Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-07-21 — Registro 17605

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Asesinato, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y se Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia del único motivo. El motivo no es de recibo. El recurrente en su exposición del único motivo hace uso de la mala técnica recursiva, pues desconoce la naturaleza del Recurso Extraordinario de Casación y de la debida técnica que se requiere observar para su planteamiento. Como se ha establecido antes, “el principio de debida técnica”, se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso”. Este principio está recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo “y “Tratándose de casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos”. Fundamenta la recurrente este motivo de casación penal en la inobservancia de la sana critica en la valoración de la prueba (artículo 362 preámbulo y numeral 3 del Código Procesal Penal), sin establecer con claridad cuál de las reglas y en qué postulado ha sido violentada, pues se limita a hacer una referencia general a todas las reglas de la sana critica, sin puntualizar a cuál de ellas se refiere en su recurso. El recurrente no realiza un desarrollo adecuado, confrontando los medios de prueba contra la valoración intelectiva que hiciera el juzgador; realiza alegatos de instancia en consecuencia, como se reitera, la única instancia no puede sobreponer valoraciones probatorias que ha realizado el Tribunal de Sentencia, el cual cuenta con la inmediación, solo hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con las reglas de la sana critica. La confusión y desconocimiento evidentes en el planteamiento del recurrente, impiden a esta Sala, descubrir el sentido de su reclamo y el alcance del mismo, de tal suerte que como ya se ha explicado, esta Sala, sólo puede hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con las reglas de la sana critica, por ende al no haber sido señalados por el censor, de manera clara y precisa los vicios que provocan la infracción, imposibilitando a esta Sala de lo Penal, se verificará lo reprochado por el recurrente en el recurso planteado. Por estas consideraciones se desestima el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los señores Marbin Andino y José Leopoldo Andino Reyes, una pena principal de reclusión de veintiún (21) años de reclusión, por el delito de asesinato en perjuicio de Olvin Ismael Palma Medina. Conforme las disposiciones del Código Penal contenido en el decreto 130-2017, a la persona responsable del delito de asesinato (Art.193), debe imponérsele una pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta a los acusados Marbin Andino y José Leopoldo Andino Reyes, conforme el CP-144-83 al ser de 21 años de reclusión, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para la misma conducta delictiva de 20 a 25 años de prisión. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal..."

Legislación citada

  • Código Penal No. 130-17, art. 615 y 616 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-7-2021, que literalmente dice: “Sentencia En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, a los nueve días del mes de abril del año dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Nelson Danilo Mairena Franco en su calidad de coordinador, Mario Rolando Díaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio pronuncian, En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-7-2021 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha doce de febrero de dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de Yoro, departamento de Yoro, mediante la cual falló: Primero: Condenó a Marbin Andino, como autor responsable por el delito de Asesinato, en perjuicio de Olvin Ismael Palma Medina, a la pena de veintiún años de reclusión, quedando sujeto a trabajar en obras públicas y labores dentro del centro penitenciario, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la pena principal. Segundo: Condenó a José Leopoldo Andino Reyes, como autor responsable por el delito de Asesinato, en perjuicio de Olvin Ismael Palma Medina, a la pena de veintiún años de reclusión, quedando sujeto a trabajar en obras públicas y labores dentro del centro penitenciario, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la pena principal. Tercero: Declaró a los condenados responsables civilmente. Cuarto: No procedió condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Quinto: No procedió el comiso. Son partes en única instancia: Las Abogadas Dinabel Lopez Durón y Giovinezza Dubois Zavala, en su condición de defensoras públicas de Marbin Andino y José Leopoldo Andino Reyes, como parte recurrente. HECHOS PROBADOS “ UNICO: El día veintitrés de Julio del año dos mil dieciséis en horas de la noche, cuando el señor OLVIN ISMAEL PALMA MEDINA se conducía hacia su casa de habitación en compañía de dos personas, cuando al momento de cruzar una calle salieron al encuentro los señores MARBIN ANDINO y JOSE LEOPOLDO ANDINO quienes comenzaron a lanzar piedras sometiendo al señor PALMA MEDINA a quien trasladaron hasta el rio Machigua propiciándole lesiones producidas por cuerda y haciendo uso de una arma de fuego dispararon contra la humanidad del señor OLVIN ISMAEL PALMA MEDINA disparo que produjo TRAUMA CRÁNEO ENCEFALICO ABIERTO Y LACERACIÓN CEREBRAL ocasionándole la muerte.” RECURSO DE CASACIÓN, MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente abogada Gladys Yamileth Guevara Arita a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “MOTIVO ÚNICO: La sentencia carece de una valoración realizada conforme a las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN El fallo promulgado por-el Tribunal de Sentencia carece de una valoración de los hechos conforme a la sana crítica, específicamente las reglas de la lógica de la derivación en su característica de razón suficiente. Al hablar de las reglas de la derivación nos referimos a que cada valoración expresada en la sentencia debe provenir de otra con la cual se encuentra relacionada. No obstante, en el presente caso, los señores MARBIN ANDINO Y JOSE LEOPOLDO ANDINIO REYES han resultado gravemente perjudicados por una serie de valoraciones que no han sido considerada en el Debate y en la sentencia que se impugna, violentando las reglas de la sana critica al pretender incriminarlo en un delito que no han cometido. Asimismo, en cuanto a la lógica de la derivación en su principio de razón suficiente Leibniz manifestaba al respecto "ningún hecho puede ser verdadero o existente, y ninguna enunciación verdadera, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo". De tal forma que las premisas analizadas en el juicio únicamente llevan a un determinado fallo (conclusión), y no a otro. Sin embargo, el fallo recurrido contiene vicios en cuanto a este principio lógico, pues no hay razones suficientes que justifiquen el fallo condenatorio dictado contra mi representado. La carencia de estas razones suficientes deriva, de acuerdo a la lógica dialéctica, en premisas débiles que producen un razonamiento débil, lo cual sólo conlleva a dudas respecto de la conclusión a la que se arriba. Son precisamente, estas debilidades encontradas en las valoraciones que hace el Tribunal, el motivo por el cual se recurre la sentencia de mérito. EXPLICACIÓN DEL VICIO PRIMERO: En la valoración que el Tribunal realizó sobre la prueba evacuada en juicio establece lo siguiente: En la audiencia de juicio oral y público se escucharon las declaraciones de los testigos protegidos M250 y Z200, de la declaración rendida por el testigo protegido M250, quien resaltamos los siguiente: "...yo me vine para la casa por el mismo temor y el mismo temor no me hizo decirle nada a mi familia de todo lo que pasaba hasta el otro día y aprecio el finado ya muerto..., como podemos observar no es un testigo ocular de los hechos, por lo cual no aporta a los juzgadores elementos que sirvan de sustento para llegar a la verdad de los hechos. En cuanto a la declaración del testigo protegido Clave Z200, quien se supone es el testigo estrella del Ministerio Publico depone: ...nosotros veníamos de la feria de los 3 de la disco virtual ya íbamos para la casa, pero el amigo mío venia más sobrio a mi casi no me gusta la bebida si bebo, pero no me gusta tanto cuando nosotros venimos por el alcantarillado que se encuentra por la purificadora a nosotros nos empiezan a tirar piedras entonces nosotros nos empiezan a tirar piedras entonces nosotros nos percatamos nosotros volteamos a ver para atrás en eso a mí me pegaron una en la espalda y a él le pegaron una en la cabeza y cayo desmayado cuando nosotros lo queremos recoger vienen esas dos personas que yo los reconocí bien y mi otro compañero también venía con el arma en la mano hacia arriba nosotros salimos corriendo pero cuando mi otro amigo él se adelante entonces yo escucho al que viene con el arma que dice párense yo no me paro él se va y yo me quede cerca de un poste de luz porque no sabía que le podía pasar a mi amigo a OLVIN yo mire cuando los dos agarraron uno lo agarro de los pies y lo metieron porque había un carrito turismo blanco arriba de la purificadora ahí donde lo estaban subiendo y en eso no hallaba que hacer vine y yo seguir el carro porque iba despacio no podía ni agarrar mi celular porque no andaba saldo para llamar la policía cuando el carro se adelantó yo me fui por otro desvió por derechura como decimos nosotros yo mire parqueado el carro me metí al monte y yo escuchaba donde lo estaban apedreando y lo estaban apuñalando cuando yo escuche el tiro fue que salí corriendo que se me cayó mi celular y me fui para la casa no hallaba que hacer yo entre en un pánico que cualquiera el escuchar algo así, yo no le comente a mi abuela ya después el día siguiente que lo hallaron a el allá y a después de eso nosotros recibimos amenazas que si nosotros hablábamos que se iba a ver con la familia o si no con ustedes pues claro yo los conocí bien a ellos porque era enfrente de un poste de luz que paso eso, recibí bastantes amenazas entonces me tuve que ir incluso se fueron hasta los familiares de él mi amigo también se fue La simple lectura de la valoración que hace el tribunal de sentencia del departamento de Yoro de la declaración que rindiera el testigo protegido clave 7200 el mismo narra un hecho criminoso sin embargo el sentenciador no valora en su análisis ningún nombre de persona alguna, por lo cual no entendemos como el Tribunal de sentencia llega al Factum siguiente: UNICO: El día veintitrés de julio del año dos mil dieciséis en horas de la noche, cuando el señor OLVIN ISMAEL PALMA MEDINA se conducía hacia su casa de habitación en compañía de dos personas, cuando al momento de cruzar la calle salieron al encuentro los señores MARBIN ANDINO y JOSE LEOPOLDO ANDINO quienes comenzaron a lanzar piedras sometiendo al señor PALMA MEDINA a quien trasladaron hasta el rio machigua propiciándole lesiones producidas por cuerda y habiendo uso de una arma de fuego dispararon contra la humanidad del señor OLVIN ISMAEL PALMA MEDINA disparo que produjo TRAUMA CRANEO ENCEFALICO ABIERTO Y LACERACION CEREBRAL ocasionándole la muerte. El dictamen de autopsia 2016-1801-0401-0024 viene a contradecir el testimonio antes descrito ya que en las lesiones encontradas no se describe heridas producidas por puñal, por lo cual la declaración del testigo Z200 se aleja de la verdad. La inspección ocular y álbum fotográfico, solo viene a ilustrar de forma gráfica el lugar donde ocurrió el hecho, sin resaltar algún indicio importante para el juzgador. El Tribunal viola las reglas de la sana crítica en su principio de derivación por carecer razón suficiente ya que de la prueba evacuada no señala a mis representados como autores de los hechos, se violenta la sana critica al tener como hecho probado un factum que no se deriva de ninguna de las pruebas que anteriormente he relacionado y que fueron evacuadas en juicio oral y público. Considera esta Defensa que, en la sentencia sometida a revisión, no existen razones suficientes que hagan derivar al Tribunal de Sentencia de Yoro quienes han sido las personas responsables del deceso de OLVIN ISAMEL PALMA MEDINA, Por lo anterior, el fallo a que ha arribado el Tribunal de Sentencia debe ser enmendado por la honorable Sala Penal en aras de lograr una correcta administración de justicia para los señores MARBIN ANDINO y JOSE LEOPOLDO ANDINO REYES” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la Defensa Pública. Único Motivo. • Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; • Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 202 del Código Procesal Penal; • Concepto de la infracción: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica; • Reclamación Ex Ante: El vicio se produce en el acto mismo de la sentencia; • Pretensión: Que se case la sentencia. La recurrente señala que el sentenciador ha violentado las reglas de la Sana Critica en el principio lógico de derivación por falta de razón suficiente, ya que la prueba evacuada en juicio como ser la declaración de los testigos protegidos M250 y Z200 no son testigos oculares de los hechos, por lo que no aportaron a los juzgadores elementos que sirvan de sustento parar llegar a la verdad de los hechos. Transcribe los medios de prueba y realiza valoraciones de instancia. El recurrente no realiza un desarrollo adecuado, confrontando los medios de prueba contra la valoración intelectiva que hiciera el juzgador. DEL Principio de Debida Técnica en el Recurso de Casación Penal. Este Tribunal de Casación viene sosteniendo reiteradamente que “el Principio de Debida Técnica” se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso” (Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144). Este principio aparece recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “En lo que respecta a la Casación en el Fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende…” No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso, Por ello esta sala de lo penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. (En ese mismo sentido sentencia 24 de agosto de 2010 SP 273-08; Sentencia 28 de octubre de 2010 SP 199-09; Sentencia 18 de enero 2011 SP 351-09). Aun intentando la sala abordar el estudio desde la explicación del censor, no puede colegirse la infracción pretendida, de manera que la falta de claridad y precisión no permite a la Sala de lo Penal arribar al estudio deseado que hubiese permitido un recurso interpuesto observando los requisitos de ley. De la procedencia del único motivo. El motivo no es de recibo. El recurrente en su exposición del único motivo hace uso de la mala técnica recursiva, pues desconoce la naturaleza del Recurso Extraordinario de Casación y de la debida técnica que se requiere observar para su planteamiento. Como se ha establecido antes, “el principio de debida técnica”, se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso”. Este principio está recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo “y “Tratándose de casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos”. Fundamenta la recurrente este motivo de casación penal en la inobservancia de la sana critica en la valoración de la prueba (artículo 362 preámbulo y numeral 3 del Código Procesal Penal), sin establecer con claridad cuál de las reglas y en qué postulado ha sido violentada, pues se limita a hacer una referencia general a todas las reglas de la sana critica, sin puntualizar a cuál de ellas se refiere en su recurso. El recurrente no realiza un desarrollo adecuado, confrontando los medios de prueba contra la valoración intelectiva que hiciera el juzgador; realiza alegatos de instancia en consecuencia, como se reitera, la única instancia no puede sobreponer valoraciones probatorias que ha realizado el Tribunal de Sentencia, el cual cuenta con la inmediación, solo hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con las reglas de la sana critica. La confusión y desconocimiento evidentes en el planteamiento del recurrente, impiden a esta Sala, descubrir el sentido de su reclamo y el alcance del mismo, de tal suerte que como ya se ha explicado, esta Sala, sólo puede hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con las reglas de la sana critica, por ende al no haber sido señalados por el censor, de manera clara y precisa los vicios que provocan la infracción, imposibilitando a esta Sala de lo Penal, se verificará lo reprochado por el recurrente en el recurso planteado. Por estas consideraciones se desestima el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los señores Marbin Andino y José Leopoldo Andino Reyes, una pena principal de reclusión de veintiún (21) años de reclusión, por el delito de asesinato en perjuicio de Olvin Ismael Palma Medina. Conforme las disposiciones del Código Penal contenido en el decreto 130-2017, a la persona responsable del delito de asesinato (Art.193), debe imponérsele una pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta a los acusados Marbin Andino y José Leopoldo Andino Reyes, conforme el CP-144-83 al ser de 21 años de reclusión, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para la misma conducta delictiva de 20 a 25 años de prisión. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. DECISIÓN: No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el motivo único de casación por Quebrantamiento de Forma invocado por la Abogada Gladis Yamileth Guevara Arita, en su condición de Defensora Pública de los señores Marbin Andino y José Leopoldo Andino Reyes, a quienes se le condenó por un delito de Asesinato en perjuicio de OLVIN ISMAEL PALMA MEDINA. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conducta reprochada a los ahora condenados Marbin Andino y José Leopoldo Andino Reyes. Tercero: Declara Firme y ejecutable la sentencia de fecha doce de febrero de dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de Yoro, Departamento de Yoro. Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Mairena Franco. - Notifíquese. . - Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. Mario Rolando Díaz Flores. Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora sala penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a catorce días del mes de junio de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada el nueve de abril del año dos mil veinticuatro, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-7-2021. RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL“ CERTIFICACIÓN La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-7-2021, que literalmente dice: “Sentencia En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, a los nueve días del mes de abril del año dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Nelson Danilo Mairena Franco en su calidad de coordinador, Mario Rolando Díaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio pronuncian, En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-7-2021 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha doce de febrero de dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de Yoro, departamento de Yoro, mediante la cual falló: Primero: Condenó a Marbin Andino, como autor responsable por el delito de Asesinato, en perjuicio de Olvin Ismael Palma Medina, a la pena de veintiún años de reclusión, quedando sujeto a trabajar en obras públicas y labores dentro del centro penitenciario, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la pena principal. Segundo: Condenó a José Leopoldo Andino Reyes, como autor responsable por el delito de Asesinato, en perjuicio de Olvin Ismael Palma Medina, a la pena de veintiún años de reclusión, quedando sujeto a trabajar en obras públicas y labores dentro del centro penitenciario, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la pena principal. Tercero: Declaró a los condenados responsables civilmente. Cuarto: No procedió condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Quinto: No procedió el comiso. Son partes en única instancia: Las Abogadas Dinabel Lopez Durón y Giovinezza Dubois Zavala, en su condición de defensoras públicas de Marbin Andino y José Leopoldo Andino Reyes, como parte recurrente. HECHOS PROBADOS “ UNICO: El día veintitrés de Julio del año dos mil dieciséis en horas de la noche, cuando el señor OLVIN ISMAEL PALMA MEDINA se conducía hacia su casa de habitación en compañía de dos personas, cuando al momento de cruzar una calle salieron al encuentro los señores MARBIN ANDINO y JOSE LEOPOLDO ANDINO quienes comenzaron a lanzar piedras sometiendo al señor PALMA MEDINA a quien trasladaron hasta el rio Machigua propiciándole lesiones producidas por cuerda y haciendo uso de una arma de fuego dispararon contra la humanidad del señor OLVIN ISMAEL PALMA MEDINA disparo que produjo TRAUMA CRÁNEO ENCEFALICO ABIERTO Y LACERACIÓN CEREBRAL ocasionándole la muerte.” RECURSO DE CASACIÓN, MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente abogada Gladys Yamileth Guevara Arita a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “MOTIVO ÚNICO: La sentencia carece de una valoración realizada conforme a las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN El fallo promulgado por-el Tribunal de Sentencia carece de una valoración de los hechos conforme a la sana crítica, específicamente las reglas de la lógica de la derivación en su característica de razón suficiente. Al hablar de las reglas de la derivación nos referimos a que cada valoración expresada en la sentencia debe provenir de otra con la cual se encuentra relacionada. No obstante, en el presente caso, los señores MARBIN ANDINO Y JOSE LEOPOLDO ANDINIO REYES han resultado gravemente perjudicados por una serie de valoraciones que no han sido considerada en el Debate y en la sentencia que se impugna, violentando las reglas de la sana critica al pretender incriminarlo en un delito que no han cometido. Asimismo, en cuanto a la lógica de la derivación en su principio de razón suficiente Leibniz manifestaba al respecto "ningún hecho puede ser verdadero o existente, y ninguna enunciación verdadera, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo". De tal forma que las premisas analizadas en el juicio únicamente llevan a un determinado fallo (conclusión), y no a otro. Sin embargo, el fallo recurrido contiene vicios en cuanto a este principio lógico, pues no hay razones suficientes que justifiquen el fallo condenatorio dictado contra mi representado. La carencia de estas razones suficientes deriva, de acuerdo a la lógica dialéctica, en premisas débiles que producen un razonamiento débil, lo cual sólo conlleva a dudas respecto de la conclusión a la que se arriba. Son precisamente, estas debilidades encontradas en las valoraciones que hace el Tribunal, el motivo por el cual se recurre la sentencia de mérito. EXPLICACIÓN DEL VICIO PRIMERO: En la valoración que el Tribunal realizó sobre la prueba evacuada en juicio establece lo siguiente: En la audiencia de juicio oral y público se escucharon las declaraciones de los testigos protegidos M250 y Z200, de la declaración rendida por el testigo protegido M250, quien resaltamos los siguiente: "...yo me vine para la casa por el mismo temor y el mismo temor no me hizo decirle nada a mi familia de todo lo que pasaba hasta el otro día y aprecio el finado ya muerto..., como podemos observar no es un testigo ocular de los hechos, por lo cual no aporta a los juzgadores elementos que sirvan de sustento para llegar a la verdad de los hechos. En cuanto a la declaración del testigo protegido Clave Z200, quien se supone es el testigo estrella del Ministerio Publico depone: ...nosotros veníamos de la feria de los 3 de la disco virtual ya íbamos para la casa, pero el amigo mío venia más sobrio a mi casi no me gusta la bebida si bebo, pero no me gusta tanto cuando nosotros venimos por el alcantarillado que se encuentra por la purificadora a nosotros nos empiezan a tirar piedras entonces nosotros nos empiezan a tirar piedras entonces nosotros nos percatamos nosotros volteamos a ver para atrás en eso a mí me pegaron una en la espalda y a él le pegaron una en la cabeza y cayo desmayado cuando nosotros lo queremos recoger vienen esas dos personas que yo los reconocí bien y mi otro compañero también venía con el arma en la mano hacia arriba nosotros salimos corriendo pero cuando mi otro amigo él se adelante entonces yo escucho al que viene con el arma que dice párense yo no me paro él se va y yo me quede cerca de un poste de luz porque no sabía que le podía pasar a mi amigo a OLVIN yo mire cuando los dos agarraron uno lo agarro de los pies y lo metieron porque había un carrito turismo blanco arriba de la purificadora ahí donde lo estaban subiendo y en eso no hallaba que hacer vine y yo seguir el carro porque iba despacio no podía ni agarrar mi celular porque no andaba saldo para llamar la policía cuando el carro se adelantó yo me fui por otro desvió por derechura como decimos nosotros yo mire parqueado el carro me metí al monte y yo escuchaba donde lo estaban apedreando y lo estaban apuñalando cuando yo escuche el tiro fue que salí corriendo que se me cayó mi celular y me fui para la casa no hallaba que hacer yo entre en un pánico que cualquiera el escuchar algo así, yo no le comente a mi abuela ya después el día siguiente que lo hallaron a el allá y a después de eso nosotros recibimos amenazas que si nosotros hablábamos que se iba a ver con la familia o si no con ustedes pues claro yo los conocí bien a ellos porque era enfrente de un poste de luz que paso eso, recibí bastantes amenazas entonces me tuve que ir incluso se fueron hasta los familiares de él mi amigo también se fue La simple lectura de la valoración que hace el tribunal de sentencia del departamento de Yoro de la declaración que rindiera el testigo protegido clave 7200 el mismo narra un hecho criminoso sin embargo el sentenciador no valora en su análisis ningún nombre de persona alguna, por lo cual no entendemos como el Tribunal de sentencia llega al Factum siguiente: UNICO: El día veintitrés de julio del año dos mil dieciséis en horas de la noche, cuando el señor OLVIN ISMAEL PALMA MEDINA se conducía hacia su casa de habitación en compañía de dos personas, cuando al momento de cruzar la calle salieron al encuentro los señores MARBIN ANDINO y JOSE LEOPOLDO ANDINO quienes comenzaron a lanzar piedras sometiendo al señor PALMA MEDINA a quien trasladaron hasta el rio machigua propiciándole lesiones producidas por cuerda y habiendo uso de una arma de fuego dispararon contra la humanidad del señor OLVIN ISMAEL PALMA MEDINA disparo que produjo TRAUMA CRANEO ENCEFALICO ABIERTO Y LACERACION CEREBRAL ocasionándole la muerte. El dictamen de autopsia 2016-1801-0401-0024 viene a contradecir el testimonio antes descrito ya que en las lesiones encontradas no se describe heridas producidas por puñal, por lo cual la declaración del testigo Z200 se aleja de la verdad. La inspección ocular y álbum fotográfico, solo viene a ilustrar de forma gráfica el lugar donde ocurrió el hecho, sin resaltar algún indicio importante para el juzgador. El Tribunal viola las reglas de la sana crítica en su principio de derivación por carecer razón suficiente ya que de la prueba evacuada no señala a mis representados como autores de los hechos, se violenta la sana critica al tener como hecho probado un factum que no se deriva de ninguna de las pruebas que anteriormente he relacionado y que fueron evacuadas en juicio oral y público. Considera esta Defensa que, en la sentencia sometida a revisión, no existen razones suficientes que hagan derivar al Tribunal de Sentencia de Yoro quienes han sido las personas responsables del deceso de OLVIN ISAMEL PALMA MEDINA, Por lo anterior, el fallo a que ha arribado el Tribunal de Sentencia debe ser enmendado por la honorable Sala Penal en aras de lograr una correcta administración de justicia para los señores MARBIN ANDINO y JOSE LEOPOLDO ANDINO REYES” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la Defensa Pública. Único Motivo. • Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; • Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 202 del Código Procesal Penal; • Concepto de la infracción: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica; • Reclamación Ex Ante: El vicio se produce en el acto mismo de la sentencia; • Pretensión: Que se case la sentencia. La recurrente señala que el sentenciador ha violentado las reglas de la Sana Critica en el principio lógico de derivación por falta de razón suficiente, ya que la prueba evacuada en juicio como ser la declaración de los testigos protegidos M250 y Z200 no son testigos oculares de los hechos, por lo que no aportaron a los juzgadores elementos que sirvan de sustento parar llegar a la verdad de los hechos. Transcribe los medios de prueba y realiza valoraciones de instancia. El recurrente no realiza un desarrollo adecuado, confrontando los medios de prueba contra la valoración intelectiva que hiciera el juzgador. DEL Principio de Debida Técnica en el Recurso de Casación Penal. Este Tribunal de Casación viene sosteniendo reiteradamente que “el Principio de Debida Técnica” se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso” (Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144). Este principio aparece recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “En lo que respecta a la Casación en el Fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende…” No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso, Por ello esta sala de lo penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. (En ese mismo sentido sentencia 24 de agosto de 2010 SP 273-08; Sentencia 28 de octubre de 2010 SP 199-09; Sentencia 18 de enero 2011 SP 351-09). Aun intentando la sala abordar el estudio desde la explicación del censor, no puede colegirse la infracción pretendida, de manera que la falta de claridad y precisión no permite a la Sala de lo Penal arribar al estudio deseado que hubiese permitido un recurso interpuesto observando los requisitos de ley. De la procedencia del único motivo. El motivo no es de recibo. El recurrente en su exposición del único motivo hace uso de la mala técnica recursiva, pues desconoce la naturaleza del Recurso Extraordinario de Casación y de la debida técnica que se requiere observar para su planteamiento. Como se ha establecido antes, “el principio de debida técnica”, se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso”. Este principio está recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo “y “Tratándose de casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos”. Fundamenta la recurrente este motivo de casación penal en la inobservancia de la sana critica en la valoración de la prueba (artículo 362 preámbulo y numeral 3 del Código Procesal Penal), sin establecer con claridad cuál de las reglas y en qué postulado ha sido violentada, pues se limita a hacer una referencia general a todas las reglas de la sana critica, sin puntualizar a cuál de ellas se refiere en su recurso. El recurrente no realiza un desarrollo adecuado, confrontando los medios de prueba contra la valoración intelectiva que hiciera el juzgador; realiza alegatos de instancia en consecuencia, como se reitera, la única instancia no puede sobreponer valoraciones probatorias que ha realizado el Tribunal de Sentencia, el cual cuenta con la inmediación, solo hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con las reglas de la sana critica. La confusión y desconocimiento evidentes en el planteamiento del recurrente, impiden a esta Sala, descubrir el sentido de su reclamo y el alcance del mismo, de tal suerte que como ya se ha explicado, esta Sala, sólo puede hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con las reglas de la sana critica, por ende al no haber sido señalados por el censor, de manera clara y precisa los vicios que provocan la infracción, imposibilitando a esta Sala de lo Penal, se verificará lo reprochado por el recurrente en el recurso planteado. Por estas consideraciones se desestima el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los señores Marbin Andino y José Leopoldo Andino Reyes, una pena principal de reclusión de veintiún (21) años de reclusión, por el delito de asesinato en perjuicio de Olvin Ismael Palma Medina. Conforme las disposiciones del Código Penal contenido en el decreto 130-2017, a la persona responsable del delito de asesinato (Art.193), debe imponérsele una pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta a los acusados Marbin Andino y José Leopoldo Andino Reyes, conforme el CP-144-83 al ser de 21 años de reclusión, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para la misma conducta delictiva de 20 a 25 años de prisión. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. DECISIÓN: No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el motivo único de casación por Quebrantamiento de Forma invocado por la Abogada Gladis Yamileth Guevara Arita, en su condición de Defensora Pública de los señores Marbin Andino y José Leopoldo Andino Reyes, a quienes se le condenó por un delito de Asesinato en perjuicio de OLVIN ISMAEL PALMA MEDINA. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conducta reprochada a los ahora condenados Marbin Andino y José Leopoldo Andino Reyes. Tercero: Declara Firme y ejecutable la sentencia de fecha doce de febrero de dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de Yoro, Departamento de Yoro. Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Mairena Franco. - Notifíquese. . - Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. Mario Rolando Díaz Flores. Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora sala penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a catorce días del mes de junio de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada el nueve de abril del año dos mil veinticuatro, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-7-2021.

RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS

RECEPTORA SALA PENAL