Sentencia CP-148-20 — Registro 18106
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Robo de Vehículo Agravado, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación y se Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017 por el delito de robo con intimidación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"... De la procedencia del recurso. El único motivo no es de recibo. La Sala de lo Penal ha leído con detenimiento el escrito recursivo del defensor público, encontrando este Ad-Quem en el escrito del Censor expresiones como: “…el Tribunal valora prueba de cargo no creíble, que para la investigación de la verdad debieron haber practicado todas las diligencias pertinentes y útiles …”; “…además al hacer el sentenciador el juicio de valor sobre dicha prueba incurre en claras omisiones, que hace dicha fundamentación confusa e imprecisa, dando como resultado la violación a las reglas de la lógica en su postulado de la derivación…”; “… la sentencia recurrida no ha estado provista de un razonamiento intelectivo capaz de dejar conforme a la defensa del imputado…”, “…pues del análisis de la sentencia de mérito hemos concluido que los hechos estimados y declarados probados, se derivan de prueba dudosa y no terrninante…”, “… la prueba testifical (testigo ofendido) que es espuria en el sentido que no es cierto que identificara a Rony Nahun Reyes Martínez el día del hecho…” “…De lo anterior esta defensa pública no está de acuerdo con la supuesta participación de mi representado según lo plasmado en el hecho probado Primero en cuanto a que fue el señor Rony Nahun Reyes Martínez quién le colocara una pistola en la nuca a Rafael Alberto Canales y lo despojara del vehículo que conducía ese día del hecho, considerando no ser creíble y existir dudas como ser: a) Que el testigo Rafael Alberto Canales dice haberle visto el rostro a nuestro representado, siendo que si tomamos en cuenta la hora en que se dio el hecho las 8:50 p.m., que lo encañonaron por la parte de atras (la nuca), y que el imputado bajo el vidrio y que él le pidió aunque fueran los documentos y la mochila que portaba, momento que él aprovecho para verle bien el rostro, lo cual recordemos que es un momento traumático el hecho que lo encañonen con un arma, que le despojen del vehículo, por lo que nuestros sentidos no actúan de la misma forma y sumado a esto la hora en que se dio el hecho, consideramos que dicho testigo falto a la verdad; b) Por otra parte en su relato el testigo de cargo Rafael Alberto manifestó que era de noche (8:50 p.m.) por lo que la experiencia nos dice que esos lugares son poco iluminados;…” “…no compartimos el criterio esbozado por el Tribunal sentenciador, considerando que se vulneran las formalidades que sujetan a la valoración de la prueba, concretamente en lo referente a la sana critica, al tener acreditada la participación del imputado en el primer hecho sucedido el 26 de junio de 2018 a las 8:50 p.m., es decir en el robo de vehículo al señor Rafael Alberto Aguilar Canales, con un medio de prueba testifical dudoso e inconsistente, vulnerándose la presunción de inocencia como principio constitucional…” Finaliza el recurrente “…el testigo de cargo supra indicado no fue suficiente, y los cuerpos investigativos no realizaron una investigación profunda, por lo que a la prueba testifical y documental la consideramos como no concluyente para tener una certeza que hubiera permitido emitir una sentencia objetiva como debió haber sido y que la prueba de cargo hubiera sido una prueba confiable como para condenar por autor del delito de Robo de Vehículo Agravado a mi representado Rony Nahun Reyes Martínez,…”. Lo anterior son expresiones que sirvieron para construir el argumento recursivo el cual básicamente es el reclamo del Censor, de que el tribunal de sentencia emitió una decisión condenatoria cuando su pretensión era un pronunciamiento absolutorio; la protesta entonces es el no haber valorado las piezas probatorias de la misma manera que lo hizo el Censor y que ello, según su criterio, es lo que constituye violación a la regla lógica de derivación integrado por el principio de razón suficiente, en su característica de suficiencia. La Sala de lo Penal encuentra con dichos alegatos recursivos, la denuncia de una de las reglas de la sana critica como lo es el principio lógico de derivación, como consecuencia de que el a-quo ha emitido una sentencia que se aparta de las pretensiones formulada por la defensa, pues considera que de la valoración de la prueba no se desprende la participación del acusado en el robo del vehículo automotor, acaecido el 26 de junio de 2018 a las 08:50 pm.- Es evidente que la defensa, al desarrollar su recurso, hace una relación del contenido de la prueba, aporta su valoración personal sobre ésta y concluye que el tribunal debió aprecia los medios de prueba de igual manera y que por no haberlo hecho es que se generó el vicio. No hay duda para este Tribunal que el Censor ha confundido el recurso ordinario de apelación como segunda instancia con el recurso extraordinario de casación como única instancia: El recurso ordinario como segunda instancia provoca un nuevo examen de la relación controvertida (Novum Judicium) y hace adquirir al tribunal de apelación la jurisdicción sobre el asunto, con facultad para decidir la controversia y conocer Ex Novo tanto de la Quaestio Facti como de la Quaestio Juris. Mientras que el recurso extraordinario como única instancia, como es la casación, ésta limitado a considerar exclusivamente los quebrantamientos de formas (errores in procediendo) y las infracciones de ley (errores in indicando) en que haya incurrido el tribunal de sentencia, sin que la Sala de lo Penal pueda extenderse al fondo o mérito de la controversia, ni al establecimiento o apreciación de los hechos por parte de los Juzgadores de la Instancia. Específicamente mediante la vía recursiva de la casación, no es posible reevaluar la actividad probatoria con miras a modificar aquella valoración hecha por los jueces de sentencia. La deficiente técnica recursiva por parte del recurrente en su único motivo, ha sido tan evidente que deviene por ello desestimarlo..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362,N.3 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 11 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
"...Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Rony Nahún Reyes Martínez, la sanción por un delito de Robo de Vehículo Agravado, en perjuicio de Marco Antonio Casco Irías, a saber: i.- 13 años 08 meses de reclusión; ii.- Pena accesoria de inhabilitación Absoluta; iii.- Pena accesoria de interdicción civil; iv. Declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito; v. Consecuencia penal de obligación de realizar trabajo penitenciario. La conducta reprochada al señor Rony Nahún Reyes Martínez, está prevista en el Artículo 361 del Código Penal 130-2017 como delito de Robo con Intimidación, (siendo que el vehículo automotor que se hace referencia en el hecho probado, no fue devuelto a su propietario en un plazo no superior a 12 horas, aunando el empleo de intimidación en la persona de Rafael Alberto Canales); dicho delito de Robo con Intimidación es sancionado con la pena de prisión de cuatro (04) a ocho (08) años, pena que debe aumentarse en un 2/3 al concurrir dos circunstancias del numeral 4 y 9 del artículo 363 “El hecho reviste especial gravedad atendiendo al valor de los efectos sustraídos” y “Se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto...” del hecho probado se describe que el acusado Rony Nahúm Reyes Martinez, apareció por la parte de atrás del vehículo, quien le coloco también un arma de fuego en la nuca de la víctima, obligándole a bajarse del vehículo automotor Mitsubishi, tipo pick up, color gris, modelo L200, doble cabina, año 2005, con placas PDB3718 y despojándole del mismo, quedando la pena abstracta de prisión 08 a 13 años 04 meses, más las penas accesorias y demás consecuencias penales. Así las cosas, al comparar el quantum de la pena impuesta en instancia del señor Rony Nahún Reyes Martínez, con el margen abstracto que corresponde con el Código Penal 130-2017; conforme el CP-144-83 es mucho más gravosa que aquella que contempla el CP 130-2017 para los mismos hechos delictivos, por lo que corresponde la aplicación retroactiva de este último cuerpo normativo por ser más favorable al caso concreto; debiendo los beneficios penitenciarios ser otorgados conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017. A partir de lo anterior procede individualizar la pena conforme dispone el artículo 70 numeral 1 literal a) del del Código Penal 130-2017, que manda tener en consideración la existencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal (Agravantes y Atenuantes) y, en su defecto de sus ausencias, la pena se fija dentro del marco establecido para el delito en atención a las circunstancias personales de las personas condenadas.- Así las cosas, conforme los hechos declarados probados, no concurre ninguna circunstancia atenuante ni agravante contempladas en los artículos 31 y 32 del cuerpo legal señalado, por lo cual, corresponde la atención de las circunstancias personales siguientes: 1. Rony Nahun Reyes Martínez, de treinta y cinco (35) años de edad, hondureño, unión libre, nacido en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el veintisiete (27) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988), Técnico en Mecánica Automotriz, con último domicilio en la colonia La Sosa, sector Elvir, tercera avenida, frente a pulpería dos pinos de la Ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, es titular de la tarjeta de identidad número 0801-1988-05949, hijo de los señores Juan Reyes Matute y Gloria Evelyn Martínez Rodríguez. Del acumulo judicial se sustrae lo siguiente; a. Constancia De Antecedentes Policiales, extendida por la Dirección Policial de Investigación de fecha 03 de julio del año 2018, donde la agente Nancy Carolina Cerrato Cruz, hace constar que según los archivos de esa institución el señor Rony Nahún Reyes Martínez, con identidad 0801-1988-05949, SI se encuentra registrado por haber cometido delito o falta alguna: Detenido en fecha 03 de julio de 2013, por suponerlo responsable de los delitos de Uso Indebido de Nombre, Uniforme e Insignias en perjuicio de La Seguridad del Estado de Honduras. (F.28). b. Constancia De Antecedentes Penales extendida por la Unidad de Antecedentes Penales de la Corte Suprema de Justicia de fecha 26 de noviembre del año 2019, donde se hace constar que Rony Nahun Reyes Martínez, presenta condena por los delitos de Posesión Ilegal de Arma de Fuego Comercial y Uso Indebido de Insignias en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. (F.87) En atención a lo anterior y a lo determinado en los hechos probados; el acusado muestra una prognosis criminal, que evidencia conductas destinadas a la comisión de delitos contra la Propiedad y La Seguridad Interior del Estado de Honduras, por ello, esta Sala de lo Penal determina que debe de imponerse al acusado una pena dentro del marco establecido para el delito de Robo con Intimidación, es decir, 09 años de prisión, en atención a la peligrosidad apreciada en las circunstancias personales. A las penas principales deberán sumarse las penas accesorias, declaratoria de responsabilidad civil y demás consecuencias de la responsabilidad penal que se ha declarado..."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal No. 130-17, art. 70 numeral 1 literal a) ,615 y 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-148-2020, que literalmente dice: “Sentencia En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, a los veinticuatro días del mes de julio del año dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Nelson Danilo Mairena Franco en su calidad de coordinador, Mario Rolando Díaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP 148-2020, conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha trece de enero de dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó al señor Rony Nahún Reyes Martínez, como autor responsable penalmente del delito de Robo de Vehículo Agravado, en perjuicio de Marco Antonio Casco Irías, a la pena de trece años y ocho meses de reclusión; Asimismo, se le condenó a las penas accesorias de Inhabilitación absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la pena principal. SEGUNDO: Declaró al señor Rony Nahún Reyes Martínez, civilmente responsable la que será determinada por el Juez de Ejecución Competente. TERCERO: No Procedió la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio al señor Rony Nahún Reyes Martínez. CUARTO: No Ordenó el comiso, ya que no fue puesto ninguna pieza de convicción ni de ejecución del hecho. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, la Abogada Francis Castro Delgado, en su condición de defensora pública del encartado. Son partes en única instancia: El Abogado Alex Reniery López Barahona, defensor privado, en su condición de recurrente; y, la Abogada Marla Iris Cárdenas Guardado, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO: En fecha 26 de junio del 2018, aproximadamente a las 08:50 de la noche el señor Rafael Alberto Canales, se conducía en un vehículo Mitsubishi, tipo pick up, color gris, modelo L200, doble cabina, año 2005, con placas PDB3718, propiedad del señor Marco Antonio Casco Irías, con dirección a su casa de habitación, ubicada en la aldea La Calera, departamento de Francisco Morazán, al pasar por el sector 9 de la colonia 21 de octubre, fue interceptado por dos individuos que se transportaban a bordo de una motocicleta, deteniendo la marcha del automotor, en ese momento ambos sujetos lo encañonaron con armas de fuego, apareciendo por la parte de atrás del vehículo el señor Rony Nahúm Reyes Martinez quien le coloco también un arma de fuego en la nuca, obligándole a bajarse del vehículo y despojándole del mismo, acto seguido el señor Reyes Martinez, abordo el vehículo y se marchó del lugar con rumbo desconocido. SEGUNDO: En fecha 02 de julio del año 2018, aproximadamente a las 07:00 de la noche, el señor Rafael Alberto Canales. se conducía en un vehículo automotor por la colonia San Miguel de la ciudad de Tegucigalpa, cuando reconoció un vehículo de similares características al que días antes lo habían despojado, dándole seguimiento y pidiéndole apoyo a miembros de la policía, logrando detener la marcha del automotor que era conducido por el señor Rony Nahúm Reyes Martinez, a inmediaciones del Banco Central de Honduras de la ciudad de Tegucigalpa, siendo este detenido y puesto a la orden de la Fiscalía.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La Abogada Francis Castro Delgado, defensora pública, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION PORQUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO UNICO: No haber observado el Sentenciador en la Valoraracion de la prueba las reglas de la Sana Critica. NORMA ADJETIVA INFRINGIDA: Se invoca como norma adjetiva inobservada la contenida en el artículo 202 en relación con el artículo 336 y 338 regla 4 No.2 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra Comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO La norma procesal que se invoca como infringida el artículo 202 del Código Procesal Penal, que expresa : Las Pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crìtica. El Órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” . PRIMERO. En la sentencia recurrida, el Tribunal valora prueba de cargo no creíble que para la investigación de la verdad debieron haber practicado todas las diligencias pertinentes y útiles, para haber determinado la acción del imputado y poder determinar la existencia del hecho punible tomando en cuenta las circunstancias que, de acuerdo con la ley penal sean importantes para establecer el grado de responsabilidad y además al hacer el sentenciador el juicio de valor sobre dicha prueba incurre en claras omisiones, que hace dicha fundamentación confusa e imprecisa, dando como resultado la violación a las reglas de la lógica en su postulado de la derivación. En el presente caso precisa referirnos a las reglas de la lógica por ser esta la más inobservada por el Tribunal de Sentencia y sobre la cual ésta orientado el ataque al fallo, en vista que la regla de la lógica estando constituida por la ley de la coherencia y de la derivación, esta ultima ha resultado ignorada por el tribunal de sentencia debido que para la observancia de esta ley se exige al juzgador que la sentencia resulte provista de razonamiento proveniente de elementos Congruentes, verdaderos y suficientes. Resulta que la sentencia recurrida no ha estado provista de un razonamiento intelectivo capaz de dejar conforme a la defensa del imputado, porque la conclusión a que arribo el tribunal de sentencia para condenar a Rony Nahun Reyes Martínez no proviene de elementos suficientes como tampoco resultan aptos como para producir razonablemente un conocimiento cierto de su participación en el suceso que se juzga, por el contrario la acción imputada ha resultado efectivamente imprecisa como para deducir la culpabilidad como autor por el delito de "Robo de Vehículo" por parte de mi defendido, pues del análisis de la sentencia de mérito hemos concluido que los hechos estimados y declarados probados se derivan de prueba dudosa y no terrninante. SEGUNDO: Honorables Magistrados si observamos la prueba de cargo evacuada en juicio oral y público, específicamente la documental (Acta de decomiso) con la que consideramos haberse acreditado plenamente el decomiso del vehículo automotor al señor Rony Nahun Reyes Martínez; mas con la prueba testifical (testigo ofendido) que es espuria en el sentido que no es es cierto que identificara a Rony Nahun Reyes Martínez el día del hecho por las razones que mas adelante señalaremos; por lo que no sabemos como el Tribunal pudo llegar a la conclusión de plasmar los dos hechos probados al manifestar: Que fue Rony Nahun Reyes que en fecha 26 de junio de 2018 a eso de las 8:50 de la noche junto a otras personas despojo del vehículo Mitsubishi, tipo pick Up, color gris, modelo L200, doble cabina, año 2005, con Placas PDB3718, propiedad del señor Marco Antonio Casco Irías y que fuera conducido por el señor Rafael Alberto Canales, y que al detenerlo a él las otras personas, el señor Rony Nahun Reyes apareció por la parte de a tras del vehículo que conducía el señor Rafael Alberto colocándole un arma de fuego en la nuca, obligándolo a bajarse del vehículo y despojándolo del mismo, y que acto seguido el señor Rony Reyes Martínez abordo el vehículo y se marchó del lugar con rumbo desconocido. De lo anterior esta defensa pública no está de acuerdo con la supuesta participación de mi representado según lo plasmado en el hecho probado Primero en cuanto a que fue el señor Rony Nahun Reyes Martínez quién le colocara una pistola en la nuca a Rafael Alberto Canales y lo despojara del vehículo que conducía ese día del hecho, considerando no ser creíble y existir dudas como ser: a) Que el testigo Rafael Alberto Canales dice haberle visto el rostro a nuestro representado, siendo que si tomamos en cuenta la hora en que se dio el hecho las 8:50 p.m., que lo encañonaron por la parte de atras (la nuca), y que el imputado bajo el vidrio y que él le pidió aunque fueran los documentos y la mochila que portaba, momento que él aprovecho para verle bien el rostro, lo cual recordemos que es un momento traumático el hecho que lo encañonen con un arma, que le despojen del vehículo, por lo que nuestros sentidos no actúan de la misma forma y sumado a esto la hora en que se dio el hecho, consideramos que dicho testigo falto a la verdad; b) Por otra parte en su relato el testigo de cargo Rafael Alberto manifestó que era de noche (8:50 p.m.) por lo que la experiencia nos dice que esos lugares son poco iluminados; pues en base a las condiciones subjetivas de la percepción el Juzgador para apreciar el testimonio de dicho testigo Rafael Alberto Aguilar Canales debió recorrer hacia atrás el camino de la declaracion de este, partiendo de la manifestación externa de su contenido hacia las íntimas fuentes sicológicas de donde fluye, debió rehacer el complicado proceso por medio del cual el acontecimiento externo se manifestó, se tradujo y apareció en el relato del testigo de cargo Rafael Alberto Aguilar Canales; el tribunal juzgador debió referirse a los órganos esenciales a las funciones psíquicas elementales que constituían la base de su testimonio, sin cuyo conocimiento no era posible interpretarlo y explicarlo, siendo las funciones psíquicas elementales: a) La percepción; b) La retención de la percepción y la correspondiente evocación de ella (memoria); y c) La comunicación judicial de la manera como surgió. Se desarrollo y se concretÓ la percepciÓn. Es en torno a estos tres elementos que se efectúa la mala valoración efectuada por parte del tribunal sentenciador hacia la referida declaracion testifical, que a nuestro parecer cualquier persona se perturbaría al vivir tal acontecimiento (ver que varias personas en moto y armadas en altas horas de la noche y que lo encañonen por la espalda). Asimismo si observamos esta declaración del testigo Rafael Albelto Aguilar Canales no debió ser creíble para el Tribunal sentenciador por las razones antes señaladas: El libro "Tratado de la prueba en materia Criminal" de Karl Joseph Anton Mittermaier, en su capitulo IV menciona: "La fuerza probatoria del testimonio tiene por origen la presunción de que el que presta ha podido observar exactamente y querido declarar la verdad; para el juez todo consiste en que la presunción de que se trata aparezca fuerte o débil en la causa. Para resolver esta cuestión tan delicada necesita examinar cuidadosamente y por completo la individualidad del testigo, comparar sus cualidades particulares en el orden físico y moral con su continente y sus palabras ante la justicia y decidir en último caso, si merece crédito y hasta que punto...." Así mismo establece en el capítulo IV "Fundamentos del valor de Testimonio": "....Para que el juez le mire como demostrado por los testigos, es preciso que se cumplan diversas condiciones y que existan ciertas garantías. 1) Es menester que la deposición emane de testigos reconocidos como dignos de fe....6) Pero la más fuerte de garantía de la estabilidad del testimonio es su perfecta concordancia con los resultados que las pruebas suministran. Si el testigo es convencido de mentira o error acerca de un punto de hecho, el juez no puede dejar de concebir desconfianza y dudas sobre su buena voluntad o sobre sus facultades de observación; pero, al contrario, su convicción se aumenta cuando ve confirmado y corroborado el testimonio por todas las demás pruebas descubiertas en la causa....’' Consideramos que cuando sucede este tipo de hechos podemos decir que la atencion de una persona responderá parcialmente, en vista que por su magnitud de peligrosidad para la vida generaría terror para la persona que este viviendo este momento, por lo que dicha atención es una condición eminentemente subjetiva, al observar a varios individuos en moto que se le atraviesen en horas de la noche armados y que uno de ellos lo encañonó por detrás en la nuca. En tal sentido consideramos que se viola la lógica cuando el tribunal sentenciador le da credibilidad a dicha declaracion quien describe claramente sin ninguna perturbación y con una frialdad lo acontecido ese día del hecho reconociendo a nuestro representado Rony Nahun Reyes Martínez, por lo que lo manifestado por este atenta contra el principio de razón suficiente ya que no se funda en una situacion racional, sino que mas bien la contradice. TERCERO: Por lo anteriormente expuesto no compartimos el criterio esbozado por el Tribunal sentenciador, considerando que se vulneran las formalidades que sujetan a la valoración de la prueba, concretamente en lo referente a la sana critica, al tener acreditada la participación del imputado en el primer hecho sucedido el 26 de junio de 2018 a las 8:50 p.m., es decir en el robo de vehículo al señor Rafael Alberto Aguilar Canales, con un medio de prueba testifical dudoso e inconsistente, vulnerándose la presunción de inocencia como principio constitucional, por lo que se solicita a la sala penal absolver a nuestro representado por el delito que se le venía imputando de Robo de Vehículo gravado, en vista de apreciarse, más allá de toda duda razonable, que el encartado no es participe del primer hecho probado (Robo de Vehículo Agravado) por las razones supra señaladas, sino mas bien estaríamos hablando de otro delito menos ese que se le imputa. El Tribunal Sentenciador no debió darle valor probatorio a este testigo de cargo, siendo que la prueba en materia penal es sinónimo de garantía y como tal debe manejarse tanto en la fase de formación, como al introducirla en el proceso y finalmente al momento de apreciarle por parte del juzgador quien debe acudir a los mas estrictos criterios dentro del esquema de la libre convicción (Sana Critica) para no mancillar esa condición, pues la naturaleza de garantía la convierte en imperativa, de ahí que cada vez que la prueba sea dudosa y se le niegue ese carácter de garantía en el proceso penal, la consecuencia lógica es la Nulidad Absoluta de esta. Ahora bien Honorables Magistrados el hecho que el Tribunal Sentenciador haya tomado como sustento valorativo la declaración del testigo Rafael Alberto Aguilar Canales nos deja preocupados y ser este un signo demostrativo en ocasiones de la pobreza de la Institución por falta de agotamiento de las diferentes líneas de Investigación abiertos que tiene su reflejo en el acto del juicio oral en donde se presenta un escenario de parquedad probatoria incompatible con el derecho a la presunción de inocencia, sino que el juzgador basa su fallo en una declaración dudosa, confusa e ilógica, y con la gran posibilidad que dicha declaraciones esté motivada por móviles espurios. Considera la defensa que todo este conjunto de circunstancias que se dieron en el debate no nos permite tener una certeza jurídicamente válida sobre la participación de mi representado Rony Nahun Reyes Martínez para conocer con certeza si este en realidad junto a otras personas lo despojaron del vehículo que conducía el 28 de junio del año 2018 a las 8:50 p.m. Por todo ello el testigo de cargo supra indicado no fue suficiente, y los cuerpos investigativos no realizaron una investigación profunda, por lo que a la prueba testifical y documental la consideramos como no concluyente para tener una certeza que hubiera permitido emitir una sentencia objetiva como debió haber sido y que la prueba de cargo hubiera sido una prueba confiable como para condenar por autor del delito de Robo de Vehículo Agravado a mi representado Rony Nahun Reyes Martínez, por lo que la apreciación del Tribunal en la valoración de la prueba consideramos haber infringido el postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, el cual debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas aportadas y la sucesión de pruebas que en virtud de ellas se vaya determinando, principio que se vulnero al concluir que derivaba de las pruebas aportadas que mi representado Rony Nahun Reyes Martínez junto a otras personas lo hayan despojado del vehículo que conducía el día del hecho supra señalado y que por lo tanto su actuar equivalía a una autoría por ese delito, razonamiento este que se desprende de la declaración del testigo Rafael Alberto Aguilar Canales la cual es impropia carente de veracidad plena, siendo mínima, debiendo para tal efecto anularse la sentencia condenatoria por no haberse demostrado tener nuestro representado participación directa en el hecho del día 26 de junio del año 2018, en el entendido que la responsabilidad penal es personal, todas estas circunstancias nos llevan a pensar que el fallo debió ser absolutorio y no condenar a Rony Nahun reyes Martínez como autor directo de Robo de Vehículo Agravado porque así lo dijera el dudoso testigo de cargo Rafael Alberto Canales, sino que lo que cabria sería haberlo condenado por otro delito diferente al que se le condeno. RECLAMACION HECHA PARA LA SUBSANACION DEL YERRO Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación ex ante alguna para la subsanación del mismo.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); Ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa pública de los encartados. Único motivo. Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículos 202 en relación con el 336 y 338 regla 4 numeral 2, todos del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción expuesto: No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana critica; Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin reclamación previa, al producirse el vicio en la sentencia; Pretensión: Anular la sentencia recurrida. El recurrente inicia su desarrollo recursivo, señalando que el Tribunal valora prueba de cargo no creíble, que para la investigación de la verdad debieron haber practicado todas las diligencias pertinentes y útiles; además señala, que el sentenciador al hacer el juicio de valor sobre la prueba incurre en claras omisiones, siendo confusa e imprecisa, dando como resultado la violación a las reglas de la lógica en su postulado de la derivación. Que la sentencia recurrida no ha estado provista de un razonamiento intelectivo capaz de dejarle conforme, porque la conclusión no proviene de elementos suficientes como tampoco resultan aptos para producir razonablemente un conocimiento cierto de la participación en el suceso que se juzga. Refiere el recurrente, que del análisis de la sentencia de mérito, ha concluido que los hechos estimados y declarados probados, se derivan de prueba dudosa y no terrninante, que la prueba testifical (testigo ofendido) es espuria en el sentido que no es es cierto que identificara a Rony Nahun Reyes Martínez el día del hecho. Desde la perspectiva subjetiva del recurrente, ha descrito no estar de acuerdo con la supuesta participación de su representado según lo plasmado en el hecho probado Primero, en cuanto a que fue el señor Rony Nahun Reyes Martínez quién le colocara una pistola en la nuca a Rafael Alberto Canales y lo despojara del vehículo que conducía ese día del hecho, considerando no ser creíble y existir dudas; que ha observado la declaración del testigo Rafael Albelto Aguilar Canales y que no debió ser creíble para el Tribunal sentenciador. Finaliza su desarrollo recursivo, que el criterio esbozado por el Tribunal sentenciador, se vulneran las formalidades que sujetan a la valoración de la prueba, concretamente en lo referente a la sana critica, pues, el testigo de cargo no fue suficiente y los cuerpos investigativos no realizaron una investigación profunda, por lo que a la prueba testifical y documental la considera como no concluyente para tener una certeza que hubiera permitido emitir una sentencia objetiva como debió haber sido y que la prueba de cargo hubiera sido una prueba confiable como para condenar por autor del delito de Robo de Vehículo Agravado a mi representado Rony Nahun Reyes Martínez. De la procedencia del recurso. El único motivo no es de recibo. La Sala de lo Penal ha leído con detenimiento el escrito recursivo del defensor público, encontrando este Ad-Quem en el escrito del Censor expresiones como: “…el Tribunal valora prueba de cargo no creíble, que para la investigación de la verdad debieron haber practicado todas las diligencias pertinentes y útiles …”; “…además al hacer el sentenciador el juicio de valor sobre dicha prueba incurre en claras omisiones, que hace dicha fundamentación confusa e imprecisa, dando como resultado la violación a las reglas de la lógica en su postulado de la derivación…”; “… la sentencia recurrida no ha estado provista de un razonamiento intelectivo capaz de dejar conforme a la defensa del imputado…”, “…pues del análisis de la sentencia de mérito hemos concluido que los hechos estimados y declarados probados, se derivan de prueba dudosa y no terrninante…”, “… la prueba testifical (testigo ofendido) que es espuria en el sentido que no es cierto que identificara a Rony Nahun Reyes Martínez el día del hecho…” “…De lo anterior esta defensa pública no está de acuerdo con la supuesta participación de mi representado según lo plasmado en el hecho probado Primero en cuanto a que fue el señor Rony Nahun Reyes Martínez quién le colocara una pistola en la nuca a Rafael Alberto Canales y lo despojara del vehículo que conducía ese día del hecho, considerando no ser creíble y existir dudas como ser: a) Que el testigo Rafael Alberto Canales dice haberle visto el rostro a nuestro representado, siendo que si tomamos en cuenta la hora en que se dio el hecho las 8:50 p.m., que lo encañonaron por la parte de atras (la nuca), y que el imputado bajo el vidrio y que él le pidió aunque fueran los documentos y la mochila que portaba, momento que él aprovecho para verle bien el rostro, lo cual recordemos que es un momento traumático el hecho que lo encañonen con un arma, que le despojen del vehículo, por lo que nuestros sentidos no actúan de la misma forma y sumado a esto la hora en que se dio el hecho, consideramos que dicho testigo falto a la verdad; b) Por otra parte en su relato el testigo de cargo Rafael Alberto manifestó que era de noche (8:50 p.m.) por lo que la experiencia nos dice que esos lugares son poco iluminados;…” “…no compartimos el criterio esbozado por el Tribunal sentenciador, considerando que se vulneran las formalidades que sujetan a la valoración de la prueba, concretamente en lo referente a la sana critica, al tener acreditada la participación del imputado en el primer hecho sucedido el 26 de junio de 2018 a las 8:50 p.m., es decir en el robo de vehículo al señor Rafael Alberto Aguilar Canales, con un medio de prueba testifical dudoso e inconsistente, vulnerándose la presunción de inocencia como principio constitucional…” Finaliza el recurrente “…el testigo de cargo supra indicado no fue suficiente, y los cuerpos investigativos no realizaron una investigación profunda, por lo que a la prueba testifical y documental la consideramos como no concluyente para tener una certeza que hubiera permitido emitir una sentencia objetiva como debió haber sido y que la prueba de cargo hubiera sido una prueba confiable como para condenar por autor del delito de Robo de Vehículo Agravado a mi representado Rony Nahun Reyes Martínez,…”. Lo anterior son expresiones que sirvieron para construir el argumento recursivo el cual básicamente es el reclamo del Censor, de que el tribunal de sentencia emitió una decisión condenatoria cuando su pretensión era un pronunciamiento absolutorio; la protesta entonces es el no haber valorado las piezas probatorias de la misma manera que lo hizo el Censor y que ello, según su criterio, es lo que constituye violación a la regla lógica de derivación integrado por el principio de razón suficiente, en su característica de suficiencia. La Sala de lo Penal encuentra con dichos alegatos recursivos, la denuncia de una de las reglas de la sana critica como lo es el principio lógico de derivación, como consecuencia de que el a-quo ha emitido una sentencia que se aparta de las pretensiones formulada por la defensa, pues considera que de la valoración de la prueba no se desprende la participación del acusado en el robo del vehículo automotor, acaecido el 26 de junio de 2018 a las 08:50 pm.- Es evidente que la defensa, al desarrollar su recurso, hace una relación del contenido de la prueba, aporta su valoración personal sobre ésta y concluye que el tribunal debió aprecia los medios de prueba de igual manera y que por no haberlo hecho es que se generó el vicio. No hay duda para este Tribunal que el Censor ha confundido el recurso ordinario de apelación como segunda instancia con el recurso extraordinario de casación como única instancia: El recurso ordinario como segunda instancia provoca un nuevo examen de la relación controvertida (Novum Judicium) y hace adquirir al tribunal de apelación la jurisdicción sobre el asunto, con facultad para decidir la controversia y conocer Ex Novo tanto de la Quaestio Facti como de la Quaestio Juris. Mientras que el recurso extraordinario como única instancia, como es la casación, ésta limitado a considerar exclusivamente los quebrantamientos de formas (errores in procediendo) y las infracciones de ley (errores in indicando) en que haya incurrido el tribunal de sentencia, sin que la Sala de lo Penal pueda extenderse al fondo o mérito de la controversia, ni al establecimiento o apreciación de los hechos por parte de los Juzgadores de la Instancia. Específicamente mediante la vía recursiva de la casación, no es posible reevaluar la actividad probatoria con miras a modificar aquella valoración hecha por los jueces de sentencia. La deficiente técnica recursiva por parte del recurrente en su único motivo, ha sido tan evidente que deviene por ello desestimarlo. DECISIÓN Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. C. Escrito Complementario Fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa pública del acusado Rony Nahun Reyes Martínez, quien expuso como criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal en relación al delito de Hurto y Robo de Uso de Vehículo Automotor, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; que al hacer revisión de la sentencia condenatoria se le impuso a su representado la pena de 13 años 08 meses de reclusión, que de conformidad con la nueva norma, le deberá corresponder como pena mínima 04 años de prisión. El Ministerio Público al pronunciarse al respecto señaló ser improcedente y no corresponderle la aplicación retroactiva por el tipo penal de Hurto y Robo de Uso de Vehículo Automotor menos por el delito de Robo con Violencia o Intimidación. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Rony Nahún Reyes Martínez, la sanción por un delito de Robo de Vehículo Agravado, en perjuicio de Marco Antonio Casco Irías, a saber: i.- 13 años 08 meses de reclusión; ii.- Pena accesoria de inhabilitación Absoluta; iii.- Pena accesoria de interdicción civil; iv. Declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito; v. Consecuencia penal de obligación de realizar trabajo penitenciario. La conducta reprochada al señor Rony Nahún Reyes Martínez, está prevista en el Artículo 361 del Código Penal 130-2017 como delito de Robo con Intimidación, (siendo que el vehículo automotor que se hace referencia en el hecho probado, no fue devuelto a su propietario en un plazo no superior a 12 horas, aunando el empleo de intimidación en la persona de Rafael Alberto Canales); dicho delito de Robo con Intimidación es sancionado con la pena de prisión de cuatro (04) a ocho (08) años, pena que debe aumentarse en un 2/3 al concurrir dos circunstancias del numeral 4 y 9 del artículo 363 “El hecho reviste especial gravedad atendiendo al valor de los efectos sustraídos” y “Se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto...” del hecho probado se describe que el acusado Rony Nahúm Reyes Martinez, apareció por la parte de atrás del vehículo, quien le coloco también un arma de fuego en la nuca de la víctima, obligándole a bajarse del vehículo automotor Mitsubishi, tipo pick up, color gris, modelo L200, doble cabina, año 2005, con placas PDB3718 y despojándole del mismo, quedando la pena abstracta de prisión 08 a 13 años 04 meses, más las penas accesorias y demás consecuencias penales. Así las cosas, al comparar el quantum de la pena impuesta en instancia del señor Rony Nahún Reyes Martínez, con el margen abstracto que corresponde con el Código Penal 130-2017; conforme el CP-144-83 es mucho más gravosa que aquella que contempla el CP 130-2017 para los mismos hechos delictivos, por lo que corresponde la aplicación retroactiva de este último cuerpo normativo por ser más favorable al caso concreto; debiendo los beneficios penitenciarios ser otorgados conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017. A partir de lo anterior procede individualizar la pena conforme dispone el artículo 70 numeral 1 literal a) del del Código Penal 130-2017, que manda tener en consideración la existencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal (Agravantes y Atenuantes) y, en su defecto de sus ausencias, la pena se fija dentro del marco establecido para el delito en atención a las circunstancias personales de las personas condenadas.- Así las cosas, conforme los hechos declarados probados, no concurre ninguna circunstancia atenuante ni agravante contempladas en los artículos 31 y 32 del cuerpo legal señalado, por lo cual, corresponde la atención de las circunstancias personales siguientes: 1. Rony Nahun Reyes Martínez, de treinta y cinco (35) años de edad, hondureño, unión libre, nacido en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el veintisiete (27) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988), Técnico en Mecánica Automotriz, con último domicilio en la colonia La Sosa, sector Elvir, tercera avenida, frente a pulpería dos pinos de la Ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, es titular de la tarjeta de identidad número 0801-1988-05949, hijo de los señores Juan Reyes Matute y Gloria Evelyn Martínez Rodríguez. Del acumulo judicial se sustrae lo siguiente; a. Constancia De Antecedentes Policiales, extendida por la Dirección Policial de Investigación de fecha 03 de julio del año 2018, donde la agente Nancy Carolina Cerrato Cruz, hace constar que según los archivos de esa institución el señor Rony Nahún Reyes Martínez, con identidad 0801-1988-05949, SI se encuentra registrado por haber cometido delito o falta alguna: Detenido en fecha 03 de julio de 2013, por suponerlo responsable de los delitos de Uso Indebido de Nombre, Uniforme e Insignias en perjuicio de La Seguridad del Estado de Honduras. (F.28). b. Constancia De Antecedentes Penales extendida por la Unidad de Antecedentes Penales de la Corte Suprema de Justicia de fecha 26 de noviembre del año 2019, donde se hace constar que Rony Nahun Reyes Martínez, presenta condena por los delitos de Posesión Ilegal de Arma de Fuego Comercial y Uso Indebido de Insignias en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. (F.87) En atención a lo anterior y a lo determinado en los hechos probados; el acusado muestra una prognosis criminal, que evidencia conductas destinadas a la comisión de delitos contra la Propiedad y La Seguridad Interior del Estado de Honduras, por ello, esta Sala de lo Penal determina que debe de imponerse al acusado una pena dentro del marco establecido para el delito de Robo con Intimidación, es decir, 09 años de prisión, en atención a la peligrosidad apreciada en las circunstancias personales. A las penas principales deberán sumarse las penas accesorias, declaratoria de responsabilidad civil y demás consecuencias de la responsabilidad penal que se ha declarado. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362 numeral 3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Abogada Francis Castro Delgado, en su condición de defensora pública del señor Rony Nahún Reyes Martínez. Segundo: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conducta reprochada al acusado Rony Nahún Reyes Martínez; como consecuencia Reforma la parte resolutiva de la sentencia impugnada en los siguientes términos: I: Que debemos condenar y condenamos al señor Rony Nahún Reyes Martínez, de generales conocidas en el acumulado judicial, como autor penalmente responsables de un delito de Robo con Intimidación, en perjuicio de Marco Antonio Casco Irías, imponiéndole la pena principal de Nueve (09) años de prisión. II: El cumplimiento de las penas principales deberá ajustarse a las siguientes reglas: a.- Del Cómputo de la pena de prisión impuesta se deberá de deducir del tiempo en que el reo Rony Nahún Reyes Martínez, hayan estado privado totalmente de su libertad ambulatoria en cumplimiento de alguna medida cautelar en este proceso judicial; b.- Por efecto de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, el proceso de ejecución de pena deberá hacerse conforme a sus normas, lo que incluye la resolución de cualquier solicitud de libertad condicional; c.- El lugar de cumplimiento de las penas de prisión deberá ser el centro penitenciario más próximo a su último domicilio, esto sin perjuicio de los traslados que disponga el Instituto Nacional Penitenciario con vista a la seguridad y el mejor desarrollo del proceso de rehabilitación del reo. III: Que debemos condenar y condenamos al señor Rony Nahún Reyes Martínez, a cumplir la pena accesoria suspensión de la ciudadanía por disposición constitucional (Artículo 41.2), por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión. Así como también a trabajar por el tiempo de la condena de prisión en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, en donde se encuentren internados, de conformidad con la Sección VII, del Capítulo IV, del Título II de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la Ley del Trabajo para Personas Privadas de Libertad y de Permanencia para Reos de Alta Peligrosidad y Agresividad y sus respectivos reglamentos. IV: Como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, se declara al reo Rony Nahún Reyes Martínez, civilmente responsable por las consecuencias resultantes del delito consumado; responsabilidad civil que deberá de ser exigida y cuantificada ante el Juzgado de Ejecución competente. Tercero: No procede la declaratoria de comiso en el presente caso.- Cuarto: No procede condenar al reo Rony Nahún Reyes Martínez, a las costas procesales, personales ni a la restitución de los gastos ocasionados por el presente proceso judicial. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Díaz Flores. Notifíquese. - Firmas y Sello. – Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. - Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. - Firma y Sello. - Rina Koritza Sandoval Navas. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada a los veinticuatro días del mes de julio de dos mil veinticuatro, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-148-2020.
RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS
RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL