Sentencia CP-181-19 — Registro 18267
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Portación Ilegal de Armas Comerciales, Uso Público de Nombre Supuesto, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y se Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"... De la Procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Único Motivo. El recurso no es de recibo. El hecho probado objeto de juzgamiento establece: “ El lunes veintitrés de mayo del año dos mil dieciséis, a las diez con treinta minutos de la mañana, se recibió una llamada telefónica en la Central de Telecomunicaciones de la Policía Nacional indicando que en la Colonia Honduras, San Pedro Sula, Cortés, circulaba un vehículo turismo marca Toyota con placa PBN0511 de manera sospechosa, por lo que varios Agentes se desplazaron a dicho lugar, encontrando en la 10 avenida, 14 calle de la referida colonia, el vehículo antes descrito, por lo cual requirieron a sus tres ocupantes, identificándose a dos de ellos como RAMON ALBERTO RAMIREZ ORTIZ Y MARLON BEJARANO, quien manifestó llamarse ANGEL NOE MEJIA RIVERA, encontrando en el asiento trasero donde iban sentados los señores RAMIREZ ORTIZ Y BEJARANO, las armas TANFOGLIO y PIETRO BERETTA, en buen estado de funcionamiento, responsabilizándose cada uno de ellos por dichas armas respectivamente, sin contar con la autorización administrativa correspondiente.” Por este hecho, el acusado Marlon Bejarano fue condenado por el delito de Portación Ilegal de Armas Comerciales, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de tres (3) años de reclusión, mas las penas accesorias de inhabilitación especial para ejercer el sufragio e interdicción civil por el tiempo que dure la condena. Del estudio del caso en autos, se logra establecer que la fecha del hecho objeto de juzgamiento, 23 de mayo de 2016, no se encontraba en vigencia el decreto legislativo No. 52-2017, mediante el cual el legislador dispone por un periodo para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego proceda a realizar los trámites de registro, debiendo presentar toda la documentación pertinente a excepción de la factura de compra en La Armería, como excepción. En atención a lo expuesto, la Sala de lo Penal ha sido del firme criterio que la letra y espíritu del decreto 184-2013 y de sus posteriores prórrogas (en este caso el decreto legislativo No. 52-2017) es para que las autoridades de la Unidad del Registro Balístico adscrita a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, durante la vigencia del mencionado decreto permitan a los particulares propietarios de armas comerciales que no hayan registrado sus armas comerciales por carecer de factura de La Armería, pasen a registrarlas a su nombre, para que éstas pasen a ser legales. Todo ello con el propósito de que una gran cantidad de armas no continúen siendo ilegales en posesión de sus propietarios y tener el debido registro para seguridad de la población. Para determinar si existe o no responsabilidad penal por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego durante el periodo de vigencia del decreto 184-2013 y de su prórroga, no debe tomarse en cuenta únicamente el elemento temporal para declarar la atipicidad de la conducta esgrimida en el artículo 332-B del Código Penal, sino que también, deben tomarse en cuenta pautas objetivas que conlleven a colegir sin ningún género de dudas, que las personas que portaban un arma de fuego comercial sin autorización o un arma de fuego de uso prohibido durante el tiempo de la veda, tenía la intencionalidad de ir a registrarla o entregarla, pues el permiso o veda es para registrar o entregar el arma y no para su simple portación, lo que va en contra de la voluntad del legislador al emitir y prorrogar dicho decreto. El artículo 332-B del Código Penal, señala: “…Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para el uso personal o deportivo…incurrirá en una pena de tres a seis años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones… se entenderá por armas de uso persona, defensa o deportivas… las descritas en la ley especial…”, y de acuerdo con los hechos probados en la sentencia y descritos con anterioridad se encuentran, los elementos del tipo penal se constituyen de la siguiente manera: 1. Sujeto Activo: siendo cualquier persona natural sin cualificación especifica. 2. Sujeto Pasivo: El Estado de Honduras, el cual es garante y responsable de la Seguridad Interior. 3. Conducta criminosa, esto es el verbo rector, el cual en este caso consiste en fabricar, almacenar, transportar, poseer, usar, suministrar, vender, ingresar o sacar, armas o municiones del país, para uso personal o deportivas sin permiso de la autoridad correspondiente. 4. Modalidad Criminosa, es la forma de llevar a cabo el verbo rector y que para el tipo penal en referencia, implica, la ejecución de cualquiera de los verbos rectores descritos sin tener el permiso vigente, expedido por la autoridad correspondiente del Estado de Honduras; por otro lado, que el arma de fuego tenga la condición de tal, es decir, que consista en algún artefacto o dispositivo construido industrialmente o artesanalmente que permita el lanzamiento de proyectiles, mediante la fuerza de expansión de los gases de la pólvora. Finalmente, que el arma sea de aquellas consideradas permitidas, por reunir las características o especificaciones descritas en el artículo 7 de la ley especial. Además de lo antes explicado, como elemento subjetivo el tipo penal, exige que el sujeto activo realice la acción con dolo, es decir, que se conduzca con el conocimiento que está realizando alguno de los verbos rectores descritos, respecto de un arma de fuego o munición permitida, sin el permiso de la autoridad competente y además que tenga la voluntad de realizarlo. En este sentido, se desprende según el propio fáctum de la sentencia, que el lunes 23 de mayo de 2016, a las 10: 30 de la mañana, circulaba en la colonia Honduras un vehículo turismo marca TOYOTA con placa PBN0511 de manera sospechosa, por lo que se desplazaron varios agentes a dicho lugar, encontrando en la 10 avenida, 14 calle de la referida colonia, lo cual requirieron a sus tres ocupantes, identificándose a dos de ellos como Ramon Alberto Ramírez Ortiz y Marlon Bejarano, encontrando en el asiento de la parte trasera sonde iban sentados los señores Ramírez Ortiz y Bejarano, las armas TANFOGLIO y PIETRO BERETTA, en buen estado de funcionamiento, responsabilizándose cada uno de ellos por dichas armas respectivamente, sin contra con la autorización administrativa correspondiente. En atención a lo anterior, la Sala de lo Penal concluye que existe identidad entre el hecho probado de la sentencia y el artículo 332 literal B del Código Penal, pues de los hechos probados se reproduce el ámbito situacional previsto en la norma, encuadrándose con los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal seleccionado. Por todas estas razones, deviene declarar no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"... Ponderación en el caso concreto 1.- Acusado Marlon Bejarano Conforme la parte resolutiva de la sentencia venida en casación, el acusado Marlon Bejarano, fue encontrado responsable de dos delitos consumados, imponiéndose en concurso real las penas correspondientes, las que sumaron una pena principal de 5 años de reclusión (Decreto 144-83): • Por el delito de Portación Ilegal de Armas Comerciales (art.332-B): Pena principal de 3 años de reclusión. • Por el delito de Uso Público de Nombre Supuesto (art.294): Pena principal de 2 años de reclusión. Más las accesorias de inhabilitación especial para ejercer el sufragio e interdicción civil por el tiempo que dure la condena. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017 por la infracción penal cometida por el acusado por el delito de Tenencia Ilegal de Arma de Fuego, correspondería la imposición de la siguiente pena de prisión: i) De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas. (art.580 numeral 1). ii) por el delito de usurpación de la personalidad de otro (art.470), correspondería la imposición de la pena de prisión de uno (1) a cuatro (4) años. En suma, el marco abstracto de las penas privativas de libertad que corresponden a los delitos cometidos por el acusado, de aplicarse la nueva normativa penal, sería de dos (2) a ocho (8) años y localización permanente de hasta dos (2) años de prisión. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta al acusado Marlon Bejarano, conforme el CP-144-83, de cinco (5) años de reclusión por los delitos de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial y Uso Público de Nombre Supuesto, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para las mismas conductas delictivas en su totalidad, de 2 a 8 años de prisión. A lo anterior es preciso agregar que el tipo penal de Tenencia Ilegal de arma de Fuego contempla dos penas principales, es decir además de la pena de prisión, prevé la pena de localización permanente de hasta dos (2) años, mismas que no se encontraban previstas en la normativa penal con la que fue condenado el procesado. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. 2.- Acusado Ramón Alberto Ramírez Ortiz En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Ramón Alberto Ramírez Ortiz, la pena principal de tres (3) años de reclusión por el delito de Portación Ilegal de Armas Comerciales en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras y como pena accesoria la inhabilitación especial para ejercer el sufragio e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal y la responsabilidad civil. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de Tenencia Ilegal de Armas de Fuego Permitida, previsto en el artículo 580.1, prevé una pena abstracta de 01 a 04 años de prisión y localización permanente de hasta dos (2) años, a las personas responsables del delito, más las penas accesorias correspondientes. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular el Código Penal 130-2017 prevé una pena abstracta dentro de la cual está la pena concreta impuesta al acusado conforme el Código Penal 144-83; sumado a que la nueva normativa contempla como pena principal la localización permanente de hasta dos (2) años, misma que no estaba prevista en la anterior legislación. - por tanto, no es procedente la aplicación retroactiva de la nueva codificación..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 615 y 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-181-2019, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintiuno del mes de agosto del año dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Nelson Danilo Mairena Franco, en su calidad de Coordinador, Mario Rolando Diaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-181-2019 por Infracción de Precepto Constitucional y por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes, mediante la cual falló: Primero: Condenó a Marlon Bejarano, por el delito de Portación Ilegal de Armas Comerciales en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena de tres años de reclusión. Segundo: Condenó a Marlon Bejarano, por el delito de Uso Público de Nombre Supuesto en perjuicio de La Fe Publica del Estado de Honduras, a la pena de dos años de reclusión. Penas que deberá cumplir en concurso real, sumando un total de cinco años de reclusión, más las penas accesorias de Inhabilitación Especial para ejercer el sufragio e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena. Tercero: Condenó a Ramon Alberto Ramirez Ortiz, cuyas menciones de generales ya han sido anteriormente detalladas en el preámbulo de esta sentencia por el delito de Portación Ilegal de Armas Comerciales en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena de tres años de reclusión como pena principal más la pena accesoria la Inhabilitación Especial para ejercer el sufragio e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal. Cuarto: Declaro la responsabilidad civil de los acusados Marlon Bejarano y Ramon Alberto Ramirez Ortiz, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución. Quinto: Ordenó el comiso de: las armas de fuego: tipo pistola color negra, sin serie, marca Pietro Beretta y del arma de fuego tipo pistola color negro, marca Tanfoglio, serie Z14008, sin perjuicio de la devolución de las mismas a quien acredite su legítima propiedad. Sexto: No procedió la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. SON PARTES: Los Abogados Gladis Lamar Ortiz y Arnaldo Alcides García Alvarado, en su condición de defensores públicos de Ramon Alberto Ramirez Cruz como parte recurrente N° 1; los Abogados José Roberto Izaguirre Santos y Mario Reiniery Amador Espinal, en su condición de defensores públicos de Marlon Bejarano como parte recurrente N° 2 y la Mercedes Dubon, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico y parte recurrida. HECHOS PROBADOS “UNICO: El lunes veintitrés de mayo del año dos mil dieciséis, a las diez con treinta minutos de la mañana, se recibió una llamada telefónica en la Central de Telecomunicaciones de la Policía Nacional indicando que en la Colonia Honduras, San Pedro Sula, Cortés, circulaba un vehículo turismo marca Toyota con placa PBN0511 de manera sospechosa, por lo que varios Agentes se desplazaron a dicho lugar, encontrando en la 10 avenida, 14 calle de la referida colonia, el vehículo antes descrito, por lo cual requirieron a sus tres ocupantes, identificándose a dos de ellos como RAMON ALBERTO RAMIREZ ORTIZ Y MARLON BEJARANO, quien manifestó llamarse ANGEL NOE MEJIA RIVERA, encontrando en el asiento trasero donde iban sentados los señores RAMIREZ ORTIZ Y BEJARANO, las armas TANFOGLIO y PIETRO BERETTA, en buen estado de funcionamiento, responsabilizándose cada uno de ellos por dichas armas respectivamente, sin contar con la autorización administrativa correspondiente.” RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente #1 Abogada Martha Liliana Acosta, defensora pública de Ramón Alberto Ramírez Ortiz, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y la recurrente #2 Erika Yamileth Hernández, defensora pública de Marlon Bejarano procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley, de la manera siguiente “EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION MOTIVO UNICO. Infracción de Precepto Constitucional Contenido en el en el decreto 52-17 de fecha cuatro de agosto contentivo de Ley de control de Armas de Fuego, citado en relación con el Articulo 96 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE. El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal. EXPOSICION DEL MOTIVO. La norma sustantiva Infringida es el decreto 52-17 de fecha cuatro de Agosto, contentivo a la Ley de control de Armas de Fuego, que establece que a partir de la vigencia del presente Decreto y por el término de un año, un periodo de Veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la Armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad; por su parte la norma legal relacionada en relación señala: Articulo 96 de la Constitución de la República manda que la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado. El Tribunal A-quo declaro como probado el siguiente. HECHO UNICO: El lunes veintitrés de mayo del do mil dieciséis, a las diez con treinta minutos de la mañana, se recibió una llamada teléfono en la Central de Telecomunicaciones de la Policial Nacional indicando que en la Colonia Honduras, San Pedro Sula Cortes, circulaba un vehículo turismo marca Toyota con placa PBN0511 de manera sospechosa, por lo que varios Agentes se desplazaron a dicho lugar, encontrando en la 10 avenida, 14 calle de la referida colonia, el vehículo antes descrito, por lo cual requirieron a sus tres ocupantes, identificándose a dos de ellos como RAMON ALBERTO RAMIREZ ORTIZ y MARLON BEJARANO, quien manifestó llamarse ANGEL NOE MEJIA RIVERA, encontrando en el asiento trasero donde iban sentados los señores RAMIREZ ORTIZ Y BEJARANO, las armas tanfoglio y Pietro bureta, en buen estado de funcionamiento, responsabilizándose cada uno de ellos por dichas armas respectivamente, sin contar con la autorización administrativa correspondiente. Al analizar este contenido del hecho UNICO probado como verdad incuestionable, a mi representado se les detuvo con arma de fuego sin contar con permiso alguno; se observa que el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortes, al condenar a mi representado olvido la eficacia de las denominadas Leyes intermedias que no estuvieron en vigor en el momento de la comisión de los hechos; sino, que ha tenido vigencia entre uno y otro, es decir, que su aplicación proviene del hecho de que la valoración contenida en dicha Ley no era mantenida por el Legislador cuando se cometió la conducta, pese a ello si la Ley intermedia resulta más beneficiosa para el reo, se acepta su aplicación en atención a que este pudo ser Juzgado con arreglo a la misma si el Juicio se hubiera celebrado bajo su vigencia y si esto ha ocurrido, no deben aplicarse la consecuencias de la Ley que le perjudica; todo ello en virtud de la retroactividad en materia penal cuando la nueva disposición le favorezca al procesado, a este efecto con la emisión del Decretos 52-17 vigente desde cuatro de agosto del dos mil diecisiete, en el cual se concede el beneficio de Amnistía hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho, que deja en suspenso la aplicación de la norma contenida en los artículos 332-B del Código Penal.- Desde ese punto de vista se puede sostener que el Estado al dictar una nueva norma ha decidido cambiar el sentido de aquella de la manera más favorable, lo que da lugar a que los supuestos de hechos realizados se beneficien de esta nueva orientación de la Política Legislativa y Criminal; las Leyes penales intermedias se reconoce por las mayorías que en Justicia el Juez debe también tomar en cuenta estas Leyes entre la fecha de comisión del hecho delictivo y la fecha de la sentencia, debe el Juez aplicar aquella de entre esas tres o más Leyes que sea más favorable al reo, pues la retroactividad obedece o bien a razones humanitarias de políticas criminal. La sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia en casos similares ha manifestado.....si bien el Decreto no menciona expresamente que deroga la normativa penal que sanciona la Aportación Ilegal de Armas, la cual importa una derogatoria tacita temporal derivada de la naturaleza de la norma intermedia pues si entendiéramos que la pretensión del Legislador era dejar vigente el articulo 332-B del Código Penal, al regir el Decreto 52-17; para que todos aquellos ciudadanos que no hayan realizado el registro de cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no poseen la factura de venta de la armería, para que procedan con la documentación restante a realizar dicho registro por la disposición intermedia. Así se desprende del contenido del precepto autorizante (Art.361 Código Procesal Penal) cuando dice: Habrá lugar al recurso de casación por Infracción de precepto Constitucional. En todos los casos en que, con arreglo al Código Procesal Penal, pueda interponerse recurso de casación contra una resolución Judicial, será suficiente para fundamentarlo, la infracción de precepto constitucional. En el caso de autos el artículo 96 de la Constitución de la República ya que no se aplicó la retroactividad del Decretos citados con antelación que refiere de la Veda en la sentencia proferida por el A-quo. Examinando lo anterior, somos del criterio que en los casos de Recurso de Casación por Infracción de precepto Constitucional como el presente por disposición del artículo 361 del Código Procesal Penal, el Tribunal de Casación en ningún caso podrá modificar los hechos que la sentencia recurrida tenga como probados, sin embargo, mientras estos no se modifiquen, es posible revisar si se aplican las normas denunciada infringidas, siendo esta la pretensión del presente Recurso de Casación en el que la decisión del Juzgador no se ajusta a las previsiones del Legislador al regula una Veda de la Posesión Ilegal de Armas de Fuego; debiéndose para tal efecto declarar sin lugar el fallo contra mis representados RAMON ALBERTO RAMIREZ ORTIZ, por el delito de POSESION ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERNA DEL ESTADO HONDUREÑO.