, calibre 9mm., color negro, con empuñadura de caucho, color negro, sin serie, un cargador metálico color negro con 3 proyectiles, sin percutar color gris y un teléfono celular color negro, sin marca, con número chip de Claro 33146298 que era el mismo número de donde le hicieron las llamadas a la señora Xiomara Florentina Paz Domínguez.” RECURSO DE CASACIÓN: Los recurrentes abogados Wilmer Misael Santos Amaya y Karla Banessa Anariba Cruz en su condición de Defensores Públicos de Matías Hernández Ríos, Erlis Bartolo Marquina Gutierrez, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION MOTIVO UNICO: Por haberse violentado las reglas de la sana critica NORMA ADJETIVA INFRINGIDA: Se invoca como norma adjetiva inobservada la contenida en el artículo 202 en relación con el artículo 336 y 338 regla 4ta No.2 del Código Procesal penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO Previo a explicar nuestro motivo, conviene aclarar en que consiste la fundamentación y valoración de prueba conforme a las reglas de la sana critica así: Conforme al artículo 202, el sistema de valoración autorizado en el código Procesal Penal, es el de la sana critica y la estructura de la sentencia es definida en el articulo 338 del mismo cuerpo legal, en tanto esa sentencia es el juicio de valor emitido por el A-quo.- Debe de mantener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica y sobre la cual se realiza aquel ejercicio valorativo. Ese cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva, la primera implica para el tribunal señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir el elemento probatorio. Luego de esta fundamentación probatoria descriptiva, el tribunal debe decidir en sentencia la aplicación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. - En ese apartado el Juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y además porque un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. PRIMERO: Siendo así resulta que la sentencia recurrida no ha estado provista de un razonamiento intelectivo capaz de dejar conforme a la defensa de los imputados, en vista que a la conclusión que arribo el tribunal de sentencias para condenar a los mismos no proviene de elementos verdaderos, ni suficientes como tampoco resultan aptos como para producir razonablemente un conocimiento cierto del suceso que se juzga, por el contrario la acción imputada ha resultado efectivamente dudosa como para deducir la culpabilidad por EXTORSION EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTIVA por parte de mis defendidos Matías Hernández Ríos y Erlis Bartolo Marquina. En el caso de merito precisa referimos a la Regla de la lógica por ser esta la mas inobservada por el tribunal de sentencias y sobre la cual está orientada el ataque al fallo, en vista que la regla de la lógica estando constituida por la ley de la coherencia y la derivación, esta última ha resultado ignorada por el tribunal de sentencias debido que para la observancia de esta ley se exige al juzgador que la sentencia resulte provista de un razonamiento proveniente de elementos CONGRUENTES, VERDADEROS Y SUFICIENTES por lo que puntualizaremos primeramente sobre la prueba testifical de cargo evacuada en juicio oral donde ninguno de los testigos pudo ver quien fue la persona que puso la nota extorsiva en la casa de la señora Xiomara Florentina Paz Domínguez, solamente teniendo sospechas de quien fue la persona que puso dicha nota y tampoco sin saber a ciencia cierta quién hacia las llamadas amenazantes a la supuesta ofendida, por lo que no fue corroborado con otros medios de prueba para darle sustento probatorio a sus dichos y por ende quedando huérfana la misma, denotando resultar ser circunstancial para que se concluyera que efectivamente los imputados Matías Hernández y Erlin Bartolo fueran culpables de dicho delito; mas sin embargo el Tribunal sentenciador en la valoración de dichos testigos Xiomara Florentina Paz Domínguez y Wilson Eli Machado se apresura a adelantar juicio manifestando que dichos testigos aportan hechos que constituyen Indicios racionales que determinan la participación de los imputados Matías Hernández y Erlin Bartolo en virtud que según el Tribunal Matías fue la única persona que ingreso a la vivienda de la señora Xiomara Florentina Paz Dominguez momentos después que se encontró la nota en donde se le exigía el pago de una cantidad de dinero y que la participación del imputado Erlis Bartolo Marquina al encontrársele el número telefónico 33146298 de donde supuestamente le hacían las llamadas amenazantes a la señora Paz Domínguez, en consecuencia a las declaraciones rendidas por Xiomara Florentina Paz Domínguez y Wilson Eli machado y el acta de registro personal en los extremos anteriormente relacionados el tribunal les concedió plena credibilidad de cargo. Mas sin embargo esta defensa Pública considera que dichas declaraciones son indicios aislados que no se confirman y que tampoco se enlazan con otros medios de prueba como ser el hijo de la ofendida Xiomara Dany Herrera y el sobrino Luis Alfredo quienes no vieron quien puso la nota extorsiva según ella y que tampoco comparecieron a juicio oral a declarar para ratificar la denuncia interpuesta, por otro lado tampoco existieron como medios de prueba vaciados telefónicos para identificar quien hizo esas llamadas para así concluir que Erlis Bartolo Marquina fuera uno de los partícipes del hecho imputado; considerando esta defensa no haberse valorado toda la prueba en su conjunto y en forma armónica para argüir que mis representados fueron las personas que extorsionaban a la señora Xiomara Florentina Paz Domínguez.