Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-154-21 — Registro 18421

Resumen

En primer instancia se absuelve a la acusada por el delito de Violación de los Deberes de los funcionarios, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...El motivo no es de recibo. Al analizar la explicación del recurso, se evidencia primeramente que la recurrente arguye carencia de motivación fáctica, así como de la fundamentación intelectiva, como que el acto de decisión exteriorizada por el tribunal, no ha tenido como eje transversal la valoración completa, clara, legitima y lógica de todas las pruebas introducidas legítimamente al debate en relación a las declaraciones testificales de los testigos Luis Armando Zelaya, Osmín Álvaro Duran y Zulema Auricela Mejia Guevara; prueba documental: Inventario de evidencias 2009 realizado por la UTR, Informe presentado por el fiscal, acta de trabajo (f.62 al 63), oficio No FRCH-OD_03-2013 de fecha 31 de enero de 2013 (f. 13-17), oficio No DCPS/126/2015 de fecha 11 de septiembre del 2015 de la jefa del departamento de clasificación de puestos y salarios (f. 130-136), acuerdo de nombramiento de la señora Cinthia Crucelina Ramirez (f. 7-9), acta de remisión de indicios referente a documentos bajo expediente 1528-07 recibido por Cinthia Ramirez (f.49), acta de remisión de indicios referentes a documentos bajo expediente 1528-07 recibido por Cinthia Ramirez (f.50), acta de remisión de indicios referente al teléfono celular bajo expediente 1528-07 recibido por Cinthia Ramirez (f.519, recibo de entrega de arma de fuego de fecha 8 de febrero del 2010 (f. 143), nota enviada por la señora Cinthia Ramirez, referente a la apertura de evidencia (f.42), acta de inspección ocular de fecha 10 de febrero del 2010 del decomiso de L2,001, y $3.00 con álbum fotográfico (f.32-38), acta de cadena de custodia de fecha de 9 de junio 2009 referente de la cantidad de L2,001, y $3.00, escrito de solicitud de devolución de dinero L17,887 (f.55), auto motivado de fecha 3 de marzo del 2010 en relacion a la devolución de dinero (f.56-57), oficio FRCH-OD 047-2010 (f 150), acta de remisión de indicios de expediente 160-09 referente a los L 17,887 (f. 54), acta de decomiso de droga, referente al caso de Félix Herrera (f. 59) , nota de fecha 3 de marzo 2010 (f 60 al 61), Constancia extendida por Maritza Reyes, encargada del almacén de evidencia zona sur (f. 68), oficio de fecha 9 de marzo del 2015 (f.70), acta de entrega de indicios (f.129); Pericial: Acta de Inspección ocular, de fecha 6 de noviembre de 2009. Considera que el sentenciador no motivo la sentencia de conformidad con las reglas de la sana crítica. La Sala de lo Penal ha determinado cuándo es posible derivar la existencia de insuficiencia de motivación fáctica o jurídica y cuando tales motivaciones son totalmente carentes: así, ha explicado que, la carencia de motivación fáctica o jurídica acontece cuando la sentencia no posee ninguna motivación fáctica o ninguna motivación jurídica, es decir, es la total omisión de fundamento probatorio o jurídico y con ello se produce el desconocimiento de las partes y del público en general, del por qué los juzgadores tomaron la decisión final, convirtiendo el pronunciamiento en arbitrario. La motivación fáctica o jurídica insuficiente se presenta en los casos en que los juzgadores hacen un esfuerzo limitado en razonar su decisión y por ende no sea posible con la lectura de la sentencia, retomar los pasos seguidos por los juzgadores, develar sus razonamientos y análisis, que desembocaron en los pronunciamientos del fallo. Son ejemplos de éste vicio, cuando se hace una descripción de los medios de prueba, mas no se consigna el proceso de valoración intelectivo, cuando dicha valoración se limita a manifestar que tal o cual prueba merece crédito o no merece crédito, sin expresar las razones de dicha conclusión o cuando en la fundamentación jurídica solo se hace la cita de las normas legales o se transcriben las mismas, sin ninguna explicación del por qué éstas están vinculadas al caso concreto y del por qué, en su caso, las normas invocadas por las partes no son aplicables. La insuficiencia de motivación también se presenta cuando los juzgadores, en la individualización de la pena concreta, no justifican la necesidad de la aplicación de la pena a imponer y su extensión. A partir de lo expuesto, se analiza que la parte recurrente denuncia la insuficiencia de motivación fáctica, pero se contradice a sí mismo en el escrito de su recurso cuando alega que en el apartado de la valoración fáctica el sentenciador se ha extendido ampliamente respecto a la descripción de la