Sentencia CP-176-20 — Registro 17609
Resumen
En primera instancia se condenó a los imputados como autores directos del delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa y como autor directo del delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, a título de cómplice, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Motivo único. Es de recibo. Esta Sala al examinar la sentencia recurrida observa que del estudio intelectivo realizado por el Tribunal de Sentencia al confrontar los hechos con el razonamiento en concordancia con los medios probatorios evacuados en juicio oral y público, encontramos que las conclusiones a las que ha arribado, no se ajustan a las reglas de la sana critica en relación a los principios de la derivación que exigen razón suficiente y fundada para emitir una conclusión, mismas que deben estar constituidas por inferencias razonables deducidas de la prueba, por lo que el razonamiento intelectivo del juzgador no se ha derivado de elementos auténticos o aptos para producir de manera razonable el convencimiento cierto, a efecto de disuadir cualquier duda razonable sobre del hecho declarado probado. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362,N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-176-2020, que literalmente dice: “ SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha nueve de abril del año dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Nelson Danilo Mairena Franco en su calidad de Coordinador, Mario Rolando Díaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-176-2020 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha seis de junio del año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, mediante la cual falló: PRIMERO: Absolvió a los señores Jorge Leonel Oliva Baca, Jaime Agenor Llanos Montoya y José Miguelin Hernández Gonzales, del delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de Amílcar Castañeda Machado, Efrén Roldan Valle Portillo, Wilson Omar Erazo Fiallos y José Adalid Montoya Dubón. SEGUNDO: Condenó a los señores Jorge Leonel Oliva Baca y Jaime Agenor Llanos Montoya, como autores directos del delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de Cristian Ariel Domínguez Castañeda, a la pena de diez años de reclusión; Asimismo, se les condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil durante la pena que dure la pena principal. TERCERO: Condenó al señor José Miguelin Hernández Gonzáles, como autor directo del delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, a título de cómplice, en perjuicio de Cristian Ariel Domínguez Castañeda, a la pena de dos años, seis meses de reclusión; Asimismo, se le condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil durante la pena que dure la pena principal. CUARTO: Declaró a los señores Jorge Leonel Oliva Baca, Jaime Agenor Llanos Montoya y José Miguelin Hernández Gonzales, civilmente responsables del importe de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por el delito cometido; Siendo el Juzgado de Ejecución correspondiente el que oportunamente conozca y resuelva lo que corresponda. QUINTO: Ordenó que se mantengan las medidas cautelares impuestas a los señores Jorge Leonel Oliva Baca y Jaime Agenor Llanos Montoya durante la sustanciación de la presente causa, hasta que la sentencia de mérito adquiera el carácter de firme; Otorgó el beneficio de la suspensión condicional de ejecución de la pena a favor del señor José Miguelin Hernández Gonzales por un termino de prueba de cinco años, lo cual consta en acta. SEXTO: No Procedió la condena en costas. Son partes en única instancia: El Abogado Víctor Ramón Cáceres Santos, en su condición de Defensor Privado de los señores Jorge Leonel Oliva Baca y Jaime Agenor Llanos Montoya, como parte recurrente. HECHOS PROBADOS “ PRIMERO: Que el día sábado 21 de agosto del año 2010, en horas de la noche se realizaba una fiesta bailable en el centro comunal de la aldea de Jardines Taulabe, del municipio de Taulabe, Departamento de Comayagua, siendo que aproximadamente a la 1:15 de la madrugada se reciben llamadas anónimas en la jefatura de la policía nacional preventiva de la ciudad de Taulabe, manifestando que habían personas que estaban haciendo disparos en la referida fiesta, razón por la cual los policía preventivos Jorge Leonel Oliva Baca, Jaime Agenor Llanos Montoya y Jose Miguelin Hernández Gonzales este último el motorista de la radio patrulla RPM 03-07, salen de la jefatura policial para verificar las denuncias. SEGUNDO: Posteriormente al llegar al centro comunal de la aldea de Jardines Taulabe, la RPM 03-07 con los agentes policiales Jorge Leonel Oliva Baca Jaime Agenor Llanos Montoya y el conductor Jose Miguelin Hernández Gonzales, encuentran un vehículo automotor marca Ford Expedition color dorado, en cual se encontraban Efrén Roldan Valle, Amílcar Castañeda Machado, Wilson Omar Erazo, Cristian Ariel Domínguez Castañeda y Jose David Montoya Dubon, siendo que estos al ver la radio patrulla, salen en velocidad pór lo que se inicia un persecución, sucediendo que los agentes policiales ante la imposibilidad de alcanzar el vehículo referido, hacen uso de sus armas de fuego y disparan en contra del vehículo automotor, resultado que Cristian Ariel Dominguez sufrió una herida en la cabeza por lo que fue necesario remitirlo a un centro asistencial para procurar su curación.” RECURSO DE CASACIÓN: El Recurrente Abogado Víctor Ramón Cáceres Santos, en su condición de defensor privado, procedió a formalizar su Recurso de Casación por quebrantamiento de forma de la manera siguiente: “EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION: No haber observado el Sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 # 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO En el caso de autos el Tribunal Sentenciador excluyo prueba de valor decisivo tal comp se explica: El precepto penal adjetivo que se invoca como infringido prescribe: “Artículo 202. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. En relación con el párrafo primero del artículo 336 del Código Procesal Penal Expuesto lo anterior, veamos en qué consisten los vicios de valoración de prueba en que incurrió el sentenciador de instancia: Al examinar el fallo censurado, se concluye claramente que el Tribunal de Sentencia recurrido valora en forma inadecuado los medios de pruebas evacuados en particular al momento de referirse a la participación de los acusados en el delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, en el apartado de valoración de la prueba en su numeral quinto establecen en relación a la reconstrucción de hechos “ Para estos jueces ....., siendo que los peritos por su experticia pudieron determinar que las municiones que se utilizaron son de alta velocidad, disparadas por fusiles automáticos y de uso de la policía nacional en todo caso no se pudo determinar que arma o que armas se hicieron los disparos, por no contar con el decomiso de las armas asignadas a los procesados de autos, con el relato de los testigos podemos inferir que los agentes policiales JORGE LEONEL OLIVA BACA y JAIME AGENOR LLANOS MONTOYA fueron los que utilizaron sus armas de reglamento para hacer los disparos........” , de lo anterior queda claramente establecido que al no haberse decomisado dichas armas de fuego a efecto de determinar cuál o cuáles de las mismas fueron disparadas, resulta imposible de individualizar la participación de los acusados en el delito por el que se les considera culpables puesto que no es posible determinar en forma efectiva quien de entre los acusados fue el responsable del disparo que lesiono gravemente al ofendido CRISTIAN ARIEL DOMINGUEZ CASTAÑEDA, de tal manera que ante lo anterior no es posible deducir una responsabilidad penal en contra de los acusados basados en meras suposiciones como lo hace el Tribunal Sentenciador, es decir que al momento de valorar los medios de prueba debió de haber individualizado la participación de cada uno de los acusados a efecto de determinar en forma objetiva cuál es su responsabilidad penal, de tal forma que el sentenciador comete un yerro al condenar a dos de los acusados sin que exista una prueba que individualice la participación que tuvo cada uno de ellos al momento en que supuestamente efectuaron los disparos y sobre todo al determinar quién de entre los encausados fue el que realizo el disparo que puso en peligro la vida de la víctima u ofendido, de lo anterior es evidente que el Sentenciador inobservo las reglas de la sana critica. En el transcurso del debate se escucharon los testimonios de los testigos WILSON OMAR ERAZO FIALLOS, NORMA YAMILETH ALVARADO GOMEZ, JOSE DAVID MONTOYA, CRISTHIAN ARIEL DOMINGUEZ CASTAÑEDA y AMILCAR CASTAÑEDA MACHADO , quienes al momento de declarar manifestaron que el día de los hechos se celebraba una fiesta en el salón comunal de la Aldea Jardines, Taulabe , cuando se produjo un relajo al interior de dicha fiesta, por lo que WILSON OMAR ERAZO FIALLOS, JOSE DAVID MONTOYA, CRISTHIAN ARIEL DOMINGUEZ CASTAÑEDA, AMILCAR CASTAÑEDA MACHADO y EFREN ROLDAN VALLE PORTILLO, salieron en carrera y se subieron a un vehículo tipo cnmioneta propiedad de este último, pretendiendo huir del problema, que momentos después fueron perseguidos por una patrulla de la policía del municipio de Taulabe, quienes comenzaron a dispararles, momento en el que resultaron heridos los señores JOSE DAVID MONTOYA y CRISTHI AN ARIEL DOMINGUEZ CASTAÑEDA, como consecuencia de los disparos efectuados presuntamente por los agentes policiales, en relación a este es importante señalar que dichos testigos manifestaron que a bordo de dicha patrulla policial se conducían varios agentes policiales, señalando algunos que entre 3 y 4 policías , y otros señalaron que fueron entre 5 y 7 agentes policiales, de lo anterior encontramos una clara inconsistencia en relación al número de policías que presuntamente participaron en la agresión en contra del ofendido.Es importante señalar que tal como lo refirieron los peritos balísticos, en la presente causa hubiese sido de fundamental importancia que se hubiese practicado la recolección de indicios ( casquillos, ojivas o balas) en el lugar en que ocurrieron los hechos , asimismo también hubiese resulta fundamental que se hubiesen decomisado las armas de fuego que portaban los agentes policiales a efecto de establecer cual o cuales de las armas de fuego de uso policial fueron utilizadas el día de los hechos, con lo anterior se hubiese podido determinar con exactitud a quien estaban asignadas las armas que presuntamente fueron utilizadas para disparar en contra de los ofendidos, sin embargo dicha diligencia lamentablemente no se practicó, por lo que no existe las más mínima certeza si los ahora acusados fueron quienes haciendo uso de sus armas de fuego asignadas fueron quienes dispararon en contra de los ofendidos, también debemos de tomar en consideración que algunos de los testigos manifestaron haber observado una segunda patrulla policial en la cual se transportaba otro grupo de policías sin que se pueda establecer a ciencia cierta quienes fueron estos otros agentes policiales que también acudieron a dicho lugar el día de los hechos, de lo anterior podemos inferir fácilmente que nos es posible afirmar con una certeza probatoria si los ahora acusados fueron los agentes policiales que dispararon en contra del ofendido ocasionándole lesiones de consideración, esto en realidad genera una duda razonable en cuanto a acreditar si los acusados JORGE LEONEL OLIVA BACA y JAIME AGENOR LLANOS MONCADA, utilizaron o no sus armas de fuego el día de los hechos, este punto sencillamente nos conduce a afirmar que nos es posible determinar una presunta responsabilidad por parte de los encausados en el delito por el cual han venido siendo acusados , pues no se ha podido individualizar su participación en los hechos por los cuales han venido siendo acusados. Por otra al ser preguntados los testigos y ofendidos, si pudieron reconocer a los agentes policiales que presuntamente los agredieron, los mismos manifestaron que no pudieron observar o distinguir a los agentes de la policía que dispararon en contra de ellos y que posteriormente los agredieron físicamente, en razón de lo cual y tomando en cuenta que los mismos testigos manifestaron haber visto a dos grupos de policías ( de entre 3 a 7 en total) y dos patrullas policiales al momento en que ocurrieron los hechos, por lo cual no resulta posible individualizar quienes fueron los presuntos agresores de las víctimas, con lo cual se genera duda razonable. El testigo CRISTHIAN ARIEL DOMINGUEZ CASTAÑEDA, manifestó en su declaración que producto de la agresión por parte de agentes policiales resulto con una herida por arma de fuego en su cabeza, esto no lo ponemos en duda en ningún momento puesto que existe un dictamen médico que refuerza su testimonio, sin embargo como defensa cuestionamos la fiabilidad de su declaración, en virtud del siguiente aspecto, dicho testigo manifestó que al momento de los hechos resulto con una herida en la cabeza ( esto le produjo una minusvalía en su brazo y pierna izquierda como pudimos apreciar, de donde por simple deducción entendemos que se trató de una herida muy grave), en su declaración dicho testigo manifestó que después de los disparos efectuados presuntamente por agentes policiales, resulto herido en su cabeza, que en ese momento el conductor de la camioneta logro dar la vuelta en el vehículo y regresar por la misma calle en donde se encontraba estacionado un vehículo, pudiendo percatarse en ese momento que se trataba de la patrulla policial de Taulabe, no obstante a lo anterior como defensa cuestionamos la credibilidad de dicho testimonio en relación al siguiente punto, para nosotros como defensa resulta inconcebible que dicho testigo, con un disparo en la cabeza, zona vital del cuerpo, haya podido permanecer consciente habida cuenta de la gravedad de dicha lesión , tal como lo dejo reflejado en su dictamen la doctora YAMI GISSELLE PADILLA ORDOÑEZ , quien consigno que el ofendido presentaba una herida o trauma cráneo encefálica abierta (en la cabeza), que ingreso al hospital con una falla ventilatoria (es decir el mismo era incapaz de respirar por sí mismo), otorgándole una incapacidad de treinta cinco días, en el cual estableció que efectivamente existió peligro de muerte, siendo así las cosas resulta evidente que dicho ofendido después de recibir un disparo en la cabeza perdió la conciencia casi de forma inmediata, por lo que resulta evidente que el mismo después de recibir el disparo en la cabeza, no pudo observar el vehículo que según sus palabras identifico como la patrulla policial de Taulabe, nosotros no somos médicos ni tenemos conocimientos médicos, pero la lógica y el sentido común nos indican que este testigo después de recibir un “ impacto de bala en la cabeza perdió el conocimiento casi de forma inmediata o por lo menos su capacidad de comprensión se vio disminuida sino anulada, por lo cual no pudo haber visto que tipo de vehículo era el que supuestamente los perseguía y dese el cual presuntamente se les realizaban los disparos, en razón de lo cual consideramos que su testimonio en ese aspecto puntual carece de veracidad y en consecuencia el mismo no puede servir como fundamento para una sentencia condenatoria. En conclusión, si bien es cierto que el Tribunal de Sentencia tiene la potestad de valorar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica racional, que reconocen su discrecionalidad y la someten a criterios objetivos, que nos permiten librarnos de valoraciones arbitrarias o erróneas. Desde luego, la arbitrariedad o el error pueden darse, como en el presente caso, al interpretar en forma equivoca las pruebas recibidas lo que permite que se emita un fallo incorrecto y lejos del esclarecimiento de la verdad, que es el fin del Proceso Penal. Conforme a lo expuesto se concluye, que si el Tribunal Sentenciador recurrido hubiera apreciado en forma conjunta la prueba evacuada, indiscutiblemente habrían determinado que los encausados JORGE LEONEL OLIVA BACA y JAIME AGENOR LLANOS MONTOYA, no son responsables del delito de HOMICIDIO SIMPLE EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA en perjuicio de CRISTIAN ARIEL DOMINGUEZ CASTAÑEDA, tal como se ha dejado establecido. El Tribunal no ha considerado su valoración siguiendo las reglas de la Sana Crítica, faltando así al postulado de Derivación integrado por el Principio de Razón Suficiente en su característica de Suficiencia, resultando en una Sentencia Condenatoria diferente a los medios de prueba evacuados y las pretensiones de la defensa, pues los mismos medios de prueba aportados por el Ministerio Publico no resultaron contundentes para emitir un fallo condenatorio por el delito de HOMICIDIO SIMPLE EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, de lo que se desprende que el razonamiento intelectivo del Juzgador no se ha derivado de elementos auténticos o aptos para producir, de manera razonable, el convencimiento cierto respecto del hecho enjuiciable. Finalmente es necesario indicar que con lo antes expuesto se intenta hacer prevalecer bajo la óptica de un juicio contradictorio, apoyado por una defensa técnica sólida y el papel de un Juzgador guiado por la búsqueda de la Justicia Penal pronta y expedita, regulada en el artículo 8 del Código Procesal Penal. Como podréis observar, ilustrísimo Tribunal de Casación, si nos remitimos a la prueba descrita y la confrontamos con el razonamiento del Tribunal, encontramos que esa conclusión valorativa como motivación es inválida pues no se ajusta a los principios de la derivación que exigen razón suficiente y fundada de cada conclusión, mismas que deben estar constituidas por inferencias razonables deducidas de la prueba. Como se ha demostrado con la exposición del recurso, la sentencia objetada adolece de graves vicios de forma, que se traduce en la Condena de los acusados por el delito de HOMICIDIO SIMPLE EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, siendo violatorios del sistema de la Sana Critica racional que inspira el modelo procesal vigente, en consecuencia el vicio denunciado se afirma, traduciéndose en quebrantamiento de forma. Por haberse producido él vicio en el propio acto de sentenciar, no ha sido posible reclamar su subsanación.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la Defensa Privada. Único Motivo. • Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; • Norma adjetiva que se denuncia infringida: Artículos 202 del Código Procesal Penal; • Concepto de la infracción: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de sana critica; • Reclamación Ex Ante: Por haberse producido el vicio en el mismo acto de sentenciar; • Pretensión: Se dicte resolución que por ley corresponde. Establece el recurrente que, el a quo ha violentado las reglas de la Sana Critica en el Principio de Razón Suficiente específicamente en el de derivación al momento de realizar la valoración de la prueba, expone que “en el apartado de valoración de la prueba en su numeral quinto establecen en relación a la reconstrucción de hechos “ Para estos jueces ....., siendo que los peritos por su experticia pudieron determinar que las municiones que se utilizaron son de alta velocidad, disparadas por fusiles automáticos y de uso de la policía nacional en todo caso no se pudo determinar que arma o que armas se hicieron los disparos, por no contar con el decomiso de las armas asignadas a los procesados de autos, con el relato de los testigos podemos inferir que los agentes policiales JORGE LEONEL OLIVA BACA y JAIME AGENOR LLANOS MONTOYA fueron los que utilizaron sus armas de reglamento para hacer los disparos...” , de lo anterior se señala la mala derivación realizada por el sentencia dor de la prueba pues queda claramente establecido que al no haberse decomisado dichas armas de fuego a efecto de determinar cuál o cuáles de las mismas fueron disparadas, resulta imposible individualizar la participación de los acusados en el delito de tentativa de homicidio por el que se les considera culpables, puesto que no es posible derivar de las pruebas las acciones cometidas y verificar cual de los acusados fue el responsable del disparo que lesiono gravemente al ofendido CRISTIAN ARIEL DOMINGUEZ CASTAÑEDA, de tal manera que ante lo anterior no es posible deducir una responsabilidad penal en contra de los imputados basados en meras suposiciones como lo hace el Tribunal Sentenciador, es decir que al momento de valorar los medios de prueba debió de haber individualizado la participación de cada uno de los acusados a efecto de determinar en forma objetiva cuál es su responsabilidad penal, de tal forma que el sentenciador comete un yerro al condenar a dos de los acusados sin que exista una prueba que individualice la participación y si existió grado de culpabilidad por los mismos. De las Reglas de la Sana Crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los Jueces de Sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Esta Sala de lo Penal ha considerado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09; también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). Valoración de la Prueba. En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica, es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común; De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). La Sana Critica como sistema de valoración de la prueba se asienta en tres pilares fundamentales: 1) REGLAS DE LA EXPERIENCIA COMÚN O MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: •Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. •Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o •Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) LAS REGLAS DE LA PSICOLOGÍA. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) LAS REGLAS DE LA LÓGICA. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica se fundamentan sobre leyes universales: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b) La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión está basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1.Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2.Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3.No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4.Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5.Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. Esta Sala de lo Penal al realizar el Examen por el vicio invocado y desarrollado por el impetrante fundamentado el artículo 362 numeral 3) del Código Penal en relación con la sentencia recurrida, esta Sala Penal hace referencia en relación que si una sentencia dictada “Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica”, supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho, lo que implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre si, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro, es un vicio atacable solo dentro del factum de la resolución dirigido a la contradicción “in términis”, en consecuencia, debe el impetrante precisar que vicio del hecho probado ataca y realizar su fustigación en los hechos probados en si, demostrando como en su opinión se da cualquiera de los supuestos. Que el impetrante cita la falta de valoración probatoria a algunos medios de prueba, pues el juzgador al observar lo dispuesto en el artículo 338 regla cuarta que manda valorar el acervo probatorio, de manera que los hechos probados tenga sentido y claridad en función de la lectura íntegra de los mismos con la norma sustantiva, lectura de la cual se aprecia que el Tribunal de Sentencia en el apartado de valoración de prueba en el acápite Quinto, realiza aseveraciones sobre el medio de prueba Reconstrucción de Hechos, tratando de engarzar dicho medio probatorio con lo dictaminado por los peritos balísticos fundamentando su fallo en dicha prueba y determinan lo siguiente: “con dicho medio de prueba el tribunal de sentencia logró tener una idea de lo que sucedido el día del hecho sometido a enjuiciamiento, en base a los relatos de los testigos de cargo, y a la asistencia de los peritos, que hicieron las acotaciones técnicas necesarias, para poder determinar si los dichos de los testigos concuerdan con las evidencias encontradas en los vehículos que participaron el día del hecho, en sus conclusiones los peritos balísticos confirmaron los dichos de los testigos, el sentido de la trayectoria de los disparos, sufridos a las personas que se encontraban según la posición de las victimas dentro del vehículo tipo camioneta marca Ford expedición, siendo que los peritos por su experticia pudieron determinar que las municiones que se utilizaron son de alta velocidad, disparadas por fusiles automáticos y de uso de la policía nacional en todo caso si bien no se pudo determinar que arma o armas se hicieron los disparos, por no contar con el decomiso de las armas asignadas a los procesados de autos, con el relato de los testigos que a la ves son ofendidos, y en base a las máximas de la experiencia común, podemos inferir que los agentes policiales Jorge Leonel Oliva Baca y Jaime Agenor Llanos Montoya, fueron los que utilizaron sus armas de reglamento para hacer los disparos, si bien podríamos apreciar que los mismos no fueron con la intención de matar según lo referido por los peritos, no es menos cierto que con su acción provocaron una lesión a un bien jurídico con ser la integridad física de Cristian Castañeda, en lo que respecta a José Miguelin Hernández agente policía cuya función era la de conducir la radio patrulla, por lo que no fue posible que hiciera uso de su arma de reglamento, que además bien pudo ser solo un arma que no utiliza municiones de alta velocidad, pero que tampoco esto lo excusa de alguna responsabilidad, en vista de que pudo manifestar a su compañero que dejaran de disparar, por lo que su actuar lo es en el grado de complicidad”. Esta valoración fáctica denota que el Tribunal de Sentencia deja entrever la falta de vinculación por la falta de recolección de medios probatorios que debieron evacuarse en el juicio o debate y valorarse en la sentencia recurrida para la formación de su convicción. El Artículo 336 del Código Procesal Penal en su párrafo primero establece que “El Tribunal, para resolver, solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y acuerdo con las reglas de la sana crítica; al igual que lo establecido en el artículo 338 regla cuarta numeral 2 del mismo cuerpo legal establece sobre la valoración de la prueba que debe realizar el Tribunal de Sentencia y que establece: “Seguidamente, se expresaran las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados”. Por lo que los medios de pruebas allegados al proceso judicial y precisamente en el juicio oral y público, verifica esta Sala de lo Penal que dicho Tribunal de Sentencia emite conclusiones y derivaciones mismas que no se basan en elementos probatorios formalmente incorporados, haciendo inferencia que viola las reglas de la sana crítica (lógica). Y que del planteamiento realizado por el Censor con respecto a las conclusiones arribadas por el juzgador de instancia a partir de la valoración probatoria ya descrita en el acápite quinto del apartado de la Valoración de la Sentencia de mérito; y que del legajo probatorio evacuado en el juicio o debate como medios probatorios se valoraron los siguientes: 1) Prueba Testifical de cargo, consistente en la declaración de los testigos Norma Yamileth Alvarado Gomez, (folio 410 de autos); Darwin Alexis Enamorado Moreno (folio 410 vuelto); Jose David Montoya (folio 411); testigos que el Tribunal les da credibilidad en el momento de darles valor probatorio; La declaración del Señor Cristian Ariel Domínguez Castañeda, (ofendido) (obra a folio 411 vuelto), esta declaración el tribunal la da por cierta por deducir que las declaraciones rendidas reúnen las misma características, al igual que las declaración de los Señores María Santana Calix (folio 411 vuelto); Amilcar Castañeda Machado (folio 412), por lo que el Tribunal de Sentencia les da valor probatorio al explicar que todos se encontraban en el lugar de los hechos. 2) Prueba pericial: Dictamen 7402-2010 con su respectivo álbum fotográfico del vehículo (folio 421 vuelto) ratificado por el Perito Marlon Geovany Gonzales, con el que el Tribunal llega a la conclusión que, se logra acreditar los orificios de bala que se encontró en el vehículo Ford y que en la reconstrucción de hechos se pudo ratificar; Dictamen Clínico No. 7403-2010, en el cual el a quo tuvo por acreditadas las lesiones que se le produjeron al señor Cristian Ariel Domínguez Castañeda, al momento que ocurrió el hecho. 3) Prueba documental (ver folio 413 frente y vuelto) (introducida por lectura autorizada) la que se encuentran en la primera pieza de autos. 4) Reconstrucción de Hechos (ver folio 414- 415 tomo IV) y con el medio tecnológico de almacenamiento, situación que viene a ser valorada por el Tribunal en su sentencia y por el cual ha sido objeto de recurso de casación. En el examen del proceso la sala ha verificado que en ningún momento del proceso se declaró el comiso de las armas que portaban los acusados, en la fecha que supuestamente ocurrieron los hechos, ni posteriormente por los hechos que se les juzga, por lo que no se despliega una certera convicción de quien cometió el hecho y en la cual fue objeto de lesiones el ofendido, quien fue evaluado por la Perito Forense Jamy Jisel Padilla Ordoñez, quien evaluó al Ofendido Cristian Ariel Domínguez Castañeda, habiéndose dado lectura al dictamen emitido N-1966-10 por dicha declarante quien respondió a las preguntas realizadas por los Representantes Legales como ser el Ministerio Público, Defensa Privada y la Defensa Pública no logrando extraer con certeza la derivación realizada por el a quo de la prueba. Por lo que es obligatorio que la sentencia sea congruente, verdadera y suficiente para no incurrir en la inobservancia del postulado esencial de la derivación que da contenido a la regla de la Lógica, por lo que el Tribunal no ha considerado en su valoración las reglas de la sana crítica, faltando así al postulado en referencia, considerando que en ningún momento se pudo acreditar con que tipo de arma o bala se infirió dichas lesiones al ofendido por no haberse acreditado en juicio, ni tampoco fueron objeto de peritaje para realizar la comparativa. De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Motivo único. Es de recibo. Esta Sala al examinar la sentencia recurrida observa que del estudio intelectivo realizado por el Tribunal de Sentencia al confrontar los hechos con el razonamiento en concordancia con los medios probatorios evacuados en juicio oral y público, encontramos que las conclusiones a las que ha arribado, no se ajustan a las reglas de la sana critica en relación a los principios de la derivación que exigen razón suficiente y fundada para emitir una conclusión, mismas que deben estar constituidas por inferencias razonables deducidas de la prueba, por lo que el razonamiento intelectivo del juzgador no se ha derivado de elementos auténticos o aptos para producir de manera razonable el convencimiento cierto, a efecto de disuadir cualquier duda razonable sobre del hecho declarado probado. DECISION Ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la defensa privada. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras por unanimidad de votos de la sala de lo penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 116 del Código Penal; 202, 336, 338, 359, 362 preámbulo y numeral 3) y 369 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declara HA LUGAR, el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su motivo único, interpuesto por el Abogado Víctor Ramón Cáceres Santos. SEGUNDO: Casa la Sentencia recurrida. TERCERO: Declara la nulidad del debate de juicio oral y público, y la sentencia de fecha seis de junio de dos mil diecinueve dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua. Y MANDA: I: Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, proceda a celebrar un nuevo juicio para resolver la acusación penal incoada por el Ministerio Público, en contra de los señores Jorge Leonel Oliva Baca, Jaime Agenor Llanos Montoya y José Miguelin Hernández Gonzales, como presuntos autores del delito de Homicidio en su grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de Cristian Ariel Dominguez Castañeda, en el cual deberán participar jueces distintos a aquellos que concurrieron a la audiencia de juicio que tuvo como resultado la sentencia de fecha seis de junio del año dos mil diecinueve. II: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Díaz Flores. NOTIFIQUESE. - Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. Mario Rolando Díaz Flores. Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora sala penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a catorce días del mes de junio de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada el nueve de abril del año dos mil veinticuatro, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-176-2020. RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL“ CERTIFICACION La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-176-2020, que literalmente dice: “ SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha nueve de abril del año dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Nelson Danilo Mairena Franco en su calidad de Coordinador, Mario Rolando Díaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-176-2020 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha seis de junio del año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, mediante la cual falló: PRIMERO: Absolvió a los señores Jorge Leonel Oliva Baca, Jaime Agenor Llanos Montoya y José Miguelin Hernández Gonzales, del delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de Amílcar Castañeda Machado, Efrén Roldan Valle Portillo, Wilson Omar Erazo Fiallos y José Adalid Montoya Dubón. SEGUNDO: Condenó a los señores Jorge Leonel Oliva Baca y Jaime Agenor Llanos Montoya, como autores directos del delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de Cristian Ariel Domínguez Castañeda, a la pena de diez años de reclusión; Asimismo, se les condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil durante la pena que dure la pena principal. TERCERO: Condenó al señor José Miguelin Hernández Gonzáles, como autor directo del delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, a título de cómplice, en perjuicio de Cristian Ariel Domínguez Castañeda, a la pena de dos años, seis meses de reclusión; Asimismo, se le condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil durante la pena que dure la pena principal. CUARTO: Declaró a los señores Jorge Leonel Oliva Baca, Jaime Agenor Llanos Montoya y José Miguelin Hernández Gonzales, civilmente responsables del importe de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por el delito cometido; Siendo el Juzgado de Ejecución correspondiente el que oportunamente conozca y resuelva lo que corresponda. QUINTO: Ordenó que se mantengan las medidas cautelares impuestas a los señores Jorge Leonel Oliva Baca y Jaime Agenor Llanos Montoya durante la sustanciación de la presente causa, hasta que la sentencia de mérito adquiera el carácter de firme; Otorgó el beneficio de la suspensión condicional de ejecución de la pena a favor del señor José Miguelin Hernández Gonzales por un termino de prueba de cinco años, lo cual consta en acta. SEXTO: No Procedió la condena en costas. Son partes en única instancia: El Abogado Víctor Ramón Cáceres Santos, en su condición de Defensor Privado de los señores Jorge Leonel Oliva Baca y Jaime Agenor Llanos Montoya, como parte recurrente. HECHOS PROBADOS “ PRIMERO: Que el día sábado 21 de agosto del año 2010, en horas de la noche se realizaba una fiesta bailable en el centro comunal de la aldea de Jardines Taulabe, del municipio de Taulabe, Departamento de Comayagua, siendo que aproximadamente a la 1:15 de la madrugada se reciben llamadas anónimas en la jefatura de la policía nacional preventiva de la ciudad de Taulabe, manifestando que habían personas que estaban haciendo disparos en la referida fiesta, razón por la cual los policía preventivos Jorge Leonel Oliva Baca, Jaime Agenor Llanos Montoya y Jose Miguelin Hernández Gonzales este último el motorista de la radio patrulla RPM 03-07, salen de la jefatura policial para verificar las denuncias. SEGUNDO: Posteriormente al llegar al centro comunal de la aldea de Jardines Taulabe, la RPM 03-07 con los agentes policiales Jorge Leonel Oliva Baca Jaime Agenor Llanos Montoya y el conductor Jose Miguelin Hernández Gonzales, encuentran un vehículo automotor marca Ford Expedition color dorado, en cual se encontraban Efrén Roldan Valle, Amílcar Castañeda Machado, Wilson Omar Erazo, Cristian Ariel Domínguez Castañeda y Jose David Montoya Dubon, siendo que estos al ver la radio patrulla, salen en velocidad pór lo que se inicia un persecución, sucediendo que los agentes policiales ante la imposibilidad de alcanzar el vehículo referido, hacen uso de sus armas de fuego y disparan en contra del vehículo automotor, resultado que Cristian Ariel Dominguez sufrió una herida en la cabeza por lo que fue necesario remitirlo a un centro asistencial para procurar su curación.” RECURSO DE CASACIÓN: El Recurrente Abogado Víctor Ramón Cáceres Santos, en su condición de defensor privado, procedió a formalizar su Recurso de Casación por quebrantamiento de forma de la manera siguiente: “EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION: No haber observado el Sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 # 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO En el caso de autos el Tribunal Sentenciador excluyo prueba de valor decisivo tal comp se explica: El precepto penal adjetivo que se invoca como infringido prescribe: “Artículo 202. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. En relación con el párrafo primero del artículo 336 del Código Procesal Penal Expuesto lo anterior, veamos en qué consisten los vicios de valoración de prueba en que incurrió el sentenciador de instancia: Al examinar el fallo censurado, se concluye claramente que el Tribunal de Sentencia recurrido valora en forma inadecuado los medios de pruebas evacuados en particular al momento de referirse a la participación de los acusados en el delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, en el apartado de valoración de la prueba en su numeral quinto establecen en relación a la reconstrucción de hechos “ Para estos jueces ....., siendo que los peritos por su experticia pudieron determinar que las municiones que se utilizaron son de alta velocidad, disparadas por fusiles automáticos y de uso de la policía nacional en todo caso no se pudo determinar que arma o que armas se hicieron los disparos, por no contar con el decomiso de las armas asignadas a los procesados de autos, con el relato de los testigos podemos inferir que los agentes policiales JORGE LEONEL OLIVA BACA y JAIME AGENOR LLANOS MONTOYA fueron los que utilizaron sus armas de reglamento para hacer los disparos........” , de lo anterior queda claramente establecido que al no haberse decomisado dichas armas de fuego a efecto de determinar cuál o cuáles de las mismas fueron disparadas, resulta imposible de individualizar la participación de los acusados en el delito por el que se les considera culpables puesto que no es posible determinar en forma efectiva quien de entre los acusados fue el responsable del disparo que lesiono gravemente al ofendido CRISTIAN ARIEL DOMINGUEZ CASTAÑEDA, de tal manera que ante lo anterior no es posible deducir una responsabilidad penal en contra de los acusados basados en meras suposiciones como lo hace el Tribunal Sentenciador, es decir que al momento de valorar los medios de prueba debió de haber individualizado la participación de cada uno de los acusados a efecto de determinar en forma objetiva cuál es su responsabilidad penal, de tal forma que el sentenciador comete un yerro al condenar a dos de los acusados sin que exista una prueba que individualice la participación que tuvo cada uno de ellos al momento en que supuestamente efectuaron los disparos y sobre todo al determinar quién de entre los encausados fue el que realizo el disparo que puso en peligro la vida de la víctima u ofendido, de lo anterior es evidente que el Sentenciador inobservo las reglas de la sana critica. En el transcurso del debate se escucharon los testimonios de los testigos WILSON OMAR ERAZO FIALLOS, NORMA YAMILETH ALVARADO GOMEZ, JOSE DAVID MONTOYA, CRISTHIAN ARIEL DOMINGUEZ CASTAÑEDA y AMILCAR CASTAÑEDA MACHADO , quienes al momento de declarar manifestaron que el día de los hechos se celebraba una fiesta en el salón comunal de la Aldea Jardines, Taulabe , cuando se produjo un relajo al interior de dicha fiesta, por lo que WILSON OMAR ERAZO FIALLOS, JOSE DAVID MONTOYA, CRISTHIAN ARIEL DOMINGUEZ CASTAÑEDA, AMILCAR CASTAÑEDA MACHADO y EFREN ROLDAN VALLE PORTILLO, salieron en carrera y se subieron a un vehículo tipo cnmioneta propiedad de este último, pretendiendo huir del problema, que momentos después fueron perseguidos por una patrulla de la policía del municipio de Taulabe, quienes comenzaron a dispararles, momento en el que resultaron heridos los señores JOSE DAVID MONTOYA y CRISTHI AN ARIEL DOMINGUEZ CASTAÑEDA, como consecuencia de los disparos efectuados presuntamente por los agentes policiales, en relación a este es importante señalar que dichos testigos manifestaron que a bordo de dicha patrulla policial se conducían varios agentes policiales, señalando algunos que entre 3 y 4 policías , y otros señalaron que fueron entre 5 y 7 agentes policiales, de lo anterior encontramos una clara inconsistencia en relación al número de policías que presuntamente participaron en la agresión en contra del ofendido.Es importante señalar que tal como lo refirieron los peritos balísticos, en la presente causa hubiese sido de fundamental importancia que se hubiese practicado la recolección de indicios ( casquillos, ojivas o balas) en el lugar en que ocurrieron los hechos , asimismo también hubiese resulta fundamental que se hubiesen decomisado las armas de fuego que portaban los agentes policiales a efecto de establecer cual o cuales de las armas de fuego de uso policial fueron utilizadas el día de los hechos, con lo anterior se hubiese podido determinar con exactitud a quien estaban asignadas las armas que presuntamente fueron utilizadas para disparar en contra de los ofendidos, sin embargo dicha diligencia lamentablemente no se practicó, por lo que no existe las más mínima certeza si los ahora acusados fueron quienes haciendo uso de sus armas de fuego asignadas fueron quienes dispararon en contra de los ofendidos, también debemos de tomar en consideración que algunos de los testigos manifestaron haber observado una segunda patrulla policial en la cual se transportaba otro grupo de policías sin que se pueda establecer a ciencia cierta quienes fueron estos otros agentes policiales que también acudieron a dicho lugar el día de los hechos, de lo anterior podemos inferir fácilmente que nos es posible afirmar con una certeza probatoria si los ahora acusados fueron los agentes policiales que dispararon en contra del ofendido ocasionándole lesiones de consideración, esto en realidad genera una duda razonable en cuanto a acreditar si los acusados JORGE LEONEL OLIVA BACA y JAIME AGENOR LLANOS MONCADA, utilizaron o no sus armas de fuego el día de los hechos, este punto sencillamente nos conduce a afirmar que nos es posible determinar una presunta responsabilidad por parte de los encausados en el delito por el cual han venido siendo acusados , pues no se ha podido individualizar su participación en los hechos por los cuales han venido siendo acusados. Por otra al ser preguntados los testigos y ofendidos, si pudieron reconocer a los agentes policiales que presuntamente los agredieron, los mismos manifestaron que no pudieron observar o distinguir a los agentes de la policía que dispararon en contra de ellos y que posteriormente los agredieron físicamente, en razón de lo cual y tomando en cuenta que los mismos testigos manifestaron haber visto a dos grupos de policías ( de entre 3 a 7 en total) y dos patrullas policiales al momento en que ocurrieron los hechos, por lo cual no resulta posible individualizar quienes fueron los presuntos agresores de las víctimas, con lo cual se genera duda razonable. El testigo CRISTHIAN ARIEL DOMINGUEZ CASTAÑEDA, manifestó en su declaración que producto de la agresión por parte de agentes policiales resulto con una herida por arma de fuego en su cabeza, esto no lo ponemos en duda en ningún momento puesto que existe un dictamen médico que refuerza su testimonio, sin embargo como defensa cuestionamos la fiabilidad de su declaración, en virtud del siguiente aspecto, dicho testigo manifestó que al momento de los hechos resulto con una herida en la cabeza ( esto le produjo una minusvalía en su brazo y pierna izquierda como pudimos apreciar, de donde por simple deducción entendemos que se trató de una herida muy grave), en su declaración dicho testigo manifestó que después de los disparos efectuados presuntamente por agentes policiales, resulto herido en su cabeza, que en ese momento el conductor de la camioneta logro dar la vuelta en el vehículo y regresar por la misma calle en donde se encontraba estacionado un vehículo, pudiendo percatarse en ese momento que se trataba de la patrulla policial de Taulabe, no obstante a lo anterior como defensa cuestionamos la credibilidad de dicho testimonio en relación al siguiente punto, para nosotros como defensa resulta inconcebible que dicho testigo, con un disparo en la cabeza, zona vital del cuerpo, haya podido permanecer consciente habida cuenta de la gravedad de dicha lesión , tal como lo dejo reflejado en su dictamen la doctora YAMI GISSELLE PADILLA ORDOÑEZ , quien consigno que el ofendido presentaba una herida o trauma cráneo encefálica abierta (en la cabeza), que ingreso al hospital con una falla ventilatoria (es decir el mismo era incapaz de respirar por sí mismo), otorgándole una incapacidad de treinta cinco días, en el cual estableció que efectivamente existió peligro de muerte, siendo así las cosas resulta evidente que dicho ofendido después de recibir un disparo en la cabeza perdió la conciencia casi de forma inmediata, por lo que resulta evidente que el mismo después de recibir el disparo en la cabeza, no pudo observar el vehículo que según sus palabras identifico como la patrulla policial de Taulabe, nosotros no somos médicos ni tenemos conocimientos médicos, pero la lógica y el sentido común nos indican que este testigo después de recibir un “ impacto de bala en la cabeza perdió el conocimiento casi de forma inmediata o por lo menos su capacidad de comprensión se vio disminuida sino anulada, por lo cual no pudo haber visto que tipo de vehículo era el que supuestamente los perseguía y dese el cual presuntamente se les realizaban los disparos, en razón de lo cual consideramos que su testimonio en ese aspecto puntual carece de veracidad y en consecuencia el mismo no puede servir como fundamento para una sentencia condenatoria. En conclusión, si bien es cierto que el Tribunal de Sentencia tiene la potestad de valorar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica racional, que reconocen su discrecionalidad y la someten a criterios objetivos, que nos permiten librarnos de valoraciones arbitrarias o erróneas. Desde luego, la arbitrariedad o el error pueden darse, como en el presente caso, al interpretar en forma equivoca las pruebas recibidas lo que permite que se emita un fallo incorrecto y lejos del esclarecimiento de la verdad, que es el fin del Proceso Penal. Conforme a lo expuesto se concluye, que si el Tribunal Sentenciador recurrido hubiera apreciado en forma conjunta la prueba evacuada, indiscutiblemente habrían determinado que los encausados JORGE LEONEL OLIVA BACA y JAIME AGENOR LLANOS MONTOYA, no son responsables del delito de HOMICIDIO SIMPLE EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA en perjuicio de CRISTIAN ARIEL DOMINGUEZ CASTAÑEDA, tal como se ha dejado establecido. El Tribunal no ha considerado su valoración siguiendo las reglas de la Sana Crítica, faltando así al postulado de Derivación integrado por el Principio de Razón Suficiente en su característica de Suficiencia, resultando en una Sentencia Condenatoria diferente a los medios de prueba evacuados y las pretensiones de la defensa, pues los mismos medios de prueba aportados por el Ministerio Publico no resultaron contundentes para emitir un fallo condenatorio por el delito de HOMICIDIO SIMPLE EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, de lo que se desprende que el razonamiento intelectivo del Juzgador no se ha derivado de elementos auténticos o aptos para producir, de manera razonable, el convencimiento cierto respecto del hecho enjuiciable. Finalmente es necesario indicar que con lo antes expuesto se intenta hacer prevalecer bajo la óptica de un juicio contradictorio, apoyado por una defensa técnica sólida y el papel de un Juzgador guiado por la búsqueda de la Justicia Penal pronta y expedita, regulada en el artículo 8 del Código Procesal Penal. Como podréis observar, ilustrísimo Tribunal de Casación, si nos remitimos a la prueba descrita y la confrontamos con el razonamiento del Tribunal, encontramos que esa conclusión valorativa como motivación es inválida pues no se ajusta a los principios de la derivación que exigen razón suficiente y fundada de cada conclusión, mismas que deben estar constituidas por inferencias razonables deducidas de la prueba. Como se ha demostrado con la exposición del recurso, la sentencia objetada adolece de graves vicios de forma, que se traduce en la Condena de los acusados por el delito de HOMICIDIO SIMPLE EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, siendo violatorios del sistema de la Sana Critica racional que inspira el modelo procesal vigente, en consecuencia el vicio denunciado se afirma, traduciéndose en quebrantamiento de forma. Por haberse producido él vicio en el propio acto de sentenciar, no ha sido posible reclamar su subsanación.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la Defensa Privada. Único Motivo. • Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; • Norma adjetiva que se denuncia infringida: Artículos 202 del Código Procesal Penal; • Concepto de la infracción: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de sana critica; • Reclamación Ex Ante: Por haberse producido el vicio en el mismo acto de sentenciar; • Pretensión: Se dicte resolución que por ley corresponde. Establece el recurrente que, el a quo ha violentado las reglas de la Sana Critica en el Principio de Razón Suficiente específicamente en el de derivación al momento de realizar la valoración de la prueba, expone que “en el apartado de valoración de la prueba en su numeral quinto establecen en relación a la reconstrucción de hechos “ Para estos jueces ....., siendo que los peritos por su experticia pudieron determinar que las municiones que se utilizaron son de alta velocidad, disparadas por fusiles automáticos y de uso de la policía nacional en todo caso no se pudo determinar que arma o que armas se hicieron los disparos, por no contar con el decomiso de las armas asignadas a los procesados de autos, con el relato de los testigos podemos inferir que los agentes policiales JORGE LEONEL OLIVA BACA y JAIME AGENOR LLANOS MONTOYA fueron los que utilizaron sus armas de reglamento para hacer los disparos...” , de lo anterior se señala la mala derivación realizada por el sentencia dor de la prueba pues queda claramente establecido que al no haberse decomisado dichas armas de fuego a efecto de determinar cuál o cuáles de las mismas fueron disparadas, resulta imposible individualizar la participación de los acusados en el delito de tentativa de homicidio por el que se les considera culpables, puesto que no es posible derivar de las pruebas las acciones cometidas y verificar cual de los acusados fue el responsable del disparo que lesiono gravemente al ofendido CRISTIAN ARIEL DOMINGUEZ CASTAÑEDA, de tal manera que ante lo anterior no es posible deducir una responsabilidad penal en contra de los imputados basados en meras suposiciones como lo hace el Tribunal Sentenciador, es decir que al momento de valorar los medios de prueba debió de haber individualizado la participación de cada uno de los acusados a efecto de determinar en forma objetiva cuál es su responsabilidad penal, de tal forma que el sentenciador comete un yerro al condenar a dos de los acusados sin que exista una prueba que individualice la participación y si existió grado de culpabilidad por los mismos. De las Reglas de la Sana Crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los Jueces de Sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Esta Sala de lo Penal ha considerado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09; también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). Valoración de la Prueba. En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica, es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común; De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). La Sana Critica como sistema de valoración de la prueba se asienta en tres pilares fundamentales: 1) REGLAS DE LA EXPERIENCIA COMÚN O MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: •Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. •Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o •Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) LAS REGLAS DE LA PSICOLOGÍA. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) LAS REGLAS DE LA LÓGICA. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica se fundamentan sobre leyes universales: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b) La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión está basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1.Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2.Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3.No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4.Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5.Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. Esta Sala de lo Penal al realizar el Examen por el vicio invocado y desarrollado por el impetrante fundamentado el artículo 362 numeral 3) del Código Penal en relación con la sentencia recurrida, esta Sala Penal hace referencia en relación que si una sentencia dictada “Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica”, supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho, lo que implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre si, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro, es un vicio atacable solo dentro del factum de la resolución dirigido a la contradicción “in términis”, en consecuencia, debe el impetrante precisar que vicio del hecho probado ataca y realizar su fustigación en los hechos probados en si, demostrando como en su opinión se da cualquiera de los supuestos. Que el impetrante cita la falta de valoración probatoria a algunos medios de prueba, pues el juzgador al observar lo dispuesto en el artículo 338 regla cuarta que manda valorar el acervo probatorio, de manera que los hechos probados tenga sentido y claridad en función de la lectura íntegra de los mismos con la norma sustantiva, lectura de la cual se aprecia que el Tribunal de Sentencia en el apartado de valoración de prueba en el acápite Quinto, realiza aseveraciones sobre el medio de prueba Reconstrucción de Hechos, tratando de engarzar dicho medio probatorio con lo dictaminado por los peritos balísticos fundamentando su fallo en dicha prueba y determinan lo siguiente: “con dicho medio de prueba el tribunal de sentencia logró tener una idea de lo que sucedido el día del hecho sometido a enjuiciamiento, en base a los relatos de los testigos de cargo, y a la asistencia de los peritos, que hicieron las acotaciones técnicas necesarias, para poder determinar si los dichos de los testigos concuerdan con las evidencias encontradas en los vehículos que participaron el día del hecho, en sus conclusiones los peritos balísticos confirmaron los dichos de los testigos, el sentido de la trayectoria de los disparos, sufridos a las personas que se encontraban según la posición de las victimas dentro del vehículo tipo camioneta marca Ford expedición, siendo que los peritos por su experticia pudieron determinar que las municiones que se utilizaron son de alta velocidad, disparadas por fusiles automáticos y de uso de la policía nacional en todo caso si bien no se pudo determinar que arma o armas se hicieron los disparos, por no contar con el decomiso de las armas asignadas a los procesados de autos, con el relato de los testigos que a la ves son ofendidos, y en base a las máximas de la experiencia común, podemos inferir que los agentes policiales Jorge Leonel Oliva Baca y Jaime Agenor Llanos Montoya, fueron los que utilizaron sus armas de reglamento para hacer los disparos, si bien podríamos apreciar que los mismos no fueron con la intención de matar según lo referido por los peritos, no es menos cierto que con su acción provocaron una lesión a un bien jurídico con ser la integridad física de Cristian Castañeda, en lo que respecta a José Miguelin Hernández agente policía cuya función era la de conducir la radio patrulla, por lo que no fue posible que hiciera uso de su arma de reglamento, que además bien pudo ser solo un arma que no utiliza municiones de alta velocidad, pero que tampoco esto lo excusa de alguna responsabilidad, en vista de que pudo manifestar a su compañero que dejaran de disparar, por lo que su actuar lo es en el grado de complicidad”. Esta valoración fáctica denota que el Tribunal de Sentencia deja entrever la falta de vinculación por la falta de recolección de medios probatorios que debieron evacuarse en el juicio o debate y valorarse en la sentencia recurrida para la formación de su convicción. El Artículo 336 del Código Procesal Penal en su párrafo primero establece que “El Tribunal, para resolver, solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y acuerdo con las reglas de la sana crítica; al igual que lo establecido en el artículo 338 regla cuarta numeral 2 del mismo cuerpo legal establece sobre la valoración de la prueba que debe realizar el Tribunal de Sentencia y que establece: “Seguidamente, se expresaran las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados”. Por lo que los medios de pruebas allegados al proceso judicial y precisamente en el juicio oral y público, verifica esta Sala de lo Penal que dicho Tribunal de Sentencia emite conclusiones y derivaciones mismas que no se basan en elementos probatorios formalmente incorporados, haciendo inferencia que viola las reglas de la sana crítica (lógica). Y que del planteamiento realizado por el Censor con respecto a las conclusiones arribadas por el juzgador de instancia a partir de la valoración probatoria ya descrita en el acápite quinto del apartado de la Valoración de la Sentencia de mérito; y que del legajo probatorio evacuado en el juicio o debate como medios probatorios se valoraron los siguientes: 1) Prueba Testifical de cargo, consistente en la declaración de los testigos Norma Yamileth Alvarado Gomez, (folio 410 de autos); Darwin Alexis Enamorado Moreno (folio 410 vuelto); Jose David Montoya (folio 411); testigos que el Tribunal les da credibilidad en el momento de darles valor probatorio; La declaración del Señor Cristian Ariel Domínguez Castañeda, (ofendido) (obra a folio 411 vuelto), esta declaración el tribunal la da por cierta por deducir que las declaraciones rendidas reúnen las misma características, al igual que las declaración de los Señores María Santana Calix (folio 411 vuelto); Amilcar Castañeda Machado (folio 412), por lo que el Tribunal de Sentencia les da valor probatorio al explicar que todos se encontraban en el lugar de los hechos. 2) Prueba pericial: Dictamen 7402-2010 con su respectivo álbum fotográfico del vehículo (folio 421 vuelto) ratificado por el Perito Marlon Geovany Gonzales, con el que el Tribunal llega a la conclusión que, se logra acreditar los orificios de bala que se encontró en el vehículo Ford y que en la reconstrucción de hechos se pudo ratificar; Dictamen Clínico No. 7403-2010, en el cual el a quo tuvo por acreditadas las lesiones que se le produjeron al señor Cristian Ariel Domínguez Castañeda, al momento que ocurrió el hecho. 3) Prueba documental (ver folio 413 frente y vuelto) (introducida por lectura autorizada) la que se encuentran en la primera pieza de autos. 4) Reconstrucción de Hechos (ver folio 414- 415 tomo IV) y con el medio tecnológico de almacenamiento, situación que viene a ser valorada por el Tribunal en su sentencia y por el cual ha sido objeto de recurso de casación. En el examen del proceso la sala ha verificado que en ningún momento del proceso se declaró el comiso de las armas que portaban los acusados, en la fecha que supuestamente ocurrieron los hechos, ni posteriormente por los hechos que se les juzga, por lo que no se despliega una certera convicción de quien cometió el hecho y en la cual fue objeto de lesiones el ofendido, quien fue evaluado por la Perito Forense Jamy Jisel Padilla Ordoñez, quien evaluó al Ofendido Cristian Ariel Domínguez Castañeda, habiéndose dado lectura al dictamen emitido N-1966-10 por dicha declarante quien respondió a las preguntas realizadas por los Representantes Legales como ser el Ministerio Público, Defensa Privada y la Defensa Pública no logrando extraer con certeza la derivación realizada por el a quo de la prueba. Por lo que es obligatorio que la sentencia sea congruente, verdadera y suficiente para no incurrir en la inobservancia del postulado esencial de la derivación que da contenido a la regla de la Lógica, por lo que el Tribunal no ha considerado en su valoración las reglas de la sana crítica, faltando así al postulado en referencia, considerando que en ningún momento se pudo acreditar con que tipo de arma o bala se infirió dichas lesiones al ofendido por no haberse acreditado en juicio, ni tampoco fueron objeto de peritaje para realizar la comparativa. De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Motivo único. Es de recibo. Esta Sala al examinar la sentencia recurrida observa que del estudio intelectivo realizado por el Tribunal de Sentencia al confrontar los hechos con el razonamiento en concordancia con los medios probatorios evacuados en juicio oral y público, encontramos que las conclusiones a las que ha arribado, no se ajustan a las reglas de la sana critica en relación a los principios de la derivación que exigen razón suficiente y fundada para emitir una conclusión, mismas que deben estar constituidas por inferencias razonables deducidas de la prueba, por lo que el razonamiento intelectivo del juzgador no se ha derivado de elementos auténticos o aptos para producir de manera razonable el convencimiento cierto, a efecto de disuadir cualquier duda razonable sobre del hecho declarado probado. DECISION Ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la defensa privada. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras por unanimidad de votos de la sala de lo penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 116 del Código Penal; 202, 336, 338, 359, 362 preámbulo y numeral 3) y 369 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declara HA LUGAR, el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su motivo único, interpuesto por el Abogado Víctor Ramón Cáceres Santos. SEGUNDO: Casa la Sentencia recurrida. TERCERO: Declara la nulidad del debate de juicio oral y público, y la sentencia de fecha seis de junio de dos mil diecinueve dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua. Y MANDA: I: Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, proceda a celebrar un nuevo juicio para resolver la acusación penal incoada por el Ministerio Público, en contra de los señores Jorge Leonel Oliva Baca, Jaime Agenor Llanos Montoya y José Miguelin Hernández Gonzales, como presuntos autores del delito de Homicidio en su grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de Cristian Ariel Dominguez Castañeda, en el cual deberán participar jueces distintos a aquellos que concurrieron a la audiencia de juicio que tuvo como resultado la sentencia de fecha seis de junio del año dos mil diecinueve. II: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Díaz Flores. NOTIFIQUESE. - Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. Mario Rolando Díaz Flores. Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora sala penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a catorce días del mes de junio de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada el nueve de abril del año dos mil veinticuatro, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-176-2020.
RINA KORITZA SANDOVAL NAVA
RECEPTORA SALA PENAL