Sentencia CP-20-21 — Registro 18634
Resumen
En primer instancia se condena a los imputados por los delitos de Facilitación de Local para el Trafico de Drogas, Posesión ilícita de Arma de Fuego Comercial y Posesión de Arma de Fuego de Uso Prohibido, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa. No procede la retroactividad de la ley penal por no representar ningún beneficio para los imputados
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); Ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa pública de los encartados. Único motivo. • Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículos 202 en relación con el 336 y 338 regla 4 numeral 2, todos del Código Procesal Penal. • Concepto de la infracción expuesto: No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana critica; • Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin reclamación previa, al producirse el vicio en la sentencia; • Pretensión: Anular la sentencia recurrida. El recurrente inicia su desarrollo recursivo, señalando que el Tribunal valora prueba de cargo no concluyente, que para la investigación de la verdad debieron haber practicado todas las diligencias pertinentes y útiles; además señala, que el sentenciador al hacer el juicio de valor sobre la prueba incurre en claras omisiones, siendo confusa e imprecisa, dando como resultado la violación a las reglas de la lógica en su postulado de la derivación. Que la sentencia recurrida no ha estado provista de un razonamiento intelectivo capaz de dejarle conforme, porque la conclusión no proviene de elementos suficientes como tampoco resultan aptos para producir razonablemente un conocimiento cierto de la participación en el suceso que se juzga. Refiere el recurrente, que del análisis de la sentencia de mérito, ha concluido que los hechos estimados y declarados probados, se derivan de prueba dudosa y no terrninante, ya que con el unico hecho probado por el Tribunal de Sentencia, no es claro al manifestar con presicion a quien pertenecia cada arma, marihuana o cocaina decomisada en el apartamento número uno o quien era la persona que rentaba el mismo, los agentes de policia que declararon en la audiencia de juicio oral y público se limitaron a manifestar que los datos fueron proporcionados por una fuente humana de manera anonima, constituyendose de esta forma testigos de referencia, no se estableció de que manera se encontraron estas personas dentro del apartamento numero uno, si residian en el mismo o cual era la permanencia de los mismos en ese lugar, no pudiendo el Ministerio Públco establecer la autoria de sus representados, considerando la parte recurente que la prueba testifical presentada es unicamente indiciaria, no pudiendo establecer la distribución de funciones para facilitar esa droga en el apartamento número uno y la tenencia de armas comerciales y prohibidas, sumado a esto la policia no realizó actos de investigación despues de la detención de los acusados, para con ello poder acreditar la participación e individualizar a cada uno de los acusados con los indicios recolectados en el apartamento número uno. Finaliza su desarrollo recursivo, que el criterio esbozado por el Tribunal sentenciador, se vulneran las formalidades que sujetan a la valoración de la prueba, concretamente en lo referente a la sana critica, pues, los testigos de cargo no fueron suficientes y los cuerpos investigativos no realizaron una investigación profunda, por lo que a la prueba testifical y documental la considera como no concluyente para tener una certeza que hubiera permitido emitir una sentencia objetiva como debió haber sido y que la prueba de cargo hubiera sido una prueba confiable como para condenar por autores de los delitos de Facilitación de local para Tráfico de Droga y Posesión de Arma de fuego de Uso Comercial y prohibida. De la procedencia del recurso. El único motivo no es de recibo. La Sala de lo Penal ha leído con detenimiento el escrito recursivo del defensor público, encontrando este Ad-Quem en el escrito del Censor expresiones como: “…el Tribunal valora prueba de cargo no concluyente, que para la investigación de la verdad debieron haber practicado todas las diligencias pertinentes y útiles …”; “…además al hacer el sentenciador el juicio de valor sobre dicha prueba incurre en claras omisiones, que hace dicha fundamentación confusa e imprecisa, dando como resultado la violación a las reglas de la lógica en su postulado de la derivación…”; “… la sentencia recurrida no ha estado provista de un razonamiento intelectivo capaz de dejar conforme a la defensa de los imputados…”, “… la prueba testifical (agentes de policia) que es de referencia, en el sentido que no determinaron fehacientemente cual fue la participación de cada uno de los imputados en los hechos, no relacionan cual fue la distribución de funciones” “…De lo anterior esta defensa pública no está de acuerdo con la supuesta participación de mis representados según lo plasmado en el hecho probado Unico en cuanto a que no es claro al manifestar con descripción precisa a quien pertenencian cada arma o marihuana y cocaína decomisada en dicho apartamento, o quien era la persona que rentaba el apartamento número 1…”, “…no compartimos el criterio esbozado por el Tribunal sentenciador, considerando que se vulneran las formalidades que sujetan a la valoración de la prueba, concretamente en lo referente a la sana critica, al tener acreditada la participación de los imputados en el hecho probado vulnerándose la presunción de inocencia como principio constitucional…” Finaliza el recurrente “…los testigos de cargo supra indicados no fueron suficientes, y los cuerpos investigativos no realizaron una investigación profunda, por lo que a la prueba testifical y documental la consideramos como no concluyente para tener una certeza que hubiera permitido emitir una sentencia objetiva como debió haber sido y que la prueba de cargo hubiera sido una prueba confiable como para condenar por autores del delito de Facilitación de local para trafico de drogas y Posesión de arma de fuego de uso comercial y prohibida a sus representados OBED ENRIQUE MIDENCE ALMENDARES, CRISTIAN FERNANDO MURILLO MARTINEZ, ELVIN OMAR LÓPEZ PÉREZ Y MARVIN EXDUNIOR GARCIA,…”. Lo anterior son expresiones que sirvieron para construir el argumento recursivo el cual básicamente es el reclamo del Censor, de que el tribunal de sentencia emitió una decisión condenatoria cuando su pretensión era un pronunciamiento absolutorio; la protesta entonces es el no haber valorado las piezas probatorias de la misma manera que lo hizo el Censor y que ello, según su criterio, es lo que constituye violación a la regla lógica en su postulado de la derivación. La Sala de lo Penal encuentra con dichos alegatos recursivos, la denuncia de una de las reglas de la sana critica como lo es el principio lógico de derivación, como consecuencia de que el a-quo ha emitido una sentencia que se aparta de las pretensiones formulada por la defensa, pues considera que de la valoración de la prueba no se desprende la participación de los acusados en el delito de Facilitación de local para Tráfico de Droga y Posesión de Arma de fuego de Uso Comercial y prohibida, acaecido el 01 de agosto de 2016.- Es evidente que la defensa, al desarrollar su recurso, hace una relación del contenido de la prueba, aporta su valoración personal sobre ésta y concluye que el tribunal debió aprecia los medios de prueba de igual manera y que por no haberlo hecho es que se generó el vicio. No hay duda para este Tribunal, que el Censor ha confundido el recurso ordinario de apelación como segunda instancia con el recurso extraordinario de casación como única instancia: El recurso ordinario como segunda instancia provoca un nuevo examen de la relación controvertida (Novum Judicium) y hace adquirir al tribunal de apelación la jurisdicción sobre el asunto, con facultad para decidir la controversia y conocer Ex Novo tanto de la Quaestio Facti como de la Quaestio Juris. Mientras que el recurso extraordinario como única instancia, como es la casación, ésta limitado a considerar exclusivamente los quebrantamientos de formas (errores in procediendo) y las infracciones de ley (errores in indicando) en que haya incurrido el tribunal de sentencia, sin que la Sala de lo Penal pueda extenderse al fondo o mérito de la controversia, ni al establecimiento o apreciación de los hechos por parte de los Juzgadores de la Instancia. Específicamente mediante la vía recursiva de la casación, no es posible reevaluar la actividad probatoria con miras a modificar aquella valoración hecha por los jueces de sentencia. La deficiente técnica recursiva por parte del recurrente en su único motivo, ha sido tan evidente que deviene por ello desestimarlo..