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Sentencia CP-204-21 — Registro 18111

Resumen

En primer instancia se condena al imputado como autor del delito de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa, no procede la aplicación retroactiva de la legislación penal, por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior el caso particular las normas del Nuevo Código Penal 130-2017, son más gravosas que las previstas en el Código Penal 144-83.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El recurso no es de recibo La Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal establece que el sistema de valoración de la prueba es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no, y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. Como se ha mencionado anteriormente, la Sala de lo Penal no puede realizar una valoración alternativa de los medios de prueba relacionados, más al hacer el análisis de racionalidad de la valoración intelectiva del tribunal de instancia, sí puede concluir que la misma es respetuosa de la regla lógica de derivación en la que el recurrente denuncia como infringida, pues existe una secuencia lógica entre la premisa probatoria y la premisa valorativa que conlleva a la construcción apodíctica de la fundamentación fáctica de la sentencia. La inferencia valorativa encuentra correspondencia con los medios de prueba valorados, los cuales resultaron veraces en su contenido para el sentenciador al hacer una ponderación conjunta del acumulado probatorio. Por esta razón, se colige que la fundamentación probatoria de la sentencia respeta el canon de racionalidad exigido en el artículo 202 del Código Procesal Penal, lo que permite la validez de su fundamentación fáctica. Establece el recurrente que el Tribunal de Sentencia, no valoró la prueba de cargo en aplicación de la sana crítica, específicamente en la regla de la lógica de la derivación; concluye el Tribunal en su sentencia, que a través del medio de prueba testifical del señor Javier Ramos Maldonado, fue que el señor Selvin Yobany Henríquez fue la persona que por causas ajenas a la voluntad del agente, es responsable del delito de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de Javier Ramos Maldonado, sin embargo los razonamientos que expone, no son congruentes, ni verdaderos ni suficientes. En su motivo Casacional el recurrente alega que se viola las reglas de la sana critica, específicamente la regla de la lógica derivación, pero no desarrolla en el mismo el defecto de construcción en cuanto al silogismo judicial, al análisis de premisas y a la demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada, o la exposición de dos argumentos judiciales sobre un mismo hecho o aspectos que sean contradictorios, el recurrente realiza alegatos de instancia, realiza sus propias valoraciones y artilla en parte de su desarrollo a otro motivo casacional diferente al planteado. No obstante la anterior falencia recursiva, esta Sala de lo Penal en virtud del control de convencionalidad, que establece que los órganos del Estado en el marco de sus competencias, deben tomar en cuenta lo regulado en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y la interpretación que sobre ésta ha realizado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el cual se constituye en un potente instrumento para el respeto y garantía efectiva de los derechos humanos, resulta necesario que los jueces y tribunales sean los primeros llamados a ejercer el control de convencionalidad. En tal sentido, la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.2.h establece las “garantías judiciales” exigibles en el marco de un proceso, dentro del cual se establece el “derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior,” que es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica, que procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. De acuerdo a la Corte IDH, el recurso contemplado en el artículo 8.2.h debe ser uno “ordinario eficaz” independientemente de la denominación que se le dé. En esa misma línea, los Estados no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho a recurrir el fallo ya que dicha posibilidad debe ser accesible sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. Por ello, la Corte ha estimado que “las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente.” (Corte IDH. Caso Mohamed vs Argentina). Así las cosas, se desprende que el razonamiento valorativo del Tribunal de Sentencia en relación al andamiaje probatorio de cargo y en relación a la imputación por el delito de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa en contra del señor Javier Ramón Maldonado, se establecieron como medios de prueba, los siguientes: 1) Prueba Testifical: declaración testifical del señor Javier Ramos Maldonado, la cual manifestó: “Que Selvin Yobany Henríquez quiso balacearlo, sus problemas son con su papa y se llevaban bien, no tiene culpa, un día que iba a cobrar un dinero y Selvin lo siguió y se fue adelante y Selvin con otros le dispararon, le pegaron siete tiros y se fueron, unos amigos lo llevaron al Hospital Mario Catarino Rivas el veinticinco de noviembre del dos mil dieciséis, él andaba con dos amigos a cobrar un pago donde el patrón, iban a unos trabajaderos, hay una casa adelante a unos veinticinco metros, ya herido reculo como ciento cincuenta metros a la casa donde lo auxiliaron, sus acompañantes le decían déjalo, y ellos le decían que corriera mientras cargaban sus armas, el llegó cerquita de él, como a media brazada le disparo al ras de la oreja y cayó al suelo, perdió la vista, tiro un machete, ya no le pudo disparar, estaban cargando armas nuevamente, ellos solo llegaron al corte y lo rodearon para no entrar a la casa de ellos unos vecinos lo metieron y lo llevaron al hospital, ellos huyeron no los miraba desde ya días, cuando lo tenía enfrente.” En el acta de debate (F.24), a preguntas de las partes el señor Javier Ramos Maldonado, entre otras cosas manifestó: “¿En qué fecha fueron estos hechos? -El 25 de noviembre del 216. ¿Qué horas eran? Las nueve y media de la mañana. ¿En que lugar? En Zapotales le dicen allí… ¿Iba solo o acompañado? Iba con Selvin y Julito Landaverde. ¿Qué se encontraba? A cobrar un dinero a Julito Ardón…¿Qué le hizo Selvin? Me disparo varias veces en la espalda. ¿Quién le disparo? Selvin. ¿Qué le dispara por enfrente o la espalda? Por la espalda. ¿Cuántos disparos? Solo se que siete. ¿Qué hicieron las personas acompañantes? Que me agarraron, y me dijeron que me corriera y me fui a la casa donde me auxiliaron. ¿En ese momento que hacía Selvin? Cegando el arma. ¿Qué distancia? Cerquita. ¿Puede decirme la distancia? Media brazada. ¿El primer disparo donde lo recibe Usted? En la oreja. ¿Qué hace usted después del primer disparo? Que caí, que me caían los disparos, que andaba un machete, que le di, que mis compañeros fueron lo que me dijeron, y dejo de disparar y luego cargaron las armas de nuevo. …¿Cuánto tiempo estuvo en el hospital? 28 días...”. A esta declaración el Tribunal estableció en su valoración lo siguiente: “El Tribunal encuentra en el relato del testigo que antecede, todas las condiciones de veracidad, ya que fue testigo presencial de los hechos, los conoció a la perfección ya que son vecinos de la aldea y presencio a corta distancia los hechos, sus declaraciones son claras, precisa y contundentes, por lo tanto, este Tribunal le da credibilidad a su declaración, por ser testigo presencial y de su declaración se obtiene la relación del hecho probado” 2) Con la prueba pericial consistente en el Dictamen Médico Forense, elaborado por la doctora Diana Carolina Grajeda Castellanos, y por el cual se evaluó al señor Javier ramos Maldonado, y presentaba en base al examen físico y expediente clínico, 1.- Tipo de Lesiones: a) Cicatrices circulares en cabeza, tórax posterior y brazo derecho compatibles a las producidas por proyectil disparado por arma de fuego, b) herida modificada por puntos de sutura en el cuello compatible a la producida por procedimiento quirúrgico (cervicotomia), c) Cicatriz de una herida con estigmas de puntos de sutura compatible a la producida por procedimiento quirúrgico (toracostomia). 2.-Incapacidad Temporal: Veintiocho días a partir del día en que ocurrieron los hechos. -Nueva evaluación para ratificar o ampliar la incapacidad temporal, una vez dado de alta definitiva. 3.-Si hubo peligro de muerte. 3) Prueba Documental Consistente en Acta de Inspección Ocular y Álbum fotográfico: Elaborado en fecha ocho de enero del dos mil diecisiete por el agente de investigación criminal Sandra Gradiz. A estos dos medios de prueba, el Tribunal de sentencia, estableció: “El acta antes mencionada y el álbum fotográfico señala y describe el lugar donde se desarrollaron los hechos ubicados en una calle de tierra de la aldea El Zapotal, del municipio de Nueva Frontera, departamento de Santa Barbara. - Estos medios de prueba documental, y pericial elaborados por técnico de investigación criminal y perito oficial del Ministerio Público, ambos en cumplimiento de su deber, no revelan interés alguno en beneficiar o perjudicar a alguna de las partes, y cuyas conclusiones no han sido controvertidas por las partes para este Tribunal son útiles para establecer junto a la prueba testifical los hechos probados”. Para esta Sala de Casación, las valoraciones del sentenciador son correctas, coherentes y derivadas del legajo probatorio; el testigo Javier Ramos Maldonado quién es testigo presencial de los hechos, observó directamente el desarrollo de los acontecimientos pues él fue el ofendido, fue claro en establecer que todo inicia cuando el 25 de noviembre de 2016, como a las 09:30 de la mañana en la aldea Zapotales del municipio de nueva frontera, departamento de Santa Barbará, el hoy imputado Selvin Yobany Henríquez Jordán junto a otra persona le salieron al paso, a quién sin mediar palabra y sin previo anuncio Selvin Yobany Henríquez Jordán y su acompañante por la espalda comenzaron a dispararle con armas de fuego hasta quedarse sin balas, cayendo herido al suelo, y mientras Selvin Yobany Henríquez y su compañero recargaba sus armas, se levantó y salió corriendo con la ayuda de dos amigos que lo acompañaban a una casa cercana donde fue auxiliado, siendo llevado posteriormente a recibir asistencia médica que le salvo la vida; no observamos que los razonamientos del sentenciador sean contradictorios, todo lo contrario con totalmente coherentes y cuenta con una razón suficiente para concatenarlos con el resto de prueba, pues el Dictamen Médico Forense confirma las heridas que sufrió, así como los 28 días de incapacidad y estableciendo que si hubo peligro de muerte; y corroborado con el Acta de Inspección ocular y álbum Fotográfico, en la que describe el lugar donde se desarrollaron los hechos; con esta declaración y con el resto de prueba documental y pericial, misma que fue valorada de forma conjunta y armónica, el Sentenciador llegó a la conclusión de condena para el imputado, mediante razonamientos que tuvieron como base las reglas de la sana crítica. Por lo que se desestima el recurso presentado por el recurrente.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..." Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). Por tanto, la ponderación tendrá una variante a depender de la instancia en que se haga: 1. En la primera instancia, al momento del juzgamiento por el tribunal, la ponderación de los cuerpos normativos parte de la comparación de las penas abstractas, pero sin dejar de tener en consideración la total de los cuerpos normativos como un todo; o 2. En la segunda o única instancia, al resolverse un recurso devolutivo interpuesto en contra de sentencia definitiva la ponderación se realizará entre la pena concreta impuesta y la pena abstracta que corresponda para el mismo hecho e igualmente reparando respecto a la totalidad de los cuerpos normativos. En ambos casos el proceso de ponderación se realiza siguiendo las reglas que se señalan en este apartado. Es importante insistir que la ponderación de la norma más favorable deberá de realizarse al momento del juzgamiento en primera instancia, en segunda instancia o en única instancia; por ello no es procedente aplicación retroactiva en estadios previos del proceso, como ser la audiencia de declaración de imputado, la audiencia inicial, la audiencia preliminar o en la etapa de saneamiento de la etapa de juicio. El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017; a tal consideración se le suma las siguientes: 1. Penas Conjuntas: No procede la ponderación parcial de penas principales; la ponderación deberá de realizarse tomando en consideración todas las penas conjuntas impuestas por los mismos hechos (Art. 617 NCP). 2. Penas privativas de Libertad: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena privativa de la libertad (reclusión) con todas sus circunstancias, impuesta de conformidad con el VCP 144-83, fuese también imponible con arreglo al NCP 130-2017 (Art. 616). Ello ocurre cuando la pena concreta impuesta se encuentre dentro marco abstracto de la pena que para el mismo hecho se deba de imponer de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 621). 3. Pena de Multa: No se realizara aplicación retroactiva del NCP cuando la pena impuesta de conformidad con el VCP 144-83, sea la de multa y la que corresponda imponer conforme al NCP 130-2017, igualmente sea una pena de multa.- La aplicación retroactiva se realizara excepcionalmente cuando: a.- No se hubiese hecho abono alguno de la pena de multa impuesta de conformidad al VCP 144-83; y b.- la concreta cuantía impuesta conforme al VCP 144-83 no fuese posible imponer de acuerdo con el NCP 130-2017 desde una perspectiva abstracta (Art. 619). 4. Penas privativas de Derechos: Las penas principales de inhabilitación absoluta y especial se compararán atendiendo a la duración de la pena concreta impuesta en la sentencia y la máxima que pueda imponerse de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 620). 5. Medidas de Seguridad: Respecto a las medidas de ejecución impuestas de acuerdo con el VCP 144-83 que estén pendientes de ejecución o que estén siendo ejecutadas, deberán de ser objeto de revisión y adecuación de conformidad con las normas que regulan las mismas en el NCP 130-2017; (Art. 625). Reglas de Particulares de Ponderación por Concurso de Delitos y Por ausencia de Éste A nivel de punibilidad se regulan los concursos de delitos; ante la colisión temporal de normas sustantivas el juzgador llamado a resolver la acción penal interpuesta en base al rigor del VCP 144-83, deberá de establecer si existe o no concurso de delitos, identificar cual es el que concurre y luego hacer el cálculo de pena abstracta de conformidad a dicho concurso; seguidamente el juzgador deberá de hacer la ponderación de la pena más beneficiosa determinando si conforme a lo probado igualmente se aprecia un concurso según las normas del NCP130-2017, y de ser así deberá de proceder a calcular la pena abstracta, siendo el tercer y último paso la comparación de penas que deban de ser impuestas según cada código penal, reflejándose así cuál de ellos es el que debe de ser aplicado por ser más beneficioso para el procesado o reo. Lo descrito es un proceso general que tiene sus matices a depender cada uno de los concursos, lo que obliga hacer un estudio individualizado: A. Concurso Ideal Cuando conforme a los hechos imputados se deba de aplicar un Concurso Ideal (Art. 67 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al concurso ideal según las reglas del VCP144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del concurso ideal del NCP130-2017.- Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el concurso ideal; 2. Cuando una de las penas concursadas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del VCP144-83 y luego hacer la comparación global con el NCP130-2017; comparación que debe de hacerse según se explicó en el numeral anterior; o 3. Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, que se explican más adelante. Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real: i.- Limite Subjetivo, ii.- Limite Objetivo Ordinario y iii.- Limite Objetivo Extraordinario, explicado igualmente líneas adelante. b. Delito Continuado En el caso de que la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un delito continuado la ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (Art. 617 NCP). Al apreciarse un concurso continuado (Art. 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las mismas reglas señaladas previamente para el delito continuado. En los supuestos en donde conforme el VCP 144-83, corresponda aplicar un concurso real pero conforme el NCP 130-2017 se deba de aplicar un delito continuado, el juzgador deberá de proceder de la siguiente manera: 1. En primera instancia: i. Primero se procederá a realizar el cálculo abstracto de las penas conforme el VCP144-83, las que serán tomadas globalmente, para luego comparar el mismo con el marco abstracto de la pena que corresponda en aplicación del delito continuado según el NCP130-2017, develándose así que código es el más beneficioso en su conjunto. Recuérdese que la comparativa es global (suma de todas las penas abstractas) y no individual por cada pena; ii. En caso de que lo anterior no defina cual es la pena más favorable, el juzgador deberá de proceder a la individualización de la pena concreta de conformidad con el VCP-144-83 y paralelamente a la individualización de la pena concreta de conformidad con el BCP130-2017, de cuya comparación se decidirá que codificación es la más beneficiosa; o 2. En segunda instancia y única instancia: la comparativa parte de la confrontación de las penas que en concurso real hayan sido impuestas en la sentencia impugnada en aplicación del VCP144-83, con el marco abstracto de la única pena que de conformidad al NCP-130-2017 deba de imponerse como consecuencia de la aplicación del delito continuado; así entonces: i. Si las penas individualizadas en concurso real tomadas globalmente (la sumatoria de todas las penas), se encuentra dentro del marco abstracto de la pena del delito continuado, no se aplicará retroactivamente el NCP130-2017; ii. Si las penas individualizadas en concurso real están fuera de la escala de la pena abstracta que deba de imponerse en delito continuado según el NCP130-2017, se aplicara la pena que le sea más favorable al procesado. c. Concurso Real Los supuestos en donde la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un Concurso Real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. La ponderación deberá de realizarse conforme al límite único de cumplimiento de pena que establece el artículo 35 del VCP 144-83 versus los limites objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo que prevé el artículo 66 NCP 130-2017, debiendo excluir las penas de delitos que hayan sido despenalizados en la nueva normativa.- Es importante tener presente que ningún límite es preferente a otro y por tanto se aplicará el límite que marque menor pena; así entonces: a. Cuando entre en acción el Límite Objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al VCP144-83 y los límites del concurso real que regula el NCP130-2017, siguiendo los siguientes pasos: i. Si ambas legislaciones determinan un mismo límite de cumplimiento, se aplicará el principio de identidad, es decir el VCP 144-83; y ii. Si las legislaciones definen límites de cumplimiento distinto, se aplicará aquel que le sea más beneficioso al acusado o reo (ello sin perjuicio de lo que se señala en el siguiente literal); y/o b. Para hacer efectivo el Limite Subjetivo, que regula el NCP 130-2017 se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, develando así el límite máximo que puede cumplir el condenado: i.- Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuara a dicho límite de conformidad con lo señalado en el literal anterior; ii.- Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años; implica que el resultado matemático será el límite máximo de cumplimiento, el que deberá de ser objeto de comparación con el limite objetivo de cumplimiento del VCP144-83. 2. Cuando las penas consideradas globalmente no superasen ninguno de los límites a los que se refiere el numeral anterior, el juzgador procederá a realizar la comparación de las penas que corresponda en una y otra legislación: a. En primera instancia la comparación se realizará entre las penas abstractas definidas en cada cuerpo sustantivo; el tribunal sumará todas las penas abstractas que correspondan imponer en concurso real de conformidad con el VCP 144-83 y todas las penas abstractas que prevea el NCP130-2017, las cuales comparará. Si de la comparación no es posible determinar cuál es más beneficiosa para el procesado, el tribunal deberá de proceder a realizar la individualización de las penas de cada delito primero conforme el VCP144-83 y después conforme el NCP130-2017, luego la suma global de dichas penas por cada código será comparada entre sí, determinando cual es el cuerpo normativo más beneficioso (siempre teniendo presente además el resto de las regulaciones normativas). Finalmente, si aun con las penas individualizadas no existe claridad cuál en su conjunto es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara para que éste señale cual le favorece más. b. En segunda y única instancia la comparación se realizará entre la suma de todas las penas concretas impuestas en concurso real en la sentencia impugnada bajo el VCP 144-83 y la suma de todas las penas abstractas que define el NCP 130-2017. De dicho resultado el tribunal resolverá: i. Si las penas concretas en concurso real VCP 144-83 están dentro de la suma del margen abstracto de las penas del NCP 130-2017, no procederá la aplicación retroactiva de este último; ii. Si la suma de las penas concretas VCP 144-83 no se encuentra dentro del marco abstracto de la suma de penas en concurso real del NCP 130-2017, se aplicará el cuerpo normativo que fije comparativamente las penas más leves, sin dejar de tener en consideración el resto de las disposiciones de cada codificación para efectos comparativos; iii. Si el concurso real está compuesto por Penas Conjuntas, en donde algunas de ellas sean más beneficiosas y otras más gravosas respecto a la comparación hecha con el otro cuerpo legal; el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la pena de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Ejemplo de esto último sería un concurso real con pena global de reclusión por 25 años y multa por L. 700,000.00 conforme el VCP 144-83 y por otro lado una pena de prisión de 17 a 20 años y multa de L. 1,000,000.00 a L. 5,000,000.00 conforme el NCP 130-2017, caso en donde la pena privativa de libertad deberá de definir el código penal a aplicar, siempre que además los beneficios penitenciarios que regule ese mismo código fuesen igualmente más favorables. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. d. Concurso Medial El concurso medial constituyó una institución penal por muchos años, reglada por el artículo 36 del VCP 143-83, misma que desaparece en el NCP 130-2017. Por tanto, cuando conforme los hechos imputados en base al VCP144-83 deba de aplicarse un Concurso Medial (Art. 66 en relación con el párrafo séptimo del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. Se realizará la comparación global de la pena que corresponda en concurso medial según el VCP144-83 con las penas que correspondería aplicar en concurso real conforme al NCP130-2017, en consideración a los limites subjetivo, objetivo ordinario y objetivo extraordinario, del que hemos hablado en el apartado anterior; 2. Es improcedente hacer comparación individual de las penas que conforman el concurso medial del VCP144-83 y las penas en concurso real del NCP130-2017; 3. Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, haciendo desaparecer el concurso Medial, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, lo que se aborda en el apartado siguiente. e. Penas Conjuntas No Concursadas Finalmente, cuando corresponda imponer a una persona una Pena No Concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (en su caso) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: 1. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. No procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. No procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. Procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; 2. Si el hecho definido como delito tiene previstas Penas Conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Ejemplo de esto último sería pena de reclusión por 9 años y multa del 10% de lo defraudado equivalente a L. 50,000.00 conforme el VCP 144-83 en comparación con una pena de prisión de 2 a 3 años y multa 400 días multa equivalente de hasta L. 2,000.000.00 por defraudación a las telecomunicaciones, caso en donde la pena privativa de libertad deberá de definir el código penal a aplicar, siempre que además los beneficios penitenciarios que regule ese mismo código fuesen igualmente más favorables; o 3. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal.- En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara a éste para que señale la que más le favorece. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no se presentó por parte de la defensa privada escrito complementario en el que estableciera su parecer sobre la aplicación retroactiva de la nueva normativa penal; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Selvin Yobany Henríquez Jordan la pena de Trece (13) años Cuatro (4) meses de reclusión por el delito de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de Javier Ramon Maldonado, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil y la responsabilidad civil (Art.117 y 15 del Código Penal 144-83). Conforme las disposiciones del Código Penal contenido en el decreto 130-2017, a la persona responsable del delito de Asesinato (Art.193) tiene una pena de 20 a 25 años de prisión, y para su versión de tentativa acabada (Art.21 y 62), se debe rebajar 1/4, por lo que nos da un margen abstracto de 15 años a 20 años de prisión. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el caso particular las normas del Nuevo Código Penal 130-2017, son más gravosas que las previstas en el Código Penal 144-83. Por tanto, no procede la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal, por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal..."

Legislación citada

  • Código Penal No. 130-17, art. 615 y 616 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-204-2021, que literalmente dice: “ SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha siete de mayo del año dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Nelson Danilo Mairena Franco, en su calidad de Coordinador, Mario Rolando Diaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-204-2021 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, mediante la cual falló: Primero: Condenó a Selvin Yobany Henríquez Jordan, como autor del delito de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio Javier Ramon Maldonado, a una pena de trece años y cuatro meses de reclusión. Segundo: Condenó a Selvin Yobany Henriquez Jordan a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil y trabajar en obras públicas o en labores dentro del centro penitenciario. Tercero: Declaró la responsabilidad civil de la restitución integra y indemnización de los perjuicios causados por el delito en que fue condenado. Cuarto: No procedió la condena en costas de Selvin Yobany Henriquez Jordan. Quinto: No procedió el comiso. Sexto: Que se notifique en audiencia pública esta sentencia alas partes procesales que han intervenido y una vez que quede firme, se envíe certificación de la misma al Juzgado de Ejecución. SON PARTES: El abogado Noel Antonio Mendoza, en su condición de Defensor Privado de Selvin Yobany Henrique Jordan, como parte recurrente y el abogado Salvador Cuestas Arévalo, como Fiscal del Ministerio Público como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “UNICO: El día veinticinco de noviembre del año dos mil dieciséis, como a eso de las nueve y treinta minutos de la mañana en la aldea Zapotales del municipio de Nueva Frontera, del departamento de Santa Barbara, el hoy imputado SELVIN YOBANY HENRIQUEZ JORDAN junto a otra persona le salieron al paso en la calle principal de dicha aldea a la hoy víctima JAVIER RAMOS MALDONADO, a quien sin mediar palabra y sin previo anuncio SELVIN YOBANY HENRIQUEZ JORDAN y su acompañante por la espalda comenzaron a dispararle con armas de fuego hasta quedarse sin balas, cayendo herido al suelo JAVIER RAMOS MALDONADO y mientras el imputado SELVIN YOBANY HENRIQUEZ JORDAN y su compañero recargaban sus armas, JAVIER RAMOS MALDONADO se levantó y salió corriendo con la ayuda de dos amigos que lo acompañaban a una casa cercana donde fue auxiliado al momento en el que SELVIN YOBANY HENRIQUEZ JORDAN Y su acompañante lo perseguían evitando que le infirieran más balazos, siendo llevado JAVIER RAMOS MALDONADO posteriormente a recibir asistencia médica que le salvo la vida.” RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Noel Antonio Mendoza, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA PRIMER MOTIVO: Que en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362, numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: El tribunal de sentencia, no valoró la prueba de cargo en aplicación de la sana crítica, específicamente en la regla lógica de la derivación; concluye el tribunal en su sentencia, que, a través del medio de prueba testifical del señor Javier Ramos Maldonado, fue que el señor Selvin Yobany Henríquez, fue la persona que por casusa ajenas a la voluntad del agente, es responsable del delito de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de Javier Ramos Maldonado, sin embargo los razonamientos que expone, no son congruentes, ni verdaderos ni suficientes. Establece en el apartado primero de la valoración de la prueba hace una trascripción literaria de la declaración testifical del ofendido, faltando a las reglas de la derivación el Tribunal sentenciador ya que de la prueba trascrita no se logró establecer con las circunstancias que requiere el artículo 15 del Código Penal, en relación al delito tentado. Para ello debió de haberse constatado el Dolo o intención con la que el sujeto activo ejecutó la acción criminal, lo que exige que el tribunal sentenciador debió de adentrarse en el contenido anímico de la voluntad del imputado conforme a la prueba que se evacuo y llevarlo más allá de toda duda razonable a los concretos efectos de discernir si su comportamiento en el momento mismo de la acción iba presidido por el animus necandi, es decir con la intención de matar al sujeto pasivo, por el contrario el animus laedende o vulnerando, que es con la intención de menoscabar o dañar la integridad física de la víctima, como este elemento no es susceptible de percepción sensorial directa si no que se realiza a través de inferencias lógicas como ser: El arma o instrumento utilizado para agredir y la idoneidad para matar, la zona del cuerpo al que iban dirigidas las lesiones (si por su naturaleza son consideradas vitales, como cabeza, tórax, cara ,cuello) el número y la violencia de las lesiones o golpes, las manifestaciones o palabras proferidas, las relaciones entre agresor y agredido, las circunstancias anteriores, coetáneas y posteriores del hecho, las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar. Hacemos referencia a esto en virtud que de la declaración del ofendido no es claro pues el establece que eran dos personas el que lo atacaron entonces debió el tribunal sentenciador en la obligación de individualizar cada uno de los imputados para poder saber quién de ellos si fue Selvin o Julito como lo llamo en su declaración, además de la declaración el tribunal sentenciador no valoro cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado y sin embargo no se produce por causas independientes a la voluntad del autor, no pudo constatar los tres elementos en la parte objetiva, una ejecución total o parcial no seguida de consumación, una parte subjetiva voluntad de consumación y ausencia de desistimiento voluntario, circunstancias que debieron ser objeto de análisis del tribunal sentenciador y que se incumplieron totalmente. En el apartado segundo de la valoración de prueba, el tribunal sentenciador en su sentencia trascribe el dictamen médico forense sin hacer un análisis lógico, coherente y razonable en base a las reglas de la sana critica descritas en el artículo 202 del Código Procesal Penal, pues devenía en la obligación de establecer claramente que fue lo que se probó con el mismo, de igual manera con el acta de inspección ocular y álbum fotográfico, se limita a trascribirlos sin establecer cuál fue el análisis intelectivo que le dio a cada uno de los medios de prueba, y el artículo antes citado le impone la obligación al tribunal de realizar ese análisis lógico y coherente y no limitarse nada más a establecer que fueron útiles para establecer los hechos declarados como probados, sin llegar a una íntima convicción que del análisis que se hicieron del los mismos y dejarlos plasmados en la sentencia para que tengan un efecto negativo en el Estado de Inocencia de mi representado, por lo que concluyo que, el razonamiento que utiliza para llegar a esa conclusión no es verdadero. En todos estos casos, no se presentó reclamo alguno, pues los vicios se dieron en la sentencia que se recurre. SE SOLICITA NULIDAD SUBSIDIRIA DE LA SENTENCIA La nulidad de la sentencia recurrida se solicita en virtud que tal como se desprende del acta de fecha veintisiete de octubre del año dos mil veinte donde se desarrolló en juicio oral y público el Ministerio Público determino en sus conclusiones que solicitaba que se condenara a mi representado por el delito de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa Acabada, en ese orden de ideas el Tribunal sentenciador en la página 5 cuando resuelve declara responsable a mi representado por el Delito de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa Acabada, conforme los artículo 193 párrafo primero y 21 inciso B en relación al 25 del Código Penal. De la fundamentación jurídica de la sentencia en los apartados TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO, el Tribunal sentenciador hace uso del Código Penal abrogado, existiendo una total incongruencia del tribunal, incumpliendo así con lo preceptuado en el artículo 616 del Código Penal, por ende acarrea nulidad de la misma.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Único Motivo. • Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 202 del Código Procesal Penal. •Concepto de la infracción: Violación a las reglas de la sana crítica.• Reclamación Ex Ante: El vicio se produce en la sentencia que se recurre. • Pretensión: Que sea declarado nula la sentencia recurrida. Establece el recurrente que el Tribunal de Sentencia, no valoró la prueba de cargo en aplicación de la sana crítica, específicamente en la regla de la lógica de la derivación; concluye el Tribunal en su sentencia, que a través del medio de prueba testifical del señor Javier Ramos Maldonado, fue que el señor Selvin Yobany Henríquez fue la persona que por causas ajenas a la voluntad del agente, es responsable del delito de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de Javier Ramos Maldonado, sin embargo los razonamientos que expone, no son congruentes, ni verdaderos ni suficientes. De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i . Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la lógica no formal, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En la valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo. El recurso no es de recibo La Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal establece que el sistema de valoración de la prueba es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no, y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. Como se ha mencionado anteriormente, la Sala de lo Penal no puede realizar una valoración alternativa de los medios de prueba relacionados, más al hacer el análisis de racionalidad de la valoración intelectiva del tribunal de instancia, sí puede concluir que la misma es respetuosa de la regla lógica de derivación en la que el recurrente denuncia como infringida, pues existe una secuencia lógica entre la premisa probatoria y la premisa valorativa que conlleva a la construcción apodíctica de la fundamentación fáctica de la sentencia. La inferencia valorativa encuentra correspondencia con los medios de prueba valorados, los cuales resultaron veraces en su contenido para el sentenciador al hacer una ponderación conjunta del acumulado probatorio. Por esta razón, se colige que la fundamentación probatoria de la sentencia respeta el canon de racionalidad exigido en el artículo 202 del Código Procesal Penal, lo que permite la validez de su fundamentación fáctica. Establece el recurrente que el Tribunal de Sentencia, no valoró la prueba de cargo en aplicación de la sana crítica, específicamente en la regla de la lógica de la derivación; concluye el Tribunal en su sentencia, que a través del medio de prueba testifical del señor Javier Ramos Maldonado, fue que el señor Selvin Yobany Henríquez fue la persona que por causas ajenas a la voluntad del agente, es responsable del delito de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de Javier Ramos Maldonado, sin embargo los razonamientos que expone, no son congruentes, ni verdaderos ni suficientes. En su motivo Casacional el recurrente alega que se viola las reglas de la sana critica, específicamente la regla de la lógica derivación, pero no desarrolla en el mismo el defecto de construcción en cuanto al silogismo judicial, al análisis de premisas y a la demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada, o la exposición de dos argumentos judiciales sobre un mismo hecho o aspectos que sean contradictorios, el recurrente realiza alegatos de instancia, realiza sus propias valoraciones y artilla en parte de su desarrollo a otro motivo casacional diferente al planteado. No obstante la anterior falencia recursiva, esta Sala de lo Penal en virtud del control de convencionalidad, que establece que los órganos del Estado en el marco de sus competencias, deben tomar en cuenta lo regulado en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y la interpretación que sobre ésta ha realizado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el cual se constituye en un potente instrumento para el respeto y garantía efectiva de los derechos humanos, resulta necesario que los jueces y tribunales sean los primeros llamados a ejercer el control de convencionalidad. En tal sentido, la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.2.h establece las “garantías judiciales” exigibles en el marco de un proceso, dentro del cual se establece el “derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior,” que es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica, que procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. De acuerdo a la Corte IDH, el recurso contemplado en el artículo 8.2.h debe ser uno “ordinario eficaz” independientemente de la denominación que se le dé. En esa misma línea, los Estados no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho a recurrir el fallo ya que dicha posibilidad debe ser accesible sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. Por ello, la Corte ha estimado que “las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente.” (Corte IDH. Caso Mohamed vs Argentina). Así las cosas, se desprende que el razonamiento valorativo del Tribunal de Sentencia en relación al andamiaje probatorio de cargo y en relación a la imputación por el delito de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa en contra del señor Javier Ramón Maldonado, se establecieron como medios de prueba, los siguientes: 1) Prueba Testifical: declaración testifical del señor Javier Ramos Maldonado, la cual manifestó: “Que Selvin Yobany Henríquez quiso balacearlo, sus problemas son con su papa y se llevaban bien, no tiene culpa, un día que iba a cobrar un dinero y Selvin lo siguió y se fue adelante y Selvin con otros le dispararon, le pegaron siete tiros y se fueron, unos amigos lo llevaron al Hospital Mario Catarino Rivas el veinticinco de noviembre del dos mil dieciséis, él andaba con dos amigos a cobrar un pago donde el patrón, iban a unos trabajaderos, hay una casa adelante a unos veinticinco metros, ya herido reculo como ciento cincuenta metros a la casa donde lo auxiliaron, sus acompañantes le decían déjalo, y ellos le decían que corriera mientras cargaban sus armas, el llegó cerquita de él, como a media brazada le disparo al ras de la oreja y cayó al suelo, perdió la vista, tiro un machete, ya no le pudo disparar, estaban cargando armas nuevamente, ellos solo llegaron al corte y lo rodearon para no entrar a la casa de ellos unos vecinos lo metieron y lo llevaron al hospital, ellos huyeron no los miraba desde ya días, cuando lo tenía enfrente.” En el acta de debate (F.24), a preguntas de las partes el señor Javier Ramos Maldonado, entre otras cosas manifestó: “¿En qué fecha fueron estos hechos? -El 25 de noviembre del 216. ¿Qué horas eran? Las nueve y media de la mañana. ¿En que lugar? En Zapotales le dicen allí… ¿Iba solo o acompañado? Iba con Selvin y Julito Landaverde. ¿Qué se encontraba? A cobrar un dinero a Julito Ardón…¿Qué le hizo Selvin? Me disparo varias veces en la espalda. ¿Quién le disparo? Selvin. ¿Qué le dispara por enfrente o la espalda? Por la espalda. ¿Cuántos disparos? Solo se que siete. ¿Qué hicieron las personas acompañantes? Que me agarraron, y me dijeron que me corriera y me fui a la casa donde me auxiliaron. ¿En ese momento que hacía Selvin? Cegando el arma. ¿Qué distancia? Cerquita. ¿Puede decirme la distancia? Media brazada. ¿El primer disparo donde lo recibe Usted? En la oreja. ¿Qué hace usted después del primer disparo? Que caí, que me caían los disparos, que andaba un machete, que le di, que mis compañeros fueron lo que me dijeron, y dejo de disparar y luego cargaron las armas de nuevo. …¿Cuánto tiempo estuvo en el hospital? 28 días...”. A esta declaración el Tribunal estableció en su valoración lo siguiente: “El Tribunal encuentra en el relato del testigo que antecede, todas las condiciones de veracidad, ya que fue testigo presencial de los hechos, los conoció a la perfección ya que son vecinos de la aldea y presencio a corta distancia los hechos, sus declaraciones son claras, precisa y contundentes, por lo tanto, este Tribunal le da credibilidad a su declaración, por ser testigo presencial y de su declaración se obtiene la relación del hecho probado” 2) Con la prueba pericial consistente en el Dictamen Médico Forense, elaborado por la doctora Diana Carolina Grajeda Castellanos, y por el cual se evaluó al señor Javier ramos Maldonado, y presentaba en base al examen físico y expediente clínico, 1.- Tipo de Lesiones: a) Cicatrices circulares en cabeza, tórax posterior y brazo derecho compatibles a las producidas por proyectil disparado por arma de fuego, b) herida modificada por puntos de sutura en el cuello compatible a la producida por procedimiento quirúrgico (cervicotomia), c) Cicatriz de una herida con estigmas de puntos de sutura compatible a la producida por procedimiento quirúrgico (toracostomia). 2.-Incapacidad Temporal: Veintiocho días a partir del día en que ocurrieron los hechos. -Nueva evaluación para ratificar o ampliar la incapacidad temporal, una vez dado de alta definitiva. 3.-Si hubo peligro de muerte. 3) Prueba Documental Consistente en Acta de Inspección Ocular y Álbum fotográfico: Elaborado en fecha ocho de enero del dos mil diecisiete por el agente de investigación criminal Sandra Gradiz. A estos dos medios de prueba, el Tribunal de sentencia, estableció: “El acta antes mencionada y el álbum fotográfico señala y describe el lugar donde se desarrollaron los hechos ubicados en una calle de tierra de la aldea El Zapotal, del municipio de Nueva Frontera, departamento de Santa Barbara. - Estos medios de prueba documental, y pericial elaborados por técnico de investigación criminal y perito oficial del Ministerio Público, ambos en cumplimiento de su deber, no revelan interés alguno en beneficiar o perjudicar a alguna de las partes, y cuyas conclusiones no han sido controvertidas por las partes para este Tribunal son útiles para establecer junto a la prueba testifical los hechos probados”. Para esta Sala de Casación, las valoraciones del sentenciador son correctas, coherentes y derivadas del legajo probatorio; el testigo Javier Ramos Maldonado quién es testigo presencial de los hechos, observó directamente el desarrollo de los acontecimientos pues él fue el ofendido, fue claro en establecer que todo inicia cuando el 25 de noviembre de 2016, como a las 09:30 de la mañana en la aldea Zapotales del municipio de nueva frontera, departamento de Santa Barbará, el hoy imputado Selvin Yobany Henríquez Jordán junto a otra persona le salieron al paso, a quién sin mediar palabra y sin previo anuncio Selvin Yobany Henríquez Jordán y su acompañante por la espalda comenzaron a dispararle con armas de fuego hasta quedarse sin balas, cayendo herido al suelo, y mientras Selvin Yobany Henríquez y su compañero recargaba sus armas, se levantó y salió corriendo con la ayuda de dos amigos que lo acompañaban a una casa cercana donde fue auxiliado, siendo llevado posteriormente a recibir asistencia médica que le salvo la vida; no observamos que los razonamientos del sentenciador sean contradictorios, todo lo contrario con totalmente coherentes y cuenta con una razón suficiente para concatenarlos con el resto de prueba, pues el Dictamen Médico Forense confirma las heridas que sufrió, así como los 28 días de incapacidad y estableciendo que si hubo peligro de muerte; y corroborado con el Acta de Inspección ocular y álbum Fotográfico, en la que describe el lugar donde se desarrollaron los hechos; con esta declaración y con el resto de prueba documental y pericial, misma que fue valorada de forma conjunta y armónica, el Sentenciador llegó a la conclusión de condena para el imputado, mediante razonamientos que tuvieron como base las reglas de la sana crítica. Por lo que se desestima el recurso presentado por el recurrente. Decisión No ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la defensa privada. Reglas Generales de Ponderación de la norma más favorable que define el NCP decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). Por tanto, la ponderación tendrá una variante a depender de la instancia en que se haga: 1. En la primera instancia, al momento del juzgamiento por el tribunal, la ponderación de los cuerpos normativos parte de la comparación de las penas abstractas, pero sin dejar de tener en consideración la total de los cuerpos normativos como un todo; o 2. En la segunda o única instancia, al resolverse un recurso devolutivo interpuesto en contra de sentencia definitiva la ponderación se realizará entre la pena concreta impuesta y la pena abstracta que corresponda para el mismo hecho e igualmente reparando respecto a la totalidad de los cuerpos normativos. En ambos casos el proceso de ponderación se realiza siguiendo las reglas que se señalan en este apartado. Es importante insistir que la ponderación de la norma más favorable deberá de realizarse al momento del juzgamiento en primera instancia, en segunda instancia o en única instancia; por ello no es procedente aplicación retroactiva en estadios previos del proceso, como ser la audiencia de declaración de imputado, la audiencia inicial, la audiencia preliminar o en la etapa de saneamiento de la etapa de juicio. El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017; a tal consideración se le suma las siguientes: 1. Penas Conjuntas: No procede la ponderación parcial de penas principales; la ponderación deberá de realizarse tomando en consideración todas las penas conjuntas impuestas por los mismos hechos (Art. 617 NCP). 2. Penas privativas de Libertad: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena privativa de la libertad (reclusión) con todas sus circunstancias, impuesta de conformidad con el VCP 144-83, fuese también imponible con arreglo al NCP 130-2017 (Art. 616). Ello ocurre cuando la pena concreta impuesta se encuentre dentro marco abstracto de la pena que para el mismo hecho se deba de imponer de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 621). 3. Pena de Multa: No se realizara aplicación retroactiva del NCP cuando la pena impuesta de conformidad con el VCP 144-83, sea la de multa y la que corresponda imponer conforme al NCP 130-2017, igualmente sea una pena de multa.- La aplicación retroactiva se realizara excepcionalmente cuando: a.- No se hubiese hecho abono alguno de la pena de multa impuesta de conformidad al VCP 144-83; y b.- la concreta cuantía impuesta conforme al VCP 144-83 no fuese posible imponer de acuerdo con el NCP 130-2017 desde una perspectiva abstracta (Art. 619). 4. Penas privativas de Derechos: Las penas principales de inhabilitación absoluta y especial se compararán atendiendo a la duración de la pena concreta impuesta en la sentencia y la máxima que pueda imponerse de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 620). 5. Medidas de Seguridad: Respecto a las medidas de ejecución impuestas de acuerdo con el VCP 144-83 que estén pendientes de ejecución o que estén siendo ejecutadas, deberán de ser objeto de revisión y adecuación de conformidad con las normas que regulan las mismas en el NCP 130-2017; (Art. 625). Reglas de Particulares de Ponderación por Concurso de Delitos y Por ausencia de Éste A nivel de punibilidad se regulan los concursos de delitos; ante la colisión temporal de normas sustantivas el juzgador llamado a resolver la acción penal interpuesta en base al rigor del VCP 144-83, deberá de establecer si existe o no concurso de delitos, identificar cual es el que concurre y luego hacer el cálculo de pena abstracta de conformidad a dicho concurso; seguidamente el juzgador deberá de hacer la ponderación de la pena más beneficiosa determinando si conforme a lo probado igualmente se aprecia un concurso según las normas del NCP130-2017, y de ser así deberá de proceder a calcular la pena abstracta, siendo el tercer y último paso la comparación de penas que deban de ser impuestas según cada código penal, reflejándose así cuál de ellos es el que debe de ser aplicado por ser más beneficioso para el procesado o reo. Lo descrito es un proceso general que tiene sus matices a depender cada uno de los concursos, lo que obliga hacer un estudio individualizado: A. Concurso Ideal Cuando conforme a los hechos imputados se deba de aplicar un Concurso Ideal (Art. 67 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al concurso ideal según las reglas del VCP144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del concurso ideal del NCP130-2017.- Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el concurso ideal; 2. Cuando una de las penas concursadas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del VCP144-83 y luego hacer la comparación global con el NCP130-2017; comparación que debe de hacerse según se explicó en el numeral anterior; o 3. Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, que se explican más adelante. Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real: i.- Limite Subjetivo, ii.- Limite Objetivo Ordinario y iii.- Limite Objetivo Extraordinario, explicado igualmente líneas adelante. b. Delito Continuado En el caso de que la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un delito continuado la ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (Art. 617 NCP). Al apreciarse un concurso continuado (Art. 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las mismas reglas señaladas previamente para el delito continuado. En los supuestos en donde conforme el VCP 144-83, corresponda aplicar un concurso real pero conforme el NCP 130-2017 se deba de aplicar un delito continuado, el juzgador deberá de proceder de la siguiente manera: 1. En primera instancia: i. Primero se procederá a realizar el cálculo abstracto de las penas conforme el VCP144-83, las que serán tomadas globalmente, para luego comparar el mismo con el marco abstracto de la pena que corresponda en aplicación del delito continuado según el NCP130-2017, develándose así que código es el más beneficioso en su conjunto. Recuérdese que la comparativa es global (suma de todas las penas abstractas) y no individual por cada pena; ii. En caso de que lo anterior no defina cual es la pena más favorable, el juzgador deberá de proceder a la individualización de la pena concreta de conformidad con el VCP-144-83 y paralelamente a la individualización de la pena concreta de conformidad con el BCP130-2017, de cuya comparación se decidirá que codificación es la más beneficiosa; o 2. En segunda instancia y única instancia: la comparativa parte de la confrontación de las penas que en concurso real hayan sido impuestas en la sentencia impugnada en aplicación del VCP144-83, con el marco abstracto de la única pena que de conformidad al NCP-130-2017 deba de imponerse como consecuencia de la aplicación del delito continuado; así entonces: i. Si las penas individualizadas en concurso real tomadas globalmente (la sumatoria de todas las penas), se encuentra dentro del marco abstracto de la pena del delito continuado, no se aplicará retroactivamente el NCP130-2017; ii. Si las penas individualizadas en concurso real están fuera de la escala de la pena abstracta que deba de imponerse en delito continuado según el NCP130-2017, se aplicara la pena que le sea más favorable al procesado. c. Concurso Real Los supuestos en donde la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un Concurso Real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. La ponderación deberá de realizarse conforme al límite único de cumplimiento de pena que establece el artículo 35 del VCP 144-83 versus los limites objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo que prevé el artículo 66 NCP 130-2017, debiendo excluir las penas de delitos que hayan sido despenalizados en la nueva normativa.- Es importante tener presente que ningún límite es preferente a otro y por tanto se aplicará el límite que marque menor pena; así entonces: a. Cuando entre en acción el Límite Objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al VCP144-83 y los límites del concurso real que regula el NCP130-2017, siguiendo los siguientes pasos: i. Si ambas legislaciones determinan un mismo límite de cumplimiento, se aplicará el principio de identidad, es decir el VCP 144-83; y ii. Si las legislaciones definen límites de cumplimiento distinto, se aplicará aquel que le sea más beneficioso al acusado o reo (ello sin perjuicio de lo que se señala en el siguiente literal); y/o b. Para hacer efectivo el Limite Subjetivo, que regula el NCP 130-2017 se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, develando así el límite máximo que puede cumplir el condenado: i.- Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuara a dicho límite de conformidad con lo señalado en el literal anterior; ii.- Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años; implica que el resultado matemático será el límite máximo de cumplimiento, el que deberá de ser objeto de comparación con el limite objetivo de cumplimiento del VCP144-83. 2. Cuando las penas consideradas globalmente no superasen ninguno de los límites a los que se refiere el numeral anterior, el juzgador procederá a realizar la comparación de las penas que corresponda en una y otra legislación: a. En primera instancia la comparación se realizará entre las penas abstractas definidas en cada cuerpo sustantivo; el tribunal sumará todas las penas abstractas que correspondan imponer en concurso real de conformidad con el VCP 144-83 y todas las penas abstractas que prevea el NCP130-2017, las cuales comparará. Si de la comparación no es posible determinar cuál es más beneficiosa para el procesado, el tribunal deberá de proceder a realizar la individualización de las penas de cada delito primero conforme el VCP144-83 y después conforme el NCP130-2017, luego la suma global de dichas penas por cada código será comparada entre sí, determinando cual es el cuerpo normativo más beneficioso (siempre teniendo presente además el resto de las regulaciones normativas). Finalmente, si aun con las penas individualizadas no existe claridad cuál en su conjunto es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara para que éste señale cual le favorece más. b. En segunda y única instancia la comparación se realizará entre la suma de todas las penas concretas impuestas en concurso real en la sentencia impugnada bajo el VCP 144-83 y la suma de todas las penas abstractas que define el NCP 130-2017. De dicho resultado el tribunal resolverá: i. Si las penas concretas en concurso real VCP 144-83 están dentro de la suma del margen abstracto de las penas del NCP 130-2017, no procederá la aplicación retroactiva de este último; ii. Si la suma de las penas concretas VCP 144-83 no se encuentra dentro del marco abstracto de la suma de penas en concurso real del NCP 130-2017, se aplicará el cuerpo normativo que fije comparativamente las penas más leves, sin dejar de tener en consideración el resto de las disposiciones de cada codificación para efectos comparativos; iii. Si el concurso real está compuesto por Penas Conjuntas, en donde algunas de ellas sean más beneficiosas y otras más gravosas respecto a la comparación hecha con el otro cuerpo legal; el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la pena de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Ejemplo de esto último sería un concurso real con pena global de reclusión por 25 años y multa por L. 700,000.00 conforme el VCP 144-83 y por otro lado una pena de prisión de 17 a 20 años y multa de L. 1,000,000.00 a L. 5,000,000.00 conforme el NCP 130-2017, caso en donde la pena privativa de libertad deberá de definir el código penal a aplicar, siempre que además los beneficios penitenciarios que regule ese mismo código fuesen igualmente más favorables. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. d. Concurso Medial El concurso medial constituyó una institución penal por muchos años, reglada por el artículo 36 del VCP 143-83, misma que desaparece en el NCP 130-2017. Por tanto, cuando conforme los hechos imputados en base al VCP144-83 deba de aplicarse un Concurso Medial (Art. 66 en relación con el párrafo séptimo del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. Se realizará la comparación global de la pena que corresponda en concurso medial según el VCP144-83 con las penas que correspondería aplicar en concurso real conforme al NCP130-2017, en consideración a los limites subjetivo, objetivo ordinario y objetivo extraordinario, del que hemos hablado en el apartado anterior; 2. Es improcedente hacer comparación individual de las penas que conforman el concurso medial del VCP144-83 y las penas en concurso real del NCP130-2017; 3. Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, haciendo desaparecer el concurso Medial, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, lo que se aborda en el apartado siguiente. e. Penas Conjuntas No Concursadas Finalmente, cuando corresponda imponer a una persona una Pena No Concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (en su caso) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: 1. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. No procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. No procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. Procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; 2. Si el hecho definido como delito tiene previstas Penas Conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Ejemplo de esto último sería pena de reclusión por 9 años y multa del 10% de lo defraudado equivalente a L. 50,000.00 conforme el VCP 144-83 en comparación con una pena de prisión de 2 a 3 años y multa 400 días multa equivalente de hasta L. 2,000.000.00 por defraudación a las telecomunicaciones, caso en donde la pena privativa de libertad deberá de definir el código penal a aplicar, siempre que además los beneficios penitenciarios que regule ese mismo código fuesen igualmente más favorables; o 3. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal.- En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara a éste para que señale la que más le favorece. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no se presentó por parte de la defensa privada escrito complementario en el que estableciera su parecer sobre la aplicación retroactiva de la nueva normativa penal; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Selvin Yobany Henríquez Jordan la pena de Trece (13) años Cuatro (4) meses de reclusión por el delito de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de Javier Ramon Maldonado, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil y la responsabilidad civil (Art.117 y 15 del Código Penal 144-83). Conforme las disposiciones del Código Penal contenido en el decreto 130-2017, a la persona responsable del delito de Asesinato (Art.193) tiene una pena de 20 a 25 años de prisión, y para su versión de tentativa acabada (Art.21 y 62), se debe rebajar 1/4, por lo que nos da un margen abstracto de 15 años a 20 años de prisión. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el caso particular las normas del Nuevo Código Penal 130-2017, son más gravosas que las previstas en el Código Penal 144-83. Por tanto, no procede la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal, por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Abogado Noel Antonio Mendoza, defensor privado del señor Selvin Yobany Henríquez Jordan. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conducta reprochada al ahora condenado Selvin Yobany Henríquez Jordan. Tercero: Declara Firme y EJECUTABLE la sentencia de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara. Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Siendo Ponente el Magistrado Nelson Danilo Mairena Franco. Notifíquese. - Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. Mario Rolando Díaz Flores. Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora sala penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a cuatro días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada el siete de mayo de dos mil veinticuatro, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-204-2021. RINA KORITZA SANDOVAL NAVASRECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL“ CERTIFICACION La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-204-2021, que literalmente dice: “ SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha siete de mayo del año dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Nelson Danilo Mairena Franco, en su calidad de Coordinador, Mario Rolando Diaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-204-2021 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, mediante la cual falló: Primero: Condenó a Selvin Yobany Henríquez Jordan, como autor del delito de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio Javier Ramon Maldonado, a una pena de trece años y cuatro meses de reclusión. Segundo: Condenó a Selvin Yobany Henriquez Jordan a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil y trabajar en obras públicas o en labores dentro del centro penitenciario. Tercero: Declaró la responsabilidad civil de la restitución integra y indemnización de los perjuicios causados por el delito en que fue condenado. Cuarto: No procedió la condena en costas de Selvin Yobany Henriquez Jordan. Quinto: No procedió el comiso. Sexto: Que se notifique en audiencia pública esta sentencia alas partes procesales que han intervenido y una vez que quede firme, se envíe certificación de la misma al Juzgado de Ejecución. SON PARTES: El abogado Noel Antonio Mendoza, en su condición de Defensor Privado de Selvin Yobany Henrique Jordan, como parte recurrente y el abogado Salvador Cuestas Arévalo, como Fiscal del Ministerio Público como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “UNICO: El día veinticinco de noviembre del año dos mil dieciséis, como a eso de las nueve y treinta minutos de la mañana en la aldea Zapotales del municipio de Nueva Frontera, del departamento de Santa Barbara, el hoy imputado SELVIN YOBANY HENRIQUEZ JORDAN junto a otra persona le salieron al paso en la calle principal de dicha aldea a la hoy víctima JAVIER RAMOS MALDONADO, a quien sin mediar palabra y sin previo anuncio SELVIN YOBANY HENRIQUEZ JORDAN y su acompañante por la espalda comenzaron a dispararle con armas de fuego hasta quedarse sin balas, cayendo herido al suelo JAVIER RAMOS MALDONADO y mientras el imputado SELVIN YOBANY HENRIQUEZ JORDAN y su compañero recargaban sus armas, JAVIER RAMOS MALDONADO se levantó y salió corriendo con la ayuda de dos amigos que lo acompañaban a una casa cercana donde fue auxiliado al momento en el que SELVIN YOBANY HENRIQUEZ JORDAN Y su acompañante lo perseguían evitando que le infirieran más balazos, siendo llevado JAVIER RAMOS MALDONADO posteriormente a recibir asistencia médica que le salvo la vida.” RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Noel Antonio Mendoza, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA PRIMER MOTIVO: Que en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362, numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: El tribunal de sentencia, no valoró la prueba de cargo en aplicación de la sana crítica, específicamente en la regla lógica de la derivación; concluye el tribunal en su sentencia, que, a través del medio de prueba testifical del señor Javier Ramos Maldonado, fue que el señor Selvin Yobany Henríquez, fue la persona que por casusa ajenas a la voluntad del agente, es responsable del delito de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de Javier Ramos Maldonado, sin embargo los razonamientos que expone, no son congruentes, ni verdaderos ni suficientes. Establece en el apartado primero de la valoración de la prueba hace una trascripción literaria de la declaración testifical del ofendido, faltando a las reglas de la derivación el Tribunal sentenciador ya que de la prueba trascrita no se logró establecer con las circunstancias que requiere el artículo 15 del Código Penal, en relación al delito tentado. Para ello debió de haberse constatado el Dolo o intención con la que el sujeto activo ejecutó la acción criminal, lo que exige que el tribunal sentenciador debió de adentrarse en el contenido anímico de la voluntad del imputado conforme a la prueba que se evacuo y llevarlo más allá de toda duda razonable a los concretos efectos de discernir si su comportamiento en el momento mismo de la acción iba presidido por el animus necandi, es decir con la intención de matar al sujeto pasivo, por el contrario el animus laedende o vulnerando, que es con la intención de menoscabar o dañar la integridad física de la víctima, como este elemento no es susceptible de percepción sensorial directa si no que se realiza a través de inferencias lógicas como ser: El arma o instrumento utilizado para agredir y la idoneidad para matar, la zona del cuerpo al que iban dirigidas las lesiones (si por su naturaleza son consideradas vitales, como cabeza, tórax, cara ,cuello) el número y la violencia de las lesiones o golpes, las manifestaciones o palabras proferidas, las relaciones entre agresor y agredido, las circunstancias anteriores, coetáneas y posteriores del hecho, las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar. Hacemos referencia a esto en virtud que de la declaración del ofendido no es claro pues el establece que eran dos personas el que lo atacaron entonces debió el tribunal sentenciador en la obligación de individualizar cada uno de los imputados para poder saber quién de ellos si fue Selvin o Julito como lo llamo en su declaración, además de la declaración el tribunal sentenciador no valoro cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado y sin embargo no se produce por causas independientes a la voluntad del autor, no pudo constatar los tres elementos en la parte objetiva, una ejecución total o parcial no seguida de consumación, una parte subjetiva voluntad de consumación y ausencia de desistimiento voluntario, circunstancias que debieron ser objeto de análisis del tribunal sentenciador y que se incumplieron totalmente. En el apartado segundo de la valoración de prueba, el tribunal sentenciador en su sentencia trascribe el dictamen médico forense sin hacer un análisis lógico, coherente y razonable en base a las reglas de la sana critica descritas en el artículo 202 del Código Procesal Penal, pues devenía en la obligación de establecer claramente que fue lo que se probó con el mismo, de igual manera con el acta de inspección ocular y álbum fotográfico, se limita a trascribirlos sin establecer cuál fue el análisis intelectivo que le dio a cada uno de los medios de prueba, y el artículo antes citado le impone la obligación al tribunal de realizar ese análisis lógico y coherente y no limitarse nada más a establecer que fueron útiles para establecer los hechos declarados como probados, sin llegar a una íntima convicción que del análisis que se hicieron del los mismos y dejarlos plasmados en la sentencia para que tengan un efecto negativo en el Estado de Inocencia de mi representado, por lo que concluyo que, el razonamiento que utiliza para llegar a esa conclusión no es verdadero. En todos estos casos, no se presentó reclamo alguno, pues los vicios se dieron en la sentencia que se recurre. SE SOLICITA NULIDAD SUBSIDIRIA DE LA SENTENCIA La nulidad de la sentencia recurrida se solicita en virtud que tal como se desprende del acta de fecha veintisiete de octubre del año dos mil veinte donde se desarrolló en juicio oral y público el Ministerio Público determino en sus conclusiones que solicitaba que se condenara a mi representado por el delito de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa Acabada, en ese orden de ideas el Tribunal sentenciador en la página 5 cuando resuelve declara responsable a mi representado por el Delito de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa Acabada, conforme los artículo 193 párrafo primero y 21 inciso B en relación al 25 del Código Penal. De la fundamentación jurídica de la sentencia en los apartados TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO, el Tribunal sentenciador hace uso del Código Penal abrogado, existiendo una total incongruencia del tribunal, incumpliendo así con lo preceptuado en el artículo 616 del Código Penal, por ende acarrea nulidad de la misma.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Único Motivo. • Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 202 del Código Procesal Penal. •Concepto de la infracción: Violación a las reglas de la sana crítica.• Reclamación Ex Ante: El vicio se produce en la sentencia que se recurre. • Pretensión: Que sea declarado nula la sentencia recurrida. Establece el recurrente que el Tribunal de Sentencia, no valoró la prueba de cargo en aplicación de la sana crítica, específicamente en la regla de la lógica de la derivación; concluye el Tribunal en su sentencia, que a través del medio de prueba testifical del señor Javier Ramos Maldonado, fue que el señor Selvin Yobany Henríquez fue la persona que por causas ajenas a la voluntad del agente, es responsable del delito de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de Javier Ramos Maldonado, sin embargo los razonamientos que expone, no son congruentes, ni verdaderos ni suficientes. De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i . Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la lógica no formal, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En la valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo. El recurso no es de recibo La Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal establece que el sistema de valoración de la prueba es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no, y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. Como se ha mencionado anteriormente, la Sala de lo Penal no puede realizar una valoración alternativa de los medios de prueba relacionados, más al hacer el análisis de racionalidad de la valoración intelectiva del tribunal de instancia, sí puede concluir que la misma es respetuosa de la regla lógica de derivación en la que el recurrente denuncia como infringida, pues existe una secuencia lógica entre la premisa probatoria y la premisa valorativa que conlleva a la construcción apodíctica de la fundamentación fáctica de la sentencia. La inferencia valorativa encuentra correspondencia con los medios de prueba valorados, los cuales resultaron veraces en su contenido para el sentenciador al hacer una ponderación conjunta del acumulado probatorio. Por esta razón, se colige que la fundamentación probatoria de la sentencia respeta el canon de racionalidad exigido en el artículo 202 del Código Procesal Penal, lo que permite la validez de su fundamentación fáctica. Establece el recurrente que el Tribunal de Sentencia, no valoró la prueba de cargo en aplicación de la sana crítica, específicamente en la regla de la lógica de la derivación; concluye el Tribunal en su sentencia, que a través del medio de prueba testifical del señor Javier Ramos Maldonado, fue que el señor Selvin Yobany Henríquez fue la persona que por causas ajenas a la voluntad del agente, es responsable del delito de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de Javier Ramos Maldonado, sin embargo los razonamientos que expone, no son congruentes, ni verdaderos ni suficientes. En su motivo Casacional el recurrente alega que se viola las reglas de la sana critica, específicamente la regla de la lógica derivación, pero no desarrolla en el mismo el defecto de construcción en cuanto al silogismo judicial, al análisis de premisas y a la demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada, o la exposición de dos argumentos judiciales sobre un mismo hecho o aspectos que sean contradictorios, el recurrente realiza alegatos de instancia, realiza sus propias valoraciones y artilla en parte de su desarrollo a otro motivo casacional diferente al planteado. No obstante la anterior falencia recursiva, esta Sala de lo Penal en virtud del control de convencionalidad, que establece que los órganos del Estado en el marco de sus competencias, deben tomar en cuenta lo regulado en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y la interpretación que sobre ésta ha realizado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el cual se constituye en un potente instrumento para el respeto y garantía efectiva de los derechos humanos, resulta necesario que los jueces y tribunales sean los primeros llamados a ejercer el control de convencionalidad. En tal sentido, la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.2.h establece las “garantías judiciales” exigibles en el marco de un proceso, dentro del cual se establece el “derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior,” que es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica, que procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. De acuerdo a la Corte IDH, el recurso contemplado en el artículo 8.2.h debe ser uno “ordinario eficaz” independientemente de la denominación que se le dé. En esa misma línea, los Estados no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho a recurrir el fallo ya que dicha posibilidad debe ser accesible sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. Por ello, la Corte ha estimado que “las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente.” (Corte IDH. Caso Mohamed vs Argentina). Así las cosas, se desprende que el razonamiento valorativo del Tribunal de Sentencia en relación al andamiaje probatorio de cargo y en relación a la imputación por el delito de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa en contra del señor Javier Ramón Maldonado, se establecieron como medios de prueba, los siguientes: 1) Prueba Testifical: declaración testifical del señor Javier Ramos Maldonado, la cual manifestó: “Que Selvin Yobany Henríquez quiso balacearlo, sus problemas son con su papa y se llevaban bien, no tiene culpa, un día que iba a cobrar un dinero y Selvin lo siguió y se fue adelante y Selvin con otros le dispararon, le pegaron siete tiros y se fueron, unos amigos lo llevaron al Hospital Mario Catarino Rivas el veinticinco de noviembre del dos mil dieciséis, él andaba con dos amigos a cobrar un pago donde el patrón, iban a unos trabajaderos, hay una casa adelante a unos veinticinco metros, ya herido reculo como ciento cincuenta metros a la casa donde lo auxiliaron, sus acompañantes le decían déjalo, y ellos le decían que corriera mientras cargaban sus armas, el llegó cerquita de él, como a media brazada le disparo al ras de la oreja y cayó al suelo, perdió la vista, tiro un machete, ya no le pudo disparar, estaban cargando armas nuevamente, ellos solo llegaron al corte y lo rodearon para no entrar a la casa de ellos unos vecinos lo metieron y lo llevaron al hospital, ellos huyeron no los miraba desde ya días, cuando lo tenía enfrente.” En el acta de debate (F.24), a preguntas de las partes el señor Javier Ramos Maldonado, entre otras cosas manifestó: “¿En qué fecha fueron estos hechos? -El 25 de noviembre del 216. ¿Qué horas eran? Las nueve y media de la mañana. ¿En que lugar? En Zapotales le dicen allí… ¿Iba solo o acompañado? Iba con Selvin y Julito Landaverde. ¿Qué se encontraba? A cobrar un dinero a Julito Ardón…¿Qué le hizo Selvin? Me disparo varias veces en la espalda. ¿Quién le disparo? Selvin. ¿Qué le dispara por enfrente o la espalda? Por la espalda. ¿Cuántos disparos? Solo se que siete. ¿Qué hicieron las personas acompañantes? Que me agarraron, y me dijeron que me corriera y me fui a la casa donde me auxiliaron. ¿En ese momento que hacía Selvin? Cegando el arma. ¿Qué distancia? Cerquita. ¿Puede decirme la distancia? Media brazada. ¿El primer disparo donde lo recibe Usted? En la oreja. ¿Qué hace usted después del primer disparo? Que caí, que me caían los disparos, que andaba un machete, que le di, que mis compañeros fueron lo que me dijeron, y dejo de disparar y luego cargaron las armas de nuevo. …¿Cuánto tiempo estuvo en el hospital? 28 días...”. A esta declaración el Tribunal estableció en su valoración lo siguiente: “El Tribunal encuentra en el relato del testigo que antecede, todas las condiciones de veracidad, ya que fue testigo presencial de los hechos, los conoció a la perfección ya que son vecinos de la aldea y presencio a corta distancia los hechos, sus declaraciones son claras, precisa y contundentes, por lo tanto, este Tribunal le da credibilidad a su declaración, por ser testigo presencial y de su declaración se obtiene la relación del hecho probado” 2) Con la prueba pericial consistente en el Dictamen Médico Forense, elaborado por la doctora Diana Carolina Grajeda Castellanos, y por el cual se evaluó al señor Javier ramos Maldonado, y presentaba en base al examen físico y expediente clínico, 1.- Tipo de Lesiones: a) Cicatrices circulares en cabeza, tórax posterior y brazo derecho compatibles a las producidas por proyectil disparado por arma de fuego, b) herida modificada por puntos de sutura en el cuello compatible a la producida por procedimiento quirúrgico (cervicotomia), c) Cicatriz de una herida con estigmas de puntos de sutura compatible a la producida por procedimiento quirúrgico (toracostomia). 2.-Incapacidad Temporal: Veintiocho días a partir del día en que ocurrieron los hechos. -Nueva evaluación para ratificar o ampliar la incapacidad temporal, una vez dado de alta definitiva. 3.-Si hubo peligro de muerte. 3) Prueba Documental Consistente en Acta de Inspección Ocular y Álbum fotográfico: Elaborado en fecha ocho de enero del dos mil diecisiete por el agente de investigación criminal Sandra Gradiz. A estos dos medios de prueba, el Tribunal de sentencia, estableció: “El acta antes mencionada y el álbum fotográfico señala y describe el lugar donde se desarrollaron los hechos ubicados en una calle de tierra de la aldea El Zapotal, del municipio de Nueva Frontera, departamento de Santa Barbara. - Estos medios de prueba documental, y pericial elaborados por técnico de investigación criminal y perito oficial del Ministerio Público, ambos en cumplimiento de su deber, no revelan interés alguno en beneficiar o perjudicar a alguna de las partes, y cuyas conclusiones no han sido controvertidas por las partes para este Tribunal son útiles para establecer junto a la prueba testifical los hechos probados”. Para esta Sala de Casación, las valoraciones del sentenciador son correctas, coherentes y derivadas del legajo probatorio; el testigo Javier Ramos Maldonado quién es testigo presencial de los hechos, observó directamente el desarrollo de los acontecimientos pues él fue el ofendido, fue claro en establecer que todo inicia cuando el 25 de noviembre de 2016, como a las 09:30 de la mañana en la aldea Zapotales del municipio de nueva frontera, departamento de Santa Barbará, el hoy imputado Selvin Yobany Henríquez Jordán junto a otra persona le salieron al paso, a quién sin mediar palabra y sin previo anuncio Selvin Yobany Henríquez Jordán y su acompañante por la espalda comenzaron a dispararle con armas de fuego hasta quedarse sin balas, cayendo herido al suelo, y mientras Selvin Yobany Henríquez y su compañero recargaba sus armas, se levantó y salió corriendo con la ayuda de dos amigos que lo acompañaban a una casa cercana donde fue auxiliado, siendo llevado posteriormente a recibir asistencia médica que le salvo la vida; no observamos que los razonamientos del sentenciador sean contradictorios, todo lo contrario con totalmente coherentes y cuenta con una razón suficiente para concatenarlos con el resto de prueba, pues el Dictamen Médico Forense confirma las heridas que sufrió, así como los 28 días de incapacidad y estableciendo que si hubo peligro de muerte; y corroborado con el Acta de Inspección ocular y álbum Fotográfico, en la que describe el lugar donde se desarrollaron los hechos; con esta declaración y con el resto de prueba documental y pericial, misma que fue valorada de forma conjunta y armónica, el Sentenciador llegó a la conclusión de condena para el imputado, mediante razonamientos que tuvieron como base las reglas de la sana crítica. Por lo que se desestima el recurso presentado por el recurrente. Decisión No ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la defensa privada. Reglas Generales de Ponderación de la norma más favorable que define el NCP decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). Por tanto, la ponderación tendrá una variante a depender de la instancia en que se haga: 1. En la primera instancia, al momento del juzgamiento por el tribunal, la ponderación de los cuerpos normativos parte de la comparación de las penas abstractas, pero sin dejar de tener en consideración la total de los cuerpos normativos como un todo; o 2. En la segunda o única instancia, al resolverse un recurso devolutivo interpuesto en contra de sentencia definitiva la ponderación se realizará entre la pena concreta impuesta y la pena abstracta que corresponda para el mismo hecho e igualmente reparando respecto a la totalidad de los cuerpos normativos. En ambos casos el proceso de ponderación se realiza siguiendo las reglas que se señalan en este apartado. Es importante insistir que la ponderación de la norma más favorable deberá de realizarse al momento del juzgamiento en primera instancia, en segunda instancia o en única instancia; por ello no es procedente aplicación retroactiva en estadios previos del proceso, como ser la audiencia de declaración de imputado, la audiencia inicial, la audiencia preliminar o en la etapa de saneamiento de la etapa de juicio. El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017; a tal consideración se le suma las siguientes: 1. Penas Conjuntas: No procede la ponderación parcial de penas principales; la ponderación deberá de realizarse tomando en consideración todas las penas conjuntas impuestas por los mismos hechos (Art. 617 NCP). 2. Penas privativas de Libertad: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena privativa de la libertad (reclusión) con todas sus circunstancias, impuesta de conformidad con el VCP 144-83, fuese también imponible con arreglo al NCP 130-2017 (Art. 616). Ello ocurre cuando la pena concreta impuesta se encuentre dentro marco abstracto de la pena que para el mismo hecho se deba de imponer de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 621). 3. Pena de Multa: No se realizara aplicación retroactiva del NCP cuando la pena impuesta de conformidad con el VCP 144-83, sea la de multa y la que corresponda imponer conforme al NCP 130-2017, igualmente sea una pena de multa.- La aplicación retroactiva se realizara excepcionalmente cuando: a.- No se hubiese hecho abono alguno de la pena de multa impuesta de conformidad al VCP 144-83; y b.- la concreta cuantía impuesta conforme al VCP 144-83 no fuese posible imponer de acuerdo con el NCP 130-2017 desde una perspectiva abstracta (Art. 619). 4. Penas privativas de Derechos: Las penas principales de inhabilitación absoluta y especial se compararán atendiendo a la duración de la pena concreta impuesta en la sentencia y la máxima que pueda imponerse de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 620). 5. Medidas de Seguridad: Respecto a las medidas de ejecución impuestas de acuerdo con el VCP 144-83 que estén pendientes de ejecución o que estén siendo ejecutadas, deberán de ser objeto de revisión y adecuación de conformidad con las normas que regulan las mismas en el NCP 130-2017; (Art. 625). Reglas de Particulares de Ponderación por Concurso de Delitos y Por ausencia de Éste A nivel de punibilidad se regulan los concursos de delitos; ante la colisión temporal de normas sustantivas el juzgador llamado a resolver la acción penal interpuesta en base al rigor del VCP 144-83, deberá de establecer si existe o no concurso de delitos, identificar cual es el que concurre y luego hacer el cálculo de pena abstracta de conformidad a dicho concurso; seguidamente el juzgador deberá de hacer la ponderación de la pena más beneficiosa determinando si conforme a lo probado igualmente se aprecia un concurso según las normas del NCP130-2017, y de ser así deberá de proceder a calcular la pena abstracta, siendo el tercer y último paso la comparación de penas que deban de ser impuestas según cada código penal, reflejándose así cuál de ellos es el que debe de ser aplicado por ser más beneficioso para el procesado o reo. Lo descrito es un proceso general que tiene sus matices a depender cada uno de los concursos, lo que obliga hacer un estudio individualizado: A. Concurso Ideal Cuando conforme a los hechos imputados se deba de aplicar un Concurso Ideal (Art. 67 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al concurso ideal según las reglas del VCP144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del concurso ideal del NCP130-2017.- Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el concurso ideal; 2. Cuando una de las penas concursadas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del VCP144-83 y luego hacer la comparación global con el NCP130-2017; comparación que debe de hacerse según se explicó en el numeral anterior; o 3. Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, que se explican más adelante. Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real: i.- Limite Subjetivo, ii.- Limite Objetivo Ordinario y iii.- Limite Objetivo Extraordinario, explicado igualmente líneas adelante. b. Delito Continuado En el caso de que la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un delito continuado la ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (Art. 617 NCP). Al apreciarse un concurso continuado (Art. 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las mismas reglas señaladas previamente para el delito continuado. En los supuestos en donde conforme el VCP 144-83, corresponda aplicar un concurso real pero conforme el NCP 130-2017 se deba de aplicar un delito continuado, el juzgador deberá de proceder de la siguiente manera: 1. En primera instancia: i. Primero se procederá a realizar el cálculo abstracto de las penas conforme el VCP144-83, las que serán tomadas globalmente, para luego comparar el mismo con el marco abstracto de la pena que corresponda en aplicación del delito continuado según el NCP130-2017, develándose así que código es el más beneficioso en su conjunto. Recuérdese que la comparativa es global (suma de todas las penas abstractas) y no individual por cada pena; ii. En caso de que lo anterior no defina cual es la pena más favorable, el juzgador deberá de proceder a la individualización de la pena concreta de conformidad con el VCP-144-83 y paralelamente a la individualización de la pena concreta de conformidad con el BCP130-2017, de cuya comparación se decidirá que codificación es la más beneficiosa; o 2. En segunda instancia y única instancia: la comparativa parte de la confrontación de las penas que en concurso real hayan sido impuestas en la sentencia impugnada en aplicación del VCP144-83, con el marco abstracto de la única pena que de conformidad al NCP-130-2017 deba de imponerse como consecuencia de la aplicación del delito continuado; así entonces: i. Si las penas individualizadas en concurso real tomadas globalmente (la sumatoria de todas las penas), se encuentra dentro del marco abstracto de la pena del delito continuado, no se aplicará retroactivamente el NCP130-2017; ii. Si las penas individualizadas en concurso real están fuera de la escala de la pena abstracta que deba de imponerse en delito continuado según el NCP130-2017, se aplicara la pena que le sea más favorable al procesado. c. Concurso Real Los supuestos en donde la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un Concurso Real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. La ponderación deberá de realizarse conforme al límite único de cumplimiento de pena que establece el artículo 35 del VCP 144-83 versus los limites objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo que prevé el artículo 66 NCP 130-2017, debiendo excluir las penas de delitos que hayan sido despenalizados en la nueva normativa.- Es importante tener presente que ningún límite es preferente a otro y por tanto se aplicará el límite que marque menor pena; así entonces: a. Cuando entre en acción el Límite Objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al VCP144-83 y los límites del concurso real que regula el NCP130-2017, siguiendo los siguientes pasos: i. Si ambas legislaciones determinan un mismo límite de cumplimiento, se aplicará el principio de identidad, es decir el VCP 144-83; y ii. Si las legislaciones definen límites de cumplimiento distinto, se aplicará aquel que le sea más beneficioso al acusado o reo (ello sin perjuicio de lo que se señala en el siguiente literal); y/o b. Para hacer efectivo el Limite Subjetivo, que regula el NCP 130-2017 se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, develando así el límite máximo que puede cumplir el condenado: i.- Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuara a dicho límite de conformidad con lo señalado en el literal anterior; ii.- Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años; implica que el resultado matemático será el límite máximo de cumplimiento, el que deberá de ser objeto de comparación con el limite objetivo de cumplimiento del VCP144-83. 2. Cuando las penas consideradas globalmente no superasen ninguno de los límites a los que se refiere el numeral anterior, el juzgador procederá a realizar la comparación de las penas que corresponda en una y otra legislación: a. En primera instancia la comparación se realizará entre las penas abstractas definidas en cada cuerpo sustantivo; el tribunal sumará todas las penas abstractas que correspondan imponer en concurso real de conformidad con el VCP 144-83 y todas las penas abstractas que prevea el NCP130-2017, las cuales comparará. Si de la comparación no es posible determinar cuál es más beneficiosa para el procesado, el tribunal deberá de proceder a realizar la individualización de las penas de cada delito primero conforme el VCP144-83 y después conforme el NCP130-2017, luego la suma global de dichas penas por cada código será comparada entre sí, determinando cual es el cuerpo normativo más beneficioso (siempre teniendo presente además el resto de las regulaciones normativas). Finalmente, si aun con las penas individualizadas no existe claridad cuál en su conjunto es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara para que éste señale cual le favorece más. b. En segunda y única instancia la comparación se realizará entre la suma de todas las penas concretas impuestas en concurso real en la sentencia impugnada bajo el VCP 144-83 y la suma de todas las penas abstractas que define el NCP 130-2017. De dicho resultado el tribunal resolverá: i. Si las penas concretas en concurso real VCP 144-83 están dentro de la suma del margen abstracto de las penas del NCP 130-2017, no procederá la aplicación retroactiva de este último; ii. Si la suma de las penas concretas VCP 144-83 no se encuentra dentro del marco abstracto de la suma de penas en concurso real del NCP 130-2017, se aplicará el cuerpo normativo que fije comparativamente las penas más leves, sin dejar de tener en consideración el resto de las disposiciones de cada codificación para efectos comparativos; iii. Si el concurso real está compuesto por Penas Conjuntas, en donde algunas de ellas sean más beneficiosas y otras más gravosas respecto a la comparación hecha con el otro cuerpo legal; el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la pena de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Ejemplo de esto último sería un concurso real con pena global de reclusión por 25 años y multa por L. 700,000.00 conforme el VCP 144-83 y por otro lado una pena de prisión de 17 a 20 años y multa de L. 1,000,000.00 a L. 5,000,000.00 conforme el NCP 130-2017, caso en donde la pena privativa de libertad deberá de definir el código penal a aplicar, siempre que además los beneficios penitenciarios que regule ese mismo código fuesen igualmente más favorables. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. d. Concurso Medial El concurso medial constituyó una institución penal por muchos años, reglada por el artículo 36 del VCP 143-83, misma que desaparece en el NCP 130-2017. Por tanto, cuando conforme los hechos imputados en base al VCP144-83 deba de aplicarse un Concurso Medial (Art. 66 en relación con el párrafo séptimo del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. Se realizará la comparación global de la pena que corresponda en concurso medial según el VCP144-83 con las penas que correspondería aplicar en concurso real conforme al NCP130-2017, en consideración a los limites subjetivo, objetivo ordinario y objetivo extraordinario, del que hemos hablado en el apartado anterior; 2. Es improcedente hacer comparación individual de las penas que conforman el concurso medial del VCP144-83 y las penas en concurso real del NCP130-2017; 3. Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, haciendo desaparecer el concurso Medial, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, lo que se aborda en el apartado siguiente. e. Penas Conjuntas No Concursadas Finalmente, cuando corresponda imponer a una persona una Pena No Concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (en su caso) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: 1. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. No procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. No procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. Procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; 2. Si el hecho definido como delito tiene previstas Penas Conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Ejemplo de esto último sería pena de reclusión por 9 años y multa del 10% de lo defraudado equivalente a L. 50,000.00 conforme el VCP 144-83 en comparación con una pena de prisión de 2 a 3 años y multa 400 días multa equivalente de hasta L. 2,000.000.00 por defraudación a las telecomunicaciones, caso en donde la pena privativa de libertad deberá de definir el código penal a aplicar, siempre que además los beneficios penitenciarios que regule ese mismo código fuesen igualmente más favorables; o 3. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal.- En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara a éste para que señale la que más le favorece. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no se presentó por parte de la defensa privada escrito complementario en el que estableciera su parecer sobre la aplicación retroactiva de la nueva normativa penal; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Selvin Yobany Henríquez Jordan la pena de Trece (13) años Cuatro (4) meses de reclusión por el delito de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de Javier Ramon Maldonado, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil y la responsabilidad civil (Art.117 y 15 del Código Penal 144-83). Conforme las disposiciones del Código Penal contenido en el decreto 130-2017, a la persona responsable del delito de Asesinato (Art.193) tiene una pena de 20 a 25 años de prisión, y para su versión de tentativa acabada (Art.21 y 62), se debe rebajar 1/4, por lo que nos da un margen abstracto de 15 años a 20 años de prisión. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el caso particular las normas del Nuevo Código Penal 130-2017, son más gravosas que las previstas en el Código Penal 144-83. Por tanto, no procede la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal, por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Abogado Noel Antonio Mendoza, defensor privado del señor Selvin Yobany Henríquez Jordan. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conducta reprochada al ahora condenado Selvin Yobany Henríquez Jordan. Tercero: Declara Firme y EJECUTABLE la sentencia de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara. Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Siendo Ponente el Magistrado Nelson Danilo Mairena Franco. Notifíquese. - Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. Mario Rolando Díaz Flores. Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora sala penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a cuatro días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada el siete de mayo de dos mil veinticuatro, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-204-2021.

RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS

RECEPTORA SALA PENAL.”