Sentencia CP-108-20 — Registro 17606
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de Facilitación de Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas en perjuicio de La Salud Pública del Estado de Honduras, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y conforme al nuevo Código Penal se Sobresee Definitivamente.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. La Sala de lo Penal, destaca lo establecido en el artículo 202 del Código Procesal Penal, donde establece que el sistema de valoración de la prueba es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no, y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica, en concreto, sobre la regla lógica de derivación. En el caso actual y presente, el Ministerio Público denuncia que el sentenciador infringió la regla de la lógica de derivación en su principio de razón suficiente, cuando valoro de manera subjetiva, al determinar que la droga decomisada es para su consumo personal de manera diferida, estableciendo así el dictamen toxicológico que la marihuana decomisada no es compatible con la dosis considerada como consumo personal inmediato. Así las cosas, la Sala de lo Penal verifica a folio 50 vuelto a folio 51 del expediente, en el apartado “Valoración de la prueba”, y al analizar los razonamientos que utilizó el Juez A-quo para valorar la prueba, se puede determinar que sus conjeturas son coherentes, fundadas y lógicas, pues las mismas se derivan del resultado probatorio, efectuando una apreciación no sólo individual de cada medio probatorio, sino que logró una valoración conjunta y armónica de toda la prueba, en cuyos raciocinios se ha visto la utilización de las Reglas de la Sana Crítica. A su vez llegando a la conclusión que ‘’ Que si bien es cierto en el acta de registro personal consta de que al acusado se le encontró en posesión de 191.7 gramos de marihuana no con consta con la prueba allegada al juicio indicio alguno que permita inferir razonablemente que dicha cantidad de droga era con destino a un tercero para su comercialización o consumo de otro que no fuera el, no indicando así antecedentes personales que pudieran ser indicativos de que se dedica a la venta o transferencia a cualquier título de algún tipo de drogas en su barrio o comunidad, por otra parte la cantidad decomisada no es excesiva en relación al consumo personal diferido si se toma en cuenta el hecho de que el toxicómano provisionarse de suficiente cantidad de droga para varios días, … Por lo que objetivamente el único indicador que se encuentra probado de conformidad a toda la prueba evacuada en el debate como ser, lo declarado por los testigos, el acta de registro personal, los dictámenes toxicológicos y la evidencia presentada el encausado llevaba consigo la marihuana y que a la vez es consumidor de dicha droga’’ ; por ello se ha dicho de los dictámenes periciales que como tales opiniones han de estar sometidos, al igual que el resto de los medios probatorios utilizados en el proceso, al principio de libre valoración de la prueba que demanda, prioritariamente, una conjunta valoración sin conceder “a priori” valor superior a un medio sobre otro. Si respecto a un tema concreto se hubieren llevado a cabo distintas pruebas, además de la pericial, con resultado diferente, claro es que entonces se reconoce al órgano judicial la facultad de llevar a cabo esa conjunta valoración de la prueba, que permite estimar que la verdad del hecho no es la que aparece expuesta por la prueba pericial sino la que ofrecen otros medios probatorios”. Siendo el dictamen toxicológico vinculante únicamente en cuanto a demostrar que la yerba es marihuana, pero no para concluir que la intención era el de facilitar los medios de transporte para el tráfico ilícito de droga. Asimismo a folio 44 del expediente se ha podido verificar que el encausado dio positivo a cocaína y cannabinoides en consecuencia, se estima que, es pertinente considerar al señor Marco Antonio Guevara Méndez, responsable a título de autor del delito de Posesión de Marihuana para consumo personal, en virtud de que concurren los elementos objetivos y subjetivos que dan lugar a la aplicación del artículo 26 de la Ley Sobre Uso indebido y tráfico ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, inciso a), en tanto se colige que se trata de un consumo por primera vez que debe ser sancionado con internamiento por un mes y multa de quinientos lempiras. Por lo anteriormente expuesto, el motivo decae y no es objeto de recibimiento. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"..Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto. El Tribunal de Sentencia, basado en la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico ilícito de Drogas (derogada) en el artículo 26, declaró responsable al acusado Marco Antonio Guevara Méndez, del delito de Posesión para el consumo de droga, en perjuicio de la Salud del Estado de Honduras, e impuso una pena de treinta (30) días de internamiento, más una multa de quinientos lempiras (L 500.00). Conforme al Código Penal decreto 130-2017, no penaliza el consumo de marihuana, delito por el cual fue condenado el señor Marco Antonio Guevara Méndez, por tanto, conforme lo regula el artículo 615 de la nueva legislación penal en su segundo párrafo: “Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el Órgano Jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará.” En consecuencia, es procedente sobreseer por el delito de Posesión para el consumo de droga al señor Marco Antonio Guevara Méndez..."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 315 y 316 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP 108-2020 que literalmente dice: “Corte Suprema de Justicia Sala de lo Penal Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los nueve días del mes de abril del año dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Nelson Danilo Mairena Franco, en su calidad de coordinador, Mario Rolando Díaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio, pronuncian, En Nombre Del Estado De Honduras La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-108-2020 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiocho de noviembre del año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tela, Departamento de Atlántida, mediante la cual falló: PRIMERO: Absolvió al señor Marco Antonio Guevara Méndez, por el delito de Facilitación de Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas en perjuicio de La Salud Pública del Estado de Honduras. SEGUNDO: Condenó al señor Marco Antonio Guevara Méndez, por el delito de Posesión de Drogas (Marihuana) para Consumo Personal en perjuicio de La Salud Pública del Estado de Honduras, a al pago de una multa de quinientos lempiras, a favor del Estado de Honduras y la medida de seguridad de internamiento por un periodo de treinta días. TERCERO: Declaró el Comiso y destrucción de la droga ocupada consistente en 191.7 gramos de marihuana la cual se encuentra en el almacén de evidencias del Laboratorio Toxicológico del Instituto de Ciencias Forenses. CUARTO: No Procedió condenar en costas al Ministerio Público. Son partes en única instancia: El Abogado Cristian Fernando Ortiz Mendoza, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente; y el Abogado Marlon Martínez Logan en su condición de Defensor Público del señor Marco Antonio Guevara Méndez, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “Primero: Que en fecha uno de junio de dos mil diecinueve siendo las cuatro de la tarde, los agentes policiales José Aguilar Álvarez y Eduin Cristino Gonzales, realizaban un patrullaje de saturación policial en la aldea Santa Lucia del Municipio de Arizona, Atlántida, cuando en la calle principal encontraron al señor Marco Antonio Guevara Méndez quien al percatarse de su presencia comenzó a caminar más rápido y a medida se iba acercando la patrulla dio motivos fundados que quería sacar o botar algo de la mochila que portaba en la mano derecha, por lo que le practicaron un registro personal encontrándole en la mochila 191.7 gramos de marihuana. Segundo: El señor Marco Antonio Guevara Méndez resulto ser consumidor de marihuana y cocaína.” RECURSO DE CASACIÓN: El recurrente Abogado Cristiam Fernando Ortiz Mendoza, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO ÚNICO: “No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Crítica”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El Ministerio Público en su condición de garante de legalidad, estima que el Órgano Jurisdiccional a través de la sentencia censurada ha incurrido en el vicio in procedendo al momento de dictar sentencia absolutoria infringió lo que establece el artículo 202 del Código Procesal Penal y de manera específica lo hizo incurriendo en violación a las reglas de la Sana Crítica, para el Juzgador la prueba de cargo aportada al debate ha servido únicamente para acreditar que el acusado estaba en posesión de droga con la finalidad de consumida; por lo que a continuación procedemos a evidenciar la inobservancia de la regla lógica en su postulado de Derivación, integrado por el principio de razón suficiente en su característica de suficiencia, efectuaremos un análisis de los medios de prueba de cargo incorporados legalmente al juicio, mismos que estuvieron integrados por prueba testifical, pericial y documental, que se detalla a continuación: TESTIFICAL •Declaración de José Antonio Aguilar, Agente de la Policía Nacional, quien realizó la detención del acusado Marco Antonio Guevara , cuando realizaban un patrullaje en la Aldea Santa Lucia del municipio de Arizona, Atlántida y observaron cuando el acusado empezó a caminar rápido y trató de botar lo que llevaba en la mochila, al ver la presencia de la patrulla; • Declaración de Eduin Cristino González, Agente de la Policía Nacional, quien acompañaba al agente de policía José Aguilar, y realizó la detención del acusado Marco Antonio Guevara, cuando realizaban un patrullaje en la Aldea Santa Lucia del municipio de Arizona, Atlántida y observó cuando el acusado empezó a caminar rápido y trató de botar lo que tenía en la mochila que llevaba en la mano derecha, al ver la patrulla que se le acercaba. PERICIAL Dictamen toxicológico 2019-0501-0506-3340 elaborado y ratificado en el debate por el doctor Darlan Wilfredo Membreño, establece que la evidencia peritada consistente en una bolsa de plástico color negra conteniendo 26 bolsitas plásticas transparentes con hierba seca, tienen un peso de 191.7 gramos, concluyendo el perito que la hierba seca es marihuana, y la cantidad no es compatible para la dosis considerada como consumo personal inmediato. Dictamen toxicológico 2019-0501-0506-3329 elaborado y ratificado en el debate por el doctor Darlan Wilfredo Membreño, practicado al acusado Marco Antonio (,uevara Méndez, concluye que la muestra de orina resultó positiva a cocaína y marihuana. DOCUMENTAL Acta de registro personal y decomiso practicado al acusado, elaborada y ratificada en el debate por el agente José Antonio Aguilar, en la cual establece que le decomiso al acusado la cantidad d 26 bolsitas plásticas conteniendo hierba seca, al interior de una mochila de tela color negro y azúl; EVIDENCIA • Una bolsa plática transparente con su respectiva cadena de custodia, conteniendo en su interior una mochila de tela color negro y azul y dentro de esta, una bolsa de plástico color negra conteniendo 26 bolsitas plásticas transparentes con hierba seca. El Tribunal en el apartado de valoración probatoria refiere lo siguiente: "Que si bien es cierto en el acta de registro personal consta de que al acusado Marco Antonio Guevara se le encontró en posesión de 191.7 gramos de marihuana, no consta de la prueba allegada al juicio oral indicio alguno que permita inferir razonablemente que dicha cantidad de droga era con destino a un tercero para su comercialización o consumo de otro que no fuera él, además no existen antecedentes personales que pudieran ser indicativos de que se dedica a la venta o transferencia a cualquier título de algún tipo de drogas en su barrio o comunidad, por otra parte la cantidad decomisada no es excesiva en relación al consumo personal diferido si se toma en cuenta el hecho de que el toxicómano suele aprovisionarse de suficiente cantidad de droga para varios días ... ... en el presente caso al acusado marco Guevara se le practicó análisis de drogas de abuso en orina resultando positivo para cocaína y marihuana" (ver pág. 6 valoración conjunta de la prueba ). Debemos señalar, que las anteriores apreciaciones por parte del Tribunal, constituyen una infracción a la regla lógica de la derivación integrado por el Principio de Razón Suficiente en su característica de suficiencia, el cual como sabemos debe estar constituido por inferencias que se desprenden de pruebas allegadas al debate en legal y debida forma así como las conclusiones razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de estas que se vallan determinando, principio que se encuentra vulnerado al establecer el juzgador que el acusado es consumidor de droga, fundamentando su valoración únicamente en el resultado del dictamen toxicológico practicado al acusado, en el cual ha concluido el experto que ha salido positivo a cocaína y marihuana, mismo que fue practicado dos meses después de la detención del acusado, sin considerar la cantidad de droga decomisada la que tenía un peso de 191.7 gramos; pues al confrontar lo afirmado por el toxicólogo forense doctor Darlan Menbreño respecto que una persona puede consumir en adicción extrema hasta 5.0 gramos por día, vemos entonces que el imputado tendría marihuana para un tiempo equivalente de 38 días, lo cual no resulta apegado al sentido común, tomando en cuenta que el juzgador debe valorar como un aspecto relevante la forma como estaba dispuesta la droga cuando fue detenido el acusado, misma que estaba al interior de 26 bolsas plásticas transparentes, por ende el dictamen toxicológico practicado al acusado no lo excluye de su responsabilidad en el ilícito que se atribuye, como bien lo ha esgrimido la Sala de Lo Penal en los fallos SP 296- 13 al decir: " Esta Sala considera que efectivamente el juzgador de instancia no ha incurrido en inobservancia de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, pues se entiende de manera lógica que la cantidad de droga que fue incautada al procesado Walter Alexis Sauceda Izaguirre no era para su consumo personal. Resultando inverosímil y por ende no parece razonable y creíble, que la cantidad de marihuana decomisada al imputado (109.6 gramos) estaba destinada al consumo personal, si se toma en cuenta lo que ordinariamente se considera como consumo diario medio del consumidor normal y el acopio de la sustancia estupefaciente para un máximo de uno o varios días inmediatos" ; El Tribunal en su fundamentación jurídica en el numeral cuarto, ha razonado erróneamente al establecer que la droga encontrada al acusado no es excesiva y que es razonable que se infiera que siendo el acusado consumidor su tenencia es con ánimo de tenerla para su propio consumo lo que la doctrina considera consumo diferido, criterio que no compartimos, si el sentenciador hubiese realizado una valoración conjunta de los medios de prueba incorporados por el ente acusador, la conclusión del presente proceso sería una sentencia condenatoria en contra Marco Antonio Guevara Méndez, dado que todos estos elementos constituyen prueba suficiente para acreditar cómo se desarrollan los hechos y evidenciar la responsabilidad del acusado como el autor de los mismos, la prueba evacuada logró establecer que el acusado ha tenido participación directa y personal en el delito de FACILITACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRÁFICO ILICITO DE DROGAS, porque se ha demostrado que el acusado, con su accionar directo, utilizò su cuerpo al llevar consigo una mochila color negra con azul dentro de la cual contenía la cantidad de 26 bolsas plásticas transparentes las que resultaron ser marihuana, es así que con Respecto a los cuestionamientos que realiza el Tribunal sobre la prueba de cargo debemos señalar: Que los hechos probados supra indicados, han dejado establecidas las circunstancias de lugar, tiempo y manera de cómo se desarrollaron los mismos asi como que tales hechos fueron realizados por la persona del imputado Marco Antonio Guevara Méndez a quien se le encontró en posesión de la cantidad de 191-7 gramos de marihuana que según el dictamen correspondiente no es compatible con la dosis autorizada para consumo personal inmediato. Con la probaruza incorporada al juicio se demostró que los hechos son constitutivos del delito de Facilitación de Medio de Transporte para el Tráfico de Drogas regulado y sancionado por la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustanicias Psicotrópicas: que reza: Artículo 22, “Se le impondrá una pena de seis a nueve años de reclusión y multa de cincuenta mil a cien mil lempiras a quién intencionalmente facilitare el local o los medios de transporte aun a título gratuito para el tráfico o consumo ilícito de sustancias estupefacientes psicotrópicas u otras drogas peligrosas”. Estimando el juzgador que es criterio de la Sala Penal que en sentencia SP/118-2014, ha esgrimido que la droga debe ir dentro del organismo o adherida al cuerpo para considerarse el cuerpo como un delito de transporte”, en este caso se logró establecer que el acusado fue sorprendido infraganti por la autoridad policial, en la aldea de Santa Lucía del Municipio de Arizona, Atlántida, cuando al advertir la presencia de la patrulla decide caminar más rápido y trata de sacar lo que llevaba dentro de la mochila que portaba en su mano derecha, por lo que su conducta es típica, antijurídica y culpable, pues el acusado estaba facilitando y transportando en su cuerpo droga ilícita, por lo que su acción se encuentra enmarcada en el tipo penal contenido en el Artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, tal y como lo ha señalado La Sala de lo Penal mediante el fallo SP 427-2018 al establece los elementos del tipo penal de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico ilícito de Drogas al decir: " pues sZ bien claramente al portar el acusado Ansonix José Zelaya Meza la droga en su mano izquierda, no estaba .facilitando ningún local para la misma, pero si transportaba por sí mismo la droga decomisada, es decir se cumple con uno de los elementos del tipo penal de facilitar los medios de transporte. pues no solo se requiere un medio mecánico o automotor en el que se pueda transportar la droga, también el cuerpo del imputado puede constituirse en ese medio de transporte, en el caso específico está claro que el imputado la portaba en su mano izquierda, por tanto el Seníenciador ha incurrido en violación a la regla de la lógica, es decir en el presente caso el error judicial posee vicio casacional, mismo que debe ser enmendado" , en tal sentido el Tribunal devenía en dictar un Fallo condenatorio. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley, por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Norma procesal infringida: Artículos 202 y 336 del Código Procesal Penal; Concepto de la Infracción: Inobservancia de las reglas de la sana crítica. Reclamación Ex Ante: El vicio que fundamenta la infracción por quebrantamiento de forma, fue cometido al momento de pronunciar la sentencia, siendo imposible su reclamación para subsanación. Pretensión: que se declare ha lugar el recurso y se anule la sentencia. Arguye el recurrente que en el caso de mérito el sentenciador al momento de valorar las probanzas en su conjunto, vulneran la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, en su característica de suficiencia, en virtud que de las consideraciones hechas por los miembros del tribunal, carece de sustento proveniente del contenido de probanza evacuada en el juicio; produciendo una valoración fáctica alejada del sistema del recto entendimiento humano, al estimar que no se acredito la tesis de acusación, ya que con el dictamen toxicológico se acredito que la droga decomisada al imputado no es para su consumo personal, sino que este transportaba la droga, siendo contundente el mismo para emitir un fallo condenatorio por el delito de Facilitación de los medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas. De las Reglas de la Sana Crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: I. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. La Sala de lo Penal, destaca lo establecido en el artículo 202 del Código Procesal Penal, donde establece que el sistema de valoración de la prueba es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no, y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica, en concreto, sobre la regla lógica de derivación. En el caso actual y presente, el Ministerio Público denuncia que el sentenciador infringió la regla de la lógica de derivación en su principio de razón suficiente, cuando valoro de manera subjetiva, al determinar que la droga decomisada es para su consumo personal de manera diferida, estableciendo así el dictamen toxicológico que la marihuana decomisada no es compatible con la dosis considerada como consumo personal inmediato. Así las cosas, la Sala de lo Penal verifica a folio 50 vuelto a folio 51 del expediente, en el apartado “Valoración de la prueba”, y al analizar los razonamientos que utilizó el Juez A-quo para valorar la prueba, se puede determinar que sus conjeturas son coherentes, fundadas y lógicas, pues las mismas se derivan del resultado probatorio, efectuando una apreciación no sólo individual de cada medio probatorio, sino que logró una valoración conjunta y armónica de toda la prueba, en cuyos raciocinios se ha visto la utilización de las Reglas de la Sana Crítica. A su vez llegando a la conclusión que ‘’ Que si bien es cierto en el acta de registro personal consta de que al acusado se le encontró en posesión de 191.7 gramos de marihuana no con consta con la prueba allegada al juicio indicio alguno que permita inferir razonablemente que dicha cantidad de droga era con destino a un tercero para su comercialización o consumo de otro que no fuera el, no indicando así antecedentes personales que pudieran ser indicativos de que se dedica a la venta o transferencia a cualquier título de algún tipo de drogas en su barrio o comunidad, por otra parte la cantidad decomisada no es excesiva en relación al consumo personal diferido si se toma en cuenta el hecho de que el toxicómano provisionarse de suficiente cantidad de droga para varios días, … Por lo que objetivamente el único indicador que se encuentra probado de conformidad a toda la prueba evacuada en el debate como ser, lo declarado por los testigos, el acta de registro personal, los dictámenes toxicológicos y la evidencia presentada el encausado llevaba consigo la marihuana y que a la vez es consumidor de dicha droga’’ ; por ello se ha dicho de los dictámenes periciales que como tales opiniones han de estar sometidos, al igual que el resto de los medios probatorios utilizados en el proceso, al principio de libre valoración de la prueba que demanda, prioritariamente, una conjunta valoración sin conceder “a priori” valor superior a un medio sobre otro. Si respecto a un tema concreto se hubieren llevado a cabo distintas pruebas, además de la pericial, con resultado diferente, claro es que entonces se reconoce al órgano judicial la facultad de llevar a cabo esa conjunta valoración de la prueba, que permite estimar que la verdad del hecho no es la que aparece expuesta por la prueba pericial sino la que ofrecen otros medios probatorios”. Siendo el dictamen toxicológico vinculante únicamente en cuanto a demostrar que la yerba es marihuana, pero no para concluir que la intención era el de facilitar los medios de transporte para el tráfico ilícito de droga. Asimismo a folio 44 del expediente se ha podido verificar que el encausado dio positivo a cocaína y cannabinoides en consecuencia, se estima que, es pertinente considerar al señor Marco Antonio Guevara Méndez, responsable a título de autor del delito de Posesión de Marihuana para consumo personal, en virtud de que concurren los elementos objetivos y subjetivos que dan lugar a la aplicación del artículo 26 de la Ley Sobre Uso indebido y tráfico ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, inciso a), en tanto se colige que se trata de un consumo por primera vez que debe ser sancionado con internamiento por un mes y multa de quinientos lempiras. Por lo anteriormente expuesto, el motivo decae y no es objeto de recibimiento. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma, en su único motivo. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto Legislativo No. 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo ‘’nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa’’; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser ‘’scripta, stricta, certa, praevia y válida’’, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de ‘’lex praevia’’, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el principio de identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: I. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. II. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. III. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto. El Tribunal de Sentencia, basado en la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico ilícito de Drogas (derogada) en el artículo 26, declaró responsable al acusado Marco Antonio Guevara Méndez, del delito de Posesión para el consumo de droga, en perjuicio de la Salud del Estado de Honduras, e impuso una pena de treinta (30) días de internamiento, más una multa de quinientos lempiras (L 500.00). Conforme al Código Penal decreto 130-2017, no penaliza el consumo de marihuana, delito por el cual fue condenado el señor Marco Antonio Guevara Méndez, por tanto, conforme lo regula el artículo 615 de la nueva legislación penal en su segundo párrafo: “Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el Órgano Jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará.” En consecuencia, es procedente sobreseer por el delito de Posesión para el consumo de droga al señor Marco Antonio Guevara Méndez. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 80, 90, 96, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 615 y 616 del Código Penal decreto 130-2017. Falla: 1) Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por el Abogado Cristiam Fernando Ortiz Mendoza, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público; 2) Conforme al nuevo Código Penal se Sobresee Definitivamente al acusado Marco Antonio Guevara Méndez, por suponerlo responsable a título de autor del delito de Posesión para el consumo de Droga, en perjuicio de la Salud del Estado de Honduras. Y MANDA: Con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. Redacto magistrado Miranda Sabio. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. Mario Rolando Díaz Flores. Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas.-. Receptora Adscrita Sala de lo Penal.”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de junio de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada a los nueve días del mes de abril de dos mil veinticuatro, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP 108-2020.
RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS
RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL