Sentencia CP-124-13 — Registro 4314
Resumen
Ministerio Público interpone apelación contra la resolución dictado por la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, mediante la cual declaró NO HA LUGAR la solicitud de antejuicio promovida contra Juez, resolviendo la Sala de lo Penal Sin Lugar la solicitud de Antejuicio.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...-El Recurso no es de Recibo. La Sala de lo Penal, ha hecho una revisión pormenorizada de la foliada judicial Número 23-2013, que contiene el Requerimiento Fiscal por lo Delitos de Asesinato y Abuso de Autoridad en contra de D. A. P. D., W. A. R. G., H. O. D. D. Y J. C. L. S. en perjuicio de C. A. G. V. y C. H. M. Y LA ADMINISTRACION PÙBLICA, mismo que se observa ha sido llevado de manera diligente desde el enfoque procesal de la materia y en una correcta dirección por parte de la Judicatura. De la referida revisión llevada a cabo, contrastada con los argumentos del Apelante, este Tribunal de Apelación ha llegado a las siguientes conclusiones: A) El Ministerio Público explica que las irregularidades se dan desde el momento en que se solicitó con carácter de urgente que se recibiera una declaración testifical con la formalidad de prueba anticipada, y que el Juez antejuiciado al expresar su opinión de que la misma no se podía tomar sin estar presentes los demás Imputados, inobservó la categoría de prueba anticipada. Ante tal apreciación esta Sala de lo Penal, observa que el Juez antejuiciado, actuó en estricto Derecho salvaguardando el Debido Proceso y el Principio de Legalidad, exigiendo la presencia de los acusados en tal audiencia, en atención al derecho que le concede el Artículo 277, cuarto párrafo, del Código Procesal Penal, por lo que el actuar del mismo al emitir el referido criterio, lo hizo apegado a derecho en salvaguarda de los Principios del Debido Proceso y el Principio de Legalidad, regulados en los Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República, demostrando con dicha actitud el Antejuciado el conocimiento y respeto a la Ley Procesal ya que prescindir de la presencia de los acusados en esa vista, lo hubiese llevado a infringir el Articulo 277 del Código Procesal Penal. B) Este Tribunal de Apelación hace notar que si bien se descarta que el Antejuicio sea para efectos de menoscabar la independencia judicial, entendiendo que la acción no obedece a la intención de separar al Juez Antejuiciado del conocimiento del proceso; y aún que no pueda comprobarse que no es un acto de represalia en contra del Juez Antejuiciado, resulta imprescindible hacer algunas valoraciones acerca de la concurrencia o no de los fundamentos razonables para autorizar o no la persecución penal, dicho esto, este Tribunal de Apelaciones aprecia que las actuaciones del Juez P. J. V., fueron adoptadas dentro de las facultades jurisdiccionales otorgadas a los jueces de la República, no siendo posible enmarcar el proceder del Juez dentro de hechos con apariencia delictiva, por cuanto la misma es producto de una decisión jurisdiccional en la que no se detecta un ánimo tendencioso, en consecuencia, este Tribunal de Alzada no encuentra que los hechos que el Ministerio Público le imputa al antejuiciado puedan llegar a tener la apariencia dolosa como para subsumirlos en el tipo penal que se pretende..."
Legislación citada
- Código de Procedimientos Penales, art. 420-423 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós (22) días del mes de Septiembre del año dos mil catorce (2014), por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, en su calidad de Coordinador, MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO y la MAGISTRADA EDITH MARIA LOPEZ RIVERA, llamada a integrar la Sala de lo Penal por excusa justificada del MAGISTRADO JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ dicta sentencia en el Recurso de Apelación interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, en fecha veintiocho de Febrero del año dos mil trece, por el Abogado A. A. A. G., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución de fecha diecinueve de Febrero del año dos mil trece, dictado por la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, mediante la cual declaró NO HA LUGAR la solicitud de antejuicio promovida por el Abogado A. A. A. G.; mayor de edad, hondureño, Abogado, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el número 4826 , en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses generales de la sociedad, en relación al Antejuicio promovido en fecha veintiocho de Enero del año dos mil trece ante la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, contra el Abogado P. J. V., en calidad de Funcionario Judicial asignado como Juez de Letras Departamental de Ocotepeque, departamento de Ocotepeque, por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA. C O N S I D E R A N D O S I.- Que en fecha veintiocho de Enero de dos mil trece, compareció ante la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, el Abogado A. A. A. G., en su condición de Fiscal del Ministerio Público, promoviendo Antejuicio de la manera siguiente: HECHOS Y CARGOS QUE SE FORMULAN. PRIMERO: Honorables Magistrados, el día domingo 20 de enero del año en curso, aproximadamente a las 10:30 p.m., los miembros de la Policía Nacional Preventiva, W. A. R., H. O. D. D., D. A. P. D. y J. C. L. S., conduciéndose en la patrulla 14-03 de Ocotepeque a San Marcos de Ocotepeque, a la altura de El Portillo, (Reserva el Guisayote), Municipio de Sinuapa, Ocotepeque, confrontaron a los ocupantes de un vehículo pick-up sin placas que estacionaron lateralmente apagando sus luces, lo cual consideraron sospechoso, en el pick-up se transportaban C. A. G. y C. H. M., requiriéndolos los policías pistola en mano huyó (el vehículo pick-up) del sitio, por lo que el Policía D. A. P. D., disparó en varias ocasiones a la estructura del auto que en marcha recibió los disparos en las dos llantas del lado derecho (lado conductor), y uno a la altura del asiento del conductor (bala que mató súbitamente y a mansalva al pasajero). El conductor del pick-up impactado de bala con las dos llantas pinchadas, logró avanzar unos 300 metros con dirección hacia Ocotepeque, se detuvo cerca de unas viviendas, los policías observando que el conductor del Pick-up, C. H. M., se bajó de su carro, se opuso al llamado policial y según versión del Testigo que narró al agente investigativo, fue el Policía D. A. P. D., quien le disparó en su integridad física dándole muerte afuera del vehículo con un disparo en la garganta, y dos en la cabeza, sin arma los ejecutados y sin señas de haber opuesto resistencia, únicamente que no hicieron caso al llamado policial, dando como resultado una ejecución uso excesivo y no racional de fuerza, cuando por muy grave sea el delito el policía no debió hacer uso de su arma de fuego.
A la vez que P. D. les informaba a los otros 3 policías, que tanto el acompañante del conductor C. H. M. también estaba muerto en el interior del vehículo con un disparo a la altura de la nuca, según este Testigo que era parte de esa patrulla 14-03, narró que huyeron de la escena del crimen, sin informar el hecho a sus superiores, pues el sospechoso D. A. P. D.los amenazó a que nadie dijera nada de lo que había sucedido, advirtiéndoles que no había pasado nada, y que mala suerte para el que hablara, pues lo iba a matar. SEGUNDO: Se realizó la investigación y con indicios racionales, se consideró presentar al testigo Policía Preventivo J. C. L. S. bajo la modalidad de PRUEBA ANTICIPADA, presentándose en escrito del 22 enero 2013 a las 5:55 p.m., SOLICITA CON CARACTER DE URGENTE SE RECIBA DECLARACION TESTIFICAL CON LA FORMALIDAD DE LA PRUEBA ANTICIPADA.- SE NOMBRE UN DEFENSOR DE OFICIO PARA LA DECLARACION DE LA MISMA. Procedía para tal diligencia la celeridad judicial, encontrándose el Fiscal solicitante D. M. A., con el conflicto provocado por la opinión del Juez P. J. V., que no se podía tomar la declaración sin estar presentes los demás imputados D. A. P. D., W. A. R. y H. O. D., sustentando la tesis que por estar detenidos y ser evacuado tal prueba sin la presencia de los demás imputados, la prueba podría ser nula y violar los derechos de los imputados según los artículos 101 numerales 10 y 11 del Código Procesal Penal. Tesis que fue respaldada por la Defensora Pública M. K. R.. Opinión deleznable, pues el 101 numeral 10 y 11 CPP, no exige ese tipo de trámite, y reviste la omisión de la prueba anticipada tanto del tramite sucinto el cual lo hizo 2 horas 25 minutos después de presentada la solicitud, asociado a la inexplicable exigencia que declarara en forma de careo, sin haberse presentado cargos, siendo un caso esencialmente delicado: de un testigo, que había visto como su compañero había ejecutado a dos personas a mansalva, y que era lógico se perdiera su información. Si bien los imputados estaban detenidos no se les había presentado el requerimiento fiscal, factor comprobable en las horas de presentada la causa y diligencias, lo cual proveía por la necesidad de declaración del testigo, quien informaba la veracidad de lo acontecido sobre las muertes a investigar, hasta ese momento el declarante fuera testigo. Ante la adversidad de abstenerse a declarar su silencio y contradicción de lo ocurrido lo ubicó como imputado, por la negativa de no celebrar diligentemente lo solicitado, omitiendo lo que según la ley instrumental adjetiva otorga al Juez de Garantías, en el presente caso inobservó la categoría de prueba anticipada como tal, siendo testigo con declaración abierta, no como reticente propio para ser careado con quienes hubiesen rendido su declaración y que hasta ese momento no se les había presentado el requerimiento menos aun sin audiencia de imputado manifestar que deseaban declarar, el ANTEJUICIADO inventó el absoluto categórico de realizar la audiencia tipo CAREO. Se desnaturalizó tal práctica de PRUEBA ANTICIPADA que regula el art. 277 CPP, con la única exigencia que el Juez adoptara las medidas necesarias para evitar la pérdida, ordenar sin dilación la recepción anticipada de la prueba. Es lógico Honorables Magistrados, que el declarar frente a los demás imputados, lo único que asegura es un temor humano lógico previsible por experiencia del propio testigo. ¿Puede alguien que ha visto como un ejecutor a mansalva, a sangre fría que ha matado a dos ciudadanos, declarar frontalmente? Por lógica, NO. Pero al Juez de Garantías se le ocurrió decir que tal práctica de otra forma era nula. TERCERO: Se realizó la audiencia de prueba anticipada, con el resultado lógico; El testigo se abstuvo de declarar. Honorables Magistrados, el antejuiciado alegará que no se denegó lo solicitado, pero el haber omitido la sencillez de la práctica que establece el 277 CPP, es una actitud de haber ordenado omisívamente una acción procesal revestida de legalidad y no estando contenida dicha práctica en la literalidad del marco normativo, generó la perdida de prueba directa sobre el ilícito de ASESINATO por agentes del orden público, por lo que es calificativo de dar órdenes contrarios a la misma ley. El actuar procesal del Juez P. J. V., genera impunidad en perjuicio de una sociedad convulsionada, cuando nuestro país está en la mira de Organismos Internacionales como Estado VIOLADOR de Derechos Humanos por instituciones garantes de la seguridad interior. Es notorio y hecho probado público, la remecida depuración de la institución policial, cuando se ha comprobado que las practicas de ejecuciones clandestinas ciertos elementos policiales, son participes, caso específico el hijo de la Rectora de la UNAH. Estos casos en específico, son difíciles su comprobación y juzgamiento, por la naturaleza de los actores, pero no por omisiones judiciales. Por lo que es notoria la conducta del ANTEJUICIADO, en diversidad de casos en los que su conducta procesal es sujeta de supervisión, pues genera duda su proceder, como es el caso de merito que confirma la normal conducta irregular procesal, en causas de gran impacto social, en la cual para el Juez sin justificación alguna, no mas su simple criterio genera la obligatoriedad de recurrir a la segunda instancia, y es categórico para el Ministerio Público señalar estas irregularidades para aplicar los correctivos del caso, en causas que su juzgamiento exigen lucidez y transparencia procesal. Ante lo anterior y siendo evidente que las decisiones procesales del ANTEJUICIADO ponen en riesgo vida de víctimas, auxiliares de justicia, policías, testigos y la propia secuencia del juicio, decisiones de las cuales responde penalmente el antejuiciado, se somete tal indebida actuación para comprobar la responsabilidad penal.