- Pretendiendo para tal efecto que se anule la sentencia del A-quo y que se declare con lugar el Recurso de Casación por Infracción de precepto Constitucional, por haber infringido el Decreto Legislativo número Decreto 52-17 de fecha cuatro de agosto del dos mil diecisiete (04-08-173) supra indica.” La recurrente 2 Abogada Erika Yamileth Hernández, defensora pública de Marlon Bejarano, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley, de la manera siguiente “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION MOTIVO UNICO: Infracción por violación o falta de aplicación del artículo 1 contenido en el Decreto Legislativo N. 52-2017 de fecha doce de julio del año dos mil diecisiete, publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 04 de agosto del 2017. Normativa relacionada con el artículo 96 de la Constitución de la República de Honduras PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal penal. - EXPOSICION DEL MOTIVO Aplicar una norma jurídica que reclame la aplicación de otra implica siempre una inobservancia de esta última, y tanto la inobservancia como la aplicación errónea configuran violaciones a la voluntad del legislador. La declaración de hecho probado el Juzgador describe aquellas conductas que puede ser calificados como delitos y en consecuencia adecua ese cuadro fáctico al presupuesto normativo penal que se supone infringido. La errónea aplicación de adecuación o falta de correspondencia de la norma aplicada al caso concreto, es lo que constituye el motivo. "La aplicación indebida" es una especie de casación por Infracción de ley, consistente en la invocación por los sentenciadores de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad que aparece consignada en los hechos probados, de tal forma que se aprecia la incongruencia entre el factum de la sentencia y la norma penal que se asigna, por lo que la infracción se produce al citar y fundamentar el fallo con una norma extraña a los hechos estimados probados" Los preceptos penales sustantivos que se invocan como infringidos por violación o falta de aplicación prescriben lo siguiente: ART. 1 Conceder el beneficio de Amnistía hasta el 31 de diciembre del año 2018, para que todos aquellos ciudadanos que no hayan realizado el registro de cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posean la factura de venta de la Armería, para que procedan con la documentación restante a realizar dicho registro. ART. El presente Decreto entrara en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial "La Gaceta" (4 de agosto del 2017). Por su parte la norma legal citada en relación señala: Artículo 96 de la Constitución de la República: "La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado" El artículo 332-B del Código Penal establece: Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones Comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales. Quien, sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial. Artículo que ha aplicado incorrectamente el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, al no ajustarse a la ley vigente, pues los jueces establecen en el hecho probado que mi defendido el día veintitrés (23) de mayo del 2016 se le encontró en el vehículo que se transportaba, bajo el asiento del pasajero, un arma de fuego marca pietro beretta, modelo 92 FS, calibre 9 parabellum, serie no visible, armazón, correa y cañón metálico, con pavón de color negro y empuñadura de aparentemente plástico, color negro, con su respectivo cargador metálico, pavón color negro y óxido, de la cual no tenía autorización para poseerla. Haciendo un análisis de los autos revela que cuando el imputado fue sorprendido en posesión del arma de fuego, esto fue el veintitrés de mayo del 2016. Si bien es cierto al momento de los hechos no estaba vigente el artículo 1 del decreto 52- 2017 de fecha doce de julio del dos mil diecisiete, publicado en el diario oficial La Gaceta el cuatro de agosto de dos mil diecisiete, no obstante, cuando el Tribunal de Sentencia dictó el falló se encontraba vigente el referido decreto legislativo. En estricto derecho el Juez no está obligado más que a decidir, entre la ley vigente en la fecha de la comisión del delito y la vigente en la fecha de la sentencia, porque solo esta y no una ya derogada puede aplicarse retroactivamente, por eso entendemos que el beneficio que pudo obtener el imputado con el referido decreto no se puede aplicar. En todo caso al momento de decidir el caso la ley más favorable es el decreto que establece la amnistía, situación que resistieron aplicar los miembros del Tribunal de Sentencia aplicando indebidamente el artículo 332 del Código Penal. Si bien es cierto el decreto en cuestión no menciona expresamente que deroga la normativa penal que sanciona la portación ilegal de armas, importa una derogatoria tácita temporal derivada de la naturaleza de la norma vigente al momento de dictar el fallo, pues entendiéramos que la pretensión del legislador era dejar vigente el articulo 332 b del Código Penal, al regir el artículo 2 del decreto 52-2017, aun las personas que hubieren acudido a registrar sus armas dentro del plazo fijado por el mencionado artículo 2, incurrirían en el delito de portación ilegal de armas por el tiempo que la ostentaron antes de acudir a dicho registro, en cuyo caso no tendría sentido el plazo otorgado por la disposición legislativa. Si en la nueva ley deja de considerarse delictivo un hecho penado hasta entonces, entonces si se puede aplicar la retroactividad de ley, pues uno de los requisitos es que favorezca al reo o procesado. En nuestro caso los señores jueces con base a lo establecido en el artículo 96 Constitucional, tuvo que haber aplicado la retroactividad con respecto a ese artículo, al no aplicarla el juzgador de instancia infringió por falta de aplicación en tanto que esta se da cuando la norma no es seleccionada para resolver el caso, debiendo serlo, independientemente de a que resultado se haya llegado ya sea porque se ignora su existencia, porque no se le considera vigente o por un equivocado entendimiento de su significación o su alcance. El artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece: Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. En sentido, la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto ha sostenido que la calificación de un hecho como ilícito y la fijación de sus efectos jurídicos deben ser preexistentes a la conducta del sujeto al que se considera infractor. De lo contrario, las personas no podrían orientar su comportamiento conforme a un orden jurídico vigente y cierto, en el que se expresan el reproche social y las consecuencias de este. Asimismo, el principio de retroactividad de la ley penal más favorable, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiara de ello. El Tribunal también ha indicado que el principio de irretroactividad tiene el sentido de impedir que una persona sea penada por un hecho que cuando fue cometido no era delito o no era punible o perseguido . La Corte ha enfatizado que corresponde al juez, en el momento de la aplicación de la ley penal, atenerse estrictamente a lo dispuesto por esta y observar la mayor rigurosidad en el adecuamiento de la conducta de la persona incriminada al tipo, de forma tal que no incurra en penalización de actos no punibles en el ordenamiento jurídico. La elaboración de tipos penales supone una clara definición de la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales. Este Tribunal subraya que la tipificación de conductas reprochadas penalmente implica que el ámbito de aplicación de cada uno de lo tipos está delimitado de la manera más clara que sea posible, es decir, de manera expresa, precisa, taxativa y previa. La Constitución de la República de Honduras en su artículo 221 establece: La Ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de haber transcurrido (20) veinte días de terminada su publicación en el diario oficial La Gaceta. Podrá, sin embargo, restringirse o ampliarse en la misma ley el plazo de que trata este artículo y ordenarse, en casos especiales, otra forma de promulgación. Siendo así que las leyes vigentes forman parte del derecho positivo y conforme a lo establecido en el Código Civil en los artículos 42, 43 y 44 la ley puede ser derogada total o parcialmente por otra ley, bien sea en forma tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que pueda conciliarse con las de la ley anterior o expresa, cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la anterior, en nuestro caso con el ya supra mencionado decreto que a todas luces es irreconciliable con las normas establecidas para el tipo penal de portación ilegal de armas, pues existe una veda donde es permitido que las personas porten armas de fuego en forma visible en espacios públicos o privados durante un determinado tiempo, en este caso en específico hasta el 31 de diciembre del 2018, (decreto legislativo 52-2017, publicado en fecha 04 de agosto del 2017). PRETENSION Como consecuencia de la resistencia en aplicar la ley vigente al caso concreto, como ocurrió en el presente caso produjo la falta de aplicación del artículo 1 del Decreto Legislativo No- 52-2017 de fecha doce de julio del 2017 y publicado en el diario oficial La Gaceta en fecha 04 de agosto del 2017, por lo tanto se solicita se decrete la aplicación indebida del artículo 332 del Código Penal, se case la sentencia y se decrete en su lugar una Sentencia Absolutoria a favor del señor MARLON BEJARANO.” Fundamentación Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional. En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “La jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: 1. Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 2. Aplicación Restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 3. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el recurrente debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurrente 1 Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la Defensa Pública. Único Motivo. • Norma autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. • Norma sustantiva que se denuncia infringida: Decreto 52-17 de la Ley de Control de Armas de Fuego en relación con el Artículo 96 de la Constitución de la República. • Concepto de la infracción: Retroactividad del Decreto 52-17 de la Ley de Control de Armas de Fuego. • Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor. • Pretensión: Que se declare con lugar el recurso. Establece la recurrente que el Tribunal Sentenciador al condenar a mi representado olvido la eficacia de las denominadas leyes intermedias, ya que el vicio se produce porque se inobservó el precepto constitucional contenido en el artículo 96, relacionado con el decreto 52-2017 de fecha 4 de agosto de 2017 contentivo en la Ley de Control de Armas de Fuego, ya que de los hechos probados de la sentencia se colige una conducta que ha sido despenalizada por la entrada en vigencia de dicho decreto; todo ello en virtud de la retroactividad en materia penal cuando la nueva disposición le favorezca al procesado, en el cual se le concede el beneficio de amnistía y que deja en suspenso la aplicación de la normas contenida en los artículos 332-Bdel Código Penal. Del principio de retroactividad de la ley penal Al haberse invocado este principio por el Recurrente, deviene explicar el mismo. - La exigencia para que un hecho pueda castigarse como delito es preciso de modo ineludible, que previamente haya sido declarado como tal por una ley, así se refleja en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre del 10 de diciembre de 1948; artículo 11.2: "Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.”. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el principio de identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigencia una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el tribunal de justicia deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que ninguna persona debe ser castigada por una conducta que al momento de la comisión era lícita, de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben de ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Haseemer señala que "una ley que pretenda ser aplicable a un caso que haya ocurrido antes de que la ley haya entrado en vigor, es un fantasma del Estado Policía (Hassemer, Winfried, Fundamentos del Derecho Penal, Bosh, Casa Editorial S.A., 1984., Pág. 320)", en virtud de que el daño, que se pretende evitar por parte de la comunidad, ya ha sido producido antes de su promulgación, cuando la misma era de carácter lícito y no reprochable. Claus Roxin (Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civitas A.S., España, p. 141) explica los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión, sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible, sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); y 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Tales tipos de retroactividad no son posibles ya que el Estado debe de determinar ante fáctum los hechos que consienta prohibidos, de modo que los ciudadanos tengan confianza en que los límites de su libertad están determinados y que pueden actuar dentro de esos límites establecidos sin que posteriormente puedan ser objetos de algún reproche por los mismos. Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria, lo que debe de ser apreciado no solo en procesos penales pendientes, como el caso que nos ocupa, sino además en los procesos con resoluciones firmes, antes o durante el cumplimiento de las penas. "Una Ley más favorable no es una ley abusiva, por el contrario, significa el reconocimiento de mayores ámbitos de libertad, luego la retroactividad de la ley más favorable no niega el principio de legalidad, si no que más bien lo afirma." (Bustos Ramírez Juan, Manual de Derecho penal, Parte General, Barcelona, Edit. Ariel S.A, 3° Edición, 1989, pg. 82). Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entra en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente, "esta exigencia es inseparable del principio de legalidad penal; si debe existir una ley que defina las conductas delictivas para poder perseguirlas, dicha ley debe estar vigente en el momento en que se cometen los hechos, por eso la ley penal es irretroactiva y no puede aplicarse a hechos anteriores a su entrada en vigor (Muñoz Conde, Francisco. Derecho Penal, parte general, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia España, 1° edición, 1993, pg. 98.)", salvo el caso mencionado, cuando sea más beneficiosa. Ante una nueva regulación penal corresponde al juzgador determinar cuál es la ley que es más favorable al acusado o condenado: la vigente al momento del hecho o la vigente al momento de juzgamiento o ejecución de la pena, dándose tal respuesta a depender de: 1. Si la ley penal vigente al momento de los hechos ha sido derogada por una nueva ley, lo que sin dificultad se concluye que la nueva ley es más beneficiosa por despenalizar lo que la anterior tipificaba como delito; 2. Si la ley penal vigente al momento del hecho contemplaba una pena de la misma naturaleza más grave que la prevista en la ley penal vigente al momento del juzgamiento o ejecución de la pena, entonces se debe de aplicar la ley penal vigente (ley nueva), por ser más beneficiosa; o 3. Si la Ley penal vigente al momento del hecho contemplaba una pena de distinta naturaleza a la prevista en la ley penal vigente al momento de juzgamiento o ejecución de la pena, el órgano jurisdiccional decidirá conforme al caso concreto y en la eventual situación de duda podrá consultar a la persona condenada cuál de las normas le resulta más beneficiosa, pues a la postre el destinatario de las mismas es ella, y el principio lo que busca es su beneficio. Lo anterior nos lleva a otra posibilidad, existirán casos en que la nueva ley contenga aspectos que le beneficie al reo o procesado, pero que a su vez también le perjudique, lo que obliga, como en el caso anterior, a que el juez realice un estudio del caso concreto, a fin de determinar cuál de las normas es la más beneficiosa en su totalidad, es decir, tomando en cuenta tanto los beneficios como los perjuicios de su aplicación, no siendo posible aplicar los aspectos más beneficiosos de la nueva ley sin aplicar los perjudiciales, ya que, como señala Muñoz Conde, "el Tribunal estaría creando una nueva norma (…) y desempeñando con ello funciones legislativas que no le competen." (Muñoz Conde; Francisco; García Arán, Mercedes. Derecho Penal Parte General, 3° Edición. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, Pág. 159 y 160). En definitiva, el texto del artículo 96 de la Constitución de la República establece que "la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", lo cual está desarrollado en el artículo 9 del Código Penal, que indica que: “Las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al procesado, aunque al entrar en vigencia aquellas hubieren recaído sentencia firme y el reo estuviere cumpliendo la condena.”