- Consecuentemente denotando únicamente existir sospechas, dudas y verdades a medias que no pueden revertirse en contra de la inocencia de nuestros representados. SEGUNDO: Que todas estas pruebas evacuadas por el Ministerio Público en el debate denotan haber fallado tanto pericial en la recolección de indicios como en la prueba testifical y científica que no aportaron nada en demostrar la culpabilidad de mis representados para el caso no hubo prueba de cargo de vaciado telefónico y alguien que observara quien puso la nota extorsiva, por tal motivo dichas pruebas de cargo no aportaron la participación de nuestros representados en la participación del hecho que se investiga y que se les quiere imputar, como tampoco las prueba científicas aportadas en el debate demostraron la culpabilidad de nuestros representados; para el caso y finalizar el técnico de documentología Forense concluyó que las notas no fueron manuscritas por los imputados Wil Gabriel Moreno García, Erlis Bartolo Marquina Gutiérrez y Matías Hernández Ríos en virtud que con los elementos de comparación utilizados no fue posible asociar la confección de los manuscritos cuestionados con una autoría por parte de los imputados y en cuanto al imputado Lester Armando Ortiz al haber manifestado no saber leer ni escribir, no fue posible tomarle el muestrario de escritura, por tal motivo quedo demostrado en juicio oral y público que los imputados no tuvieron nada que ver en la participación del hecho delictivo supra Indicado, por lo que tomando en consideración estos medios de prueba testificales y técnicos, podemos pensar que por la pasión del proceso y las ansias de encontrar la verdad a veces tenemos la tendencia a ser impulsivos y alejarnos de la realidad para poder ser objetivos. TERCERO: Por tal razón consideramos que de todo este conjunto de circunstancias que se dieron al momento de evacuar la prueba de cargo en el juicio oral y público, la misma no nos permite tener una certeza Jurídicamente valida sobre la forma o circunstancias reales para conocer la verdad o adquirir más conocimiento sobre ello. En el caso subjudice los indicios son escasos e insuficientes, en vista que en el caso de Matias Hernández solo dicen que estuvo en ese lugar y presumen que el dejo la nota, así como en el caso de Erlin Bartolo que no existe vaciado telefónico alguno que lo incrimine, por lo que eran necesarios otros elementos indiciarios de carácter positivo si querían condenar por pluralidad de indicios para que a los mismos pudiera concedérseles el carácter de verdadera prueba de cargo; el hecho de que un solo testigo sin soporte o respaldo manifestara que vio a determinada persona en ese lugar, no es suficiente, era necesaria la pluralidad y coherencia de la prueba indiciaria para que fuera suficiente y así demostrar con certeza la participación de los mismos. Consideramos que no se puede justificar un fallo condenatorio en simples declaraciones sin sustento probatorio, por no existir otros indicios necesarios para poder formar un juicio de certeza del hecho ocurrido, como se dijo antes solo existen sospechas, dudas y verdades a medias que no pueden revertirse en contra de la inocencia de los imputados. Creemos que el Tribunal Sentenciador hizo una mala o errónea apreciación de la prueba indiciaria. Siendo así no se cumplió un principio básico de derecho como lo es la Culpabilidad, en vista que se dice que para determinar la culpabilidad del individuo es necesario que concurran varios elementos entre ellos, capacidad de culpabilidad, conocimiento-de-la antijuricidad y la exigibilidad de la conducta, la ausencia de uno de ellos implica la ausencia de culpabilidad y por ende la imposibilidad de imponer una pena, pues quien no actúa culpablemente no es responsable penalmente. Para la determinación de la pena o medición de la misma implica de un elemento importante, pues es un principio general del derecho de acuerdo al grado de culpabilidad del autor así será también la gravedad de la sanción penal. Los autores JOSE MANUEL ARROLLO Y ALEXANDER RODRIGUEZ CAMPOS, en su libro LOGICA JURIDICA Y MOTIVACION DE LA SENTENCIA PENAL, unidad VI pagina 136 pie de página 121 afirman: "Debe recordarse que en la estructura de la sentencia, la aplicación de aquellas reglas tiene lugar al momento de analizar las pruebas y por ello, a los efectos de fundamentar las resoluciones no basta con que el Tribunal inserte la afirmación genérica de que su decisión se efectuó de exteriorizar en su discurso razones lógicas y conformes con la experiencia y la psicología. Francisco Dall' Anese en la Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica de diciembre de 1992 expresa: "El Tribunal tendrá que sentar en la sentencia, la fundamentación probatoria intelectiva, que es la apreciación de los medios de prueba. Es ahí donde el Juez dice por que un medio le merece crédito y como lo vincula a los elementos que obtiene de otros medios del elenco probatorio. Inclusive el Tribunal a la hora de hacer la valoración y redactar la fundamentación intelectiva, podrá remitirse a argumentos como la memoria remota y memoria reciente para creer a un testigo". Esta fundamentación es precisamente sobre la que recae el reproche del recurso referido a violación de las Reglas de la Sana Critica." Por tanto Honorables magistrados de la Sala Penal de lo antes manifestado podréis analizar que en la Sentencia Recurrida se viola la Regla de la Lógica estando constituida por la ley de la coherencia y la derivación, ya que el Juzgador incurre en clara violación a las Reglas de la Sana Critica al momento de hacer la valoración intelectiva de la prueba de cargo aportada en juicio por parte del ente acusador, debiendo para tal efecto anular la sentencia condenatoria proferida contra mis representados los señores Matías Hernández Ríos y Erlis Bartolo Marquina. RECLAMACION HECHA PARA LA SUBSANACION DEL VICIO En cumplimiento a lo dispuesto en la norma adjetiva-contenida en el artículo 363 párrafo tercero parte última, es del caso manifestar que por proceder el vicio de la sentencia misma, no es posible subsanar el vicio más que por esta vía Impugnativa.” Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia, hecha por algunas de las partes, de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (Art. 350 CPP); a. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y b. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo • Normas autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Motivo: Inobservancia de las Reglas de la Sana Critica en la valoración probatoria; • Concepto de la infracción: Regla de la Lógica en su postulado de la coherencia y la derivación. • Normas procesales que se denuncian infringidas: Artículo 202, 336 y 338 regla 4 número 2 del Código Procesal Penal. • Reclamación Ex Ante: No hubo reclamación ex ante, debido a que el yerro se produce al momento del fallo • Pretensión: Anular la sentencia de instancia. La Defensa Pública en el libelo del recurso plantea múltiples argumentaciones en contra de la sentencia: hace una descripción de las declaraciones de los testigos de cargo, prueba documental y pericial evacuadas durante la audiencia de juicio oral y público, luego hace las siguientes afirmaciones: • La prueba testifical de cargo evacuada en juicio oral, donde ninguno de los testigos pudo ver quien fue la persona que puso la nota extorsiva en la casa de la señora Xiomara Florentina Paz Domínguez, solamente teniendo sospechas de quien fue la persona que puso dicha nota, tampoco se sabe a ciencia cierta quién hacia las llamadas amenazantes a la supuesta ofendida, no fue corroborado con otros medios de prueba para darle sustento probatorio a sus dichos y por ende quedando huérfana la misma, denotando resultar ser circunstancial para que se concluyera que efectivamente los imputados Matías Hernández y Erlin Bartolo fueran culpables de dicho delito. • El Tribunal Sentenciador, en la valoración de dichos testigos Xiomara Florentina Paz Domínguez y Wilson Eli Machado, se apresura a adelantar juicio manifestando que dichos testigos aportan hechos que constituyen Indicios racionales que determinan la participación de los imputados Matías Hernández y Erlin Bartolo, en virtud que según el Tribunal Matías fue la única persona que ingreso a la vivienda de la señora Xiomara Florentina Paz Domínguez, momentos después que se encontró la nota en donde se le exigía el pago de una cantidad de dinero; la participación del imputado Erlis Bartolo Marquina, al encontrársele el número telefónico 33146298 de donde supuestamente le hacían las llamadas amenazantes a la señora Paz Domínguez, en consecuencia a las declaraciones rendidas por Xiomara Florentina Paz Domínguez y Wilson Eli machado. • La Defensa Pública considera, que dichas declaraciones son indicios aislados que no se confirman y que tampoco se enlazan con otros medios de prueba como ser el hijo de la ofendida Xiomara Dany Herrera y el sobrino Luis Alfredo, quienes no vieron quien puso la nota extorsiva según ella; tampoco comparecieron a juicio oral a declarar para ratificar la denuncia interpuesta: por otro lado no existieron medios de pruebas de vaciados telefónicos, para identificar quien hizo esas llamadas para así concluir que Erlis Bartolo Marquina, es uno de los partícipes del hecho imputado; considera la Defensa, no se valorado toda la prueba en su conjunto y en forma armónica, para argüir que sus representados fueron las personas que extorsionaban a la señora Xiomara Florentina Paz Domínguez; Consecuentemente denotando únicamente existir sospechas, dudas y verdades a medias que no pueden revertirse en contra de la inocencia de nuestros representados. • Concluyo diciendo, que las pruebas evacuadas por el Ministerio Público en el debate denotan haber fallado, tanto pericial, en la recolección de indicios, prueba testifical y científica; no aportaron nada en demostrar la culpabilidad de sus representados, no hubo prueba de cargo de vaciado telefónico, ni alguien que observara quien puso la nota extorsiva, por tal motivo dichas pruebas de cargo, no aportaron la participación de sus representados en la participación del hecho que se investiga y que se les quiere imputar, como tampoco las prueba científicas aportadas en el debate demostraron la culpabilidad de sus representados; para el caso y finalizar el técnico de documentología Forense concluyó que las notas no fueron manuscritas por los imputados Wil Gabriel Moreno García, Erlis Bartolo Marquina Gutiérrez y Matías Hernández Ríos, en virtud que con los elementos de comparación utilizados, no fue posible asociar la confección de los manuscritos cuestionados, con una autoría por parte de los imputados y en cuanto al imputado Lester Armando Ortiz al haber manifestado no saber leer ni escribir, no fue posible tomarle el muestrario de escritura, por tal motivo quedo demostrado en juicio oral y público que los imputados no tuvieron nada que ver en la participación del hecho delictivo supra Indicado, por lo que tomando en consideración estos medios de prueba testificales y técnicos, podemos pensar que por la pasión del proceso y las ansias de encontrar la verdad a veces tenemos la tendencia a ser impulsivos y alejarnos de la realidad para poder ser objetivos. • Por tal razón considera, que de todo el conjunto de circunstancias que se dieron al momento de evacuar la prueba de cargo en el juicio oral y público, la misma no permite tener una certeza Jurídicamente valida sobre la forma o circunstancias reales para conocer la verdad o adquirir más conocimiento sobre ello. En el caso subjudice los indicios son escasos e insuficientes, en vista que en el caso de Matías Hernández, solo dicen que estuvo en ese lugar y presumen que el dejo la nota, así como en el caso de Erlin Bartolo, que no existe vaciado telefónico alguno que lo incrimine, por lo que eran necesarios otros elementos indiciarios de carácter positivo, si querían condenar por pluralidad de indicios para que a los mismos pudiera concedérseles el carácter de verdadera prueba de cargo; el hecho de que un solo testigo sin soporte o respaldo manifestara que vio a determinada persona en ese lugar, no es suficiente, era necesaria la pluralidad y coherencia de la prueba indiciaria para que fuera suficiente y así demostrar con certeza la participación de los mismos. • Consideramos que no se puede justificar un fallo condenatorio en simples declaraciones sin sustento probatorio, por no existir otros indicios necesarios para poder formar un juicio de certeza del hecho ocurrido, como se dijo antes solo existen sospechas, dudas y verdades a medias que no pueden revertirse en contra de la inocencia de los imputados. Creemos que el Tribunal Sentenciador hizo una mala o errónea apreciación de la prueba indiciaria. Siendo así no se cumplió un principio básico de derecho como lo es la Culpabilidad, en vista que se dice que para determinar la culpabilidad del individuo es necesario que concurran varios elementos entre ellos, capacidad de culpabilidad, conocimiento-de-la antijuricidad y la exigibilidad de la conducta, la ausencia de uno de ellos implica la ausencia de culpabilidad y por ende la imposibilidad de imponer una pena, pues quien no actúa culpablemente no es responsable penalmente. • De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria.Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii.El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella.Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 1. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 2. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 3. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. La Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal, establece que el sistema de valoración de la prueba es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no, y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. Ante lo denunciado por los recurrentes, esta Sala de Casación ha realizado una revisión íntegra de los juicios de valor que ha externado el Sentenciador para razonar la prueba evacuada en el debate, específicamente la declaración de la ofendida Xiomara Florentina Paz Domínguez quien entre sus dichos manifestó “ Que el ahora acusado que iba para su trabajo Matías le pregunto si tenían Baby Dolls., ya que su esposo tiene venta de ropa, le dio unas prendas y después se fue para el trabajo , cuando llego al trabajo su hijo la llamo y le dijo que se armó la de Troya, por lo que se regresó a su casa y le entregaron un papel con contenidos amenazador pidiendo dinero, amenazando a su hijo, se fue a poner la denuncia….. recibía llamadas telefónicas amenazándola de qué le harían daño a sus hijos… la primera nota fue encontrada dentro de su casa, ese día Matías se metió y dejo la nota en una cama vacía, la segunda nota la tiraron por el porche, en cuanto al contenido del papel se identificaba como de la mara 18, le pedían dinero y la amenazaban,… sospecho de Matías por que le decía cosas Matías usaba bastante taxi y ese día lo vio cuando se bajó del taxi, que varias veces lo vio en el taxi número 124, el muchacho que maneja el taxi se lo había presentado una alumna, no supo el nombre del conductor del taxi, era joven fornido claro. No vio la persona que tiro la nota pero la única persona que entro a su casa ese día fue Matías, … la testigo en audiencia reconoció a Lester como la persona que conducía el taxi, en el que en ocasiones se conducía Matías que a diario recibía llamadas, su número de teléfono fijo es 2781230. También se recibió el Testimonio Wilson Eli Machado, quien manifestó que “recibió una llamada de que estaban extorsionando a unas personas en San Lorenzo, se investigó que se recibían llamadas del número 33146298 y que les exigían la cantidad de cincuenta mil lempiras, que deberían dejarlo en un lugar denominado Mango Solo” …. Y que no lo hacían los mataría a uno de sus familiares…. En fecha 8 de julio se presentó la señora Xiomara Paz, con una nota manuscrita diciendo que se le habían dejado en su casa, que eran de la mara 18 y le exigían el pago de 50 mil lempiras que tenía que dejar en el lugar conocido como “ Mango Solo” se compararon las letras y resultaron ser similares… el 17 de julio de 2012 se presentó una señora de nombre Olga Aguilar denunciando que Matías Hernández Rios llego a su casa y le dejo una nota donde se le exigía el pago de 40 mil lempiras, en consecuencia se le dio detención a l señor Matías Hernández Rios, posteriormente recibieron la llamada de un informante diciendo que en el lugar donde había sido detenido el señor Matías Hernández Rios, andaba un hombre armado por lo que le dieron detención, siendo identificado como Erlis Bartolo Marquina a quien se le encontró un teléfono celular chip claro, con el numero33146298, además se le solicito permiso para ingresar a su vivienda donde se encontró una arma de fuego, un pasamontañas y una libreta cuyas hojas coincidían con las de las notas… estando en la oficina el teléfono de Erlis Bartolo Marquina, entraron llamadas de alguien identificado como Lester, por lo que contesto la llamada y un individuo le pregunto por Matías Hernández, le dijo que ojala no lo fuera a quemar y si lo hacía tenía que irse a vivir a Tegucigalpa, el declarante le dijo al individuo que estaban en el comercial Victoria y que lo pasara llevando, a lo que dijo que si, cuando se trasladaron a dicho lugar vieron pasar al Taxi 124 y marco del teléfono de Erlis y el individuo le dijo que no podía recogerlo porque estaba Machado y Juan de la DNIC seguidamente procedieron a darle detención al conductor del taxi, siendo identificado como Lester armando Flores; las razones que el Juzgador otorga para dictar una sentencia condenatoria por esos hechos son totalmente válidos, coherentes y derivados del legajo probatorio. En el acápite “Valoración de la Prueba” el A-quo razonó la declaración de ambos testigos de quienes afirmó que le concedía credibilidad Ambos testigos aportan que determinan la participación del Imputado Matías Hernández en virtud de haber sido la única persona que ingreso a la vivienda de la señora Xiomara Florentina Paz Domínguez, momento después que se encontró la nota donde se le exigía el pago de una cantidad de dinero; y la participación del imputado Erlis Bartolo Marquina, al encontrársele el número de teléfono 33146298, de donde le hacían las llamadas amenazantes a la señora Paz Domínguez, en consecuencia de las declaraciones rendidas por Xiomara Florentina Paz Domínguez y Wilson Eli Machado, mas el acta de registro personal, se les concede plena credibilidad de carago. Para esta Sala de lo Penal, los razonamientos del Sentenciador son totalmente correctos y acordes a las reglas del correcto pensamiento humano, pues ha extraído de los testimonios de la ofendida la información necesaria para adquirir certeza en relación al delito de extorsión, En el caso concreto, el Tribunal de Sentencia ha tomado en cuenta para valorar la prueba testifical, aspectos necesarios como ser la verosimilitud de la versión y ausencia de contradicciones. Para esta Sala de Casación los razonamientos del Juzgador son coherentes y concatenados, teniendo como base las reglas de la sana crítica; pues advierte que la declaración de la ofendida se ve reforzada por la deposición del policía Wilson Eli Machado, quien manifestó que se presentó un la testigo a las instalaciones de la policía a denunciar que era objeto de extorsión por parte de uno de los jóvenes que fue detenido en el sector, confirmó además que el testigo realizó diligencias de reconocimiento. En base a esas argumentaciones y luego del análisis del fallo recurrido, esta Sala de Casación concluye que el Sentenciador realizó una valoración conjunta y armónica de todo el material probatorio, concluyendo en razonamientos que le llevaron a decretar la culpabilidad de los acusados por los hechos investigados, teniendo como base de sus argumentaciones las reglas de la sana crítica, por lo que resulta procedente desestimar el presente motivo de casación. En ese orden de ideas, considera esta Sala de lo Penal que la prueba fue correctamente valorada por el A-quo, sus juicios de valor fueron correctos y lógicos, mismo que tienen como base las reglas de la sana crítica, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. Decisión: Declarar No Ha LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo, interpuesto por la Defensa Pública. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un delito continuado la revisión/ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (Art. 617).- Al apreciarse un concurso continuado (Art. 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: i.- Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al delito continuado según las reglas del CP-144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del mismo concurso conforme el CP-130-2017.- Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el delito continuado; o ii.- Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del CP-144-8 y luego hacer la comparación global con el CP-130-2017.- Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá realizar conforme las reglas de las penas no concursadas.- Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real.- Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i.- Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii.- Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii.- Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años.- Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. escrito suplementario Señala el artículo 624 del del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no fue presentado escrito suplementario por parte de la representación legal de los acusados Matías Hernández Ríos y Erlis Bartolo Marquina Gutiérrez, tampoco por el Ministerio Público, por lo que, conforme lo indica el mismo artículo 624, corresponde a la Sala de lo Penal hacer de oficio la ponderación de la norma penal más favorable en el caso concreto. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los acusados Matías Hernández Ríos y Erlis Bartolo Marquina Gutiérrez, la pena de diez (10) años de reclusión, por el delito de Extorsión en su Grado de Ejecución de Tentativa en perjuicio de Xiomara Florentina Paz Domínguez, más las penas accesorias de responsabilidad civil, inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure su condena. Conforme las disposiciones del Código Penal decreto 130-2017, el delito de extorsión está regulado en el artículo 373 y establece que debe ser sancionado con la pena de prisión de quince (15) a veinte años (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, en su nivel más alto; tomando en consideración que la Tentativa es la ejecución incompleta de un hecho tipificado en la ley penal y el cual nunca llega a consumarse; dicha pena que no puede modificarse, debido a que en el delito de extorsión del nuevo código penal ( Decreto 130-2017 ), no existe la posibilidad de apreciar una tentativa, al ser un delito de mera actividad. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el caso particular, el Código Penal 130-2017 prevé sanciones más gravosas que las impuestas conforme el Código Penal 144-83, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva de la nueva codificación. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 360 y 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo, interpuesto por la Defensa Pública.- Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conducta reprochada los ahora condenados Matías Hernández Ríos y Erlis Bartolo Marquina Gutiérrez. Como consecuencia el proceso de ejecución deberá de realizarse conforme las normas del Código Penal 144-83. Tercero: Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle.- Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Redacto Mairena Franco. Notifíquese. - Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. Mario Rolando Díaz Flores. Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora sala penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a siete días del mes de agosto de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada el nueve de abril de dos mil veinticuatro, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-210-2021.

RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS

RECEPTORA SALA PENAL