PRECEPTOS JURIDICOS APLICABLES, Lo anterior enmarca al Abogado P. J. V., en la comisión del ilícito penal ABUSO DE AUTORIDAD, figura que con amplia pluralidad de hipótesis, confirma específicamente la ocurrencia del siguiente acontecimiento según el artículo 349 numerales 2° y 3° Código Penal; PARTE OBJETIVA, ABUSO DE AUTORIDAD art. 349 Código Penal, Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años de inhabilitación especial por el doble de tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: 1)…, 2) Dicte órdenes contrarios a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos. 3) Omita, rehusé…, algún acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo; PARTE SUBJETIVA El autor del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, Juez P. J. V., Dictó una orden según su apreciación contrario a la Ley Procesal, cuando al solicitársele la evacuación de Prueba anticipada según la naturaleza del hecho participación de las partes, el Juez debe asegurar la pérdida de elementos probatorios es aplicable que la ley adjetiva la señala en su artículo 8; “la finalidad del proceso será la realización pronta y efectiva de la justicia penal” se liga a tal imperativo el artículo 10; “los jueces y magistrados adoptarán las medidas necesarias para que cesen los efectos producidos por la comisión del hecho punible y para ello que las cosas vuelvan al estado en que se hallaban antes de que los mismos se hubieren producido”. Es perentorio para un garante de justicia dictar una orden contraria a las leyes, peor omitir un acto que deba ejecutarse de conformidad con los deberes de su cargo, esto lo deviene según el artículo 12 del mismo Código Procesal Penal a observar; “Los juzgados y demás tribunales en el proceso penal actuaran con absoluta lealtad a la justicia”. Por lo que ante su irregular conducta de no haber tomado una prueba anticipada, que en ningún momento se exige que los partícipes a quienes no se les había formalizado o presentado un REQUERIMIENTO FISCAL exigiera que este declarara frente a ellos, la práctica legal establece que toda declaración legal es la que se da ante el juez competente, no existe agregado que exija, y la misma debe rendirse con la presencia de quienes participan en el hecho punible. Y si bien como Juez de Garantías velaba por leal transparencia debió tomar propia iniciativa para evitar confrontar un testigo contra un supuesto sicario, dicha iniciativa la contempla el artículo 237 CPP, otorgando OFICIOCIDAD puede; Cuando el órgano jurisdiccional por propia iniciativa…, aprecie que racionalmente existe un peligro grave para la persona…, como consecuencia del testimonio que ha de prestar, deberá, oyendo las partes, adoptar las medidas de protección que estime conveniente. Preguntarán los Honorables Magistrados el ¿por qué no se solicitó protección al testigo? Respuesta.- Por la inveterada costumbre judicial, que siendo policías no se otorga la protección. Es por eso que la discrecionalidad de aplicar tal medida se deja por propia iniciativa al órgano jurisdiccional. Pero de forma ilógica el ANTEJUICIADO exigió la declaración en forma de CAREO, por lo que complicó la prueba en la presente instrucción, y convirtió al testigo en un imputado más. DOCUMENTOS EN QUE SE FUNDA LA PRESENTE ACCION, a.- Expediente Judicial No.23-13 B, contentivo de: 1- Solicitud con carácter de urgente para recibir declaración testifical con la formalidad de prueba anticipada, del 22 enero 2013, 5:55 p.m. El que confirma que con tiempo suficiente se pudo realizar la misma, al termino de 2 horas con 15 minutos que se exigió la confrontación del testigo con el supuesto ejecutor de los asesinatos. 2.- Audiencia de prueba anticipada, a los 22 enero 2013, 08:20 p.m. En la cual se observa que el testigo se abstiene de declarar. 3.- Declaración del testigo en sede administrativa, ante el oficial investigativo #921, diligencia investigativa que dio origen a la presentación de la prueba anticipada del testigo J. C. L. S.
4.- REQUERIMIENTO FISCAL contra D. A. P. D., W. A. R. G., H. O. D. D. y J. C. L. S., No.23-13ª, presentado el 23 enero 2013, a las 02:24 p.m. b.- Oficio No.13-2013, de la Fiscalía Local del Ministerio Público de Ocotepeque, en el cual el Fiscal, Abogado S. D. M. A., informa de la irregular conducta del Juez P. J. V., en la que para realizar la audiencia de prueba anticipada se exigió la presencia de los imputados. Siendo verbal dicha petitoria por la particularidad que el ANTEJUICIADO se manifestaría en la propia audiencia”. II.- Que en proveído de fecha veintiocho de Enero de dos mil trece, la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, tuvo por promovido el Antejuicio de mérito y ordenó librar comunicación a fin de que el funcionario acusado informara de manera clara, concreta y precisa sobre los cargo a él formulados, dentro del término de tres días, mas el aumento que corresponda por razón de la distancia; pronunciándose el Abogado P. J. V., en fecha siete de Febrero de dos mil trece de la manera siguiente: “PRIMERO: Al hecho primero de la propuesta de ANTEJUICIO, no me referiré, en virtud de no ser relevante para la naturaleza de este trámite. SEGUNDO: En el hecho Segundo de la SOLICITUD DE ANTEJUICIO, desde nuestra óptica jurídica que no es una verdad absoluta, considero que existen una serie de inexactitudes, que son el fundamento y lo toral de esta SOLICITUD así: 1.- En los artículos 7 y 8 de la CONVENCION AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS, relacionado con el artículo 14 del C.P.P. son una garantía constitucional (El Derecho de Defensa), que si esto lo relacionamos con los artículos 2, 4 y 5 del mismo cuerpo legal, encontramos no solo estas circunstancias sino la OBLIGATORIEDAD de CUMPLIR CON EL DEBIDO PROCESO, so pena que su inobservancia acarrea consecuencias aun penales. 2.- En el párrafo primero de este hecho segundo, maliciosamente se sostiene “que con indicio racional se consideró presentar al testigo policía preventivo J. C. L. S.”, MANIPULANDO, el presentarlo como TESTIGO… cuando en realidad es también un IMPUTADO; véase el preámbulo de su declaración que obra a folio 20 y 21 y véase también la RESOLUCION, como lo califica la Señora Juez de Instrucción, que obra a folio 25 de la causa que se les instruyó cuyo número de expediente es 23-13. 