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Sentencia CP-04-21 — Registro 18257

Resumen

En primera instancia se condenó a los imputados por los delitos de Asesinato y Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Personal, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y se Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia del Recurso de Casación Por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. El recurso no es de recibo. El censor, en su exposición del único motivo hace uso de la mala técnica recursiva, pues desconoce la naturaleza del Recurso Extraordinario de Casación y de la debida técnica que se requiere observar para su planteamiento. Como se ha establecido antes, el principio de debida técnica, se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso”. Este principio está recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “Tratándose de casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos”. La recurrente en su exposición interpone dos motivos (artículo 362 preámbulo y numeral 1 y 3 del Código Procesal Penal), en uno solo, estableciendo que la declaración de los hechos no es clara y terminante o contradictoria y por otro lado establece que en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica, haciendo sus propias valoraciones y alegatos de instancia, además desarrolla los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de asesinato, lo cual es impropio pues este debió ser realizado por otro tipo de recurso diferente. La confusión y desconocimiento evidentes en el planteamiento del recurrente, impiden a esta Sala, descubrir el sentido de su reclamo y el alcance del mismo, de tal suerte que como ya se ha explicado, esta Sala, sólo puede hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con las reglas de la sana critica, por ende al no haber sido señalados por el censor, de manera clara y precisa los vicios que provocan la infracción, imposibilita a esta Sala de lo Penal dar respuesta al recurso planteado, por lo expuesto se declara improcedente el motivo de casación invocado por la recurrente..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-04-2021, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintitrés de enero de dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Walter Raúl Miranda Sabio, en su calidad de Coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Díaz Flores, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-4-2021 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha trece de octubre de dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, mediante la cual falló: Primero: Condenó a Carlos Adalberto Enamorado Cruz y Allan Fernando Franco Hernández, como autores del delito de Asesinato en perjuicio de Brian Daniel Erazo Ortiz, a una pena de veinte años de reclusión. Segundo: Condenó a Carlos Adalberto Enamorado Cruz y Allan Fernando Franco Hernández, como autores del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Personal en perjuicio de La Seguridad Interior del estado de Honduras, a una pena de tres años de reclusión. Tercero: Ordenó que las penas de reclusión impuestas a Carlos Adalberto Enamorado Cruz y Allan Fernando Franco Hernández, suman veintitrés años las cuales cumplieran una en pos de la otra comenzando con la pena de mayor gravedad quedando sujetos a trabajar en obras públicas y labores dentro del establecimiento penitenciario. Cuarto: Condenó a Carlos Adalberto Enamorado Cruz y Allan Fernando Franco Hernández, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta, especial e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal. Quinto: Declaró la responsabilidad civil de Carlos Adalberto Enamorado Cruz y Allan Fernando Franco Hernández. Sexto: No procedió, la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Séptimo: No procedió el comiso. Son partes en única instancia: La Abogada Miryan Ivone Palomo Núñez, en su condición de defensora privada de Carlos Adalberto Enamorado Cruz, como parte recurrente, y la Abogada Marla Iris Cárdenas Guardado en su condición de fiscal del Ministerio Publico, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “Primero.- El día sábado siete del mes de julio del año dos mil dieciocho, en horas de la mañana, en la colonia La Aurora, del municipio de Las Vegas, departamento de Santa Bárbara, Carlos Adalberto Enamorado Cruz, Allan Fernando Franco Hernández se bajaron de una mototaxi, con Brian Daniel Erazo Ortiz a quien condujeron bajo intimidación con armas de fuego al sector de la montañita y en el lugar denominado Quebrada Puente Rojo, donde lo ataron de sus manos, quienes haciendo uso de sus armas de fuego le asestaron varios disparos en distintas partes del cuerpo, que le provocaron trauma encefálico craneano abierto y heridas penetrantes en el tórax que le causó la muerte. Segundo. -El día sábado siete del mes de julio del año dos mil dieciocho, a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde, agentes de la Policía Nacional, realizaban un operativo en el barrio la Aurora, del municipio de Las Vegas, departamento de Santa Bárbara. Lugar en el que requirieron a Carlos Adalberto Enamorado Cruz y Allan Fernando Franco Hernández, y luego de registro personal le encuentran a Carlos Adalberto Enamorado Cruz un arma de fuego, tipo pistola, marca Girzan, modelo Yavuz 16 Compact Mc, calibre 9mm, serie T636807- B10778 y a Allan Fernando Franco Hernández un arma de fuego, tipo pistola, marca Taurus, modelo PT 24/7, calibre 9mm, serie TXJ31236, armas que tenían buen estado de funcionamiento mecánico operativo, y no contaban con el permiso de portación correspondiente, decomisándoles las armas y se procedió a su detención para ser posteriormente puestos a la orden de la autoridad competente.” RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente Abogada Miryan Ivone Palomo Núñez, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “Eexposición del motivo de casación recurso de casación por quebrantamiento de forma. Motivo único: la declaración del hecho probado no sea clara y terminante, o que sea contradictoria. Precepto autorizante: art. 362.1.3 Código Procesal Penal. Explicación del motivo de casación. Desarrollo el presente recurso de casación por quebrantamiento de forma, presentado en su motivo único: por considerar que la declaración del hecho probado no es clara y terminante o que ha sido contradictoria, precepto autorizante: Art. 362.1.3 código procesal penal. el hecho probado en su epígrafe primero: contiene el siguiente tramo: "primero: el día sábado siete del mes de julio del año 2018, en horas de la mañana, en la colonia La Aurora, del Municipio de Las Vegas, Departamento de Santa Bárbara, Carlos Adalberto Enamorado Cruz y Allan Fernando Franco Hernández se bajaron de una mototaxi, con Brian Daniel Erazo Ortiz, a quien condujeron bajo intimidación con armas de fuego al sector de la montañita y en el lugar denominado quebrada puente rojo, donde lo ataron de sus manos, quienes haciendo uso de sus armas de fuego le asestaron varios disparos en distintas partes del cuerpo, que le provocaron trauma encefálico craneano abierto y heridas penetrantes en el tórax que le causó la muerte"... lo anterior descrito en la sentencia que hoy se recurre, es contrario a lo realmente probado en juicio y que fuera manifestado por el único testigo de cargo bravo 18, que supuestamente es presencial de unos hechos sucedidos en fecha siete del mes de julio del año 2018, cuando refiere haber observado que los acusados en horas de la mañana, se bajaban de una mototaxi en compañía de otras dos personas, observando que una de ellas identificado como Daniel Erazo, era llevado bajo amenaza de arma de fuego por los encausados y otro sospechoso no individualizado, refiere observar que se dirigen caminando con rumbo a la quebrada puente rojo y que los sigo varios metros, refiriendo además que escucho unos disparos, pero que decide regresarse a su casa y hasta el siguiente día que encuentran el cadáver, es que se da cuenta que el joven Daniel Erazo está muerto. En este testimonio se pueden apreciar discrepancias sustanciales en su versión, pues no establece detalle explícitos sobre la hora de los hechos observados por su persona, que permitan acreditar y corroborar sus dichos, contradicciones que menoscaban su credibilidad en la descripción de los hechos que manifiesta haber escuchado y observado; a tal efecto durante la evacuación de los medios de prueba de cargo de los que se haría valer el Ministerio Público para sustentar su acusación contra mi representado, tenemos como medio de prueba de cargo la declaración introducida por lectura ante la ausencia del testigo consistente en el testimonio que rindiera el testigo protegido z18 y nos encontramos, que brinda una declaración no solo coherente con la del testigo protegido bravo 18, sino que es la misma, y ambas incurren en la omisión de detalles específicos de los hechos denunciados, como ser la hora exacta, vestimenta, porque no denunciaron lo observado, etc... Tal y cual se infiere, que ninguno estuvo ni observó los hechos que fundamentan la acusación. es de establecer que el A quo incurre en un yerro al manifestar en su sentencia, que la prueba pericial concatena con la prueba indiciaria, pero no describe cual es esta prueba que se concatena entre sí; y es que si observamos el acta de levantamiento número 2018160107010100, que fuera realizado por la doctora Matilde María Córdova, refiere, haber realizado dicho levantamiento en fecha ocho (8) de julio del 2018, siendo las once y cincuenta horas (del día o de la noche) estableciendo un tanato de muerte o posible hora de muerte de 15 a 20 horas, esto es: entre las tres y cincuenta (3:50) de la tarde y las ocho cincuenta(8:50) de la noche del día anterior 7 de julio del 2018 (consta descrito en el apartado valoración de la prueba, epígrafe segundo de la sentencia, que hoy se recurre.- entonces es imprescindible señalar, como es que se concatena este medio de prueba pericial con lo expresado en sus testimonios por los testigos protegidos bravo 18 y z 18, que refirieron haber visto como se bajaban en horas de la mañana del día 7 de julio los acusados con el occiso de un mototaxi, y que uno de los testigos refiere que escucho disparos minutos después,... no es posible que el referido testigo haya podido escuchar disparos, o que estos hayan sido en la humanidad del joven occiso Daniel Erazo, porque este según la prueba pericial, murió entre las 3:50 de la tarde y las 8:50 de la noche. aunado a lo anterior, como es posible que si esta persona, Brian Daniel Erazo, murió entre las 3:50 horas de la tarde y las 8:50 horas de la noche del día 7 de julio del año 2018 (así lo dice el tanato de muerte según el acta de levantamiento), como es posible que mi representado, Carlos Adalberto Enamorado Cruz, haya tenido participación alguna en ese hecho, cuando él fue detenido ese mismo día y a las 4:35 horas de la tarde, (consta descrito en el apartado valoración de la prueba, epígrafe cuarto de la sentencia, que hoy se recurre, consignado en el acta de registro personal realizada al ser detenido mi representado) ya le habían leído sus derechos, como todos tenemos conocimiento, los derechos se los leen a los detenidos cuando ya han sido llevados detenidos. como es posible que una persona pueda estar en dos lugares al mismo tiempo; partiendo de lo anterior observamos que la prueba pericial, no concatena como ha expresado el juzgador con el resto de la prueba indiciaria, esto es, por que a la hora que perdió la vida el joven Daniel Erazo, los encausados, incluyendo a mi representado ya se encontraban detenidos por un delito de portación ilegal de arma de fuego comercial. no existe en el resto del pirreo elenco probatorio traído a este juicio, un reconocimiento realizado por persona alguna que señale a mi representado como autor o participe de este hecho. si analizamos el dictamen de autopsia asp-1136-18, realizada por el doctor Johnny J. Alvarado, en fecha 8 del mes de julio del año 2018, (consta descrito en el apartado valoración de la prueba, epígrafe segundo de la sentencia, que hoy se recurre) podemos observar que el medico autópsiate, consigna la misma fecha pero a las 23:50 horas, la realización de su autopsia, esto es a las 11:50 horas de la noche, lo que dejaría más aun en duda la hora de la muerte del hoy occiso. posteriormente, los agentes de investigación, se trasladan al lugar donde supuestamente perdiera la vida Daniel Erazo, y al hacer una inspección (según acta de inspección ocular y levantamiento de indicios y álbum fotográfico realizado por el agente Didier Henríquez, los casquillos levantados como indicios y que fueran objeto de comparación con las armas decomisadas a los encausados, fueron levantados o encontrados aproximadamente a 60 metros del lugar donde fuera encontrado el occiso; y no existe una ojiva que haya sido encontrada en su cuerpo y comparada con estas armas cuya procedencia pudiera determinarse; esto es que la prueba indiciaria, consistente en las armas encontradas a los encausados, si bien es cierto concatenan con los casquillos encontrados, estos fueron encontrados en otro lugar, retirados de la escena del crimen, y no existe una vinculación directa con el cadáver de la víctima; esta defensa considera, que al no haberse realizado o evacuado en juicio una prueba, que relacione directamente las armas decomisadas a los encausados con el cuerpo de la víctima (alguna ojiva extraída de este) y al no concordar la hora de la muerte con el hecho de que los encausados ya estaban detenidos a la hora en que perdiera la vida el joven Erazo, aunado al hecho de que no existe un testigo presencial de los hechos sucedidos, que nos estableciera