probanza y ha incorporado las razones de su juicio con las que intenta justificar la decisión exculpatoria a la cual arribó, señala que igualmente es innegable, que ha errado, pues todo ese razonamiento está encaminado al extravió o sustracción de la sala de custodia en la Fiscalía de Choluteca, de dinero y un arma de fuego. Es decir, denuncia la violación de las reglas de la sana crítica en una motivación que arguye inexistente, vicios que no pueden coexistir simultáneamente por resultar contrapuestos, más aún, que en la misma exposición de su recurso denuncia la infracción a las reglas de la sana crítica, pero lo hace de una forma abstracta procediendo a hacer alegatos de instancia. La Sala de lo Penal ha sostenido que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana critica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica, y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad. Es de tener presente que conforme la naturaleza del recurso de casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc., e inclusive al propio Tribunal de Casación; en lo atinente a la denuncia y al examen hecho a la sentencia, se ha podido constatar que la misma de manera amplia desarrolla los razonamientos de valoración de los medios de prueba lo que apoya la decisión adoptada en la parte resolutiva lo que constituyó una valoración conjunta, concluyéndose que, con independencia de la justicia de la valoración, no existe insuficiente motivación fáctica, ni Insuficiente motivación Jurídica en la sentencia impugnada y por lo tanto el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo debe de ser declarado sin lugar..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-154-2021, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de julio del año dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Nelson Danilo Mairena Franco, en su calidad de coordinador, Mario Rolando Diaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-154-2021 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha once de diciembre del año dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca, Departamento de Choluteca, mediante la cual falló: Primero: Absolvió a la señora Cinthia Crucelina Ramírez, por el delito de Violación de los Deberes de los funcionarios en perjuicio de La Administración Pública. Segundo: No Procedió la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio al Ministerio Público. Tercero: No Procedió el comiso. Son partes en única instancia: La Abogada Mercedes Dubón, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente; y el Abogado Nardin Fabricio Galo Rueda en su condición de defensor privado de la señora Cinthia Crucelina Ramírez, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “Primero: El uno de noviembre del año dos mil ocho, la señora Cinthia Crucelina Ramírez, fue nombrada en el cargo de Técnico en Control de Evidencias; de la oficina regional del ministerio público, en la ciudad de Choluteca, habiendo tomado posesión de su cargo, según acuerdo de nombramiento N.º 670–2008. Segundo: La señora Cinthia Crucelina Ramírez, previo y posterior a la toma de su cargo, no recibió ningún tipo de entrenamiento en el manejo y registro apropiado de cada evidencia. Tercero: El día lunes 20 de julio del año dos mil nueve, la señora Cinthia Crucelina, no se presentó realizar su trabajo habitual, debido a que su señora madre había fallecido, por lo que en la misma fecha el coordinador de fiscales interino, Osmín Durán, comisionó al señor José Antonio Molina, para que reclamara en la casa de la señora Cinthia Ramírez, las llaves del archivo de expedientes y bodega de evidencias, las cuales ella manejaba en su poder por el cargo que desempeñaba. Cuarto: En fecha 05 de agosto del año 2009 la señora Cinthia Ramírez, informó al coordinador de fiscales Adrián Rosales, que en el almacén evidencias había encontrado un desorden en varios de los objetos decomisados y que algunos sobres estaban abiertos. Quinto: En el mismo año dos mil nueve, la fiscalía regional de Choluteca, ordenó realizar un inventario de evidencias, que fue elaborado por técnicos nombrados por el Ministerio Público de Tegucigalpa, con la presencia de la señora Cinthia Crucelina, concentrándose dicho inventario en las evidencias ingresadas en los años 2001 al 2009. Sexto: En fecha 2 de noviembre del año 2009, el fiscal del ministerio público Eduardo Díaz solicitó en el almacén de evidencia bajo resguardo de Cinthia Crucelina, la cantidad de treinta y tres mil lempiras (L.33,000.00), que había sido entregada el 17 de octubre del 2007, relacionado con la causa dirigida contra el señor Francisco Onil Reyes; posteriormente el 08 de febrero del año 2010, el fiscal Ramón Cruz solicitó la devolución de dos mil un lempiras (L. 2,001.00) del caso dirigido contra Marlon Francisco Montes y Celso Gallegos, los cuales tampoco se encontraban en el almacén de evidencia . Asimismo, el 3 de marzo del año 2010 se solicitó el abogado privado Mario Aguilera, la devolución de diecisiete mil ochocientos ochenta y siete lempiras (L.17,887.00) del caso dirigido contra el señor Félix Alejandro Herrera y así como también en fecha 18 de agosto del año 2014, se solicitó por parte de la fiscal Dilia Alvarado, al almacén de evidencias un arma de fuego tipo Uzi, arma que fue decomisada en fecha 09 de julio del año 2007, del expediente judicial 344 -07. Las evidencias descritas no fueron encontradas, en el almacén respectivo, el que ya no estaba bajo custodia de Cinthia Crucelina; no obstante, las solicitudes de devolución de evidencias eran dirigidas a Cinthia Ramírez a pesar que ella desde el año 2009, ya no se desempeñaba el cargo de técnico de control de evidencias. Séptimo: El 22 de junio del año 2015, la fiscalía especial de enjuiciamiento de funcionarios servidores del ministerio público, presentó requerimiento fiscal contra la señora Cinthia Crucelina Ramírez, por los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y sustracción de evidencias.” RECURSO DE CASACIÓN, MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente Abogada Martha Rosibel Bonilla Madrid, en su condición de fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “Motivo Único: “El Fallo está desprovisto de Motivación Fáctica Suficiente.” Precepto Autorizante: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. Explicación del Motivo: El Jurista Piero Calamandrei ha concluido: “la motivación constituye el signo más importante y típico de la racionalización de la función judicial”. De modo que, la fundamentación fáctica de la sentencia debe contener una argumentación descriptiva, que supone la transcripción de la prueba que se incorporó durante el desarrollo del debate; y con igual trascendencia, debe constar, la motivación intelectiva, en donde el juzgador realiza las explicaciones objetivas, para acreditar o desmerecer esa probanza; juicio de la autoridad judicial, que efectuará de forma completa, exponiendo no solo las premisas normativas y fácticas de su razonamiento que permitan demostrar la racionalidad jurídica de la decisión que ha adoptado, sino también, todas las cuestiones de hecho y de Derecho que han constituido el objeto de la controversia. En contraposición, en la Sentencia de mérito, si bien no es discutible que en el apartado de la valoración fáctica el Sentenciador se ha extendido ampliamente respecto de la descripción de la probanza y ha incorporado las razones de su juicio con las que intenta justificar la decisión exculpatoria a la cual arribó, igualmente es innegable, que ha errado, pues todo ese razonamiento está encaminado al extravío o sustracción de la Sala de Custodia en la Fiscalía de Choluteca, de dinero y un arma de fuego que figuraban como evidencias en la causas contra los señores Francisco Onil Reyes, Celso Gallego Bonilla, Félix Alejandro Herrera y Alexis Oswaldo Espinal, acciones que no formaban parte de la imputación, con lo que realmente el Tribunal ha omitido dar cuenta de los hechos y los argumentos traídos por el Ministerio Público, como sujeto vinculado al proceso, que más bien consisten en omisiones de Registro de la Evidencias al Sistema Interno de la Fiscalía de Choluteca, realizadas por la Procesada Cinthia Crucelina Ramírez, en su desempeño como Técnico en Custodia de Evidencias dependiente de la Fiscalía Regional de Choluteca, conforme a lo expuesto y aclarado reiteradamente en juicio . Esto ha imposibilitado a las partes intervinientes en la causa, el conocer certeramente la racionalización y razonabilidad que ha tenido el Tribunal para llegar a su conclusión de absolver a la encartada por esos actos adversos a ley que le son atribuidos; consecuentemente tampoco puede determinarse, si esa decisión judicial se encuentra sustentada en razonamientos probatorios válidos, y no obedece a voluntades irracionales, lo que ha generado el vicio in procedendo invocado. En los mismos términos, sabemos que la motivación judicial debe justificar la racionalidad jurídica de la decisión que se adopte, de forma tal que pueda conocerse su legitimidad, sobre la base de criterios y estándares intersubjetivos de razonamiento, es decir, exige una solución jurídicamente aceptable. Pues, sólo bajo esta condición puede decirse que el iter lógico judicial ha sido idóneo, al hacer posible el control sobre los motivos que lo sustentan y la aceptabilidad racional de la decisión; derechos de las partes y de la sociedad a una resolución motivada y fundada en derecho, a exigir una explicación del rechazo o aceptación de sus alegaciones, que, bajo los extremos apuntalados, al no existir completitud de la motivación fáctica, no es posible hacer efectivos en esta causa. Entonces, no puede pretenderse que el derecho fundamental de acceso a la justicia ha sido satisfecho, si el A Quo deja de pronunciarse sobre el asunto sometido a su decisión, quedando este imprejuzgado; ya que, la falta de nexo entre los hechos ilícitos imputados a Cinthia Crucelina Ramírez, y los argumentos construidos por el juzgador, dirigidos a acciones ilícitas distintas no sujetas a juicio, vuelven insuficiente el razonamiento judicial. Dicho de otra forma, pese a ser indispensable y obligatorio la fundamentación fáctica integral, como se dice al inicio, no hay explicaciones juiciosas, exhaustivas y debidamente sustentadas de las razones que llevaron a los jueces de sentencia, para desechar los cargos contra Cinthia Crucelina Ramírez concretamente fundamentados por el ente acusador, que no son sino: omisiones por ella cometidas en su deber de registros de las evidencias que custodiaba, acorde al cargo de Técnico de Evidencias, que entonces desempeñaba . De ahí, que esta fundamentación intelectiva como acto de decisión exteriorizada por el Tribunal, no ha tenido como eje transversal la valoración completa, expresa clara, legítima y lógica de todas las pruebas introducidas legítimamente al debate. Además, como ya se expuso, al ser incompleta, impide un adecuado control del análisis que lo llevó a concluir en el sentido que se ha fallado; comprometiendo entonces, la eficacia del derecho de defensa, puesto que, ante el desconocimiento de las razones de su fallo, resulta imposible establecer, si corresponde o se deriva de un juicio racional y objetivo, dando vida con ello a una sentencia defectuosa y arbitraria, claramente subsumible en el supuesto establecido en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal. Asimismo, vulnera las exigencias contenidas en el artículo 141 de la normativa adjetiva penal, que claramente consigna bajo pena de nulidad, el deber de motivación de las resoluciones, haciendo clara alusión a las sentencias definitivas: “la motivación es la expresión de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa una resolución judicial, y en el caso particular de las sentencias, de las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. La simple relación de las actuaciones que se hayan realizado en el proceso, la mención de los requerimientos o petitorias formuladas por las partes o sus apoderados legales o la cita o transcripción de preceptos legales no reemplazará la motivación.” Respecto a la Fundamentación Fáctica, La Honorable Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ha establecido: “Que las motivaciones Fácticas o Jurídicas sean insuficientes. Partiendo que este vicio no se refiere a una omisión absoluta de razones de hecho o de derecho que debe portar la sentencia, la motivación insuficiente se dirigirá a la consignación de argumentos de prueba o exposición de razones jurídicas que no alcancen a justificar el hecho reconocido en la resolución o las leyes que se aplican. Se presentaría “insuficiencia”, en los casos en que no resulte posible deducir o inferir el proceso racional que llevó al Tribunal de Sentencia a considerar como probados los hechos establecidos, o a aplicar los preceptos penales por lo que resuelve. Sobre el hecho, el vicio se observaría cuando consignándose en la valoración de la prueba cierta prueba, se omite el indicar por qué esa probanza convence al juzgador, como sucedería al decir que los testigos generan credibilidad simple y sencillamente porque son contestes, sin exponer en qué sentido han sido concordantes. También se estimaría la infracción cuando se haga referencia superficial a la prueba o la simple relación de actuaciones en el proceso. Sentencia Penal SP -423-14 (El subrayado y remarcado no corresponde al texto original). Mediante Casación Penal SP 11-2014 de fecha 22 de Noviembre de 2017, expuso: ;”Es importante recordar que las sentencias son la forma de comunicación entre el juez y la sociedad, en donde el primero rinde cuentas al segundo de la autoridad que se le ha confiado, también la sentencia es la forma como el juez defiende la validez y vigencia del derecho objetivo, aplicando éste al caso concreto que es disputado, finalmente la sentencia concluye un conflicto surgido de la inobservancia de la ley, pronunciándose sobre las pretensiones antagónicas –condenatoria y absolutoria- que le han presentado las partes. Con lo expresado es posible derivar cuándo existe insuficiencia de motivación fáctica o jurídica y cuándo tales motivaciones son totalmente carentes: 1…2.- Motivación Fáctica o Jurídica Insuficiente: Se presenta en los casos en que los juzgadores hacen un esfuerzo limitado en razonar su decisión y por ende no sea posible con la lectura de la sentencia, retomar los pasos seguidos por los juzgadores, develar sus razonamientos v análisis, que desembocaron en los pronunciamientos del fallo. Son ejemplos de este vicio, cuando se hace una descripción de los medios de prueba, mas no se consigna el proceso de valoración intelectivo, cuando dicha valoración se limita a manifestar que tal o cual prueba merece crédito o no merece crédito, sin expresar las razones de dicha conclusión o cuando en la fundamentación jurídica solo se hace la cita de las normas legales o se transcriben las mismas, sin ninguna explicación del por qué éstas están vinculadas al caso concreto y del por qué, en su caso, las normas invocadas por las partes no son aplicables. La Insuficiencia de Motivación también se presenta cuando los juzgadores, en la individualización de la pena concreta, no justifican la necesidad de la aplicación de la pena a imponer y su extensión (Art. 2-D del Código Penal). A la luz de lo anteriormente expuesto, es procedente solicitar la corrección del fallo emitido por el Juzgador de Instancia, pues indudablemente merece ser rectificado por la Honorable Sala de lo Penal en la Sentencia que resuelva el presente recurso, ante un evidente quebrantamiento de forma por motivación fáctica insuficiente. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Único Motivo. Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; Concepto de la infracción: El Fallo está desprovisto de Motivación Fáctica o Jurídica Suficiente; Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el recurrente; Pretensión: Que se declare procedente el motivo. La recurrente solicita en su recurso la corrección del fallo emitido por el juzgador de instancia, pues considera que indudablemente merece ser rectificado por la Honorable Sala de lo Penal en la Sentencia que resuelva el presente motivo, ante un evidente quebrantamiento de forma, pues considera que existe Motivación Fáctica o Jurídica Insuficiente. De la procedencia del recurso. El motivo no es de recibo. Al analizar la explicación del recurso, se evidencia primeramente que la recurrente arguye carencia de motivación fáctica, así como de la fundamentación intelectiva, como que el acto de decisión exteriorizada por el tribunal, no ha tenido como eje transversal la valoración completa, clara, legitima y lógica de todas las pruebas introducidas legítimamente al debate en relación a las declaraciones testificales de los testigos Luis Armando Zelaya, Osmín Álvaro Duran y Zulema Auricela Mejia Guevara; prueba documental: Inventario de evidencias 2009 realizado por la UTR, Informe presentado por el fiscal, acta de trabajo (f.62 al 63), oficio No FRCH-OD_03-2013 de fecha 31 de enero de 2013 (f. 13-17), oficio No DCPS/126/2015 de fecha 11 de septiembre del 2015 de la jefa del departamento de clasificación de puestos y salarios (f. 130-136), acuerdo de nombramiento de la señora Cinthia Crucelina Ramirez (f. 7-9), acta de remisión de indicios referente a documentos bajo expediente 1528-07 recibido por Cinthia Ramirez (f.49), acta de remisión de indicios referentes a documentos bajo expediente 1528-07 recibido por Cinthia Ramirez (f.50), acta de remisión de indicios referente al teléfono celular bajo expediente 1528-07 recibido por Cinthia Ramirez (f.519, recibo de entrega de arma de fuego de fecha 8 de febrero del 2010 (f. 143), nota enviada por la señora Cinthia Ramirez, referente a la apertura de evidencia (f.42), acta de inspección ocular de fecha 10 de febrero del 2010 del decomiso de L2,001, y $3.00 con álbum fotográfico (f.32-38), acta de cadena de custodia de fecha de 9 de junio 2009 referente de la cantidad de L2,001, y $3.00, escrito de solicitud de devolución de dinero L17,887 (f.55), auto motivado de fecha 3 de marzo del 2010 en relacion a la devolución de dinero (f.56-57), oficio FRCH-OD 047-2010 (f 150), acta de remisión de indicios de expediente 160-09 referente a los L 17,887 (f. 54), acta de decomiso de droga, referente al caso de Félix Herrera (f. 59) , nota de fecha 3 de marzo 2010 (f 60 al 61), Constancia extendida por Maritza Reyes, encargada del almacén de evidencia zona sur (f. 68), oficio de fecha 9 de marzo del 2015 (f.70), acta de entrega de indicios (f.129); Pericial: Acta de Inspección ocular, de fecha 6 de noviembre de 2009. Considera que el sentenciador no motivo la sentencia de conformidad con las reglas de la sana crítica. La Sala de lo Penal ha determinado cuándo es posible derivar la existencia de insuficiencia de motivación fáctica o jurídica y cuando tales motivaciones son totalmente carentes: así, ha explicado que, la carencia de motivación fáctica o jurídica acontece cuando la sentencia no posee ninguna motivación fáctica o ninguna motivación jurídica, es decir, es la total omisión de fundamento probatorio o jurídico y con ello se produce el desconocimiento de las partes y del público en general, del por qué los juzgadores tomaron la decisión final, convirtiendo el pronunciamiento en arbitrario. La motivación fáctica o jurídica insuficiente se presenta en los casos en que los juzgadores hacen un esfuerzo limitado en razonar su decisión y por ende no sea posible con la lectura de la sentencia, retomar los pasos seguidos por los juzgadores, develar sus razonamientos y análisis, que desembocaron en los pronunciamientos del fallo. Son ejemplos de éste vicio, cuando se hace una descripción de los medios de prueba, mas no se consigna el proceso de valoración intelectivo, cuando dicha valoración se limita a manifestar que tal o cual prueba merece crédito o no merece crédito, sin expresar las razones de dicha conclusión o cuando en la fundamentación jurídica solo se hace la cita de las normas legales o se transcriben las mismas, sin ninguna explicación del por qué éstas están vinculadas al caso concreto y del por qué, en su caso, las normas invocadas por las partes no son aplicables. La insuficiencia de motivación también se presenta cuando los juzgadores, en la individualización de la pena concreta, no justifican la necesidad de la aplicación de la pena a imponer y su extensión. A partir de lo expuesto, se analiza que la parte recurrente denuncia la insuficiencia de motivación fáctica, pero se contradice a sí mismo en el escrito de su recurso cuando alega que en el apartado de la valoración fáctica el sentenciador se ha extendido ampliamente respecto a la descripción de la probanza y ha incorporado las razones de su juicio con las que intenta justificar la decisión exculpatoria a la cual arribó, señala que igualmente es innegable, que ha errado, pues todo ese razonamiento está encaminado al extravió o sustracción de la sala de custodia en la Fiscalía de Choluteca, de dinero y un arma de fuego. Es decir, denuncia la violación de las reglas de la sana crítica en una motivación que arguye inexistente, vicios que no pueden coexistir simultáneamente por resultar contrapuestos, más aún, que en la misma exposición de su recurso denuncia la infracción a las reglas de la sana crítica, pero lo hace de una forma abstracta procediendo a hacer alegatos de instancia. La Sala de lo Penal ha sostenido que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana critica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica, y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad. Es de tener presente que conforme la naturaleza del recurso de casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc., e inclusive al propio Tribunal de Casación; en lo atinente a la denuncia y al examen hecho a la sentencia, se ha podido constatar que la misma de manera amplia desarrolla los razonamientos de valoración de los medios de prueba lo que apoya la decisión adoptada en la parte resolutiva lo que constituyó una valoración conjunta, concluyéndose que, con independencia de la justicia de la valoración, no existe insuficiente motivación fáctica, ni Insuficiente motivación Jurídica en la sentencia impugnada y por lo tanto el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo debe de ser declarado sin lugar. DECISIÓN: No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por la Abogada Martha Rosibel Bonilla Madrid, en su condición de fiscal del Ministerio Público; 2) Declara firme la sentencia de fecha once de diciembre de dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca, Departamento de Choluteca. Y MANDA: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Mairena Franco. - Notifíquese. - Firmas y Sello. – Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. – Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado - Firma y Sello. - Rina Koritza Sandoval Navas. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada a los veinticuatro días del mes de julio de dos mil veinticuatro, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-154-2021.RINA KORITZA SANDOVAL NAVASRECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL