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Sentencia CP-177-20 — Registro 18265

Resumen

En primera instancia se absolvió a los imputados por el delito de Apropiación Indebida, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...estima esta Sala de lo Penal que han sido los medios probatorios debidamente valorados, los que han llevado al A-quo ha inferir que no podría el enjuiciado Barrientos Rivera en su condición de depositario del embargo practicado sobre el equipo médico consistente en un sistema de ultrasonido de formación de imágenes diagnósticas en pugna tenerlo bajo su depósito por voluntad propia, o por tener la intención de adueñarse de ellos, el pues el tiempo que este los tuvo bajo su responsabilidad fue por mandamiento del Juzgado de Letras Primero de lo Civil, atreves de la comunicación enviada al Juzgado de Paz de Tegucigalpa, todo a razón de la demanda para la terminación de un contrato de arrendamiento incoada contra los ofendidos por falta de pago, deuda a la cual le hizo frente el RODMAN MARTINEZ. Por estas razones no logra esta Sala de lo Penal estimar que en la sentencia de mérito se hayan violentado los principios básicos de la regla lógica como el de la razón suficiente, por lo cual el recurso presentado por el Ministerio Publico debe desestimarse..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-177-2020, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintiuno de agosto de dos mil veinticuatro, pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Nelson Danilo Mairena Franco, en su calidad de Coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Luis Fernando Padilla Castellanos, por excusa justificada del Magistrado Mario Rolando Diaz Flores pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-177-2020 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiocho de noviembre dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: PRIMERO: Absolvió a Rodman Daniel Martinez Arriaga y Pablo Antonio Barrientos Rivera, por el delito de Apropiación Indebida, en perjuicio de Carlos Alberto Izaguirre Romero y Nelly Gomez Aguilar. SEGUNDO: No procedió declarar el comiso ni la responsabilidad civil de Rodman Daniel Martinez Arriaga y Pablo Antonio Barrientos Rivera. TERCERO: No precedió la condena en costas procesales, ni personales al Ministerio Publico. Son partes en única instancia: La abogada Karla Marcela Roque Gomez, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, como parte recurrente, el abogado Gerardo Emilio Martínez Aguilar en su condición de Defensor Privado de Pablo Antonio Barrientos Rivera y el abogado Marco Antonio Zelaya Torres en su condición de Defensor Privado de Rodman Daniel Martínez Arriaga, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: En el mes de septiembre del año 1995 el señor Carlos Alberto Izaguirre Romero solicitó un financiamiento por 1.300,000.00, a Servicios Financieros, S. A SERFISA, para adquirir un equipo médico consistente en un SONO DIAGNOST R3250, SISTEMA DE ULTRASONIDO DE FORMACIÓN DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS, por lo que SERFISA adquirió el equipo médico a solicitud del Señor IZAGUIRRE y celebró un contrato de arrendamiento financiero con este quien se obligó, al pago de 36 cuotas mensuales de L 15,653.45, cada una, suma que al final ascendería a la cantidad de L. 563,524.20, estipulándose en dicho contrato la opción de compra del equipo médico una vez cancelada la totalidad de la deuda indicada. SEGUNDO: El proveedor del equipo médico adquirido por SERFISA y arrendado al señor IZAGUIRRE, fue la empresa IMECCSA, cuyo representante y propietario era el señor Rodman Martinez Arriaga, quien a su vez sirvió de aval solidario al señor CARLOS ALBERTO, para el financiamiento del SISTEMA DE ULTRASONIDO DE FORMACIÓN DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS, el equipo antes relacionado no fue entregado por el proveedor Martinez Arriaga, en el plazo pactado al señor Izaguirre Romero, sino tiempo después de lo acordado. TERCERO: Una vez celebrado el contrato de arrendamiento con opción a compra del equipo médico, el señor Carlos Alberto Izaguirre, incurrió en mora ante SERFISA, razón por lo que fue objeto de una demanda civil por esta institución, por incumplimiento de pago junto a su aval solidario el señor Rodman Martínez, en fecha 12 de noviembre del año 1996, ordenándose a raíz de la demanda en referencia, el embargo del equipo médico de la empresa CENTRO ESPECIALIZADO DE IMAGEN DIAGNOSTICO del señor Carlos Alberto Izaguirre en fecha 11 de diciembre del año 1996 nombrándose como depositario de los bienes embargados al señor Pablo Antonio Barrientos, y a su vez se procedió al embargo de todos los elementos de la empresa IMECSA, del señor RODMAN MARTINEZ, en fecha 26 de noviembre de 1996. CUARTO: En fecha en fecha 30 enero del año 1998, la institución financiera SERFISA desistió de la demanda interpuesta contra el señor Izaguirre, por lo que en fecha 22 de enero del año 2004 se le notificó al señor Barrientos el cese en su cargo como depositario del equipo médico, por lo que se le solicito la devolución de los bienes embargados, expresando ante el Juez Ejecutor el señor Barrientos que los habla entregado al señor Rodman Martínez, quien como aval solidario del señor Izaguirre pagó la cantidad de L. 446,842.83, de la deuda y mora contraída con la institución financiera, otorgante del arrendamiento financiero al señor IZAGUIRRE.” RECURSO DE CASACIÓN: La recurrente abogada Vera Eloisa Galvez Ponce, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO ÚNICO: "No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Critica". PRECEPTO AUTORIZANTE: EI presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Articulo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Es de conocimiento que el sistema de valoración de prueba en el proceso penal hondureño, permite al Juzgador una cierta autonomía en la estimación de las probanzas que le son ofertadas, para alcanzar determinado convencimiento; sin embargo, en dicha apreciación, debe observar las reglas de la lógica, la psicología y el sentido común, asegurando el más certero juicio en su decisión. Voluntad del legislador establecida en los artículos 202 y numeral 2 de la regla cuarta del artículo 338 de la normativa penal adjetiva. En el caso sub judice, es evidente que el A quo efectúa una valoración intelectiva ineficaz, dado que el contenido de la probanza que se ha incorporado legalmente al debate, no fue considerada de forma integral o conjunta, en desapego a los principios básicos de la Regla de la Lógica, como el de la razón suficiente, lo que lo llevó a concluir erróneamente, en un fallo absolutorio a favor de los acusados RODMAN DANIEL MARTINEZ ARRIAGA Y PABLO ANTONIO BARRIENTOS, al estimar que la prueba practicada en juicio, ha resultado insuficiente para acreditar la conducta penal por los cuales los imputados fueron llevados a juicio, asumiendo el Tribunal en sus razonamientos, que el conflicto en este caso se resume en que no existió tal apropiación por parte de los encausados, ya que el ofendido incurrió en un incumplimiento de pago sobre un contrato de arrendamiento financiero donde Rodman Martinez Arriaga sirvió como aval solidario del señor Carlos Izaguirre y Martínez Arriaga pago la deuda contraída por el ofendido por una cantidad de L. 446,842.00 a SERFISA, no recayendo sobre el mismo la custodia, administración o depósito de bienes mueble que fueron objeto de embargo en su momento oportuno ante el incumplimiento de pago por parte de IZAGUIRRE, y tampoco lo hizo el imputado Pablo Barrientos; pues el mismo expreso ante el juez ejecutor que los bienes embargados al señor Izaguirre habían sido entregados a IMECSA cuyo representante legal es RODMAN MARTINEZ, una vez que este ya había hecho efectivo el pago de la deuda contraída por IZAGUIRRE; defecto de apreciación que se hace patente, a partir de las consideraciones que se exponen a continuación: La Señora Nelly Esperanza Gómez, esposa del ofendido CARLOS IZAGIURRE (Q.D.D.G): "En mi esposo y yo teníamos un centro de diagnósticos especializado aquí en Tegucigalpa, en las Minitas, teníamos tres centro, el de rayos X, radiología integral, ultrasonido sonomedica y pantoben, era un centro subespecialidad de un área de especialistas donde mandaban a sus pacientes a hacer estudios de panorámicas para ver cómo estaba cada paciente de cada médico que remitía a nuestro centro para ver el grado de problema que tenía..... en 1995 el doctor obtuvo un financiamiento con SERFISA una financiera de Banco del País, por el valor de L300,000.00 para facilitar más rápido la operación el señor Rodman Martínez se facilitó como aval, resulta que mi esposo endoso el cheque de L.300,000.00 y se lo entregó a Rodman Martínez, comprometiéndose a traer la máquina de ultrasonido en arrendamiento en 30 a 45 días más tarde, paso el tiempo y la maquina no llegaba, mi esposo se acerba a él un sin número de veces y él le manifestaba que había problemas para traer la máquina, excusas y más excusas, luego en el mes de noviembre de 1995 sabia Rodman el sentido de responsabilidad que tenía y vino y le dijo a mi esposo: Carlos te voy a facilitar para que pagues el valor de una letra de L16,200.00 y mi esposo le dijo, mira yo no tengo dinero, yo ya estoy en mora financiera involuntaria porque si sabía que con el trabajo de esa máquina iba a generar ingresos para pagar las obligaciones, mi esposo cayo en mora involuntaria, mi esposo hablo con él y Rodman le facilito el cheque de L.16,200.00 quedando que mi esposo le dijo que no iba a poder pagarlo de inmediato, que iba a ser posterior, pero una vez que se pusiera al día con sus obligaciones con el Banco, le dijo Rodman al Doctor, al referirme al Doctor me refiero a mi esposo, él era un médico especialista, él era radiólogo, entonces le dijo Rodman Martinez al Doctor Izaguirre, no te preocupes Carlos somos amigos, respetare y cobrare el cheque cuando tú me lo indiques, así paso, se pagó esa letra, luego llego el mes de diciembre, no llego la máquina, luego en enero de 1996, le hablo Rodman Martínez a su esposo y le dijo que no le entregaba la maquina mientras no pagara todo el saldo en mora, mi esposo le dijo Rodman tienes que considerar, no tengo la máquina, no la estoy trabajando y he caído en una mora involuntaria, entonces le dijo el. bueno ve como haces y yo te entro la máquina, un empleado que tenía Rodman dentro de su oficina nos manifestó a nosotros que el vendió la máquina al Doctor Vladimiro Lozano en Olanchito Yoro, luego en el mes de febrero de 1996 le hablo Rodman Martinez al Doctor Izaguirre donde le dijo que la obligación con SERFISA había finalizado, le dijo mi esposo como es posible si no he tenido la maquina a la vista y ya pague de mi bolsa una letra más lo que tú me facilitaste, una semana después le llaman del Banco del País de la Financiera una joven de nombre Sonia y le dijo doctor Izaguirre tiene letras usted en mora, Como? Le dijo, si el aval me comunico que ya la obligación con SERFISA finalizo en el mes de febrero, no doctor, véngase inmediatamente aquí a SERFISA a hablar con el licenciado Cesar Valenzuela que es el Gerente General de SERFISA y explique la situación que está pasando, mi esposo, mi persona y Ramón Brand Flores no presentamos a SERFISA y le hicimos el planteamiento al licenciado Cesar Valenzuela de lo que estaba pasando, viene el Licenciado Valenzuela se levantó de su escritorio y dijo un momento, voy a hablarle a Rodman... después de que paso eso el licenciado Cesar Valenzuela le ordeno a Rodman Martinez que mande a traer las máquinas de ultrasonido en arrendamiento a Olanchito, Rodman Martínez giro instrucciones al Ingeniero José Roberto Molina técnico de IMECSA, y fue a recoger la máquina de ultrasonido a Olanchito, se la entregaron al Doctor Izaguirre usada como nueva... luego a mi esposo no le quedó de otra que agarrar la máquina porque tenía una carga financiera muy fuerte, luego mi esposo empezó a hacer un sinnúmero de pagos, ... llego a pagar casi L.135,000.00 ... después de eso en octubre de 1996 le hablo el apoderado legal de SERFISA a mi esposo y le dijo que aún tenía mora... de allí el 12 de noviembre de 1996 interventoría con cargo a caja quedo a cargo del licenciado Julio Suazo Mejía, y nunca nos notificó el señor Rodman Martínez de dicha situación legal, se llamó al silencio, ..... a finales del mes de diciembre o primera quincena de enero de 1997. luego llego la interventoría para nosotros, el 19 de noviembre, pero no se llevó a cabo la interventoría.... El juez ejecutor hace levantamiento de los activos de la empresa funcionando, era una empresa que se instaló con grandes esfuerzos.... El doctor entrego el ultrasonido en arredramiento y así quedaba cancelada lo obligación liberándome mi persona como depositaria quedando un empleado de Rodman como depositario en enero de 1998 desiste el Banco y dice que se le entregue a su legítimo dueño su empresa, sus muebles, sus máquinas y que no pueden entender ellos las razones que estas personas llegaron a hacer determinada acción porque m e mas bien el Doctor no debía nada a ellos y no pueden entender la acción penal contra mi persona, ... ya en marzo de 1999 llega desembargo definitivo., en febrero del 2003 libran comunicación de San Pero Sula a Tegucigalpa para el cesamiento de las funciones del depositario, luego en enero de 2004 cesamiento de las funciones de depositario a Pablo Antonio Barrientos, mi esposo tuvo que contratar los servicios profesionales de un investigación privado para canalizar la dirección del depositario.... El depositario manifiesta en el escrito que está en el expediente que ese mismo día el siendo empleado de Rodman que fueron trasladadas las máquinas a las bodegas de IMECSA, cuando el depositario anteriormente había hablado con mi esposo le dijo que una parte de las maquinas habían sido vendidas en Tegucigalpa y otras en San Pedro Sula sin haber una sentencia, sin haber finalizado un Juicio, mi esposo falleció a raíz de esa situación........."- A preguntas del ente acusador responde: "la empresa que constituyeron se llamaba CENTRO ESPECIALIZADO DE IMAGEN DIAGNOSTICO... el cheque se lo dio SERFISA por un monto de L.300,000.00 las cuotas eran de L16,000 y algo de lempiras, CARLOS IZAGUIRRE había pagado tres a cuatro letras, y llego a pagar hasta L.135,000.00... la demanda se interpuso por la mora que tenía su esposo de manera involuntaria... la interventoría fue 11 de diciembre de 1996 no se hizo una intervención sino que levantaron la empresa todas las maquinas que había en la empresa.... Se llevaron pinturas al óleo... y otros equipos como armarios y muebles... todo lo que levantaron lo llevaron a IMECSA... a Pablo Barrientos le ordeno su jefe RODMAN MARTINEZ, que llevara esa maquinaria a IMECSA... el recibo contenía un valor de L.500,000.00 donde decía que Rodman Martinez pago al banco...... Nombraron a un a un empleado de Rodman como depositario... se hizo una solicitud a través del juzgado para el cesamiento de las funciones de depositario PABLO BARRIENTOS. en enero del 2004 el depositario manifestó que por órdenes de Rodman Martinez esas máquinas fueron trasladadas a IMECSA... El señor RAMON BRANT FLORES al ser en su deposición estableció: que RODMAN MARTINEZ en ese entonces (1995) era dueño de IMECSA, Él era el que representa la empresa, que era la que vendía los equipos médicos en general, entonces él lo comunico al Doctor de un ultrasonido que él iba a venderle pero para eso el Doctor no tenía los fondos necesarios de los cuales se hizo un préstamo al banco del País, en ese entonces de una financiera de nombre SERFISA, representada por Cesar Valenzuela,... cuando se les aplico la interventoría con cargo a caja, que supuestamente era El y al Doctor, pero al Doctor la interventoría con cargo a caja es aquella acción mediante la cual se le aplica a las empresas para administrarlas en forma total, pero no levantamiento de activos que lo hizo el juez ejecutor.... Yo estaba allí cuando llego el juez ejecutor hasta con la policía... se llevaron los bienes y según tuve conocimiento se los llevaron para las oficinas del señor Rodman por pablaras del depositario y que unos habían sido vendidos en Tegucigalpa y otros en San Pedro. Se presentó como prueba documental la Escritura de constitución de la Sociedad mercantil Centro Especializado en Imágenes Diagnósticos S. de R.L. de señor la cual el Carlos Alberto Izaguirre y Nelly Esperanza Gómez eran representantes. Igualmente se presentó copia autenticada del contrato de arrendamiento celebrado entre MARIO GALEANO BURGOS como representante legal de la institución financiera SERFISA y Carlos Alberto Izaguirre en condición de representante legal de la sociedad mercantil CENTRO ESPECIALIZADO EN IMÁGENES DIAGNOSTICOS, celebrado en San Pedro Sula el 13 de septiembre de 1995; este contrato se celebró sobre un bien mueble consistente en una maquina sono diagnost R3250, sistema de ultrasonido de formación de imágenes diagnósticas por ultrasonido de conjunto lineal adquirido por SERFISA, a solicitud de CARLOS ALBERTO IZAGUIRRE, esta máquina sería entregada por el proveedor, obligándose el arrendatario CARLOS ROBERTO IZAGUIRRE a pagar 36 cuotas mensuales cuyo monto total era de L. 563,524.20; dicho contrato acredito que el imputado RODMAN MARTINEZ fungió como fiador solidario de la obligación adquirida por CARLOS IZAGUIRRE. (obra a folio 19 al 24 del tomo I del expediente principal de autos) Se presentaron además un álbum fotográfico del equipo médico que el señor Carlos Izaguirre Romero tenía en su empresa (folios 31 al 53 tomo I del expediente) y ocho copias de recibos de pago realizado por el Centro Especializado en imágenes diagnosticas a SERFISA. Con estos recibos se acreditaron los diferentes abonos que el ofendido Carlos Izaguirre realizo con motivo de la obligación contraída con SERFISA. Igualmente se llegó al proceso como medios probatorios, copia autenticada del escrito de demanda de fecha 12 de noviembre de 1996 (obra en folio 79 al 83) donde se solicita embargo precautorio; la comunicación emanada del juzgado de letras de lo civil al juzgado de paz de lo civil de Tegucigalpa en fecha 14 de noviembre de 1996 donde en virtud de demanda presentada por SERFISA contra CENTRO ESPECIALIZADO EN IMÁGENES DIAGNOSTICAS por medio de su representante CARLOS IZAGUIRRE y RODMAN MARTINEZ representante de la Sociedad Importadora Medica Centroamericana y fiador Solidario de Carlos Izaguirre, se le cita para que contesten en el término de ley la demanda promovida. Otro documento allegado en el acervo probatorio es el acta levantada por un juez ejecutor que obra en folio 337 al 339 del Tomo I, fechada el 11 de diciembre de 1996 donde consta el embargo de varia maquinaria y equipo médico propiedad de CARLOS IZAGUIRRE..............Otro medio probatorio presentado por el Ministerio Publico es el acta de fecha 22 de enero de 2004 del juzgado de letras primero de lo civil que obra a folio 340 del tomo I donde consta que se notificó a PABLO ANTONIO BARRIENTOS RIVERA que ceso en un cargo como depositario de los bienes muebles embargados al señor CARLOS IZAGUIRRE y se le indica que debe devolverlos a su legítimo propietario, haciendo constar además que PABLO BARRIENTOS manifestó que dichos bienes fueron trasladados a la oficina de IMECSA por orden de RODMAN MARTINEZ gerente de dicha empresa enviados a la bodega de dicha empresa. Los aspectos centrales en los que el tribunal de sentencia fundo su fallo son: "El Tribunal considera, que de la prueba documental evacuada durante el juicio y cuyos aspectos centrales se han expresado en el numeral 5 del apartado de valoración probatoria, una vez confrontados con la totalidad del elenco probatorio no lograron generar en estos juzgadores la convicción suficiente y certeza positiva de que los señores RODMAN MARTINEZ Y PABLO ANTONIO BARRIENTOS, se hayan apropiado de manera indebida del bien mueble descrito en el contrato de arrendamiento antes confrontado, ya sea en provecho propio o en beneficio de terceros. En el caso del señor Barrientos Rivera, si bien es cierto con la prueba documental consistente en el nombramiento como depositario de los bienes objeto de embargo por la demanda promovida contra CARLOS ALBERTO IZAGUIRRE Y RODMAN MARTINEZ se demostró que los bienes muebles embargado se encontraban bajo su responsabilidad en razón del cargo impuesto por un tribunal, lo que no es menos cierto es que este al haber entregado los bienes muebles objeto de depósito, no puede inferirse que se hubiese apropiado de manera deliberada y manifiesta, de los bienes que fueron puestos bajo su responsabilidad como depositario de los mismos, en virtud que el señor Barrientos Rivera fue claro y contundente en manifestar ante un juez ejecutor que entrego los bienes que se le encomendaron en depósito IMECSA, propiedad de RODMAN MARTINEZ, en ese sentido no puede derivarse a partir de tales extremos, los hechos imputados por el ente fiscal, por ende con la prueba documental antes relacionada no se logró quebrantar el estado de inocencia del señor Barrientos Rivera" (pág. 20 valoración conjunta de la prueba). Asimismo en el apartado 6 y 7 el Tribunal de Sentencia continua fundando su fallo cuando establece: "con el medio de prueba documental consistente en un recibo de pago emitido por SERFISA a favor de Rodman Martinez, con el cual se probó el pago a esa entidad financiera por la cantidad de Cuatrocientos cuarenta y seis mil ochocientos cuarenta y dos lempiras en concepto de pago como fiador solidario del señor Carlos Alberto Izaguirre, en fecha 19 de septiembre del año 1997. el ente fiscal no logro probar que el señor Rodman Martinez se apropió de manera indebida del sistema de ultrasonido para la formación de imágenes diagnósticas en perjuicio del señor Izaguirre romero, pues en la fecha que se formalizo el proceso penal contra el señor Martinez Arriaga, este como aval solidario ya habla pagado la deuda y la mora contraída por el señor Izaguirre ante SERFISA... 7..-... el señor RODMAN MARTINEZ al haber servido en su momento como aval solidario del señor CARLOS IZAGUIRRE (deudor principal) eso lo hace un deudo inmediato a falta de pago del señor Carlos Izaguirre, contrayendo como propia la obligación de pagar lo adeudado por el deudor principal por ende su accionar no reviste las características exigidas en el dolo dentro de la esfera penal, siendo también relevante para efectos de valoración el hecho que Rodman Martinez en ningún momento fue nombrado como administrador, depositario guardador o en custodia de los bienes que fueron objeto de embargo ante la demanda promovida contra el señor Izaguirre y el mismo acusado, por un tribunal competente... no se reinen los presupuestos objetivos y subjetivos para dar por sustentado la apropiación indebida del sistema de ultrasonido de formación de imágenes diagnosticas por parte de los señores Rodman Martínez y Pablo Antonio Rivera (pág. 21 valoración conjunta de la prueba). Resulta evidente, la errada valoración del juzgador para tomar su decisión de absolver a los acusados, sin apreciar o analizar, de manera correcta el contenido de los medios de prueba documentales que fueron traídos a juicio, haciendo énfasis en nuestra postura en lo siguiente: a) el medio de prueba documental en este caso el acta levantada por el juez ejecutor que obra de folio 337 al 339 del Tomo I, de fecha 11 de diciembre de 1996, hace constar el embargo de bienes muebles propiedad de Carlos Alberto Izaguirre: una unidad de rayos X, una mesa de vaculacion, un odografo, un transformador de alta tensión, dos bastidores, una columna cielítica, un tubo de rayos X, un ultrasonido APR-4000s, una procesadora Kodak, un delantal protector de plomo, un ordografic, un fax, una panorámica, un negatoscopio una lampara de ganso. Todos estos bienes muebles fueron entregados por nombrarse como depositario a PABLO ANTONIO BARRIENTOS RIVERA, empleado de RODMAN MARTINEZ. No se dio ningún valor probatorio a tal medio de prueba cuando el Tribunal establece que Pablo Barrientos en el acta levantada por el secretario del despacho del Juzgado de Letras primero de lo Civil que obra a folio 340 del Tomo I en fecha 22 de enero de 2004, que por haber manifestado PABLO BARRIENTOS que los bienes embargados fueron trasladados a la oficina de IMECSA por orden de Rodman Martínez, tal acción no constituye apropiación puesto que aunque los bienes estaban bajo su responsabilidad en razón del cargo impuesto un tribunal no es menos cierto que este los entrego a IMECSA propiedad de Rodman Martinez, ya que no hubo una apropiación deliberada y manifiesta de los bienes en propio o beneficio de terceros. El tribunal de sentencia no analizo de manera correcta lo que establece uno de los elementos del tipo penal de apropiación indebida previsto en el articulo 242 numeral 8 del código penal, específicamente el que establece: "distrajere cualquier cosa mueble recibida en depósito o por otro título que conlleve la obligación entregarla o devolverla" no arribar que la obligación del imputado PABLO ANTONIO BARRIENTOS es para con su jefe en este caso RODMAN MARTINEZ, representante de IMECSA quien le ordena que entregue los bienes a IMECSA; Sino que PABLO BARRIENTOS se obliga por mandato judicial a mantener los bienes en depósito y entregarlos exclusivamente cuando la autoridad judicial le ordene que los entregue; con ello es evidente que existió sin lugar a dudas una distracción de dichos bienes muebles objeto de embargo al ofendido (distraer, según el diccionario de la Real Academia Española significa apartar, desviar, alejar, apartar la atención de alguien del objeto a que la aplicaba o a que debía aplicarla) independientemente que PABLO BARRIENTOS sacara provecho propio de tales bienes... como bien lo hizo RODMAN MARTINEZ quien no dio cuenta tampoco del paradero de tales bienes. Las supra indicadas acciones, evidencian el ánimo de RODMAN MARTINEZ con apoyo de PABLO BARRIENTOS de apoderarse de los bienes embargados y dados en depósitos a PABLO BARRIENTOS, en perjuicio económico de CARLOS ALBERTO IZAGUIRRE y su esposa NELY ESPERANZA GOMEZ. b) el medio de prueba documental aportado por la defensa como prueba de descargo, (documento que obra en folio 285 del tomo I) consistente en un recibo de pago de SERFISA por la cantidad de L.446,842.83 de fecha 19 de septiembre de 1997 extendido a favor de RODMAN MARTINEZ, donde este como fiador solidario de CARLOS IZAGUIRRE se convierte en deudor principal de SERFISA, lo que ha demostrado es la razón (móvil) por la cual RODMAN MARTINEZ le ordena a PABLO BARRIENTOS que remita los bienes de Carlos Izaguirre que este último recibió en depósito, a la bodega de IMECSA empresa de la cual es representante y propietario RODMAN MARTINEZ, sin embargo la errónea valoración que emite el tribunal cuando funda su fallo absolviendo de responsabilidad penal a RODMAN MARTINEZ cuando refiere que "su accionar no reviste las características exigidas en el dolo dentro de la esfera penal. Rodman Martinez en ningún momento fue nombrado como administrador, depositario guardador de los bienes que fueron objeto de embargo y no se reinen los presupuestos objetivos y subjetivos para dar por sustentado la apropiación indebida del sistema de ultrasonido de formación de imágenes diagnosticas por parte de los señores Rodman Martinez y Pablo Antonio Rivera" debe ser subsanada; partimos que la apreciación del Tribunal en ese sentido es errónea porque el Tribunal de Sentencia no valoro de manera armónica la totalidad de la prueba evacuada en juicio, en primer lugar porque no tomo en cuenta las reglas de la sana critica como el sentido común, la psicología y las máximas de la experiencia, cuando olvidó tomar en cuenta cual fue la participación que tuvo RODMAN MARTINEZ Y PABLO BARRIENTOS en el tipo penal imputado; de todo debemos concluir que mientras uno (PABLO BARRIENTOS) fue nombrado por mandato judicial como depositario de los bienes de CARLOS IZAGUIRRE; el otro (RODMAN MARTINEZ) le induce directamente a distraer y apartar los bienes que le han sido encomendados a otro lugar; en ningún momento se efectuó análisis de parte del Tribunal de Sentencia en relación a lo establecido en el artículo 32 del código penal; cuando se establece quienes se consideran autores de un delito; esta circunstancia no fue tomada en cuenta al momento de efectuar la valoración armónica de toda la prueba, pues al no analizar los elementos objetivos del tipo penal, con toda la prueba producida en juicio, donde si quedo establecida el cumplimiento de todo estos elementos, omitieron el grado de participación de cada acusado en los hechos incoados por el ente acusador. También interpretaron de forma errónea que bienes en específicos fueron los que se distrajo el imputado PABLO BARRIENTOS por inducción de RODMAN MARTINEZ, pues cuando el tribunal de sentencia refiere: "..no se reúnen los presupuestos objetivos y subjetivos para dar por sustentado la apropiación indebida del sistema de ultrasonido de formación de imágenes diagnosticas por parte de los señores Rodman Martinez y Pablo Antonio Rivera" en ningún momento se ha establecido que esta máquina de ultrasonido de formación de imágenes diagnosticas forma parte de los bienes que se describen en el acta de embargo y nombramiento de depositario que se describe en la prueba documental en los folios 337 al 339 del tomo I del expediente; por el contrario este sistema de ultrasonido de formación de imágenes descrito, fue entregado según declaración testifical de NELLY ESPERANZA GOMEZ que obra en la página 9 del apartado de la Valoración de la Prueba en la sentencia, mediante arreglo extrajudicial verbal que se realizó con Serfisa a través del Lic Cesar Valenzuela, donde el doctor Carlos Izaguirre recibiría su empresa (refiriéndose a los bienes embargados) y a cambio de ello, Carlos Izaguirre entrego la máquina de ultrasonido a IMECSA en el mes de marzo de 1997, recibiéndola un empleado de RODMAN MARTINEZ y que concluyo con la transacción que se realizó entre el apoderado de SERFISA cuyo documento fue evacuado como prueba documental la cual obra en folio 54 y 55 del Tomo 1 expediente judicial; y que tiene relación con la prueba documental también evacuada en audiencia de juicio oral consistente en el escrito de desistimiento de la demanda y solicitud de desembargo presentada por SERFISA en fecha 30 de enero de 1998 la cual obra en folios 56 y 57 del tomo I del expediente judicial; pero lastimosamente al no valorar en su conjunto todos estos medios de prueba armónicamente conforme a los preceptos establecidos en el artículo 202 del código procesal penal; en virtud de lo anteriormente expuesto podemos afirmar, que la valoración que ha efectuado el juzgador a las probanzas de cargo incorporadas al juicio, atentan contra las Reglas de la Sana Critica, específicamente de la lógica en su postulado de Derivación, integrado por el principio de razón suficiente en su característica de suficiencia, ya que las inferencias por ellos hechas en torno a las mismas, no corresponden a su auténtico valor y contenido, así como tampoco el Tribunal ha sido eficaz en extraer de dicha fuente su convencimiento, dada su errónea apreciación en la manera como ha quedado expresado. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para su subsanación.” FUNDAMENTACION. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a.No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b.Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c.Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Motivo unico • Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; • Normas Procesales que se denuncian Infringidas: No determinado por los Censores; • Concepto de la Infracción: Inobservancia de las reglas de la sana critica. • Acciones de saneamiento presentadas: el vicio denunciado consta en la sentencia definitiva; • Pretensión: Que se resuelva conforme a derecho. El Censor relaciona que los Juzgadores, en la sentencia impugnada, han efectuado una valoración intelectiva ineficaz, alega que las probanzas allegadas a juicio no fueron consideradas de forma integral o conjunta en desapego de los principios básicos de la regla de la lógica como el de la razón suficiente, explica el recurrente que el Tribunal resume que no existió tal apropiación por parte de los encausados, ya que el ofendido incurrido en un incumplimiento de pago, y por haber pagado el imputado Rodman Martínez Arriaga como aval solidario dicha obligación que ascendía a una deuda de 446,842.00, arguye el peticionario que es evidente la errada valoración lo que ha llevado al Tribunal de Sentencia a concluir erróneamente un fallo absolutorio. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo con relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: I. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Observa esta Sala de lo Penal que el recurrente señala como violentadas las reglas de la lógica como el de la razón suficiente, también estableció los razonamientos a su entender errados, violatorios de la regla de la lógica de la razón suficiente, el censor logra determinar el punto central de su impugnación y será sobre esos planteamientos que esta Sala de Casación dará respuesta. Resulta necesario señalar cuales fueron los juicios de valor que estableció el Sentenciador para valorar la prueba evacuada en el debate y así determinar si se han violentado o no las reglas de la sana critica en su vertiente de razón suficiente; encontramos en la prueba se ha valorado en su conjunto en el acápite “Valoración conjunta de toda la prueba evacuada durante la audiencia de debate,” en el cual el Tribunal enuncia la abundancia de medios de prueba, dándose a la tarea de ir describiéndolos en cuanto a que consistía cada medio de prueba y si este merecía o carecía de valor probatorio, en este orden de ideas en cuanto a los medios de prueba: 1.- Contrato de arrendamiento el Tribunal le concede el valor probatorio para sustentar el hecho primero de la sentencia. 2.- A los testimonios de la señora Nelly Gomez Aguilar, por si solo según la valoración realizada por el A-quo este no resulta suficiente para romper el estado de inocencia de los señores MARTÍNEZ ARRIAGA Y BARRIENTOS RIVERA. 3. La declaración de Brant Flores, resulta ser un testigo de referencia. 4.- En relación a la pericia del técnico en documentología Mario Valladares, este medio de prueba no fue realizado. 5.- El Tribunal de sentencia realizada la valoración de la prueba documental propuesta y valorada en su conjunto el Tribunal de Sentencia considera que esta prueba ya relacionado no logara quebrantar el estado de inocencia del señor Barrientos Rivera. 6.- Relacionando la declaración del testigo Martínez Arriaga, con esta declaración el tribunal de sentencia consideró que la misma no resultó suficiente para generar certeza positiva de participación del acusado en mención, en virtud que al ser contrastada la misma con la prueba consistente en un PAGARE emitido a favor de SERFISA aval por la cantidad de L.446,842.00, por la deuda contraída por el señor solidario IZAGUIRRE, constituyéndose RODMAN MARTINEZ, como aval solidario a favor de CARLOS ALBERTO IZAGUIRRE, ante SERFISA, dándole la fuerza probatoria a un recibo de pago, emitido por SERFISA a favor del señor Rodman Martínez, con el cual se probó el pago a esa entidad financiera, por la cantidad DE CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS, EN CONCEPTO DE PAGO como fiador solidario del señor Carlos Alberto IZAGUIRRE, en fecha 19 de septiembre del año 1997. Por lo antes expuesto el ente fiscal no logró probar que el señor RODMAN MARTINEZ ARRIAGA se apropió de manera indebida del sistema de ultrasonido para la formación de imágenes diagnósticas, en perjuicio del señor IZAGUIRRE ROMERO, pues en la fecha que se formalizó el proceso penal contra el señor MARTÍNEZ ARRIAGA, éste como aval solidario ya había pagado la deuda y la mora contraída por el señor IZAGUIRRE ante SERFISA. Para esta Sala de lo Penal, el Trinubal de Sentencia ha establecido detallados y certeros juicios de valor para razonar claramente cada medio de prueba los cuales has sido valorados en un conjunto relacionándolos entre sí, considerando que estos no logrado convencer al A-quo en enervar el estado de inocencia de los acusados, el delito de apropiación indebida, bajo el Título VII del Libro Segundo del Código Penal, el legislador ha creado tipos Penales cuyo objeto es la defensa del bien jurídico Propiedad y sus diversas relaciones jurídicas con las personas: Ius Utendi (posesión), Ius Fruendi (usufructo) y Ius Abutendi (dominio). Entre los delitos contemplados encontramos el de Apropiación Indebida, definido en el artículo 242.8 del Código Penal formulando reproche a “Quien en perjuicio de otro se apropiare o distrajere dinero, efectos o cualquier cosa mueble que hubiere recibido en depósito, comisión o administración o por otro título que conlleve obligación de entregarle o devolverla, o negare haberla recibido” En el delito de apropiación indebida la posesión de la cosa mueble es lícita, germinada de una relación previa entre el sujeto activo y pasivo, surgiendo después en el primero el ánimo de distraerla subrepticiamente a un fin distinto al que originalmente se había dispuesto, por ello; en la apropiación indebida lo que existe es la distracción ilegítima de un bien mueble privado que ya se posee legítimamente, pudiendo darse la apropiación del sujeto activo o de un tercero, “…la lesión al patrimonio se fundamenta en el posterior abuso de confianza derivado de la ruptura del título por virtud del cual se poseía la cosa…” (De Diego Diez, Alfredo, Manual de Derecho Penal, Corte Suprema de Justicia de Honduras, Tegucigalpa, Honduras, 2006, Pág. 189). El sujeto activo de la apropiación indebida debe estar, por tanto, en posesión de la cosa apropiada, dándose en este tipo de delito una mutación de posesión lícita en una ilícita. Considera esta Sala de lo Penal, que la motivación a la que derivo el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa es el correcto, en el caso de marras ha quedado establecido en las inferencias del A-quo en su sentencia, el incumplimiento del pago de la obligación contraída por parte de los supuestos ofendidos en el financiamiento que se les había otorgado por parte de SERFISA por la cantidad de 446,642.00 para la compra de equipo médico, deuda que fue avalada solidariamente por el imputado Rodman Daniel Martínez, es a razón de esta falta de pago, que son demandados civilmente tanto el ofendido como el imputado por la cantidad arriba mencionada, y que el bien objeto de controversia es embargado, el cual es desembargado por la pago total que realizo el imputado en su condición de aval, en este sentido el Tribunal infiere: … Es el Juzgado de Letras Primero de lo Civil ordena al Juzgado de Paz de Tegucigalpa notificar través del juez ejecutor al señor PABLO ANTONIO BARRIENTOS el cese como depositario de los bienes embargados y la orden de entrega de los bienes en depósito una vez confrontados entre sí, cada uno de estos documentos se pudo constatar orden cronológico en que se fueron derivando cada una de las acciones que de sustento a la formalización de este proceso penal, sirviendo el material probatorio antes descrito como indicios mínimos para elevar esta causa a esta instancia del juicio oral y público, medios de prueba documentales que una vez confrontados con la totalidad del elenco probatorio no lograron generar en estos juzgadores la convicción suficiente y certeza positiva de que los señores RODMAN MARTINEZ Y PABLO ANTONIO BARRIENTOS, se hayan apropiado de manera indebida del bien mueble descrito en el contrato de arrendamiento antes confrontado, ya sea en provecho propio o en beneficio de terceros… El razonamiento del Tribunal de Sentencia esta conforme las reglas de la sana critica al estimar que: ..En ese contexto el señor RODMAN MARTINEZ, al haber servido en su momento como aval solidario del señor Carlos Izaguirre (deudor principal) eso lo hace un deudor inmediato a la falta de pago del señor Carlos Izaguirre, contrayendo como propia la obligación de pagar lo adeudado por el deudor principal, por ende su accionar no reviste las características exigidas en el dolo dentro de la esfera penal, siendo también relevante para efectos de valoración el hecho que RODMAN MARTINEZ en ningún momento fue nombrado como administrador, depositario, guardador o en custodia de los bienes que fueron objeto de embargo ante la demanda promovida contra el señor IZAGUIRRE y el mismo acusado, por un tribunal competente. No logra observar esta Sala de lo penal que exista por parte del Martínez Arriaga una apropiación de un sistema de ultrasonido de formación de imágenes diagnósticas propiedad de Carlos Alberto Romero y Nelly Gomez Aguilar, en tanto que estos habían sido demandados por la falta de pago de los mismos, o que el imputado lo hubiese recibido en depósito, comisión o administración, o que por otro título hubiera tenido la obligación de entregarla a los supuestos ofendidos, por lo cual este Ad-quem concuerda con el Tribunal de sentencia, en las inferencias que este le ha otorgado a cada medio de prueba los cuales han sido debidamente valorados en forma conjunta, observando las reglas de la lógica de la derivación no podía haber arribado a otro razonamiento. En el caso del señor Pablo Antonio Barrientos Rivera, este Sala comparte el criterio del Juzgador, ya que este se desempeñó como depositario del embargo por orden de judicial y tal como lo razona el A-quo: …En el caso del señor BARRIENTOS RIVERA, si bien es cierto con la prueba documental consistente en el nombramiento como depositario de los bienes objeto de embargo por la demanda promovida contra CARLOS ALBERTO IZAGUIRRE y RODMAN MARTINEZ, se demostró que los bienes muebles embargados se encontraban bajo su responsabilidad en razón del cargo impuesto por un tribunal, lo que no es menos cierto es que éste al haber entregado los bienes muebles objeto de depósito, no puede inferirse que se hubiese apropiado de manera deliberada y manifiesta de los bienes que fueron puestos bajo su responsabilidad como depositario de los mismos, en virtud que el señor BARRIENTOS RIVERA, fue claro y contundente en manifestar ante un juez ejecutor que entregó los bienes que se le encomendaron en depósito IMECSA, propiedad de RODMAN MARTINEZ, en ese sentido no puede derivarse a partir de tales extremos, Tos hechos imputados por el ente fiscal, por ende con la prueba documental antes relacionada no se logró quebrantar el estado de inocencia del señor BARRIENTOS RIVERA. En este Sentido, estima esta Sala de lo Penal que han sido los medios probatorios debidamente valorados, los que han llevado al A-quo ha inferir que no podría el enjuiciado Barrientos Rivera en su condición de depositario del embargo practicado sobre el equipo médico consistente en un sistema de ultrasonido de formación de imágenes diagnósticas en pugna tenerlo bajo su depósito por voluntad propia, o por tener la intención de adueñarse de ellos, el pues el tiempo que este los tuvo bajo su responsabilidad fue por mandamiento del Juzgado de Letras Primero de lo Civil, atreves de la comunicación enviada al Juzgado de Paz de Tegucigalpa, todo a razón de la demanda para la terminación de un contrato de arrendamiento incoada contra los ofendidos por falta de pago, deuda a la cual le hizo frente el RODMAN MARTINEZ. Por estas razones no logra esta Sala de lo Penal estimar que en la sentencia de mérito se hayan violentado los principios básicos de la regla lógica como el de la razón suficiente, por lo cual el recurso presentado por el Ministerio Publico debe desestimarse. DECISIÓN No ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el motivo único de casación por quebrantamiento de forma invocado por la Abogada Vera Eloísa Gálvez Ponce, en su condición de fiscal del Ministerio Público, en la causa instruida contra el acusado Rodman Daniel Martínez Arriaga y Pablo Antonio Barrientos Rivera, por el delito de Apropiación Indebida, en perjuicio de Carlos Alberto Izaguirre Romero y Nelly Gomez Aguilar. Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veintiocho de noviembre del año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redacto el Magistrado Mairena Franco. - Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Firma y Sello. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. Magistrado. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora sala penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada el veintiuno de agosto de dos mil veinticuatro, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-177-2020. RINA KORITZA SANDOVAL NAVASRECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL“La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-177-2020, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintiuno de agosto de dos mil veinticuatro, pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Nelson Danilo Mairena Franco, en su calidad de Coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Luis Fernando Padilla Castellanos, por excusa justificada del Magistrado Mario Rolando Diaz Flores pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-177-2020 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiocho de noviembre dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: PRIMERO: Absolvió a Rodman Daniel Martinez Arriaga y Pablo Antonio Barrientos Rivera, por el delito de Apropiación Indebida, en perjuicio de Carlos Alberto Izaguirre Romero y Nelly Gomez Aguilar. SEGUNDO: No procedió declarar el comiso ni la responsabilidad civil de Rodman Daniel Martinez Arriaga y Pablo Antonio Barrientos Rivera. TERCERO: No precedió la condena en costas procesales, ni personales al Ministerio Publico. Son partes en única instancia: La abogada Karla Marcela Roque Gomez, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, como parte recurrente, el abogado Gerardo Emilio Martínez Aguilar en su condición de Defensor Privado de Pablo Antonio Barrientos Rivera y el abogado Marco Antonio Zelaya Torres en su condición de Defensor Privado de Rodman Daniel Martínez Arriaga, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: En el mes de septiembre del año 1995 el señor Carlos Alberto Izaguirre Romero solicitó un financiamiento por 1.300,000.00, a Servicios Financieros, S. A SERFISA, para adquirir un equipo médico consistente en un SONO DIAGNOST R3250, SISTEMA DE ULTRASONIDO DE FORMACIÓN DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS, por lo que SERFISA adquirió el equipo médico a solicitud del Señor IZAGUIRRE y celebró un contrato de arrendamiento financiero con este quien se obligó, al pago de 36 cuotas mensuales de L 15,653.45, cada una, suma que al final ascendería a la cantidad de L. 563,524.20, estipulándose en dicho contrato la opción de compra del equipo médico una vez cancelada la totalidad de la deuda indicada. SEGUNDO: El proveedor del equipo médico adquirido por SERFISA y arrendado al señor IZAGUIRRE, fue la empresa IMECCSA, cuyo representante y propietario era el señor Rodman Martinez Arriaga, quien a su vez sirvió de aval solidario al señor CARLOS ALBERTO, para el financiamiento del SISTEMA DE ULTRASONIDO DE FORMACIÓN DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS, el equipo antes relacionado no fue entregado por el proveedor Martinez Arriaga, en el plazo pactado al señor Izaguirre Romero, sino tiempo después de lo acordado. TERCERO: Una vez celebrado el contrato de arrendamiento con opción a compra del equipo médico, el señor Carlos Alberto Izaguirre, incurrió en mora ante SERFISA, razón por lo que fue objeto de una demanda civil por esta institución, por incumplimiento de pago junto a su aval solidario el señor Rodman Martínez, en fecha 12 de noviembre del año 1996, ordenándose a raíz de la demanda en referencia, el embargo del equipo médico de la empresa CENTRO ESPECIALIZADO DE IMAGEN DIAGNOSTICO del señor Carlos Alberto Izaguirre en fecha 11 de diciembre del año 1996 nombrándose como depositario de los bienes embargados al señor Pablo Antonio Barrientos, y a su vez se procedió al embargo de todos los elementos de la empresa IMECSA, del señor RODMAN MARTINEZ, en fecha 26 de noviembre de 1996. CUARTO: En fecha en fecha 30 enero del año 1998, la institución financiera SERFISA desistió de la demanda interpuesta contra el señor Izaguirre, por lo que en fecha 22 de enero del año 2004 se le notificó al señor Barrientos el cese en su cargo como depositario del equipo médico, por lo que se le solicito la devolución de los bienes embargados, expresando ante el Juez Ejecutor el señor Barrientos que los habla entregado al señor Rodman Martínez, quien como aval solidario del señor Izaguirre pagó la cantidad de L. 446,842.83, de la deuda y mora contraída con la institución financiera, otorgante del arrendamiento financiero al señor IZAGUIRRE.” RECURSO DE CASACIÓN: La recurrente abogada Vera Eloisa Galvez Ponce, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO ÚNICO: "No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Critica". PRECEPTO AUTORIZANTE: EI presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Articulo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Es de conocimiento que el sistema de valoración de prueba en el proceso penal hondureño, permite al Juzgador una cierta autonomía en la estimación de las probanzas que le son ofertadas, para alcanzar determinado convencimiento; sin embargo, en dicha apreciación, debe observar las reglas de la lógica, la psicología y el sentido común, asegurando el más certero juicio en su decisión. Voluntad del legislador establecida en los artículos 202 y numeral 2 de la regla cuarta del artículo 338 de la normativa penal adjetiva. En el caso sub judice, es evidente que el A quo efectúa una valoración intelectiva ineficaz, dado que el contenido de la probanza que se ha incorporado legalmente al debate, no fue considerada de forma integral o conjunta, en desapego a los principios básicos de la Regla de la Lógica, como el de la razón suficiente, lo que lo llevó a concluir erróneamente, en un fallo absolutorio a favor de los acusados RODMAN DANIEL MARTINEZ ARRIAGA Y PABLO ANTONIO BARRIENTOS, al estimar que la prueba practicada en juicio, ha resultado insuficiente para acreditar la conducta penal por los cuales los imputados fueron llevados a juicio, asumiendo el Tribunal en sus razonamientos, que el conflicto en este caso se resume en que no existió tal apropiación por parte de los encausados, ya que el ofendido incurrió en un incumplimiento de pago sobre un contrato de arrendamiento financiero donde Rodman Martinez Arriaga sirvió como aval solidario del señor Carlos Izaguirre y Martínez Arriaga pago la deuda contraída por el ofendido por una cantidad de L. 446,842.00 a SERFISA, no recayendo sobre el mismo la custodia, administración o depósito de bienes mueble que fueron objeto de embargo en su momento oportuno ante el incumplimiento de pago por parte de IZAGUIRRE, y tampoco lo hizo el imputado Pablo Barrientos; pues el mismo expreso ante el juez ejecutor que los bienes embargados al señor Izaguirre habían sido entregados a IMECSA cuyo representante legal es RODMAN MARTINEZ, una vez que este ya había hecho efectivo el pago de la deuda contraída por IZAGUIRRE; defecto de apreciación que se hace patente, a partir de las consideraciones que se exponen a continuación: La Señora Nelly Esperanza Gómez, esposa del ofendido CARLOS IZAGIURRE (Q.D.D.G): "En mi esposo y yo teníamos un centro de diagnósticos especializado aquí en Tegucigalpa, en las Minitas, teníamos tres centro, el de rayos X, radiología integral, ultrasonido sonomedica y pantoben, era un centro subespecialidad de un área de especialistas donde mandaban a sus pacientes a hacer estudios de panorámicas para ver cómo estaba cada paciente de cada médico que remitía a nuestro centro para ver el grado de problema que tenía..... en 1995 el doctor obtuvo un financiamiento con SERFISA una financiera de Banco del País, por el valor de L300,000.00 para facilitar más rápido la operación el señor Rodman Martínez se facilitó como aval, resulta que mi esposo endoso el cheque de L.300,000.00 y se lo entregó a Rodman Martínez, comprometiéndose a traer la máquina de ultrasonido en arrendamiento en 30 a 45 días más tarde, paso el tiempo y la maquina no llegaba, mi esposo se acerba a él un sin número de veces y él le manifestaba que había problemas para traer la máquina, excusas y más excusas, luego en el mes de noviembre de 1995 sabia Rodman el sentido de responsabilidad que tenía y vino y le dijo a mi esposo: Carlos te voy a facilitar para que pagues el valor de una letra de L16,200.00 y mi esposo le dijo, mira yo no tengo dinero, yo ya estoy en mora financiera involuntaria porque si sabía que con el trabajo de esa máquina iba a generar ingresos para pagar las obligaciones, mi esposo cayo en mora involuntaria, mi esposo hablo con él y Rodman le facilito el cheque de L.16,200.00 quedando que mi esposo le dijo que no iba a poder pagarlo de inmediato, que iba a ser posterior, pero una vez que se pusiera al día con sus obligaciones con el Banco, le dijo Rodman al Doctor, al referirme al Doctor me refiero a mi esposo, él era un médico especialista, él era radiólogo, entonces le dijo Rodman Martinez al Doctor Izaguirre, no te preocupes Carlos somos amigos, respetare y cobrare el cheque cuando tú me lo indiques, así paso, se pagó esa letra, luego llego el mes de diciembre, no llego la máquina, luego en enero de 1996, le hablo Rodman Martínez a su esposo y le dijo que no le entregaba la maquina mientras no pagara todo el saldo en mora, mi esposo le dijo Rodman tienes que considerar, no tengo la máquina, no la estoy trabajando y he caído en una mora involuntaria, entonces le dijo el. bueno ve como haces y yo te entro la máquina, un empleado que tenía Rodman dentro de su oficina nos manifestó a nosotros que el vendió la máquina al Doctor Vladimiro Lozano en Olanchito Yoro, luego en el mes de febrero de 1996 le hablo Rodman Martinez al Doctor Izaguirre donde le dijo que la obligación con SERFISA había finalizado, le dijo mi esposo como es posible si no he tenido la maquina a la vista y ya pague de mi bolsa una letra más lo que tú me facilitaste, una semana después le llaman del Banco del País de la Financiera una joven de nombre Sonia y le dijo doctor Izaguirre tiene letras usted en mora, Como? Le dijo, si el aval me comunico que ya la obligación con SERFISA finalizo en el mes de febrero, no doctor, véngase inmediatamente aquí a SERFISA a hablar con el licenciado Cesar Valenzuela que es el Gerente General de SERFISA y explique la situación que está pasando, mi esposo, mi persona y Ramón Brand Flores no presentamos a SERFISA y le hicimos el planteamiento al licenciado Cesar Valenzuela de lo que estaba pasando, viene el Licenciado Valenzuela se levantó de su escritorio y dijo un momento, voy a hablarle a Rodman... después de que paso eso el licenciado Cesar Valenzuela le ordeno a Rodman Martinez que mande a traer las máquinas de ultrasonido en arrendamiento a Olanchito, Rodman Martínez giro instrucciones al Ingeniero José Roberto Molina técnico de IMECSA, y fue a recoger la máquina de ultrasonido a Olanchito, se la entregaron al Doctor Izaguirre usada como nueva... luego a mi esposo no le quedó de otra que agarrar la máquina porque tenía una carga financiera muy fuerte, luego mi esposo empezó a hacer un sinnúmero de pagos, ... llego a pagar casi L.135,000.00 ... después de eso en octubre de 1996 le hablo el apoderado legal de SERFISA a mi esposo y le dijo que aún tenía mora... de allí el 12 de noviembre de 1996 interventoría con cargo a caja quedo a cargo del licenciado Julio Suazo Mejía, y nunca nos notificó el señor Rodman Martínez de dicha situación legal, se llamó al silencio, ..... a finales del mes de diciembre o primera quincena de enero de 1997. luego llego la interventoría para nosotros, el 19 de noviembre, pero no se llevó a cabo la interventoría.... El juez ejecutor hace levantamiento de los activos de la empresa funcionando, era una empresa que se instaló con grandes esfuerzos.... El doctor entrego el ultrasonido en arredramiento y así quedaba cancelada lo obligación liberándome mi persona como depositaria quedando un empleado de Rodman como depositario en enero de 1998 desiste el Banco y dice que se le entregue a su legítimo dueño su empresa, sus muebles, sus máquinas y que no pueden entender ellos las razones que estas personas llegaron a hacer determinada acción porque m e mas bien el Doctor no debía nada a ellos y no pueden entender la acción penal contra mi persona, ... ya en marzo de 1999 llega desembargo definitivo., en febrero del 2003 libran comunicación de San Pero Sula a Tegucigalpa para el cesamiento de las funciones del depositario, luego en enero de 2004 cesamiento de las funciones de depositario a Pablo Antonio Barrientos, mi esposo tuvo que contratar los servicios profesionales de un investigación privado para canalizar la dirección del depositario.... El depositario manifiesta en el escrito que está en el expediente que ese mismo día el siendo empleado de Rodman que fueron trasladadas las máquinas a las bodegas de IMECSA, cuando el depositario anteriormente había hablado con mi esposo le dijo que una parte de las maquinas habían sido vendidas en Tegucigalpa y otras en San Pedro Sula sin haber una sentencia, sin haber finalizado un Juicio, mi esposo falleció a raíz de esa situación........."- A preguntas del ente acusador responde: "la empresa que constituyeron se llamaba CENTRO ESPECIALIZADO DE IMAGEN DIAGNOSTICO... el cheque se lo dio SERFISA por un monto de L.300,000.00 las cuotas eran de L16,000 y algo de lempiras, CARLOS IZAGUIRRE había pagado tres a cuatro letras, y llego a pagar hasta L.135,000.00... la demanda se interpuso por la mora que tenía su esposo de manera involuntaria... la interventoría fue 11 de diciembre de 1996 no se hizo una intervención sino que levantaron la empresa todas las maquinas que había en la empresa.... Se llevaron pinturas al óleo... y otros equipos como armarios y muebles... todo lo que levantaron lo llevaron a IMECSA... a Pablo Barrientos le ordeno su jefe RODMAN MARTINEZ, que llevara esa maquinaria a IMECSA... el recibo contenía un valor de L.500,000.00 donde decía que Rodman Martinez pago al banco...... Nombraron a un a un empleado de Rodman como depositario... se hizo una solicitud a través del juzgado para el cesamiento de las funciones de depositario PABLO BARRIENTOS. en enero del 2004 el depositario manifestó que por órdenes de Rodman Martinez esas máquinas fueron trasladadas a IMECSA... El señor RAMON BRANT FLORES al ser en su deposición estableció: que RODMAN MARTINEZ en ese entonces (1995) era dueño de IMECSA, Él era el que representa la empresa, que era la que vendía los equipos médicos en general, entonces él lo comunico al Doctor de un ultrasonido que él iba a venderle pero para eso el Doctor no tenía los fondos necesarios de los cuales se hizo un préstamo al banco del País, en ese entonces de una financiera de nombre SERFISA, representada por Cesar Valenzuela,... cuando se les aplico la interventoría con cargo a caja, que supuestamente era El y al Doctor, pero al Doctor la interventoría con cargo a caja es aquella acción mediante la cual se le aplica a las empresas para administrarlas en forma total, pero no levantamiento de activos que lo hizo el juez ejecutor.... Yo estaba allí cuando llego el juez ejecutor hasta con la policía... se llevaron los bienes y según tuve conocimiento se los llevaron para las oficinas del señor Rodman por pablaras del depositario y que unos habían sido vendidos en Tegucigalpa y otros en San Pedro. Se presentó como prueba documental la Escritura de constitución de la Sociedad mercantil Centro Especializado en Imágenes Diagnósticos S. de R.L. de señor la cual el Carlos Alberto Izaguirre y Nelly Esperanza Gómez eran representantes. Igualmente se presentó copia autenticada del contrato de arrendamiento celebrado entre MARIO GALEANO BURGOS como representante legal de la institución financiera SERFISA y Carlos Alberto Izaguirre en condición de representante legal de la sociedad mercantil CENTRO ESPECIALIZADO EN IMÁGENES DIAGNOSTICOS, celebrado en San Pedro Sula el 13 de septiembre de 1995; este contrato se celebró sobre un bien mueble consistente en una maquina sono diagnost R3250, sistema de ultrasonido de formación de imágenes diagnósticas por ultrasonido de conjunto lineal adquirido por SERFISA, a solicitud de CARLOS ALBERTO IZAGUIRRE, esta máquina sería entregada por el proveedor, obligándose el arrendatario CARLOS ROBERTO IZAGUIRRE a pagar 36 cuotas mensuales cuyo monto total era de L. 563,524.20; dicho contrato acredito que el imputado RODMAN MARTINEZ fungió como fiador solidario de la obligación adquirida por CARLOS IZAGUIRRE. (obra a folio 19 al 24 del tomo I del expediente principal de autos) Se presentaron además un álbum fotográfico del equipo médico que el señor Carlos Izaguirre Romero tenía en su empresa (folios 31 al 53 tomo I del expediente) y ocho copias de recibos de pago realizado por el Centro Especializado en imágenes diagnosticas a SERFISA. Con estos recibos se acreditaron los diferentes abonos que el ofendido Carlos Izaguirre realizo con motivo de la obligación contraída con SERFISA. Igualmente se llegó al proceso como medios probatorios, copia autenticada del escrito de demanda de fecha 12 de noviembre de 1996 (obra en folio 79 al 83) donde se solicita embargo precautorio; la comunicación emanada del juzgado de letras de lo civil al juzgado de paz de lo civil de Tegucigalpa en fecha 14 de noviembre de 1996 donde en virtud de demanda presentada por SERFISA contra CENTRO ESPECIALIZADO EN IMÁGENES DIAGNOSTICAS por medio de su representante CARLOS IZAGUIRRE y RODMAN MARTINEZ representante de la Sociedad Importadora Medica Centroamericana y fiador Solidario de Carlos Izaguirre, se le cita para que contesten en el término de ley la demanda promovida. Otro documento allegado en el acervo probatorio es el acta levantada por un juez ejecutor que obra en folio 337 al 339 del Tomo I, fechada el 11 de diciembre de 1996 donde consta el embargo de varia maquinaria y equipo médico propiedad de CARLOS IZAGUIRRE..............Otro medio probatorio presentado por el Ministerio Publico es el acta de fecha 22 de enero de 2004 del juzgado de letras primero de lo civil que obra a folio 340 del tomo I donde consta que se notificó a PABLO ANTONIO BARRIENTOS RIVERA que ceso en un cargo como depositario de los bienes muebles embargados al señor CARLOS IZAGUIRRE y se le indica que debe devolverlos a su legítimo propietario, haciendo constar además que PABLO BARRIENTOS manifestó que dichos bienes fueron trasladados a la oficina de IMECSA por orden de RODMAN MARTINEZ gerente de dicha empresa enviados a la bodega de dicha empresa. Los aspectos centrales en los que el tribunal de sentencia fundo su fallo son: "El Tribunal considera, que de la prueba documental evacuada durante el juicio y cuyos aspectos centrales se han expresado en el numeral 5 del apartado de valoración probatoria, una vez confrontados con la totalidad del elenco probatorio no lograron generar en estos juzgadores la convicción suficiente y certeza positiva de que los señores RODMAN MARTINEZ Y PABLO ANTONIO BARRIENTOS, se hayan apropiado de manera indebida del bien mueble descrito en el contrato de arrendamiento antes confrontado, ya sea en provecho propio o en beneficio de terceros. En el caso del señor Barrientos Rivera, si bien es cierto con la prueba documental consistente en el nombramiento como depositario de los bienes objeto de embargo por la demanda promovida contra CARLOS ALBERTO IZAGUIRRE Y RODMAN MARTINEZ se demostró que los bienes muebles embargado se encontraban bajo su responsabilidad en razón del cargo impuesto por un tribunal, lo que no es menos cierto es que este al haber entregado los bienes muebles objeto de depósito, no puede inferirse que se hubiese apropiado de manera deliberada y manifiesta, de los bienes que fueron puestos bajo su responsabilidad como depositario de los mismos, en virtud que el señor Barrientos Rivera fue claro y contundente en manifestar ante un juez ejecutor que entrego los bienes que se le encomendaron en depósito IMECSA, propiedad de RODMAN MARTINEZ, en ese sentido no puede derivarse a partir de tales extremos, los hechos imputados por el ente fiscal, por ende con la prueba documental antes relacionada no se logró quebrantar el estado de inocencia del señor Barrientos Rivera" (pág. 20 valoración conjunta de la prueba). Asimismo en el apartado 6 y 7 el Tribunal de Sentencia continua fundando su fallo cuando establece: "con el medio de prueba documental consistente en un recibo de pago emitido por SERFISA a favor de Rodman Martinez, con el cual se probó el pago a esa entidad financiera por la cantidad de Cuatrocientos cuarenta y seis mil ochocientos cuarenta y dos lempiras en concepto de pago como fiador solidario del señor Carlos Alberto Izaguirre, en fecha 19 de septiembre del año 1997. el ente fiscal no logro probar que el señor Rodman Martinez se apropió de manera indebida del sistema de ultrasonido para la formación de imágenes diagnósticas en perjuicio del señor Izaguirre romero, pues en la fecha que se formalizo el proceso penal contra el señor Martinez Arriaga, este como aval solidario ya habla pagado la deuda y la mora contraída por el señor Izaguirre ante SERFISA... 7..-... el señor RODMAN MARTINEZ al haber servido en su momento como aval solidario del señor CARLOS IZAGUIRRE (deudor principal) eso lo hace un deudo inmediato a falta de pago del señor Carlos Izaguirre, contrayendo como propia la obligación de pagar lo adeudado por el deudor principal por ende su accionar no reviste las características exigidas en el dolo dentro de la esfera penal, siendo también relevante para efectos de valoración el hecho que Rodman Martinez en ningún momento fue nombrado como administrador, depositario guardador o en custodia de los bienes que fueron objeto de embargo ante la demanda promovida contra el señor Izaguirre y el mismo acusado, por un tribunal competente... no se reinen los presupuestos objetivos y subjetivos para dar por sustentado la apropiación indebida del sistema de ultrasonido de formación de imágenes diagnosticas por parte de los señores Rodman Martínez y Pablo Antonio Rivera (pág. 21 valoración conjunta de la prueba). Resulta evidente, la errada valoración del juzgador para tomar su decisión de absolver a los acusados, sin apreciar o analizar, de manera correcta el contenido de los medios de prueba documentales que fueron traídos a juicio, haciendo énfasis en nuestra postura en lo siguiente: a) el medio de prueba documental en este caso el acta levantada por el juez ejecutor que obra de folio 337 al 339 del Tomo I, de fecha 11 de diciembre de 1996, hace constar el embargo de bienes muebles propiedad de Carlos Alberto Izaguirre: una unidad de rayos X, una mesa de vaculacion, un odografo, un transformador de alta tensión, dos bastidores, una columna cielítica, un tubo de rayos X, un ultrasonido APR-4000s, una procesadora Kodak, un delantal protector de plomo, un ordografic, un fax, una panorámica, un negatoscopio una lampara de ganso. Todos estos bienes muebles fueron entregados por nombrarse como depositario a PABLO ANTONIO BARRIENTOS RIVERA, empleado de RODMAN MARTINEZ. No se dio ningún valor probatorio a tal medio de prueba cuando el Tribunal establece que Pablo Barrientos en el acta levantada por el secretario del despacho del Juzgado de Letras primero de lo Civil que obra a folio 340 del Tomo I en fecha 22 de enero de 2004, que por haber manifestado PABLO BARRIENTOS que los bienes embargados fueron trasladados a la oficina de IMECSA por orden de Rodman Martínez, tal acción no constituye apropiación puesto que aunque los bienes estaban bajo su responsabilidad en razón del cargo impuesto un tribunal no es menos cierto que este los entrego a IMECSA propiedad de Rodman Martinez, ya que no hubo una apropiación deliberada y manifiesta de los bienes en propio o beneficio de terceros. El tribunal de sentencia no analizo de manera correcta lo que establece uno de los elementos del tipo penal de apropiación indebida previsto en el articulo 242 numeral 8 del código penal, específicamente el que establece: "distrajere cualquier cosa mueble recibida en depósito o por otro título que conlleve la obligación entregarla o devolverla" no arribar que la obligación del imputado PABLO ANTONIO BARRIENTOS es para con su jefe en este caso RODMAN MARTINEZ, representante de IMECSA quien le ordena que entregue los bienes a IMECSA; Sino que PABLO BARRIENTOS se obliga por mandato judicial a mantener los bienes en depósito y entregarlos exclusivamente cuando la autoridad judicial le ordene que los entregue; con ello es evidente que existió sin lugar a dudas una distracción de dichos bienes muebles objeto de embargo al ofendido (distraer, según el diccionario de la Real Academia Española significa apartar, desviar, alejar, apartar la atención de alguien del objeto a que la aplicaba o a que debía aplicarla) independientemente que PABLO BARRIENTOS sacara provecho propio de tales bienes... como bien lo hizo RODMAN MARTINEZ quien no dio cuenta tampoco del paradero de tales bienes. Las supra indicadas acciones, evidencian el ánimo de RODMAN MARTINEZ con apoyo de PABLO BARRIENTOS de apoderarse de los bienes embargados y dados en depósitos a PABLO BARRIENTOS, en perjuicio económico de CARLOS ALBERTO IZAGUIRRE y su esposa NELY ESPERANZA GOMEZ. b) el medio de prueba documental aportado por la defensa como prueba de descargo, (documento que obra en folio 285 del tomo I) consistente en un recibo de pago de SERFISA por la cantidad de L.446,842.83 de fecha 19 de septiembre de 1997 extendido a favor de RODMAN MARTINEZ, donde este como fiador solidario de CARLOS IZAGUIRRE se convierte en deudor principal de SERFISA, lo que ha demostrado es la razón (móvil) por la cual RODMAN MARTINEZ le ordena a PABLO BARRIENTOS que remita los bienes de Carlos Izaguirre que este último recibió en depósito, a la bodega de IMECSA empresa de la cual es representante y propietario RODMAN MARTINEZ, sin embargo la errónea valoración que emite el tribunal cuando funda su fallo absolviendo de responsabilidad penal a RODMAN MARTINEZ cuando refiere que "su accionar no reviste las características exigidas en el dolo dentro de la esfera penal. Rodman Martinez en ningún momento fue nombrado como administrador, depositario guardador de los bienes que fueron objeto de embargo y no se reinen los presupuestos objetivos y subjetivos para dar por sustentado la apropiación indebida del sistema de ultrasonido de formación de imágenes diagnosticas por parte de los señores Rodman Martinez y Pablo Antonio Rivera" debe ser subsanada; partimos que la apreciación del Tribunal en ese sentido es errónea porque el Tribunal de Sentencia no valoro de manera armónica la totalidad de la prueba evacuada en juicio, en primer lugar porque no tomo en cuenta las reglas de la sana critica como el sentido común, la psicología y las máximas de la experiencia, cuando olvidó tomar en cuenta cual fue la participación que tuvo RODMAN MARTINEZ Y PABLO BARRIENTOS en el tipo penal imputado; de todo debemos concluir que mientras uno (PABLO BARRIENTOS) fue nombrado por mandato judicial como depositario de los bienes de CARLOS IZAGUIRRE; el otro (RODMAN MARTINEZ) le induce directamente a distraer y apartar los bienes que le han sido encomendados a otro lugar; en ningún momento se efectuó análisis de parte del Tribunal de Sentencia en relación a lo establecido en el artículo 32 del código penal; cuando se establece quienes se consideran autores de un delito; esta circunstancia no fue tomada en cuenta al momento de efectuar la valoración armónica de toda la prueba, pues al no analizar los elementos objetivos del tipo penal, con toda la prueba producida en juicio, donde si quedo establecida el cumplimiento de todo estos elementos, omitieron el grado de participación de cada acusado en los hechos incoados por el ente acusador. También interpretaron de forma errónea que bienes en específicos fueron los que se distrajo el imputado PABLO BARRIENTOS por inducción de RODMAN MARTINEZ, pues cuando el tribunal de sentencia refiere: "..no se reúnen los presupuestos objetivos y subjetivos para dar por sustentado la apropiación indebida del sistema de ultrasonido de formación de imágenes diagnosticas por parte de los señores Rodman Martinez y Pablo Antonio Rivera" en ningún momento se ha establecido que esta máquina de ultrasonido de formación de imágenes diagnosticas forma parte de los bienes que se describen en el acta de embargo y nombramiento de depositario que se describe en la prueba documental en los folios 337 al 339 del tomo I del expediente; por el contrario este sistema de ultrasonido de formación de imágenes descrito, fue entregado según declaración testifical de NELLY ESPERANZA GOMEZ que obra en la página 9 del apartado de la Valoración de la Prueba en la sentencia, mediante arreglo extrajudicial verbal que se realizó con Serfisa a través del Lic Cesar Valenzuela, donde el doctor Carlos Izaguirre recibiría su empresa (refiriéndose a los bienes embargados) y a cambio de ello, Carlos Izaguirre entrego la máquina de ultrasonido a IMECSA en el mes de marzo de 1997, recibiéndola un empleado de RODMAN MARTINEZ y que concluyo con la transacción que se realizó entre el apoderado de SERFISA cuyo documento fue evacuado como prueba documental la cual obra en folio 54 y 55 del Tomo 1 expediente judicial; y que tiene relación con la prueba documental también evacuada en audiencia de juicio oral consistente en el escrito de desistimiento de la demanda y solicitud de desembargo presentada por SERFISA en fecha 30 de enero de 1998 la cual obra en folios 56 y 57 del tomo I del expediente judicial; pero lastimosamente al no valorar en su conjunto todos estos medios de prueba armónicamente conforme a los preceptos establecidos en el artículo 202 del código procesal penal; en virtud de lo anteriormente expuesto podemos afirmar, que la valoración que ha efectuado el juzgador a las probanzas de cargo incorporadas al juicio, atentan contra las Reglas de la Sana Critica, específicamente de la lógica en su postulado de Derivación, integrado por el principio de razón suficiente en su característica de suficiencia, ya que las inferencias por ellos hechas en torno a las mismas, no corresponden a su auténtico valor y contenido, así como tampoco el Tribunal ha sido eficaz en extraer de dicha fuente su convencimiento, dada su errónea apreciación en la manera como ha quedado expresado. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para su subsanación.” FUNDAMENTACION. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a.No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b.Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c.Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Motivo unico • Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; • Normas Procesales que se denuncian Infringidas: No determinado por los Censores; • Concepto de la Infracción: Inobservancia de las reglas de la sana critica. • Acciones de saneamiento presentadas: el vicio denunciado consta en la sentencia definitiva; • Pretensión: Que se resuelva conforme a derecho. El Censor relaciona que los Juzgadores, en la sentencia impugnada, han efectuado una valoración intelectiva ineficaz, alega que las probanzas allegadas a juicio no fueron consideradas de forma integral o conjunta en desapego de los principios básicos de la regla de la lógica como el de la razón suficiente, explica el recurrente que el Tribunal resume que no existió tal apropiación por parte de los encausados, ya que el ofendido incurrido en un incumplimiento de pago, y por haber pagado el imputado Rodman Martínez Arriaga como aval solidario dicha obligación que ascendía a una deuda de 446,842.00, arguye el peticionario que es evidente la errada valoración lo que ha llevado al Tribunal de Sentencia a concluir erróneamente un fallo absolutorio. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo con relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: I. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Observa esta Sala de lo Penal que el recurrente señala como violentadas las reglas de la lógica como el de la razón suficiente, también estableció los razonamientos a su entender errados, violatorios de la regla de la lógica de la razón suficiente, el censor logra determinar el punto central de su impugnación y será sobre esos planteamientos que esta Sala de Casación dará respuesta. Resulta necesario señalar cuales fueron los juicios de valor que estableció el Sentenciador para valorar la prueba evacuada en el debate y así determinar si se han violentado o no las reglas de la sana critica en su vertiente de razón suficiente; encontramos en la prueba se ha valorado en su conjunto en el acápite “Valoración conjunta de toda la prueba evacuada durante la audiencia de debate,” en el cual el Tribunal enuncia la abundancia de medios de prueba, dándose a la tarea de ir describiéndolos en cuanto a que consistía cada medio de prueba y si este merecía o carecía de valor probatorio, en este orden de ideas en cuanto a los medios de prueba: 1.- Contrato de arrendamiento el Tribunal le concede el valor probatorio para sustentar el hecho primero de la sentencia. 2.- A los testimonios de la señora Nelly Gomez Aguilar, por si solo según la valoración realizada por el A-quo este no resulta suficiente para romper el estado de inocencia de los señores MARTÍNEZ ARRIAGA Y BARRIENTOS RIVERA. 3. La declaración de Brant Flores, resulta ser un testigo de referencia. 4.- En relación a la pericia del técnico en documentología Mario Valladares, este medio de prueba no fue realizado. 5.- El Tribunal de sentencia realizada la valoración de la prueba documental propuesta y valorada en su conjunto el Tribunal de Sentencia considera que esta prueba ya relacionado no logara quebrantar el estado de inocencia del señor Barrientos Rivera. 6.- Relacionando la declaración del testigo Martínez Arriaga, con esta declaración el tribunal de sentencia consideró que la misma no resultó suficiente para generar certeza positiva de participación del acusado en mención, en virtud que al ser contrastada la misma con la prueba consistente en un PAGARE emitido a favor de SERFISA aval por la cantidad de L.446,842.00, por la deuda contraída por el señor solidario IZAGUIRRE, constituyéndose RODMAN MARTINEZ, como aval solidario a favor de CARLOS ALBERTO IZAGUIRRE, ante SERFISA, dándole la fuerza probatoria a un recibo de pago, emitido por SERFISA a favor del señor Rodman Martínez, con el cual se probó el pago a esa entidad financiera, por la cantidad DE CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS, EN CONCEPTO DE PAGO como fiador solidario del señor Carlos Alberto IZAGUIRRE, en fecha 19 de septiembre del año 1997. Por lo antes expuesto el ente fiscal no logró probar que el señor RODMAN MARTINEZ ARRIAGA se apropió de manera indebida del sistema de ultrasonido para la formación de imágenes diagnósticas, en perjuicio del señor IZAGUIRRE ROMERO, pues en la fecha que se formalizó el proceso penal contra el señor MARTÍNEZ ARRIAGA, éste como aval solidario ya había pagado la deuda y la mora contraída por el señor IZAGUIRRE ante SERFISA. Para esta Sala de lo Penal, el Trinubal de Sentencia ha establecido detallados y certeros juicios de valor para razonar claramente cada medio de prueba los cuales has sido valorados en un conjunto relacionándolos entre sí, considerando que estos no logrado convencer al A-quo en enervar el estado de inocencia de los acusados, el delito de apropiación indebida, bajo el Título VII del Libro Segundo del Código Penal, el legislador ha creado tipos Penales cuyo objeto es la defensa del bien jurídico Propiedad y sus diversas relaciones jurídicas con las personas: Ius Utendi (posesión), Ius Fruendi (usufructo) y Ius Abutendi (dominio). Entre los delitos contemplados encontramos el de Apropiación Indebida, definido en el artículo 242.8 del Código Penal formulando reproche a “Quien en perjuicio de otro se apropiare o distrajere dinero, efectos o cualquier cosa mueble que hubiere recibido en depósito, comisión o administración o por otro título que conlleve obligación de entregarle o devolverla, o negare haberla recibido” En el delito de apropiación indebida la posesión de la cosa mueble es lícita, germinada de una relación previa entre el sujeto activo y pasivo, surgiendo después en el primero el ánimo de distraerla subrepticiamente a un fin distinto al que originalmente se había dispuesto, por ello; en la apropiación indebida lo que existe es la distracción ilegítima de un bien mueble privado que ya se posee legítimamente, pudiendo darse la apropiación del sujeto activo o de un tercero, “…la lesión al patrimonio se fundamenta en el posterior abuso de confianza derivado de la ruptura del título por virtud del cual se poseía la cosa…” (De Diego Diez, Alfredo, Manual de Derecho Penal, Corte Suprema de Justicia de Honduras, Tegucigalpa, Honduras, 2006, Pág. 189). El sujeto activo de la apropiación indebida debe estar, por tanto, en posesión de la cosa apropiada, dándose en este tipo de delito una mutación de posesión lícita en una ilícita. Considera esta Sala de lo Penal, que la motivación a la que derivo el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa es el correcto, en el caso de marras ha quedado establecido en las inferencias del A-quo en su sentencia, el incumplimiento del pago de la obligación contraída por parte de los supuestos ofendidos en el financiamiento que se les había otorgado por parte de SERFISA por la cantidad de 446,642.00 para la compra de equipo médico, deuda que fue avalada solidariamente por el imputado Rodman Daniel Martínez, es a razón de esta falta de pago, que son demandados civilmente tanto el ofendido como el imputado por la cantidad arriba mencionada, y que el bien objeto de controversia es embargado, el cual es desembargado por la pago total que realizo el imputado en su condición de aval, en este sentido el Tribunal infiere: … Es el Juzgado de Letras Primero de lo Civil ordena al Juzgado de Paz de Tegucigalpa notificar través del juez ejecutor al señor PABLO ANTONIO BARRIENTOS el cese como depositario de los bienes embargados y la orden de entrega de los bienes en depósito una vez confrontados entre sí, cada uno de estos documentos se pudo constatar orden cronológico en que se fueron derivando cada una de las acciones que de sustento a la formalización de este proceso penal, sirviendo el material probatorio antes descrito como indicios mínimos para elevar esta causa a esta instancia del juicio oral y público, medios de prueba documentales que una vez confrontados con la totalidad del elenco probatorio no lograron generar en estos juzgadores la convicción suficiente y certeza positiva de que los señores RODMAN MARTINEZ Y PABLO ANTONIO BARRIENTOS, se hayan apropiado de manera indebida del bien mueble descrito en el contrato de arrendamiento antes confrontado, ya sea en provecho propio o en beneficio de terceros… El razonamiento del Tribunal de Sentencia esta conforme las reglas de la sana critica al estimar que: ..En ese contexto el señor RODMAN MARTINEZ, al haber servido en su momento como aval solidario del señor Carlos Izaguirre (deudor principal) eso lo hace un deudor inmediato a la falta de pago del señor Carlos Izaguirre, contrayendo como propia la obligación de pagar lo adeudado por el deudor principal, por ende su accionar no reviste las características exigidas en el dolo dentro de la esfera penal, siendo también relevante para efectos de valoración el hecho que RODMAN MARTINEZ en ningún momento fue nombrado como administrador, depositario, guardador o en custodia de los bienes que fueron objeto de embargo ante la demanda promovida contra el señor IZAGUIRRE y el mismo acusado, por un tribunal competente. No logra observar esta Sala de lo penal que exista por parte del Martínez Arriaga una apropiación de un sistema de ultrasonido de formación de imágenes diagnósticas propiedad de Carlos Alberto Romero y Nelly Gomez Aguilar, en tanto que estos habían sido demandados por la falta de pago de los mismos, o que el imputado lo hubiese recibido en depósito, comisión o administración, o que por otro título hubiera tenido la obligación de entregarla a los supuestos ofendidos, por lo cual este Ad-quem concuerda con el Tribunal de sentencia, en las inferencias que este le ha otorgado a cada medio de prueba los cuales han sido debidamente valorados en forma conjunta, observando las reglas de la lógica de la derivación no podía haber arribado a otro razonamiento. En el caso del señor Pablo Antonio Barrientos Rivera, este Sala comparte el criterio del Juzgador, ya que este se desempeñó como depositario del embargo por orden de judicial y tal como lo razona el A-quo: …En el caso del señor BARRIENTOS RIVERA, si bien es cierto con la prueba documental consistente en el nombramiento como depositario de los bienes objeto de embargo por la demanda promovida contra CARLOS ALBERTO IZAGUIRRE y RODMAN MARTINEZ, se demostró que los bienes muebles embargados se encontraban bajo su responsabilidad en razón del cargo impuesto por un tribunal, lo que no es menos cierto es que éste al haber entregado los bienes muebles objeto de depósito, no puede inferirse que se hubiese apropiado de manera deliberada y manifiesta de los bienes que fueron puestos bajo su responsabilidad como depositario de los mismos, en virtud que el señor BARRIENTOS RIVERA, fue claro y contundente en manifestar ante un juez ejecutor que entregó los bienes que se le encomendaron en depósito IMECSA, propiedad de RODMAN MARTINEZ, en ese sentido no puede derivarse a partir de tales extremos, Tos hechos imputados por el ente fiscal, por ende con la prueba documental antes relacionada no se logró quebrantar el estado de inocencia del señor BARRIENTOS RIVERA. En este Sentido, estima esta Sala de lo Penal que han sido los medios probatorios debidamente valorados, los que han llevado al A-quo ha inferir que no podría el enjuiciado Barrientos Rivera en su condición de depositario del embargo practicado sobre el equipo médico consistente en un sistema de ultrasonido de formación de imágenes diagnósticas en pugna tenerlo bajo su depósito por voluntad propia, o por tener la intención de adueñarse de ellos, el pues el tiempo que este los tuvo bajo su responsabilidad fue por mandamiento del Juzgado de Letras Primero de lo Civil, atreves de la comunicación enviada al Juzgado de Paz de Tegucigalpa, todo a razón de la demanda para la terminación de un contrato de arrendamiento incoada contra los ofendidos por falta de pago, deuda a la cual le hizo frente el RODMAN MARTINEZ. Por estas razones no logra esta Sala de lo Penal estimar que en la sentencia de mérito se hayan violentado los principios básicos de la regla lógica como el de la razón suficiente, por lo cual el recurso presentado por el Ministerio Publico debe desestimarse. DECISIÓN No ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el motivo único de casación por quebrantamiento de forma invocado por la Abogada Vera Eloísa Gálvez Ponce, en su condición de fiscal del Ministerio Público, en la causa instruida contra el acusado Rodman Daniel Martínez Arriaga y Pablo Antonio Barrientos Rivera, por el delito de Apropiación Indebida, en perjuicio de Carlos Alberto Izaguirre Romero y Nelly Gomez Aguilar. Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veintiocho de noviembre del año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redacto el Magistrado Mairena Franco. - Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Firma y Sello. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. Magistrado. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora sala penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada el veintiuno de agosto de dos mil veinticuatro, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-177-2020.

RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS

RECEPTORA SALA PENAL.”