efectivamente que persona llego a dispararle al hoy occiso, y si sumado a esto no se establece en forma alguna la veracidad de sus dichos en cuanto a la hora, el lugar en que sucedieran, y si la prueba tanto pericial como documental del mismo ente fiscal, nos determina otra cosa o momento de muerte, no se puede llegar a la certeza de convicción exigido para establecer la participación de mi representado en el hecho que se le imputa, tanto por prueba insuficiente, como por la duda que nos genera el testimonio de los testigos bravo 18 y z18, en base a los extremos antes expuestos y que fueran los sucedidos durante la evacuación de los medios de prueba ofertados y evacuados por el ente acusador en contra de los hechos incoados a mi representado, es de establecer que el hecho probado establecido por el juzgador como numero primero, y que concierne a Carlos Adalberto Enamorado, no es claro ni preciso y lejos de establecer en forma concreta, clara y determinante la declaración de este hecho formulado como probado, denota la inexistencia de base fáctica y probatoria requerida para llegar a tal extremo.- el Artículo 82 de la Constitución de la República de Honduras, que taxativamente describe: ""el derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes""- el Artículo 89 establece: toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente"". Lo anterior está relacionado con lo dispuesto en el artículo 8 numeral 2, inciso f de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dispone: ""el derecho a la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos "". el derecho a un proceso justo con todas las garantías legales, exige, como regla general, que los medios de prueba se practiquen en el seno del juicio oral, para efectos de contradicción e inmediación de las partes en un sistema acusatorio donde rige el principio de inmediación, la exigencia es especialmente imperiosa, en materia de la práctica de la prueba, lo que implica la relación entre jueces y partes directamente con los medios de prueba, máxime, en materia testifical, pues en ese acto donde el juzgador obtiene o se forma el grado de credibilidad y firmeza de los dichos del declarante o testigo.- en el presente caso se incorpora el único medio de prueba que sirvió en la etapa inicial del presente caso como indicio probatorio en contra de mi representado, esta es la declaración que brindaran los testigos protegidos bravo 18 y z18, considerando esta defensa que no merecen darle el valor probatorio que solicito el ente fiscal, pues fueron testimonios incorroborado.- siempre en base a los extremos expuestos en los epígrafes anteriores concernientes a los medios de prueba incorporados a juicio para acreditar la participación de Carlos Adalberto Enamorado, en los hechos incoados en su contra concernientes a acreditar su supuesta participación en la muerte de una, no es suficiente conforme a los principios de la sana crítica y la experiencia, la valoración de un solo medio de prueba testifical, incorporado por lectura, incorroborado en sus extremos, debe estar apoyado en probanza para llegar a una sentencia condenatoria, pues este testimonio debió ser corroborado con otros medios de prueba o indicios mínimos probatorios que permitieran establecer lo denunciado, lo que no existió en el presente caso pues en su defecto, la prueba documental y pericial contradicen lo expuesto por la prueba testifical, y tales aspectos no fueron observados por el juzgador incurriendo en un yerro que contradice los fundamentos facticos bajo los cuales emiten la sentencia que hoy se recurre,- de acuerdo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, (TEDH) para poder erigir como absoluta en prueba de cargo la declaración de un testigo debe reunir como requisito entre otros "que la declaración del testigo concurra acompañado de otros elementos probatorios, de manera que no podrá, por si sola o con un peso probatorio decisivo, enervar la presunción de inocencia"".- en el caso que nos ocupa y específicamente en cuanto a la supuesta participación de mi representado, al no existir a su vez prueba de cargo que señale a mi representado como participe en la muerte de una persona, surge entonces una duda razonable respecto a la responsabilidad que dicho acusado pueda tener realmente en los hechos." en lo anterior expuesto, es de observar, en tanto es de conocimiento el criterio de la honorable corte suprema, como así lo fundamenta el asesor legal de vuestra sala penal de la corte suprema de justicia, guzmán valladares. así mismo lo ha dictaminado el mismo Coordinador General de Fiscales de Honduras, Rolando Argueta, quien siguiendo la línea trazada por el jurista Muñoz conde, ha dictaminado: "en este sentido este despacho estima que si bien las diligencias de investigación orientan a concluir que el investigado posiblemente participó en la comisión del ilícito, su participación no fue acreditada o vital en el núcleo del delito, al menos así se desprende del material probatorio, pues éste fue insuficiente” entonces la cuestión a la cual reducimos nuestra impugnación es confrontar dicha actividad probatoria que fue no solo insuficiente con la sentencia que hoy se recurre, sino a la vez, no fue valorada conforme a las máximas de la experiencia, la lógica y la sana critica devenidas en el juzgador y contrario a lo esperado, el juzgador erradamente le concedió como probado dicho extremo, en una clara violación de la sana crítica en la apreciación contradictoria del material probatorio o por omisión de resolver sobre tal aspecto. en cuanto a la calificación jurídica a la que arriba el sentenciador, considera esta defensa que también fueron excluidas la lógica, la sana crítica y la experiencia en las apreciaciones del juzgador, pues es de todos conocido, que cuando una parte pretende que se tengan probados sus conceptos fácticos, (la existencia de alevosía, la premeditación, el plan preconcebido, de dolo, imprudencia, etc...), para con ellos basar su pretensión, debe primeramente haber manifestado ello en su acusación (o contestación) y haber acreditado en el debate suficientes elemento para sostener la concurrencia de esas circunstancias. Si aun así el juzgador erradamente no le concedió argumentos para establecer como probados dichos extremos, se establece, claramente un yerro en su sentencia, sea por violación de la sana crítica en la apreciación del material probatorio o por omisión de resolver sobre tal aspecto, así como por ser contradictorias sus apreciaciones sobre los hechos probados. y es que al no existir medios probatorios que establezcan la gravosa calificación jurídica de asesinato, incoada en general a los imputados, incluida a mi representado, por la muerte ocurrida al señor Daniel Erazo, no se reúnen los requisitos del tipo penal que nuestra ley exige se cumplimenten para esta calificación. y es que, durante todo este proceso, de más de 2 años, donde se debió haber investigado este hecho, únicamente, se fundamentó la acusación en el testimonio incorroborado, de un supuesto testigo protegido que dice haber presenciado a los acusados con la víctima en horas de la mañana; partiendo de este único testigo, aquí no se ha determinado ni establecido: - el móvil de estas muertes - el iter criminis o de estos hechos, lucha, ofensa o defensa previa - no se estableció si existió premeditación, seguimiento, espera, algún perjuicio previo ocasionado o algún aspecto que nos establezca sin lugar a dudas, que la intención del hechor era quitarle la muerte a una persona en forma deliberada con alevosía y asegurando su huida... es así que en primer lugar, nunca se debió haber enmarcado estos hechos, en un delito de asesinato, pues al desconocer la existencia de las circunstancias de alevosía que alega el ente fiscal, no puede probar con medio probatorio alguno la existencia de los requisitos que exige la norma para configurar la muerte de una persona como un asesinato (Artículo 117 C.P.). Tampoco es tarea del tribunal sentenciador estudiar pormenorizadamente la relación fáctica descrita en el hecho probado con fines de añadir, vía interpretación, que si hubo un "acuerdo previo" "premeditación" "alevosía" etc... Cuando el sentenciador no declaró tal aspecto. Ello generaría total indefensión a la parte contraria por tal derivación, ya que ésta será conocible hasta la sentencia objeto casación, momento en que se ha agotado toda oportunidad de defensa contra tal argumento. Así, ni a instancia de parte ni de oficio, no es tarea del órgano jurisdiccional hacer cualquier clase de alteración al material fáctico, sea restarle o añadirle. Tal discusión es materia de un recurso por quebranto de forma. La razón que hace propicio el recurso de quebranto de forma para tales discusiones es que determinar que existió en el caso "premeditación", "alevosía", "plan previo"... es una cuestión sobre los hechos que se deriva de la valoración de la prueba aportada. De la prueba se determina la existencia de los tramos del hecho probado y de estos se concluye si existió dolo, premeditación, culpa, legítima defensa u cualquier otra circunstancia de ese estilo. Así toda conclusión a que se deba llegar a partir de las pruebas aportadas, debe ser asentada por el tribunal que tuvo contacto directo con la prueba. Así citó el Tribunal Supremo Español: "pero todo ello por supuesto sin que, en ningún caso, resulte permisible que nuestra actividad se inmiscuya en la función estrictamente valorativa de la prueba, que corresponde, en principio, a la soberanía del tribunal "a quo". Habiéndose afirmado reiteradamente en este sentido que la prueba practicada en el juicio oral es inmune a la revisión en lo que depende de la inmediación" así entonces queda engarzado que es una exigencia del principio de inmediación el órgano jurisdiccional que determina toda cuestión sobre que los hechos sea el mismo órgano que tuvo contacto directo con la prueba en el debate. Y este principio no tiene excepciones, así la inmediación no es fraccionable, por ello no tiene cabida que el tribunal declare los hechos tangibles cuando no tuvo contacto con la prueba, (introducción de un testimonio por lectura autorizada no es inmediación). Ello deriva en quebrantar subrepticiamente la inmediación, y por consiguiente la sana crítica en la valoración de la prueba. - ante ello, el recurso de casación por quebrantamiento de forma ofrece la ventaja que, en caso de declararse con lugar, por haber el a quo concluido de forma incoherente o contradictoria sobre los hechos, el caso se remite nuevamente al tribunal de instancia para un nuevo debate. Entonces toda situación sobre los hechos se volverá a debatir se llegará a determinar mediante fallo de un tribunal que goce de inmediación con la prueba. Remedio procesal agotado: dado que el presente vicio aparece en la sentencia escrita, no hubo momento procesal oportuno para denunciar el defecto en el juicio oral y público.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Único Motivo. Norma autorizante: Artículo 362 numeral 1 y 3 del Código Procesal Penal. Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 362 numeral 1 y 3 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: La declaración del hecho probado no sea clara y terminante, o que sea contradictoria. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Que se case la sentencia. Establece la recurrente en su recurso, que existe violación en cuanto a la declaración del hecho probado la cual no es clara y terminante, además, establece que los juzgadores violaron las reglas de la sana crítica, excluyendo el principio de la lógica, sigue estableciendo que no se estableció si existió premeditación, seguimiento, espera, algún perjuicio previo ocasionado o algún aspecto que nos establezca sin lugar a dudas, que la intención del hechor era quitarle la muerte a una persona en forma deliberada con alevosía y asegurando su huida... es así que en primer lugar, nunca se debió haber enmarcado estos hechos, en un delito de asesinato, pues al desconocer la existencia de las circunstancias de alevosía que alega el ente fiscal, no puede probar con medio probatorio alguno la existencia de los requisitos que exige la norma para configurar la muerte de una persona como un asesinato (Artículo 117 C.P considera esta defensa que también fueron excluidas la lógica, la sana crítica y la experiencia en las apreciaciones del juzgador, pues es de todos conocido, que cuando una parte pretende que se tengan probados sus conceptos fácticos, (la existencia de alevosía, la premeditación, el plan preconcebido, de dolo, imprudencia, etc...), para con ellos basar su pretensión, de del principio de debida técnica en el recurso de casación penal. Este Tribunal de Casación viene sosteniendo reiteradamente que el Principio de Debida Técnica se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso” (Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144). Este principio aparece recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “En lo que respecta a la Casación en el Fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende…” No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso, por ello esta sala de lo penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. (En ese mismo sentido sentencia 24 de agosto de 2010 SP 273-08; Sentencia 28 de octubre de 2010 SP 199-09; Sentencia 18 de enero 2011 SP 351-09). Aun intentando la sala abordar el estudio desde la explicación del censor, no puede colegirse la infracción pretendida, de manera que la falta de claridad y precisión no permite a la Sala de lo Penal arribar al estudio deseado que hubiese permitido un recurso interpuesto observando los requisitos de ley. De la procedencia del Recurso de Casación Por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. El recurso no es de recibo. El censor, en su exposición del único motivo hace uso de la mala técnica recursiva, pues desconoce la naturaleza del Recurso Extraordinario de Casación y de la debida técnica que se requiere observar para su planteamiento. Como se ha establecido antes, el principio de debida técnica, se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso”. Este principio está recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “Tratándose de casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos”. La recurrente en su exposición interpone dos motivos (artículo 362 preámbulo y numeral 1 y 3 del Código Procesal Penal), en uno solo, estableciendo que la declaración de los hechos no es clara y terminante o contradictoria y por otro lado establece que en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica, haciendo sus propias valoraciones y alegatos de instancia, además desarrolla los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de asesinato, lo cual es impropio pues este debió ser realizado por otro tipo de recurso diferente. La confusión y desconocimiento evidentes en el planteamiento del recurrente, impiden a esta Sala, descubrir el sentido de su reclamo y el alcance del mismo, de tal suerte que como ya se ha explicado, esta Sala, sólo puede hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con las reglas de la sana critica, por ende al no haber sido señalados por el censor, de manera clara y precisa los vicios que provocan la infracción, imposibilita a esta Sala de lo Penal dar respuesta al recurso planteado, por lo expuesto se declara improcedente el motivo de casación invocado por la recurrente. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, para B. evia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex previa, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, de acuerdo al Código Penal 144-83, se impuso al señor Carlos Adalberto Enamorado Cruz, como autor del delito de Asesinato (Art.117) en perjuicio de Brian Daniel Erazo Ortiz a una pena de veinte años de reclusión y como autor del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Personal (Art.332-B) en perjuicio de La Seguridad Interior del estado de Honduras, a una pena de tres años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta, especial e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal, se declaró la responsabilidad civil. Conforme las disposiciones del Código Penal contenido en el decreto 130-2017, a la persona responsable del delito de asesinato (Art.193), debe imponérsele una pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años de reclusión. y al de tenencia o porte ilegal de armas de fuego. (Artículo 580) De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas. En suma, el marco abstracto de las penas privativas de libertad que corresponden a los delitos cometidos por el acusado, de aplicarse la nueva normativa penal, sería de 21 años a 29 años de prisión. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta al acusado Carlos Adalberto Enamorado Cruz, conforme el CP 144-83, 23 años de reclusión por los delitos de Asesinato y portación Ilegal de Arma, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para las mismas conductas delictivas en su totalidad, de 21 a 29 años de prisión. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. DECISIÓN. No ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por la defensa privada. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por La abogada Miryan Ivone Palomo Núñez, en su condición de Defensora Privada de Carlos Adalberto Enamorado Cruz, en la causa instruida por el delito de asesinato en perjuicio de Brian Daniel Erazo Ortiz y del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Personal en perjuicio de La Seguridad Interior del estado de Honduras, Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.- Tercero: Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha trece de octubre de dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara. Y Manda: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Nelson Danilo Mairena Franco. NOTIFÍQUESE. - Firmas y Sello. – Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. - Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de julio de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada a los veintitrés de enero de dos mil veinticuatro, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-04-2021.

RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS

RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL