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Sentencia CP-169-21 — Registro 17413

Resumen

Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa del imputado, contra la sentencia de primer instancia que lo condena por el delito de Facilitación Intencional de Medios de Trasporte para el Trafico de Drogas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El Motivo es de Recibo. Al analizar el recurso planteado por la parte recurrente, resulta necesario hacer una revisión del acta de debate de fecha 30 de enero de 2020 que corre agregada a folio 36 al 45 del tomo II de la foliada judicial; en las cuales encontramos la evacuación de medios de prueba, así como la declaración del acusado José Antonio Rodríguez Valerio, quien renunciando a su derecho a no declarar manifestó que, en días anteriores habían encontrado junto con su esposa una bolsa blanca que ellos suponían era basura y la colocaron en el área donde se ponen los desechos, que ellos viven en una casa grande que es una cuartería, que tiene un área común de todos los vecinos y ahí encontraron la bolsa; afirmó el acusado que los policías llegaron, él y su esposa estaban discutiendo como una discusión normal, que la bolsa la obtuvieron los policías, mi hijo les dio la bolsa del basurero, que todos los inquilinos ponen la basura en un mismo punto. Por su parte el agente de policía Martin Daniel Ávila Vallecillo, afirmó que recibieron una denuncia al 911, se trasladaron y vieron un ciudadano afuera, en una esquina por lo que se dirigieron a donde él y le pidieron un registro y no andaba nada, en su mano derecha si cargaba una bolsa y al registrarla lo que había era hierba seca supuesta marihuana, que lo capturaron, que el acusado estaba afuera de la vivienda. También se presentó a declarar el policía Ever Daniel Gálvez, fuimos a cumplir una denuncia, en eso llegamos al lugar donde vive él y en su mano derecha le miramos una bolsa, que en su interior tenía hierba seca supuesta marihuana; en el momento de las preguntas estableció el testigo que llegaron al lugar por una denuncia de violencia doméstica o intrafamiliar, afirmó que le pidieron autorización a la dueña de la casa y entramos adentro en la pulpería estaba, que dentro de la casa le decomisaron la droga, en el corredor. Por parte de la defensa se presentó a declarar Ersilia Purificación Ardón, esposa del ahora acusado, afirmó que el día de los hechos tuvimos una discusión con mi esposo y en eso llegó la policía, entraron a la casa y registraron y ahí donde se pone la basura encontraron esa bolsa que nosotros habíamos encontrado días antes y la habíamos puesto en el lugar donde se pone la basura, aseveró que a la vivienda ingresaron dos policías, que entraron sin pedir permiso, nosotros estábamos al fondo de la casa, llegaron y empezaron a ver incluso el negocio, se fueron a la basura y ahí miraron la bolsa, ahí habían clientes porque son varios los inquilinos ya que es una cuartería; de igual forma declaró la señora Jessenia Marbely Vasquez, afirmó que el día de los hechos fue a comprar a la pulpería de ellos porque tienen negocio, ella es vecina porque vive en la cuartería, ellos estaban discutiendo y llegó la policía y vi yo que sacaron esa bolsa de la basura. Al analizar las actuaciones de los agentes policiales y las prueba presentada por la acusación, para esta Sala de lo Penal el allanamiento practicado por los Agentes de Policía, mediante el cual capturaron al acusado y encuentran la supuesta droga no cumple con los requisitos establecidos en la ley, debido a que el ingreso a la morada del acusado no fue autorizado por los habitantes, no se contaba con previa autorización judicial, no se contaba con previa autorización fiscal y no respondía a una causa de emergencia, es mas no se levantó un acta de allanamiento como tal, pues los agentes ingresaron a la vivienda del acusado sin pedir autorización, es decir convencidos que podían ingresar de forma indebida al lugar donde moraba no solo el acusado y su pareja, sino que es además el lugar de residencia de mas personas al constituirse el lugar en una cuartería. De lo cual podemos concluir que: i) Los Agentes no levantaron un acta de allanamiento al ingresar a un domicilio cuya entrada es protegida por la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de Derechos humanos. ii) No presentaron la autorización de ingreso de alguno de los que moraban en el lugar. iii) No existió autorización judicial, los agentes no actuaron en obediencia a una orden judicial de allanamiento o a una orden fiscal de allanamiento. iv) No existió situación de emergencia de las contempladas en el artículo 99 de la Constitución de la República y desarrolladas en el artículo 212 del Código Procesal Penal. v) No se realizó la convalidación respectiva ante el Juez de garantías. Si bien los agentes de policía en ningún momento consideraron su accionar como un ingreso indebido a una vivienda, pues de ello resulta que no presentaron acta de allanamiento y mucho menos autorización de ingreso de los moradores, ello no significa que el mismo no se catalogue como un allanamiento de morada ilicito, pues ingresaron a una vivienda, registraron el lugar y capturaron al imputado sin contar con una autorización judicial; resulta aún más sorprendente que el ente acusador y quien dirige la investigación penal, no se haya dado a la tarea de convalidar las actuaciones de los policías ante el Juez de instrucción, sino que guarde silencioso ante tan evidente ilicitud. Podemos concluir que el allanamiento mediante el cual se le da captura al imputado fue realizado contrariando el artículo 99 de la Constitución de la República y el artículo 212 del Código Procesal Penal, generando como consecuencia que toda la actividad probatoria que se genera de esos actos ilícitos carezca de valor absoluto, como lo ordena el artículo 1 de la Constitución de la República, cuando proclama a Honduras como Estado de Derecho y el artículo 200 del Código Procesal Penal. La Sala de Casación declara que es procedente declarar con lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su motivo único, debiendo revocarse la sentencia impugnada..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-169-2021, que literalmente dice: “ Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a nueve días del mes de abril del año dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Nelson Danilo Mairena Franco en su calidad de coordinador, Mario Rolando Diaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 169-2021 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta de enero de dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de Danlí, departamento de El Paraíso, mediante la cual falló; Primero: Condenó a José Antonio Rodríguez Valerio, por el delito de Facilitación Intencional de Medios de Trasporte para el Trafico de Drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras, a la pena de seis años de reclusión. Segundo: Condenó a José Antonio Rodríguez Valerio, a una multa de cincuenta mil lempiras. Tercero: No procedió, la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Cuarto: Declaró la responsabilidad civil de José Antonio Rodríguez Valerio. Quinto: Ordeno la destrucción de la totalidad de la droga encontrada y decomisada en la vivienda de José Antonio Rodríguez Valerio, en la fase de ejecución. Son Partes En La Única Instancia: Los Abogados Arnaldo Alcides García Alvarado y Giovinezza Dubois Zavala, en su condición de defensores públicos de José Antonio Rodríguez Valerio, como parte recurrente y la Abogada Marla Iris Cárdenas Guardado, como fiscal del Ministerio Público como parte recurrida. Hechos Probados “PRIMERO: Que en fecha 18 de noviembre del año 2017, a eso de las 2:40 pm agentes de la policía de la Jefatura #7 realizaban patrullaje y vía radio se les comunico de una denuncia sobre una violencia Domestica e intrafamiliar que se había interpuesto por el 911, mismo que se trasladaron a la Dirección del Barrio el Carmelo de esta Ciudad de Danli El Paraíso a una casa de negocio (Comedor y Pulpería) que se logra ubicar en la esquina del Cementerio. SEGUNDO: Al llegar al lugar encontraron al señor JOSE ANTONIO RODRIGUEZ VALERIO, a quien se le requirió y en la mano derecha una bolsa plástica color blanco, conteniendo en su interior hierba seca la cual fue enviada para su análisis al Laboratorio de Toxicología de Medicina Forense, resultando que la hierba es mariguana y la cantidad encontrada tenía un peso de 743.9gr (setecientos cuarenta y dos coma nueve gramos).” Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Infracción de precepto Constitucional “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO UNICO: Infracción del precepto constitucional contenido- en los artículos 82 y 99 en relación con el artículo 303 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código -- Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO Las normas sustantivas infringidas son los artículos 82, 99, y 303 de la Constitución de la República que establecen: Artículo 82.- "Que el derecho de defensa es inviolable...". Articulo 99.- "El domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente. No obstante puede ser allanado, en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o a la propiedad". Artículos estos que han sido violentados por la Mayoría del Tribunal de Sentencias.- Esto lo decimos en virtud que al manifestar la Mayoría del Tribunal en la valoración Judicial: Que ambos agentes (Ever Daniel Gálvez y Martin Daniel Ávila Vallecillo) llegaron a la casa de habitación de la señora ERCILIA PURIFICACION ARDON, en cumplimiento de un llamado de una denuncia de violencia doméstica e intrafamiliar y al identificar al sospechoso lo requieren y lo encuentran cargando una bolsa plástica que contenía marihuana; el proceder de los uniformados es el cumplimiento de diligencias investigativas por lo cual la deposición es objetiva, coherente, por lo que es creíble y se determina que el señor JOSE ANTONIO RODRIGUEZ VALERIO que al momento de hacerle el registro personal en su mano derecha se le encontró una bolsa transparente color blanca que contenía hierba seca, guardando relación con el acta de registro personal y acta de decomiso congruente con el dictamen toxicológico al establecer que la hierba seca decomisada al señor JOSE ANTONIO RODRIGUEZ VALERIO es marihuana, ambos agentes de Policía, en cumplimiento de su deber, sin ningún interés en el asunto ya que no conocen al imputado, por lo cual la mayoría del Tribunal le da credibilidad. En consecuencia de lo antes manifestado por la Mayoría del Tribunal se pudo observar en juicio oral y público específicamente en la prueba testifical de cargo de los agentes de Policía Ever Daniel Gálvez y Martín Daniel Ávila Vallecillo por una parte que no se llegó a determinar absolutamente nada referente a si existía o no la violencia doméstica y tampoco este hecho quedo probado en juicio oral y público existiera tal denuncia al 911 y por otra parte que entre ambos agentes de Policía hubo contradicción en el sentido que Martin Daniel Ávila manifestó que al momento de la captura y decomiso de la bolsa plástica conteniendo hierba seca (marihuana) efectuada a José Antonio Rodríguez Valerio se hizo cuando este se encontraba fuera de su casa en el Barrio El Carmelo de Danli, El Paraíso y el otro Agente de Policía Ever Daniel Gálvez manifestó que el imputado estaba dentro de la vivienda y que ingresaron a dicha casa de habitación, y por ende lo capturan y decomisan la bolsa plástica conteniendo hierba seca (marihuana), siendo este segundo testigo de cargo congruente con los testigos de descargo de la defensa. Partiendo de lo antes referido la defensa del imputado al analizar el expediente en su conjunto observo desprenderse del mismo que la Mayoría del del Tribunal Sentenciador debió declarar nulo lo relacionado a la prueba recabada en el lugar del hecho con respecto al allanamiento de la vivienda del señor JOSE ANTONIO RODRIGUEZ VALERIO y que erróneamente no lo tomó en cuenta y lo consideró como prueba de valor para condenar a mi representado, en vista que al momento de ingresar a la vivienda no existió autorización por los habitantes de esta, donde obtuvieron la evidencia supuestamente decomisada (marihuana), invadiéndose de esta forma el domicilio del señor Antonio Rodríguez Valerio, lugar donde se encontraba el imputado por lo que la ilegalidad de dicho acto proviene no solo de la vulneración de una norma de orden procesal o de una simple omisión de una formalidad, sino por el contrario de un comportamiento que compromete el respeto del marco constitucional, al vulnerarse directamente lo que la constitución no tolera ni permite, que se procediera a la entrada y registro de una morada, sin el previo control de legalidad del acto efectuado en este caso por la Mayoría del tribunal sentenciador, cuando esta situación acontecía, por lo que el acto cuestionado debía ser declarado nulo, porque la vulneración de una garantía constitucional acarrea de pleno derecho, nulidad del acto viciado, por imperativo constitucional. Consideramos y como se manifestó antes la Mayoría del Tribunal sentenciador debió declarar nulo lo relacionado al Allanamiento de Morada propiedad del señor Antonio Rodríguez Valerio donde supuestamente le decomisan una bolsa plástica conteniendo hierba seca (marihuana) y que erróneamente se consideró como prueba de valor por parte del Mayoría del Tribunal, lo cual no es cierto y nos deja la duda razonable si observamos detenidamente la declaración del Agente de Policía Ever Daniel Gálvez donde dicha declaración fue terminante al manifestar que entraron a la casa de él y que ni recordaba quienes estaban en la casa de él (o sea del imputado). Considerando el hecho que los agentes Policiales ingresaron a propiedad privada sin la correspondiente autorización, esta acción es objeto de injerencias arbitrarias o abusivas del domicilio, la cual tutela cualquier espacio físico aislado del exterior cerrado o parcialmente abierto en el que despliega el ámbito de privacidad de las personas, con independencia de su carácter habitual, permanente o estable, la cual no es oficina estatal o salón de ventas que estén abiertos al público y de libre acceso, sino que es constitutivo de una dependencia dentro del hogar, es decir una dependencia contigua al hogar, como ser el patio de su casa de habitación donde supuestamente decomisan la droga, debiendo cualquier persona respetar el área destinada de manera exclusiva al particular, por lo que la recolección de esa prueba se hizo irrespetando garantías constitucionales, en el entendido que la ley limita el uso de ese tipo de actuaciones para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Honorables Magistrados consideramos que la prueba recolectada por los testigos de cargo agentes Policiales proveniente de una acción ilegal por parte de estos, y la cual fue vertida en juicio, es prueba ilícita (espuria) o prohibida, que es aquél medio de prueba que resulta por si mismo capaz de proporcionar elementos que permitan llegar a constatar la existencia de un hecho deducido en proceso, pero que el ordenamiento jurídico prohíbe utilizar, es decir que estaríamos ante una prueba ilícita testifical por vínculo procesal por la forma en que se obtuvo, por lo que creemos que la prueba es el elemento procesal más susceptible de ser alterada, pues su manipulación se puede dar en varios momentos: a) a la hora de formarla, b) a la hora de aplicarla; y c) al momento de decisión Judicial. Queremos manifestar que la prueba en materia penal es sinónimo de garantía y como tal debe de manejarse tanto en la fase de formación, como al introducirla en el proceso y finalmente al momento de apreciarle por parte del Juzgador quien debe acudir a los más estrictos criterios dentro del esquema de la libre convicción (sana critica) para no mancillar esa condición, pues la naturaleza de garantía la convierte en imperativa, de ahí que cada vez que la prueba venga vulnerada y se le niegue este carácter de garantía en el proceso penal, la consecuencia lógica es la NULIDAD ABSOLUTA de esta. Y como es lógico, los efectos que de ella profanan, por lo que no podemos dudar que cuando el Juzgador basa su decisión en una prueba ilícita no viola la norma que disciplina el método para adquirir, aplicar o valorar la prueba, sino que viola directamente la norma que lo vincula a juzgar conforme a pruebas legitimas. Sabemos que la Mayoría del Tribunal sentenciador le dio valor probatorio a la prueba recolectada por los agentes de Policía quienes allanaron propiedad privada sin previa autorización de su dueño, en vista que ellos iban por una denuncia de una Violencia Doméstica donde este hecho como se dijo antes no fue probado en juicio oral y Público o sea de existir denuncia alguna y que ingresaran por dicha denuncia, lo cual nos lleva a dudar de la veracidad de la declaración de los testigos de cargo que fueran valorados por la Mayoría del Tribunal para condenar al imputado, por lo que consideramos que esta praxis también violento derechos fundamentales, que unidos a otros elementos corroboran los hechos, considerándose como se dijo antes una injerencia arbitraria o abusiva en el domicilio, por lo que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques, por consiguiente no puede constituir prueba acusatoria si este es el único medio de prueba. Si queremos hacer realidad nuestro anhelo de tener un proceso ajustado a derecho, necesariamente, debemos respetar la forma que la Constitución nos indica. Todo ello para lograr una tutela eficaz de la persona humana y de sus derechos fundamentales, debemos "VENERAR" nuestra ley fundamental y defenderla de quienes no quieran acatarla. Es la única manera de lograr la efectiva vigencia del derecho constitucional al debido proceso que toda persona tiene. No puede aceptarse que la lucha procesal sea como una guerra en la cual el "fin justifique los medios" de manera que se pueda recurrir aun a las peores atrocidades con el pretexto de querer encontrar la verdad para aplicar la sentencia. Partimos del hecho que un testimonio es una prueba licita; una confesión es una prueba licita; pero si aquél o esta se obtiene mediante la violación a un derecho fundamental como lo es la violación a la privacidad del domicilio, se convierte en un medio ilícito de administrar la justicia. En una palabra, será ilícito todo aquél elemento probatorio que sea consecuencia de un procedimiento irrespetuoso de las formas que la ley establece para la obtención de la prueba. El hacerlo así sería pretender hacer justicia violando la ley, lo que sería una "paradoja jurídica", por lo que el único camino hacia la justicia es el respeto a nuestra carta magna. Y los únicos vehículos que nos llevaran a aquel destino son las garantías. Por consiguiente, haciéndolo así haremos que sea la justicia Judicial realmente un instrumento de tutela y no un instrumento de agravio. Dicho lo anterior se colige que es una obligación del Estado y especialmente impartiendo justicia en un proceso penal el no escatimar ningún esfuerzo en la búsqueda de la verdad real, para garantizar a quién lo enfrenta, un juicio justo, el hecho de tomar en cuenta la prueba supra indicada para basar su fallo y condenar por FACILITACION INTENCIONAL DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO DE DROGAS a mi representado JJOSE ANTONIO RODRIGUEZ VALERIO manifestando la Mayoría del Tribunal consideraría como prueba de valor, esto es una flagrante violación al derecho de defensa del Imputado, lo cual solo puede ser subsanado a través del presente recurso de casación. Asimismo, tomando en cuenta lo que establece el ordenamiento procesal penal en la doctrina denominada teoría de los frutos del árbol envenenado según la cual todo lo que sea resultado de un acto ilícito, será igualmente ilícito, y tratándose de actos de prueba no podrán ser valorados como tales para enervar el estado de inocencia del imputado. Por otra parte, avalamos el VOTO PARTICULAR DISIDENTE emitido por el Juez JORGE ALBERTO AMAYA MARADIAGA, quien en la valoración conjunta de la prueba testifical de cargo dijo: Los testigos, refiriéndose al Agente de Policía Martin Daniel Ávila y Agente Ever Daniel Gálvez han dicho que llegaron a la casa de donde se había presentado una denuncia de violencia doméstica y que al llegar encontraron dice el primero o sea Martín Daniel al hoy procesado con una bolsa plástica en la mano en la calle y que contenía marihuana, con la diferencia que Ever Daniel Gálvez, refiere que estaba adentro de la casa siempre con la bolsa en mano, en este aspecto hay contradicción entre ambos testigos, entonces por el Tribunal se le preguntó que donde estaba el procesado ¿si dentro o fuera? Contestando el segundo testigo que estaban adentro de la vivienda y debemos recordar que el patio es parte del área privada de una vivienda, de manera que hubo un allanamiento de morada y no se siguió en este aspecto el procedimiento legal que la norma procesal regula, por lo que estos testimonios este Juez solo le da credibilidad parcial al primero en cuanto que llegaron a la casa a la hora indicada, pero no le da credibilidad de que el acusado estaba afuera de la casa con una bolsa en la mano que contenía marihuana ya que su testimonio es contradictorio con el de su compañero policía que afirma que entraron a la propiedad y ahí es donde estaba el procesado a este se le da credibilidad porque es congruente con los testigos de la defensa. Arguye el Juez Disidente que de lo anterior se desprende, de que si bien con los medios de prueba se pretende acreditar la verdad, esta debe obtenerse en cumplimiento de ciertos requisitos o solemnidades, previamente establecidas en la ley adjetiva penal, y que si bien en determinado momento, pueden existir medios probatorios que conlleven a la determinación de la verdad, si los mismos fueron obtenidos con infracción de lo establecido en la ley, no pueden ser considerados ni tenidos en cuenta por el Tribunal Sentenciador, al momento de dictar su fallo. Asimismo manifiesta el Juez Disidente que los hechos declarados probados en este Voto Disidente, se traducen sin lugar a dudas en la ocurrencia que en la fecha indicada se había presentado una denuncia por Violencia Doméstica y que al llegar los agentes no determinaron nada referente a si existía o no la violencia doméstica y tampoco este hecho fue probado ante este Tribunal de que existía la denuncia y que los agentes ingresaron a esa casa por dicha denuncia, pero ingresaron a la casa y del área del patio que es un área compartida con otras personas que alquilan habitaciones en la casa, sacaron una bolsa plástica que en su interior contenía hierba seca estableciéndose posteriormente que esta era marihuana, por lo cual detuvieron al ahora encausado. Finaliza diciendo el Juez Disidente que el Código Procesal Penal en su artículo 212 ordena que previa las explicaciones del Fiscal de las razones que determinaron el allanamiento el Juez por auto motivado convalidaran o anularan total o parcialmente, lo actuado. Lo cual no ocurrió en el caso que nos ocupa donde se demostró que los agentes ingresaron a la propiedad que arrendaba José Antonio Rodríguez Valerio junto a su familia. Y que en el caso que nos ocupa, es criterio del Juez Disidente que la carga probatoria ofrecida por el ente acusador, es insuficiente para echar abajo el estado de inocencia del encausado José Antonio Rodríguez Valerio, ya que los testigos de cargo que son Policías uno de ellos expreso que ingresaron a la casa de habitación del sospechoso a recoger la bolsa plástica con supuesta droga e incluso así lo declaró el procesado y la compañera de hogar de este, por lo cual actas de decomiso y registro son ilícitas igual que el dictamen forense de evaluación toxicológico no debe ser tomado en cuenta para una condena, consecuencia de ello, la solicitud esgrimida por la parte defensora de citar un fallo absolutorio es compartida plenamente por mi persona, por las razones antes expuestas. RECLAMACION HECHA PARA LA SUBSANACION DEL YERRO Siendo que la Mayoría del Tribunal de Sentencias tomo en cuenta una prueba ilícita propuesta por el ente acusador admitida en tiempo y forma, basando por una parte su fallo la Mayoría del tribunal bajo el argumento de considerarlo como prueba de valor, para así condenar a mi representado por FACILITACION INTENCIONAL DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, resolución con la cual no está de acuerdo la defensa del indiciado, por violentarse no solo garantías constitucionales como ser el artículo 99, procesales artículo 200; sino que también convenios internacionales como ser el artículo 12 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, y artículo 17 No.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo cual únicamente puede ser subsanado a través del presente recurso.” Fundamentación Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe hechar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos en que se fundan (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Litocom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Único Motivo • Norma autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. • Norma constitucional que se denuncia infringida: artículo 82 y 99 de la Constitución de la República. Concepto de la infracción: violación al domicilio • Reclamación ex-ante: el yerro se da en el momento de dictar sentencia y solo puede ser subsanado a través del presente recurso. • Pretensión: sin determinar por el censor. Explicó el recurrente que se han violentado el derecho de defensa y la inviolabilidad al domicilio del imputado, pues los agentes que se presentaron a su domicilio ingresaron sin autorización a su vivienda y tal como lo advirtió el Juez disidente, esta acción no fue convalidado posteriormente ante Juez competente, por lo tanto, todo lo que surja como consecuencia del allanamiento erróneo practicado a la vivienda del acusado es ilícito. De la Inviolabilidad del Domicilio. El constituyente hondureño determinó la necesidad de declarar en el artículo 99 superior la inviolabilidad del domicilio, como instrumento para la salvaguarda del derecho a la intimidad, en este específico ámbito; el domicilio es el espacio físico delimitado estructuralmente, bajo el dominio, uso o goce de una o más personas determinadas, destinado para realizar en él, de manera permanente o temporal, un conjunto de actos privados, generalmente emancipados de las normas sociales imperantes en el exterior; el domicilio comprende no solo el lugar o edificación de la residencia, sino cualquier extensión que la componga, como patios interiores, bodegas, sótanos, etc., que se interconecten entre sí y en donde se evidencia que forman parte de un todo, tal como lo ha establecido la Sala de lo Penal en su jurisprudencia. Son elementos del domicilio: 1. Elementos Objetivos: a) Espacio físico, debidamente delimitado y separado del exterior por una estructura de cualquier tipo; b) Que se impida desde el exterior acceso visual de todos los espacios internos de la estructura; y c) Que sea apto para el desarrollo de la vida privada; y 2. Elementos Subjetivos: a) Que el espacio físico esté siendo usado -permanente o temporalmente- para el desarrollo de la esfera privada de la vida; y b) Aprovechar las condiciones físicas estructurales para excluir la participación de terceros en las actividades de la vida de las personas, segregando los mismos a dicho espacio. En conclusión, el domicilio, con independencia de la relación jurídica entre el lugar y sus moradores, puede consistir en una estructura natural o artificial, mueble o inmueble, siempre que sea un ambiente cerrado al cual solo tengan acceso aquellas personas que moran en él, usándolo para resguardar sus actos y posesiones íntimas. Ahora bien, como consecuencia de la inviolabilidad del domicilio, ningún ingreso o registro podrá verificarse sin el consentimiento de cualquiera de las personas que lo habitan o sin que sea por cumplimiento de orden emanada de autoridad competente, es decir que como regla general el ingreso a un domicilio debe ser mediando consentimiento de sus moradores y como excepción en virtud de cumplimiento de una orden emitida por autoridad competente o cuando exista una causa de gravedad calificada, de allí la diferencia entre un ingreso y/o registro autorizado, un allanamiento como acto investigativo y un allanamiento ante un estado de necesidad o delito flagrante: 1) Ingreso y/o registro autorizado: es el permiso otorgado por cualquier persona mayor de edad que more en el domicilio para que un tercero ajeno a éste ingrese y, en algunas ocasiones, pueda hacer un registro como acto de investigación, pudiendo efectuarse a cualquier hora, en cualquier día y que tendrá validez para efectos procesales siempre que se sigan las siguientes reglas: a. Que la persona a ingresar se identifique de manera previa como autoridad en el ejercicio de su cargo, explicándole las consecuencias en caso de encontrar dentro del interior de la vivienda indicios relacionados con un delito; b. Que una persona mayor de edad que more en el domicilio se manifieste de acuerdo con el ingreso, documentando su consentimiento en acta u hoja de autorización donde estampe su firma o huella dactilar; c. Hacerse acompañar los agentes de la autoridad, de ser posible, de dos personas que sirvan de testigos de la diligencia, ajenos al domicilio y ajenos a la institución donde trabajen las personas que solicitan el ingreso; d. Solo podrán ingresar al domicilio las personas autorizadas por el morador, por lo que vecinos, medios de comunicación y demás no podrán ingresar si no están autorizados; e. Que se le permita a una de las personas moradoras, mayor de edad, presenciar el acto de ingreso y registro, siempre que no exista peligro para la vida y que no vaya a entorpecer el resultado de la diligencia; f. Los agentes de la autoridad deberán abandonar el domicilio de manera inmediata y en cualquier momento, a petición de la persona que autorizó el ingreso, salvo en los casos donde en el proceso de registro se revele la persecución de un delito, sus instrumentos o efectos; g. Dejar constancia en acta de todo lo actuado inventariando los objetos que hayan sido decomisados, de la cual tendrá derecho a una copia la persona que autorizo el ingreso al domicilio. 2) El allanamiento por orden judicial: es el acto de investigación consistente en la penetración a un determinado recinto aislado del exterior, sin la autorización de sus moradores, con la finalidad de buscar, identificar y recoger fuentes de investigación y/o a la propia persona del imputado. El Código Procesal Penal, en su artículo 212, establece que la autoridad competente para emitir orden de allanamiento a que se refiere el artículo 99 de la Constitución de la República, es el órgano jurisdiccional que ejerza su competencia en el lugar donde se encuentre el domicilio. Establece el artículo 99 superior que el allanamiento, aun con orden judicial deberá iniciarse entre las seis de la mañana y las seis de la tarde; el constituyente apreció que el Estado de Honduras, en las diligencias que practique en busca de la aplicación de la ley, deberá actuar sin ampararse de la oscuridad de la noche, ergo deberá actuar a la luz del día, posibilitando que todas las personas puedan ver y saber las acciones que realiza el Estado en aras de la seguridad pública. El propósito de que la ley establezca que solamente un órgano jurisdiccional podrá ordenar el allanamiento de un domicilio es debido a que el tribunal evaluará la necesidad y proporcionalidad, entre el principio pro-societate de la persecución e investigación de un hecho delictivo y la garantía constitucional a la inviolabilidad del domicilio, para la práctica de estas diligencias. El órgano jurisdiccional, bajo su responsabilidad, podrá ordenar un allanamiento, cuando resulte la necesidad racional para su práctica, dadas las evidencias que hasta ese momento se cuenten como producto de las investigaciones realizadas por los entes policiales. Todas las diligencias relacionadas con las investigaciones, incluyendo el allanamiento deberán mantenerse en secretividad hasta su práctica, con el fin de garantizar el resultado del mismo, tal y como se contempla en el artículo 278 del Código Procesal Penal. El decreto judicial que ordene la práctica de un allanamiento deberá reunir los requisitos señalados en el artículo 213 del Código Procesal Penal, ordenado por el Órgano Jurisdiccional con competencia en el lugar en donde se lleve a cabo. Aun con orden judicial, el allanamiento que se practique irrespetando el protocolo contemplado para el efecto en los artículos 214 y 215 del Código Procesal Penal, será calificado como ilegal. 3) Allanamiento por Estado de Necesidad: finalmente, en cuanto a los allanamientos por un estado de necesidad o delito flagrante, establece el artículo 99 de la Constitución que se exceptúa a lo anterior, es decir que se podrá realizar un allanamiento sin autorización de las personas que lo habitan o sin orden de autoridad competente y aun fuera de las horas establecidas para ello (06:00 a.m. a 06:00 p.m.), cuando sea con el objeto de impedir la comisión de un delito, para impedir la impunidad de delitos, para impedir daños graves a la persona o para impedir daños graves a la propiedad. Lo anterior es desarrollado por el Código Procesal Penal en su artículo 212, estableciendo los supuestos en donde el Ministerio Público podrá ordenar un allanamiento sin orden judicial y los supuestos en donde la autoridad policial, sin orden judicial y sin orden del Ministerio Público puede practicar un allanamiento: a) El Ministerio Público, cuando no pueda obtener autorización judicial para la práctica de un allanamiento o cuando el trámite para la obtención de la misma represente grave peligro de perder el objetivo de su ejecución, podrá ordenar su práctica: i. Ante casos de flagrancia, cuya noción se forma de tres elementos tal y como lo conceptualiza el artículo 175 No. 1 del Código Procesal Penal: 1) Inmediatez Temporal, referida a la comisión del delito que dentro de poco se perpetrará, la que se está ejecutando o a la que hace instantes se ejecutó; 2) Inmediatez Personal, que vincula a una persona determinada, ya sea porque se encuentre en el lugar con intención de cometer el delito, ejecutándolo o próximo al lugar en donde se ejecutó; 3) Urgencia de intervención para evitar el mal del delito o asegurar al delincuente. ii. Cuando la medida sea necesaria para evitar la comisión de un delito; iii. Para evitar la fuga de un delincuente; iv. Para evitar la pérdida o destrucción de pruebas o evidencias; y, v. En los casos en que la Policía Nacional pueda practicar allanamiento por propia iniciativa en casos urgentes. El Ministerio Público, en estos casos, solicitará a la autoridad judicial competente, en forma inmediata la convalidación del acto, fundamentando por qué no se pudo obtener la autorización correspondiente y acompañando el fundamento que motivó la práctica de la diligencia. b) La Policía Preventiva o la Policía de Investigación, cuando no pueda obtener autorización del Ministerio Público o autorización judicial por medio del Ministerio Público para la práctica de un allanamiento o cuando el trámite para la obtención de la misma represente grave peligro de perder el objetivo de su ejecución, podrá practicarlo: i. Cuando exista noticia fundada de que una persona extraña a las que habitan una morada, casa, lugar en que viva una persona, fue vista en el momento en que se introducía a ésta en circunstancias inusuales; ii. Cuando la persona que es perseguida para su captura, entra a una casa habitada, sea propia o ajena; iii. Cuando dentro de una morada, se oyen voces o gritos de alarma que pongan de manifiesto que se está cometiendo un delito o que alguien solicita auxilio; iv. Cuando el allanamiento se haga necesario por causa de incendio, terremoto, inundación, epidemia u otro peligro semejante, para efectos de impedir o minimizar los daños a la vida y a los bienes. En estos casos, la autoridad policial deberá, en lo posible, hacerse acompañar de dos testigos que no tengan ninguna vinculación con los cuerpos de investigación, levantando el acta respectiva de lo actuado, la que deberá ser firmada por los agentes policiales y por las personas en cuya presencia se haya realizado la diligencia o en su caso, se deberá consignar su negativa de hacerlo. Los Agentes de Policía pondrán en conocimiento inmediatamente al Ministerio Público sobre la práctica del allanamiento, para que éste -sin demora alguna- solicite su convalidación a la autoridad judicial correspondiente, explicando las razones por las cuales no se pudo obtener la misma en forma previa y acompañando el fundamento para la práctica de la diligencia. Delito Flagrante en Interior de Domicilio: Especial atención merecen los hechos constitutivos de flagrancia domiciliaria, (primer motivo de allanamiento de emergencia regulado en el artículo 212 del CPP) entendidos como los casos en donde nos encontremos ante un delito flagrante cometido en el interior de un domicilio. La calificación de delito flagrante cometido en público se deriva de la percepción de quienes presencian cualquiera de las circunstancias señaladas en el artículo 175 del Código Procesal Penal: 1) Flagrancia Propia: Art. 175.1 CPP; 2) Flagrancia Impropia, conocida como cuasi flagrancia: art. 175.2 CPP y, 3) Flagrancia Impropia conocida como flagrancia presunta: 175.3 CPP; como consecuencia se presenta la dificultad de que cuando el delito flagrante es ejecutado en el interior de un domicilio no se cuenta con “publicidad” que facilita el conocimiento de las mencionadas circunstancias, entonces es menester determinar qué condiciones permitirán poder establecer su existencia y que justifique emergentemente el ingreso como condición límite al derecho fundamental de la inviolabilidad del domicilio, esas condiciones son la existencia de evidencia y la urgencia de intervención: 1. La Evidencia, (cuya acepción en este caso significa certeza de tener el conocimiento de algo) puede adquirirse a través de la percepción o a través del conocimiento: a. La percepción involucra información obtenida por los sentidos, por cuanto estamos hablando en los casos de: i) Los agentes de policía, a través de ventanas o puertas abiertas logran ver la ejecución del delito flagrante en el interior del domicilio; ii) Cuando por resultado de intervenciones telefónicas autorizadas se escucha evidencia del delito flagrante; iii) Cuando los agentes han observado la comisión de un delito en el exterior de la vivienda cuyos participes inmediatamente ingresan al domicilio, en el caso previsto en el artículo 212.3 del CPP y; iv) en general en los casos en donde los agentes de la autoridad perciban directamente hechos de los que se colija un acto delictivo en flagrancia; b. Conocimiento adquirido a través de actos de inteligencia policial, informantes, testigos, agentes encubiertos, prueba en general, que una vez procesada y analizada arrojen evidencia de la existencia de un delito en flagrancia; la mera sospecha o conjeturas respecto a la existencia del delito flagrante no será causa legítima para el ingreso al domicilio. La Urgencia es el segundo elemento que debe observarse y es la necesidad temporal de intervención de los agentes de la policía, sin la cual no se lograría el objetivo de impedir la comisión de un delito, la detención de los culpables o el aseguramiento de elementos de prueba, implica: a. Inmediatez entre la obtención de la evidencia y el ingreso al domicilio; y b. La entrada al domicilio debe realizarse en un momento en que sea posible alcanzar el objetivo perseguido. La práctica de un allanamiento con violación a lo relacionado en los dos apartados anteriores constituye un delito, tipificado en los artículos 202 y 203 del Código Penal, mismo que es de orden público. Ahora bien, cuando el allanamiento ilegal se produce en perjuicio del acusado, puede tener repercusiones en dos sentidos: 1) En el ámbito penal, ajeno al proceso penal que se conoce en contra de la persona acusada (que se convertiría en ofendida de un allanamiento ilegal). En este caso el Ministerio Público deberá proceder criminalmente en contra de la persona o personas que hayan cometido un allanamiento ilegal, una detención ilegal, en su caso, y en general todo acto que esté tipificado como delito, sin importar que estos actos hayan sido cometidos en perjuicio de una persona que esté siendo investigada o procesada por un delito; la Sala de lo Penal quiere ser clara respecto a que un allanamiento ilegal o una detención ilegal en perjuicio del acusado no nulifica el proceso criminal en contra de éste, no lo exime de responsabilidad de los actos criminales que pudiese haber cometido; y por tanto, no podrán oponerse éstos hechos como argumentos de defensa exculpatorios, como bien lo señala el artículo 101 del Código Procesal Penal en su último párrafo. 2) En el ámbito procesal, la repercusión de un allanamiento o una detención practicada fuera del marco de la ley, tiene como imperativa consecuencia su declaratoria de ilicitud. Señala el artículo 1 de la Constitución de la República que Honduras es un Estado de Derecho, ello es ciertamente la base de todo el sistema estatal, por cuanto los Poderes del Estado, instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas y con ello todo funcionario público y empleado público debe desarrollar sus funciones, hacer su comportamiento, bajo lo preceptuado en las normas legales válidas y vigentes, a efecto de que éstas sean positivas y eficaces. El Estado de Honduras, no puede basarse en actuaciones realizadas al margen de la ley o contrarias a la ley, por cuanto sería un contrasentido que queriendo hacer prevalecer el imperio de la ley, se valga de actos ejecutados al margen de ésta. Particularmente, en el Proceso Penal el respecto al derecho, a la ley, constituye su fundamento existencial, es a través del proceso penal que el Estado de Honduras imputa a una persona un acto contrario a la ley, debiendo celebrar dicho proceso con estricto ajuste a las normas para que la consecuencia del juicio sea válida. Concretamente interesa que en el proceso penal la prueba que se reproduzca sea de carácter lícito y de carácter legal. La prueba es de carácter lícita cuando ha sido obtenida mediante un acto o procedimiento estipulado o permitido por la ley, ergo, la prueba es de carácter ilícita cuando para su obtención se ha violentado la ley, causando la violación o la disminución ilegítima de derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República o violación o disminución ilegitima de los Derechos Humanos establecidos en los Tratados y Convenios que formen parte del derecho interno hondureño y que compongan el bloque constitucional. De lo anterior se concluye que para la existencia de prueba prohibida se requiere los siguientes presupuestos: a. Que se haya obtenido una prueba o una fuente de prueba; b. Que dicha obtención haya sido contraria a la ley, es decir no amparada por la ley; incluye aquí el prevalimiento de la supremacía de la Constitución de la República o de las normas que integran el bloque constitucional, por cuanto aun cuando un reglamento o una ley autorice la obtención de la fuente de prueba, ésta se considerará ilícita si contradice normas fundamentales; c. Que la obtención de la fuente de prueba haya significado la violación o disminución ilegitima de garantías fundamentales o de derechos humanos, reconocidos en la Constitución de la República o en los Tratados y Convenios que formen parte del derecho interno del Estado, respectivamente; d. Que la violación o disminución ilegitima de ese derecho fundamental o de ese derecho humano, sea en perjuicio de una persona o un grupo de personas determinadas, ya sea que estas personas participen como actores del proceso o que sean terceros desligados a éste; e. Que sin la inobservancia o disminución ilegítima del derecho fundamental o del derecho humano, no hubiese sido posible la obtención de la prueba; y, f. Que la inobservancia o disminución ilegítima del derecho fundamental o del Derecho Humano sea anterior o simultánea a la obtención de la prueba. El Legislador hondureño, ha previsto que cuando se reproduzca un medio de prueba ilícito en el proceso, la sanción procesal será el desconocimiento de cualquier valor probatorio de ésta –Teoría del Árbol Envenenado- pero además, el legislador hondureño ha establecido que también carecerá de eficacia probatoria todo medio de prueba que se derive directamente de aquella que ha sido obtenida mediante la violación o disminución ilegítima de garantías fundamentales o derechos humanos –Teoría Frutos del Árbol Envenenado-. Un medio de prueba se deriva de otro ilícito, cuando suprimiendo hipotéticamente el segundo, automáticamente el primero se vería igualmente suprimido, debido a su dependencia existencialista; a partir de esta última idea, la prueba ilícita no puede ser apreciada valorativamente; sí es posible apreciar aquella que se le derive, siempre que concurra cualquiera de las siguientes circunstancias: a. Hallazgo Inevitable o Descubrimiento Inevitable: cuando la prueba derivada, con o sin la prueba ilícita, estaba destinada a ser encontrada; dependerá aquí hacer una relación suficientemente razonada del porqué la prueba derivada hubiese sido inevitablemente encontrada, aun cuando no hubiese existido la prueba ilícita; y, b. Fuente Independiente: Cuando la prueba derivada se desprenda al mismo tiempo e inevitablemente de otro medio de prueba lícito e independiente al de carácter ilícito; entre la fuente independiente y la prueba ilícita no debe haber dependencia existencial, relación o subordinación. El estudio a desarrollar por los juzgadores es la relación causal entre la prueba ilícita y la fuente independiente y al determinarse que no existe ninguna, la ilicitud de la prueba no alcanza la prueba derivada, por cuanto esta última se desprende igualmente de una fuente independiente lícita. El control procesal de la prueba ilícita puede ser de previo o a posteriori: De previo, inadmitiendo el medio de prueba en la audiencia de proposición de ésta a consecuencia de su ilicitud (Art. 317 del CPP) o denunciando su ilícito en la etapa de incidentes del debate por hechos nuevos o hechos antes no conocidos hasta entonces (Art. 320 CPP); o a posteriori cuando el Tribunal de Sentencia, en su valoración, niegue crédito a la prueba y a toda aquella que se derive de ésta (Art. 220 CPP) o mediante un recurso de casación. De la Procedencia del Recurso. El Motivo es de Recibo. Al analizar el recurso planteado por la parte recurrente, resulta necesario hacer una revisión del acta de debate de fecha 30 de enero de 2020 que corre agregada a folio 36 al 45 del tomo II de la foliada judicial; en las cuales encontramos la evacuación de medios de prueba, así como la declaración del acusado José Antonio Rodríguez Valerio, quien renunciando a su derecho a no declarar manifestó que, en días anteriores habían encontrado junto con su esposa una bolsa blanca que ellos suponían era basura y la colocaron en el área donde se ponen los desechos, que ellos viven en una casa grande que es una cuartería, que tiene un área común de todos los vecinos y ahí encontraron la bolsa; afirmó el acusado que los policías llegaron, él y su esposa estaban discutiendo como una discusión normal, que la bolsa la obtuvieron los policías, mi hijo les dio la bolsa del basurero, que todos los inquilinos ponen la basura en un mismo punto. Por su parte el agente de policía Martin Daniel Ávila Vallecillo, afirmó que recibieron una denuncia al 911, se trasladaron y vieron un ciudadano afuera, en una esquina por lo que se dirigieron a donde él y le pidieron un registro y no andaba nada, en su mano derecha si cargaba una bolsa y al registrarla lo que había era hierba seca supuesta marihuana, que lo capturaron, que el acusado estaba afuera de la vivienda. También se presentó a declarar el policía Ever Daniel Gálvez, fuimos a cumplir una denuncia, en eso llegamos al lugar donde vive él y en su mano derecha le miramos una bolsa, que en su interior tenía hierba seca supuesta marihuana; en el momento de las preguntas estableció el testigo que llegaron al lugar por una denuncia de violencia doméstica o intrafamiliar, afirmó que le pidieron autorización a la dueña de la casa y entramos adentro en la pulpería estaba, que dentro de la casa le decomisaron la droga, en el corredor. Por parte de la defensa se presentó a declarar Ersilia Purificación Ardón, esposa del ahora acusado, afirmó que el día de los hechos tuvimos una discusión con mi esposo y en eso llegó la policía, entraron a la casa y registraron y ahí donde se pone la basura encontraron esa bolsa que nosotros habíamos encontrado días antes y la habíamos puesto en el lugar donde se pone la basura, aseveró que a la vivienda ingresaron dos policías, que entraron sin pedir permiso, nosotros estábamos al fondo de la casa, llegaron y empezaron a ver incluso el negocio, se fueron a la basura y ahí miraron la bolsa, ahí habían clientes porque son varios los inquilinos ya que es una cuartería; de igual forma declaró la señora Jessenia Marbely Vasquez, afirmó que el día de los hechos fue a comprar a la pulpería de ellos porque tienen negocio, ella es vecina porque vive en la cuartería, ellos estaban discutiendo y llegó la policía y vi yo que sacaron esa bolsa de la basura. Al analizar las actuaciones de los agentes policiales y las prueba presentada por la acusación, para esta Sala de lo Penal el allanamiento practicado por los Agentes de Policía, mediante el cual capturaron al acusado y encuentran la supuesta droga no cumple con los requisitos establecidos en la ley, debido a que el ingreso a la morada del acusado no fue autorizado por los habitantes, no se contaba con previa autorización judicial, no se contaba con previa autorización fiscal y no respondía a una causa de emergencia, es mas no se levantó un acta de allanamiento como tal, pues los agentes ingresaron a la vivienda del acusado sin pedir autorización, es decir convencidos que podían ingresar de forma indebida al lugar donde moraba no solo el acusado y su pareja, sino que es además el lugar de residencia de mas personas al constituirse el lugar en una cuartería. De lo cual podemos concluir que: i) Los Agentes no levantaron un acta de allanamiento al ingresar a un domicilio cuya entrada es protegida por la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de Derechos humanos. ii) No presentaron la autorización de ingreso de alguno de los que moraban en el lugar. iii) No existió autorización judicial, los agentes no actuaron en obediencia a una orden judicial de allanamiento o a una orden fiscal de allanamiento. iv) No existió situación de emergencia de las contempladas en el artículo 99 de la Constitución de la República y desarrolladas en el artículo 212 del Código Procesal Penal. v) No se realizó la convalidación respectiva ante el Juez de garantías. Si bien los agentes de policía en ningún momento consideraron su accionar como un ingreso indebido a una vivienda, pues de ello resulta que no presentaron acta de allanamiento y mucho menos autorización de ingreso de los moradores, ello no significa que el mismo no se catalogue como un allanamiento de morada ilicito, pues ingresaron a una vivienda, registraron el lugar y capturaron al imputado sin contar con una autorización judicial; resulta aún más sorprendente que el ente acusador y quien dirige la investigación penal, no se haya dado a la tarea de convalidar las actuaciones de los policías ante el Juez de instrucción, sino que guarde silencioso ante tan evidente ilicitud. Podemos concluir que el allanamiento mediante el cual se le da captura al imputado fue realizado contrariando el artículo 99 de la Constitución de la República y el artículo 212 del Código Procesal Penal, generando como consecuencia que toda la actividad probatoria que se genera de esos actos ilícitos carezca de valor absoluto, como lo ordena el artículo 1 de la Constitución de la República, cuando proclama a Honduras como Estado de Derecho y el artículo 200 del Código Procesal Penal. La Sala de Casación declara que es procedente declarar con lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su motivo único, debiendo revocarse la sentencia impugnada. Decisión Se declara ha lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo, interpuesto por la defensa pública. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 99, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 212, 359, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Único: a) Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por el Abogado Fabio José Ventura Coello en su condición de defensor público del señor José Antonio Rodríguez Valerio. b) Revoca la sentencia de fecha treinta de enero de dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de Danlí, departamento de El Paraíso. c) Casa la sentencia recurrida en el sentido siguiente: Absuelve de toda responsabilidad penal al señor José Antonio Rodríguez Valerio, como autor del delito de Facilitación Intencional de Medios de Trasporte para el Trafico de Drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras; en consecuencia, ordena su libertad inmediata y que se le otorgue su carta de libertad correspondiente. Y manda: que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó Magistrado Mairena Franco. Notifíquese. - Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. Mario Rolando Díaz Flores. Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrada. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora sala penal.”