3.- En el párrafo segundo del Hecho relacionado en la SOLICITUD DE ANTEJUICIO, el Agente Fiscal que me cuestiona, tiende a confundirse en las figuras procesales, pues PRUEBA ANTICIPADA no constituye SECRETIVIDAD y tengo constancia física y exacta de haberme presentado al Despacho judicial para Celebrar la Audiencia, 15 minutos después de presentada la Solicitud por el Agente Fiscal lo que puedo PROBAR de forma indubitada, LA PRUEBA ANTICIPADA no sólo se llevó a cabo, sino que se hizo conforme a lo Solicitado por el AGENTE FISCAL, Abogado S. D. M. pues comparece como Defensor de Oficio la Abogada M. K. R. P., quien solicita al tenor de la Ley LA IGUALDAD DE LOS INTERVINIENTES (artículos 13, 14 y 15 del CPP) lo cual el Fiscal NO LO QUERIA, y nosotros los Jueces no estamos para complacer caprichos, sino para RESPETAR EL DEBIDO PROCESO Y PARA ADMINISTRAR JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE HONDURAS; con lo que el Agente Fiscal se olvida del contenido del artículo 93 del CPP que lo obliga a ser OBJETIVO y no solo a ser INQUISIDOR, sino también a observar y poner en conocimiento no solo las circunstancias que agravan el delito, sino las que lo atenúan y aun mas allá, las que extinguen la RESPONSABILIDAD PENAL, tal como lo puedo acreditar con la Declaración Jurada que se adjunta, rendida por la Abogada R. P., en su condición indicada, documento debidamente autenticado. Que hubiera sucedido entonces, si se complace la actitud caprichosa del Agente Fiscal, hubiésemos caído en el contenido del Artículo 94 del CPP LA ILEGALIDAD DE LA PRUEBA, resultado EL PRODUCTO DEL ARBOL ENVENENADO, consecuencia LA NULIDAD, por lo que seriamos partícipes de LA IMPUNIDAD, y nadie puede alegar IGNORANCIA DE LA LEY. 4.-El artículo 101 del CPP en el numeral 3 nos presenta las alternativas de la Asistencia Técnica como Derecho del imputado; el numeral 4 la ilimitación de esta Asistencia; el numeral 5 la presencia del imputado como un acto de Defensa; los numerales 10 y 11 de este mismo artículo son inequívocos, fundamentales e irrenunciables, el 10 califica el derecho que el imputado y su defensor tienen a estar presentes en TODOS LOS ACTOS QUE GENEREN PRUEBA, y el 11 habla del modo alternativo, cuando el Fiscal se niega a que se produzca una prueba que le beneficia, y en la parte final de este numeral 11, no solo deja a SALVO EL CRITERIO DEL JUEZ, sino que señala LA RESPONSABILIDAD del Agente Fiscal Negligente. 5.-Que acontece si todo lo anterior lo relacionamos con el artículo 165 del CPP, consecuencia lógica NULIDAD y la correspondiente deducción de responsabilidades para los que participen en su comisión como dice este artículo por INOBSERVANCIA DE LA PRESENTE LEY. 6.-El artículo 166 del CPP en sus numerales 3, 6 y 7, retratan de cuerpo entero las CONSECUENCIAS que se hubieran producido si accedemos a la postura caprichosa del Agente Fiscal, que relacionados con el artículo 200 del mismo cuerpo legal hubiese caído en esto…LA PRUEBA ILICITA. 7.-En los párrafos tercero y cuarto de la SOLICITUD DE ANTEJUICIO, no se manifiesta más que la CONFUSION o la mala intención del Agente Fiscal, pues además de no ser veraz en su narrativa, manifiesta la MANIPULACION o la FALTA DE CRITERIO JURÍDICO; y utilizando el mismo fundamento del Señor Fiscal como es el artículo 277 del CPP le ilustramos con el párrafo cuarto de esta cita que nos faculta inequívocamente a proceder en la forma que lo hicimos, pues la peculiaridad de la PRUEBA ANTICIPADA no desnaturaliza el procedimiento, solo habla de los momentos procesales extraordinarios en que puede ser evacuada al mencionar que es en la forma prevista para el debate, y como JUECES la única experiencia especial que conocemos, es la que establece el artículo 278 del CPP en relación a la SECRETIVIDAD. TERCERO: Todas estas circunstancias solo nos hacen recordar, de las frases celebres del Latín AQUILA NON CAPITA MOSCAS (el águila no caza moscas).- Los operadores de Justicia tenemos actividades más importantes que cazar moscas, veamos lo contradictorio, el Agente Fiscal me promueve un ANTEJUICIO; y por otra parte, Solicita medidas SUSTITUTIVAS para los imputados, solo en LA CONCIENCIA DE CADA UNO esta la VERDADERA INTENCION DE NUESTRAS ACCIONES”. III.- Que en fecha diecinueve de Febrero de dos mil trece, la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, resolvió: “DECLARAR NO HABER LUGAR al antejuicio solicitado por el Abogado A. A. A., en representación de los intereses de la sociedad, contra el juez de Letras de Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque, Abogado P. J. V., a quien aquel presume responsabilidad por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA.” IV.- Que en fecha veintiocho de Febrero de dos mil trece, el Abogado A. A. A., de generales y condición ya expresadas, compareció ante la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán interponiendo Recurso de Apelación contra la resolución antes referida, expresando agravios de la manera siguiente: “PRIMERO: Analizada la resolución emitida, la misma se reviste de la formalidad para el análisis de lo planteado por el Ministerio Público para considerar que se incurre en Abuso de Autoridad, según lo establece el artículo 349 en sus numerales 2 y 3 del Código Penal, amparándose el Antejuiciado que dicha conducta de haber observado lo categórico en el respeto al debido proceso era la observancia imperativa que exige el párrafo cuarto del artículo 277, que literalmente cita; “En todo caso, el Juez librará citación al Fiscal y los demás interesados que hasta el momento hayan sido identificados y que puedan comparecer, y éstos tendrán derecho a asistir a la práctica anticipada de la prueba, en la forma prevista para el debate. Como se podrá observar, el Antejuiciado, justifica que la identificación de los participes estaba en curso, pero los mismos no constaban en un Requerimiento fiscal, era por la deposición del TESTIGO COMO PRUEBA ANTICIPADA, que se tendría la certeza de la comisión de un hecho criminoso. SEGUNDO: Sobre la justificación que es la apoderada de los enjuiciados, como Defensora Pública, hasta ese momento, no existe su nombramiento, y la práctica de nombramiento es de palabra, que si bien es cierto es un sistema acusatorio garantista, el Ministerio Público, solo le interesa el hecho que por tardanza, la impunidad genere la falta de prueba en un hecho criminoso de alto impacto social. Tal circunstancia de participación de la defensa se constata con el hecho que presentes los sospechosos ante el TESTIGO COMO PRUEBA ANTICIPADA se abstuvo de declarar. TERCERO: Realizada la audiencia inicial, viendo los intervinientes activos que por su silencio eran parte del enjuiciamiento penal, decidieron romper su silencio y declaran de forma expresa inculpando como único responsable al encartado D. A. P. D. Como se observa, fue la acción de recusación que desprovee la presencia del Antejuiciado en el proceso, provoca no solo la acción de evacuar un testigo, sino tres testigos W. A. R., H. O. D. D. y J. C. L. S. que en audiencia inicial declaran contra D. A. P. D. como el presunto autor del delito de ASESINATO. Lo anterior es prueba fehaciente que aunque el Antejuiciado alega que vela por los artículos 7 y 8 del Pacto de San José, velando por el debido proceso, permitió con la anuencia de la Defensa Pública, que la comunicación entre los encartados asegurara que el TESTIGO PROTEGIDO se abstuviera de declarar. CUARTO: Si bien es cierto, se alega que con el actuar del Antejuiciado se evitaría nulidad según los artículos 165 y 166, es comprobable que el sistema garantista colapsa en perjuicio del MINISTERIO PUBLICO, que velando porque los delitos no queden impunes, con la dificultad de aportar prueba científica como testifical, el Antejuiciado revistió una legalidad en una oportunidad para que los encartados acordaran que guardar silencio era la vía para evitar el juzgamiento con un Juez excepcionalmente garantista. Es menester que nuestra actuación se considere desleal, pero queda comprobado que la prueba anticipada evoca una excepción en el propio articulado 101 numeral 10 Código Procesal Penal, en cuanto al derecho del imputado a estar presente, con su defensor, en todos los actos que impliquen elementos de prueba, salvo en los caso en que el presente Código disponga lo contrario. Se justifica esta salvedad pues existió en todo momento riesgo fundado de pérdida de la información, comprobado con la abstención del testigo a declarar. Lo que genera una impunidad revestida de legalidad. QUINTO: Se objeta una “DECLARACION JURADA” por parte de la Defensora Pública M. R. P., no habiendo sido nombrada como apoderada de los encartados, se anunció la exigencia de la presencia del TESTIGO ante los encartados, comprobando que no fue la Defensa Pública quien continúo en representación hasta audiencia inicial. Esto Honorables Magistrados, se considerara como superfluo sin fundamento pero son los avatares procesales que se tienen que sortear para evitar que un caso quede impune. Hasta ese momento se colige que los encartados no tuvieron comunicación con la Defensa Pública, y que ya viéndose enjuiciados desisten de la defensa pública y contratan los servicios de un defensor privado. Tal declaración jurada no confirma ni justifica más que los encartados no contaban con la anuencia de ser representados por esa defensa. SEXTO: Estamos conscientes, que no se pudo pedir PROTECCION TESTIFICAL, pues existe la inveterada costumbre que a los policías, investigadores o cuerpo armado por ser esa su profesión, no se deben auxiliar de este medio, pero si prevé la figura de LA PROTECCION A TESTIGOS, otorgar la discrecionalidad al Juez de Garantías que de percibir el temor a declarar se le otorga la potestad de por propia iniciativa aprecie que racionalmente existe un peligro grave para el testigo por el testimonio que ha de prestar, ADOPTE las medidas de protección que estime convenientes. Con la conducta del Antejuiciado, mas fue la oportunidad que reunidos los encartados con el testigo omitiera su testimonio. Es esta otra salvedad en la cual si es Derecho del imputado a estar presente en los actos que impliquen elementos de prueba, El Antejuiciado no preveo la medida oportuna para que se realizara la obtención de PRUEBA ANTICIPADA en forma efectiva, motivo por el cual si omitió o rehusó, ese acto que debía ejecutar de conformidad a los deberes de un Juez que garantiza los derechos de los encartados, como también a las pretensiones del Ente Acusador, que bien pudo evitar que al no omitir su declaración el TESTIGO PROTEGIDO, cayera en responsabilidad penal a posterior por omitir hasta ese momento lo que debió informar. Y que habiendo declarado hasta en audiencia inicial incurriera en los delitos de ENCUBRIMIENTO y ABUSO DE AUTORIDAD”. V.- En proveído de fecha cinco de Marzo de dos mil trece la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, tuvo por admitido en tiempo y forma el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado A. A. A. G., en su condición expresada, concediendo a la parte contraria Abogado P. J. V., el término de tres días hábiles a partir del día siguiente de la notificación para que conteste los agravios expresados. VI.- Que en fecha once de Marzo del año dos mil trece, compareció ante la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, el Abogado J. A. V. actuando en su condición de Procurador Judicial del Abogado P. J. V., contestando los agravios de la siguiente manera: “SE CONTESTAN AGRAVIOS.- PRIMERO: El diccionario manual de Sinónimos y Antónimos de la Lengua Española “JOSE LOPEZ DE LA HUERTA, Editorial Larousse 5. L. edición 2007” sostiene el AGRAVIO atropella nuestro Derecho; la ofensa añade al agravio el desprecio o el insulto.- El que tiene Derecho a un ascenso que no ha conseguido se cree agraviado, si a este agravio se ha añadido un desprecio de su merito o una declaración de ineficiencia se cree ofendido.- Para el agravio es preciso que haya injusticia para la ofensa basta que haya insulto aunque no haya injusticia.- Aquel nos perjudica tal vez sin afrentarnos; este nos ofende siempre o humilla. Por su parte el Doctor G. C. en su diccionario Jurídico conceptúa: AGRAVIO Hecho o dicho que ofende en la honra o fama, la ofensa o perjuicio que se infiere a una persona en sus intereses o derechos.- Mal, daño o perjuicio que el apelante expone, ante el Juez ad quem, por habérsele irrogado la sentencia del inferior.- Antiguamente equivalía a Apelación.- Agregación de expediente incorporación material de un expediente a otro, generalmente para servir como prueba a éste o para que los actos procesales efectuados en el primero, tengan efecto respecto del segundo. Por lo anterior comprendemos la actitud cortesana; cuando los agravios no son sustantivos en sí; objetivos en la búsqueda de justicia y jurídicamente sustentados; la CONTESTACION DE AGRAVIOS resulta casi irrelevante, no obstante por respeto a su alta investidura aunque los agravios tanto como la SUMA DEL ANTEJUICIO y el desarrollo del mismo sean incongruentes, imprecisos y calculados con un dejo de malicia; nos hemos esmerado en responderlos. SEGUNDO: En el caso que nos ocupa; ante la HONORABLE CORTE DE APELACIONES de Santa Rosa de Copan; promueve ANTEJUICIO por el Delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios Públicos en perjuicio de la Administración Pública, sin embargo, desarrolla su planteamiento por el Delito de Abuso de Autoridad en perjuicio de la Administración Pública y en su Petición es totalmente vago, radicalmente absurdo y ferozmente ambiguo pues no pide absolutamente nada, ni señala Delito alguno lo que por inercia el TRIBUNAL aparte de lo INJUSTO por el procedimiento y elemental ignorancia deberá DECLARAR SIN LUGAR el pretendido Antejuicio. TERCERO: El Apelante en su numeral primero expresa literalmente: “Analizada la resolución emitida”… si realmente la hubiera analizado a lo mejor la redacción de este acápite sería diferente y es más a lo mejor ni si quiera hubiese apelado pues el Artículo 277 que se cita en el INFORME de mi patrocinado y que él lo trae nuevamente es el fundamento Jurídico que aplicó el Juez para actuar de la manera que lo hizo, pues de haber actuado como el Fiscal pretendía no solo se hubiera violado el debido proceso, se hubiese causado indefensión y allí el JUEZ no solo se enfrentaría al Abuso de Autoridad, sino a Resoluciones contrarias a la Ley. En el análisis que hace el Agente Fiscal se atribuye facultades divinas queriendo asegurar como transitoriamente pudieron haber pensado los MAGISTRADOS sin leer el FALLO, por eso es que ahora APELA para que tales facultades omnipotentes le sean restituidas. CUARTO: En el numeral Segundo de los supuestos agravios que le causan la Resolución Apelada, el Agente Fiscal da verdaderas muestras de amnesia Jurídica, pues cuando se presenta el Escrito para realizar la Prueba anticipada el Agente Fiscal solicita EL NOMBRAMIENTO DE UN DEFENSOR DE OFICIO a fin de cumplir con el principio de Legalidad, practicar realmente la garantía constitucional de defensa y el respeto al debido Proceso. Para que la defensora en aplicación del Artículo 80 Constitucional, Pida la presencia de los imputados en el medio probatorio anticipado, que el JUEZ NUNCA LIMITO y que fue más bien el FISCAL quien provocó la tardanza por no estar preparado (véase folio 31 y 32 visto). En el numeral tercero el representante de la sociedad nos manifiesta ser un clarividente, cuando dice: “viendo los intervinientes activos que por su silencio eran parte del encausamiento penal decidieron romper silencio…” ¿Cómo conoce este togado el pensamiento de los intervinientes? ¿O son éstas los resultados de un Negocio Jurídico?.- Suspicacia despierta suspicacia, me hago una pregunta ¿Qué grado de responsabilidad ha acreditado el requirente al conductor de la patrulla?... pues si éste no alcanza a las víctimas, el gatillo alegre nunca les hubiera disparado, esto es solo por suspicacia que la despejaremos en la resolución final que emita el Juzgado competente en donde mantendremos nuestra butaca de espectadores. En los numerales cuarto, quinto y sexto del supuestamente agraviado se pretende saturar con una posición repetitiva apoyada en medias verdades pues a partir del numeral anterior hasta el final a filtrado sutilmente en su escrito que este era un TESTIGO PROTEGIDO lo que él nunca solicitó ni el Juez lo consideró en inminente grado de peligrosidad como para aplicarle la figura del Testigo protegido. Ahora pues el representante del ente acusador se convierte en la Madre TERESA DE CALCUTA al decir que el Testigo protegido “PROTEGIDO POR QUIEN” POR QUE NO CONSTA EN Autos que algún interviniente haya sido declarado PROTEGIDO que ahora le pretenden salvar hasta su alma”. VII.- Que mediante proveído de fecha doce de Marzo de dos mil trece, la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, tuvo por contestado en tiempo y forma los agravios por parte del Abogado J. A. V., quien actúa como Procurador Judicial del Abogado P. J. V.; en consecuencia, se ordenó emplazar a las partes para que dentro del término de tres días más el aumento por el término de la distancia se personen ante el Tribunal de Alzada. VIII. DEL RECURSO DE APELACIÓN. 1). El Antejuicio es la protección legal que tienen los Jueces y Juezas de la República, a efecto de que una autoridad judicial, a solicitud de parte interesada, autorice incoar en contra de aquellos, un proceso criminal como consecuencia de actos cometidos en ocasión del desempeño de la jurisdicción. El Antejuicio, es entonces, un requisito previo para presentar acusación criminal en contra de cualquier Juez o Jueza, a excepción de los Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia, sometidos a un procedimiento especial. 2). El Antejuicio concretamente es una garantía pre-procesal, que prevé que el funcionario jurisdiccional, no sea perturbado con acusaciones criminales indebidas, pero también –y más importante- es una garantía para la Ciudadanía al ser una forma de protección de la independencia judicial, garantizándose así que el Juez o Jueza resuelva un caso concreto apegado estrictamente a la ley, sin temor de ser objeto de falsas acusaciones criminales que persigan distraerle, separarle de un caso concreto, o incluso, desprestigiarle como forma de represalia de las decisiones adoptadas. En conclusión, el Antejuicio no protege a la persona, sino a la función pública que desempeña aquella, erigiéndose como un instrumento para preservar la estabilidad de la persona en el desempeño del cargo jurisdiccional e impedir que el ejercicio de esta función pública se vea perjudicada por el juzgamiento penal de quien temporalmente ocupa el cargo de Juez o Jueza. 3). A partir del concepto apuntado, se identifican como características del Antejuicio: a)Es un procedimiento previo del momento de presentación de la acción penal en primera instancia, que es conocida por autoridad judicial, de allí su nombre ¨Ante Juicio¨; b)Es una garantía establecida en protección del ejercicio de la función jurisdiccional, encomendada a los Jueces y Juezas de la República; c)Es un instituto de Orden Público y por tanto no es renunciable por parte del Juez o Jueza que este siendo cuestionado(a); d)Mediante el Antejuicio se determinará si existe o no un fundamento razonable para la presentación de la acción penal, sin que proceda pronunciamiento sobre la justicia del caso; y e) Al no haber pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión debatida, no constituye cosa juzgada, ello genera varias consecuencias: a. Aún cuando sea declarado Con Lugar un antejuicio, el Ministerio Público podría decidir no presentar la acción penal al considerar la falta de méritos para ello o el subsecuente proceso penal podría finalizar con sobreseimiento definitivo o mediante sentencia absolutoria, según corresponda en Derecho; b. El Ministerio Público, la Procuraduría General de la República o la persona interesada –en los casos de delitos de carácter privado podrá presentar un segundo antejuicio contra el mismo Juez o Jueza, basado en los mismos hechos e imputando el mismo delito, cuando después de haberse declarado sin lugar un primer Antejuicio, aporte nuevos elementos de juicio que permitan su revaloración; y, c. La acción Penal puede plantearse una vez que la persona deje de desempeñarse como Juez o Jueza, aún cuando se haya declarado sin lugar un Antejuicio entablado cuando aquella aún desempeñaba el cargo jurisdiccional. 4). El Antejuicio puede operar como acción y como excepción: a). Como acción: en los casos que la persona interesada presenta el mismo ante la autoridad competente para su resolución; b). Como excepción: cuando el funcionario jurisdiccional acude al proceso penal, solicitando su suspensión hasta tanto el actor no cuente con la autorización para entablar la acción penal, obtenida mediante el Antejuicio. 5). Presentado que sea el Antejuicio y concluido el trámite previsto por el Código Procesal Penal, corresponde al Órgano Jurisdiccional que conozca de él, realizar un examen respecto a los requisitos formales y materiales del mismo, a saber: Verificación de Requisitos Formales: a) Que sea presentado por el Ministerio Público respecto a los delitos de acción pública, por la Procuraduría General de la República respecto a los delitos en perjuicio del Estado de Honduras, o por persona agraviada en los casos de delitos de acción privada.- Es operable igualmente con el Antejuicio lo relativo a la conversión de la acción pública a acción privada, en los casos que sea procedente; b)Que la persona contra la cual se presente el antejuicio actualmente esté en el desempeñando en una función estatal protegida con ésta garantía.- Si la Persona ha dejado de desempeñarse como Juez o Jueza, no tendría lugar la protección de la función estatal, siendo lo pertinente proceder en contra de aquella de la misma forma como se haría en contra de cualquier ciudadano(a); c)Que el delito imputado sea de aquellos que solo pueden ser cometidos con ocasión del desempeño de la función estatal.- Aún cuando la persona se esté desempeñando como Juez o Jueza, en los caso de los delitos no funcionales no será procedente el Antejuicio, dado que no se trata de una imputación derivada de su función estatal; d) Que el escrito del Antejuicio defina claramente los hechos que el Peticionario considera constitutivos de delitos y además identifique el tipo penal o los tipos penales en los cuales considera que se encuadran. Con todo, el Tribunal no podrá realizar juicio de valor en cuanto a si los hechos se ajustan al tipo penal citado, sin que ello implique censurar la eventual acción penal, algo que no corresponde en el Antejuicio, el requisito solo exige claridad de los presupuestos, mas no certeza de los mismos. Verificación de Requisitos Materiales: a)Que al estudio de la causa, se concluya que existe fundamento razonable en lo alegado por el Petente, sobre la existencia de un hecho que solo puede ser definido en un proceso penal, descartándose consecuentemente: a. Que la acción sea una maniobra de separar al funcionario jurisdiccional de un caso pendiente de resolución judicial; b. Que la acción sea un medio de intimidación, atentando así contra la independencia del funcionario jurisdiccional; c. Que la acción sea planteada como una forma del litigante de dirigir su frustración, por una decisión judicial que le adversa, en la persona del Juez o Jueza que la emitió, con ánimo de represalia; 6). Oportuno es señalar que la suerte del procedimiento del Antejuicio no depende de haber denunciado los hechos en la Inspectoría General de Órganos Jurisdiccionales o que, en su caso, esta denuncia haya sido declarada con lugar o sin lugar; Igualmente la suerte del Antejuicio no depende de que el acto o resolución ordenada por el Juez o Jueza haya o no sido subsanada, reformada o revocada por el mismo funcionario o por un Tribunal Ad-Quem mediante el conocimiento de un Recurso Legal o mediante el conocimiento de una Garantía Constitucional, sino en determinar si existen fundamentos razonables para autorizar la persecución penal. 7). Se ha formulado cuestionamiento al Señor Juez P. J. V., por el encuadre de la solicitud de Prueba Anticipada del testigo/policía J. C. L. S., en el proceso penal por los delitos de Asesinato y Abuso de Autoridad contra también los policías D. A. P. D., W. A. R. y H. O. D. D., al emitir el Juez su criterio de que “no se podía tomar-la prueba anticipada-sin estar presente los demás imputados” evento este que según la Fiscalía, requería de celeridad judicial apropiada. Asimismo, dicho Ente Acusador, reprocha y señala como irregularidades cometidas los hechos siguientes: a) Haberse realizado el acto de prueba anticipada dos horas con veinticinco minutos después; b) El testigo no declaro por “la negativa de no celebrar diligentemente la prueba anticipada; c) Que la audiencia para prueba anticipada, el antejuiciado la hizo “tipo careo”; d) Que con su actitud, el denunciado puso en peligro la vida de las victimas, auxiliares de justicia, policías y testigos, puntualizando finalmente que el Juez comete por las referidas actuaciones los delitos de Abuso de Autoridad previsto en el Artículo 349 numerales 2) y 3) del Código Penal. 2.-El Recurso no es de Recibo. La Sala de lo Penal, ha hecho una revisión pormenorizada de la foliada judicial Número 23-2013, que contiene el Requerimiento Fiscal por lo Delitos de Asesinato y Abuso de Autoridad en contra de D. A. P. D., W. A. R. G., H. O. D. D. Y J. C. L. S. en perjuicio de C. A. G. V. y C. H. M. Y LA ADMINISTRACION PÙBLICA, mismo que se observa ha sido llevado de manera diligente desde el enfoque procesal de la materia y en una correcta dirección por parte de la Judicatura. De la referida revisión llevada a cabo, contrastada con los argumentos del Apelante, este Tribunal de Apelación ha llegado a las siguientes conclusiones: A) El Ministerio Público explica que las irregularidades se dan desde el momento en que se solicitó con carácter de urgente que se recibiera una declaración testifical con la formalidad de prueba anticipada, y que el Juez antejuiciado al expresar su opinión de que la misma no se podía tomar sin estar presentes los demás Imputados, inobservó la categoría de prueba anticipada. Ante tal apreciación esta Sala de lo Penal, observa que el Juez antejuiciado, actuó en estricto Derecho salvaguardando el Debido Proceso y el Principio de Legalidad, exigiendo la presencia de los acusados en tal audiencia, en atención al derecho que le concede el Artículo 277, cuarto párrafo, del Código Procesal Penal, por lo que el actuar del mismo al emitir el referido criterio, lo hizo apegado a derecho en salvaguarda de los Principios del Debido Proceso y el Principio de Legalidad, regulados en los Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República, demostrando con dicha actitud el Antejuciado el conocimiento y respeto a la Ley Procesal ya que prescindir de la presencia de los acusados en esa vista, lo hubiese llevado a infringir el Articulo 277 del Código Procesal Penal. B) Este Tribunal de Apelación hace notar que si bien se descarta que el Antejuicio sea para efectos de menoscabar la independencia judicial, entendiendo que la acción no obedece a la intención de separar al Juez Antejuiciado del conocimiento del proceso; y aún que no pueda comprobarse que no es un acto de represalia en contra del Juez Antejuiciado, resulta imprescindible hacer algunas valoraciones acerca de la concurrencia o no de los fundamentos razonables para autorizar o no la persecución penal, dicho esto, este Tribunal de Apelaciones aprecia que las actuaciones del Juez P. J. V., fueron adoptadas dentro de las facultades jurisdiccionales otorgadas a los jueces de la República, no siendo posible enmarcar el proceder del Juez dentro de hechos con apariencia delictiva, por cuanto la misma es producto de una decisión jurisdiccional en la que no se detecta un ánimo tendencioso, en consecuencia, este Tribunal de Alzada no encuentra que los hechos que el Ministerio Público le imputa al antejuiciado puedan llegar a tener la apariencia dolosa como para subsumirlos en el tipo penal que se pretende. POR TANTO. La Corte Suprema de Justicia, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los Artículos 82, 303, 304, 313 atribución 3, 316 de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 349 preámbulo y número 3), 379 preámbulo y número 1) del Código Penal, 420, 421, 422, 423 y 446 del Código Procesal Penal. FALLA: I. Declarando SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado A. A. A. G. en su condición de Fiscal del Ministerio Público, por las razones expuestas en esta sentencia. II. En consecuencia NO SE AUTORIZA al Ministerio Público a presentar Requerimiento Fiscal en contra del Juez del Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque, Abogado P. J. V., por el Delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras, como consecuencia de las actuaciones jurisdiccionales realizadas en el Expediente No.23-2014 que contiene el Requerimiento Fiscal por lo Delitos de Asesinato y Abuso de Autoridad en contra de D. A. P. D., W. A. R. G., H. O. D. D. Y J. C. L. S. en perjuicio de C. A. G. V. y C. H. M. Y LA ADMINISTRACION PUBLICA. III. Confirmando la parte resolutiva de la sentencia de fecha diecinueve (19) de Febrero de dos mil trece (2013), pronunciada en primera instancia por la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en tanto Declara SIN LUGAR el Antejuicio presentado en contra el del Abogado P. J. V., en su calidad de Juez de Letras del Juzgado Departamental de Ocotepeque, en consecuencia, no se autoriza al Ministerio Público para que pueda presentar acción penal pública en su contra, como autor de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de la Administración Pública. Y MANDA: Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso a la Corte de Apelaciones de de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó EL MAGISTRADO ZÙNIGA MEDRANO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- EDITH MARIA LOPEZ RIVERA.- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de noviembre del año dos mil catorce.- Certificación de la sentencia de fecha veintidós de septiembre del año dos mil catorce, recaída en el Recurso de Apelación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-124-2013.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL