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Sentencia CP-169-23 — Registro 18965

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Usurpación en perjuicio del Inmobiliaria Suarez Lardizábal, S.A, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y se Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...

De la Procedencia del Recurso de Casación por Infracción de ley. Primer y Segundo Motivo. El recurso no es de recibo. A esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como Contralor de la aplicación de la Ley Sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la Sentencia. El Recurso de Casación por Infracción de Ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la Ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la Sentencia y poniéndolos en relación con la norma de Derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de Contralor Jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la Sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse partiendo de los Hechos Probados que contiene la sentencia cuestionada, puesto que el vicio, en esencia, consiste en que la decisión adoptada por el Juzgador en la Parte Resolutiva de la Sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la Narración Fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que debe aplicarse al caso concreto, pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. El recurrente en su primer motivo casacional establece que se ha infringido el artículo 338 del Código Procesal Penal regla cuarta numeral 3 del Código Procesal Penal que establece los requisitos de la sentencia en la fundamentación jurídica, después que el juzgador al valorar la prueba cometió un error iudicando, es como se comete el error en la norma sustantiva. En su segundo motivo casacional establece que se ha infringido el artículo 338 del Código Procesal Penal regla cuarta numeral 3 del Código Procesal Penal que establece los requisitos de la sentencia en la fundamentación jurídica. Se ataca la sentencia dictada por el A-quo por considerar que el órgano sentenciador después de valorar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, llevándolo a formar su convicción y sin valorar la prueba producida de manera conjunta y armónica, lo llevo a incurrir en un error iudicando, al realizar una interpretación errónea de precepto penal aplicable al caso penal en concreto; además establece en el mismo las conclusiones a un medio de prueba como es el peritaje realizado por Leopoldo Aguilar López y Ramón Maximiliano Suazo. Esta Sala de lo Penal observa que, en el presente caso, el motivo de Casación por Infracción de Ley Sustantiva invocado por el recurrente carece de claridad y precisión. Lo anterior, en razón a que el recurrente en primer lugar no cita una norma sustantiva sino una norma de carácter procesal no ha fundamentado de conformidad a derecho en manera alguna su pretensión recursiva, ni ha determinado si el vicio de la sentencia recurrida se encuentra enmarcado en falta de aplicación, aplicación indebida o en una interpretación errónea en su aplicación (vid. Art. 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal). La defectuosa técnica de casación utilizada por el recurrente hace imposible el análisis objetivo de subsunción del tipo penal, pues no basta únicamente con plantear el alegato en abstracto, sino que para que este pueda admitirse y analizarse jurídicamente, es preciso que el mismo esté dotado de suficientes argumentos válidos y razonamientos fundados en la teoría del delito, como esencia misma del derecho penal. El recurrente no expone en que parte del cuadro fáctico plasmado por el Tribunal de Instancia en la sentencia, existe la infracción al precepto penal que debió ser observado y que ha provocado una errónea fundamentación jurídica, requisito indispensable para que esta Sala de lo Penal pueda ejercer debidamente el control casacional para este tipo de recurso, lo que no es posible en el presente caso, ya que el recurrente no expone de forma clara, que precepto o porqué el precepto penal infringido, no está de acuerdo con los hechos que se declararon probados en la sentencia y, como ya se dijo, centra su alegato en otro motivo casacional diferente al interpuesto, por lo que imposibilita a esta Sala, poder pronunciarse en relación a la infracción de ley anunciada como motivo casacional.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"... Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, conforme al Código Penal 144-83, se impuso a los señores Nery Humberto Calix y Rosa Argelia Rodas Canales por el delito Usurpación en perjuicio de Inmobiliaria Suarez Lardizábal, S.A., a la pena de Cuatro (4) años de reclusión, mas las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil y la responsabilidad civil. Conforme al Decreto número 93-2021 de fecha 7 de octubre de 2021 en la que reforma el artículo 378 del Código Penal decreto 130-2017, establece un apena de cuatro (4) a seis (6) años de prisión para el delito de Usurpación, marco abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de libertad impuesta a los acusados. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal..."

Legislación citada

  • Código Penal No. 130-17, art. 615 y 616 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-169-2023, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha cuatro de noviembre del año dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Nelson Danilo Mairena Franco, en su calidad de Coordinador, Mario Rolando Díaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 169-2023 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha diez de enero del año dos mil veintitrés, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Nery Humberto Calix, por el delito de Usurpación, en perjuicio del Inmobiliaria Suarez Lardizábal, S.A. a la pena de cuatro años de reclusión. Segundo: Condenó a la señora Rosa Argelia Rodas Canales, por el delito de Usurpación, en perjuicio del Inmobiliaria Suarez Lardizábal, S.A. a la pena de cuatro años de reclusión. Tercero: Se les impuso a los acusados Nery Humberto Calix y Rosa Argelia Rodas Canales, las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil respectivamente, durante el tiempo de duración de la pena principal. Cuarto: Declaró la responsabilidad civil de los señores Nery Humberto Calix y Rosa Argelia Rodas Canales, la cual será tazada en la fase de ejecución de esta sentencia a favor de la inmobiliaria Suarez Lardizábal S.A. Quinto: Ordenó el inmediato desalojo de todas las personas que estén ocupando de manera ilegal en dichos predios, sin perjuicio de aquellos que hayan hecho arreglo con la inmobiliaria Suarez Lardizábal S.A., todo lo cual deberá llevarse a cabo en fase de ejecución de sentencia. Sexto: No Procedió condenar en costas de los condenados; ni tampoco el comiso, dado la naturaleza del juicio. SON PARTES: El Abogado Marlon Javier Arévalo Cerna, en su condición de Defensor Privado de los señores Nery Humberto Calix y Rosa Argelia Rodas Canales, como parte recurrente; y La Abogada Keylie Melissa Vásquez Moreno, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: En fecha veintinueve (29) de septiembre del año mil novecientos sesenta y cinco (1965), se constituyó mediante Escritura Publica número 35, emitida por el Notario Justiniano Vásquez, la Sociedad Anónima de INMOBILIARIA SUAREZ LARDIZABAL, S. A., registrándose dicha constitución de Sociedad en el Registro de la Propiedad y Mercantil de Francisco Morazán, bajo número 60, tomo 42, folios del 283 al 296, otorgada por la señora Julia Lardizábal Zuniga viuda de Suarez, Claudia Suarez de Valverde, Florencia Suarez Lardizábal, Lisandro Antonio Suarez Lardizábal y Julio Leonardo Suarez Lardizábal, en dicha escritura de constitución de sociedad, en el inciso D), el Ingeniero Lisandro Antonio Suarez Lardizábal, aportó en calidad de acciones el inmueble identificado como “LOTE B 2”, el cual consta de un área de ochocientos ochenta y nueve manzanas cuadradas punto setenta y cinco centésimas de manzana cuadrada (889.75 M2), cuyos límites poligonales se desprenden desde el portillo de Triquilapa de la línea divisoria Zuniga Smith hasta el mojón “B”, de la poligonal general de la hacienda; de este punto y con rumbo oeste, sigue la línea poligonal hasta llegar al mojón del rio Bueno; toma la línea poligonal con rumbo norte, hasta llegar al mojón esquinero que limita con los terrenos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, limitando a inmediaciones de la convergencia de la calle que de ésta ciudad conduce a la Aldea de Suyapa, y carretera hacia el Oriente; continuando la poligonal, con rumbo Este, hasta su encuentro con el mojón "Y1", continuando la línea poligonal perimetral, hasta el punto “Y”, esquinero de Alfonzo Mejía Godoy y sector B1 y de aquí en línea recta hasta el portillo de Triquilapa, teniendo los siguientes limites generales: AL NORTE: Terrenos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y Lote “B1”; AL SUR: Lote “B-3”; AL ESTE: Lote “B1” y tierras de la Familia Smith; AL OESTE: Terrenos de la zona “A” y Hato de En medio; mismo, que está registrado bajo clave catastral municipal número 18- 0064-001. SEGUNDO: Dicho inmueble en mención, se desprende del Título “El Trapiche”, inscrito el 5 de febrero del año 1908, bajo número 11, folio 11 al 40, Tomo 4 del Registro de la Propiedad de este Departamento de Francisco Morazán, cuya propietaria era la señora Julia Lardizábal Zuniga viuda de Suarez madre de los hermanos Suárez Lardizábal, quienes lo recibieron en Donación a su favor el 27 de diciembre del año 1963. Dicha propiedad, trae consigo un tracto sucesivo amplio extendido por el entonces presidente Miguel R. Dávila, a favor de los herederos de la señora Reymunda Inestroza de Zuniga, en fecha 25 de agosto de 1906, con un área de 99 caballerías y 51 centésimas de caballería y que posteriormente obtuvo la señora Julia Lardizábal Zuniga viuda de Suarez. SEGUNDO: Actualmente, dentro del Lote “B2”, propiedad de Inmobiliaria Suarez Lardizábal, S. A., y antes descrito, se encuentran varias construcciones de viviendas incluyendo la de la señora Rosa Argelia Rodas Canales, más un número indeterminado de viviendas construidas en su mayoría de madera, bloques y láminas de zinc y Aluzinc, con servicio de energía eléctrica; dichos lotes, fueron vendidos a partir del año 2008, por el señor Nery Humberto Calix y Rosa Argelia Rodas Canales, mediante documentos privados, sin ser propietarios; asimismo, la señora Rosa Argelia Rodas Canales, ocupa uno de los predios sin haberlo comprado legalmente a la Inmobiliaria Suarez Lardizábal, S. A., quienes son propietarios.” RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Marlon Javier Arévalo Cerna, Defensor Privado del señor Nery Humberto Calix y Rosa Argelia Rodas Canales, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley, de la manera siguiente“EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN MOTIVO PRIMERO Por haber incurrido el sentenciador en Infracción de Precepto Penal. El presente motivo de Casación se encuentra Comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DE MOTIVOS Esta defensa en el desarrollo de este recurso pretende demostrar el vicio in indicando en que ha incurrido el órgano jurisdiccional y que causa agravio al valor justicia. Para los efectos de este motivo se cita como infringido el artículo 338 del Código Procesal Penal, Regla Cuarta numeral 3 que establece los requisitos de la Sentencia específicamente la fundamentación Jurídica que dice. “En párrafo también separados y numerados se consignaran de forma clara, sucinta y precisa, con indicación de los preceptos o doctrina legal aplicables, los fundamentos legales de la calificación legal de los hechos que se hubiesen tenido para cada uno de los procesados; de las causas de exención, atenuación o agravación de la responsabilidad penal, en caso de que concurra alguna de ellas, y de las penas que se impongan en caso de condena así como, los fundamentos doctrinales y legales de la responsabilidad civil en que pudieran haber incurrido las personas acusadas u otras sujetas a ella; del pronunciamiento sobre las costas; y de las disposiciones que puedan adoptarse sobre el destino de los objetos secuestrados.” Se ataca la sentencia dictada por el A-quo por considerar que el órgano sentenciador después de valorar la prueba conforme a las Reglas de la Sana Critica, llevándolo a formar su convicción y sin valorar la prueba producida de manera conjunta y armónica, lo llevo a incurrir en un error in iudicando, al realizar una interpretación errónea de precepto penal aplicable al caso penal en concreto. La sentencia que ahora se recurre y que fuera dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa del departamento de Francisco Morazán declaro como hechos probados los siguientes: En fecha veintinueve (29) de septiembre del año mil novecientos sesenta y cinco (1965), se constituyó mediante Escritura Publica número 35, emitida por el Notario Justiniano Vásquez, la Sociedad Anónima de INMOBILIARIA SUAREZ LARDIZABAL, SA, registrándose dicha constitución de Sociedad en el Registro de la Propiedad y Mercantil de Francisco Morazán, bajo número 60, tomo 42, folios del 283 al 296, otorgada por la señora Julia Lardizábal Zuniga viuda de Suarez, Claudia Suarez de Valverde, Florencia Suarez Lardizábal, Lisandro Antonio Suarez Lardizábal y Julio Leonardo Suarez Lardizábal, en dicha escritura de constitución de sociedad, en el inciso D), el Ingeniero Lisandro Antonio Suarez Lardizábal, aportó en calidad de acciones el inmueble identificado como “LOTE B 2”, el cual consta de un área de ochocientos ochenta y nueve manzanas cuadradas punto setenta y cinco centésimas de manzana cuadrada (889.75 M2), cuyos límites poligonales se desprenden desde el portillo de Triquilapa de la línea divisoria Zuniga Smith hasta el mojón “B”, de la poligonal general de la hacienda; de este punto y con rumbo oeste, sigue la línea poligonal hasta llegar al mojón del rio Bueno; toma la línea poligonal con rumbo norte, hasta llegar al mojón esquinero que limita con los terrenos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, limitando a inmediaciones de la convergencia de la calle que de esta ciudad conduce a la Aldea de Suyapa, y carretera hacia el Oriente; continuando la poligonal, con rumbo Este, hasta su encuentro con el mojón “YT”, continuando la línea poligonal perimetral, hasta el punto “V”, esquinero de Alfonzo Mejia Godoy y sector B1 y de aquí en línea recta hasta el portillo de Triquilapa, teniendo los siguientes limites generales. AL NORTE Terrenos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y Lote “B1”; AL SUR Lote “B-3”; AL ESTE. Lote “B1” y tierras de la Familia Smith; AL OESTE Terrenos de la zona “A” y Hato de En medio; mismo, que está registrado bajo clave catastral municipal número 18-0064-001. SEGUNDO. Dicho inmueble en mención, se desprende del Título “El Trapiche”, inscrito el 5 de febrero del año 1908, bajo número 11. folio 11 al 40. Tomo 4 del Registro de la Propiedad de este Departamento de Francisco Morazán, cuya propietaria era la señora Julia Lardizábal Zuniga viuda de Suarez madre de los hermanos Suárez Lardizábal, quienes lo recibieron en Donación a su favor el 27 de diciembre del año 1963.- Dicha propiedad, trae consigo un tracto sucesivo amplio extendido por el entonces presidente Miguel R. Dávila, a favor de los herederos de la señora Reynunda Inestroza de Zuniga, en fecha 25 de agosto de 1906, con un área de 99 caballerías y 51 centésimas de caballería y que posteriormente obtuvo la señora Julia Lardizábal Zuniga viuda de Suarez. TERCERO, Actualmente, dentro del Lote “B2”, propiedad de Inmobiliaria Suarez Lardizábal, S. A y antes descrito, se encuentran varias construcciones de viviendas incluyendo la de la señora Rosa Argelia Rodas Canales, más un número indeterminado de viviendas construidas en su mayoría de madera, bloques y láminas de zinc y Aluzinc, con servicio de energía eléctrica; dichos lotes, fueron vendidos a partir del año 2008, por el señor Nery Humberto Calix y Rosa Argelia Rodas Canales, mediante documentos privados, sin ser propietarios; asimismo, la señora Rosa Argelia Rodas Canales, ocupa uno de los predios sin haberlo comprado legalmente a la Inmobiliaria Suarez Lardizábal, S A., quienes son propietarios. Al analizar los hechos probado de la Sentencia nos damos cuenta que existe un error de disconformidad en las ideas y representaciones con la naturaleza de las cosas ocurridas, teniendo como resultado una apreciación falsa de lo acontecido, en este sentido nos permitiremos analizar los hechos probado. ERROR IN IUDICANDO POR INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA, QUE PERMITE RECURIR LA SENTENCIA INJUSTA DICTADA POR EL ORGANO SENTENCIADOR El Sentenciador incurre en un grave error de disconformidad de sus ideas y representaciones con la naturaleza de las cosas, es una apreciación falsa de lo que ocurre; el error es una falsa idea que tenemos de algo que no resulta ser tal cual lo creemos. Para SERVIO TULIO RUIZ el error es una deformidad entre el ser de un objeto tal como es advertido y el ser mismo objeto de la realidad... entonces el error consiste en la diferencia que hay entre la presunción y la realidad, entre el conocimiento y la verdad. (Ver Servio Tulio Ruiz, Teoría del Hecho Punible, Bogotá, Librería del Profesional. 1980, Pág. 39) Para JESÚS IGNACIO GARCÍA VALENCIA, puntualiza que el error de todas maneras es un problema de conocimiento, la ideo-representación no corresponde a lo que acontece en el mundo objetivo. (Ver Jesús Ignacio García Valencia, Las Causales de Inculpabilidad. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Santa Fe Bogotá 1194, Pág. 134) Al establecer el A-quo como hecho probado lo antes mencionado, es claro y evidente que el Tribunal Sentenciador en la fundamentación jurídica administración erróneamente, cuando decide declarar culpable a mis representados en virtud de no haber integrado en su totalidad la prueba fundamental que es la pericial. MOTIVO SEGUNDO, Por haber incurrido el sentenciador en Infracción de Precepto Penal. El presente motivo encuentra Comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. de Casación EXPLICACIÓN DE MOTIVOS Esta defensa en el desarrollo de este recurso pretende demostrar el vicio in indicando en que ha incurrido el órgano jurisdiccional y que causa agravio al valor justicia. Para los efectos de este motivo se cita como infringido el artículo 338 del Código Procesal Penal, Regla Cuarta numeral 3 que establece los requisitos de la Sentencia específicamente la fundamentación Jurídica que dice. “En párrafo también separados y numerados se consignarán de forma clara, sucinta y precisa, con indicación de los preceptos o doctrina legal aplicables, los fundamentos legales de la calificación legal de los hechos que se hubiesen tenido para cada uno de los procesados; de las causas de exención, atenuación o agravación de la responsabilidad penal, en caso de que concurra alguna de ellas, y de las penas que se impongan en caso de condena así como, los fundamentos doctrinales y legales de la responsabilidad civil en que pudieran haber incurrido las personas acusadas u otras sujetas a ella; del pronunciamiento sobre las costas; y de las disposiciones que puedan adoptarse sobre el destino de los objetos secuestrados” Se ataca la sentencia dictada por el A-quo por considerar que el órgano sentenciador después de valorar la prueba conforme a las Reglas de la Sana Critica, llevándolo a formar su convicción y sin valorar la prueba producida de manera conjunta y armónica, lo llevo a incurrir en un error in iudicando, al realizar una interpretación errónea de precepto penal aplicable al caso penal en concreto. PARECER DE LA DEFENSA Es claro y evidente que, de conformidad a la Doctrina penal actual, el A-quo interpreto erróneamente la aplicación de los conceptos del Delito Para el Tribunal Sentenciador en el caso sometido a juicio oral y público, analizando el cuadro fáctico , se desprende lo siguiente, y lo principal es lo establecido en el numeral dos que concluye lo siguiente Que, aunque no es posible dibujar el polígono descrito en la descripción registral de inscripción a favor de los Laboriosos Indios de Suyapa (ALTISU), éste se ha dibujado mediante detalles que están en el plano adjunto de la inscripción registral, encontrándose traslapado o montado sobre el título de propiedad el Trapiche específicamente sobre los lotes B-1, B-2, B-3 y B-4 descritos en la inscripción registral No. inscrito el 28 de abril de 1965 bajo asiento No. 1 folios 1 al 6 del Tomo 188 del Registro de la Propiedad Conclusiones Que de acuerdo a la inspección “In situ al análisis e investigación de la documentación inscrita en Registro de la Propiedad, la partición del título de propiedad de El Trapiche y los procedimientos de inscripción en el Registro de la Propiedad del Instituto de la Propiedad y conforme lo que se solicita se concluye que la ubicación de las propiedades es la siguiente 1.- Todo trámite de inscripción de un testimonio en el Registro de la Propiedad del Instituto de la Propiedad se inicia a partir de la presentación en la ventanilla donde se asigna número de las Oficinas del Registro de la Propiedad. 2.- Que, aunque no es posible dibujar el polígono descrito en la descripción registral de inscripción a favor de los Laboriosos Indios de Suyapa (ALTISU), éste se ha dibujado mediante detalles que están en el plano adjunto de la inscripción registral, encontrándose traslapado o montado sobre el título de propiedad el Trapiche específicamente sobre los lotes B-1, B-2, B-3 y B-4 descritos en la inscripción registral No. inscrito el 28 de abril de 1965 bajo asiento No. 1 folios 1 al 6 del Tomo 188 del Registro de la Propiedad. 3- No se han encontrado indicios de que se haya emitido el título de propiedad a favor de los Laboriosos Indios de Suyapa (ALTISU), por el Estado de Honduras, únicamente se encontró lo que relaciona y que se ordena que se emita el título de los ejidos con una área de 4 caballerías de tierra, como puede analizarse en los F.13.F y V y folios 3.V del título San José del Trapiche No. 353 del Índice General de Tierras siendo totalmente diferente la ubicación que establece los documentos con lo que se inscribió tanto en su ubicación física como en área. 4.- La ubicación general del título El Trapiche el cual está formado por los títulos de San Miguel, San José del Trapiche y Guarabastaca y está conforme la inspección “In Situ” información existente en el Sistema Unificado de Registros (SURE) del Instituto de la Propiedad. 5.- La inscripción del 1 de agosto del 2008 bajo el No. 9 del Tomo 5,104 del Libro de Registro de la Propiedad hipotecas y Anotaciones Preventivas de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán a favor de los Laboriosos Indios de Suyapa (ALTISU), fue inscrita sobrepuesta en la inscripción Registral del Título de propiedad El trapiche y sobre decenas de propiedades que se desprenden de este título, así como áreas expropiadas por el Estado de Honduras por necesidad Publica, Decreto PCM-065-2005 del 5 noviembre 2000. Pericia practicada por el Ingeniero, Leopoldo Aguilar López y Ramón Maximiliano Suazo, a folios 1613-1624, refiere que el primer paso para Registrar un Instrumento Público, es la presentación ante el Registro de la Propiedad, en cual no consta en dicho Registro, ningún Título a favor de los Indios Laborios, ni que lo relacione a los Lotes antes referidos; se establece en dicha pericia, Leopoldo Aguilar López y Ramón Maximiliano Suazo En cuanto a la Prueba de la Defensa, se estableció con la prueba de cargo, que el Titulo que alega la Defensa, carece de tracto sucesivo y pese a que se registró un Instrumento número 369 autorizado por el Notario José Reynaldo Andino, de fecha 19 de febrero 2008, a favor de los indios Laboríos de Suyapa (ALTISU) 2- DICTAMEN EN PLANO DE DESCRIPCION DE POLIGONALES, a folio 1260 Tomo III del expediente. Practicado por el Ingeniero Pedro Herrera Navarro, de fecha mayo 2012, mediante el cual se identifica el área usurpada en color rojo, identificándose otras usurpaciones realizadas por los acusados, plasmándolo en un plano poligonal, mediante el cual se puede determinar el área usurpada, señalando todos los datos del polígono con su ubicación zona del Pichete, área, estación y rumbos. - Firma y Ratifica Pedro Herrera Navarro. Tal como se aprecia mis representados, en cuanto al delito de que se le imputa, Por tal razón no se probó que mi representado haya participado en el delito, no existe prueba de cargo alguna que directamente ya que la presente causa se debe dirimir en la vía civil no penal. Por lo que se vuelve prudente buscar el saneamiento del error indicando por infracción de Ley. por interpretación y aplicación errónea por el A-quo de preceptos sustantivos, y será a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley que la Suprema Corte de Justicia debe dictar una nueve sentencia en apego a derecho, en la que se deba absolver de toda responsabilidad, ya que mi representados son inocentes del delito imputado. Ya que se estableció la argumentación que establece la ley de propiedad en su Artículo 93 establece que el estado por la importancia especial que para la cultura y valores espirituales resiste la relación de las tierras reconoce el derecho de los pueblos indígenas y afros Hondureños tienen sobre las tierras que tradicionalmente poseen y que la ley no prohíben. Por lo cual este artículo 93 establece que el estado reconoce y garantiza el pleno derecho de estos premios, es aqui donde viene a establecerse de que debe reconocerse un título otorgado por la corona española que se encuentra también en los registros de Guatemala, porque no ser válido el mismo artículo 93 ya lo establece y viene a dar la solución la misma ley de propiedad en su Artículo 105 que establece lo siguiente, cuando no exista la documentación fehaciente queda posible reconstruir los tractos sucesivos en donde la cadena de transmisión haya sido rota, el registrador podrá hacer dicha reconstrucción de oficio o a petición mediante la presentación de los documentos que corresponden esta cadena también podrá ser reconstruida empleando los documentos relativos a títulos de tierras que consten en el archivo nacional, lo que ha hecho altizu es totalmente legal haciendo un procedimiento que la ley le permite para reconstruir su antecedente el cual desde que estaba el Registro Agrario tenía su asiento. Establece y dicen que carece de toda legalidad ese título, es un título que nadie ha dicho sea falso, si bien es cierto ellos alegan que una inscripción no haya seguido el procedimiento, sería muy importante poder establecer y saber qué relación podría existir si es algo que ven anular un título de fondo o simplemente es algo de manera material, el titulo no se va nublar si la instrucción se anula por un procedimiento erróneo cómo quieren hacerlo ver el titulo va a persistir y por lo tanto tendrá nuevamente que volverse a inscribir al código civil en el artículo 2346 establece cuál es la manera de creación y de inscripción de toda anotación o título que el interesado presente. Ha sido claro qué el titulo cual se protocoliza ante un notario y se hace la inscripción que se desprende en 1821 de un registro de Guatemala pero este fue creado en 1798 y eso se puede observar en el folio 37 de la presente causa y fue reconocido en 1820 por la real corona española y se guardan los archivos de los nacionales de tierra a título 420, por lo cual es el asiento, hablamos de un derecho de propiedad un derecho de propiedad el cual no está claramente legitimado porque existen tres dueños estado por expropiar, Altizu por tener un título inscrito y supuestamente los Suarez Lardizábal también por tener década de ser dueños de esos terrenos. Entonces cómo poner fin a este conflicto será el estado que tendrá que buscar los mecanismos pero en la presente causa no se ha probado sinceramente que mis representados estén usurpando, ya que el mismo código procesal penal en su artículo 54 párrafo último establece que todo lo relativo al dominio tendrá que ser sometido a jurisdicción civil, si bien es cierto hablan de un fallo para conocer los delitos de usurpación los cuales contemplan hechos primordiales que existan sentencia firme de los juzgados de lo civil donde se haya demostrado la legitima propiedad de un bien inmueble tendrán que ser conocidos por el área penal, pero mientras no exista esa sentencia no se puede determinar la legitima propiedad por tal razón fundamentado en el artículo 96 de la Constitución de la república que establece la retroactividad de la ley y Asimismo basados en el artículo 615 y 616 del Código Penal decreto 130-17. Qué establece la ley más favorable a la persona que haya sido llamado a un juicio, es que vemos que mis representados no han sido llamados a título personal, han sido llamados como representante de una persona jurídica y al código penal decreto 130 2017 Establece en su artículo 102, cuál puede ser la responsabilidad de una persona jurídica y Asimismo el artículo 104 establece las penas pero en la presente causa es de hacer ver de notar que en ningún momento se ha logrado establecer de que mis representados no tengan un justo titulo para poder establecer y luchar por recuperar las tierras que le fueron entregadas desde la corona española y todos estos argumentos no fueron tomados en consideración por el tribunal unipersonal. “FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la Defensa Privada. Primer Motivo. Norma autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Norma Sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 338 regla cuarta numeral 3 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: Por haber incurrido el sentenciador en infracción de precepto penal. Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por la pretensor. Pretensión: Que se anule o en su cado reforme la presente sentencia. Establece el recurrente que se ha infringido el artículo 338 del Código Procesal Penal regla cuarta numeral 3 del Código Procesal Penal que establece los requisitos de la sentencia en la fundamentación jurídica, después que el juzgador al valorar la prueba cometió un error iudicando, es como se comete el error en la norma sustantiva. Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la Defensa Privada. Segundo Motivo. Norma autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Norma Sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 338 regla cuarta numeral 3 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: Por haber incurrido el sentenciador en infracción de precepto penal. Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por la pretensor. Pretensión: Que se anule o en su cado reforme la presente sentencia. Establece el recurrente que se ha infringido el artículo 338 del Código Procesal Penal regla cuarta numeral 3 del Código Procesal Penal que establece los requisitos de la sentencia en la fundamentación jurídica. Se ataca la sentencia dictada por el A-quo por considerar que el órgano sentenciador después de valorar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, llevándolo a formar su convicción y sin valorar la prueba producida de manera conjunta y armónica, lo llevo a incurrir en un error iudicando, al realizar una interpretación errónea de precepto penal aplicable al caso penal en concreto. De la Debida Técnica Recursiva El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no, para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que el Recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El Recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; el Recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: a. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de casación, el recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó, en los casos de Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia.Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A quo; la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncian vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciará el vicio; el Motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. b. Explicación del Vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: La claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. c. Demostración del Vicio: El recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera el recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permite, a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente: Derecho de Acceso a la Justicia Derecho a una resolución fundada en derecho; Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; Derecho a la Tutela Cautelar; y Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de rango constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 304 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”.Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado. El único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cuál es el sentido del reclamo que realiza el recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (así establecido en las sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.) Esta Sala de lo Penal observa que los dos motivos de Casación por Infracción de Ley que ha interpuesto el recurrente número uno, están íntimamente relacionados, pues se refieren a supuestas violaciones de normas penales en relación a los hechos probados, teniendo un mismo fundamento legal, por lo que, para guardar la logicidad y coherencia de la sentencia penal se resolverán ambos motivos en un mismo apartado. De la Procedencia del Recurso de Casación por Infracción de ley. Primer y Segundo Motivo. El recurso no es de recibo. A esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como Contralor de la aplicación de la Ley Sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la Sentencia. El Recurso de Casación por Infracción de Ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la Ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la Sentencia y poniéndolos en relación con la norma de Derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de Contralor Jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la Sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse partiendo de los Hechos Probados que contiene la sentencia cuestionada, puesto que el vicio, en esencia, consiste en que la decisión adoptada por el Juzgador en la Parte Resolutiva de la Sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la Narración Fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que debe aplicarse al caso concreto, pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. El recurrente en su primer motivo casacional establece que se ha infringido el artículo 338 del Código Procesal Penal regla cuarta numeral 3 del Código Procesal Penal que establece los requisitos de la sentencia en la fundamentación jurídica, después que el juzgador al valorar la prueba cometió un error iudicando, es como se comete el error en la norma sustantiva. En su segundo motivo casacional establece que se ha infringido el artículo 338 del Código Procesal Penal regla cuarta numeral 3 del Código Procesal Penal que establece los requisitos de la sentencia en la fundamentación jurídica. Se ataca la sentencia dictada por el A-quo por considerar que el órgano sentenciador después de valorar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, llevándolo a formar su convicción y sin valorar la prueba producida de manera conjunta y armónica, lo llevo a incurrir en un error iudicando, al realizar una interpretación errónea de precepto penal aplicable al caso penal en concreto; además establece en el mismo las conclusiones a un medio de prueba como es el peritaje realizado por Leopoldo Aguilar López y Ramón Maximiliano Suazo. Esta Sala de lo Penal observa que, en el presente caso, el motivo de Casación por Infracción de Ley Sustantiva invocado por el recurrente carece de claridad y precisión. Lo anterior, en razón a que el recurrente en primer lugar no cita una norma sustantiva sino una norma de carácter procesal no ha fundamentado de conformidad a derecho en manera alguna su pretensión recursiva, ni ha determinado si el vicio de la sentencia recurrida se encuentra enmarcado en falta de aplicación, aplicación indebida o en una interpretación errónea en su aplicación (vid. Art. 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal). La defectuosa técnica de casación utilizada por el recurrente hace imposible el análisis objetivo de subsunción del tipo penal, pues no basta únicamente con plantear el alegato en abstracto, sino que para que este pueda admitirse y analizarse jurídicamente, es preciso que el mismo esté dotado de suficientes argumentos válidos y razonamientos fundados en la teoría del delito, como esencia misma del derecho penal. El recurrente no expone en que parte del cuadro fáctico plasmado por el Tribunal de Instancia en la sentencia, existe la infracción al precepto penal que debió ser observado y que ha provocado una errónea fundamentación jurídica, requisito indispensable para que esta Sala de lo Penal pueda ejercer debidamente el control casacional para este tipo de recurso, lo que no es posible en el presente caso, ya que el recurrente no expone de forma clara, que precepto o porqué el precepto penal infringido, no está de acuerdo con los hechos que se declararon probados en la sentencia y, como ya se dijo, centra su alegato en otro motivo casacional diferente al interpuesto, por lo que imposibilita a esta Sala, poder pronunciarse en relación a la infracción de ley anunciada como motivo casacional. DECISIÓN: No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos, interpuesto por la Defensa Privada. Reglas Generales de Ponderación de la norma más favorable que define el NCP decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). Por tanto, la ponderación tendrá una variante a depender de la instancia en que se haga: 1. En la primera instancia, al momento del juzgamiento por el tribunal, la ponderación de los cuerpos normativos parte de la comparación de las penas abstractas, pero sin dejar de tener en consideración la total de los cuerpos normativos como un todo; o 2. En la segunda o única instancia, al resolverse un recurso devolutivo interpuesto en contra de sentencia definitiva la ponderación se realizará entre la pena concreta impuesta y la pena abstracta que corresponda para el mismo hecho e igualmente reparando respecto a la totalidad de los cuerpos normativos. En ambos casos el proceso de ponderación se realiza siguiendo las reglas que se señalan en este apartado. Es importante insistir que la ponderación de la norma más favorable deberá de realizarse al momento del juzgamiento en primera instancia, en segunda instancia o en única instancia; por ello no es procedente aplicación retroactiva en estadios previos del proceso, como ser la audiencia de declaración de imputado, la audiencia inicial, la audiencia preliminar o en la etapa de saneamiento de la etapa de juicio. El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017; a tal consideración se le suma las siguientes: 1. Penas Conjuntas: No procede la ponderación parcial de penas principales; la ponderación deberá de realizarse tomando en consideración todas las penas conjuntas impuestas por los mismos hechos (Art. 617 NCP). 2. Penas privativas de Libertad: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena privativa de la libertad (reclusión) con todas sus circunstancias, impuesta de conformidad con el VCP 144-83, fuese también imponible con arreglo al NCP 130-2017 (Art. 616). Ello ocurre cuando la pena concreta impuesta se encuentre dentro marco abstracto de la pena que para el mismo hecho se deba de imponer de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 621). 3. Pena de Multa: No se realizara aplicación retroactiva del NCP cuando la pena impuesta de conformidad con el VCP 144-83, sea la de multa y la que corresponda imponer conforme al NCP 130-2017, igualmente sea una pena de multa.- La aplicación retroactiva se realizara excepcionalmente cuando: a.- No se hubiese hecho abono alguno de la pena de multa impuesta de conformidad al VCP 144-83; y b.- la concreta cuantía impuesta conforme al VCP 144-83 no fuese posible imponer de acuerdo con el NCP 130-2017 desde una perspectiva abstracta (Art. 619). 4. Penas privativas de Derechos: Las penas principales de inhabilitación absoluta y especial se compararán atendiendo a la duración de la pena concreta impuesta en la sentencia y la máxima que pueda imponerse de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 620). 5. Medidas de Seguridad: Respecto a las medidas de ejecución impuestas de acuerdo con el VCP 144-83 que estén pendientes de ejecución o que estén siendo ejecutadas, deberán de ser objeto de revisión y adecuación de conformidad con las normas que regulan las mismas en el NCP 130-2017; (Art. 625). Reglas de Particulares de Ponderación por Concurso de Delitos y Por ausencia de Éste A nivel de punibilidad se regulan los concursos de delitos; ante la colisión temporal de normas sustantivas el juzgador llamado a resolver la acción penal interpuesta en base al rigor del VCP 144-83, deberá de establecer si existe o no concurso de delitos, identificar cual es el que concurre y luego hacer el cálculo de pena abstracta de conformidad a dicho concurso; seguidamente el juzgador deberá de hacer la ponderación de la pena más beneficiosa determinando si conforme a lo probado igualmente se aprecia un concurso según las normas del NCP130-2017, y de ser así deberá de proceder a calcular la pena abstracta, siendo el tercer y último paso la comparación de penas que deban de ser impuestas según cada código penal, reflejándose así cuál de ellos es el que debe de ser aplicado por ser más beneficioso para el procesado o reo. Lo descrito es un proceso general que tiene sus matices a depender cada uno de los concursos, lo que obliga hacer un estudio individualizado: A. Concurso Ideal Cuando conforme a los hechos imputados se deba de aplicar un Concurso Ideal (Art. 67 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al concurso ideal según las reglas del VCP144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del concurso ideal del NCP130-2017.- Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el concurso ideal; 2. Cuando una de las penas concursadas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del VCP144-83 y luego hacer la comparación global con el NCP130-2017; comparación que debe de hacerse según se explicó en el numeral anterior; o 1. Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, que se explican más adelante. Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real: i.- Limite Subjetivo, ii.- Limite Objetivo Ordinario y iii.- Limite Objetivo Extraordinario, explicado igualmente líneas adelante.b. Delito Continuado En el caso de que la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un delito continuado la ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (Art. 617 NCP). Al apreciarse un concurso continuado (Art. 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las mismas reglas señaladas previamente para el delito continuado. En los supuestos en donde conforme el VCP 144-83, corresponda aplicar un concurso real pero conforme el NCP 130-2017 se deba de aplicar un delito continuado, el juzgador deberá de proceder de la siguiente manera: 1. En primera instancia: i. Primero se procederá a realizar el cálculo abstracto de las penas conforme el VCP144-83, las que serán tomadas globalmente, para luego comparar el mismo con el marco abstracto de la pena que corresponda en aplicación del delito continuado según el NCP130-2017, develándose así que código es el más beneficioso en su conjunto. Recuérdese que la comparativa es global (suma de todas las penas abstractas) y no individual por cada pena; ii. En caso de que lo anterior no defina cual es la pena más favorable, el juzgador deberá de proceder a la individualización de la pena concreta de conformidad con el VCP-144-83 y paralelamente a la individualización de la pena concreta de conformidad con el BCP130-2017, de cuya comparación se decidirá que codificación es la más beneficiosa; o 2. En segunda instancia y única instancia: la comparativa parte de la confrontación de las penas que en concurso real hayan sido impuestas en la sentencia impugnada en aplicación del VCP144-83, con el marco abstracto de la única pena que de conformidad al NCP-130-2017 deba de imponerse como consecuencia de la aplicación del delito continuado; así entonces: i. Si las penas individualizadas en concurso real tomadas globalmente (la sumatoria de todas las penas), se encuentra dentro del marco abstracto de la pena del delito continuado, no se aplicará retroactivamente el NCP130-2017; ii. Si las penas individualizadas en concurso real están fuera de la escala de la pena abstracta que deba de imponerse en delito continuado según el NCP130-2017, se aplicara la pena que le sea más favorable al procesado. c. Concurso Real Los supuestos en donde la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un Concurso Real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. La ponderación deberá de realizarse conforme al límite único de cumplimiento de pena que establece el artículo 35 del VCP 144-83 versus los limites objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo que prevé el artículo 66 NCP 130-2017, debiendo excluir las penas de delitos que hayan sido despenalizados en la nueva normativa.- Es importante tener presente que ningún límite es preferente a otro y por tanto se aplicará el límite que marque menor pena; así entonces:a. Cuando entre en acción el Límite Objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al VCP144-83 y los límites del concurso real que regula el NCP130-2017, siguiendo los siguientes pasos: i. Si ambas legislaciones determinan un mismo límite de cumplimiento, se aplicará el principio de identidad, es decir el VCP 144-83; y ii. Si las legislaciones definen límites de cumplimiento distinto, se aplicará aquel que le sea más beneficioso al acusado o reo (ello sin perjuicio de lo que se señala en el siguiente literal); y/o b. Para hacer efectivo el Limite Subjetivo, que regula el NCP 130-2017 se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, develando así el límite máximo que puede cumplir el condenado: i.- Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuara a dicho límite de conformidad con lo señalado en el literal anterior; ii.- Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años; implica que el resultado matemático será el límite máximo de cumplimiento, el que deberá de ser objeto de comparación con el limite objetivo de cumplimiento del VCP144-83. 2.Cuando las penas consideradas globalmente no superasen ninguno de los límites a los que se refiere el numeral anterior, el juzgador procederá a realizar la comparación de las penas que corresponda en una y otra legislación: a. En primera instancia la comparación se realizará entre las penas abstractas definidas en cada cuerpo sustantivo; el tribunal sumará todas las penas abstractas que correspondan imponer en concurso real de conformidad con el VCP 144-83 y todas las penas abstractas que prevea el NCP130-2017, las cuales comparará. Si de la comparación no es posible determinar cuál es más beneficiosa para el procesado, el tribunal deberá de proceder a realizar la individualización de las penas de cada delito primero conforme el VCP144-83 y después conforme el NCP130-2017, luego la suma global de dichas penas por cada código será comparada entre sí, determinando cual es el cuerpo normativo más beneficioso (siempre teniendo presente además el resto de las regulaciones normativas). Finalmente, si aun con las penas individualizadas no existe claridad cuál en su conjunto es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara para que éste señale cual le favorece más.b. En segunda y única instancia la comparación se realizará entre la suma de todas las penas concretas impuestas en concurso real en la sentencia impugnada bajo el VCP 144-83 y la suma de todas las penas abstractas que define el NCP 130-2017. De dicho resultado el tribunal resolverá: i. Si las penas concretas en concurso real VCP 144-83 están dentro de la suma del margen abstracto de las penas del NCP 130-2017, no procederá la aplicación retroactiva de este último; ii. Si la suma de las penas concretas VCP 144-83 no se encuentra dentro del marco abstracto de la suma de penas en concurso real del NCP 130-2017, se aplicará el cuerpo normativo que fije comparativamente las penas más leves, sin dejar de tener en consideración el resto de las disposiciones de cada codificación para efectos comparativos; iii. Si el concurso real está compuesto por Penas Conjuntas, en donde algunas de ellas sean más beneficiosas y otras más gravosas respecto a la comparación hecha con el otro cuerpo legal; el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la pena de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Ejemplo de esto último sería un concurso real con pena global de reclusión por 25 años y multa por L. 700,000.00 conforme el VCP 144-83 y por otro lado una pena de prisión de 17 a 20 años y multa de L. 1,000,000.00 a L. 5,000,000.00 conforme el NCP 130-2017, caso en donde la pena privativa de libertad deberá de definir el código penal a aplicar, siempre que además los beneficios penitenciarios que regule ese mismo código fuesen igualmente más favorables. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. d. Concurso Medial El concurso medial constituyó una institución penal por muchos años, reglada por el artículo 36 del VCP 143-83, misma que desaparece en el NCP 130-2017. Por tanto, cuando conforme los hechos imputados en base al VCP144-83 deba de aplicarse un Concurso Medial (Art. 66 en relación con el párrafo séptimo del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. Se realizará la comparación global de la pena que corresponda en concurso medial según el VCP144-83 con las penas que correspondería aplicar en concurso real conforme al NCP130-2017, en consideración a los limites subjetivo, objetivo ordinario y objetivo extraordinario, del que hemos hablado en el apartado anterior;2. Es improcedente hacer comparación individual de las penas que conforman el concurso medial del VCP144-83 y las penas en concurso real del NCP130-2017;3. Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, haciendo desaparecer el concurso Medial, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, lo que se aborda en el apartado siguiente. e. Penas Conjuntas No Concursadas Finalmente, cuando corresponda imponer a una persona una Pena No Concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (en su caso) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: 1. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. No procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. No procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. Procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; 2. Si el hecho definido como delito tiene previstas Penas Conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Ejemplo de esto último sería pena de reclusión por 9 años y multa del 10% de lo defraudado equivalente a L. 50,000.00 conforme el VCP 144-83 en comparación con una pena de prisión de 2 a 3 años y multa 400 días multa equivalente de hasta L. 2,000.000.00 por defraudación a las telecomunicaciones, caso en donde la pena privativa de libertad deberá de definir el código penal a aplicar, siempre que además los beneficios penitenciarios que regule ese mismo código fuesen igualmente más favorables; o 3. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal.- En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara a éste para que señale la que más le favorece. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no se presentó por parte de la Defensa Privada escrito complementario en el que estableciera su parecer sobre la aplicación retroactiva de la nueva normativa penal; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, conforme al Código Penal 144-83, se impuso a los señores Nery Humberto Calix y Rosa Argelia Rodas Canales por el delito Usurpación en perjuicio de Inmobiliaria Suarez Lardizábal, S.A., a la pena de Cuatro (4) años de reclusión, mas las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil y la responsabilidad civil. Conforme al Decreto número 93-2021 de fecha 7 de octubre de 2021 en la que reforma el artículo 378 del Código Penal decreto 130-2017, establece un apena de cuatro (4) a seis (6) años de prisión para el delito de Usurpación, marco abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de libertad impuesta a los acusados. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 338, 360,369 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción por Ley en sus dos motivos, interpuesto por el Abogado Marlon Javier Arévalo Cerna, en su condición de Defensor Privado de los acusados Nery Humberto Calix y Rosa Argelia Rodas Canales. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha diez de enero del año dos mil veintitrés, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Walter Raúl Miranda Sabio. Notifíquese. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado Coordinador, Mario Rolando Díaz Flores Magistrado, Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado - Firma y Sello. – Rina Koritza Sandoval Navas. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta uno días del mes de marzo de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada a los cuatro días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-169-2023.

RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS

SECRETARIA SALA DE LO PENAL