. De los decretos legislativos de gracia o de “veda” o “amnistía” El legislador hondureño ha dispuesto en varias ocasiones emitir leyes y normas temporales con el objeto de establecer reglas especiales, algunas veces exonerando de requisitos, para que las personas dueñas y poseedoras de armas de fuego regularicen su tenencia o, en su caso, hagan entrega de aquellas que la ley ha catalogado como prohibidas. Estas normas legales, de naturaleza administrativa, tiene el propósito de motivar a los particulares a que se ajusten a las leyes que regulan el tema de arma de fuego, no debiendo entenderse que buscan como propósito exonerar de responsabilidad penal por delitos relacionados con estos objetos. Desde el año 2001 han estado en vigencia 09 leyes distintas que regulan tiempos de exención, siendo éstas: a. La Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares: En el artículo 62 se estableció un período de gracia de 12 meses, a contar a partir de su vigencia, para que las personas que estuvieran en posesión de armas permitidas pudieran hacer el trámite para la obtención del permiso correspondiente sin la necesidad de presentar documentos de propiedad alguno; Dentro del mismo plazo las personas que tuvieran en su poder armas de guerra, automáticas, explosivos, municiones o accesorios prohibidos, podían entregarlas a la autoridad pública sin responsabilidad alguna. El término referido en el artículo 62 transcurrió del 29 de julio del 2000 hasta el 29 de julio del 2001. b. Decreto No. 257-2002: El artículo 2 estableció que las personas que estaban en posesión de armas de fuego permitidas por la ley, entendiéndose como tales las enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas, tenían un plazo de seis (06) meses para su registro y obtención del permiso, sin la necesidad de presentación de documento alguno sobre la procedencia del arma. El período de gracia establecido en esta ley fue del 07 de octubre de 2002 hasta el 06 de abril de 2003. c. Decreto No. 101-2003: El artículo 3 establecía un término de noventa (90) días para que las personas que estuviesen en posesión de armas de fuego de guerra o reservadas para uso de las Fuerzas Armadas de Honduras y armas de fabricación artesanal (Art. 8 de la Ley de Armas), las entregaran a la autoridad competente sin responsabilidad penal o civil. Los 90 días comenzaron a correr desde el 11 de julio hasta el 08 de octubre de 2003. Durante dicho tiempo quedó en suspenso la vigencia del artículo 4 del decreto 101-2003, que creaba un nuevo tipo penal de Tenencia y Portación de Armas de Fuego de Guerra y de Fabricación Artesanal y que entró en vigor precisamente al vencerse el plazo, es decir el 09 de octubre de 2003, hasta su fecha de derogación el 15 de enero de 2004. d. Decreto No. 274-2005: En el artículo 1 establece que es permitida la inscripción de armas de fuego de marcas y calibres específicos, siempre que sean de los modelos de fusiles semiautomáticos y carabinas, sin la necesidad de documentación de origen, en un período de gracia que no fue determinado en el decreto, lo que llevó como consecuencia a que dicho decreto no tuviese efectividad alguna. e. Decreto No. 069-2007: Este decreto además de reformar el artículo 27 y adicionar los artículos 27-A, 27-B y 27-C a la Ley de Armas, estableció en su artículo 2 un plazo de seis (06) meses para que las personas pudieran registrar las armas de fuego que tuvieren en posesión de manera irregular; conjuntamente establecía el artículo 3 que el decreto entraría en vigor 20 días después de la publicación oficial, misma que fue hecha el 29 de agosto de 2007; el término de seis meses establecido comenzó a correr el 18 de septiembre del año 2007 y venció el 18 de marzo del 2008, a media noche. f. Decreto No. 184-2013: El artículo 2 establecía un año de veda para que toda persona que tuviese en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial procediera a realizar los trámites correspondientes para su registro, presentando la documentación respectiva con excepción a la factura de venta de La Armería, la cual no sería necesario presentar en dicho tiempo. En el primer párrafo del artículo 2, regulaba la posibilidad de inscripción de armas de fuego sin la necesidad de la presentación de factura de compra, refiriéndose a aquellas armas que la ley catalogaba como permitidas su tenencia y portación previo permiso de autoridad competente, enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas. - El plazo de un año de “veda” o de gracia que anunciaba el artículo 2, comenzó a correr en fecha 05 de octubre de 2013 y venció el 05 de octubre de 2014. g. Decreto No. 063-2014: El artículo 1 concedió prorrogar de la vigencia del decreto No. 184-2013, por un período de seis (06) meses, a partir del vencimiento de dicho decreto, con el objeto de que toda persona que tuviera en su poder cualquier tipo de arma de fuego proceda a realizar los trámites de registro, debiendo presentar toda la documentación pertinente a excepción de la factura de compra en La Armería. El término de prórroga comenzó a correr el día siguiente al vencimiento del plazo señalado en el decreto 184-2013, es decir el 06 de octubre de 2014, venciéndose el 06 de abril de 2015. h. Decreto No. 060-2015: El Legislador nuevamente, dispone en el artículo 1 prorrogar el decreto No. 063-2014, a partir de su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de dos mil quince, con los mismos efectos. i. Decreto No. 052-2017: El legislador decretó conceder el beneficio de amnistía desde el 04 de agosto de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2018, para que todas las personas que no hayan realizado el registro de cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posean la factura de la venta de La Armería, procedan con la documentación restante a realizar dicho registro. Existe controversia sobre los alcances que en materia penal han tenido los decretos legislativos enumerados durante el tiempo en que estuvieron en vigencia (no se olvide que se trata de leyes temporales); controversia que ha sido sometida a conocimiento y resolución de la Corte Suprema de Justicia en no pocas ocasiones, existiendo ya a la fecha un criterio definido, tanto en la Sala de lo Constitucional como en la Sala de lo Penal. A. Sala de lo Constitucional: en sentencias del 09 de agosto de 2017 emitidas en los expedientes números 0283-2015 y 0688-2015 y en sentencias del 16 de mayo de 2017 de los Exp 198-2016 y 329-2016 la Sala de lo Constitucional, tras haber desarrollado posturas diferentes sobre el tema, declaró apartarse de su propia doctrina legal, refiriendo que el dilema es una cuestión de mera legalidad que debe ser resuelto en instancia y no mediante la garantía constitucional de Amparo, por lo que consideró que a partir de esa fecha lo procedente es sobreseer todas las acciones que se refieran a este tema en específico; de este modo la Sala de lo Penal es la llamada para resolver el diferendo de criterios jurídicos. B. Sala de lo Penal: a partir del año 2018, apelando al método dogmático de interpretación de las normas jurídicas, ha determinado que los Decretos Legislativos In Comento son normas de índole administrativas cuyo ámbito de aplicación son en esa materia sin que tengan conexidad, mucho menos incidencia en el derecho penal. Recordemos que manda el artículo 17 del Código Civil que “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención de legislador”. Los decretos de veda o amnistía tuvieron como propósito establecer condiciones especiales para motivar a la población del territorio hondureño regularizar su posesión de armas de fuego, sea obteniendo el permiso de la autoridad sin la presentación de la documentación que normalmente se exige, sea entregando sin responsabilidad algunas armas de tenencia prohibida. En específico, el Decreto Legislativo 052-2017, constituye una prórroga del Decreto Legislativo 060-2015, el cual a su vez, constituye resolución legislativa de prórroga del Decreto Legislativo 063-2014 y este a su vez del decreto 184-2013, con cuya vigencia se procuraba que los poseedores de cualquier arma de fuego de carácter comercial que no poseían factura de venta procedente de la Armería, tuvieran la posibilidad de inscribirla en el registro correspondiente y obtener la autorización para la portación de tales armas; dicho decreto no despenaliza bajo ningún concepto la tenencia ilegal, tampoco suspende su positividad o determina suspenso de antijuricidad de la conducta (que han sido los argumentos judiciales aplicados); en general, no tiene por finalidad permitir la impunidad de esta tipología de delitos de peligro abstracto, sino que el fin expreso y taxativo del mismo es promover el registro de armas de fuego en poder de los particulares, para efectos de que el Estado obtenga control del parque de armas de fuego circulantes en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y de la seguridad jurídica como valor constitucional fundante del Estado de Derecho. El Decreto No. 052-2017 (tema del Recurso de Casación que nos ocupa), se concedió un plazo de tiempo para que las personas pudiesen obtener su permiso de portación y tenencia de arma de fuego comercial o de uso personal, esto no debe entenderse como “carta blanca” en donde la persona pudiese desplazarse impunemente en el territorio nacional, portando un arma de fuego en lugares y en tiempos en donde revela que su intención no es hacer el trámite para su registro, sino el de poner en peligro abstracto el bien jurídicamente tutelado: la seguridad interior del Estado de Honduras. De la Procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Único Motivo. El recurso no es de recibo. El artículo 4 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares (en adelante Ley de Armas), reconoce el derecho de las personas nacionales y extranjeras de poseer y portar armas de fuego, para ello, deberán de obtener permiso por parte de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública siempre que cumplan los requisitos exigidos por esa misma ley, los cuales son los descritos en el artículo 27 reformado: 1) Formulario con sus datos personales y residencia; 2) Marca, modelo, número de serie, identificación de conversiones de calibre, si la tuviere, así como las demás características del arma; La persona interesada sólo podrá poseer y/o portar armas de fuego y municiones clasificadas como permitidas, mismas que deben de tener las características y especificaciones que estipula los artículos 7 y 9 de la Ley de Armas. Pero, además, la ley es específica en cuanto a las armas y municiones que se consideran prohibidas, es decir, que no es permitida su adquisición, tenencia o portación, describiendo sus características y especificaciones en el artículo 8 y 10 de la ley mencionada; 3) Constancia de haberse practicado la prueba balística conforme lo señala el artículo 17 para los efectos establecidos en el artículo 19, ambos de la Ley de Armas; 4) Pago de la matrícula municipal; y 5) Documentos de identificación. El permiso es intransferible (Art. 34 de la Ley de Armas), por ello, la persona que lo obtenga deberá de reportar en un plazo máximo de diez días a la Policía Nacional y al Registro Nacional de Armas cualquier traspaso de propiedad que haga del arma registrada, a efectos de que el nuevo propietario realice la solicitud de permiso correspondiente, igualmente deberá de reportar el robo o extravío de la misma (Art. 20 y 31 de la Ley de Armas). El Estado de Honduras, para efectos de salvaguardar la seguridad interior, tiene el deber de realizar un estricto control de la posesión y portación de armas de fuego, por ello contempla la imposición de sanciones administrativas (artículos 27-C, 37, 54, 55, 56 y 57 de la Ley de Armas) y de sanciones penales (aplicables con independencia a las sanciones administrativas) para las personas que infrinjan dichos controles. Entre las sanciones penales encontramos en el artículo 332-B que determina que “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o vendas armas de fuego y municiones para el uso personal o deportivas (…) incurrirá en una pena de tres a seis años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones (…) Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas (…) las descritas en la ley especial”. El hecho probado objeto de juzgamiento establece que: “ UNICO: El lunes veintitrés de mayo del año dos mil dieciséis, a las diez con treinta minutos de la mañana, se recibió una llamada telefónica en la Central de Telecomunicaciones de la Policía Nacional indicando que en la Colonia Honduras, San Pedro Sula, Cortés, circulaba un vehículo turismo marca Toyota con placa PBN0511 de manera sospechosa, por lo que varios Agentes se desplazaron a dicho lugar, encontrando en la 10 avenida, 14 calle de la referida colonia, el vehículo antes descrito, por lo cual requirieron a sus tres ocupantes, identificándose a dos de ellos como RAMON ALBERTO RAMIREZ ORTIZ Y MARLON BEJARANO, quien manifestó llamarse ANGEL NOE MEJIA RIVERA, encontrando en el asiento trasero donde iban sentados los señores RAMIREZ ORTIZ Y BEJARANO, las armas TANFOGLIO y PIETRO BERETTA, en buen estado de funcionamiento, responsabilizándose cada uno de ellos por dichas armas respectivamente, sin contar con la autorización administrativa correspondiente.” Por este hecho, el acusado Ramón Alberto Ramírez Ortiz fue condenado por el delito de Portación Ilegal de Armas Comerciales en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de tres (3) años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación especial para ejercer el sufragio e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal. Si bien, mediante el decreto 60-2015 establece que todas las personas que no hayan realizado el registro de cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea la factura de la venta de La Armería, procedan con la documentación restante a realizar dicho registro. El legislador dispone en el artículo 1 prorrogar el Decreto número 63-2014, de su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de 2015 con los mismos efectos. Posteriormente mediante Decreto 52-2017, el legislador decretó conceder el beneficio de amnistía desde el 4 de agosto de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2018. Lo anterior, revela que durante el período comprendido entre el primero de enero de 2016 y hasta el 3 de agosto de 2017, no existía ningún decreto relativo a la veda o amnistía para la portación de armas dirigido al registro de las mismas. Por lo que para la fecha del hecho objeto de juzgamiento (23 de mayo de 2016) no se encontraba en vigencia del Decreto Legislativo 52-2017 De lo anterior se desprenden dos factores que inciden para que la conducta enjuiciada no tenga subsunción en el decreto legislativo 52-2017, el primero de ellos es que al tratarse de un decreto temporal y no una ley intermedia, como erróneamente señala la recurrente, para que tenga aplicación debe de estar vigente al momento de la comisión de la conducta reprochada; el decreto temporal deja en suspenso, con la concurrencia de otras condiciones, algunos de los verbos rectores del artículo 332 B, pero tiene un plazo taxativo de vigencia y como principio fundamentador que no se aplicara a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. En cambio, la ley intermedia al ser una ley posterior deroga la ley anterior, se da identidad plena en cuanto al hecho regulado y se viene a dar una sucesión de leyes penales. En el caso concreto se pretende la retroactividad de un decreto temporal, lo cual no abarca el principio de retroactividad de la ley penal. El segundo factor consiste en que para que este precepto (Decretos Legislativos) tenga aplicación al caso de autos, resulta necesario en principio que quien lo invoque se halle al momento de la comisión del hecho bajo el imperio o vigencia concreta de esta disposición, en otras palabras, para que una persona sorprendida portando un arma de fuego sin permiso de la autoridad competente, pueda ampararse en esta disposición y no le sea aplicado el artículo 332B del Código Penal, es necesario que al momento de producirse la portación ilegal se encuentre en vigencia la norma que autoriza el plazo de un año para registrar el arma y que de su conducta se muestre la intención de hacer entrega del arma, ya sea para su registro o destrucción a la autoridad competente, en consecuencia, del cúmulo judicial resulta que al momento de la infracción imputada al encartado no estaba vigente los decretos legislativos 184-2013 en relación con el 52-2017, y no se acredito por parte del señor Ramón Alberto Ramírez Ortiz la intencionalidad su no era precisamente la de encaminarse a la autoridad administrativa para entregar el arma de fuego, con la finalidad de que ésta procediera a su destrucción. En atención a lo expuesto, la Sala de lo Penal ha sido del firme criterio que la letra y espíritu del decreto 184-2013 y de sus posteriores prórrogas (en este caso el decreto legislativo No. 52-2017) es para que las autoridades de la Unidad del Registro Balístico adscrita a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, durante la vigencia del mencionado decreto permitan a los particulares propietarios de armas comerciales que no hayan registrado sus armas comerciales por carecer de factura de La Armería, pasen a registrarlas a su nombre, para que éstas pasen a ser legales. Todo ello con el propósito de que una gran cantidad de armas no continúen siendo ilegales en posesión de sus propietarios y tener el debido registro para seguridad de la población. Por todas estas razones, deviene improcedente el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por la Defensa Pública. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurrente 2 Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la Defensa Pública. Único Motivo. • Norma autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. • Norma que se denuncia infringida: Artículo 1 contenido en el Decreto Legislativo No 52-2017 relacionada con el artículo 96 de la Constitución de la República de Honduras. • Concepto de la infracción: Violación o falta de aplicación del artículo 1 en el Decreto Legislativo 52-2017 relacionada con el artículo 96 de la Constitución de la República de Honduras. • Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por la pretensora. • Pretensión: Que se decrete una sentencia absolutoria. Establece la recurrente que haciendo un análisis de los autos revela que al momento de los hechos el imputado Marlon Bejarano fue sorprendido en posesión de un arma de fuego, momento este en el que no estaba vigente el artículo1 del decreto 52-2017 de fecha 12 de julio de 2017, no obstante cuando el Tribunal de Sentencia dictó fallo se encontraba vigente el referido decreto legislativo, por lo que al momento de decidir el caso la ley más favorable es el decreto que establece la amnistía, situación que resistieron aplicar los miembros del Tribunal de sentencia aplicando indebidamente el artículo 332 del Código Penal. De la Procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Único Motivo. El recurso no es de recibo. El hecho probado objeto de juzgamiento establece: “ El lunes veintitrés de mayo del año dos mil dieciséis, a las diez con treinta minutos de la mañana, se recibió una llamada telefónica en la Central de Telecomunicaciones de la Policía Nacional indicando que en la Colonia Honduras, San Pedro Sula, Cortés, circulaba un vehículo turismo marca Toyota con placa PBN0511 de manera sospechosa, por lo que varios Agentes se desplazaron a dicho lugar, encontrando en la 10 avenida, 14 calle de la referida colonia, el vehículo antes descrito, por lo cual requirieron a sus tres ocupantes, identificándose a dos de ellos como RAMON ALBERTO RAMIREZ ORTIZ Y MARLON BEJARANO, quien manifestó llamarse ANGEL NOE MEJIA RIVERA, encontrando en el asiento trasero donde iban sentados los señores RAMIREZ ORTIZ Y BEJARANO, las armas TANFOGLIO y PIETRO BERETTA, en buen estado de funcionamiento, responsabilizándose cada uno de ellos por dichas armas respectivamente, sin contar con la autorización administrativa correspondiente.” Por este hecho, el acusado Marlon Bejarano fue condenado por el delito de Portación Ilegal de Armas Comerciales, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de tres (3) años de reclusión, mas las penas accesorias de inhabilitación especial para ejercer el sufragio e interdicción civil por el tiempo que dure la condena. Del estudio del caso en autos, se logra establecer que la fecha del hecho objeto de juzgamiento, 23 de mayo de 2016, no se encontraba en vigencia el decreto legislativo No. 52-2017, mediante el cual el legislador dispone por un periodo para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego proceda a realizar los trámites de registro, debiendo presentar toda la documentación pertinente a excepción de la factura de compra en La Armería, como excepción. En atención a lo expuesto, la Sala de lo Penal ha sido del firme criterio que la letra y espíritu del decreto 184-2013 y de sus posteriores prórrogas (en este caso el decreto legislativo No. 52-2017) es para que las autoridades de la Unidad del Registro Balístico adscrita a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, durante la vigencia del mencionado decreto permitan a los particulares propietarios de armas comerciales que no hayan registrado sus armas comerciales por carecer de factura de La Armería, pasen a registrarlas a su nombre, para que éstas pasen a ser legales. Todo ello con el propósito de que una gran cantidad de armas no continúen siendo ilegales en posesión de sus propietarios y tener el debido registro para seguridad de la población. Para determinar si existe o no responsabilidad penal por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego durante el periodo de vigencia del decreto 184-2013 y de su prórroga, no debe tomarse en cuenta únicamente el elemento temporal para declarar la atipicidad de la conducta esgrimida en el artículo 332-B del Código Penal, sino que también, deben tomarse en cuenta pautas objetivas que conlleven a colegir sin ningún género de dudas, que las personas que portaban un arma de fuego comercial sin autorización o un arma de fuego de uso prohibido durante el tiempo de la veda, tenía la intencionalidad de ir a registrarla o entregarla, pues el permiso o veda es para registrar o entregar el arma y no para su simple portación, lo que va en contra de la voluntad del legislador al emitir y prorrogar dicho decreto. El artículo 332-B del Código Penal, señala: “…Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para el uso personal o deportivo…incurrirá en una pena de tres a seis años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones… se entenderá por armas de uso persona, defensa o deportivas… las descritas en la ley especial…”, y de acuerdo con los hechos probados en la sentencia y descritos con anterioridad se encuentran, los elementos del tipo penal se constituyen de la siguiente manera: 1. Sujeto Activo: siendo cualquier persona natural sin cualificación especifica. 2. Sujeto Pasivo: El Estado de Honduras, el cual es garante y responsable de la Seguridad Interior. 3. Conducta criminosa, esto es el verbo rector, el cual en este caso consiste en fabricar, almacenar, transportar, poseer, usar, suministrar, vender, ingresar o sacar, armas o municiones del país, para uso personal o deportivas sin permiso de la autoridad correspondiente. 4. Modalidad Criminosa, es la forma de llevar a cabo el verbo rector y que para el tipo penal en referencia, implica, la ejecución de cualquiera de los verbos rectores descritos sin tener el permiso vigente, expedido por la autoridad correspondiente del Estado de Honduras; por otro lado, que el arma de fuego tenga la condición de tal, es decir, que consista en algún artefacto o dispositivo construido industrialmente o artesanalmente que permita el lanzamiento de proyectiles, mediante la fuerza de expansión de los gases de la pólvora. Finalmente, que el arma sea de aquellas consideradas permitidas, por reunir las características o especificaciones descritas en el artículo 7 de la ley especial. Además de lo antes explicado, como elemento subjetivo el tipo penal, exige que el sujeto activo realice la acción con dolo, es decir, que se conduzca con el conocimiento que está realizando alguno de los verbos rectores descritos, respecto de un arma de fuego o munición permitida, sin el permiso de la autoridad competente y además que tenga la voluntad de realizarlo. En este sentido, se desprende según el propio fáctum de la sentencia, que el lunes 23 de mayo de 2016, a las 10: 30 de la mañana, circulaba en la colonia Honduras un vehículo turismo marca TOYOTA con placa PBN0511 de manera sospechosa, por lo que se desplazaron varios agentes a dicho lugar, encontrando en la 10 avenida, 14 calle de la referida colonia, lo cual requirieron a sus tres ocupantes, identificándose a dos de ellos como Ramon Alberto Ramírez Ortiz y Marlon Bejarano, encontrando en el asiento de la parte trasera sonde iban sentados los señores Ramírez Ortiz y Bejarano, las armas TANFOGLIO y PIETRO BERETTA, en buen estado de funcionamiento, responsabilizándose cada uno de ellos por dichas armas respectivamente, sin contra con la autorización administrativa correspondiente. En atención a lo anterior, la Sala de lo Penal concluye que existe identidad entre el hecho probado de la sentencia y el artículo 332 literal B del Código Penal, pues de los hechos probados se reproduce el ámbito situacional previsto en la norma, encuadrándose con los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal seleccionado. Por todas estas razones, deviene declarar no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. DECISIÓN No ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo interpuesto por la Recurrente número 1. No ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la recurrente número 2. Reglas Generales de Ponderación de la norma más favorable que define el NCP decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). Por tanto, la ponderación tendrá una variante a depender de la instancia en que se haga: 1. En la primera instancia, al momento del juzgamiento por el tribunal, la ponderación de los cuerpos normativos parte de la comparación de las penas abstractas, pero sin dejar de tener en consideración la total de los cuerpos normativos como un todo; o 2. En la segunda o única instancia, al resolverse un recurso devolutivo interpuesto en contra de sentencia definitiva la ponderación se realizará entre la pena concreta impuesta y la pena abstracta que corresponda para el mismo hecho e igualmente reparando respecto a la totalidad de los cuerpos normativos. En ambos casos el proceso de ponderación se realiza siguiendo las reglas que se señalan en este apartado. Es importante insistir que la ponderación de la norma más favorable deberá de realizarse al momento del juzgamiento en primera instancia, en segunda instancia o en única instancia; por ello no es procedente aplicación retroactiva en estadios previos del proceso, como ser la audiencia de declaración de imputado, la audiencia inicial, la audiencia preliminar o en la etapa de saneamiento de la etapa de juicio. El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017; a tal consideración se le suma las siguientes: 1. Penas Conjuntas: No procede la ponderación parcial de penas principales; la ponderación deberá de realizarse tomando en consideración todas las penas conjuntas impuestas por los mismos hechos (Art. 617 NCP). 2. Penas privativas de Libertad: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena privativa de la libertad (reclusión) con todas sus circunstancias, impuesta de conformidad con el VCP 144-83, fuese también imponible con arreglo al NCP 130-2017 (Art. 616). Ello ocurre cuando la pena concreta impuesta se encuentre dentro marco abstracto de la pena que para el mismo hecho se deba de imponer de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 621). 3. Pena de Multa: No se realizara aplicación retroactiva del NCP cuando la pena impuesta de conformidad con el VCP 144-83, sea la de multa y la que corresponda imponer conforme al NCP 130-2017, igualmente sea una pena de multa.- La aplicación retroactiva se realizara excepcionalmente cuando: a.- No se hubiese hecho abono alguno de la pena de multa impuesta de conformidad al VCP 144-83; y b.- la concreta cuantía impuesta conforme al VCP 144-83 no fuese posible imponer de acuerdo con el NCP 130-2017 desde una perspectiva abstracta (Art. 619). 4. Penas privativas de Derechos: Las penas principales de inhabilitación absoluta y especial se compararán atendiendo a la duración de la pena concreta impuesta en la sentencia y la máxima que pueda imponerse de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 620). 5. Medidas de Seguridad: Respecto a las medidas de ejecución impuestas de acuerdo con el VCP 144-83 que estén pendientes de ejecución o que estén siendo ejecutadas, deberán de ser objeto de revisión y adecuación de conformidad con las normas que regulan las mismas en el NCP 130-2017; (Art. 625). Reglas de Particulares de Ponderación por Concurso de Delitos y Por ausencia de Éste A nivel de punibilidad se regulan los concursos de delitos; ante la colisión temporal de normas sustantivas el juzgador llamado a resolver la acción penal interpuesta en base al rigor del VCP 144-83, deberá de establecer si existe o no concurso de delitos, identificar cual es el que concurre y luego hacer el cálculo de pena abstracta de conformidad a dicho concurso; seguidamente el juzgador deberá de hacer la ponderación de la pena más beneficiosa determinando si conforme a lo probado igualmente se aprecia un concurso según las normas del NCP130-2017, y de ser así deberá de proceder a calcular la pena abstracta, siendo el tercer y último paso la comparación de penas que deban de ser impuestas según cada código penal, reflejándose así cuál de ellos es el que debe de ser aplicado por ser más beneficioso para el procesado o reo. Lo descrito es un proceso general que tiene sus matices a depender cada uno de los concursos, lo que obliga hacer un estudio individualizado: A. Concurso Ideal Cuando conforme a los hechos imputados se deba de aplicar un Concurso Ideal (Art. 67 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al concurso ideal según las reglas del VCP144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del concurso ideal del NCP130-2017.- Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el concurso ideal; 2. Cuando una de las penas concursadas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del VCP144-83 y luego hacer la comparación global con el NCP130-2017; comparación que debe de hacerse según se explicó en el numeral anterior; o 3. Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, que se explican más adelante. Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real: i.- Limite Subjetivo, ii.- Limite Objetivo Ordinario y iii.- Limite Objetivo Extraordinario, explicado igualmente líneas adelante. b. Delito Continuado En el caso de que la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un delito continuado la ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (Art. 617 NCP). Al apreciarse un concurso continuado (Art. 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las mismas reglas señaladas previamente para el delito continuado. En los supuestos en donde conforme el VCP 144-83, corresponda aplicar un concurso real pero conforme el NCP 130-2017 se deba de aplicar un delito continuado, el juzgador deberá de proceder de la siguiente manera: 1. En primera instancia: i. Primero se procederá a realizar el cálculo abstracto de las penas conforme el VCP144-83, las que serán tomadas globalmente, para luego comparar el mismo con el marco abstracto de la pena que corresponda en aplicación del delito continuado según el NCP130-2017, develándose así que código es el más beneficioso en su conjunto. Recuérdese que la comparativa es global (suma de todas las penas abstractas) y no individual por cada pena; ii. En caso de que lo anterior no defina cual es la pena más favorable, el juzgador deberá de proceder a la individualización de la pena concreta de conformidad con el VCP-144-83 y paralelamente a la individualización de la pena concreta de conformidad con el BCP130-2017, de cuya comparación se decidirá que codificación es la más beneficiosa; o 2. En segunda instancia y única instancia: la comparativa parte de la confrontación de las penas que en concurso real hayan sido impuestas en la sentencia impugnada en aplicación del VCP144-83, con el marco abstracto de la única pena que de conformidad al NCP-130-2017 deba de imponerse como consecuencia de la aplicación del delito continuado; así entonces: i. Si las penas individualizadas en concurso real tomadas globalmente (la sumatoria de todas las penas), se encuentra dentro del marco abstracto de la pena del delito continuado, no se aplicará retroactivamente el NCP130-2017; ii. Si las penas individualizadas en concurso real están fuera de la escala de la pena abstracta que deba de imponerse en delito continuado según el NCP130-2017, se aplicara la pena que le sea más favorable al procesado. c. Concurso Real Los supuestos en donde la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un Concurso Real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: La ponderación deberá de realizarse conforme al límite único de cumplimiento de pena que establece el artículo 35 del VCP 144-83 versus los limites objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo que prevé el artículo 66 NCP 130-2017, debiendo excluir las penas de delitos que hayan sido despenalizados en la nueva normativa.- Es importante tener presente que ningún límite es preferente a otro y por tanto se aplicará el límite que marque menor pena; así entonces: a. Cuando entre en acción el Límite Objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al VCP144-83 y los límites del concurso real que regula el NCP130-2017, siguiendo los siguientes pasos: i. Si ambas legislaciones determinan un mismo límite de cumplimiento, se aplicará el principio de identidad, es decir el VCP 144-83; y ii. Si las legislaciones definen límites de cumplimiento distinto, se aplicará aquel que le sea más beneficioso al acusado o reo (ello sin perjuicio de lo que se señala en el siguiente literal); y/o b. Para hacer efectivo el Limite Subjetivo, que regula el NCP 130-2017 se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, develando así el límite máximo que puede cumplir el condenado: i.- Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuara a dicho límite de conformidad con lo señalado en el literal anterior; ii.- Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años; implica que el resultado matemático será el límite máximo de cumplimiento, el que deberá de ser objeto de comparación con el limite objetivo de cumplimiento del VCP144-83. 2. Cuando las penas consideradas globalmente no superasen ninguno de los límites a los que se refiere el numeral anterior, el juzgador procederá a realizar la comparación de las penas que corresponda en una y otra legislación: a. En primera instancia la comparación se realizará entre las penas abstractas definidas en cada cuerpo sustantivo; el tribunal sumará todas las penas abstractas que correspondan imponer en concurso real de conformidad con el VCP 144-83 y todas las penas abstractas que prevea el NCP130-2017, las cuales comparará. Si de la comparación no es posible determinar cuál es más beneficiosa para el procesado, el tribunal deberá de proceder a realizar la individualización de las penas de cada delito primero conforme el VCP144-83 y después conforme el NCP130-2017, luego la suma global de dichas penas por cada código será comparada entre sí, determinando cual es el cuerpo normativo más beneficioso (siempre teniendo presente además el resto de las regulaciones normativas). Finalmente, si aun con las penas individualizadas no existe claridad cuál en su conjunto es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara para que éste señale cual le favorece más. b. En segunda y única instancia la comparación se realizará entre la suma de todas las penas concretas impuestas en concurso real en la sentencia impugnada bajo el VCP 144-83 y la suma de todas las penas abstractas que define el NCP 130-2017. De dicho resultado el tribunal resolverá: i. Si las penas concretas en concurso real VCP 144-83 están dentro de la suma del margen abstracto de las penas del NCP 130-2017, no procederá la aplicación retroactiva de este último; ii. Si la suma de las penas concretas VCP 144-83 no se encuentra dentro del marco abstracto de la suma de penas en concurso real del NCP 130-2017, se aplicará el cuerpo normativo que fije comparativamente las penas más leves, sin dejar de tener en consideración el resto de las disposiciones de cada codificación para efectos comparativos; iii. Si el concurso real está compuesto por Penas Conjuntas, en donde algunas de ellas sean más beneficiosas y otras más gravosas respecto a la comparación hecha con el otro cuerpo legal; el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la pena de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Ejemplo de esto último sería un concurso real con pena global de reclusión por 25 años y multa por L. 700,000.00 conforme el VCP 144-83 y por otro lado una pena de prisión de 17 a 20 años y multa de L. 1,000,000.00 a L. 5,000,000.00 conforme el NCP 130-2017, caso en donde la pena privativa de libertad deberá de definir el código penal a aplicar, siempre que además los beneficios penitenciarios que regule ese mismo código fuesen igualmente más favorables. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. d. Concurso Medial El concurso medial constituyó una institución penal por muchos años, reglada por el artículo 36 del VCP 143-83, misma que desaparece en el NCP 130-2017. Por tanto, cuando conforme los hechos imputados en base al VCP144-83 deba de aplicarse un Concurso Medial (Art. 66 en relación con el párrafo séptimo del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. Se realizará la comparación global de la pena que corresponda en concurso medial según el VCP144-83 con las penas que correspondería aplicar en concurso real conforme al NCP130-2017, en consideración a los limites subjetivo, objetivo ordinario y objetivo extraordinario, del que hemos hablado en el apartado anterior; 2. Es improcedente hacer comparación individual de las penas que conforman el concurso medial del VCP144-83 y las penas en concurso real del NCP130-2017; 3. Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, haciendo desaparecer el concurso Medial, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, lo que se aborda en el apartado siguiente. e. Penas Conjuntas No Concursadas Finalmente, cuando corresponda imponer a una persona una Pena No Concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (en su caso) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: 1. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. No procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. No procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. Procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; 2. Si el hecho definido como delito tiene previstas Penas Conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Ejemplo de esto último sería pena de reclusión por 9 años y multa del 10% de lo defraudado equivalente a L. 50,000.00 conforme el VCP 144-83 en comparación con una pena de prisión de 2 a 3 años y multa 400 días multa equivalente de hasta L. 2,000.000.00 por defraudación a las telecomunicaciones, caso en donde la pena privativa de libertad deberá de definir el código penal a aplicar, siempre que además los beneficios penitenciarios que regule ese mismo código fuesen igualmente más favorables; o 3. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal.- En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara a éste para que señale la que más le favorece. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no se presentó por parte de la defensa pública escrito complementario en el que estableciera su parecer sobre la aplicación retroactiva de la nueva normativa penal; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. Ponderación en el caso concreto 1.- Acusado Marlon Bejarano Conforme la parte resolutiva de la sentencia venida en casación, el acusado Marlon Bejarano, fue encontrado responsable de dos delitos consumados, imponiéndose en concurso real las penas correspondientes, las que sumaron una pena principal de 5 años de reclusión (Decreto 144-83): • Por el delito de Portación Ilegal de Armas Comerciales (art.332-B): Pena principal de 3 años de reclusión. • Por el delito de Uso Público de Nombre Supuesto (art.294): Pena principal de 2 años de reclusión. Más las accesorias de inhabilitación especial para ejercer el sufragio e interdicción civil por el tiempo que dure la condena. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017 por la infracción penal cometida por el acusado por el delito de Tenencia Ilegal de Arma de Fuego, correspondería la imposición de la siguiente pena de prisión: i) De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas. (art.580 numeral 1). ii) por el delito de usurpación de la personalidad de otro (art.470), correspondería la imposición de la pena de prisión de uno (1) a cuatro (4) años. En suma, el marco abstracto de las penas privativas de libertad que corresponden a los delitos cometidos por el acusado, de aplicarse la nueva normativa penal, sería de dos (2) a ocho (8) años y localización permanente de hasta dos (2) años de prisión. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta al acusado Marlon Bejarano, conforme el CP-144-83, de cinco (5) años de reclusión por los delitos de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial y Uso Público de Nombre Supuesto, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para las mismas conductas delictivas en su totalidad, de 2 a 8 años de prisión. A lo anterior es preciso agregar que el tipo penal de Tenencia Ilegal de arma de Fuego contempla dos penas principales, es decir además de la pena de prisión, prevé la pena de localización permanente de hasta dos (2) años, mismas que no se encontraban previstas en la normativa penal con la que fue condenado el procesado. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. 2.- Acusado Ramón Alberto Ramírez Ortiz En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Ramón Alberto Ramírez Ortiz, la pena principal de tres (3) años de reclusión por el delito de Portación Ilegal de Armas Comerciales en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras y como pena accesoria la inhabilitación especial para ejercer el sufragio e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal y la responsabilidad civil. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de Tenencia Ilegal de Armas de Fuego Permitida, previsto en el artículo 580.1, prevé una pena abstracta de 01 a 04 años de prisión y localización permanente de hasta dos (2) años, a las personas responsables del delito, más las penas accesorias correspondientes. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular el Código Penal 130-2017 prevé una pena abstracta dentro de la cual está la pena concreta impuesta al acusado conforme el Código Penal 144-83; sumado a que la nueva normativa contempla como pena principal la localización permanente de hasta dos (2) años, misma que no estaba prevista en la anterior legislación. - por tanto, no es procedente la aplicación retroactiva de la nueva codificación. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 360, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Abogada Martha Liliana Acosta, en su condición de defensora pública del señor Ramón Alberto Ramírez Ortiz, como recurrente número uno. Segundo: Declara No Ha LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la Abogada Erika Yamileth Hernández en su condición de defensora pública del señor Marlon Bejarano como recurrente número dos. Tercero: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017. Cuarto: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veintinueve de mayo del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Nelson Danilo Mairena Franco. Notifíquese. - Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Firma y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora sala penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a uno de noviembre de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada el veintiuno de agosto de dos mil veinticuatro, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-181-2019. RINA KORITZA SANDOVAL NAVASRECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL“La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-181-2019, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintiuno del mes de agosto del año dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Nelson Danilo Mairena Franco, en su calidad de Coordinador, Mario Rolando Diaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-181-2019 por Infracción de Precepto Constitucional y por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes, mediante la cual falló: Primero: Condenó a Marlon Bejarano, por el delito de Portación Ilegal de Armas Comerciales en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena de tres años de reclusión. Segundo: Condenó a Marlon Bejarano, por el delito de Uso Público de Nombre Supuesto en perjuicio de La Fe Publica del Estado de Honduras, a la pena de dos años de reclusión. Penas que deberá cumplir en concurso real, sumando un total de cinco años de reclusión, más las penas accesorias de Inhabilitación Especial para ejercer el sufragio e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena. Tercero: Condenó a Ramon Alberto Ramirez Ortiz, cuyas menciones de generales ya han sido anteriormente detalladas en el preámbulo de esta sentencia por el delito de Portación Ilegal de Armas Comerciales en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena de tres años de reclusión como pena principal más la pena accesoria la Inhabilitación Especial para ejercer el sufragio e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal. Cuarto: Declaro la responsabilidad civil de los acusados Marlon Bejarano y Ramon Alberto Ramirez Ortiz, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución. Quinto: Ordenó el comiso de: las armas de fuego: tipo pistola color negra, sin serie, marca Pietro Beretta y del arma de fuego tipo pistola color negro, marca Tanfoglio, serie Z14008, sin perjuicio de la devolución de las mismas a quien acredite su legítima propiedad. Sexto: No procedió la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. SON PARTES: Los Abogados Gladis Lamar Ortiz y Arnaldo Alcides García Alvarado, en su condición de defensores públicos de Ramon Alberto Ramirez Cruz como parte recurrente N° 1; los Abogados José Roberto Izaguirre Santos y Mario Reiniery Amador Espinal, en su condición de defensores públicos de Marlon Bejarano como parte recurrente N° 2 y la Mercedes Dubon, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico y parte recurrida. HECHOS PROBADOS “UNICO: El lunes veintitrés de mayo del año dos mil dieciséis, a las diez con treinta minutos de la mañana, se recibió una llamada telefónica en la Central de Telecomunicaciones de la Policía Nacional indicando que en la Colonia Honduras, San Pedro Sula, Cortés, circulaba un vehículo turismo marca Toyota con placa PBN0511 de manera sospechosa, por lo que varios Agentes se desplazaron a dicho lugar, encontrando en la 10 avenida, 14 calle de la referida colonia, el vehículo antes descrito, por lo cual requirieron a sus tres ocupantes, identificándose a dos de ellos como RAMON ALBERTO RAMIREZ ORTIZ Y MARLON BEJARANO, quien manifestó llamarse ANGEL NOE MEJIA RIVERA, encontrando en el asiento trasero donde iban sentados los señores RAMIREZ ORTIZ Y BEJARANO, las armas TANFOGLIO y PIETRO BERETTA, en buen estado de funcionamiento, responsabilizándose cada uno de ellos por dichas armas respectivamente, sin contar con la autorización administrativa correspondiente.” RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente #1 Abogada Martha Liliana Acosta, defensora pública de Ramón Alberto Ramírez Ortiz, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y la recurrente #2 Erika Yamileth Hernández, defensora pública de Marlon Bejarano procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley, de la manera siguiente “EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION MOTIVO UNICO. Infracción de Precepto Constitucional Contenido en el en el decreto 52-17 de fecha cuatro de agosto contentivo de Ley de control de Armas de Fuego, citado en relación con el Articulo 96 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE. El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal. EXPOSICION DEL MOTIVO. La norma sustantiva Infringida es el decreto 52-17 de fecha cuatro de Agosto, contentivo a la Ley de control de Armas de Fuego, que establece que a partir de la vigencia del presente Decreto y por el término de un año, un periodo de Veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la Armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad; por su parte la norma legal relacionada en relación señala: Articulo 96 de la Constitución de la República manda que la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado. El Tribunal A-quo declaro como probado el siguiente. HECHO UNICO: El lunes veintitrés de mayo del do mil dieciséis, a las diez con treinta minutos de la mañana, se recibió una llamada teléfono en la Central de Telecomunicaciones de la Policial Nacional indicando que en la Colonia Honduras, San Pedro Sula Cortes, circulaba un vehículo turismo marca Toyota con placa PBN0511 de manera sospechosa, por lo que varios Agentes se desplazaron a dicho lugar, encontrando en la 10 avenida, 14 calle de la referida colonia, el vehículo antes descrito, por lo cual requirieron a sus tres ocupantes, identificándose a dos de ellos como RAMON ALBERTO RAMIREZ ORTIZ y MARLON BEJARANO, quien manifestó llamarse ANGEL NOE MEJIA RIVERA, encontrando en el asiento trasero donde iban sentados los señores RAMIREZ ORTIZ Y BEJARANO, las armas tanfoglio y Pietro bureta, en buen estado de funcionamiento, responsabilizándose cada uno de ellos por dichas armas respectivamente, sin contar con la autorización administrativa correspondiente. Al analizar este contenido del hecho UNICO probado como verdad incuestionable, a mi representado se les detuvo con arma de fuego sin contar con permiso alguno; se observa que el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortes, al condenar a mi representado olvido la eficacia de las denominadas Leyes intermedias que no estuvieron en vigor en el momento de la comisión de los hechos; sino, que ha tenido vigencia entre uno y otro, es decir, que su aplicación proviene del hecho de que la valoración contenida en dicha Ley no era mantenida por el Legislador cuando se cometió la conducta, pese a ello si la Ley intermedia resulta más beneficiosa para el reo, se acepta su aplicación en atención a que este pudo ser Juzgado con arreglo a la misma si el Juicio se hubiera celebrado bajo su vigencia y si esto ha ocurrido, no deben aplicarse la consecuencias de la Ley que le perjudica; todo ello en virtud de la retroactividad en materia penal cuando la nueva disposición le favorezca al procesado, a este efecto con la emisión del Decretos 52-17 vigente desde cuatro de agosto del dos mil diecisiete, en el cual se concede el beneficio de Amnistía hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho, que deja en suspenso la aplicación de la norma contenida en los artículos 332-B del Código Penal.- Desde ese punto de vista se puede sostener que el Estado al dictar una nueva norma ha decidido cambiar el sentido de aquella de la manera más favorable, lo que da lugar a que los supuestos de hechos realizados se beneficien de esta nueva orientación de la Política Legislativa y Criminal; las Leyes penales intermedias se reconoce por las mayorías que en Justicia el Juez debe también tomar en cuenta estas Leyes entre la fecha de comisión del hecho delictivo y la fecha de la sentencia, debe el Juez aplicar aquella de entre esas tres o más Leyes que sea más favorable al reo, pues la retroactividad obedece o bien a razones humanitarias de políticas criminal. La sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia en casos similares ha manifestado.....si bien el Decreto no menciona expresamente que deroga la normativa penal que sanciona la Aportación Ilegal de Armas, la cual importa una derogatoria tacita temporal derivada de la naturaleza de la norma intermedia pues si entendiéramos que la pretensión del Legislador era dejar vigente el articulo 332-B del Código Penal, al regir el Decreto 52-17; para que todos aquellos ciudadanos que no hayan realizado el registro de cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no poseen la factura de venta de la armería, para que procedan con la documentación restante a realizar dicho registro por la disposición intermedia. Así se desprende del contenido del precepto autorizante (Art.361 Código Procesal Penal) cuando dice: Habrá lugar al recurso de casación por Infracción de precepto Constitucional. En todos los casos en que, con arreglo al Código Procesal Penal, pueda interponerse recurso de casación contra una resolución Judicial, será suficiente para fundamentarlo, la infracción de precepto constitucional. En el caso de autos el artículo 96 de la Constitución de la República ya que no se aplicó la retroactividad del Decretos citados con antelación que refiere de la Veda en la sentencia proferida por el A-quo. Examinando lo anterior, somos del criterio que en los casos de Recurso de Casación por Infracción de precepto Constitucional como el presente por disposición del artículo 361 del Código Procesal Penal, el Tribunal de Casación en ningún caso podrá modificar los hechos que la sentencia recurrida tenga como probados, sin embargo, mientras estos no se modifiquen, es posible revisar si se aplican las normas denunciada infringidas, siendo esta la pretensión del presente Recurso de Casación en el que la decisión del Juzgador no se ajusta a las previsiones del Legislador al regula una Veda de la Posesión Ilegal de Armas de Fuego; debiéndose para tal efecto declarar sin lugar el fallo contra mis representados RAMON ALBERTO RAMIREZ ORTIZ, por el delito de POSESION ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERNA DEL ESTADO HONDUREÑO.- Pretendiendo para tal efecto que se anule la sentencia del A-quo y que se declare con lugar el Recurso de Casación por Infracción de precepto Constitucional, por haber infringido el Decreto Legislativo número Decreto 52-17 de fecha cuatro de agosto del dos mil diecisiete (04-08-173) supra indica.” La recurrente 2 Abogada Erika Yamileth Hernández, defensora pública de Marlon Bejarano, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley, de la manera siguiente “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION MOTIVO UNICO: Infracción por violación o falta de aplicación del artículo 1 contenido en el Decreto Legislativo N. 52-2017 de fecha doce de julio del año dos mil diecisiete, publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 04 de agosto del 2017. Normativa relacionada con el artículo 96 de la Constitución de la República de Honduras PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal penal. - EXPOSICION DEL MOTIVO Aplicar una norma jurídica que reclame la aplicación de otra implica siempre una inobservancia de esta última, y tanto la inobservancia como la aplicación errónea configuran violaciones a la voluntad del legislador. La declaración de hecho probado el Juzgador describe aquellas conductas que puede ser calificados como delitos y en consecuencia adecua ese cuadro fáctico al presupuesto normativo penal que se supone infringido. La errónea aplicación de adecuación o falta de correspondencia de la norma aplicada al caso concreto, es lo que constituye el motivo. "La aplicación indebida" es una especie de casación por Infracción de ley, consistente en la invocación por los sentenciadores de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad que aparece consignada en los hechos probados, de tal forma que se aprecia la incongruencia entre el factum de la sentencia y la norma penal que se asigna, por lo que la infracción se produce al citar y fundamentar el fallo con una norma extraña a los hechos estimados probados" Los preceptos penales sustantivos que se invocan como infringidos por violación o falta de aplicación prescriben lo siguiente: ART. 1 Conceder el beneficio de Amnistía hasta el 31 de diciembre del año 2018, para que todos aquellos ciudadanos que no hayan realizado el registro de cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posean la factura de venta de la Armería, para que procedan con la documentación restante a realizar dicho registro. ART. El presente Decreto entrara en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial "La Gaceta" (4 de agosto del 2017). Por su parte la norma legal citada en relación señala: Artículo 96 de la Constitución de la República: "La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado" El artículo 332-B del Código Penal establece: Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones Comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales. Quien, sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial. Artículo que ha aplicado incorrectamente el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, al no ajustarse a la ley vigente, pues los jueces establecen en el hecho probado que mi defendido el día veintitrés (23) de mayo del 2016 se le encontró en el vehículo que se transportaba, bajo el asiento del pasajero, un arma de fuego marca pietro beretta, modelo 92 FS, calibre 9 parabellum, serie no visible, armazón, correa y cañón metálico, con pavón de color negro y empuñadura de aparentemente plástico, color negro, con su respectivo cargador metálico, pavón color negro y óxido, de la cual no tenía autorización para poseerla. Haciendo un análisis de los autos revela que cuando el imputado fue sorprendido en posesión del arma de fuego, esto fue el veintitrés de mayo del 2016. Si bien es cierto al momento de los hechos no estaba vigente el artículo 1 del decreto 52- 2017 de fecha doce de julio del dos mil diecisiete, publicado en el diario oficial La Gaceta el cuatro de agosto de dos mil diecisiete, no obstante, cuando el Tribunal de Sentencia dictó el falló se encontraba vigente el referido decreto legislativo. En estricto derecho el Juez no está obligado más que a decidir, entre la ley vigente en la fecha de la comisión del delito y la vigente en la fecha de la sentencia, porque solo esta y no una ya derogada puede aplicarse retroactivamente, por eso entendemos que el beneficio que pudo obtener el imputado con el referido decreto no se puede aplicar. En todo caso al momento de decidir el caso la ley más favorable es el decreto que establece la amnistía, situación que resistieron aplicar los miembros del Tribunal de Sentencia aplicando indebidamente el artículo 332 del Código Penal. Si bien es cierto el decreto en cuestión no menciona expresamente que deroga la normativa penal que sanciona la portación ilegal de armas, importa una derogatoria tácita temporal derivada de la naturaleza de la norma vigente al momento de dictar el fallo, pues entendiéramos que la pretensión del legislador era dejar vigente el articulo 332 b del Código Penal, al regir el artículo 2 del decreto 52-2017, aun las personas que hubieren acudido a registrar sus armas dentro del plazo fijado por el mencionado artículo 2, incurrirían en el delito de portación ilegal de armas por el tiempo que la ostentaron antes de acudir a dicho registro, en cuyo caso no tendría sentido el plazo otorgado por la disposición legislativa. Si en la nueva ley deja de considerarse delictivo un hecho penado hasta entonces, entonces si se puede aplicar la retroactividad de ley, pues uno de los requisitos es que favorezca al reo o procesado. En nuestro caso los señores jueces con base a lo establecido en el artículo 96 Constitucional, tuvo que haber aplicado la retroactividad con respecto a ese artículo, al no aplicarla el juzgador de instancia infringió por falta de aplicación en tanto que esta se da cuando la norma no es seleccionada para resolver el caso, debiendo serlo, independientemente de a que resultado se haya llegado ya sea porque se ignora su existencia, porque no se le considera vigente o por un equivocado entendimiento de su significación o su alcance. El artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece: Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. En sentido, la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto ha sostenido que la calificación de un hecho como ilícito y la fijación de sus efectos jurídicos deben ser preexistentes a la conducta del sujeto al que se considera infractor. De lo contrario, las personas no podrían orientar su comportamiento conforme a un orden jurídico vigente y cierto, en el que se expresan el reproche social y las consecuencias de este. Asimismo, el principio de retroactividad de la ley penal más favorable, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiara de ello. El Tribunal también ha indicado que el principio de irretroactividad tiene el sentido de impedir que una persona sea penada por un hecho que cuando fue cometido no era delito o no era punible o perseguido . La Corte ha enfatizado que corresponde al juez, en el momento de la aplicación de la ley penal, atenerse estrictamente a lo dispuesto por esta y observar la mayor rigurosidad en el adecuamiento de la conducta de la persona incriminada al tipo, de forma tal que no incurra en penalización de actos no punibles en el ordenamiento jurídico. La elaboración de tipos penales supone una clara definición de la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales. Este Tribunal subraya que la tipificación de conductas reprochadas penalmente implica que el ámbito de aplicación de cada uno de lo tipos está delimitado de la manera más clara que sea posible, es decir, de manera expresa, precisa, taxativa y previa. La Constitución de la República de Honduras en su artículo 221 establece: La Ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de haber transcurrido (20) veinte días de terminada su publicación en el diario oficial La Gaceta. Podrá, sin embargo, restringirse o ampliarse en la misma ley el plazo de que trata este artículo y ordenarse, en casos especiales, otra forma de promulgación. Siendo así que las leyes vigentes forman parte del derecho positivo y conforme a lo establecido en el Código Civil en los artículos 42, 43 y 44 la ley puede ser derogada total o parcialmente por otra ley, bien sea en forma tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que pueda conciliarse con las de la ley anterior o expresa, cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la anterior, en nuestro caso con el ya supra mencionado decreto que a todas luces es irreconciliable con las normas establecidas para el tipo penal de portación ilegal de armas, pues existe una veda donde es permitido que las personas porten armas de fuego en forma visible en espacios públicos o privados durante un determinado tiempo, en este caso en específico hasta el 31 de diciembre del 2018, (decreto legislativo 52-2017, publicado en fecha 04 de agosto del 2017). PRETENSION Como consecuencia de la resistencia en aplicar la ley vigente al caso concreto, como ocurrió en el presente caso produjo la falta de aplicación del artículo 1 del Decreto Legislativo No- 52-2017 de fecha doce de julio del 2017 y publicado en el diario oficial La Gaceta en fecha 04 de agosto del 2017, por lo tanto se solicita se decrete la aplicación indebida del artículo 332 del Código Penal, se case la sentencia y se decrete en su lugar una Sentencia Absolutoria a favor del señor MARLON BEJARANO.” Fundamentación Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional. En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “La jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: 1. Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 2. Aplicación Restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 3. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el recurrente debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurrente 1 Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la Defensa Pública. Único Motivo. • Norma autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. • Norma sustantiva que se denuncia infringida: Decreto 52-17 de la Ley de Control de Armas de Fuego en relación con el Artículo 96 de la Constitución de la República. • Concepto de la infracción: Retroactividad del Decreto 52-17 de la Ley de Control de Armas de Fuego. • Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor. • Pretensión: Que se declare con lugar el recurso. Establece la recurrente que el Tribunal Sentenciador al condenar a mi representado olvido la eficacia de las denominadas leyes intermedias, ya que el vicio se produce porque se inobservó el precepto constitucional contenido en el artículo 96, relacionado con el decreto 52-2017 de fecha 4 de agosto de 2017 contentivo en la Ley de Control de Armas de Fuego, ya que de los hechos probados de la sentencia se colige una conducta que ha sido despenalizada por la entrada en vigencia de dicho decreto; todo ello en virtud de la retroactividad en materia penal cuando la nueva disposición le favorezca al procesado, en el cual se le concede el beneficio de amnistía y que deja en suspenso la aplicación de la normas contenida en los artículos 332-Bdel Código Penal. Del principio de retroactividad de la ley penal Al haberse invocado este principio por el Recurrente, deviene explicar el mismo. - La exigencia para que un hecho pueda castigarse como delito es preciso de modo ineludible, que previamente haya sido declarado como tal por una ley, así se refleja en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre del 10 de diciembre de 1948; artículo 11.2: "Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.”. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el principio de identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigencia una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el tribunal de justicia deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que ninguna persona debe ser castigada por una conducta que al momento de la comisión era lícita, de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben de ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Haseemer señala que "una ley que pretenda ser aplicable a un caso que haya ocurrido antes de que la ley haya entrado en vigor, es un fantasma del Estado Policía (Hassemer, Winfried, Fundamentos del Derecho Penal, Bosh, Casa Editorial S.A., 1984., Pág. 320)", en virtud de que el daño, que se pretende evitar por parte de la comunidad, ya ha sido producido antes de su promulgación, cuando la misma era de carácter lícito y no reprochable. Claus Roxin (Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civitas A.S., España, p. 141) explica los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión, sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible, sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); y 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Tales tipos de retroactividad no son posibles ya que el Estado debe de determinar ante fáctum los hechos que consienta prohibidos, de modo que los ciudadanos tengan confianza en que los límites de su libertad están determinados y que pueden actuar dentro de esos límites establecidos sin que posteriormente puedan ser objetos de algún reproche por los mismos. Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria, lo que debe de ser apreciado no solo en procesos penales pendientes, como el caso que nos ocupa, sino además en los procesos con resoluciones firmes, antes o durante el cumplimiento de las penas. "Una Ley más favorable no es una ley abusiva, por el contrario, significa el reconocimiento de mayores ámbitos de libertad, luego la retroactividad de la ley más favorable no niega el principio de legalidad, si no que más bien lo afirma." (Bustos Ramírez Juan, Manual de Derecho penal, Parte General, Barcelona, Edit. Ariel S.A, 3° Edición, 1989, pg. 82). Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entra en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente, "esta exigencia es inseparable del principio de legalidad penal; si debe existir una ley que defina las conductas delictivas para poder perseguirlas, dicha ley debe estar vigente en el momento en que se cometen los hechos, por eso la ley penal es irretroactiva y no puede aplicarse a hechos anteriores a su entrada en vigor (Muñoz Conde, Francisco. Derecho Penal, parte general, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia España, 1° edición, 1993, pg. 98.)", salvo el caso mencionado, cuando sea más beneficiosa. Ante una nueva regulación penal corresponde al juzgador determinar cuál es la ley que es más favorable al acusado o condenado: la vigente al momento del hecho o la vigente al momento de juzgamiento o ejecución de la pena, dándose tal respuesta a depender de: 1. Si la ley penal vigente al momento de los hechos ha sido derogada por una nueva ley, lo que sin dificultad se concluye que la nueva ley es más beneficiosa por despenalizar lo que la anterior tipificaba como delito; 2. Si la ley penal vigente al momento del hecho contemplaba una pena de la misma naturaleza más grave que la prevista en la ley penal vigente al momento del juzgamiento o ejecución de la pena, entonces se debe de aplicar la ley penal vigente (ley nueva), por ser más beneficiosa; o 3. Si la Ley penal vigente al momento del hecho contemplaba una pena de distinta naturaleza a la prevista en la ley penal vigente al momento de juzgamiento o ejecución de la pena, el órgano jurisdiccional decidirá conforme al caso concreto y en la eventual situación de duda podrá consultar a la persona condenada cuál de las normas le resulta más beneficiosa, pues a la postre el destinatario de las mismas es ella, y el principio lo que busca es su beneficio. Lo anterior nos lleva a otra posibilidad, existirán casos en que la nueva ley contenga aspectos que le beneficie al reo o procesado, pero que a su vez también le perjudique, lo que obliga, como en el caso anterior, a que el juez realice un estudio del caso concreto, a fin de determinar cuál de las normas es la más beneficiosa en su totalidad, es decir, tomando en cuenta tanto los beneficios como los perjuicios de su aplicación, no siendo posible aplicar los aspectos más beneficiosos de la nueva ley sin aplicar los perjudiciales, ya que, como señala Muñoz Conde, "el Tribunal estaría creando una nueva norma (…) y desempeñando con ello funciones legislativas que no le competen." (Muñoz Conde; Francisco; García Arán, Mercedes. Derecho Penal Parte General, 3° Edición. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, Pág. 159 y 160). En definitiva, el texto del artículo 96 de la Constitución de la República establece que "la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", lo cual está desarrollado en el artículo 9 del Código Penal, que indica que: “Las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al procesado, aunque al entrar en vigencia aquellas hubieren recaído sentencia firme y el reo estuviere cumpliendo la condena.”. De los decretos legislativos de gracia o de “veda” o “amnistía” El legislador hondureño ha dispuesto en varias ocasiones emitir leyes y normas temporales con el objeto de establecer reglas especiales, algunas veces exonerando de requisitos, para que las personas dueñas y poseedoras de armas de fuego regularicen su tenencia o, en su caso, hagan entrega de aquellas que la ley ha catalogado como prohibidas. Estas normas legales, de naturaleza administrativa, tiene el propósito de motivar a los particulares a que se ajusten a las leyes que regulan el tema de arma de fuego, no debiendo entenderse que buscan como propósito exonerar de responsabilidad penal por delitos relacionados con estos objetos. Desde el año 2001 han estado en vigencia 09 leyes distintas que regulan tiempos de exención, siendo éstas: a. La Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares: En el artículo 62 se estableció un período de gracia de 12 meses, a contar a partir de su vigencia, para que las personas que estuvieran en posesión de armas permitidas pudieran hacer el trámite para la obtención del permiso correspondiente sin la necesidad de presentar documentos de propiedad alguno; Dentro del mismo plazo las personas que tuvieran en su poder armas de guerra, automáticas, explosivos, municiones o accesorios prohibidos, podían entregarlas a la autoridad pública sin responsabilidad alguna. El término referido en el artículo 62 transcurrió del 29 de julio del 2000 hasta el 29 de julio del 2001. b. Decreto No. 257-2002: El artículo 2 estableció que las personas que estaban en posesión de armas de fuego permitidas por la ley, entendiéndose como tales las enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas, tenían un plazo de seis (06) meses para su registro y obtención del permiso, sin la necesidad de presentación de documento alguno sobre la procedencia del arma. El período de gracia establecido en esta ley fue del 07 de octubre de 2002 hasta el 06 de abril de 2003. c. Decreto No. 101-2003: El artículo 3 establecía un término de noventa (90) días para que las personas que estuviesen en posesión de armas de fuego de guerra o reservadas para uso de las Fuerzas Armadas de Honduras y armas de fabricación artesanal (Art. 8 de la Ley de Armas), las entregaran a la autoridad competente sin responsabilidad penal o civil. Los 90 días comenzaron a correr desde el 11 de julio hasta el 08 de octubre de 2003. Durante dicho tiempo quedó en suspenso la vigencia del artículo 4 del decreto 101-2003, que creaba un nuevo tipo penal de Tenencia y Portación de Armas de Fuego de Guerra y de Fabricación Artesanal y que entró en vigor precisamente al vencerse el plazo, es decir el 09 de octubre de 2003, hasta su fecha de derogación el 15 de enero de 2004. d. Decreto No. 274-2005: En el artículo 1 establece que es permitida la inscripción de armas de fuego de marcas y calibres específicos, siempre que sean de los modelos de fusiles semiautomáticos y carabinas, sin la necesidad de documentación de origen, en un período de gracia que no fue determinado en el decreto, lo que llevó como consecuencia a que dicho decreto no tuviese efectividad alguna. e. Decreto No. 069-2007: Este decreto además de reformar el artículo 27 y adicionar los artículos 27-A, 27-B y 27-C a la Ley de Armas, estableció en su artículo 2 un plazo de seis (06) meses para que las personas pudieran registrar las armas de fuego que tuvieren en posesión de manera irregular; conjuntamente establecía el artículo 3 que el decreto entraría en vigor 20 días después de la publicación oficial, misma que fue hecha el 29 de agosto de 2007; el término de seis meses establecido comenzó a correr el 18 de septiembre del año 2007 y venció el 18 de marzo del 2008, a media noche. f. Decreto No. 184-2013: El artículo 2 establecía un año de veda para que toda persona que tuviese en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial procediera a realizar los trámites correspondientes para su registro, presentando la documentación respectiva con excepción a la factura de venta de La Armería, la cual no sería necesario presentar en dicho tiempo. En el primer párrafo del artículo 2, regulaba la posibilidad de inscripción de armas de fuego sin la necesidad de la presentación de factura de compra, refiriéndose a aquellas armas que la ley catalogaba como permitidas su tenencia y portación previo permiso de autoridad competente, enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas. - El plazo de un año de “veda” o de gracia que anunciaba el artículo 2, comenzó a correr en fecha 05 de octubre de 2013 y venció el 05 de octubre de 2014. g. Decreto No. 063-2014: El artículo 1 concedió prorrogar de la vigencia del decreto No. 184-2013, por un período de seis (06) meses, a partir del vencimiento de dicho decreto, con el objeto de que toda persona que tuviera en su poder cualquier tipo de arma de fuego proceda a realizar los trámites de registro, debiendo presentar toda la documentación pertinente a excepción de la factura de compra en La Armería. El término de prórroga comenzó a correr el día siguiente al vencimiento del plazo señalado en el decreto 184-2013, es decir el 06 de octubre de 2014, venciéndose el 06 de abril de 2015. h. Decreto No. 060-2015: El Legislador nuevamente, dispone en el artículo 1 prorrogar el decreto No. 063-2014, a partir de su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de dos mil quince, con los mismos efectos. i. Decreto No. 052-2017: El legislador decretó conceder el beneficio de amnistía desde el 04 de agosto de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2018, para que todas las personas que no hayan realizado el registro de cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posean la factura de la venta de La Armería, procedan con la documentación restante a realizar dicho registro. Existe controversia sobre los alcances que en materia penal han tenido los decretos legislativos enumerados durante el tiempo en que estuvieron en vigencia (no se olvide que se trata de leyes temporales); controversia que ha sido sometida a conocimiento y resolución de la Corte Suprema de Justicia en no pocas ocasiones, existiendo ya a la fecha un criterio definido, tanto en la Sala de lo Constitucional como en la Sala de lo Penal. A. Sala de lo Constitucional: en sentencias del 09 de agosto de 2017 emitidas en los expedientes números 0283-2015 y 0688-2015 y en sentencias del 16 de mayo de 2017 de los Exp 198-2016 y 329-2016 la Sala de lo Constitucional, tras haber desarrollado posturas diferentes sobre el tema, declaró apartarse de su propia doctrina legal, refiriendo que el dilema es una cuestión de mera legalidad que debe ser resuelto en instancia y no mediante la garantía constitucional de Amparo, por lo que consideró que a partir de esa fecha lo procedente es sobreseer todas las acciones que se refieran a este tema en específico; de este modo la Sala de lo Penal es la llamada para resolver el diferendo de criterios jurídicos. B. Sala de lo Penal: a partir del año 2018, apelando al método dogmático de interpretación de las normas jurídicas, ha determinado que los Decretos Legislativos In Comento son normas de índole administrativas cuyo ámbito de aplicación son en esa materia sin que tengan conexidad, mucho menos incidencia en el derecho penal. Recordemos que manda el artículo 17 del Código Civil que “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención de legislador”. Los decretos de veda o amnistía tuvieron como propósito establecer condiciones especiales para motivar a la población del territorio hondureño regularizar su posesión de armas de fuego, sea obteniendo el permiso de la autoridad sin la presentación de la documentación que normalmente se exige, sea entregando sin responsabilidad algunas armas de tenencia prohibida. En específico, el Decreto Legislativo 052-2017, constituye una prórroga del Decreto Legislativo 060-2015, el cual a su vez, constituye resolución legislativa de prórroga del Decreto Legislativo 063-2014 y este a su vez del decreto 184-2013, con cuya vigencia se procuraba que los poseedores de cualquier arma de fuego de carácter comercial que no poseían factura de venta procedente de la Armería, tuvieran la posibilidad de inscribirla en el registro correspondiente y obtener la autorización para la portación de tales armas; dicho decreto no despenaliza bajo ningún concepto la tenencia ilegal, tampoco suspende su positividad o determina suspenso de antijuricidad de la conducta (que han sido los argumentos judiciales aplicados); en general, no tiene por finalidad permitir la impunidad de esta tipología de delitos de peligro abstracto, sino que el fin expreso y taxativo del mismo es promover el registro de armas de fuego en poder de los particulares, para efectos de que el Estado obtenga control del parque de armas de fuego circulantes en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y de la seguridad jurídica como valor constitucional fundante del Estado de Derecho. El Decreto No. 052-2017 (tema del Recurso de Casación que nos ocupa), se concedió un plazo de tiempo para que las personas pudiesen obtener su permiso de portación y tenencia de arma de fuego comercial o de uso personal, esto no debe entenderse como “carta blanca” en donde la persona pudiese desplazarse impunemente en el territorio nacional, portando un arma de fuego en lugares y en tiempos en donde revela que su intención no es hacer el trámite para su registro, sino el de poner en peligro abstracto el bien jurídicamente tutelado: la seguridad interior del Estado de Honduras. De la Procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Único Motivo. El recurso no es de recibo. El artículo 4 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Similares (en adelante Ley de Armas), reconoce el derecho de las personas nacionales y extranjeras de poseer y portar armas de fuego, para ello, deberán de obtener permiso por parte de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública siempre que cumplan los requisitos exigidos por esa misma ley, los cuales son los descritos en el artículo 27 reformado: 1) Formulario con sus datos personales y residencia; 2) Marca, modelo, número de serie, identificación de conversiones de calibre, si la tuviere, así como las demás características del arma; La persona interesada sólo podrá poseer y/o portar armas de fuego y municiones clasificadas como permitidas, mismas que deben de tener las características y especificaciones que estipula los artículos 7 y 9 de la Ley de Armas. Pero, además, la ley es específica en cuanto a las armas y municiones que se consideran prohibidas, es decir, que no es permitida su adquisición, tenencia o portación, describiendo sus características y especificaciones en el artículo 8 y 10 de la ley mencionada; 3) Constancia de haberse practicado la prueba balística conforme lo señala el artículo 17 para los efectos establecidos en el artículo 19, ambos de la Ley de Armas; 4) Pago de la matrícula municipal; y 5) Documentos de identificación. El permiso es intransferible (Art. 34 de la Ley de Armas), por ello, la persona que lo obtenga deberá de reportar en un plazo máximo de diez días a la Policía Nacional y al Registro Nacional de Armas cualquier traspaso de propiedad que haga del arma registrada, a efectos de que el nuevo propietario realice la solicitud de permiso correspondiente, igualmente deberá de reportar el robo o extravío de la misma (Art. 20 y 31 de la Ley de Armas). El Estado de Honduras, para efectos de salvaguardar la seguridad interior, tiene el deber de realizar un estricto control de la posesión y portación de armas de fuego, por ello contempla la imposición de sanciones administrativas (artículos 27-C, 37, 54, 55, 56 y 57 de la Ley de Armas) y de sanciones penales (aplicables con independencia a las sanciones administrativas) para las personas que infrinjan dichos controles. Entre las sanciones penales encontramos en el artículo 332-B que determina que “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o vendas armas de fuego y municiones para el uso personal o deportivas (…) incurrirá en una pena de tres a seis años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones (…) Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas (…) las descritas en la ley especial”. El hecho probado objeto de juzgamiento establece que: “ UNICO: El lunes veintitrés de mayo del año dos mil dieciséis, a las diez con treinta minutos de la mañana, se recibió una llamada telefónica en la Central de Telecomunicaciones de la Policía Nacional indicando que en la Colonia Honduras, San Pedro Sula, Cortés, circulaba un vehículo turismo marca Toyota con placa PBN0511 de manera sospechosa, por lo que varios Agentes se desplazaron a dicho lugar, encontrando en la 10 avenida, 14 calle de la referida colonia, el vehículo antes descrito, por lo cual requirieron a sus tres ocupantes, identificándose a dos de ellos como RAMON ALBERTO RAMIREZ ORTIZ Y MARLON BEJARANO, quien manifestó llamarse ANGEL NOE MEJIA RIVERA, encontrando en el asiento trasero donde iban sentados los señores RAMIREZ ORTIZ Y BEJARANO, las armas TANFOGLIO y PIETRO BERETTA, en buen estado de funcionamiento, responsabilizándose cada uno de ellos por dichas armas respectivamente, sin contar con la autorización administrativa correspondiente.” Por este hecho, el acusado Ramón Alberto Ramírez Ortiz fue condenado por el delito de Portación Ilegal de Armas Comerciales en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de tres (3) años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación especial para ejercer el sufragio e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal. Si bien, mediante el decreto 60-2015 establece que todas las personas que no hayan realizado el registro de cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea la factura de la venta de La Armería, procedan con la documentación restante a realizar dicho registro. El legislador dispone en el artículo 1 prorrogar el Decreto número 63-2014, de su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de 2015 con los mismos efectos. Posteriormente mediante Decreto 52-2017, el legislador decretó conceder el beneficio de amnistía desde el 4 de agosto de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2018. Lo anterior, revela que durante el período comprendido entre el primero de enero de 2016 y hasta el 3 de agosto de 2017, no existía ningún decreto relativo a la veda o amnistía para la portación de armas dirigido al registro de las mismas. Por lo que para la fecha del hecho objeto de juzgamiento (23 de mayo de 2016) no se encontraba en vigencia del Decreto Legislativo 52-2017 De lo anterior se desprenden dos factores que inciden para que la conducta enjuiciada no tenga subsunción en el decreto legislativo 52-2017, el primero de ellos es que al tratarse de un decreto temporal y no una ley intermedia, como erróneamente señala la recurrente, para que tenga aplicación debe de estar vigente al momento de la comisión de la conducta reprochada; el decreto temporal deja en suspenso, con la concurrencia de otras condiciones, algunos de los verbos rectores del artículo 332 B, pero tiene un plazo taxativo de vigencia y como principio fundamentador que no se aplicara a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. En cambio, la ley intermedia al ser una ley posterior deroga la ley anterior, se da identidad plena en cuanto al hecho regulado y se viene a dar una sucesión de leyes penales. En el caso concreto se pretende la retroactividad de un decreto temporal, lo cual no abarca el principio de retroactividad de la ley penal. El segundo factor consiste en que para que este precepto (Decretos Legislativos) tenga aplicación al caso de autos, resulta necesario en principio que quien lo invoque se halle al momento de la comisión del hecho bajo el imperio o vigencia concreta de esta disposición, en otras palabras, para que una persona sorprendida portando un arma de fuego sin permiso de la autoridad competente, pueda ampararse en esta disposición y no le sea aplicado el artículo 332B del Código Penal, es necesario que al momento de producirse la portación ilegal se encuentre en vigencia la norma que autoriza el plazo de un año para registrar el arma y que de su conducta se muestre la intención de hacer entrega del arma, ya sea para su registro o destrucción a la autoridad competente, en consecuencia, del cúmulo judicial resulta que al momento de la infracción imputada al encartado no estaba vigente los decretos legislativos 184-2013 en relación con el 52-2017, y no se acredito por parte del señor Ramón Alberto Ramírez Ortiz la intencionalidad su no era precisamente la de encaminarse a la autoridad administrativa para entregar el arma de fuego, con la finalidad de que ésta procediera a su destrucción. En atención a lo expuesto, la Sala de lo Penal ha sido del firme criterio que la letra y espíritu del decreto 184-2013 y de sus posteriores prórrogas (en este caso el decreto legislativo No. 52-2017) es para que las autoridades de la Unidad del Registro Balístico adscrita a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, durante la vigencia del mencionado decreto permitan a los particulares propietarios de armas comerciales que no hayan registrado sus armas comerciales por carecer de factura de La Armería, pasen a registrarlas a su nombre, para que éstas pasen a ser legales. Todo ello con el propósito de que una gran cantidad de armas no continúen siendo ilegales en posesión de sus propietarios y tener el debido registro para seguridad de la población. Por todas estas razones, deviene improcedente el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por la Defensa Pública. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurrente 2 Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la Defensa Pública. Único Motivo. • Norma autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. • Norma que se denuncia infringida: Artículo 1 contenido en el Decreto Legislativo No 52-2017 relacionada con el artículo 96 de la Constitución de la República de Honduras. • Concepto de la infracción: Violación o falta de aplicación del artículo 1 en el Decreto Legislativo 52-2017 relacionada con el artículo 96 de la Constitución de la República de Honduras. • Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por la pretensora. • Pretensión: Que se decrete una sentencia absolutoria. Establece la recurrente que haciendo un análisis de los autos revela que al momento de los hechos el imputado Marlon Bejarano fue sorprendido en posesión de un arma de fuego, momento este en el que no estaba vigente el artículo1 del decreto 52-2017 de fecha 12 de julio de 2017, no obstante cuando el Tribunal de Sentencia dictó fallo se encontraba vigente el referido decreto legislativo, por lo que al momento de decidir el caso la ley más favorable es el decreto que establece la amnistía, situación que resistieron aplicar los miembros del Tribunal de sentencia aplicando indebidamente el artículo 332 del Código Penal. De la Procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Único Motivo. El recurso no es de recibo. El hecho probado objeto de juzgamiento establece: “ El lunes veintitrés de mayo del año dos mil dieciséis, a las diez con treinta minutos de la mañana, se recibió una llamada telefónica en la Central de Telecomunicaciones de la Policía Nacional indicando que en la Colonia Honduras, San Pedro Sula, Cortés, circulaba un vehículo turismo marca Toyota con placa PBN0511 de manera sospechosa, por lo que varios Agentes se desplazaron a dicho lugar, encontrando en la 10 avenida, 14 calle de la referida colonia, el vehículo antes descrito, por lo cual requirieron a sus tres ocupantes, identificándose a dos de ellos como RAMON ALBERTO RAMIREZ ORTIZ Y MARLON BEJARANO, quien manifestó llamarse ANGEL NOE MEJIA RIVERA, encontrando en el asiento trasero donde iban sentados los señores RAMIREZ ORTIZ Y BEJARANO, las armas TANFOGLIO y PIETRO BERETTA, en buen estado de funcionamiento, responsabilizándose cada uno de ellos por dichas armas respectivamente, sin contar con la autorización administrativa correspondiente.” Por este hecho, el acusado Marlon Bejarano fue condenado por el delito de Portación Ilegal de Armas Comerciales, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de tres (3) años de reclusión, mas las penas accesorias de inhabilitación especial para ejercer el sufragio e interdicción civil por el tiempo que dure la condena. Del estudio del caso en autos, se logra establecer que la fecha del hecho objeto de juzgamiento, 23 de mayo de 2016, no se encontraba en vigencia el decreto legislativo No. 52-2017, mediante el cual el legislador dispone por un periodo para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego proceda a realizar los trámites de registro, debiendo presentar toda la documentación pertinente a excepción de la factura de compra en La Armería, como excepción. En atención a lo expuesto, la Sala de lo Penal ha sido del firme criterio que la letra y espíritu del decreto 184-2013 y de sus posteriores prórrogas (en este caso el decreto legislativo No. 52-2017) es para que las autoridades de la Unidad del Registro Balístico adscrita a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, durante la vigencia del mencionado decreto permitan a los particulares propietarios de armas comerciales que no hayan registrado sus armas comerciales por carecer de factura de La Armería, pasen a registrarlas a su nombre, para que éstas pasen a ser legales. Todo ello con el propósito de que una gran cantidad de armas no continúen siendo ilegales en posesión de sus propietarios y tener el debido registro para seguridad de la población. Para determinar si existe o no responsabilidad penal por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego durante el periodo de vigencia del decreto 184-2013 y de su prórroga, no debe tomarse en cuenta únicamente el elemento temporal para declarar la atipicidad de la conducta esgrimida en el artículo 332-B del Código Penal, sino que también, deben tomarse en cuenta pautas objetivas que conlleven a colegir sin ningún género de dudas, que las personas que portaban un arma de fuego comercial sin autorización o un arma de fuego de uso prohibido durante el tiempo de la veda, tenía la intencionalidad de ir a registrarla o entregarla, pues el permiso o veda es para registrar o entregar el arma y no para su simple portación, lo que va en contra de la voluntad del legislador al emitir y prorrogar dicho decreto. El artículo 332-B del Código Penal, señala: “…Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para el uso personal o deportivo…incurrirá en una pena de tres a seis años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones… se entenderá por armas de uso persona, defensa o deportivas… las descritas en la ley especial…”, y de acuerdo con los hechos probados en la sentencia y descritos con anterioridad se encuentran, los elementos del tipo penal se constituyen de la siguiente manera: 1. Sujeto Activo: siendo cualquier persona natural sin cualificación especifica. 2. Sujeto Pasivo: El Estado de Honduras, el cual es garante y responsable de la Seguridad Interior. 3. Conducta criminosa, esto es el verbo rector, el cual en este caso consiste en fabricar, almacenar, transportar, poseer, usar, suministrar, vender, ingresar o sacar, armas o municiones del país, para uso personal o deportivas sin permiso de la autoridad correspondiente. 4. Modalidad Criminosa, es la forma de llevar a cabo el verbo rector y que para el tipo penal en referencia, implica, la ejecución de cualquiera de los verbos rectores descritos sin tener el permiso vigente, expedido por la autoridad correspondiente del Estado de Honduras; por otro lado, que el arma de fuego tenga la condición de tal, es decir, que consista en algún artefacto o dispositivo construido industrialmente o artesanalmente que permita el lanzamiento de proyectiles, mediante la fuerza de expansión de los gases de la pólvora. Finalmente, que el arma sea de aquellas consideradas permitidas, por reunir las características o especificaciones descritas en el artículo 7 de la ley especial. Además de lo antes explicado, como elemento subjetivo el tipo penal, exige que el sujeto activo realice la acción con dolo, es decir, que se conduzca con el conocimiento que está realizando alguno de los verbos rectores descritos, respecto de un arma de fuego o munición permitida, sin el permiso de la autoridad competente y además que tenga la voluntad de realizarlo. En este sentido, se desprende según el propio fáctum de la sentencia, que el lunes 23 de mayo de 2016, a las 10: 30 de la mañana, circulaba en la colonia Honduras un vehículo turismo marca TOYOTA con placa PBN0511 de manera sospechosa, por lo que se desplazaron varios agentes a dicho lugar, encontrando en la 10 avenida, 14 calle de la referida colonia, lo cual requirieron a sus tres ocupantes, identificándose a dos de ellos como Ramon Alberto Ramírez Ortiz y Marlon Bejarano, encontrando en el asiento de la parte trasera sonde iban sentados los señores Ramírez Ortiz y Bejarano, las armas TANFOGLIO y PIETRO BERETTA, en buen estado de funcionamiento, responsabilizándose cada uno de ellos por dichas armas respectivamente, sin contra con la autorización administrativa correspondiente. En atención a lo anterior, la Sala de lo Penal concluye que existe identidad entre el hecho probado de la sentencia y el artículo 332 literal B del Código Penal, pues de los hechos probados se reproduce el ámbito situacional previsto en la norma, encuadrándose con los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal seleccionado. Por todas estas razones, deviene declarar no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. DECISIÓN No ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo interpuesto por la Recurrente número 1. No ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la recurrente número 2. Reglas Generales de Ponderación de la norma más favorable que define el NCP decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). Por tanto, la ponderación tendrá una variante a depender de la instancia en que se haga: 1. En la primera instancia, al momento del juzgamiento por el tribunal, la ponderación de los cuerpos normativos parte de la comparación de las penas abstractas, pero sin dejar de tener en consideración la total de los cuerpos normativos como un todo; o 2. En la segunda o única instancia, al resolverse un recurso devolutivo interpuesto en contra de sentencia definitiva la ponderación se realizará entre la pena concreta impuesta y la pena abstracta que corresponda para el mismo hecho e igualmente reparando respecto a la totalidad de los cuerpos normativos. En ambos casos el proceso de ponderación se realiza siguiendo las reglas que se señalan en este apartado. Es importante insistir que la ponderación de la norma más favorable deberá de realizarse al momento del juzgamiento en primera instancia, en segunda instancia o en única instancia; por ello no es procedente aplicación retroactiva en estadios previos del proceso, como ser la audiencia de declaración de imputado, la audiencia inicial, la audiencia preliminar o en la etapa de saneamiento de la etapa de juicio. El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017; a tal consideración se le suma las siguientes: 1. Penas Conjuntas: No procede la ponderación parcial de penas principales; la ponderación deberá de realizarse tomando en consideración todas las penas conjuntas impuestas por los mismos hechos (Art. 617 NCP). 