Sentencia CP-203-21 — Registro 17418
Resumen
Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa del imputado, contra la sentencia que lo condena por el delito de homicidio simple.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." El recurso es de recibo. Previamente debemos recordar que el derecho al estado de inocencia se configura como una regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válida, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de la misma se infiera razonablemente los hechos y la participación del acusado en ellos. De modo que, se vulnerará el estado material de inocencia, cuando no haya prueba de cargo válida, es decir, cuando el juzgador haya valorado una actividad probatoria lesiva de derechos fundamentales o lesiva de garantías, o cuando el resultado de dicha valoración no sea debidamente motivado, o cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el discurso que conduce de la prueba al hecho probado de la sentencia. También ha sido criterio consolidado de esta Sala de lo Penal (Sentencia de la Sala de lo Penal de fecha ocho de noviembre de dos mil doce, recaída en el expediente SP 142-2011), que a través de un recurso como el planteado, no le corresponde a este órgano judicial alcanzar su personal convicción a partir de unas pruebas que no presenció y realizar una valoración probatoria alternativa o sustitutiva de la que ha efectuado el juzgador de instancia, pues esta facultad le es exclusiva según nuestra norma procesal (Artículos 336 y 338 regla 4ta párrafo segundo del Código Procesal Penal). En todo caso, la función de este Tribunal de Casación consiste en hacer un control externo de la racionalidad de las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de Sentencia, verificar que las mismas no sean arbitrarias, ilógicas e irrazonables, y que, en todo caso, el a quo ha actuado con una convicción razonable y respetuosa de las reglas de la sana crítica; así como a constatar la suficiencia probatoria para acreditar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal imputado. Conforme lo ha señalado esta Sala de Casación en fallos anteriores, el motivo de casación cuyo fundamento sea la vulneración al Estado de Inocencia, nuestra misión radica en determinar si el Juzgador al llegar a la convicción de culpabilidad lo hizo utilizando un proceso adecuado y contó con la prueba suficiente y válida para ello, debiendo verificar cinco puntos específicos, en primer lugar que la prueba se haya obtenido y reproducido mediante los procedimiento legales; como segundo requisito que esas pruebas se hayan desarrollado bajo los principios del juicio oral; tercer requerimiento es que se debe verificar que esas pruebas fueron debidamente razonadas por el Sentenciador; cuarto precepto es que se debe establecer si esos razonamientos probatorios del A-quo se conformaron en base a la reglas del correcto pensamiento humano y como último criterio debe verificar esta Sala de Casación si se contaron con los suficientes medios probatorios mediante los cuales se acrediten los elementos objetivos y subjetivos del delito acusado y por consiguiente la participación que haya tenido el acusado en esos hechos. En el caso presente, se contó como medios de prueba de cargo en el presente caso, los siguientes: 1) Testimonio el Testigo protegido ALFA 5 (mediante lectura); 2) Acta de Levantamiento de Cadáver (prueba documental); 3) Acta de defunción N° 1607201700040 del occiso Benito Barrera. Por parte de la defensa el señor Marlon Miguel Pineda García, se presentó como medio de prueba: PRUEBA TESTIFICAL: declaración del señor Franklin Perdomo Sagastume. Con el testimonio del testigo protegido ALFA 5, el cual se introdujo mediante lectura autorizada, declaración realizada en audiencia inicial, en el que relató: “Que el día sábado doce de agosto del año dos mil diecisiete, aproximadamente a las siete y media de la noche, cuando yo me encontraba conversando con el señor Benito Barrera en mi casa de habitación en unos bancos de madera de pronto llegó el señor Marlon alías “El Zarco”, cuando saco su revolver y empezó a dispararle al señor Benito Barrera, en eso yo empuje la puerta y cerré la puerta de mi casa, después que sucedió el hecho salí de mi casa por otra puerta a buscar auxilio, y ya iba llegando la familia de Benito, los hijos y yo les dije que avisaran a la policía y llego la policía al buen rato y empezaron a periciales y lo recogieron y se lo llevaron”. Con la prueba documental consistente con el Acta de Levantamiento de Cadáver, ratificado en juicio por la Doctora Matilde María Córdova Martínez, estableciendo como “causa de muerte: Traumas cráneo encefálico abierto y heridas penetrantes en tórax. Lesiones encontradas: 1) Orificio bordes irregulares en región frontal de la cabeza, 2) Orifico bordes irregulares en región temporal izquierda, 3) Orificio de bordes regulares en región escapular izquierda, 4) Orificio de bordes regulares en línea para vertebral izquierda de columna torácica, 5) Orificio de bordes irregulares en escapular izquierda, 6) Diete orificios unos bordes regulares y otro irregulares entre cara externa medial de brazo derecho, 7) Dos orificios uno bordes regulares y otro irregular en codo derecho, 8) Dos orificios en dorso de mano derecha, 9) Dos orificios en tórax anterior derecho entre línea para esternal y línea media clavicular tercer a quinto espacio intercostal, 10) Orificio de bordes irregulares en línea axilar posterior derecha quinto espacio intercostal, 11) Orificio en línea axilar anterior derecha sétima espacio intercostal, 12) orificio bordes regulares en franco derecho del abdomen, 13) orificio bordes irregulares en región meso gástrica, 14) Orificio de bordes irregulares en tercio proximal cara anterior medial de muslo derecho, 15) Orificio de bordes irregulares en línea axilar anterior izquierda, noveno espacio intercostal, 16) Orificio bordes irregulares en línea axilar anterior izquierda segundo espacio intercostal, no se observó tatuaje ni ahumamiento; manera de muerte: homicida desde el punto de vista médico legal”. Con el Acta de defunción número 1607201700040, extendida por el registro nacional de las Personas y que corresponde al occiso Benito Barrera, hondureño de 60 años de edad, con identidad número 1607-1981-00082, originario de la aldea El Volcán del municipio de Concepción Norte, departamento de Santa Bárbara, certifica que falleció el 12 de agosto del 2017, a las 7:40 de la noche, y fue enterrado en fecha 13 de agosto del 2017 en el cementerio local de dicha aldea. En virtud de lo denunciado por el recurrente, esta Sala de lo Penal ha procedido a realizar un análisis exhaustivo de la prueba evacuada en el juicio y encuentra que en efecto existe una transgresión al Principio de Estado Inocencia del señor Marlon Miguel Pineda García. Para acreditar los hechos de la acusación, el Ministerio Público se hizo valer de la declaración del testigo protegido “ALFA 5” quien no se presentó al juicio y cuya declaración se incorporó por lectura. Dicha declaración no solo es la única prueba que incrimina directamente al acusado, sino que además no se tomó conforme a las reglas de prueba anticipada, la cual para esta Sala de Casación tendría total validez, pero en el caso de las declaraciones rendidas en audiencia inicial mismas que son incorporadas por lectura, tienen el valor precisamente de una prueba documental que requiere de otras pruebas periféricas que confirmen su declaración. En el presente caso, si bien se cuenta con el acta de levantamiento de cadáver, y la Certificación del Acta de defunción del señor Marlon Miguel Pineda García; estos medios probatorios no confirman la versión del testigo en el sentido de que fue el acusado Marlon Miguel Pineda García quien le quitó la vida al señor Benito Barrera; pues el acta de levantamiento solo establece el reconocimiento de una persona que murió por causa de 16 heridas producidas por arma de fuego, el acta de defunción extendida por el Registro Nacional de las Personas y que corresponde al occiso Marlon Miguel Pineda García; por lo que toda esta prueba no tiene el peso probatorio necesario para respaldar la declaración rendida por lectura del único testigo protegido “ALFA 5”. Para esta Sala de lo Penal se ha violentado el estado de inocencia del acusado, pues la prueba se vuelve insuficiente para someterlo; en el presente caso se cuenta únicamente con una declaración de un testigo que al ser protegido ve limitado el accionar de la defensa, pues se desconoce su identidad, además de no contar con pruebas corroborativas que confirmen su versión. Razones suficientes para declarar ha lugar el presente recurso de casación, ordenando la inmediata libertad del señor Marlon Miguel Pineda García..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP 203-2021 que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO PENAL SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha nueve del mes de abril del año dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Nelson Danilo Mairena Franco, en su calidad de Coordinador, Mario Rolando Diaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-203-2021 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veintisiete de enero de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, mediante la cual falló: Primero: Condenó a Marlon Miguel Pineda García, como autor del delito de Homicidio Simple, en perjuicio de Benito Barrera, a una pena de dieciséis años de reclusión. Segundo:Condenó a Marlon Miguel Pineda García a la pena accesoria de inhabilitación absoluta e interdicción civil y trabajos en obras públicas o en labores dentro del centro penal. Tercero:Declaró la responsabilidad civil de Marlon Miguel Pineda García. Cuarto: No procedió, la condena en costas procesales personales ni gastos ocasionados por el juicio. Quinto: No procedió el comiso. SON PARTES: Las abogadas Alba Regina Paniagua Pacheco y Giovinezza Dubios Zavala, en su condición de Defensoras Públicas de Marlon Miguel Pineda García, como parte recurrente y el abogado Salvador Cuestas Arévalo, como Fiscal del Ministerio Público como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “UNICO: El día doce (12) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), a las siete y treinta de la noche, en la aldea El Volcán del municipio de Concepción Norte, departamento de Santa Barbara, cuando el señor Benito Barrera se encontraba conversando en el corredor de una casa de habitación llego Marlon Miguel Pineda García, quien con arma de fuego le hizo varios disparos, impactándole en varias partes del cuerpo de Benito Barrera que le provocaron múltiples heridas que le ocasionaron la muerte de forma inmediata en el lugar de los hechos.-” RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Ramon Ernesto Hernández Villafranca, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, de la manera siguiente: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONALMOTIVO UNICO: Infracción de los preceptos constitucionales contenido en el artículo 89 y 90 (Presunción de Inocencia y Debido Proceso) de la Constitución en relación con el 1 de la misma carta magna, 8 No.2 de la convención Americana de Derechos Humanos, 2 del Código procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO PRIMERO: Las normas sustantivas infringidas son los artículos de la constitución de la República que establecen Articulo 89: "Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente" Articulo 90: Nadie Puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece..." Articulo 8 No.2 de las Garantías Judiciales. - Convención Americana Sobre Derechos Humanos: "... Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad..." Articulo 2.- Código Procesal Penal: "Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código Los precitados artículos considero que han sido vulnerados al decidir al momento de dictar su fallo el Tribunal de Sentencia que se había quebrantado el estado de inocencia del encartado, pero se considera que con esta decisión ha iinfringido gravemente las garantías fundamentales de presunción de Inocencia y del debido proceso que le asisten al referido imputado por mandato Constitucional, porque dicho fallo condenatorio no cuenta con un adecuado respaldo probatorio que lo sustente. SEGUNDO: En la audiencia de juicio oral se evacuó, como prueba decisiva de cargo, la declaración del TESTIGO PROTEGIDO ALFA 5; con la que el Juzgador declaró terminantemente acreditado que el señor MARLON MIGUEL PINEDA GARCIA Participó activamente en el ataque mortal y con un arma de fuego donde perdió la vida el señor BENITO BARRERA. El vicio que denuncio se produce, porque la prueba en la que se apoyan los hechos antes referidos no es suficientemente idónea para acreditarlos ya que la misma está constituida, decisivamente, por la declaración de un solo TESTIGO PROTEGIDO, del que el Tribunal de Sentencia se sirve para dar por acreditada la forma de cómo sucedieron los hechos y además para vincular al encausado MARLON MIGUEL PINEDA GARCIA como participe en los mismos, testimonio del cual realiza su valoración de la siguiente manera: "...Este tribunal al analizar el testimonio antes descrito lo considera útil y confiable, ya que el testigo es contundente al describir los hechos acaecidos el día doce de agosto del año dos mil diecisiete, a las siete y treinta de la noche, en la aldea El Volcán del municipio de Concepción del Norte, departamento de Santa Bárbara, cuando el señor Benito Barrera se encontraba conversando en el corredor de una casa de habitación llego Marlon Miguel Pineda García, quien con arma de fuego le hizo varios disparos, impactándole en varias partes del cuerpo de Benito Barrera que le provocó múltiples heridas que le ocasionaron la muerte de forma inmediata en el lugar de los hechos..." La anterior decisión del Juzgador no tiene adecuado sustento, porque dicho testigo no fue sometido a un auténtico contra examen, en el que se respetaran los principios de publicidad y contradicción, pues el testigo, no se pudo traer a juicio y se realizó únicamente la lectura autorizada de la declaración tomada en audiencia inicial, desconociéndose las razones por las que se ocultó hasta del ministerio público para ser citado tratándose de un testigo protegido (oculto y con identidad reservada) del cual solo el ente fiscal tiene sus datos personales; es por ello que no se pudo ejercer un verdadero examen respecto a posibles causas que lo motivaron a declarar en contra del imputado, esto imposibilitó examinar al testigo de cargo en iguales condiciones que las que detenta el ente acusador, considerando que el desconocimiento de la identidad de ese testigo por parte del imputado y su defensa, en un claro desequilibrio procesal, violatorio de sus derechos de defensa y del debido proceso. Por otro lado, no se tiene en relación a este testimonio otro medio de prueba que se concatene de manera tal que no se dude de su veracidad; sumado a lo anterior "no hubo prueba en el expediente" con justificación alguna para el uso de testigo Protegido o de identidad reservada que fuera debidamente justificada con la existencia de un peligro real que fuera probado en el curso del proceso. Tomando en cuenta que el literal f) del artículo 8.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos consagra la "garantía mínima" del derecho de defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia como testigos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos, la cual materializa los principios de contradictorio e igualdad procesal.- Ya la corte Interamericana Sobre Derechos Humanos ha señalado que entre las garantías reconocidas a quienes hayan sido acusados está la de examinar los testigos en su contra y a su favor, bajo las mismas condiciones, con el objeto de ejercer su defensa; la reserva de identidad del testigo limita el ejercicio de este derecho puesto que impide a la defensa realizar preguntas relacionadas con la posible enemistad, prejuicio o confiabilidad de la persona misma del declarante, así como otras que permitan argumentar que la declaración es falsa o equivocada. TERCERO: Continúo manifestando en relación a la declaración del testigo protegido ALFA 5, si bien es cierto este declaró que los hechos fueron realizados en su casa de habitación, que conocía al señor Benito Barrera y a mi presentado, no menos cierto es que hay extremos que no se corroboraron de este testimonio, estos son: 1) Estableció que Marlon "el sarco" llego y nadie confirmo que fuera la misma persona a la que se refería. 2) saco un revólver con el cual disparo al señor Benito Barrera, esta arma u otra no fue decomisada a mi representado 3) Que escuchó de 15 a 16 disparos, por el conocimiento básico de armas se conoce que un revólver tiene un recamara la cual contiene de 5 a 6 balas, lo que no concuerda con lo declarado 3) Los hechos ocurrieron en la aldea El Volcán municipio de Concepción del Norte, diferente lugar al que se encontraba el imputado viviendo y trabajando. Por estas consideraciones es que manifiesto que dicha declaración ha quedado huérfana al no concatenarse a otro medio de prueba que se evacuo en el proceso. Aunado a esto, los dichos de este testigo no concuerdan con el testimonio rendido por la doctora Matilde María Córdova encargada del levantamiento del cadáver del señor Benito Barrera, ya que este expresó que ese día de los hechos el cuerpo de occiso presentaba aproximadamente 25 heridas, las cuales no pudo determinar cuáles eran de entrada y cuáles de salida, aunado a esto la doctora estableció que se realizó el levantamiento de cadáver de una segunda persona a 50 metros del señor Barrera y que eran de la misma escena los dos cuerpos, por lo que queda inconclusa la investigación-en-relación a este medio de prueba. Cabe hacer mención que no se evacuó en juicio un dictamen de autopsia que estableciera la manera de muerte, así como cuantas heridas de bala tenía, ya que la doctora que realizó el levantamiento no pudo determinar este extremo, por no ser su campo de experticia, siendo de suma importancia dicha autopsia, para que se enlace con lo narrado con el testigo protegido Alfa 5, CUARTO: En relación a como valoraron los medios de prueba en el juicio oral, y al tomar como veraz la declaración del testigo protegido Alfa 5, misma que no cuenta con corroboradores periféricos objetivos que la respalden y por tanto insuficiente para justificar la condena, tenemos lo que ha expresado sobre este particular la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha dicho que específicamente en el fallo en el expediente 036-2014, del veinticinco de septiembre del 2017: "Preocupa a la Sala de lo Penal la ausencia cada vez más marcada de prueba científica, objetiva y fiable en los procesos penales, la cual ha sido sustituida casi en su totalidad con prueba testifical, misma que no ofrece las mismas garantías que aquellas... La ausencia de prueba científica y el ánimo de dar una respuesta tanto a los justiciables como a las víctimas, han llevado a los Tribunales de Justicia a relativizar las exigencias probatorias, al grado de aventurarse a pronunciar fallos condenatorios basándose únicamente en prueba testifical sin corroboración alguna...Insiste esta Sala de lo Penal que una sentencia condenatoria basada en un único medio de prueba, cualquiera que sea éste, debe implicar que ese medio de prueba debió haber pasado por un riguroso proceso de valoración, sorteando solventemente cualquier cuestionamiento concebible por muy insignificante que sea, demostrando su solidez probatoria al grado de no hacer factible ninguna otra realidad alterna más que la demostrada por el medio de prueba.