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362 numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-20-2021, que literalmente dice: “Sentencia En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, a los quince días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Nelson Danilo Mairena Franco en su calidad de coordinador, Mario Rolando Díaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP-20-2021, conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticuatro de marzo de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, hoy Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, mediante la cual falló: Primero: Condenó a Obed Enrique Midence Almendares, Cristian Fernando Murillo Martínez, Elvin Omar López Pérez y Marvin Exdunior García Lobos, por el delito de Facilitación de Local para el Trafico de Drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras, a la pena de seis (06) años de reclusión y una multa de cincuenta mil lempiras (Lps.50,000.00), quedando sujetos a trabajar en obras públicas y labores dentro del centro penitenciario. Segundo: Condenó a Obed Enrique Midence Almendares, Cristian Fernando Murillo Martínez, Elvin Omar López Pérez y Marvin Exdunior García Lobos, por el delito de Posesión ilícita de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de tres (03) años de reclusión. Tercero: Condenó a Obed Enrique Midence Almendares, Cristian Fernando Murillo Martínez, Elvin Omar López Pérez y Marvin Exdunior García Lobos, por el delito de Posesión de Arma de Fuego de Uso Prohibido, en perjuicio de La Seguridad Interior Estado de Honduras, a la pena de ocho (08) años de reclusión, mas una multa de cinco mil lempiras (Lps.5,000.00). Cuarto: Condenó a Obed Enrique Midence Almendares, Cristian Fernando Murillo Martínez, Elvin Omar López Pérez y Marvin Exdunior García, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la pena principal. Quinto: Ordenó acumular las penas, siendo que existe concurso real de delitos haciendo un total de diecisiete (17) años. Sexto: Declaró la responsabilidad civil de los acusados. Séptimo: Exoneró a los condenados del pago de costas procesales, personales y gastos ocasionados por el juicio. Interpuso el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, el Abogado Ramón Matamoros, en su condición de defensor público de los encartados. Son partes en única instancia: El abogado Ramón Matamoros, Defensor Público de los acusados, como parte recurrente y la abogada Marla Iris Cárdenas Guardado, Agente Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “UNICO: A través de denuncia anónima, en la cual manifiestan que en un apartamento permanecían personas armadas y que en dicha vivienda se producía el intercambio de drogas, se procedió a realizar investigación por miembros de la Dirección de Investigación Criminal, quienes realizaron vigilancia y se logró verificar la presencia de varios jóvenes que entraban y salían del apartamento en mención portando armas de fuego, es por ello que en fecha primero de agosto de 2016, la Dirección Policial de Investigación realizó allanamiento mediante orden judicial en la Colonia Las Delicias, de la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida a la casa denominada número 2, la cual son unos apartamentos de dos plantas, color melón específicamente en el apartamento número 1, procediendo abrir dicho apartamento, encontrándose habitado por cinco personas del sexo masculino, siendo los señores OBED ENRIQUE MIDENCE ALMENDARES, CRISTIAN FERNANDO MURILLO MARTINEZ, ELVIN OMAR LÓPEZ PÉREZ Y MARVIN EXDUNIO GARCIA LOBO y otra persona más, es así que el Juez Ejecutor dio la orden de realizar la inspección y requisa del apartamento, donde se encontró en un baño y en la cocina dentro de una mochila 18 envoltorios conteniendo hierba seca marihuana con un peso neto de 83.2 gramos, un envoltorio grande conteniendo hierba seca marihuana con un peso de 441.4 gramos y 4 bolsas conteniendo en su interior cocaína con un peso de 36.75 gramos, además de una sub-ametralladora tipo Uzi, serie SHE-48080 con su respectivo cargador metálico, asimismo en la cocina se encontró una arma de fuego marca Girsan 9mm, con serie T6368-07-B10928, ambas armas en buen estado de funcionamiento operativo y mecánico, siendo esta de tipo comercial, inscrita a favor de Roy William Walstead.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS El Abogado Ramón Matamoros, defensor publico, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO UNICO: Por haberse violentado por parte del Sentenciador Las Reglas de la Sana Critica. NORMA ADJETIVA INFRINGIDA: Se invoca como norma adjetiva inobservada la contenida en el artículo 202 en relación con el artículo 336 y 338 Regla 4 No.2 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra Comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO La norma procesal que se invoca como infringidas el artículo 202 del Código Procesal Penal, que expresa: "Las Pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida". PRIMERO: En la sentencia recurrida, el Tribunal valora prueba de cargo no concluyente que para la investigación de la verdad debieron haber practicado todas las diligencias pertinente y útiles, para haber determinado la acción de cada uno de los imputados y poder determinar la existencia del hecho punible tomando en cuenta las circunstancias que, de acuerdo con la ley penal, sean importantes para establecer el grado de responsabilidad y además al hacer el sentenciador el juicio de valor sobre dicha prueba, incurre en claras omisiones, que hace dicha fundamentación confusa e imprecisa, dando como resultado la violación a las reglas de la lógica en su postulado de la derivación. En el presente caso precisa referirnos a la regla de la lógica por ser esta la más inobservada por el Tribunal de Sentencia y sobre la cual ésta orientada el ataque al fallo, en vista que la regla de la lógica estando constituida por la ley de la coherencia y de la derivación, esta ultima ha resultado ignorada por el tribunal de sentencia debido que para la observancia de esta ley se exige al juzgador que la sentencia resulte provista de razonamiento proveniente de elementos Congruentes, verdaderos y suficientes. Resulta que la sentencia recurrida no ha estado provista de un razonamiento intelectivo capaz de dejar conforme a la defensa de los imputados, porque la conclusión a que arribo el tribunal de sentencia para condenar a OBED ENRIQUE MIDENCE ALMENDARES, CRISTIAN FERNANDO MURILLO MARTINEZ, ELVIN OMAR LÓPEZ PEREZ Y MARVIN EXDUNIOR GARCIA LOBOS no proviene de elementos suficientes como tampoco resultan aptos como para producir razonablemente un conocimiento cierto de su participación en el suceso que se juzga, por el contrario la acción imputada ha resultado efectivamente imprecisa como para deducir la culpabilidad como autores por los delitos de FACILITACION DE LOCAL PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGA Y POSESION DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL Y PROHIBIDO por parte de mis defendidos. Resulta que del análisis de la sentencia de mérito hemos concluido que el único hecho estimado y declarado probado es impreciso y no suficiente, habiendo el Tribunal en referencia declarado como probado el hecho siguiente: "A través de denuncia anónima, en la cual manifiestan que en un apartamento permanecían personas armadas y que en dicha vivienda se producía el intercambio de drogas, se procedió a realizar investigación por miembros de la Dirección de Investigación Criminal, quienes realizaron vigilancia y se logró verificar la presencia de varios jóvenes que entraban y salían del apartamento en mención portando armas de fuego, es por ello que en fecha primero de agosto de 2016, la Dirección Policial de Investigación realizó allanamiento mediante orden Judicial en la Colonia Las Delicias de la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida a la casa denominada número 2, la cual son unos apartamentos de dos plantas, color melón específicamente en el apartamento número 1, procediendo abrir dicho apartamento, encontrándose habitado por cinco personas del sexo masculino, siendo los señores OBED ENRIQUE MIDENCE ALMENDARES, CRISTIAN FERNANDO MURILLO MARTINEZ, ELVIN OMAR LÓPEZ PÉREZ Y MARVIN EXDUNIO GARCIA LOBO y otra persona más, es así que el Juez Ejecutor dio orden de realizar la inspección y requisa del apartamento, donde se encontró en un baño y en la cocina dentro de una mochila 18 envoltorios conteniendo hierba seca marihuana con un peso neto de 83.2 gramos, un envoltorio grande conteniendo hierba seca marihuana con un peso de 441.4 gramos y 4 bolsas conteniendo en su interior cocaína con un peso de 36.75 gramos, además de una subametralladora tipo Uzi, serie SHE-48080 con su respectivo cargador metálico, asimismo en la cocina se encontró un arma de fuego marca Girsan 9mm, con serie T6368-07b10928, ambas armas en buen estado de funcionamiento operativo y mecánico, siendo esta de tipo comercial, inscrita a favor de Roy William Walstead". SEGUNDO: Honorables Magistrados si observamos el Único Hecho Probado no es claro al manifestar con descripción precisa a quien pertenecía cada arma o marihuana y cocaína decomisada en dicho apartamento, o quien era la persona que rentaba el apartamento número 1, los agentes Ronald Martínez y Yimi López solo dieron datos proporcionados por una fuente humana, constituyendo de esta forma testigos de referencia, no se sabe en qué condiciones estaban estas cinco personas en el apartamento, si residían en el lugar, o ¿Cuál era la permanencia de estas personas? Por lo que el Ministerio Público no pudo sustentar dicha prueba indiciaria para poder establecer quienes fueron los autores del delito, la distribución de funciones para facilitar esa droga en el apartamento y la tenencia. de armas comerciales y prohibidas, sumado a esto la policía no realizó actos de investigación después de la detención de los imputados para así poder acreditar la participación e individualizar a cada uno de los imputados con los indicios recolectados en el apartamento; el dictamen toxicológico resume que la marihuana tenía un peso total de quinientos veinticuatro punto seis gramos (524.6) y treinta y seis punto sesenta y cinco gramos de cocaína (36.75), por lo que si habían cinco personas en dicho lugar a quién se le iba a imputar la droga y las armas encontradas?, ya que por el hecho de solo estar en ese apartamento donde nadie supo a quién pertenecía dicho apartamento y tampoco ellos estaban obligados a saber lo que se encontraba en el cuadrante número 3. En cuanto a lo manifestado por el representante de la Procuraduría General de la República no se pudo acreditar que mis representados pertenecieran a la Banda de "los Revos" en vista que ellos gozaban de un sobreseimiento provisional, por lo que no se pudo determinar que pertenecían a dicha Banda, ni que le trabajaban a la Banda del Caballo Loco o que los mismos tenían dicha cocaína y marihuana para distribuirla, siendo así nos hacemos la siguiente interrogante' quien de ellos tenía la droga y armas de fuego? La respuesta es sencilla, no se sabe o mejor dicho no se pudo acreditar a ciencia cierta; por una parte estamos claros que el hecho de cometer un delito como en el presente caso de FACILITACION DE LOCAL PARA VENTA DE MARIHUANA Y COCAINA es atentar contra la salud de la sociedad en su conjunto, y por otra parte la Posesión Ilícita de Arma de Fuego Comercial y Prohibida, es atentar contra la Seguridad Interna del Estado de Honduras, por lo que el libre albedrio o la idea que el individuo tiene la posibilidad, la libertad y la capacidad para decidir sus acciones, la responsabilidad penal como condición del castigo, la sanción basada en el delito sin consideración de las características o la personalidad del delincuente, la creencia en la capacidad de enmienda de los criminales y la defensa de un castigo humanitario y en proporción al delito cometido, esto lo decimos porque consideramos que en el presente caso que nos ocupa no todos actuaron a título de autores, era necesario describir mediante una investigación exhaustiva la naturaleza de la participación directa y material de cada uno de los imputados en el hecho, no entendemos de donde sustrajo el Tribunal sentenciador que decidió por unanimidad de votos que todos actuaron a título de autores materiales, pudiera ser que unos actuaron como autores por inducción, otros como coautores o como cooperadores necesarios, si observamos en el único hecho declarado probado el tribunal sentenciador por unanimidad no determinó de forma clara cuál fue la acción ejecutada por cada uno de los acusados en el hecho que se les imputa, por otro lado los testigos de cargo para el caso ÁNGEL FABRICIO LEON RAMIREZ, quien ratificara en juicio el acta de inspección ocular No.490-2016 describe lo encontrado identificando los lugares de la casa como Cuadrante número uno, cuadrante número dos y cuadrante número tres, no especificando a quien pertenece cada cosa encontrada en dichos lugares, es decir a quien la marihuana, a-quien la cocaína y a quien las armas; asimismo el otro testigo de cargo Agente Policial RONALD BLADIMIR ROMERO MARTINEZ, en su declaración en juicio manifestó entre otras cosas únicamente manifestó, que fueron varios los jóvenes detenidos que se encontraban en la entrada del apartamento, levantando varios índicos como ser: armas de fuego, 18 bolsitas plásticas conteniendo marihuana, cocaína, indicios que fueron levantados y llevados a la Dirección Policial de Investigación. Por último, consta la declaración del Agente Policial YIMI ALEXANDER LÓPEZ HERNANADEZ, donde en juicio entre otras cosas únicamente manifestó que el día primero de agosto se realizó allanamiento de morada en un bien inmueble ubicado en la colonia Las Delicias de la ciudad de La Ceiba, por lo que se identificó como miembro de la Policía Nacional, saliendo del apartamento personas del sexo masculino, encontrando en la cocina armas de fuego y en el baño subametralladora, aproximadamente dos libras de marihuana, 18 bolsas de marihuana y 4 bolsas de cocaína, también hallaron teléfonos celulares; siendo así de lo antes manifestado consideramos que a mis representados no se les comprobó en el presente juicio la autoría de los delitos que se les imputa. TERCERO: Es por tal motivo que esta defensa considera que la autoría directa individual, es aquella en que el sujeto activo realiza personalmente en el hecho delictivo, toma parte directa en la ejecución del hecho, realizando el núcleo del delito por si mismo, utilizando el término autor en sentido estricto cuando el sujeto realiza el hecho como propio, como el caso que nos ocupa y en sentido amplio que incluye a participes especialmente importante en el hecho de otro: el inductor y el cooperador necesario. Siguiendo ese orden de ideas y señalando la sentencia referida la autoría directa de los imputados, no fue posible para esta defensa determinar de manera clara, sin lugar a la menor duda, cual fue la acción o acciones ejecutadas por cada uno de los acusados en el hecho delictivo. Por consiguiente, para dictar una sentencia debe existir claridad de cuáles fueron los hechos y en que consistió el acto de ejecución material de los mismos (como en el caso de autos que se establece la responsabilidad penal de los imputados a título de autores directos), cuales fueron esos actos ejecutivos susceptibles de corroboración, realizados por cada uno de los acusados, que si bien son cinco pudieron haber sido más, por el hecho de encontrarse todos en la vivienda. Por otra parte, a la luz del resultado probatorio no es posible determinar los actos de ejecución practicados por cada uno de los acusados, los testigos ni siquiera mencionan a estos y menos manifestaron haber realizado las investigaciones tendientes a comprobar la autoría y participación de cada uno de ellos, en vista que la actividad investigativa fue el encuentro de la droga y las armas, y la detención de los habitantes de la vivienda. Concluyendo que no se realizó una investigación profunda, que condujera a esta defensa pública hasta el enlace de cada uno de los imputados con la actividad delictiva relacionada con drogas y las armas. Considera la defensa que todo este conjunto de circunstancias que se dieron en el debate no nos permite tener una certeza jurídicamente válida sobre la participación de cada uno de los detenidos para conocer la actividad realizada por estos. Por todo ello los testigos de cargo no fueron específicos, ni los cuerpos investigativos realizaron una investigación profunda, por lo que a la prueba testifical y documental la consideramos como no concluyente para tener una certeza que permitiera al Tribunal emitir una sentencia objetiva como debió ser y que sea una prueba confiable como para condenar por autores del delito de Facilitación de local para Tráfico de Droga y Posesión de Arma de fuego de Uso Comercial y prohibida a mis representados OBED ENRIQUE MIDENCE ALMENDARES, CRISTIAN FERNANDO MURILLO MARTINEZ, ELVIN OMAR LÓPEZ PÉREZ Y MARVIN EXDUNIOR GARCIA LOBOS, debiendo para tal efecto anularse la sentencia condenatoria por no haberse demostrado tener participación directa en el hecho, en el entendido que la responsabilidad penal es personal, todas estas circunstancias nos llevan a pensar que el fallo debió ser mas específico en la conducta de cada uno de los acusados y no condenarlos a todos por igual como autores directos.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); Ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa pública de los encartados. Único motivo. • Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículos 202 en relación con el 336 y 338 regla 4 numeral 2, todos del Código Procesal Penal. • Concepto de la infracción expuesto: No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana critica; • Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin reclamación previa, al producirse el vicio en la sentencia; • Pretensión: Anular la sentencia recurrida. El recurrente inicia su desarrollo recursivo, señalando que el Tribunal valora prueba de cargo no concluyente, que para la investigación de la verdad debieron haber practicado todas las diligencias pertinentes y útiles; además señala, que el sentenciador al hacer el juicio de valor sobre la prueba incurre en claras omisiones, siendo confusa e imprecisa, dando como resultado la violación a las reglas de la lógica en su postulado de la derivación. Que la sentencia recurrida no ha estado provista de un razonamiento intelectivo capaz de dejarle conforme, porque la conclusión no proviene de elementos suficientes como tampoco resultan aptos para producir razonablemente un conocimiento cierto de la participación en el suceso que se juzga. Refiere el recurrente, que del análisis de la sentencia de mérito, ha concluido que los hechos estimados y declarados probados, se derivan de prueba dudosa y no terrninante, ya que con el unico hecho probado por el Tribunal de Sentencia, no es claro al manifestar con presicion a quien pertenecia cada arma, marihuana o cocaina decomisada en el apartamento número uno o quien era la persona que rentaba el mismo, los agentes de policia que declararon en la audiencia de juicio oral y público se limitaron a manifestar que los datos fueron proporcionados por una fuente humana de manera anonima, constituyendose de esta forma testigos de referencia, no se estableció de que manera se encontraron estas personas dentro del apartamento numero uno, si residian en el mismo o cual era la permanencia de los mismos en ese lugar, no pudiendo el Ministerio Públco establecer la autoria de sus representados, considerando la parte recurente que la prueba testifical presentada es unicamente indiciaria, no pudiendo establecer la distribución de funciones para facilitar esa droga en el apartamento número uno y la tenencia de armas comerciales y prohibidas, sumado a esto la policia no realizó actos de investigación despues de la detención de los acusados, para con ello poder acreditar la participación e individualizar a cada uno de los acusados con los indicios recolectados en el apartamento número uno. Finaliza su desarrollo recursivo, que el criterio esbozado por el Tribunal sentenciador, se vulneran las formalidades que sujetan a la valoración de la prueba, concretamente en lo referente a la sana critica, pues, los testigos de cargo no fueron suficientes y los cuerpos investigativos no realizaron una investigación profunda, por lo que a la prueba testifical y documental la considera como no concluyente para tener una certeza que hubiera permitido emitir una sentencia objetiva como debió haber sido y que la prueba de cargo hubiera sido una prueba confiable como para condenar por autores de los delitos de Facilitación de local para Tráfico de Droga y Posesión de Arma de fuego de Uso Comercial y prohibida. De la procedencia del recurso. El único motivo no es de recibo. La Sala de lo Penal ha leído con detenimiento el escrito recursivo del defensor público, encontrando este Ad-Quem en el escrito del Censor expresiones como: “…el Tribunal valora prueba de cargo no concluyente, que para la investigación de la verdad debieron haber practicado todas las diligencias pertinentes y útiles …”; “…además al hacer el sentenciador el juicio de valor sobre dicha prueba incurre en claras omisiones, que hace dicha fundamentación confusa e imprecisa, dando como resultado la violación a las reglas de la lógica en su postulado de la derivación…”; “… la sentencia recurrida no ha estado provista de un razonamiento intelectivo capaz de dejar conforme a la defensa de los imputados…”, “… la prueba testifical (agentes de policia) que es de referencia, en el sentido que no determinaron fehacientemente cual fue la participación de cada uno de los imputados en los hechos, no relacionan cual fue la distribución de funciones” “…De lo anterior esta defensa pública no está de acuerdo con la supuesta participación de mis representados según lo plasmado en el hecho probado Unico en cuanto a que no es claro al manifestar con descripción precisa a quien pertenencian cada arma o marihuana y cocaína decomisada en dicho apartamento, o quien era la persona que rentaba el apartamento número 1…”, “…no compartimos el criterio esbozado por el Tribunal sentenciador, considerando que se vulneran las formalidades que sujetan a la valoración de la prueba, concretamente en lo referente a la sana critica, al tener acreditada la participación de los imputados en el hecho probado vulnerándose la presunción de inocencia como principio constitucional…” Finaliza el recurrente “…los testigos de cargo supra indicados no fueron suficientes, y los cuerpos investigativos no realizaron una investigación profunda, por lo que a la prueba testifical y documental la consideramos como no concluyente para tener una certeza que hubiera permitido emitir una sentencia objetiva como debió haber sido y que la prueba de cargo hubiera sido una prueba confiable como para condenar por autores del delito de Facilitación de local para trafico de drogas y Posesión de arma de fuego de uso comercial y prohibida a sus representados OBED ENRIQUE MIDENCE ALMENDARES, CRISTIAN FERNANDO MURILLO MARTINEZ, ELVIN OMAR LÓPEZ PÉREZ Y MARVIN EXDUNIOR GARCIA,…”. Lo anterior son expresiones que sirvieron para construir el argumento recursivo el cual básicamente es el reclamo del Censor, de que el tribunal de sentencia emitió una decisión condenatoria cuando su pretensión era un pronunciamiento absolutorio; la protesta entonces es el no haber valorado las piezas probatorias de la misma manera que lo hizo el Censor y que ello, según su criterio, es lo que constituye violación a la regla lógica en su postulado de la derivación. La Sala de lo Penal encuentra con dichos alegatos recursivos, la denuncia de una de las reglas de la sana critica como lo es el principio lógico de derivación, como consecuencia de que el a-quo ha emitido una sentencia que se aparta de las pretensiones formulada por la defensa, pues considera que de la valoración de la prueba no se desprende la participación de los acusados en el delito de Facilitación de local para Tráfico de Droga y Posesión de Arma de fuego de Uso Comercial y prohibida, acaecido el 01 de agosto de 2016.- Es evidente que la defensa, al desarrollar su recurso, hace una relación del contenido de la prueba, aporta su valoración personal sobre ésta y concluye que el tribunal debió aprecia los medios de prueba de igual manera y que por no haberlo hecho es que se generó el vicio. No hay duda para este Tribunal, que el Censor ha confundido el recurso ordinario de apelación como segunda instancia con el recurso extraordinario de casación como única instancia: El recurso ordinario como segunda instancia provoca un nuevo examen de la relación controvertida (Novum Judicium) y hace adquirir al tribunal de apelación la jurisdicción sobre el asunto, con facultad para decidir la controversia y conocer Ex Novo tanto de la Quaestio Facti como de la Quaestio Juris. Mientras que el recurso extraordinario como única instancia, como es la casación, ésta limitado a considerar exclusivamente los quebrantamientos de formas (errores in procediendo) y las infracciones de ley (errores in indicando) en que haya incurrido el tribunal de sentencia, sin que la Sala de lo Penal pueda extenderse al fondo o mérito de la controversia, ni al establecimiento o apreciación de los hechos por parte de los Juzgadores de la Instancia. Específicamente mediante la vía recursiva de la casación, no es posible reevaluar la actividad probatoria con miras a modificar aquella valoración hecha por los jueces de sentencia. La deficiente técnica recursiva por parte del recurrente en su único motivo, ha sido tan evidente que deviene por ello desestimarlo. DECISIÓN • Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa Pública de los acusados Obed Enrique Midence Almendares, Cristian Fernando Murillo Martínez, Elvin Omar López Pérez y Marvin Exdunior García Lobos, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los condenados Obed Enrique Midence Almendares, Cristian Fernando Murillo Martínez, Elvin Omar López Pérez y Marvin Exdunior García Lobos, las sanciones por tres delitos: i.- Pena principal de seis (06) años de reclusión, por el delito de Facilitación de Local para el Tráfico de Drogas en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras; más multa de cincuenta mil lempiras (L.50,000.00); ii. Pena principal de tres (03) años de reclusión, por el delito de Posesión Ilícita de Arma de Fuego de Uso Comercial en perjuicio La Seguridad Interior del Estado de Honduras; iii. Pena principal de ocho (08) años de reclusión, por el delito de Posesión Ilícita de Arma de Fuego de Uso Prohibido, en perjuicio La Seguridad Interior del Estado de Honduras; más multa de cinco mil lempiras (L.5,000.00). En suma, la pena concreta impuesta es de 17 años de reclusión de la libertad. Además, a cada uno de los anteriores imputados la imposición de: I. Pena accesoria de inhabilitación absoluta; II. Pena accesoria de interdicción civil; III. Declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito; IV. Consecuencia penal de obligación de realizar trabajo penitenciario. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017 por las infracciones penales cometidas por los acusados correspondería la imposición de las siguientes penas: La conducta reprochada a los condenados Obed Enrique Midence Almendares, Cristian Fernando Murillo Martínez, Elvin Omar López Pérez y Marvin Exdunior García Lobos, por el delito de Facilitación de Local para el Tráfico de Drogas, se encuentra prevista en el Artículo 311 del Código Penal 130-2017 como delito de Tráfico de Droga por posesión para la facilitación de su consumo ilegal, cuya pena es: i. De 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; o ii. De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días , si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, siendo éstas las enumeradas en las listas de Estupefacientes o preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla: https://www.incb.org/documents/NarcoticDrugs/Yellow_List/58th_Edition/Yellow_List_- PA.pdf) de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista Verde: https://www.incb.org/documents/Psychotropics/forms/greenlist/Green_list_SPA_08676.pdf) del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. Conforme los hechos probados, los acusados almacenaban dentro de una mochila 18 envoltorios conteniendo hierba seca marihuana con un peso neto de 83.2 gramos, un envoltorio grande conteniendo hierba seca marihuana con un peso de 441.4 gramos para un total de 524.6 gramos, la Marihuana es considerada una droga que no provoca grave daño a la salud; asimismo 4 bolsas conteniendo en su interior cocaína con un peso de 36.75 gramos, la cocaína es considerada una droga ilegal que causa grave daño a la salud conforme la Lista de Estupefacientes Sometidos a Fiscalización Internacional o Lista Amarilla (Lista I - Sección 1); aunando a lo anterior, de los hechos probados no es posible subsumir alguna circunstancia como agravante especifica consignadas en el artículo 312 del del Código Penal 130-2017. A partir de lo expuesto, se determina la existencia de un concurso ideal conforme al artículo 67 del nuevo Código Penal, el cual establece su existencia cuando con una (1) sola acción u omisión se infringe diversas disposiciones legales que no se excluyen entre sí. La apreciación de concurso ideal supone la imposición de la pena correspondiente al delito o falta que tenga señalada la pena más grave aumentada en un tercio (1/3), sin que pueda exceder de la suma de las penas concretas impuestas si se hubiesen penado separadamente los delitos. En el caso presente, tenemos un mismo precepto (artículo 311 del nuevo Código Penal) que regula dos supuestos de hecho distintos, el tráfico de drogas por posesión para la facilitación de su consumo ilegal de drogas que no causan grave daño a la salud, con una pena abstracta de 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días; y, el tráfico de drogas por posesión para la facilitación de su consumo ilegal de drogas que sí causan grave daño a la salud, con una pena abstracta de 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días; por lo cual, la imposición de la pena corresponderá a este último delito por contener la pena más grave aumentada en un tercio (1/3), lo que equivale a una pena abstracta de diez (10) a trece (13) años cuatro (4) meses de prisión, y quinientos (500) a seiscientos sesenta y seis (666) días multa, con un valor mínimo por día de veinte lempiras (L 20.00) y máximo de cinco mil lempiras (L 5,000.00) (Artículo 53 del nuevo Código Penal), lo que fija un margen abstracto de multa que oscila entre trece mil trescientos treinta y tres lempiras con veinte centavos (L 13,333.20) a tres millones trescientos treinta y tres mil trescientos lempiras (L 3, 333,300.00). • Respecto la conducta reprochada a los imputados Obed Enrique Midence Almendares, Cristian Fernando Murillo Martínez, Elvin Omar López Pérez y Marvin Exdunior García Lobos, por los delitos de Posesión Ilícita de Arma de Fuego de Uso Comercial y Posesión Ilícita de Arma de Fuego de Uso Prohibido, ambas están previstas en el Artículo 580 del Código Penal 130-2017, como delito de Tenencia Ilegal de Armas de fuego, la cual describe como pena: • 1) De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas; y, • 2) De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas o municiones prohibidas; y, De acuerdo a los hechos probados se apreciacia un concurso ideal, que supone la imposición de la pena correspondiente al delito o falta que tenga señalada la pena más grave aumentada en un tercio (1/3). Siendo así, correspondera el aumento de un tercio (1/3) a la pena del delito de Tenencia Ilegal de Arma de Fuego de Uso Prohibido, quedando la pena abstracta en seis (06) a ocho (08) años de prisión, más tres (03) años de localización permanente por el delito de Tenencia Ilegal de Arma de Fuego de Uso Prohibido en concurso ideal de Tenencia Ilegal de Arma de Fuego de Uso Permitido. En suma, el marco abstracto de las penas que corresponden a los delitos cometidos por los acusados Obed Enrique Midence Almendares, Cristian Fernando Murillo Martínez, Elvin Omar López Pérez y Marvin Exdunior García Lobos, de aplicarse la nueva normativa penal sería de dieciseis (16) a veintiún (21) años con cuatro (04) meses de prisión; más otras penas principales como ser: quinientos (500) a seiscientos sesenta y seis (666) días multa por el delito de Tráfico de Droga por posesión para la facilitación de su consumo ilegal y localización permanente de tres (3) años, en relación al delito de Tenencia Ilegal de Arma de Fuego de Uso Prohibido en concurso ideal de Tenencia Ilegal de Arma de Fuego de Uso Permitido. A partir de lo anterior, al realizar la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, permiten determinar que en el caso particular de los Imputados Obed Enrique Midence Almendares, Cristian Fernando Murillo Martínez, Elvin Omar López Pérez y Marvin Exdunior García Lobos, conforme el Código Penal 144-83 al ser de 17 años de reclusión, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgada conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para las mismas conductas delictivas de dieciseis (16) a veintiún (21) años con cuatro (04) meses de prisión; más otras penas principales. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal a los imputados Obed Enrique Midence Almendares, Cristian Fernando Murillo Martínez, Elvin Omar López Pérez y Marvin Exdunior García Lobos, por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362 numeral 3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. Interpuesto por el Abogado Ramón Matamoros, en su condición de defensor público de los encartados Obed Enrique Midence Almendares, Cristian Fernando Murillo Martínez, Elvin Omar López Pérez y Marvin Exdunior García Lobos. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas a los ahora condenados Obed Enrique Midence Almendares, Cristian Fernando Murillo Martínez, Elvin Omar López Pérez y Marvin Exdunior García Lobos. Por lo cual, los beneficios penitenciarios deberán de ser otorgados conforme las disposiciones del Código Penal 144-83. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veinticuatro de marzo de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, hoy Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, que contiene el pronunciamiento condenatorio en contra de los señores Obed Enrique Midence Almendares, Cristian Fernando Murillo Martínez, Elvin Omar López Pérez y Marvin Exdunior García Lobos, por los delitos de Facilitación de Local para el Tráfico Ilícito de Drogas, Posesión Ilícita de Arma de Fuego de Uso Comercial y Posesión Ilícita de Arma de Fuego de Uso Prohibido en perjuicio de La Salud de la Población y de La Seguridad Interior del Estado de Honduras respectivamente. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Díaz Flores. Notifíquese. - Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrada. Firma y Sello. RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS. – receptora adscrita a sala de lo penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veintiocho días del mes de enero de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el quince de octubre de dos mil veinticuatro, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-20-2021. RINA KORITZA SANDOVAL NAVASRECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL“CERTIFICACION La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-20-2021, que literalmente dice: “Sentencia En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, a los quince días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Nelson Danilo Mairena Franco en su calidad de coordinador, Mario Rolando Díaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP-20-2021, conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticuatro de marzo de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, hoy Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, mediante la cual falló: Primero: Condenó a Obed Enrique Midence Almendares, Cristian Fernando Murillo Martínez, Elvin Omar López Pérez y Marvin Exdunior García Lobos, por el delito de Facilitación de Local para el Trafico de Drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras, a la pena de seis (06) años de reclusión y una multa de cincuenta mil lempiras (Lps.50,000.00), quedando sujetos a trabajar en obras públicas y labores dentro del centro penitenciario. Segundo: Condenó a Obed Enrique Midence Almendares, Cristian Fernando Murillo Martínez, Elvin Omar López Pérez y Marvin Exdunior García Lobos, por el delito de Posesión ilícita de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de tres (03) años de reclusión. Tercero: Condenó a Obed Enrique Midence Almendares, Cristian Fernando Murillo Martínez, Elvin Omar López Pérez y Marvin Exdunior García Lobos, por el delito de Posesión de Arma de Fuego de Uso Prohibido, en perjuicio de La Seguridad Interior Estado de Honduras, a la pena de ocho (08) años de reclusión, mas una multa de cinco mil lempiras (Lps.5,000.00). Cuarto: Condenó a Obed Enrique Midence Almendares, Cristian Fernando Murillo Martínez, Elvin Omar López Pérez y Marvin Exdunior García, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la pena principal. Quinto: Ordenó acumular las penas, siendo que existe concurso real de delitos haciendo un total de diecisiete (17) años. Sexto: Declaró la responsabilidad civil de los acusados. Séptimo: Exoneró a los condenados del pago de costas procesales, personales y gastos ocasionados por el juicio. Interpuso el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, el Abogado Ramón Matamoros, en su condición de defensor público de los encartados. Son partes en única instancia: El abogado Ramón Matamoros, Defensor Público de los acusados, como parte recurrente y la abogada Marla Iris Cárdenas Guardado, Agente Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “UNICO: A través de denuncia anónima, en la cual manifiestan que en un apartamento permanecían personas armadas y que en dicha vivienda se producía el intercambio de drogas, se procedió a realizar investigación por miembros de la Dirección de Investigación Criminal, quienes realizaron vigilancia y se logró verificar la presencia de varios jóvenes que entraban y salían del apartamento en mención portando armas de fuego, es por ello que en fecha primero de agosto de 2016, la Dirección Policial de Investigación realizó allanamiento mediante orden judicial en la Colonia Las Delicias, de la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida a la casa denominada número 2, la cual son unos apartamentos de dos plantas, color melón específicamente en el apartamento número 1, procediendo abrir dicho apartamento, encontrándose habitado por cinco personas del sexo masculino, siendo los señores OBED ENRIQUE MIDENCE ALMENDARES, CRISTIAN FERNANDO MURILLO MARTINEZ, ELVIN OMAR LÓPEZ PÉREZ Y MARVIN EXDUNIO GARCIA LOBO y otra persona más, es así que el Juez Ejecutor dio la orden de realizar la inspección y requisa del apartamento, donde se encontró en un baño y en la cocina dentro de una mochila 18 envoltorios conteniendo hierba seca marihuana con un peso neto de 83.2 gramos, un envoltorio grande conteniendo hierba seca marihuana con un peso de 441.4 gramos y 4 bolsas conteniendo en su interior cocaína con un peso de 36.75 gramos, además de una sub-ametralladora tipo Uzi, serie SHE-48080 con su respectivo cargador metálico, asimismo en la cocina se encontró una arma de fuego marca Girsan 9mm, con serie T6368-07-B10928, ambas armas en buen estado de funcionamiento operativo y mecánico, siendo esta de tipo comercial, inscrita a favor de Roy William Walstead.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS El Abogado Ramón Matamoros, defensor publico, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO UNICO: Por haberse violentado por parte del Sentenciador Las Reglas de la Sana Critica. NORMA ADJETIVA INFRINGIDA: Se invoca como norma adjetiva inobservada la contenida en el artículo 202 en relación con el artículo 336 y 338 Regla 4 No.2 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra Comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO La norma procesal que se invoca como infringidas el artículo 202 del Código Procesal Penal, que expresa: "Las Pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida". PRIMERO: En la sentencia recurrida, el Tribunal valora prueba de cargo no concluyente que para la investigación de la verdad debieron haber practicado todas las diligencias pertinente y útiles, para haber determinado la acción de cada uno de los imputados y poder determinar la existencia del hecho punible tomando en cuenta las circunstancias que, de acuerdo con la ley penal, sean importantes para establecer el grado de responsabilidad y además al hacer el sentenciador el juicio de valor sobre dicha prueba, incurre en claras omisiones, que hace dicha fundamentación confusa e imprecisa, dando como resultado la violación a las reglas de la lógica en su postulado de la derivación. En el presente caso precisa referirnos a la regla de la lógica por ser esta la más inobservada por el Tribunal de Sentencia y sobre la cual ésta orientada el ataque al fallo, en vista que la regla de la lógica estando constituida por la ley de la coherencia y de la derivación, esta ultima ha resultado ignorada por el tribunal de sentencia debido que para la observancia de esta ley se exige al juzgador que la sentencia resulte provista de razonamiento proveniente de elementos Congruentes, verdaderos y suficientes. Resulta que la sentencia recurrida no ha estado provista de un razonamiento intelectivo capaz de dejar conforme a la defensa de los imputados, porque la conclusión a que arribo el tribunal de sentencia para condenar a OBED ENRIQUE MIDENCE ALMENDARES, CRISTIAN FERNANDO MURILLO MARTINEZ, ELVIN OMAR LÓPEZ PEREZ Y MARVIN EXDUNIOR GARCIA LOBOS no proviene de elementos suficientes como tampoco resultan aptos como para producir razonablemente un conocimiento cierto de su participación en el suceso que se juzga, por el contrario la acción imputada ha resultado efectivamente imprecisa como para deducir la culpabilidad como autores por los delitos de FACILITACION DE LOCAL PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGA Y POSESION DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL Y PROHIBIDO por parte de mis defendidos. Resulta que del análisis de la sentencia de mérito hemos concluido que el único hecho estimado y declarado probado es impreciso y no suficiente, habiendo el Tribunal en referencia declarado como probado el hecho siguiente: "A través de denuncia anónima, en la cual manifiestan que en un apartamento permanecían personas armadas y que en dicha vivienda se producía el intercambio de drogas, se procedió a realizar investigación por miembros de la Dirección de Investigación Criminal, quienes realizaron vigilancia y se logró verificar la presencia de varios jóvenes que entraban y salían del apartamento en mención portando armas de fuego, es por ello que en fecha primero de agosto de 2016, la Dirección Policial de Investigación realizó allanamiento mediante orden Judicial en la Colonia Las Delicias de la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida a la casa denominada número 2, la cual son unos apartamentos de dos plantas, color melón específicamente en el apartamento número 1, procediendo abrir dicho apartamento, encontrándose habitado por cinco personas del sexo masculino, siendo los señores OBED ENRIQUE MIDENCE ALMENDARES, CRISTIAN FERNANDO MURILLO MARTINEZ, ELVIN OMAR LÓPEZ PÉREZ Y MARVIN EXDUNIO GARCIA LOBO y otra persona más, es así que el Juez Ejecutor dio orden de realizar la inspección y requisa del apartamento, donde se encontró en un baño y en la cocina dentro de una mochila 18 envoltorios conteniendo hierba seca marihuana con un peso neto de 83.2 gramos, un envoltorio grande conteniendo hierba seca marihuana con un peso de 441.4 gramos y 4 bolsas conteniendo en su interior cocaína con un peso de 36.75 gramos, además de una subametralladora tipo Uzi, serie SHE-48080 con su respectivo cargador metálico, asimismo en la cocina se encontró un arma de fuego marca Girsan 9mm, con serie T6368-07b10928, ambas armas en buen estado de funcionamiento operativo y mecánico, siendo esta de tipo comercial, inscrita a favor de Roy William Walstead". SEGUNDO: Honorables Magistrados si observamos el Único Hecho Probado no es claro al manifestar con descripción precisa a quien pertenecía cada arma o marihuana y cocaína decomisada en dicho apartamento, o quien era la persona que rentaba el apartamento número 1, los agentes Ronald Martínez y Yimi López solo dieron datos proporcionados por una fuente humana, constituyendo de esta forma testigos de referencia, no se sabe en qué condiciones estaban estas cinco personas en el apartamento, si residían en el lugar, o ¿Cuál era la permanencia de estas personas? Por lo que el Ministerio Público no pudo sustentar dicha prueba indiciaria para poder establecer quienes fueron los autores del delito, la distribución de funciones para facilitar esa droga en el apartamento y la tenencia. de armas comerciales y prohibidas, sumado a esto la policía no realizó actos de investigación después de la detención de los imputados para así poder acreditar la participación e individualizar a cada uno de los imputados con los indicios recolectados en el apartamento; el dictamen toxicológico resume que la marihuana tenía un peso total de quinientos veinticuatro punto seis gramos (524.6) y treinta y seis punto sesenta y cinco gramos de cocaína (36.75), por lo que si habían cinco personas en dicho lugar a quién se le iba a imputar la droga y las armas encontradas?, ya que por el hecho de solo estar en ese apartamento donde nadie supo a quién pertenecía dicho apartamento y tampoco ellos estaban obligados a saber lo que se encontraba en el cuadrante número 3. En cuanto a lo manifestado por el representante de la Procuraduría General de la República no se pudo acreditar que mis representados pertenecieran a la Banda de "los Revos" en vista que ellos gozaban de un sobreseimiento provisional, por lo que no se pudo determinar que pertenecían a dicha Banda, ni que le trabajaban a la Banda del Caballo Loco o que los mismos tenían dicha cocaína y marihuana para distribuirla, siendo así nos hacemos la siguiente interrogante' quien de ellos tenía la droga y armas de fuego? La respuesta es sencilla, no se sabe o mejor dicho no se pudo acreditar a ciencia cierta; por una parte estamos claros que el hecho de cometer un delito como en el presente caso de FACILITACION DE LOCAL PARA VENTA DE MARIHUANA Y COCAINA es atentar contra la salud de la sociedad en su conjunto, y por otra parte la Posesión Ilícita de Arma de Fuego Comercial y Prohibida, es atentar contra la Seguridad Interna del Estado de Honduras, por lo que el libre albedrio o la idea que el individuo tiene la posibilidad, la libertad y la capacidad para decidir sus acciones, la responsabilidad penal como condición del castigo, la sanción basada en el delito sin consideración de las características o la personalidad del delincuente, la creencia en la capacidad de enmienda de los criminales y la defensa de un castigo humanitario y en proporción al delito cometido, esto lo decimos porque consideramos que en el presente caso que nos ocupa no todos actuaron a título de autores, era necesario describir mediante una investigación exhaustiva la naturaleza de la participación directa y material de cada uno de los imputados en el hecho, no entendemos de donde sustrajo el Tribunal sentenciador que decidió por unanimidad de votos que todos actuaron a título de autores materiales, pudiera ser que unos actuaron como autores por inducción, otros como coautores o como cooperadores necesarios, si observamos en el único hecho declarado probado el tribunal sentenciador por unanimidad no determinó de forma clara cuál fue la acción ejecutada por cada uno de los acusados en el hecho que se les imputa, por otro lado los testigos de cargo para el caso ÁNGEL FABRICIO LEON RAMIREZ, quien ratificara en juicio el acta de inspección ocular No.490-2016 describe lo encontrado identificando los lugares de la casa como Cuadrante número uno, cuadrante número dos y cuadrante número tres, no especificando a quien pertenece cada cosa encontrada en dichos lugares, es decir a quien la marihuana, a-quien la cocaína y a quien las armas; asimismo el otro testigo de cargo Agente Policial RONALD BLADIMIR ROMERO MARTINEZ, en su declaración en juicio manifestó entre otras cosas únicamente manifestó, que fueron varios los jóvenes detenidos que se encontraban en la entrada del apartamento, levantando varios índicos como ser: armas de fuego, 18 bolsitas plásticas conteniendo marihuana, cocaína, indicios que fueron levantados y llevados a la Dirección Policial de Investigación. Por último, consta la declaración del Agente Policial YIMI ALEXANDER LÓPEZ HERNANADEZ, donde en juicio entre otras cosas únicamente manifestó que el día primero de agosto se realizó allanamiento de morada en un bien inmueble ubicado en la colonia Las Delicias de la ciudad de La Ceiba, por lo que se identificó como miembro de la Policía Nacional, saliendo del apartamento personas del sexo masculino, encontrando en la cocina armas de fuego y en el baño subametralladora, aproximadamente dos libras de marihuana, 18 bolsas de marihuana y 4 bolsas de cocaína, también hallaron teléfonos celulares; siendo así de lo antes manifestado consideramos que a mis representados no se les comprobó en el presente juicio la autoría de los delitos que se les imputa. TERCERO: Es por tal motivo que esta defensa considera que la autoría directa individual, es aquella en que el sujeto activo realiza personalmente en el hecho delictivo, toma parte directa en la ejecución del hecho, realizando el núcleo del delito por si mismo, utilizando el término autor en sentido estricto cuando el sujeto realiza el hecho como propio, como el caso que nos ocupa y en sentido amplio que incluye a participes especialmente importante en el hecho de otro: el inductor y el cooperador necesario. Siguiendo ese orden de ideas y señalando la sentencia referida la autoría directa de los imputados, no fue posible para esta defensa determinar de manera clara, sin lugar a la menor duda, cual fue la acción o acciones ejecutadas por cada uno de los acusados en el hecho delictivo. Por consiguiente, para dictar una sentencia debe existir claridad de cuáles fueron los hechos y en que consistió el acto de ejecución material de los mismos (como en el caso de autos que se establece la responsabilidad penal de los imputados a título de autores directos), cuales fueron esos actos ejecutivos susceptibles de corroboración, realizados por cada uno de los acusados, que si bien son cinco pudieron haber sido más, por el hecho de encontrarse todos en la vivienda. Por otra parte, a la luz del resultado probatorio no es posible determinar los actos de ejecución practicados por cada uno de los acusados, los testigos ni siquiera mencionan a estos y menos manifestaron haber realizado las investigaciones tendientes a comprobar la autoría y participación de cada uno de ellos, en vista que la actividad investigativa fue el encuentro de la droga y las armas, y la detención de los habitantes de la vivienda. Concluyendo que no se realizó una investigación profunda, que condujera a esta defensa pública hasta el enlace de cada uno de los imputados con la actividad delictiva relacionada con drogas y las armas. Considera la defensa que todo este conjunto de circunstancias que se dieron en el debate no nos permite tener una certeza jurídicamente válida sobre la participación de cada uno de los detenidos para conocer la actividad realizada por estos. Por todo ello los testigos de cargo no fueron específicos, ni los cuerpos investigativos realizaron una investigación profunda, por lo que a la prueba testifical y documental la consideramos como no concluyente para tener una certeza que permitiera al Tribunal emitir una sentencia objetiva como debió ser y que sea una prueba confiable como para condenar por autores del delito de Facilitación de local para Tráfico de Droga y Posesión de Arma de fuego de Uso Comercial y prohibida a mis representados OBED ENRIQUE MIDENCE ALMENDARES, CRISTIAN FERNANDO MURILLO MARTINEZ, ELVIN OMAR LÓPEZ PÉREZ Y MARVIN EXDUNIOR GARCIA LOBOS, debiendo para tal efecto anularse la sentencia condenatoria por no haberse demostrado tener participación directa en el hecho, en el entendido que la responsabilidad penal es personal, todas estas circunstancias nos llevan a pensar que el fallo debió ser mas específico en la conducta de cada uno de los acusados y no condenarlos a todos por igual como autores directos.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); Ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa pública de los encartados. Único motivo. • Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículos 202 en relación con el 336 y 338 regla 4 numeral 2, todos del Código Procesal Penal. • Concepto de la infracción expuesto: No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana critica; • Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin reclamación previa, al producirse el vicio en la sentencia; • Pretensión: Anular la sentencia recurrida. El recurrente inicia su desarrollo recursivo, señalando que el Tribunal valora prueba de cargo no concluyente, que para la investigación de la verdad debieron haber practicado todas las diligencias pertinentes y útiles; además señala, que el sentenciador al hacer el juicio de valor sobre la prueba incurre en claras omisiones, siendo confusa e imprecisa, dando como resultado la violación a las reglas de la lógica en su postulado de la derivación. Que la sentencia recurrida no ha estado provista de un razonamiento intelectivo capaz de dejarle conforme, porque la conclusión no proviene de elementos suficientes como tampoco resultan aptos para producir razonablemente un conocimiento cierto de la participación en el suceso que se juzga. Refiere el recurrente, que del análisis de la sentencia de mérito, ha concluido que los hechos estimados y declarados probados, se derivan de prueba dudosa y no terrninante, ya que con el unico hecho probado por el Tribunal de Sentencia, no es claro al manifestar con presicion a quien pertenecia cada arma, marihuana o cocaina decomisada en el apartamento número uno o quien era la persona que rentaba el mismo, los agentes de policia que declararon en la audiencia de juicio oral y público se limitaron a manifestar que los datos fueron proporcionados por una fuente humana de manera anonima, constituyendose de esta forma testigos de referencia, no se estableció de que manera se encontraron estas personas dentro del apartamento numero uno, si residian en el mismo o cual era la permanencia de los mismos en ese lugar, no pudiendo el Ministerio Públco establecer la autoria de sus representados, considerando la parte recurente que la prueba testifical presentada es unicamente indiciaria, no pudiendo establecer la distribución de funciones para facilitar esa droga en el apartamento número uno y la tenencia de armas comerciales y prohibidas, sumado a esto la policia no realizó actos de investigación despues de la detención de los acusados, para con ello poder acreditar la participación e individualizar a cada uno de los acusados con los indicios recolectados en el apartamento número uno. Finaliza su desarrollo recursivo, que el criterio esbozado por el Tribunal sentenciador, se vulneran las formalidades que sujetan a la valoración de la prueba, concretamente en lo referente a la sana critica, pues, los testigos de cargo no fueron suficientes y los cuerpos investigativos no realizaron una investigación profunda, por lo que a la prueba testifical y documental la considera como no concluyente para tener una certeza que hubiera permitido emitir una sentencia objetiva como debió haber sido y que la prueba de cargo hubiera sido una prueba confiable como para condenar por autores de los delitos de Facilitación de local para Tráfico de Droga y Posesión de Arma de fuego de Uso Comercial y prohibida. De la procedencia del recurso. El único motivo no es de recibo. La Sala de lo Penal ha leído con detenimiento el escrito recursivo del defensor público, encontrando este Ad-Quem en el escrito del Censor expresiones como: “…el Tribunal valora prueba de cargo no concluyente, que para la investigación de la verdad debieron haber practicado todas las diligencias pertinentes y útiles …”; “…además al hacer el sentenciador el juicio de valor sobre dicha prueba incurre en claras omisiones, que hace dicha fundamentación confusa e imprecisa, dando como resultado la violación a las reglas de la lógica en su postulado de la derivación…”; “… la sentencia recurrida no ha estado provista de un razonamiento intelectivo capaz de dejar conforme a la defensa de los imputados…”, “… la prueba testifical (agentes de policia) que es de referencia, en el sentido que no determinaron fehacientemente cual fue la participación de cada uno de los imputados en los hechos, no relacionan cual fue la distribución de funciones” “…De lo anterior esta defensa pública no está de acuerdo con la supuesta participación de mis representados según lo plasmado en el hecho probado Unico en cuanto a que no es claro al manifestar con descripción precisa a quien pertenencian cada arma o marihuana y cocaína decomisada en dicho apartamento, o quien era la persona que rentaba el apartamento número 1…”, “…no compartimos el criterio esbozado por el Tribunal sentenciador, considerando que se vulneran las formalidades que sujetan a la valoración de la prueba, concretamente en lo referente a la sana critica, al tener acreditada la participación de los imputados en el hecho probado vulnerándose la presunción de inocencia como principio constitucional…” Finaliza el recurrente “…los testigos de cargo supra indicados no fueron suficientes, y los cuerpos investigativos no realizaron una investigación profunda, por lo que a la prueba testifical y documental la consideramos como no concluyente para tener una certeza que hubiera permitido emitir una sentencia objetiva como debió haber sido y que la prueba de cargo hubiera sido una prueba confiable como para condenar por autores del delito de Facilitación de local para trafico de drogas y Posesión de arma de fuego de uso comercial y prohibida a sus representados OBED ENRIQUE MIDENCE ALMENDARES, CRISTIAN FERNANDO MURILLO MARTINEZ, ELVIN OMAR LÓPEZ PÉREZ Y MARVIN EXDUNIOR GARCIA,…”. Lo anterior son expresiones que sirvieron para construir el argumento recursivo el cual básicamente es el reclamo del Censor, de que el tribunal de sentencia emitió una decisión condenatoria cuando su pretensión era un pronunciamiento absolutorio; la protesta entonces es el no haber valorado las piezas probatorias de la misma manera que lo hizo el Censor y que ello, según su criterio, es lo que constituye violación a la regla lógica en su postulado de la derivación. La Sala de lo Penal encuentra con dichos alegatos recursivos, la denuncia de una de las reglas de la sana critica como lo es el principio lógico de derivación, como consecuencia de que el a-quo ha emitido una sentencia que se aparta de las pretensiones formulada por la defensa, pues considera que de la valoración de la prueba no se desprende la participación de los acusados en el delito de Facilitación de local para Tráfico de Droga y Posesión de Arma de fuego de Uso Comercial y prohibida, acaecido el 01 de agosto de 2016.- Es evidente que la defensa, al desarrollar su recurso, hace una relación del contenido de la prueba, aporta su valoración personal sobre ésta y concluye que el tribunal debió aprecia los medios de prueba de igual manera y que por no haberlo hecho es que se generó el vicio. No hay duda para este Tribunal, que el Censor ha confundido el recurso ordinario de apelación como segunda instancia con el recurso extraordinario de casación como única instancia: El recurso ordinario como segunda instancia provoca un nuevo examen de la relación controvertida (Novum Judicium) y hace adquirir al tribunal de apelación la jurisdicción sobre el asunto, con facultad para decidir la controversia y conocer Ex Novo tanto de la Quaestio Facti como de la Quaestio Juris. Mientras que el recurso extraordinario como única instancia, como es la casación, ésta limitado a considerar exclusivamente los quebrantamientos de formas (errores in procediendo) y las infracciones de ley (errores in indicando) en que haya incurrido el tribunal de sentencia, sin que la Sala de lo Penal pueda extenderse al fondo o mérito de la controversia, ni al establecimiento o apreciación de los hechos por parte de los Juzgadores de la Instancia. Específicamente mediante la vía recursiva de la casación, no es posible reevaluar la actividad probatoria con miras a modificar aquella valoración hecha por los jueces de sentencia. La deficiente técnica recursiva por parte del recurrente en su único motivo, ha sido tan evidente que deviene por ello desestimarlo. DECISIÓN • Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa Pública de los acusados Obed Enrique Midence Almendares, Cristian Fernando Murillo Martínez, Elvin Omar López Pérez y Marvin Exdunior García Lobos, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los condenados Obed Enrique Midence Almendares, Cristian Fernando Murillo Martínez, Elvin Omar López Pérez y Marvin Exdunior García Lobos, las sanciones por tres delitos: i.- Pena principal de seis (06) años de reclusión, por el delito de Facilitación de Local para el Tráfico de Drogas en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras; más multa de cincuenta mil lempiras (L.50,000.00); ii. Pena principal de tres (03) años de reclusión, por el delito de Posesión Ilícita de Arma de Fuego de Uso Comercial en perjuicio La Seguridad Interior del Estado de Honduras; iii. Pena principal de ocho (08) años de reclusión, por el delito de Posesión Ilícita de Arma de Fuego de Uso Prohibido, en perjuicio La Seguridad Interior del Estado de Honduras; más multa de cinco mil lempiras (L.5,000.00). En suma, la pena concreta impuesta es de 17 años de reclusión de la libertad. Además, a cada uno de los anteriores imputados la imposición de: I. Pena accesoria de inhabilitación absoluta; II. Pena accesoria de interdicción civil; III. Declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito; IV. Consecuencia penal de obligación de realizar trabajo penitenciario. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017 por las infracciones penales cometidas por los acusados correspondería la imposición de las siguientes penas: La conducta reprochada a los condenados Obed Enrique Midence Almendares, Cristian Fernando Murillo Martínez, Elvin Omar López Pérez y Marvin Exdunior García Lobos, por el delito de Facilitación de Local para el Tráfico de Drogas, se encuentra prevista en el Artículo 311 del Código Penal 130-2017 como delito de Tráfico de Droga por posesión para la facilitación de su consumo ilegal, cuya pena es: i. De 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; o ii. De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días , si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, siendo éstas las enumeradas en las listas de Estupefacientes o preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla: https://www.incb.org/documents/NarcoticDrugs/Yellow_List/58th_Edition/Yellow_List_- PA.pdf) de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista Verde: https://www.incb.org/documents/Psychotropics/forms/greenlist/Green_list_SPA_08676.pdf) del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. Conforme los hechos probados, los acusados almacenaban dentro de una mochila 18 envoltorios conteniendo hierba seca marihuana con un peso neto de 83.2 gramos, un envoltorio grande conteniendo hierba seca marihuana con un peso de 441.4 gramos para un total de 524.6 gramos, la Marihuana es considerada una droga que no provoca grave daño a la salud; asimismo 4 bolsas conteniendo en su interior cocaína con un peso de 36.75 gramos, la cocaína es considerada una droga ilegal que causa grave daño a la salud conforme la Lista de Estupefacientes Sometidos a Fiscalización Internacional o Lista Amarilla (Lista I - Sección 1); aunando a lo anterior, de los hechos probados no es posible subsumir alguna circunstancia como agravante especifica consignadas en el artículo 312 del del Código Penal 130-2017. A partir de lo expuesto, se determina la existencia de un concurso ideal conforme al artículo 67 del nuevo Código Penal, el cual establece su existencia cuando con una (1) sola acción u omisión se infringe diversas disposiciones legales que no se excluyen entre sí. La apreciación de concurso ideal supone la imposición de la pena correspondiente al delito o falta que tenga señalada la pena más grave aumentada en un tercio (1/3), sin que pueda exceder de la suma de las penas concretas impuestas si se hubiesen penado separadamente los delitos. En el caso presente, tenemos un mismo precepto (artículo 311 del nuevo Código Penal) que regula dos supuestos de hecho distintos, el tráfico de drogas por posesión para la facilitación de su consumo ilegal de drogas que no causan grave daño a la salud, con una pena abstracta de 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días; y, el tráfico de drogas por posesión para la facilitación de su consumo ilegal de drogas que sí causan grave daño a la salud, con una pena abstracta de 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días; por lo cual, la imposición de la pena corresponderá a este último delito por contener la pena más grave aumentada en un tercio (1/3), lo que equivale a una pena abstracta de diez (10) a trece (13) años cuatro (4) meses de prisión, y quinientos (500) a seiscientos sesenta y seis (666) días multa, con un valor mínimo por día de veinte lempiras (L 20.00) y máximo de cinco mil lempiras (L 5,000.00) (Artículo 53 del nuevo Código Penal), lo que fija un margen abstracto de multa que oscila entre trece mil trescientos treinta y tres lempiras con veinte centavos (L 13,333.20) a tres millones trescientos treinta y tres mil trescientos lempiras (L 3, 333,300.00). • Respecto la conducta reprochada a los imputados Obed Enrique Midence Almendares, Cristian Fernando Murillo Martínez, Elvin Omar López Pérez y Marvin Exdunior García Lobos, por los delitos de Posesión Ilícita de Arma de Fuego de Uso Comercial y Posesión Ilícita de Arma de Fuego de Uso Prohibido, ambas están previstas en el Artículo 580 del Código Penal 130-2017, como delito de Tenencia Ilegal de Armas de fuego, la cual describe como pena: • 1) De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas; y, • 2) De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas o municiones prohibidas; y, De acuerdo a los hechos probados se apreciacia un concurso ideal, que supone la imposición de la pena correspondiente al delito o falta que tenga señalada la pena más grave aumentada en un tercio (1/3). Siendo así, correspondera el aumento de un tercio (1/3) a la pena del delito de Tenencia Ilegal de Arma de Fuego de Uso Prohibido, quedando la pena abstracta en seis (06) a ocho (08) años de prisión, más tres (03) años de localización permanente por el delito de Tenencia Ilegal de Arma de Fuego de Uso Prohibido en concurso ideal de Tenencia Ilegal de Arma de Fuego de Uso Permitido. En suma, el marco abstracto de las penas que corresponden a los delitos cometidos por los acusados Obed Enrique Midence Almendares, Cristian Fernando Murillo Martínez, Elvin Omar López Pérez y Marvin Exdunior García Lobos, de aplicarse la nueva normativa penal sería de dieciseis (16) a veintiún (21) años con cuatro (04) meses de prisión; más otras penas principales como ser: quinientos (500) a seiscientos sesenta y seis (666) días multa por el delito de Tráfico de Droga por posesión para la facilitación de su consumo ilegal y localización permanente de tres (3) años, en relación al delito de Tenencia Ilegal de Arma de Fuego de Uso Prohibido en concurso ideal de Tenencia Ilegal de Arma de Fuego de Uso Permitido. A partir de lo anterior, al realizar la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, permiten determinar que en el caso particular de los Imputados Obed Enrique Midence Almendares, Cristian Fernando Murillo Martínez, Elvin Omar López Pérez y Marvin Exdunior García Lobos, conforme el Código Penal 144-83 al ser de 17 años de reclusión, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgada conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para las mismas conductas delictivas de dieciseis (16) a veintiún (21) años con cuatro (04) meses de prisión; más otras penas principales. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal a los imputados Obed Enrique Midence Almendares, Cristian Fernando Murillo Martínez, Elvin Omar López Pérez y Marvin Exdunior García Lobos, por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362 numeral 3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. Interpuesto por el Abogado Ramón Matamoros, en su condición de defensor público de los encartados Obed Enrique Midence Almendares, Cristian Fernando Murillo Martínez, Elvin Omar López Pérez y Marvin Exdunior García Lobos. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas a los ahora condenados Obed Enrique Midence Almendares, Cristian Fernando Murillo Martínez, Elvin Omar López Pérez y Marvin Exdunior García Lobos. Por lo cual, los beneficios penitenciarios deberán de ser otorgados conforme las disposiciones del Código Penal 144-83. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veinticuatro de marzo de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, hoy Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, que contiene el pronunciamiento condenatorio en contra de los señores Obed Enrique Midence Almendares, Cristian Fernando Murillo Martínez, Elvin Omar López Pérez y Marvin Exdunior García Lobos, por los delitos de Facilitación de Local para el Tráfico Ilícito de Drogas, Posesión Ilícita de Arma de Fuego de Uso Comercial y Posesión Ilícita de Arma de Fuego de Uso Prohibido en perjuicio de La Salud de la Población y de La Seguridad Interior del Estado de Honduras respectivamente. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Díaz Flores. Notifíquese. - Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrada. Firma y Sello. RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS. – receptora adscrita a sala de lo penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veintiocho días del mes de enero de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el quince de octubre de dos mil veinticuatro, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-20-2021.
INA KORITZA SANDOVAL NAVAS
RECEPTORA SALA PENAL