2. Penas privativas de Libertad: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena privativa de la libertad (reclusión) con todas sus circunstancias, impuesta de conformidad con el VCP 144-83, fuese también imponible con arreglo al NCP 130-2017 (Art. 616). Ello ocurre cuando la pena concreta impuesta se encuentre dentro marco abstracto de la pena que para el mismo hecho se deba de imponer de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 621). 3. Pena de Multa: No se realizara aplicación retroactiva del NCP cuando la pena impuesta de conformidad con el VCP 144-83, sea la de multa y la que corresponda imponer conforme al NCP 130-2017, igualmente sea una pena de multa.- La aplicación retroactiva se realizara excepcionalmente cuando: a.- No se hubiese hecho abono alguno de la pena de multa impuesta de conformidad al VCP 144-83; y b.- la concreta cuantía impuesta conforme al VCP 144-83 no fuese posible imponer de acuerdo con el NCP 130-2017 desde una perspectiva abstracta (Art. 619). 4. Penas privativas de Derechos: Las penas principales de inhabilitación absoluta y especial se compararán atendiendo a la duración de la pena concreta impuesta en la sentencia y la máxima que pueda imponerse de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 620). 5. Medidas de Seguridad: Respecto a las medidas de ejecución impuestas de acuerdo con el VCP 144-83 que estén pendientes de ejecución o que estén siendo ejecutadas, deberán de ser objeto de revisión y adecuación de conformidad con las normas que regulan las mismas en el NCP 130-2017; (Art. 625). Reglas de Particulares de Ponderación por Concurso de Delitos y Por ausencia de Éste A nivel de punibilidad se regulan los concursos de delitos; ante la colisión temporal de normas sustantivas el juzgador llamado a resolver la acción penal interpuesta en base al rigor del VCP 144-83, deberá de establecer si existe o no concurso de delitos, identificar cual es el que concurre y luego hacer el cálculo de pena abstracta de conformidad a dicho concurso; seguidamente el juzgador deberá de hacer la ponderación de la pena más beneficiosa determinando si conforme a lo probado igualmente se aprecia un concurso según las normas del NCP130-2017, y de ser así deberá de proceder a calcular la pena abstracta, siendo el tercer y último paso la comparación de penas que deban de ser impuestas según cada código penal, reflejándose así cuál de ellos es el que debe de ser aplicado por ser más beneficioso para el procesado o reo. Lo descrito es un proceso general que tiene sus matices a depender cada uno de los concursos, lo que obliga hacer un estudio individualizado: A. Concurso Ideal Cuando conforme a los hechos imputados se deba de aplicar un Concurso Ideal (Art. 67 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al concurso ideal según las reglas del VCP144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del concurso ideal del NCP130-2017.- Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el concurso ideal; 2. Cuando una de las penas concursadas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del VCP144-83 y luego hacer la comparación global con el NCP130-2017; comparación que debe de hacerse según se explicó en el numeral anterior; o 3. Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, que se explican más adelante. Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real: i.- Limite Subjetivo, ii.- Limite Objetivo Ordinario y iii.- Limite Objetivo Extraordinario, explicado igualmente líneas adelante. b. Delito Continuado En el caso de que la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un delito continuado la ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (Art. 617 NCP). Al apreciarse un concurso continuado (Art. 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las mismas reglas señaladas previamente para el delito continuado. En los supuestos en donde conforme el VCP 144-83, corresponda aplicar un concurso real pero conforme el NCP 130-2017 se deba de aplicar un delito continuado, el juzgador deberá de proceder de la siguiente manera: 1. En primera instancia: i. Primero se procederá a realizar el cálculo abstracto de las penas conforme el VCP144-83, las que serán tomadas globalmente, para luego comparar el mismo con el marco abstracto de la pena que corresponda en aplicación del delito continuado según el NCP130-2017, develándose así que código es el más beneficioso en su conjunto. Recuérdese que la comparativa es global (suma de todas las penas abstractas) y no individual por cada pena; ii. En caso de que lo anterior no defina cual es la pena más favorable, el juzgador deberá de proceder a la individualización de la pena concreta de conformidad con el VCP-144-83 y paralelamente a la individualización de la pena concreta de conformidad con el BCP130-2017, de cuya comparación se decidirá que codificación es la más beneficiosa; o 2. En segunda instancia y única instancia: la comparativa parte de la confrontación de las penas que en concurso real hayan sido impuestas en la sentencia impugnada en aplicación del VCP144-83, con el marco abstracto de la única pena que de conformidad al NCP-130-2017 deba de imponerse como consecuencia de la aplicación del delito continuado; así entonces: i. Si las penas individualizadas en concurso real tomadas globalmente (la sumatoria de todas las penas), se encuentra dentro del marco abstracto de la pena del delito continuado, no se aplicará retroactivamente el NCP130-2017; ii. Si las penas individualizadas en concurso real están fuera de la escala de la pena abstracta que deba de imponerse en delito continuado según el NCP130-2017, se aplicara la pena que le sea más favorable al procesado. c. Concurso Real Los supuestos en donde la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un Concurso Real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: La ponderación deberá de realizarse conforme al límite único de cumplimiento de pena que establece el artículo 35 del VCP 144-83 versus los limites objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo que prevé el artículo 66 NCP 130-2017, debiendo excluir las penas de delitos que hayan sido despenalizados en la nueva normativa.- Es importante tener presente que ningún límite es preferente a otro y por tanto se aplicará el límite que marque menor pena; así entonces: a. Cuando entre en acción el Límite Objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al VCP144-83 y los límites del concurso real que regula el NCP130-2017, siguiendo los siguientes pasos: i. Si ambas legislaciones determinan un mismo límite de cumplimiento, se aplicará el principio de identidad, es decir el VCP 144-83; y ii. Si las legislaciones definen límites de cumplimiento distinto, se aplicará aquel que le sea más beneficioso al acusado o reo (ello sin perjuicio de lo que se señala en el siguiente literal); y/o b. Para hacer efectivo el Limite Subjetivo, que regula el NCP 130-2017 se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, develando así el límite máximo que puede cumplir el condenado: i.- Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuara a dicho límite de conformidad con lo señalado en el literal anterior; ii.- Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años; implica que el resultado matemático será el límite máximo de cumplimiento, el que deberá de ser objeto de comparación con el limite objetivo de cumplimiento del VCP144-83. 2. Cuando las penas consideradas globalmente no superasen ninguno de los límites a los que se refiere el numeral anterior, el juzgador procederá a realizar la comparación de las penas que corresponda en una y otra legislación: a. En primera instancia la comparación se realizará entre las penas abstractas definidas en cada cuerpo sustantivo; el tribunal sumará todas las penas abstractas que correspondan imponer en concurso real de conformidad con el VCP 144-83 y todas las penas abstractas que prevea el NCP130-2017, las cuales comparará. Si de la comparación no es posible determinar cuál es más beneficiosa para el procesado, el tribunal deberá de proceder a realizar la individualización de las penas de cada delito primero conforme el VCP144-83 y después conforme el NCP130-2017, luego la suma global de dichas penas por cada código será comparada entre sí, determinando cual es el cuerpo normativo más beneficioso (siempre teniendo presente además el resto de las regulaciones normativas). Finalmente, si aun con las penas individualizadas no existe claridad cuál en su conjunto es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara para que éste señale cual le favorece más. b. En segunda y única instancia la comparación se realizará entre la suma de todas las penas concretas impuestas en concurso real en la sentencia impugnada bajo el VCP 144-83 y la suma de todas las penas abstractas que define el NCP 130-2017. De dicho resultado el tribunal resolverá: i. Si las penas concretas en concurso real VCP 144-83 están dentro de la suma del margen abstracto de las penas del NCP 130-2017, no procederá la aplicación retroactiva de este último; ii. Si la suma de las penas concretas VCP 144-83 no se encuentra dentro del marco abstracto de la suma de penas en concurso real del NCP 130-2017, se aplicará el cuerpo normativo que fije comparativamente las penas más leves, sin dejar de tener en consideración el resto de las disposiciones de cada codificación para efectos comparativos; iii. Si el concurso real está compuesto por Penas Conjuntas, en donde algunas de ellas sean más beneficiosas y otras más gravosas respecto a la comparación hecha con el otro cuerpo legal; el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la pena de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Ejemplo de esto último sería un concurso real con pena global de reclusión por 25 años y multa por L. 700,000.00 conforme el VCP 144-83 y por otro lado una pena de prisión de 17 a 20 años y multa de L. 1,000,000.00 a L. 5,000,000.00 conforme el NCP 130-2017, caso en donde la pena privativa de libertad deberá de definir el código penal a aplicar, siempre que además los beneficios penitenciarios que regule ese mismo código fuesen igualmente más favorables. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. d. Concurso Medial El concurso medial constituyó una institución penal por muchos años, reglada por el artículo 36 del VCP 143-83, misma que desaparece en el NCP 130-2017. Por tanto, cuando conforme los hechos imputados en base al VCP144-83 deba de aplicarse un Concurso Medial (Art. 66 en relación con el párrafo séptimo del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. Se realizará la comparación global de la pena que corresponda en concurso medial según el VCP144-83 con las penas que correspondería aplicar en concurso real conforme al NCP130-2017, en consideración a los limites subjetivo, objetivo ordinario y objetivo extraordinario, del que hemos hablado en el apartado anterior; 2. Es improcedente hacer comparación individual de las penas que conforman el concurso medial del VCP144-83 y las penas en concurso real del NCP130-2017; 3. Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, haciendo desaparecer el concurso Medial, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, lo que se aborda en el apartado siguiente. e. Penas Conjuntas No Concursadas Finalmente, cuando corresponda imponer a una persona una Pena No Concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (en su caso) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: 1. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. No procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. No procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. Procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; 2. Si el hecho definido como delito tiene previstas Penas Conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Ejemplo de esto último sería pena de reclusión por 9 años y multa del 10% de lo defraudado equivalente a L. 50,000.00 conforme el VCP 144-83 en comparación con una pena de prisión de 2 a 3 años y multa 400 días multa equivalente de hasta L. 2,000.000.00 por defraudación a las telecomunicaciones, caso en donde la pena privativa de libertad deberá de definir el código penal a aplicar, siempre que además los beneficios penitenciarios que regule ese mismo código fuesen igualmente más favorables; o 3. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal.- En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara a éste para que señale la que más le favorece. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no se presentó por parte de la defensa pública escrito complementario en el que estableciera su parecer sobre la aplicación retroactiva de la nueva normativa penal; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. Ponderación en el caso concreto 1.- Acusado Marlon Bejarano Conforme la parte resolutiva de la sentencia venida en casación, el acusado Marlon Bejarano, fue encontrado responsable de dos delitos consumados, imponiéndose en concurso real las penas correspondientes, las que sumaron una pena principal de 5 años de reclusión (Decreto 144-83): • Por el delito de Portación Ilegal de Armas Comerciales (art.332-B): Pena principal de 3 años de reclusión. • Por el delito de Uso Público de Nombre Supuesto (art.294): Pena principal de 2 años de reclusión. Más las accesorias de inhabilitación especial para ejercer el sufragio e interdicción civil por el tiempo que dure la condena. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017 por la infracción penal cometida por el acusado por el delito de Tenencia Ilegal de Arma de Fuego, correspondería la imposición de la siguiente pena de prisión: i) De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas. (art.580 numeral 1). ii) por el delito de usurpación de la personalidad de otro (art.470), correspondería la imposición de la pena de prisión de uno (1) a cuatro (4) años. En suma, el marco abstracto de las penas privativas de libertad que corresponden a los delitos cometidos por el acusado, de aplicarse la nueva normativa penal, sería de dos (2) a ocho (8) años y localización permanente de hasta dos (2) años de prisión. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta al acusado Marlon Bejarano, conforme el CP-144-83, de cinco (5) años de reclusión por los delitos de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial y Uso Público de Nombre Supuesto, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para las mismas conductas delictivas en su totalidad, de 2 a 8 años de prisión. A lo anterior es preciso agregar que el tipo penal de Tenencia Ilegal de arma de Fuego contempla dos penas principales, es decir además de la pena de prisión, prevé la pena de localización permanente de hasta dos (2) años, mismas que no se encontraban previstas en la normativa penal con la que fue condenado el procesado. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. 2.- Acusado Ramón Alberto Ramírez Ortiz En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Ramón Alberto Ramírez Ortiz, la pena principal de tres (3) años de reclusión por el delito de Portación Ilegal de Armas Comerciales en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras y como pena accesoria la inhabilitación especial para ejercer el sufragio e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal y la responsabilidad civil. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de Tenencia Ilegal de Armas de Fuego Permitida, previsto en el artículo 580.1, prevé una pena abstracta de 01 a 04 años de prisión y localización permanente de hasta dos (2) años, a las personas responsables del delito, más las penas accesorias correspondientes. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular el Código Penal 130-2017 prevé una pena abstracta dentro de la cual está la pena concreta impuesta al acusado conforme el Código Penal 144-83; sumado a que la nueva normativa contempla como pena principal la localización permanente de hasta dos (2) años, misma que no estaba prevista en la anterior legislación. - por tanto, no es procedente la aplicación retroactiva de la nueva codificación. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 360, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Abogada Martha Liliana Acosta, en su condición de defensora pública del señor Ramón Alberto Ramírez Ortiz, como recurrente número uno. Segundo: Declara No Ha LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la Abogada Erika Yamileth Hernández en su condición de defensora pública del señor Marlon Bejarano como recurrente número dos. Tercero: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017. Cuarto: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veintinueve de mayo del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Nelson Danilo Mairena Franco. Notifíquese. - Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Firma y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora sala penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a uno de noviembre de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada el veintiuno de agosto de dos mil veinticuatro, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-181-2019.
RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS
RECEPTORA SALA PENAL.”