-Tal rigurosidad debe ser aún mayor cuando se trate de un medio de prueba testifical, como consecuencia de la naturaleza de este particular medio de prueba, abatible por subjetividades derivadas de impresiones, sentimientos, prejuicios o capacidad de percepción de hechos; por ello, la suficiencia probatoria ha de ser evaluada desde una perspectiva cualitativa, cuando permita la construcción de un silogismo categórico y necesario, por mostrar una verdad única donde el acusado se vea necesariamente como la persona responsable del delito, sin duda razonable admisible", el motivo de preocupación de la Sala Penal se agrava, de manera superlativa, tratándose de un testigo protegido, como sucede en el presente caso. QUNTO: Asimismo, a pesar de que la carga de la prueba es del Ministerio Público como ente acusador, la Defensa presentó a favor del acusado prueba que fue contrastada con lo manifestado por el testigo de cargo; esto referente a la declaración testifical del señor FRANKLIN PERDONO SAGASTUME, quien expresó: "que el señor Marlon trabajaba en una finca del padrastro, en la aldea El Dorado, que las fechas que estuvo trabajando fue entre agosto a septiembre, que conocía por más de 10 años al imputado teniendo dos años en el lugar", pero su declaración no fue valorado a favor al establecerse: "Este tribunal de sentencia después de valorar el testimonio que antecede es irrelevante para tomar de ese testimonio argumentos válidos y confiable para considerarlo creíble, siendo insuficiente para desvirtuar la carga probatoria traída a juicio por el ministerio Publico" análisis que no se comparte, ya que fue contundente en establecer que el imputado estaba en otra aldea en la fecha que le dieron muerte al señor Barrera. De los medios evacuados en el juicio oral es claro que con los mismos se acreditó la muerte real de BENITO BARRERA, sin una autopsia médico legal que acreditara con claridad las heridas ocasionadas; pero no se pudo establecer la participación de mi representado, ya que el único testimonio no es contundente. Debido a lo anterior es que manifiesto que el Tribunal Sentenciador, ha vulnerado la garantía del Estado de Inocencia al encartado, así como la del debido proceso. SEXTO: Relaciona Juan Montero Aroca en su texto Principio del derecho procesal Pagina 141 Desde la perspectiva del derecho de defensa, que es lo que aquí interesa, el derecho a ser oído no solo supone la posibilidad de argumentar, sino que ha de comprender los dos elementos básicos de todo proceso, alegar y probar se trata de que tanto el acusador como el acusado han de poder aportar al proceso todos los hechos que estimen adecuados al objeto del mismo (alegaciones) y han de poder utilizar todos los medios de prueba legales, pertinentes, y útiles para probar los hechos por ellos afirmados (prueba). En la presente causa no fueron suficientes los elementos de prueba aportados para que se vulneraran las garantías constitucionales invocadas, ya que el testimonio del testigo protegido ALFA 5 no se concatenó a otro medio de prueba confiable para poder acreditar la participación del encartado en el ilícito imputado; violentándose el artículo 2 del Código Procesal Penal relacionado con el artículo 339 del mismo cuerpo legal, en el cual se indica que las sospechas, dudas o indicios aislados no pueden revertirse en contra de mi representado, violentando el silogismo jurídico de "in dubio pro reo". En consecuencia, la defensa del señor MARLON MIGUEL PINEDA GARCIA, considera que se ha vulnerado la presunción de inocencia, así como el Debido proceso, como principios constitucionales, solicitando a la Sala Penal absolver al encartado, al no poder apreciarse, más allá de toda duda razonable que sea culpable de ilícito imputado. RECLAMACION HECHA PARA LA SUBSANACION DEL YERRO Siendo que el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, departamento de Santa Barbara, tomo en cuenta una prueba dudosa e inconsistente propuesta por el ente acusador admitida en tiempo y forma, basando por una parte su fallo el Juzgador bajo el argumento que lo consideraba como prueba valida, para así condenar a mi representado por el delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio de BENITO BARRERA resolución con la cual no está de acuerdo la defensa del indiciado por violentarse no solo garantías constitucionales; sino que también convenios internacionales, lo cual únicamente puede ser subsanado a través del presente recurso.” Fundamentación Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional. En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “La jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: 1. Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 2. Aplicación Restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 3. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el recurrente debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la Defensa Pública. Único Motivo. Norma autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículos 89 y 90 de la Constitución de la República. Concepto de la infracción: Violación al estado de inocencia y al debido proceso. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Que se dicte una sentencia absolutoria. Establece el recurrente que se violentaron las garantías de presunción e inocencia y debido proceso, ya que el vicio se produce porque la prueba en la que se apoyan los hechos antes referidos no es suficientemente idónea para acreditarlos, ya que la misma esta constituida decisivamente por la declaración de un solo testigo protegido, cuyo testimonio se realizó por lectura autorizada de la declaración tomada en audiencia inicial, no fue traído a juicio oral y público no pudiendo ejercer un verdadero examen respecto a posibles causas que lo motivaron a declarar en contra del imputado; Por otro lado no se tiene en relación a este testimonio otro medio de prueba que se concatene de manera tal que no se dude de su veracidad. Del Estado de Inocencia. El derecho al Estado de Inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89, establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, este derecho-principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, condicionando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías. De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al Estado de Inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado. El Estado de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. El Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con el Debido Proceso Probatorio: El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad. Para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin duda establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. Mediante el fallo de fecha catorce de mayo del 2007, en el Expediente 312-2006, esta Sala de lo Penal ha declarado que el Estado de Inocencia es “… es un estado inherente a la persona humana …”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP) y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general, corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.” (Fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de mayo del 2011, en el Exp 304-2010). En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que, aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá examinar: a) Licitud de la Prueba: si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos, b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación del acusado en el hecho y su grado de culpabilidad en ellos. (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp 042-2009 de la Sala de lo Penal). Del Debido Proceso Legal La Garantía del Debido Proceso se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el Debido Proceso Legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. - Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El Principio del Debido Proceso Legal, más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez, además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, es así que los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i. A una justicia gratuita; ii. Respeto al principio de presunción de inocencia; iii. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; iv. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; v.- A un juez predeterminado por la ley; vi. A la imparcialidad del juez; vii. A la independencia del juez; viii. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; ix. A la igualdad de armas procesales; x. A un proceso público sin dilaciones indebidas; xi. Derecho a ser oído en un plazo razonable; xii. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; xiii. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xiv. El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; en fin, el derecho a un Debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”El Debido Proceso Legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la Procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su Único Motivo. El recurso es de recibo. Previamente debemos recordar que el derecho al estado de inocencia se configura como una regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válida, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de la misma se infiera razonablemente los hechos y la participación del acusado en ellos. De modo que, se vulnerará el estado material de inocencia, cuando no haya prueba de cargo válida, es decir, cuando el juzgador haya valorado una actividad probatoria lesiva de derechos fundamentales o lesiva de garantías, o cuando el resultado de dicha valoración no sea debidamente motivado, o cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el discurso que conduce de la prueba al hecho probado de la sentencia. También ha sido criterio consolidado de esta Sala de lo Penal (Sentencia de la Sala de lo Penal de fecha ocho de noviembre de dos mil doce, recaída en el expediente SP 142-2011), que a través de un recurso como el planteado, no le corresponde a este órgano judicial alcanzar su personal convicción a partir de unas pruebas que no presenció y realizar una valoración probatoria alternativa o sustitutiva de la que ha efectuado el juzgador de instancia, pues esta facultad le es exclusiva según nuestra norma procesal (Artículos 336 y 338 regla 4ta párrafo segundo del Código Procesal Penal). En todo caso, la función de este Tribunal de Casación consiste en hacer un control externo de la racionalidad de las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de Sentencia, verificar que las mismas no sean arbitrarias, ilógicas e irrazonables, y que, en todo caso, el a quo ha actuado con una convicción razonable y respetuosa de las reglas de la sana crítica; así como a constatar la suficiencia probatoria para acreditar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal imputado. Conforme lo ha señalado esta Sala de Casación en fallos anteriores, el motivo de casación cuyo fundamento sea la vulneración al Estado de Inocencia, nuestra misión radica en determinar si el Juzgador al llegar a la convicción de culpabilidad lo hizo utilizando un proceso adecuado y contó con la prueba suficiente y válida para ello, debiendo verificar cinco puntos específicos, en primer lugar que la prueba se haya obtenido y reproducido mediante los procedimiento legales; como segundo requisito que esas pruebas se hayan desarrollado bajo los principios del juicio oral; tercer requerimiento es que se debe verificar que esas pruebas fueron debidamente razonadas por el Sentenciador; cuarto precepto es que se debe establecer si esos razonamientos probatorios del A-quo se conformaron en base a la reglas del correcto pensamiento humano y como último criterio debe verificar esta Sala de Casación si se contaron con los suficientes medios probatorios mediante los cuales se acrediten los elementos objetivos y subjetivos del delito acusado y por consiguiente la participación que haya tenido el acusado en esos hechos. En el caso presente, se contó como medios de prueba de cargo en el presente caso, los siguientes: 1) Testimonio el Testigo protegido ALFA 5 (mediante lectura); 2) Acta de Levantamiento de Cadáver (prueba documental); 3) Acta de defunción N° 1607201700040 del occiso Benito Barrera. Por parte de la defensa el señor Marlon Miguel Pineda García, se presentó como medio de prueba: PRUEBA TESTIFICAL: declaración del señor Franklin Perdomo Sagastume. Con el testimonio del testigo protegido ALFA 5, el cual se introdujo mediante lectura autorizada, declaración realizada en audiencia inicial, en el que relató: “Que el día sábado doce de agosto del año dos mil diecisiete, aproximadamente a las siete y media de la noche, cuando yo me encontraba conversando con el señor Benito Barrera en mi casa de habitación en unos bancos de madera de pronto llegó el señor Marlon alías “El Zarco”, cuando saco su revolver y empezó a dispararle al señor Benito Barrera, en eso yo empuje la puerta y cerré la puerta de mi casa, después que sucedió el hecho salí de mi casa por otra puerta a buscar auxilio, y ya iba llegando la familia de Benito, los hijos y yo les dije que avisaran a la policía y llego la policía al buen rato y empezaron a periciales y lo recogieron y se lo llevaron”. Con la prueba documental consistente con el Acta de Levantamiento de Cadáver, ratificado en juicio por la Doctora Matilde María Córdova Martínez, estableciendo como “causa de muerte: Traumas cráneo encefálico abierto y heridas penetrantes en tórax. Lesiones encontradas: 1) Orificio bordes irregulares en región frontal de la cabeza, 2) Orifico bordes irregulares en región temporal izquierda, 3) Orificio de bordes regulares en región escapular izquierda, 4) Orificio de bordes regulares en línea para vertebral izquierda de columna torácica, 5) Orificio de bordes irregulares en escapular izquierda, 6) Diete orificios unos bordes regulares y otro irregulares entre cara externa medial de brazo derecho, 7) Dos orificios uno bordes regulares y otro irregular en codo derecho, 8) Dos orificios en dorso de mano derecha, 9) Dos orificios en tórax anterior derecho entre línea para esternal y línea media clavicular tercer a quinto espacio intercostal, 10) Orificio de bordes irregulares en línea axilar posterior derecha quinto espacio intercostal, 11) Orificio en línea axilar anterior derecha sétima espacio intercostal, 12) orificio bordes regulares en franco derecho del abdomen, 13) orificio bordes irregulares en región meso gástrica, 14) Orificio de bordes irregulares en tercio proximal cara anterior medial de muslo derecho, 15) Orificio de bordes irregulares en línea axilar anterior izquierda, noveno espacio intercostal, 16) Orificio bordes irregulares en línea axilar anterior izquierda segundo espacio intercostal, no se observó tatuaje ni ahumamiento; manera de muerte: homicida desde el punto de vista médico legal”. Con el Acta de defunción número 1607201700040, extendida por el registro nacional de las Personas y que corresponde al occiso Benito Barrera, hondureño de 60 años de edad, con identidad número 1607-1981-00082, originario de la aldea El Volcán del municipio de Concepción Norte, departamento de Santa Bárbara, certifica que falleció el 12 de agosto del 2017, a las 7:40 de la noche, y fue enterrado en fecha 13 de agosto del 2017 en el cementerio local de dicha aldea. En virtud de lo denunciado por el recurrente, esta Sala de lo Penal ha procedido a realizar un análisis exhaustivo de la prueba evacuada en el juicio y encuentra que en efecto existe una transgresión al Principio de Estado Inocencia del señor Marlon Miguel Pineda García. Para acreditar los hechos de la acusación, el Ministerio Público se hizo valer de la declaración del testigo protegido “ALFA 5” quien no se presentó al juicio y cuya declaración se incorporó por lectura. Dicha declaración no solo es la única prueba que incrimina directamente al acusado, sino que además no se tomó conforme a las reglas de prueba anticipada, la cual para esta Sala de Casación tendría total validez, pero en el caso de las declaraciones rendidas en audiencia inicial mismas que son incorporadas por lectura, tienen el valor precisamente de una prueba documental que requiere de otras pruebas periféricas que confirmen su declaración. En el presente caso, si bien se cuenta con el acta de levantamiento de cadáver, y la Certificación del Acta de defunción del señor Marlon Miguel Pineda García; estos medios probatorios no confirman la versión del testigo en el sentido de que fue el acusado Marlon Miguel Pineda García quien le quitó la vida al señor Benito Barrera; pues el acta de levantamiento solo establece el reconocimiento de una persona que murió por causa de 16 heridas producidas por arma de fuego, el acta de defunción extendida por el Registro Nacional de las Personas y que corresponde al occiso Marlon Miguel Pineda García; por lo que toda esta prueba no tiene el peso probatorio necesario para respaldar la declaración rendida por lectura del único testigo protegido “ALFA 5”. Para esta Sala de lo Penal se ha violentado el estado de inocencia del acusado, pues la prueba se vuelve insuficiente para someterlo; en el presente caso se cuenta únicamente con una declaración de un testigo que al ser protegido ve limitado el accionar de la defensa, pues se desconoce su identidad, además de no contar con pruebas corroborativas que confirmen su versión. Razones suficientes para declarar ha lugar el presente recurso de casación, ordenando la inmediata libertad del señor Marlon Miguel Pineda García. DECISIÓN: Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 89, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla:Único: a) Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por el Abogado Ramon Ernesto Hernández Villafranca en su condición de defensor público del señor Marlon Miguel Pineda García. b) Revoca la sentencia de fecha veintisiete de enero de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Barbara departamento de Santa Barbara. c) Casa la sentencia recurrida en el sentido siguiente: Absuelve de toda responsabilidad penal al señor Marlon Miguel Pineda García del delito de Homicidio Simple en perjuicio de Benito Barrera; en consecuencia, ordena su libertad inmediata y que se le otorgue su carta de libertad correspondiente. Y manda: que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Nelson Danilo Mairena Franco. Notifíquese. Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. Mario Rolando Díaz Flores. Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas.-. Receptora ADSCRITA SALA de lo Penal.”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de mayo de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada a los nueve días del mes de abril de dos mil veinticuatro, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP 203-2021.
RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS
RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL