Sentencia CP-16-20 — Registro 18761
Resumen
En primer instancia se absuelve al acusado por por seis delitos electorales de tramitar cambios domiciliarios ilegales, violación de los deberes de los funcionarios y abuso de autoridad, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
El Motivo no es de Recibo. La recurrente confunde el alcance de la falta de consideración con la de exclusión de alguna prueba de valor decisivo, identificando con ello, la falta de estudio del motivo invocado, pues, en el desarrollo del recurso, ‘la recurrente ha descrito “excluyo las declaraciones de los señores Arnaldo Guerra y Miguel Ángel Flores…”, como si la exclusión y la falta de consideración fuere un solo vicio, cuando ambos representan ser independientes uno del otro, como se expresó en el apartado anterior. La Sala de lo Penal observa que el argumento que sustenta el único motivo se aleja totalmente de la finalidad precepto normativo citado como autorizante, pues ha explicado esta Sala que el vicio de exclusión de prueba de valor decisivo ocurre cuando propuesto, admitido y reproducido un medio de prueba, el Tribunal de Sentencia le resta eficacia probatoria de forma arbitraria, es decir, sin externar las razones que lo motivaron a tomar esa decisión, o bien, cuando por un desacertado criterio jurídico considera el sentenciador la ilicitud de dicho medio de prueba cuando no lo sea. Otro tanto igual, ocurre con la falta de consideración de prueba de valor decisivo, pues el requisito condicionante para que se ocasione el vicio es que el medio de prueba dejado de considerar haya sido previamente propuesto, admitido y reproducido en juicio, y en donde el Tribunal de Sentencia, a pesar de la actividad procesal llevada a cabo, omite hacer toda referencia positiva o negativa de dicho medio de prueba en la sentencia, dejando la incertidumbre si la toma en cuenta del medio de prueba dejado de considerar o excluido hubiese cambiado el estado de convicción del juzgador en relación al objeto del proceso. De ocurrir cualquiera de los dos vicios, la Sala de lo Penal tendrá como tarea determinar si el medio de prueba indebidamente excluido o dejado de considerar posee un valor decisivo para la resolución del fallo, lo cual se hará conforme al método de inclusión hipotética explicado anteriormente. En resumen, el recurso presentado en su primer motivo debe de ser desestimado.
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362 numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-16-2020, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cuatro días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro (2024), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Nelson Danilo Mairena Franco, en su calidad de coordinador, Mario Rolando Díaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP 16-2020 por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha diecinueve de septiembre del año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Gracias, Departamento de Lempira, mediante la cual Falló: Primero: Absolvió al señor Francisco Santos Lara, por Seis delitos Electorales de Tramitar Cambios Domiciliarios Ilegales, en perjuicio Del Sistema Democrático y el Estado de Derecho de Honduras. Segundo: Absolvió al señor Francisco Santos Lara, por el delito de Violación de los Deberes de los funcionarios, en perjuicio de La Administración Pública de Honduras. Tercero: Absolvió al señor Francisco Santos Lara, por el delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de La Administración Pública de Honduras. Cuarto: Sin Costas Procesales. QUINTO: No Procedió el comiso. Sexto: Sin responsabilidad civil. Son partes en la única instancia: La Abogada Kenddy Mejia Oseguera, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente. Hechos Probados “UNO.- Los señores Vilma Carolina Orellana Portillo, Mercedes Portillo García, José Hugo Villanueva, Leandro Flores Dubón, Epifanio Villanueva, José Pablo Villanueva, Raimundo Dubon Rivera, María Elizabeth Portillo, Paula Miranda, José Aníbal Villanueva Elvir, José Alejandro Villanueva, Rumaldo Villanueva Orellana, José Wil Villanueva Pérez, y José Isidro Portillo Garay, tramitaron sus cambios de domicilio para el Municipio de Las Flores Lempira entre las fechas del 25 de julio al 4 de agosto del año dos mil diecisiete y son originarios y residentes del municipio de Lepaera, departamento de Lempira, documentación esta que fue recibida por el señor Francisco Santos Lara. DOS. En fecha veintiocho de agosto del año dos mil dos fue nombrado el ciudadano Francisco Santos Lara en el cargo de Registrador Civil Municipal en el Registro Civil Municipal de Las Flores, Lempira, desempeñándose en la actualidad en el mismo cargo.” Recurso De Casación: La recurrente Abogada Kenddy Mejía Oseguera, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN 1. INFRACCIÓN DE LEY MOTIVO INVOCADO: “Falta de Aplicación de los artículos 60 Y 212 numeral 20 de La ley Electoral y de las Organizaciones Políticas.”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO POR INFRACCION DE LEY: Los preceptos penales y legales citados como infringidos por Falta de Aplicación textualmente dicen Articulo 60 de La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas: “Actualización del Domicilio. El ciudadano podrá solicitar cambios de registro de domicilio electoral solamente en los casos en que resida o que sea originario del Municipio para el cual solicite el cambio, debiendo hacer la gestión personalmente ante la Oficina del Registro Civil Municipal de su nuevo domicilio electoral. El ciudadano que gestione un cambio de domicilio electoral fuera de los dos (2) casos anteriores, incurrirá en delito electoral”. Ningún Funcionario o empleado del Registro Nacional de las Personas podrá negarle a darle tramite las solicitudes de cambio de domicilio electoral, salvo que el peticionario no llenare los requisitos de ley... El Funcionario o empleado que incumpliere lo dispuesto en este artículo incurrirá en delito electoral”. Artículo 212 numeral veinte (20). “Otros delitos Electorales. Serán Penados con Reclusión de cuatro (4) a seis (6), quienes incurran en los actos siguientes: 1)... 2)... 3)...4)... 5)... 6).... 7)... 8)... 9)... 10)... 11)... 12)... 13)... 14)... 15)... 16)... 17)... 18)... 19)... 20) Alterar las base de datos, que contiene el Censo Nacional Electoral, las que sirven de base para su elaboración, las que contienen la información de escrutinios y las demás relacionadas con la documentación electoral”. Los hechos declarados probados por el Juzgador fueron los siguientes: UNO.- Los señores VILMA CAROLINA ORELLANA PORTILLO, MERCEDES PORTILLO GARCIA, JOSE HUGO VILLANUEVA, LEANDRO FLORES DUBON, EPIFANIO VILLANUEVA, JOSE PABLO VILLANUEVA, RAIMUNDO DUBON HERRERA, MARIA ELIZABETH PORTILLO, PAULA MIRANDA, JOSE ANIBAL VILLANUEVA ELVIR, JOSE ALEJANDRO VILLANUEVA. RUMALDO VILLANUEVA ORELLANA, JOSE WILL VILLANUEVA PEREZ, Y JOSE ISIDRO PORTILLO GARAY, tramitaron sus cambios de domicilio para el Municipio de las Flores Lempira entre las fechas del 25 de Julio al 04 de Agosto del año dos mil diecisiete y son originarios y residentes del Municipio de Lepaera, Departamento de Lempira, documentación esta que fue recibida por el señor FRANCISCO SANTOS LARA. DOS.- En fecha veintiocho de Agosto del año dos dos el ciudadano FRANCISCO SANTOS LARA en el cargo de Registrador Civil Municipal en el Registro Civil Municipal de Las Flores Lempira desempeñándose en la actualidad en el mismo cargo. Dado lo anterior, el Tribunal de Sentencia declaró Absolver al señor FRANCISCO SANTOS LARA de SEIS DELITOS ELECTORALES POR ADMITIR Y DARLE TRAMITE A CAMBIOS DOMICILIARIOS ILEGALES, EN CONCUROS IDEAL Y EN CONCURSO REAL, y por SEIS DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD Y SEIS DELITOS DE VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, al manifestar” al analizar la normativa violentada establecida en el artículo 60 de la Ley Especial Electoral, nos damos cuenta que dicha norma si bien contiene una acción que es constitutiva de delito denominada Actualización Domiciliaria Ilegal, el cual se encuentra dentro de los delitos electorales, pero no contiene de manera expresa ni tacita la sanción o consecuencia como ser la pena, no se ve por ningún lado reflejado lo que en doctrina se llama leyes de reenvió, es decir cuando una ley en blanco no tiene uno de los elementos que debe de contener una ley completa, esta debe de remitirla a otra ley donde se encuentra el complemento del restante elemento del cual adolece la ley en blanco, pero en el presente caso observamos un tremendo vació, la ley no puede aplicarse por analogía y específicamente en este caso, tal como lo ha querido ver la representante del Ministerio Publico donde considera que la pena de este delitos se encuentra en al artículo 212. numeral 20 cuando esta norma no tiene ninguna conexividad con el artículo 60 de ala Ley Electoral; El Ministerio Público recurre al percibir que existe una falta de aplicación de los artículos 60 Y 212 numeral 20 de La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, ya que consideramos que se presentan todos los requisitos exigidos por dicha Ley Especial para considerar la participación del acusado quien a título de autor participo en la comisión de SEIS DELITOS ELECTORALES POR ADMITIR Y DARLE TRAMITE A CAMBIOS DOMICILIARIOS ILEGALES, EN CONCUROS IDEAL Y EN CONCURSO REAL, y por SEIS DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD Y SEIS DELITOS DE VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS. Como se puede colegir de la simple lectura del Factum; refiriendo textualmente que: “Los señores VILMA CAROLINA ORELLANA PORTILLO. MERCEDES PORTILLO GARCIA, JOSE HUGO VILLANUEVA, LEANDRO FLORES DUBON, EPIFANIO VILLANUEVA, JOSE PABLO VILLANUEVA, RAIMUNDO DUBON HERRERA, MARIA ELIZABETH PORTILLO, PAULA MIRANDA, JOSE ANIBAL VILLANUEVA ELVIR. JOSE ALEJANDRO VILLANUEVA, RUMALDO VILLANUEVA ORELLANA, JOSE WILL VILLANUEVA PEREZ, Y JOSE ISIDRO PORTILLO GARAY, tramitaron sus cambios de domicilio para el Municipio de las Flores Lempira entre las fechas del 25 de Julio al 04 de Agosto del año dos mil diecisiete y son originarios y residentes del Municipio de Lepaera, Departamento de Lempira, documentación esta que fue recibida por el señor FRANCISCO SANTOS LARA”. Y que en fecha veintiocho de Agosto del año dos dos el ciudadano FRANCISCO SANTOS LARA en el cargo de Registrador Civil Municipal en el Registro Civil Municipal de Las Flores Lempira desempeñándose en la actualidad en el mismo cargo. La acción descrita en el factum y que fuera ejecutada por el acusado se enmarca perfectamente en la norma que se reclama como infringida por falta de aplicación, pues como puede evidenciarse de la simple lectura del mismo, los señores, VILMA CAROLINA ORELLANA PORTILLO, MERCEDES PORTILLO GARCIA, JOSE HUGO VILLANUEVA, LEANDRO FLORES DUBON, EPIFANIO VILLANUEVA, JOSE PABLO VILLANUEVA, RAIMUNDO DUBON HERRERA, MARIA ELIZABETH PORTILLO, PAULA MIRANDA, JOSE ANIBAL VILLANUEVA ELVIR, JOSE ALEJANDRO VILLANUEVA, RUMALDO VILLANUEVA ORELLANA, JOSE WILL VILLANUEVA PEREZ, Y JOSE ISIDRO PORTILLO GARAY, se presentaron al Registro Civil del Municipio de Las Flores a solicitar el traslado domiciliario, el cual el ahora acusado en su condición de Funcionario Público como Registrador Civil Municipal de Las Flores, dio tramite y gestiono las solicitudes de traslado domiciliario solicitadas por los ciudadanos mencionados, y que el resultado de esta acción irregular permitida por el señor acusado produjo la Alteración a la Base del Censo Nacional Electoral, tal como lo establece el artículo 212 numeral 20 de la Ley Especial. Para que se configure el delito de CAMBIOS DE DOMICILIO ILEGAL, se requiere acreditar: 1) El Objeto material del delito, se acredito en la Substancias-ion del juicio, que el acusado dio tramite y gestiono el traslado domiciliario al Municipio de las Flores, de estos ciudadanos que lo solicitaban, siendo estos los señores VILMA CAROLINA ORELLANA PORTILLO, MERCEDES PORTILLO GARCIA, JOSE HUGO VILLANUEVA, LEANDRO FLORES DUBON, EPIFANIO VILLANUEVA, JOSE PABLO VILLANUEVA, RAIMUNDO DUBON HERRERA, MARIA ELIZABETH PORTILLO, PAULA MIRANDA, JOSE ANIBAL VILLANUEVA ELVIR, JOSE ALEJANDRO VILLANUEVA, RUMALDO VILLANUEVA ORELLANA, JOSE WILL VILLANUEVA PEREZ, Y JOSE ISIDRO PORTILLO GARAY, son residentes del Municipio de Lepaera, Lempira extremo este acreditado con prueba documental de cargo. 2) La conducta criminosa: El acusado como Funcionario Público, tenía el pleno conocimiento que su actuar era ilegal desde el momento en que dio tramite y gestiono los traslados domiciliarios solicitados ante la Oficina del Registro Civil de su Municipio, a sabiendas que estaba en contravención a las disposiciones de lo que establece la Ley Electoral y de Las Organizaciones Políticas. 3) Modalidad criminosa; Entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector, está prevista en su actuar doloso del seguimiento del trámite, dando como resultado la violación al bien jurídico tutelado por la norma específica del Sistema Democrático y el Estado de Derecho de Honduras. El acusado en su condición de Registrador Civil Municipal de Las Flores, Lempira, dio tramite y gestiono la solicitud de estos ciudadanos mencionados en el cual a sabiendas de su acción ilegal, refrendo con su firma el recuadro que se plasma en el formato de traslados domiciliarios, estando obligado dicho funcionario a negar lo solicitado por estos ciudadanos ya que no cumplían con los requisitos de ley tal como lo establece el artículo 60 de La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. Sin embargo, el juzgador estimó en dicha sentencia que “Por tal razón no procede dictar sentencia condenatoria en la presente causa en vista de adolecer de uno de los elementos que conforman el delito, por otro lado no se subsiste el delito de ABUSO DE AUTORIDAD ni mucho menos el delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, ya que si no se probó la comisión del delito electoral de GESTIONAR CAMBIOS DE DOMICILIO ILEGAL tampoco puede cometer estos delitos en vista que los mismos nacen del anterior.”. incurriendo por tanto el Tribunal, en el vicio que fundamenta el motivo del presente Recurso por Infracción de Ley. Para los efectos del artículo 360 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público expresa que la interpretación pretendida del precepto penal relacionado, está orientada a que el acusado FRANCISCO SANTOS LARA ejecuto acción constitutiva de SEIS DELITOS ELECTORALES POR ADMITIR Y DARLE TRAMITE A CAMBIOS DOMICILIARIOS ILEGALES, EN CONCUROS IDEAL Y EN CONCURSO REAL, y por SEIS DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD Y SEIS DELITOS DE VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, se afirma que el sentenciador al haber dictado tal sentencia al encausado ha producido en consecuencia la violación del precepto penal contenido en los artículos 60 y 212 numeral 20 de La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN II. QUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVOS INVOCADOS: El dictar un fallo absolutorio excluyendo prueba de valor decisivo”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral dos, del Código Procesal Penal. EXPLICASION DE MOTIVOS POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA Excluir dos medios de prueba testificales de valor decisivo en el presente proceso. Los hechos declarados probados por el Juzgador fueron los siguientes: UNO. Los señores VILMA CAROLINA ORELLANA PORTILLO, MERCEDES PORTILLO GARCIA, JOSE HUGO VILLANUEVA, LEANDRO FLORES DUBON, EPIFANIO VILLANUEVA, JOSE PABLO VILLANUEVA, RAIMUNDO DUBON HERRERA, MARIA ELIZABETH PORTILLO, PAULA MIRANDA, JOSE ANIBAL VILLANUEVA ELVIR, JOSE ALEJANDRO VILLANUEVA, RUMALDO VILLANUEVA ORELLANA, JOSE WILL VILLANUEVA PEREZ, Y JOSE ISIDRO PORTILLO GARAY, tramitaron sus cambios de domicilio para el Municipio de las Flores Lempira entre las fechas del 25 de Julio al 04 de Agosto del año dos mil diecisiete y son originarios y residentes del Municipio de Lepaera, Departamento de Lempira, documentación esta que fue recibida por el señor FRANCISCO SANTOS LARA. DOS. En fecha veintiocho de Agosto del año dos dos el ciudadano FRANCISCO SANTOS LARA en el cargo de Registrador Civil Municipal en el Registro Civil Municipal de Las Flores Lempira desempeñándose en la actualidad en el mismo cargo. VALORACION DE LA PRUEBA UNO. En cuanto este considerando esta Fiscalía Especial de Derechos Humanos no tiene nada que manifestar, ya que fueron acreditados en el desarrollo del Juicio Oral y Público y el Tribunal los considera como hechos probados. DOS. En cuanto este considerando esta Fiscalía Especial de Derechos Humanos no tiene nada que manifestar ya que fueron acreditados en el desarrollo del Juicio Oral y Público y el tribunal los considera como hechos probados. TRES. En cuanto este considerando esta Fiscalía Especial de Derechos Humanos no tiene nada que manifestar ya que fueron acreditados en el desarrollo del Juicio Oral y Público y el Tribunal los considera como hechos probados. CUATRO.- En cuanto este considerando esta Fiscalía Especial de Derechos Humanos no tiene nada que manifestar ya que fueron acreditados en el desarrollo del Juicio Oral y Público y el Tribunal los considera como hechos probados. CINCO. La defensa por su parte propuso y a su vez dos medios de prueba testificales, por un lado el señor José Aníbal Villanueva Elvir, y por otro lado Oscar Diaz, el primero es uno de las personas que hizo el cambio de trámite del domicilio, quien aseguro que dicho trámite lo hizo motivado a una oferta que les hizo el alcalde del Municipio de las Flores, Lempira, que si venían a votar por él les iba a arreglar la calle de la Aldea de donde viven, obviamente el testigo vive en una aldea de Lepaera, Lempira, el mismo alcalde se encargó de darles una constancia de vecindad para que pudieran hacer el cambio del domicilio, pero según manifiesta el testigo el señor alcalde no les cumplió las promesas... Con este medio de prueba de descargo, queda mas que demostrado para el Ministerio Publico que las acciones realizadas por los ciudadanos ya mencionados y gestionadas así como tramitadas por el señor FRANCISCO SANTOS LARA, fueron completamente contrarias a derecho según lo que establece el artículo 60 de La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. SEIS.- En este considerando el Tribunal describe lo expuesto por el Ministerio Publico más sin embargo menciona “al analizar la normativa violentada establecida en el artículo 60 de la ley especial electoral, nos damos cuenta que dicha norma si bien contiene una acción que es constitutiva de delito denominada actualización domiciliaria ilegal, el cual se encuentra dentro de los delitos electorales, pero no contiene de manera expresa ni tacita la sanción o consecuencia como ser la pena, no se ve por ningún lado reflejado lo que en doctrina se llama las leyes de reenvió, es decir cuando una ley en blanco no tiene ninguno de los elementos que debe de contener una ley completa, esta debe de remitirla a otra ley donde se encuentra el complemento del restante elemento del cual adolece la ley en blanco, pero en el presente caso observamos un tremendo vació, la ley no puede aplicarse por analogía y específicamente en este caso, tal como lo ha querido ver la representante del Ministerio Publico donde considera que la pena de este delitos se encuentra en al artículo 212 numeral 20 cuando esta norma no tiene ninguna conexividad con el artículo 60 de ala Ley Electoral; El Ministerio Público recurre al percibir que existe una falta de aplicación de los artículos 60 Y 212 numeral 20 de La Ley Electoral. En la Substancias-ion del Juicio Oral y Público, y con toda la prueba de cargo aportada y evacuada se demostró que las acciones solicitadas por los ciudadanos referentes a los traslados domiciliarios, de las cuales fueron gestionadas por el señor FRANCISCO SANTOS LARA en su condición de Registrador Civil del Municipio de Las Flores tuvieron como resultado Alterar las bases del Censo Nacional Electoral, así lo refirió el testigo de cargo siendo el Secretario del Tribunal Supremo Electoral, extremo este que se configura en al artículo 212 numeral 20 de La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. SIETE.- En este considerando manifestamos que el Juzgador excluyo de la presente sentencia y de los medios de prueba que tenía que haber valorado, la declaración del señor ARNALDO GUERRA en su condición de denunciante, y testigo de cargo, ya que su declaración fue clara, útil y pertinente en el presente proceso en el cual manifestó lo siguiente. Lo mismo que hemos recalcado en la denuncia que interpusimos en el ministerio público, en ese momento estábamos surgiendo como candidato alcalde, entonces la denuncia la pusimos a un llamado que en ese momento estábamos en proceso de la política, allí yo era candidato a alcalde en ese momento recibimos llamadas de los activistas donde personas que era residentes de Lepaera estaban haciendo traslado el señor alcalde con esta gente con carros que era de salud y parte de la municipalidad estaban trasladando a esa gente entonces nosotros dirigimos el Registro Nacional de las Personas y él nos facilitó un listado donde esta gente pertenecía a Lepaera y como el señor alcalde le facilito la constancia de vecindad y fotocopia de identidad entonces ellos procedieron hacer el traslado nosotros después de eso los contactamos fuimos al lugar verificamos que si era de acuerdo al listado había un código que el Tribunal lo facilitaba donde votaba cada persona y si salían a votar al municipio de Lepaera luego con el mismo listado de verificarlos cuando nosotros miramos que si era posible que ya hubiera hecho el traslado cuando nosotros miramos que si era posible que ya hubiera hecho el traslado verificamos el listado entonces allí fue donde nosotros constatamos que ya no pertenecían a votar a Lepaera sino que pertenecían a votar a las flores debido a eso acudimos al Ministerio público, con la indignación de detener el proceso pero lastimosamente no pudieron actuar rápido para que ese proceso se detuviera y que no se llevara a cabo eso, cosa que uno no puede, no se la lentitud de las leyes, usted sabe que es un delito que una persona vaya a votar a otro municipio, alli nosotros recalcamos con las autoridades que no pueden actuar en el momento y esta gente perfectamente con la constancia de vecindad y la copia de la cédula que se les entrego perfectamente pudieron hacer el traslado son cosas como le decía...”. Posteriormente con el interrogatorio formulado por el Ministerio Publico el testigo respondió lo siguiente; 1.- Que los hechos fueron del quince de Julio al Quince de Agosto del año dos mil diecisiete, 2.- que fue el profesor Miguel Ángel Flores y Elder Aguilar quienes le manifestaron lo que estaba sucediendo, 3.- estos últimos le manifestaron que estaban trasladando gente de entresijos, Moaca al Municipio de las Flores en los carros de la municipalidad de las flores, y que venían del municipio de Lepaera al municipio de las Flores, 4.- así también manifestó el testigo ARNALDO GUERRA, que el participaba en un cargo de elección popular, candidato alcalde por el partid liberal, 5.- así mismo manifestó que el Registrador Civil de Las Flores le facilito el listado de personas y que posteriormente al enterarse de estos hechos se reunió con el señor MARIO ORELLANA (que es uno de los procesados), el cual este le manifestó que estos lo hacían porque se sentían abandonados por el Alcalde de Lepaera, y que el Alcalde de las flores había prometido hacerles una escuela en el lugar y arreglarles la carretera manifestando-les el señor ARNALDO GUERRA que ellos no podían hacer eso porque vivían en otro municipio, y que los conoce por los nombres de PAQUITO Y PEDRO, y que esa persona que conocen con el nombre de Paquito es el Registrador Civil del Municipio de Las Flores (osea el ahora acusado), siguió manifestando el señor testigo que el tuvo a la vista las constancias de vecindad. Declaración testifical esta que para el Ente Acusador es de valor decisivo ya que el señor ARNALDO GUERRA fue la persona quien interpuso la denuncia, y un testigo presencial de los hechos que se le acusan al señor FRANCISCO SANTOS LARA y así mismo el Juzgador excluye su declaración de la presente Sentencia en el caso que nos ocupa. Es por este motivo que esta Fiscalía considera que la sentencia adolece del vicio estipulado en el artículo 362 en su numeral dos, en el que se refiere por haber excluido o dejado de considerar prueba de valor decisivo tal como acontecido en el presente juicio oral y público, OCHO: Así también se excluyó la declaración del señor MIGUEL ANGEL FLORES, testigo de cargo, misma que ni se consigan en el acta de debate, menos en la presente sentencia., por lo que no nos podemos pronunciar en cuanto a lo dicho por el testigo, pero si obra en las grabaciones que se realizaron en el desarrollo del Juicio Oral y Público, ya que fue un testigo que el Ministerio Publico propuso como conocedor de los hechos y su declaración es fundamental para el esclarecimiento de los mismos, es por este motivo que esta Fiscalía considera que la sentencia adolece del vicio estipulado en el artículo 362 en su numeral dos, en el que se refiere por haber excluido o dejado de considerar prueba de valor decisivo tal como acontecido en el presente juicio oral y público, que este testigo de cargo MIGUEL ANGEL FLORES no consta su testimonio en el acta de debate ni la valoración que el Tribunal debió de hacer.” Fundamentación Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por infración de Ley. Interpuesto por el Ministerio Público. Único Motivo. • Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; • Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículos 60 y 212 numeral 20 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (Decreto 44-2004); • Concepto de la Infracción: Falta de aplicación de los artículos 60 y 212 numeral 20 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas; y • Pretensión: Se case la sentencia y en su lugar se dicte otra apegada a Derecho. Señala el Ministerio Público que, al analizar el hecho declarado probado, se aprecia una falta de aplicación de los artículos 60 y 212 numeral 20 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. En virtud que el Tribunal de Sentencia absolvió al acusado produciendo en consecuencia la violación al precepto penal antes mencionado, siendo así que el señor Francisco Santos Lara, ejecuto la acción constitutiva del delito de Cambio Domiciliario Legal. Enmarcándose perfectamente en la norma que se reclama como infringida. De la Interpretación de la Ley La labor de complementación que debe realizar el juez, la desarrolla mediante la interpretación que hace de la ley al momento de aplicarla al caso concreto que se está juzgando, pues la norma es la manifestación de un pensamiento hipotético que, como paso previo a su aplicación, debe adecuarse a la realidad. Interpretar no es más que el proceso mediante el cual se desentraña el sentido, objeto y alcance de la norma legal, es decir es el proceso que pretende comprender la norma para su mejor aplicación, pues en retrospectiva una adecuada aplicación de las normas depende no solo del conocimiento del contenido de la norma, sino que además de su comprensión, lo que incluye conocimiento/comprensión del contexto normativo y su influencia en el plexo social. El juez interprete deberá comprobar que un determinado hecho se ajusta al ámbito situacional previsto en la norma y creada precisamente para regular ese tipo de conductas. Velásquez, (Velásquez Velásquez, Fernando. Derecho Penal Parte General. 3° Edición. Editorial Temis S.A., Bogotá Colombia, 1997. Pág. 132) nos señala que, en una sistematización, cuando se habla de interpretación, existen tres categorías: según el intérprete, según los medios empleados y según el resultado obtenido. A) Según El Intérprete: 1. Autentica: Es aquella que realiza el creador de la norma, siendo éste el legislador; (Art. 205.1 de la Constitución); 2. Doctrinaria: Es la interpretación hecha por estudiosos del derecho, las cuales son de carácter ilustrativa no vinculante; sin embargo, es innegable la importancia que la interpretación doctrinaria representa para el ejercicio de la jurisdicción, pues presentan puntos de vista que pueden ser o no compartidos, pero en ambos casos llegan a plantear alternativas posibles a la realidad normativa; y 3. Judicial: Es la realizada por los órganos jurisdiccionales en su labor de juzgamiento de casos concretos; las interpretaciones de las normas solo tendrán el alcance del caso concreto al que se aplica, salvo cuando éstas emanen de la Corte Suprema de Justicia y que hayan servido para resolver tres casos distintos, resueltos en igual número de sentencias, pues en este supuesto la interpretación de la norma constituye doctrina legal (Art. 360 CPP), pasando a ser de carácter obligatorio para todo el sistema judicial y que contribuye a la formación del derecho y a la seguridad jurídica mediante la unificación de criterios que posibilita la previsibilidad de las decisiones judiciales. B) Según El Método: Existen diferentes métodos de interpretación (erigidos por diferentes Escuelas Doctrinarias), que la forma en que estas deben realizarse; son algunas de estas Escuelas (Galindo Garfias, Ignacio, Interpretación e Integración de la Ley, Universidad Nacional Autónoma de México, Estudios Jurídicos Revista 38, año 2006): 1. Método Exegético: Señala que la labor del interprete es indagar sobre el pensamiento del legislador al momento de la elaboración de la norma; parte de que la fórmula legal deriva de la voluntad del legislador con independencia de antecedentes históricos, sociales, políticos, etc., lo que lleva como consecuencia que el sentido de la norma es inmutable en el tiempo, siendo imposible adoptarla a las exigencias futuras .Este método fue uno de los primeros planteados, hoy en día superados, pues la norma no puede anclarse en un punto en el tiempo, mucho menos atender a la voluntad que en su momento tuvo el legislador al crearla, pues una vez puesta en vigencia la norma ingresa a todo el sistema legal, con el que se interrelaciona (Normas Constitucionales, Normas de Convencionalidad, Principios del Derecho Sustantivo y normas de la misma institución legal), y que condicionan la interpretación que debe tener.- Lo anterior no quiere decir que no se pueda tener en cuenta la intención del legislador al momento de crear la norma, pero ello no implica que sea éste el norte que debe seguir el juzgador al momento de interpretarla, pues se insisten, hay múltiples principios que influyen en dicho proceso. 2. Método Dogmático: Parte como fundamento que la fuente de la formula legislativa es el pueblo (soberano), por lo que la ley no puede ser considerada como un hecho fijo e invariable, sino como una significación lógica que evoluciona y se transforma.- Considera al ordenamiento jurídico como un todo establecido sistemáticamente, en la cual cada norma está vinculada con las demás para construir un sistema coherente y uniforme.- Este método señala que la interpretación tiene cuatro elementos, los cuales no son excluyentes, sino complementarios, a saber: a. Gramatical: Permite al interprete empoderarse de la norma a través del lenguaje usado para su construcción; b. Racional o lógico: Consiste en la disección del pensamiento del legislador para identificar las distintas partes que componen la norma y establecer sus relaciones; c. Histórico: Es el estudio retrospectivo del derecho imperante al momento de la creación de la norma y los hechos sociales que motivaron su creación; y d.Sistemático: Promulga que la norma sostiene un vínculo inquebrantable con una institución legal y ésta a su vez, con una rama del derecho específica, la que a su vez se relaciona con el resto del sistema legal. 1. Método Teleológico: Señala que la interpretación deberá partir del fin que se le dé a la norma legal; por ello lo primero es indagar cual es el interés social que pretende proteger para luego identificar la forma en que la norma pretende lograrlo, de modo que su aplicación resulte efectiva. 2. Método de la Evolución Histórica: Parte como principio de que la ley es el producto de las circunstancias sociales imperantes al momento de su elaboración, pero que están tienen la capacidad de adaptación a las nuevas exigencias que se van presentando en la evolución social, a través de la interpretación, la que ciertamente no debe realizarse conforme a la voluntad del legislador, sino atendiendo las necesidades económicas y sociales del momento en que la ley fue formulada, pues ésta tiene vida propia.- Se trata de una “interpretación evolutiva”, que parte de los textos legales en consonancia con las transformaciones de la sociedad, permitiendo que en cada época se pueda dar un sentido regido por la vida social actual. C) Según El Resultado Debe entenderse que las normas son construcciones abstractas, hipótesis de hechos que en sí mismas no constituyen verdades, sino que son instrumentos para la resolución de casos concretos; por ello es labor del intérprete fijar los límites de esa aplicación, atendiendo los elementos gramatical, racional, histórico y sociológico de la norma y de lo cual depende tres posibles resultados: 1. Interpretación declarativa: Mediante la cual el resultado obtenido concuerda de manera idéntica con la fórmula legal, de modo que el intérprete no puede ni ampliar ni restringir el alcance de su tenor literal y éste se limita a resolver la eventual duda, con la exacta correspondencia entre el espíritu y la letra de la ley. 2. Interpretación Extensiva: Que se produce cuando el intérprete evidencia que al texto de la norma puede dársele una significancia más grande y por ende puede tener un espectro de aplicación más amplia, ello debido a que las palabras usadas expresan más de lo que verdaderamente la norma comprende; 3. Interpretación Restrictiva: Cuando el intérprete comprueba que las palabras empleadas en el texto expresan menos que el verdadero contenido de la norma; en estos casos el intérprete define que la norma solo es aplicable a un supuesto de hecho especifico; Interpretación de la Norma Penal En las sentencias emitidas por esta Sala de lo Penal en Exp. 079-2009, del 11de marzo de 2010, en Exp. 270-2009, de fecha 6 de abril de 2010 y el Exp. 218-2010 de 29 de septiembre de 2011, se ha apelado a las reglas de interpretación establecidas en el Código Civil (CC), el que manda primero tener en cuenta la intención del legislador (Método Exegético) mediante una interpretación gramatical de la formula legislativa (Art. 17 y 18 CC), pero además hace mano del Método Dogmático, mandando a realizar una interpretación sistemática (Art. 19 CC) y finalmente dispone que como alternativa última se observe el Método de Evolución Histórica (Art. 20 CC); Es así que el Código Civil adopta una postura ecléctica en lo que concierne a los métodos de interpretación de las normas que debe ser usada atendiendo además los límites que devienen de la naturaleza del Derecho Penal. De este modo, con base en los Principios Pro Persona, Pro Libertate, Legalidad, Inocencia y Favor Rei, son reglas de la interpretación de las normas penales sustantivas: 1. Conforme al Interprete: Los Órganos Jurisdiccionales deberán acatar las interpretaciones a las normas penales que haga el legislador y, en su defecto, las que constituyan Doctrina Legal emanada por la Corte Suprema de Justicia, ello sin perjuicio de plasmar en su resolución su criterio sobre lo atinado o no de éstas; 2. Conforme al Método: a. Se debe tomar como referencia interpretativa el origen de la norma sustantiva, tanto en el derecho nacional, como en el derecho comparado; igualmente, para dicha referencia, podrán considerarse los hechos históricos imperantes al momento de la creación de la norma y la intención que en su momento tuvo el legislador (Método Exegético); b.- El estudio de la norma vigente, propiamente dicha, comienza mediante la interpretación gramatical, dándosele el significado legal a las palabras usadas por el legislador (Método Dogmático: Interpretación Gramatical), identificando su inteligencia, es decir la logicidad de la formula legislativa (Método Dogmático: Interpretación Lógica); c.- Debe reemplazarse la “voluntad del legislador”, por la “voluntad de la norma” (Método Teleológico), entendiéndose como el propósito encomendado a ésta en su actual vigencia cuyo norte es el bien jurídico que se pretende tutelar (Principio de Lesividad) y su concepción en el momento de la aplicación de la norma al caso concreto; La norma debe interpretarse tomando en consideración la dinámica social imperante, ergo no existe una interpretación válida para todo los tiempos (Método de la Evolución Histórica); d.- La interpretación de la norma debe hacerse con plenitud al ordenamiento jurídico, tanto desde la perspectiva vertical, como horizontal (Método Dogmático: Interpretación Sistemática): i.- Perspectiva Vertical (Principio de Jerarquía Normativa): Primero el sentido de la interpretación debe ser armónica con los derechos fundamentales constitucionales y con los derechos humanos contenidos en las normas del bloque constitucional, por lo que de todas las posibilidades interpretativas, deberá elegirse aquella que sea acorde con la norma superior; ii.- Perspectiva Horizontal (Principio de Unidad Sistemática): Por otro lado la norma deberá asemejarse a un engrane que forma parte del todo, por lo que la interpretación deberá realizarse a modo de que no exista discordia con el resto de las normas de la institución jurídica de la que forme parte, de las normas de la rama del derecho a la que pertenezca y finalmente de todo el sistema jurídico nacional. 3. Conforme al Resultado: a.- La interpretación analógica de las normas penales sustantivas es prohibida en derecho penal cuando ésta sea in mala partem, aun cuando ésta sea ordenada por el legislador nacional, pues impera el control de Convencionalidad y la primacía de la Constitución; b.- Las normas deberán interpretarse restrictivamente cuando sea in mala partem y extensivamente cuando sea in bonam partem; y c.- En caso de duda sobre el sentido de una norma, deberá siempre tomarse entre las posibilidades la interpretación que más favorezca al reo. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Debe tenerse presente que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juridicidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis de al recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. De acuerdo, a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el caso actual, nos encontramos con la aplicación del artículo 60 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (Decreto 44-2004), normativa derogada con la entrada en vigor del Decreto 35-2021 contentiva de la Ley de Electoral de Honduras. El artículo 60 de la Ley Electoral reconoce el derecho de los ciudadanos a la actualización del domicilio, el que se hará en los casos en que sea originario o resida en el Municipio para el cual solicita el cambio, debiendo hacer la gestión personalmente ante la oficina del Registro Civil Municipal de su nuevo domicilio electoral. El ciudadano que gestione un cambio de domicilio electoral fuera de los dos (2) casos anteriores, incurrirá en delito electoral. La Ley prevé expresamente que gestionar la actualización del domicilio fuera de las dos causales que reconoce la norma, o por deducción lógica haciendo uso de forma arbitraria de los presupuestos procesales constituye un delito electoral. En la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas establece en su artículo 212, los otros delitos electorales, los que eran penados con reclusión de cuatro (4) a seis (6) años, quienes incurran en los actos siguientes: … 20) Alterar las bases de datos, que contiene el Censo Nacional Electoral, las que sirven de base para su elaboración, las que contienen la información de escrutinios y las demás relacionadas con la documentación electoral. La posición del Ministerio Público se basa en que se debe aplicar como norma de reenvió el artículo 212 numeral 20, en los casos que concurra lo regulado en el artículo 60, ambos de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, pero al observar los verbos rectores y situaciones descritas en eso preceptos normativos, nos encontramos ante situaciones diferentes, la actualización de domicilio ilícita con la alteración de las bases de datos del Censo Nacional Electoral. Para responder lo planteado por el ente acusador, se debe observar los elementos de la norma y la teoría de los elementos del delito. El legislador se encuentra en la obligación de que los elementos del tipo penal se redacten en términos claros, precisos y exactos, al prever las penas y describir las conductas que señales como típicas, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, cuando ello sea necesario para evitar confusiones en su aplicación o demérito en la defensa de la persona acusada; asimismo la ley debe detallar claramente la conducta considerada ilícita, evitando el uso de conceptos ambiguos que generen un estado de incertidumbre jurídica en el gobernado y una actuación arbitraria del intérprete de la norma. La garantía de exacta aplicación de la ley penal, así como la prohibición de aplicación analogía, no se vulnera cuando la ley equipara un delito con otro y dispone que se les imponga la misma pena, siempre y cuando se descrita la conducta con todos sus elementos, así como la sanción que debe aplicarse. Si se violaría lo anterior cuando no se describe la pena sin precisar, generando incertidumbre, tal como es el caso in examine, puesto que nos encontramos ante una acción que fue antijurídica, por la falta de justificación y de cumplimiento de los presupuestos legales para el cambio de domicilio, por lo que la acción también es culpable, al haber conocimiento de la ley y realizarla ya sea culposa o dolosa, pero se puede constatar que falta el elemento de la punibilidad, ya que la acción delictiva que invoca el agente fiscal, no tiene desarrollada en la norma una pena, ni remite a la aplicación de otra pena. El derecho penal opera bajo el principio de máxima taxatividad legal, partiendo del artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, referente al Principio de legalidad y de retroactividad, establece los criterios de que al momento de observar la limitación de un derecho, se tiene que tener una precisión de una norma sancionatoria de naturaleza disciplinaria, con mayor razón en tipo penales, debe respetar el principio de máxima taxatividad legal, lo que exige que las acciones y omisiones sean definidas con términos estrictos e inequívocos que acoten las conductas sancionadas, la tipificación de la limitación de derechos, debe formularse en forma expresa, precisa, taxativa y previa. Sobre esto también es aplicable lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-6/86 sobre la expresión de Leyes, donde establecieron que solo en las leyes se puede regular la restricción de derechos, como el de libertad, y solo serán leyes aquellas que ha aprobado el legislador, lo que coincide con el artículo 11 del Código Penal del caso, que contemplaba que los jueces no pueden crear figuras delictivas, por lo que la aplicación del artículo 60 bajo la penal contemplaba en el artículo 212 numeral de la anterior Ley electoral, sin existir una remisión de la primera a la segunda o un nexo, similitud de verbos rectores o aspectos objetivos fijados por el legislador para su envió, genera una arbitrariedad, porque al juez penal le corresponder en el momento de la aplicación de la ley penal, atenerse estrictamente a lo dispuestos por esta y observar la mayor rigurosidad en el adecuamiento de la conducta de la persona incriminada al tipo penal, de forma tal que no incurra en la penalización de actos no punibles en el ordenamiento jurídico. Fundamentación Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que la norma procesal ordena (Inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (Inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Único Motivo. • Norma autorizante: Artículo 362 numerales 2 del Código Procesal Penal. • Norma Adjetiva que se denuncia infringida: Artículo 362 numerales 2 del Código Procesal Penal. • Concepto de la infracción: Se excluye o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. • Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la censora. • Pretensión: Que se case el fallo que se recurre. • Para la recurrente el Tribunal de Sentencia en la valoración de la prueba se excluyó prueba de valor decisivo como es la declaración del testigo, consistente en las declaraciones de los señores Arnaldo Guerra y Miguel Ángel Flores, en su calidad de testigos de cargo, ya que las declaraciones fueron claras, útiles y pertinentes en el presente proceso. De la Exclusión y Falta de Consideración de Prueba con Valor Decisivo Es importante recordar que el proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el tribunal de sentencia pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; Éste proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del CPP), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley (Art. 199 del CPP), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben de reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del CPP) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del CPP) o como auto para mejor proveer (Segunda parte del Art. 333 del CPP) y finalmente como resultante del debate, el Tribunal dictara sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe de ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del CPP), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formó parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el tribunal de sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de estos vicios el dispuesto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando la sentencia “excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”; La exclusión de prueba es distinta a la falta de consideración, de este modo: a. Existe indebida exclusión de prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación o interpretación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. b. Existe falta de consideración de prueba cuando a pesar de haber sido admitidos durante la etapa de juicio y reproducidos en la audiencia de debate, el órgano juzgador no hace alusión alguna sobre éstos, es decir que no existe ninguna mención al medio de prueba en su sentencia. - No se trata pues de un vicio sobre el proceso de valoración del medio de prueba, sino sobre la expulsión del medio de prueba del acervo probatorio. La norma procesal además exige para la configuración del vicio que el medio de prueba excluido o dejado de considerar posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en Casación se efectúa conforme al método la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido o no considerado a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario aun cuando la exclusión o la falta de consideración sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. La recurrente confunde el alcance de la falta de consideración con la de exclusión de alguna prueba de valor decisivo, identificando con ello, la falta de estudio del motivo invocado, pues, en el desarrollo del recurso, ‘la recurrente ha descrito “excluyo las declaraciones de los señores Arnaldo Guerra y Miguel Ángel Flores…”, como si la exclusión y la falta de consideración fuere un solo vicio, cuando ambos representan ser independientes uno del otro, como se expresó en el apartado anterior. La Sala de lo Penal observa que el argumento que sustenta el único motivo se aleja totalmente de la finalidad precepto normativo citado como autorizante, pues ha explicado esta Sala que el vicio de exclusión de prueba de valor decisivo ocurre cuando propuesto, admitido y reproducido un medio de prueba, el Tribunal de Sentencia le resta eficacia probatoria de forma arbitraria, es decir, sin externar las razones que lo motivaron a tomar esa decisión, o bien, cuando por un desacertado criterio jurídico considera el sentenciador la ilicitud de dicho medio de prueba cuando no lo sea. Otro tanto igual, ocurre con la falta de consideración de prueba de valor decisivo, pues el requisito condicionante para que se ocasione el vicio es que el medio de prueba dejado de considerar haya sido previamente propuesto, admitido y reproducido en juicio, y en donde el Tribunal de Sentencia, a pesar de la actividad procesal llevada a cabo, omite hacer toda referencia positiva o negativa de dicho medio de prueba en la sentencia, dejando la incertidumbre si la toma en cuenta del medio de prueba dejado de considerar o excluido hubiese cambiado el estado de convicción del juzgador en relación al objeto del proceso. De ocurrir cualquiera de los dos vicios, la Sala de lo Penal tendrá como tarea determinar si el medio de prueba indebidamente excluido o dejado de considerar posee un valor decisivo para la resolución del fallo, lo cual se hará conforme al método de inclusión hipotética explicado anteriormente. En resumen, el recurso presentado en su primer motivo debe de ser desestimado. Decisión No Ha Lugar el recurso de casación por Infracción de Ley en su único motivo. No Ha Lugar el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuestos por el Ministerio Público. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 360, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 349 numeral 2 y 3 del Código Penal decreto 144-83 Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo interpuesto por la Abogada Kenddy Mejía Oseguera, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Segundo: Declara No Ha Lugar el Recurso de Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Abogada Kenddy Mejía Oseguera, en su condición de agente Fiscal de Ministerio Público, donde se absolvió al señor Francisco Santos Lara, por seis delitos Electorales de Tramitar Cambios Domiciliarios Ilegales. Tercero: Declara Firme la sentencia de fecha diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Gracias, departamento de Lempira. Y MANDA: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redacto el Magistrado Mairena Franco. Notifíquese.- Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrada. Firma y Sello. RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS. – receptora adscrita a sala de lo penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a doce días del mes de febrero de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el cuatro de noviembre de dos mil veinticuatro, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-16-2020. RINA KORITZA SANDOVAL NAVASRECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL“CERTIFICACION La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-16-2020, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cuatro días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro (2024), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Nelson Danilo Mairena Franco, en su calidad de coordinador, Mario Rolando Díaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP 16-2020 por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha diecinueve de septiembre del año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Gracias, Departamento de Lempira, mediante la cual Falló: Primero: Absolvió al señor Francisco Santos Lara, por Seis delitos Electorales de Tramitar Cambios Domiciliarios Ilegales, en perjuicio Del Sistema Democrático y el Estado de Derecho de Honduras. Segundo: Absolvió al señor Francisco Santos Lara, por el delito de Violación de los Deberes de los funcionarios, en perjuicio de La Administración Pública de Honduras. Tercero: Absolvió al señor Francisco Santos Lara, por el delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de La Administración Pública de Honduras. Cuarto: Sin Costas Procesales. QUINTO: No Procedió el comiso. Sexto: Sin responsabilidad civil. Son partes en la única instancia: La Abogada Kenddy Mejia Oseguera, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente. Hechos Probados “UNO.- Los señores Vilma Carolina Orellana Portillo, Mercedes Portillo García, José Hugo Villanueva, Leandro Flores Dubón, Epifanio Villanueva, José Pablo Villanueva, Raimundo Dubon Rivera, María Elizabeth Portillo, Paula Miranda, José Aníbal Villanueva Elvir, José Alejandro Villanueva, Rumaldo Villanueva Orellana, José Wil Villanueva Pérez, y José Isidro Portillo Garay, tramitaron sus cambios de domicilio para el Municipio de Las Flores Lempira entre las fechas del 25 de julio al 4 de agosto del año dos mil diecisiete y son originarios y residentes del municipio de Lepaera, departamento de Lempira, documentación esta que fue recibida por el señor Francisco Santos Lara. DOS. En fecha veintiocho de agosto del año dos mil dos fue nombrado el ciudadano Francisco Santos Lara en el cargo de Registrador Civil Municipal en el Registro Civil Municipal de Las Flores, Lempira, desempeñándose en la actualidad en el mismo cargo.” Recurso De Casación: La recurrente Abogada Kenddy Mejía Oseguera, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN 1. INFRACCIÓN DE LEY MOTIVO INVOCADO: “Falta de Aplicación de los artículos 60 Y 212 numeral 20 de La ley Electoral y de las Organizaciones Políticas.”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO POR INFRACCION DE LEY: Los preceptos penales y legales citados como infringidos por Falta de Aplicación textualmente dicen Articulo 60 de La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas: “Actualización del Domicilio. El ciudadano podrá solicitar cambios de registro de domicilio electoral solamente en los casos en que resida o que sea originario del Municipio para el cual solicite el cambio, debiendo hacer la gestión personalmente ante la Oficina del Registro Civil Municipal de su nuevo domicilio electoral. El ciudadano que gestione un cambio de domicilio electoral fuera de los dos (2) casos anteriores, incurrirá en delito electoral”. Ningún Funcionario o empleado del Registro Nacional de las Personas podrá negarle a darle tramite las solicitudes de cambio de domicilio electoral, salvo que el peticionario no llenare los requisitos de ley... El Funcionario o empleado que incumpliere lo dispuesto en este artículo incurrirá en delito electoral”. Artículo 212 numeral veinte (20). “Otros delitos Electorales. Serán Penados con Reclusión de cuatro (4) a seis (6), quienes incurran en los actos siguientes: 1)... 2)... 3)...4)... 5)... 6).... 7)... 8)... 9)... 10)... 11)... 12)... 13)... 14)... 15)... 16)... 17)... 18)... 19)... 20) Alterar las base de datos, que contiene el Censo Nacional Electoral, las que sirven de base para su elaboración, las que contienen la información de escrutinios y las demás relacionadas con la documentación electoral”. Los hechos declarados probados por el Juzgador fueron los siguientes: UNO.- Los señores VILMA CAROLINA ORELLANA PORTILLO, MERCEDES PORTILLO GARCIA, JOSE HUGO VILLANUEVA, LEANDRO FLORES DUBON, EPIFANIO VILLANUEVA, JOSE PABLO VILLANUEVA, RAIMUNDO DUBON HERRERA, MARIA ELIZABETH PORTILLO, PAULA MIRANDA, JOSE ANIBAL VILLANUEVA ELVIR, JOSE ALEJANDRO VILLANUEVA. RUMALDO VILLANUEVA ORELLANA, JOSE WILL VILLANUEVA PEREZ, Y JOSE ISIDRO PORTILLO GARAY, tramitaron sus cambios de domicilio para el Municipio de las Flores Lempira entre las fechas del 25 de Julio al 04 de Agosto del año dos mil diecisiete y son originarios y residentes del Municipio de Lepaera, Departamento de Lempira, documentación esta que fue recibida por el señor FRANCISCO SANTOS LARA. DOS.- En fecha veintiocho de Agosto del año dos dos el ciudadano FRANCISCO SANTOS LARA en el cargo de Registrador Civil Municipal en el Registro Civil Municipal de Las Flores Lempira desempeñándose en la actualidad en el mismo cargo. Dado lo anterior, el Tribunal de Sentencia declaró Absolver al señor FRANCISCO SANTOS LARA de SEIS DELITOS ELECTORALES POR ADMITIR Y DARLE TRAMITE A CAMBIOS DOMICILIARIOS ILEGALES, EN CONCUROS IDEAL Y EN CONCURSO REAL, y por SEIS DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD Y SEIS DELITOS DE VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, al manifestar” al analizar la normativa violentada establecida en el artículo 60 de la Ley Especial Electoral, nos damos cuenta que dicha norma si bien contiene una acción que es constitutiva de delito denominada Actualización Domiciliaria Ilegal, el cual se encuentra dentro de los delitos electorales, pero no contiene de manera expresa ni tacita la sanción o consecuencia como ser la pena, no se ve por ningún lado reflejado lo que en doctrina se llama leyes de reenvió, es decir cuando una ley en blanco no tiene uno de los elementos que debe de contener una ley completa, esta debe de remitirla a otra ley donde se encuentra el complemento del restante elemento del cual adolece la ley en blanco, pero en el presente caso observamos un tremendo vació, la ley no puede aplicarse por analogía y específicamente en este caso, tal como lo ha querido ver la representante del Ministerio Publico donde considera que la pena de este delitos se encuentra en al artículo 212. numeral 20 cuando esta norma no tiene ninguna conexividad con el artículo 60 de ala Ley Electoral; El Ministerio Público recurre al percibir que existe una falta de aplicación de los artículos 60 Y 212 numeral 20 de La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, ya que consideramos que se presentan todos los requisitos exigidos por dicha Ley Especial para considerar la participación del acusado quien a título de autor participo en la comisión de SEIS DELITOS ELECTORALES POR ADMITIR Y DARLE TRAMITE A CAMBIOS DOMICILIARIOS ILEGALES, EN CONCUROS IDEAL Y EN CONCURSO REAL, y por SEIS DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD Y SEIS DELITOS DE VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS. Como se puede colegir de la simple lectura del Factum; refiriendo textualmente que: “Los señores VILMA CAROLINA ORELLANA PORTILLO. MERCEDES PORTILLO GARCIA, JOSE HUGO VILLANUEVA, LEANDRO FLORES DUBON, EPIFANIO VILLANUEVA, JOSE PABLO VILLANUEVA, RAIMUNDO DUBON HERRERA, MARIA ELIZABETH PORTILLO, PAULA MIRANDA, JOSE ANIBAL VILLANUEVA ELVIR. JOSE ALEJANDRO VILLANUEVA, RUMALDO VILLANUEVA ORELLANA, JOSE WILL VILLANUEVA PEREZ, Y JOSE ISIDRO PORTILLO GARAY, tramitaron sus cambios de domicilio para el Municipio de las Flores Lempira entre las fechas del 25 de Julio al 04 de Agosto del año dos mil diecisiete y son originarios y residentes del Municipio de Lepaera, Departamento de Lempira, documentación esta que fue recibida por el señor FRANCISCO SANTOS LARA”. Y que en fecha veintiocho de Agosto del año dos dos el ciudadano FRANCISCO SANTOS LARA en el cargo de Registrador Civil Municipal en el Registro Civil Municipal de Las Flores Lempira desempeñándose en la actualidad en el mismo cargo. La acción descrita en el factum y que fuera ejecutada por el acusado se enmarca perfectamente en la norma que se reclama como infringida por falta de aplicación, pues como puede evidenciarse de la simple lectura del mismo, los señores, VILMA CAROLINA ORELLANA PORTILLO, MERCEDES PORTILLO GARCIA, JOSE HUGO VILLANUEVA, LEANDRO FLORES DUBON, EPIFANIO VILLANUEVA, JOSE PABLO VILLANUEVA, RAIMUNDO DUBON HERRERA, MARIA ELIZABETH PORTILLO, PAULA MIRANDA, JOSE ANIBAL VILLANUEVA ELVIR, JOSE ALEJANDRO VILLANUEVA, RUMALDO VILLANUEVA ORELLANA, JOSE WILL VILLANUEVA PEREZ, Y JOSE ISIDRO PORTILLO GARAY, se presentaron al Registro Civil del Municipio de Las Flores a solicitar el traslado domiciliario, el cual el ahora acusado en su condición de Funcionario Público como Registrador Civil Municipal de Las Flores, dio tramite y gestiono las solicitudes de traslado domiciliario solicitadas por los ciudadanos mencionados, y que el resultado de esta acción irregular permitida por el señor acusado produjo la Alteración a la Base del Censo Nacional Electoral, tal como lo establece el artículo 212 numeral 20 de la Ley Especial. Para que se configure el delito de CAMBIOS DE DOMICILIO ILEGAL, se requiere acreditar: 1) El Objeto material del delito, se acredito en la Substancias-ion del juicio, que el acusado dio tramite y gestiono el traslado domiciliario al Municipio de las Flores, de estos ciudadanos que lo solicitaban, siendo estos los señores VILMA CAROLINA ORELLANA PORTILLO, MERCEDES PORTILLO GARCIA, JOSE HUGO VILLANUEVA, LEANDRO FLORES DUBON, EPIFANIO VILLANUEVA, JOSE PABLO VILLANUEVA, RAIMUNDO DUBON HERRERA, MARIA ELIZABETH PORTILLO, PAULA MIRANDA, JOSE ANIBAL VILLANUEVA ELVIR, JOSE ALEJANDRO VILLANUEVA, RUMALDO VILLANUEVA ORELLANA, JOSE WILL VILLANUEVA PEREZ, Y JOSE ISIDRO PORTILLO GARAY, son residentes del Municipio de Lepaera, Lempira extremo este acreditado con prueba documental de cargo. 2) La conducta criminosa: El acusado como Funcionario Público, tenía el pleno conocimiento que su actuar era ilegal desde el momento en que dio tramite y gestiono los traslados domiciliarios solicitados ante la Oficina del Registro Civil de su Municipio, a sabiendas que estaba en contravención a las disposiciones de lo que establece la Ley Electoral y de Las Organizaciones Políticas. 3) Modalidad criminosa; Entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector, está prevista en su actuar doloso del seguimiento del trámite, dando como resultado la violación al bien jurídico tutelado por la norma específica del Sistema Democrático y el Estado de Derecho de Honduras. El acusado en su condición de Registrador Civil Municipal de Las Flores, Lempira, dio tramite y gestiono la solicitud de estos ciudadanos mencionados en el cual a sabiendas de su acción ilegal, refrendo con su firma el recuadro que se plasma en el formato de traslados domiciliarios, estando obligado dicho funcionario a negar lo solicitado por estos ciudadanos ya que no cumplían con los requisitos de ley tal como lo establece el artículo 60 de La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. Sin embargo, el juzgador estimó en dicha sentencia que “Por tal razón no procede dictar sentencia condenatoria en la presente causa en vista de adolecer de uno de los elementos que conforman el delito, por otro lado no se subsiste el delito de ABUSO DE AUTORIDAD ni mucho menos el delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, ya que si no se probó la comisión del delito electoral de GESTIONAR CAMBIOS DE DOMICILIO ILEGAL tampoco puede cometer estos delitos en vista que los mismos nacen del anterior.”. incurriendo por tanto el Tribunal, en el vicio que fundamenta el motivo del presente Recurso por Infracción de Ley. Para los efectos del artículo 360 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público expresa que la interpretación pretendida del precepto penal relacionado, está orientada a que el acusado FRANCISCO SANTOS LARA ejecuto acción constitutiva de SEIS DELITOS ELECTORALES POR ADMITIR Y DARLE TRAMITE A CAMBIOS DOMICILIARIOS ILEGALES, EN CONCUROS IDEAL Y EN CONCURSO REAL, y por SEIS DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD Y SEIS DELITOS DE VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, se afirma que el sentenciador al haber dictado tal sentencia al encausado ha producido en consecuencia la violación del precepto penal contenido en los artículos 60 y 212 numeral 20 de La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN II. QUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVOS INVOCADOS: El dictar un fallo absolutorio excluyendo prueba de valor decisivo”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral dos, del Código Procesal Penal. EXPLICASION DE MOTIVOS POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA Excluir dos medios de prueba testificales de valor decisivo en el presente proceso. Los hechos declarados probados por el Juzgador fueron los siguientes: UNO. Los señores VILMA CAROLINA ORELLANA PORTILLO, MERCEDES PORTILLO GARCIA, JOSE HUGO VILLANUEVA, LEANDRO FLORES DUBON, EPIFANIO VILLANUEVA, JOSE PABLO VILLANUEVA, RAIMUNDO DUBON HERRERA, MARIA ELIZABETH PORTILLO, PAULA MIRANDA, JOSE ANIBAL VILLANUEVA ELVIR, JOSE ALEJANDRO VILLANUEVA, RUMALDO VILLANUEVA ORELLANA, JOSE WILL VILLANUEVA PEREZ, Y JOSE ISIDRO PORTILLO GARAY, tramitaron sus cambios de domicilio para el Municipio de las Flores Lempira entre las fechas del 25 de Julio al 04 de Agosto del año dos mil diecisiete y son originarios y residentes del Municipio de Lepaera, Departamento de Lempira, documentación esta que fue recibida por el señor FRANCISCO SANTOS LARA. DOS. En fecha veintiocho de Agosto del año dos dos el ciudadano FRANCISCO SANTOS LARA en el cargo de Registrador Civil Municipal en el Registro Civil Municipal de Las Flores Lempira desempeñándose en la actualidad en el mismo cargo. VALORACION DE LA PRUEBA UNO. En cuanto este considerando esta Fiscalía Especial de Derechos Humanos no tiene nada que manifestar, ya que fueron acreditados en el desarrollo del Juicio Oral y Público y el Tribunal los considera como hechos probados. DOS. En cuanto este considerando esta Fiscalía Especial de Derechos Humanos no tiene nada que manifestar ya que fueron acreditados en el desarrollo del Juicio Oral y Público y el tribunal los considera como hechos probados. TRES. En cuanto este considerando esta Fiscalía Especial de Derechos Humanos no tiene nada que manifestar ya que fueron acreditados en el desarrollo del Juicio Oral y Público y el Tribunal los considera como hechos probados. CUATRO.- En cuanto este considerando esta Fiscalía Especial de Derechos Humanos no tiene nada que manifestar ya que fueron acreditados en el desarrollo del Juicio Oral y Público y el Tribunal los considera como hechos probados. CINCO. La defensa por su parte propuso y a su vez dos medios de prueba testificales, por un lado el señor José Aníbal Villanueva Elvir, y por otro lado Oscar Diaz, el primero es uno de las personas que hizo el cambio de trámite del domicilio, quien aseguro que dicho trámite lo hizo motivado a una oferta que les hizo el alcalde del Municipio de las Flores, Lempira, que si venían a votar por él les iba a arreglar la calle de la Aldea de donde viven, obviamente el testigo vive en una aldea de Lepaera, Lempira, el mismo alcalde se encargó de darles una constancia de vecindad para que pudieran hacer el cambio del domicilio, pero según manifiesta el testigo el señor alcalde no les cumplió las promesas... Con este medio de prueba de descargo, queda mas que demostrado para el Ministerio Publico que las acciones realizadas por los ciudadanos ya mencionados y gestionadas así como tramitadas por el señor FRANCISCO SANTOS LARA, fueron completamente contrarias a derecho según lo que establece el artículo 60 de La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. SEIS.- En este considerando el Tribunal describe lo expuesto por el Ministerio Publico más sin embargo menciona “al analizar la normativa violentada establecida en el artículo 60 de la ley especial electoral, nos damos cuenta que dicha norma si bien contiene una acción que es constitutiva de delito denominada actualización domiciliaria ilegal, el cual se encuentra dentro de los delitos electorales, pero no contiene de manera expresa ni tacita la sanción o consecuencia como ser la pena, no se ve por ningún lado reflejado lo que en doctrina se llama las leyes de reenvió, es decir cuando una ley en blanco no tiene ninguno de los elementos que debe de contener una ley completa, esta debe de remitirla a otra ley donde se encuentra el complemento del restante elemento del cual adolece la ley en blanco, pero en el presente caso observamos un tremendo vació, la ley no puede aplicarse por analogía y específicamente en este caso, tal como lo ha querido ver la representante del Ministerio Publico donde considera que la pena de este delitos se encuentra en al artículo 212 numeral 20 cuando esta norma no tiene ninguna conexividad con el artículo 60 de ala Ley Electoral; El Ministerio Público recurre al percibir que existe una falta de aplicación de los artículos 60 Y 212 numeral 20 de La Ley Electoral. En la Substancias-ion del Juicio Oral y Público, y con toda la prueba de cargo aportada y evacuada se demostró que las acciones solicitadas por los ciudadanos referentes a los traslados domiciliarios, de las cuales fueron gestionadas por el señor FRANCISCO SANTOS LARA en su condición de Registrador Civil del Municipio de Las Flores tuvieron como resultado Alterar las bases del Censo Nacional Electoral, así lo refirió el testigo de cargo siendo el Secretario del Tribunal Supremo Electoral, extremo este que se configura en al artículo 212 numeral 20 de La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. SIETE.- En este considerando manifestamos que el Juzgador excluyo de la presente sentencia y de los medios de prueba que tenía que haber valorado, la declaración del señor ARNALDO GUERRA en su condición de denunciante, y testigo de cargo, ya que su declaración fue clara, útil y pertinente en el presente proceso en el cual manifestó lo siguiente. Lo mismo que hemos recalcado en la denuncia que interpusimos en el ministerio público, en ese momento estábamos surgiendo como candidato alcalde, entonces la denuncia la pusimos a un llamado que en ese momento estábamos en proceso de la política, allí yo era candidato a alcalde en ese momento recibimos llamadas de los activistas donde personas que era residentes de Lepaera estaban haciendo traslado el señor alcalde con esta gente con carros que era de salud y parte de la municipalidad estaban trasladando a esa gente entonces nosotros dirigimos el Registro Nacional de las Personas y él nos facilitó un listado donde esta gente pertenecía a Lepaera y como el señor alcalde le facilito la constancia de vecindad y fotocopia de identidad entonces ellos procedieron hacer el traslado nosotros después de eso los contactamos fuimos al lugar verificamos que si era de acuerdo al listado había un código que el Tribunal lo facilitaba donde votaba cada persona y si salían a votar al municipio de Lepaera luego con el mismo listado de verificarlos cuando nosotros miramos que si era posible que ya hubiera hecho el traslado cuando nosotros miramos que si era posible que ya hubiera hecho el traslado verificamos el listado entonces allí fue donde nosotros constatamos que ya no pertenecían a votar a Lepaera sino que pertenecían a votar a las flores debido a eso acudimos al Ministerio público, con la indignación de detener el proceso pero lastimosamente no pudieron actuar rápido para que ese proceso se detuviera y que no se llevara a cabo eso, cosa que uno no puede, no se la lentitud de las leyes, usted sabe que es un delito que una persona vaya a votar a otro municipio, alli nosotros recalcamos con las autoridades que no pueden actuar en el momento y esta gente perfectamente con la constancia de vecindad y la copia de la cédula que se les entrego perfectamente pudieron hacer el traslado son cosas como le decía...”. Posteriormente con el interrogatorio formulado por el Ministerio Publico el testigo respondió lo siguiente; 1.- Que los hechos fueron del quince de Julio al Quince de Agosto del año dos mil diecisiete, 2.- que fue el profesor Miguel Ángel Flores y Elder Aguilar quienes le manifestaron lo que estaba sucediendo, 3.- estos últimos le manifestaron que estaban trasladando gente de entresijos, Moaca al Municipio de las Flores en los carros de la municipalidad de las flores, y que venían del municipio de Lepaera al municipio de las Flores, 4.- así también manifestó el testigo ARNALDO GUERRA, que el participaba en un cargo de elección popular, candidato alcalde por el partid liberal, 5.- así mismo manifestó que el Registrador Civil de Las Flores le facilito el listado de personas y que posteriormente al enterarse de estos hechos se reunió con el señor MARIO ORELLANA (que es uno de los procesados), el cual este le manifestó que estos lo hacían porque se sentían abandonados por el Alcalde de Lepaera, y que el Alcalde de las flores había prometido hacerles una escuela en el lugar y arreglarles la carretera manifestando-les el señor ARNALDO GUERRA que ellos no podían hacer eso porque vivían en otro municipio, y que los conoce por los nombres de PAQUITO Y PEDRO, y que esa persona que conocen con el nombre de Paquito es el Registrador Civil del Municipio de Las Flores (osea el ahora acusado), siguió manifestando el señor testigo que el tuvo a la vista las constancias de vecindad. Declaración testifical esta que para el Ente Acusador es de valor decisivo ya que el señor ARNALDO GUERRA fue la persona quien interpuso la denuncia, y un testigo presencial de los hechos que se le acusan al señor FRANCISCO SANTOS LARA y así mismo el Juzgador excluye su declaración de la presente Sentencia en el caso que nos ocupa. Es por este motivo que esta Fiscalía considera que la sentencia adolece del vicio estipulado en el artículo 362 en su numeral dos, en el que se refiere por haber excluido o dejado de considerar prueba de valor decisivo tal como acontecido en el presente juicio oral y público, OCHO: Así también se excluyó la declaración del señor MIGUEL ANGEL FLORES, testigo de cargo, misma que ni se consigan en el acta de debate, menos en la presente sentencia., por lo que no nos podemos pronunciar en cuanto a lo dicho por el testigo, pero si obra en las grabaciones que se realizaron en el desarrollo del Juicio Oral y Público, ya que fue un testigo que el Ministerio Publico propuso como conocedor de los hechos y su declaración es fundamental para el esclarecimiento de los mismos, es por este motivo que esta Fiscalía considera que la sentencia adolece del vicio estipulado en el artículo 362 en su numeral dos, en el que se refiere por haber excluido o dejado de considerar prueba de valor decisivo tal como acontecido en el presente juicio oral y público, que este testigo de cargo MIGUEL ANGEL FLORES no consta su testimonio en el acta de debate ni la valoración que el Tribunal debió de hacer.” Fundamentación Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por infración de Ley. Interpuesto por el Ministerio Público. Único Motivo. • Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; • Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículos 60 y 212 numeral 20 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (Decreto 44-2004); • Concepto de la Infracción: Falta de aplicación de los artículos 60 y 212 numeral 20 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas; y • Pretensión: Se case la sentencia y en su lugar se dicte otra apegada a Derecho. Señala el Ministerio Público que, al analizar el hecho declarado probado, se aprecia una falta de aplicación de los artículos 60 y 212 numeral 20 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. En virtud que el Tribunal de Sentencia absolvió al acusado produciendo en consecuencia la violación al precepto penal antes mencionado, siendo así que el señor Francisco Santos Lara, ejecuto la acción constitutiva del delito de Cambio Domiciliario Legal. Enmarcándose perfectamente en la norma que se reclama como infringida. De la Interpretación de la Ley La labor de complementación que debe realizar el juez, la desarrolla mediante la interpretación que hace de la ley al momento de aplicarla al caso concreto que se está juzgando, pues la norma es la manifestación de un pensamiento hipotético que, como paso previo a su aplicación, debe adecuarse a la realidad. Interpretar no es más que el proceso mediante el cual se desentraña el sentido, objeto y alcance de la norma legal, es decir es el proceso que pretende comprender la norma para su mejor aplicación, pues en retrospectiva una adecuada aplicación de las normas depende no solo del conocimiento del contenido de la norma, sino que además de su comprensión, lo que incluye conocimiento/comprensión del contexto normativo y su influencia en el plexo social. El juez interprete deberá comprobar que un determinado hecho se ajusta al ámbito situacional previsto en la norma y creada precisamente para regular ese tipo de conductas. Velásquez, (Velásquez Velásquez, Fernando. Derecho Penal Parte General. 3° Edición. Editorial Temis S.A., Bogotá Colombia, 1997. Pág. 132) nos señala que, en una sistematización, cuando se habla de interpretación, existen tres categorías: según el intérprete, según los medios empleados y según el resultado obtenido. A) Según El Intérprete: 1. Autentica: Es aquella que realiza el creador de la norma, siendo éste el legislador; (Art. 205.1 de la Constitución); 2. Doctrinaria: Es la interpretación hecha por estudiosos del derecho, las cuales son de carácter ilustrativa no vinculante; sin embargo, es innegable la importancia que la interpretación doctrinaria representa para el ejercicio de la jurisdicción, pues presentan puntos de vista que pueden ser o no compartidos, pero en ambos casos llegan a plantear alternativas posibles a la realidad normativa; y 3. Judicial: Es la realizada por los órganos jurisdiccionales en su labor de juzgamiento de casos concretos; las interpretaciones de las normas solo tendrán el alcance del caso concreto al que se aplica, salvo cuando éstas emanen de la Corte Suprema de Justicia y que hayan servido para resolver tres casos distintos, resueltos en igual número de sentencias, pues en este supuesto la interpretación de la norma constituye doctrina legal (Art. 360 CPP), pasando a ser de carácter obligatorio para todo el sistema judicial y que contribuye a la formación del derecho y a la seguridad jurídica mediante la unificación de criterios que posibilita la previsibilidad de las decisiones judiciales. B) Según El Método: Existen diferentes métodos de interpretación (erigidos por diferentes Escuelas Doctrinarias), que la forma en que estas deben realizarse; son algunas de estas Escuelas (Galindo Garfias, Ignacio, Interpretación e Integración de la Ley, Universidad Nacional Autónoma de México, Estudios Jurídicos Revista 38, año 2006): 1. Método Exegético: Señala que la labor del interprete es indagar sobre el pensamiento del legislador al momento de la elaboración de la norma; parte de que la fórmula legal deriva de la voluntad del legislador con independencia de antecedentes históricos, sociales, políticos, etc., lo que lleva como consecuencia que el sentido de la norma es inmutable en el tiempo, siendo imposible adoptarla a las exigencias futuras .Este método fue uno de los primeros planteados, hoy en día superados, pues la norma no puede anclarse en un punto en el tiempo, mucho menos atender a la voluntad que en su momento tuvo el legislador al crearla, pues una vez puesta en vigencia la norma ingresa a todo el sistema legal, con el que se interrelaciona (Normas Constitucionales, Normas de Convencionalidad, Principios del Derecho Sustantivo y normas de la misma institución legal), y que condicionan la interpretación que debe tener.- Lo anterior no quiere decir que no se pueda tener en cuenta la intención del legislador al momento de crear la norma, pero ello no implica que sea éste el norte que debe seguir el juzgador al momento de interpretarla, pues se insisten, hay múltiples principios que influyen en dicho proceso. 2. Método Dogmático: Parte como fundamento que la fuente de la formula legislativa es el pueblo (soberano), por lo que la ley no puede ser considerada como un hecho fijo e invariable, sino como una significación lógica que evoluciona y se transforma.- Considera al ordenamiento jurídico como un todo establecido sistemáticamente, en la cual cada norma está vinculada con las demás para construir un sistema coherente y uniforme.- Este método señala que la interpretación tiene cuatro elementos, los cuales no son excluyentes, sino complementarios, a saber: a. Gramatical: Permite al interprete empoderarse de la norma a través del lenguaje usado para su construcción; b. Racional o lógico: Consiste en la disección del pensamiento del legislador para identificar las distintas partes que componen la norma y establecer sus relaciones; c. Histórico: Es el estudio retrospectivo del derecho imperante al momento de la creación de la norma y los hechos sociales que motivaron su creación; y d.Sistemático: Promulga que la norma sostiene un vínculo inquebrantable con una institución legal y ésta a su vez, con una rama del derecho específica, la que a su vez se relaciona con el resto del sistema legal. 1. Método Teleológico: Señala que la interpretación deberá partir del fin que se le dé a la norma legal; por ello lo primero es indagar cual es el interés social que pretende proteger para luego identificar la forma en que la norma pretende lograrlo, de modo que su aplicación resulte efectiva. 2. Método de la Evolución Histórica: Parte como principio de que la ley es el producto de las circunstancias sociales imperantes al momento de su elaboración, pero que están tienen la capacidad de adaptación a las nuevas exigencias que se van presentando en la evolución social, a través de la interpretación, la que ciertamente no debe realizarse conforme a la voluntad del legislador, sino atendiendo las necesidades económicas y sociales del momento en que la ley fue formulada, pues ésta tiene vida propia.- Se trata de una “interpretación evolutiva”, que parte de los textos legales en consonancia con las transformaciones de la sociedad, permitiendo que en cada época se pueda dar un sentido regido por la vida social actual. C) Según El Resultado Debe entenderse que las normas son construcciones abstractas, hipótesis de hechos que en sí mismas no constituyen verdades, sino que son instrumentos para la resolución de casos concretos; por ello es labor del intérprete fijar los límites de esa aplicación, atendiendo los elementos gramatical, racional, histórico y sociológico de la norma y de lo cual depende tres posibles resultados: 1. Interpretación declarativa: Mediante la cual el resultado obtenido concuerda de manera idéntica con la fórmula legal, de modo que el intérprete no puede ni ampliar ni restringir el alcance de su tenor literal y éste se limita a resolver la eventual duda, con la exacta correspondencia entre el espíritu y la letra de la ley. 2. Interpretación Extensiva: Que se produce cuando el intérprete evidencia que al texto de la norma puede dársele una significancia más grande y por ende puede tener un espectro de aplicación más amplia, ello debido a que las palabras usadas expresan más de lo que verdaderamente la norma comprende; 3. Interpretación Restrictiva: Cuando el intérprete comprueba que las palabras empleadas en el texto expresan menos que el verdadero contenido de la norma; en estos casos el intérprete define que la norma solo es aplicable a un supuesto de hecho especifico; Interpretación de la Norma Penal En las sentencias emitidas por esta Sala de lo Penal en Exp. 079-2009, del 11de marzo de 2010, en Exp. 270-2009, de fecha 6 de abril de 2010 y el Exp. 218-2010 de 29 de septiembre de 2011, se ha apelado a las reglas de interpretación establecidas en el Código Civil (CC), el que manda primero tener en cuenta la intención del legislador (Método Exegético) mediante una interpretación gramatical de la formula legislativa (Art. 17 y 18 CC), pero además hace mano del Método Dogmático, mandando a realizar una interpretación sistemática (Art. 19 CC) y finalmente dispone que como alternativa última se observe el Método de Evolución Histórica (Art. 20 CC); Es así que el Código Civil adopta una postura ecléctica en lo que concierne a los métodos de interpretación de las normas que debe ser usada atendiendo además los límites que devienen de la naturaleza del Derecho Penal. De este modo, con base en los Principios Pro Persona, Pro Libertate, Legalidad, Inocencia y Favor Rei, son reglas de la interpretación de las normas penales sustantivas: 1. Conforme al Interprete: Los Órganos Jurisdiccionales deberán acatar las interpretaciones a las normas penales que haga el legislador y, en su defecto, las que constituyan Doctrina Legal emanada por la Corte Suprema de Justicia, ello sin perjuicio de plasmar en su resolución su criterio sobre lo atinado o no de éstas; 2. Conforme al Método: a. Se debe tomar como referencia interpretativa el origen de la norma sustantiva, tanto en el derecho nacional, como en el derecho comparado; igualmente, para dicha referencia, podrán considerarse los hechos históricos imperantes al momento de la creación de la norma y la intención que en su momento tuvo el legislador (Método Exegético); b.- El estudio de la norma vigente, propiamente dicha, comienza mediante la interpretación gramatical, dándosele el significado legal a las palabras usadas por el legislador (Método Dogmático: Interpretación Gramatical), identificando su inteligencia, es decir la logicidad de la formula legislativa (Método Dogmático: Interpretación Lógica); c.- Debe reemplazarse la “voluntad del legislador”, por la “voluntad de la norma” (Método Teleológico), entendiéndose como el propósito encomendado a ésta en su actual vigencia cuyo norte es el bien jurídico que se pretende tutelar (Principio de Lesividad) y su concepción en el momento de la aplicación de la norma al caso concreto; La norma debe interpretarse tomando en consideración la dinámica social imperante, ergo no existe una interpretación válida para todo los tiempos (Método de la Evolución Histórica); d.- La interpretación de la norma debe hacerse con plenitud al ordenamiento jurídico, tanto desde la perspectiva vertical, como horizontal (Método Dogmático: Interpretación Sistemática): i.- Perspectiva Vertical (Principio de Jerarquía Normativa): Primero el sentido de la interpretación debe ser armónica con los derechos fundamentales constitucionales y con los derechos humanos contenidos en las normas del bloque constitucional, por lo que de todas las posibilidades interpretativas, deberá elegirse aquella que sea acorde con la norma superior; ii.- Perspectiva Horizontal (Principio de Unidad Sistemática): Por otro lado la norma deberá asemejarse a un engrane que forma parte del todo, por lo que la interpretación deberá realizarse a modo de que no exista discordia con el resto de las normas de la institución jurídica de la que forme parte, de las normas de la rama del derecho a la que pertenezca y finalmente de todo el sistema jurídico nacional. 3. Conforme al Resultado: a.- La interpretación analógica de las normas penales sustantivas es prohibida en derecho penal cuando ésta sea in mala partem, aun cuando ésta sea ordenada por el legislador nacional, pues impera el control de Convencionalidad y la primacía de la Constitución; b.- Las normas deberán interpretarse restrictivamente cuando sea in mala partem y extensivamente cuando sea in bonam partem; y c.- En caso de duda sobre el sentido de una norma, deberá siempre tomarse entre las posibilidades la interpretación que más favorezca al reo. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Debe tenerse presente que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juridicidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis de al recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. De acuerdo, a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el caso actual, nos encontramos con la aplicación del artículo 60 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (Decreto 44-2004), normativa derogada con la entrada en vigor del Decreto 35-2021 contentiva de la Ley de Electoral de Honduras. El artículo 60 de la Ley Electoral reconoce el derecho de los ciudadanos a la actualización del domicilio, el que se hará en los casos en que sea originario o resida en el Municipio para el cual solicita el cambio, debiendo hacer la gestión personalmente ante la oficina del Registro Civil Municipal de su nuevo domicilio electoral. El ciudadano que gestione un cambio de domicilio electoral fuera de los dos (2) casos anteriores, incurrirá en delito electoral. La Ley prevé expresamente que gestionar la actualización del domicilio fuera de las dos causales que reconoce la norma, o por deducción lógica haciendo uso de forma arbitraria de los presupuestos procesales constituye un delito electoral. En la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas establece en su artículo 212, los otros delitos electorales, los que eran penados con reclusión de cuatro (4) a seis (6) años, quienes incurran en los actos siguientes: … 20) Alterar las bases de datos, que contiene el Censo Nacional Electoral, las que sirven de base para su elaboración, las que contienen la información de escrutinios y las demás relacionadas con la documentación electoral. La posición del Ministerio Público se basa en que se debe aplicar como norma de reenvió el artículo 212 numeral 20, en los casos que concurra lo regulado en el artículo 60, ambos de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, pero al observar los verbos rectores y situaciones descritas en eso preceptos normativos, nos encontramos ante situaciones diferentes, la actualización de domicilio ilícita con la alteración de las bases de datos del Censo Nacional Electoral. Para responder lo planteado por el ente acusador, se debe observar los elementos de la norma y la teoría de los elementos del delito. El legislador se encuentra en la obligación de que los elementos del tipo penal se redacten en términos claros, precisos y exactos, al prever las penas y describir las conductas que señales como típicas, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, cuando ello sea necesario para evitar confusiones en su aplicación o demérito en la defensa de la persona acusada; asimismo la ley debe detallar claramente la conducta considerada ilícita, evitando el uso de conceptos ambiguos que generen un estado de incertidumbre jurídica en el gobernado y una actuación arbitraria del intérprete de la norma. La garantía de exacta aplicación de la ley penal, así como la prohibición de aplicación analogía, no se vulnera cuando la ley equipara un delito con otro y dispone que se les imponga la misma pena, siempre y cuando se descrita la conducta con todos sus elementos, así como la sanción que debe aplicarse. Si se violaría lo anterior cuando no se describe la pena sin precisar, generando incertidumbre, tal como es el caso in examine, puesto que nos encontramos ante una acción que fue antijurídica, por la falta de justificación y de cumplimiento de los presupuestos legales para el cambio de domicilio, por lo que la acción también es culpable, al haber conocimiento de la ley y realizarla ya sea culposa o dolosa, pero se puede constatar que falta el elemento de la punibilidad, ya que la acción delictiva que invoca el agente fiscal, no tiene desarrollada en la norma una pena, ni remite a la aplicación de otra pena. El derecho penal opera bajo el principio de máxima taxatividad legal, partiendo del artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, referente al Principio de legalidad y de retroactividad, establece los criterios de que al momento de observar la limitación de un derecho, se tiene que tener una precisión de una norma sancionatoria de naturaleza disciplinaria, con mayor razón en tipo penales, debe respetar el principio de máxima taxatividad legal, lo que exige que las acciones y omisiones sean definidas con términos estrictos e inequívocos que acoten las conductas sancionadas, la tipificación de la limitación de derechos, debe formularse en forma expresa, precisa, taxativa y previa. Sobre esto también es aplicable lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-6/86 sobre la expresión de Leyes, donde establecieron que solo en las leyes se puede regular la restricción de derechos, como el de libertad, y solo serán leyes aquellas que ha aprobado el legislador, lo que coincide con el artículo 11 del Código Penal del caso, que contemplaba que los jueces no pueden crear figuras delictivas, por lo que la aplicación del artículo 60 bajo la penal contemplaba en el artículo 212 numeral de la anterior Ley electoral, sin existir una remisión de la primera a la segunda o un nexo, similitud de verbos rectores o aspectos objetivos fijados por el legislador para su envió, genera una arbitrariedad, porque al juez penal le corresponder en el momento de la aplicación de la ley penal, atenerse estrictamente a lo dispuestos por esta y observar la mayor rigurosidad en el adecuamiento de la conducta de la persona incriminada al tipo penal, de forma tal que no incurra en la penalización de actos no punibles en el ordenamiento jurídico. Fundamentación Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que la norma procesal ordena (Inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (Inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Único Motivo. • Norma autorizante: Artículo 362 numerales 2 del Código Procesal Penal. • Norma Adjetiva que se denuncia infringida: Artículo 362 numerales 2 del Código Procesal Penal. • Concepto de la infracción: Se excluye o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. • Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la censora. • Pretensión: Que se case el fallo que se recurre. • Para la recurrente el Tribunal de Sentencia en la valoración de la prueba se excluyó prueba de valor decisivo como es la declaración del testigo, consistente en las declaraciones de los señores Arnaldo Guerra y Miguel Ángel Flores, en su calidad de testigos de cargo, ya que las declaraciones fueron claras, útiles y pertinentes en el presente proceso. De la Exclusión y Falta de Consideración de Prueba con Valor Decisivo Es importante recordar que el proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el tribunal de sentencia pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; Éste proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del CPP), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley (Art. 199 del CPP), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben de reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del CPP) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del CPP) o como auto para mejor proveer (Segunda parte del Art. 333 del CPP) y finalmente como resultante del debate, el Tribunal dictara sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe de ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del CPP), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formó parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el tribunal de sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de estos vicios el dispuesto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando la sentencia “excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”; La exclusión de prueba es distinta a la falta de consideración, de este modo: a. Existe indebida exclusión de prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación o interpretación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. b. Existe falta de consideración de prueba cuando a pesar de haber sido admitidos durante la etapa de juicio y reproducidos en la audiencia de debate, el órgano juzgador no hace alusión alguna sobre éstos, es decir que no existe ninguna mención al medio de prueba en su sentencia. - No se trata pues de un vicio sobre el proceso de valoración del medio de prueba, sino sobre la expulsión del medio de prueba del acervo probatorio. La norma procesal además exige para la configuración del vicio que el medio de prueba excluido o dejado de considerar posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en Casación se efectúa conforme al método la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido o no considerado a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario aun cuando la exclusión o la falta de consideración sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. La recurrente confunde el alcance de la falta de consideración con la de exclusión de alguna prueba de valor decisivo, identificando con ello, la falta de estudio del motivo invocado, pues, en el desarrollo del recurso, ‘la recurrente ha descrito “excluyo las declaraciones de los señores Arnaldo Guerra y Miguel Ángel Flores…”, como si la exclusión y la falta de consideración fuere un solo vicio, cuando ambos representan ser independientes uno del otro, como se expresó en el apartado anterior. La Sala de lo Penal observa que el argumento que sustenta el único motivo se aleja totalmente de la finalidad precepto normativo citado como autorizante, pues ha explicado esta Sala que el vicio de exclusión de prueba de valor decisivo ocurre cuando propuesto, admitido y reproducido un medio de prueba, el Tribunal de Sentencia le resta eficacia probatoria de forma arbitraria, es decir, sin externar las razones que lo motivaron a tomar esa decisión, o bien, cuando por un desacertado criterio jurídico considera el sentenciador la ilicitud de dicho medio de prueba cuando no lo sea. Otro tanto igual, ocurre con la falta de consideración de prueba de valor decisivo, pues el requisito condicionante para que se ocasione el vicio es que el medio de prueba dejado de considerar haya sido previamente propuesto, admitido y reproducido en juicio, y en donde el Tribunal de Sentencia, a pesar de la actividad procesal llevada a cabo, omite hacer toda referencia positiva o negativa de dicho medio de prueba en la sentencia, dejando la incertidumbre si la toma en cuenta del medio de prueba dejado de considerar o excluido hubiese cambiado el estado de convicción del juzgador en relación al objeto del proceso. De ocurrir cualquiera de los dos vicios, la Sala de lo Penal tendrá como tarea determinar si el medio de prueba indebidamente excluido o dejado de considerar posee un valor decisivo para la resolución del fallo, lo cual se hará conforme al método de inclusión hipotética explicado anteriormente. En resumen, el recurso presentado en su primer motivo debe de ser desestimado. Decisión No Ha Lugar el recurso de casación por Infracción de Ley en su único motivo. No Ha Lugar el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuestos por el Ministerio Público. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 360, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 349 numeral 2 y 3 del Código Penal decreto 144-83 Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo interpuesto por la Abogada Kenddy Mejía Oseguera, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Segundo: Declara No Ha Lugar el Recurso de Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Abogada Kenddy Mejía Oseguera, en su condición de agente Fiscal de Ministerio Público, donde se absolvió al señor Francisco Santos Lara, por seis delitos Electorales de Tramitar Cambios Domiciliarios Ilegales. Tercero: Declara Firme la sentencia de fecha diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Gracias, departamento de Lempira. Y MANDA: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redacto el Magistrado Mairena Franco. Notifíquese.- Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrada. Firma y Sello. RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS. – receptora adscrita a sala de lo penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a doce días del mes de febrero de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el cuatro de noviembre de dos mil veinticuatro, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-16-2020.
RINA KORITZA SANDOVAL NAVA
SRECEPTORA SALA PENAL.