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Sentencia CP-04-19 — Registro 18127

Resumen

En primer instancia se condena al imputado como autor del delito de adquisición de vehículo robado, procede la aplicación retroactiva de la ley penal ya que entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular el código penal 130-2017 prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el código penal 144-83

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"..El recurso no es de recibo. Esta Sala de Casación se ha referido al principio de la debida técnica recursiva, mediante el cual se establecen los requerimientos mínimos que deben cumplir los recurrentes para que esta Sala de lo Penal proceda a la revisión y contestación del recurso planteado. En cuanto al recurso de casación por infracción de ley, el censor debe circunscribirse a la redacción de hechos probados y en cómo ese cuadro fáctico es armónico y/o encaja con el tipo penal que ha utilizado el Sentenciador. En el presente caso el recurrente ha señalado un solo motivo de casación, pero ha denunciado la violación de la norma sustantiva contemplada en el artículo 218-D del Código Penal, asimismo expone la condición jurídica establecida en el Derecho/Principio de Inocencia, proclamado y reconocido por la Declaración Universal Sobre los Derechos Humanos en el artículo 11.1, por el Paco Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14.2, por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en el artículo 8.2 y por la Constitución de la República en su artículo 89, desarrollado por el Código Procesal Penal, por tanto debió presentar dos motivos de casación de forma separada para evitar la confusión de ideas y argumentos; igualmente el recurrente en sus argumentos ha establecido que en los hechos declarados probados, no se han acreditado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal y posteriormente comienza a hacer argumentaciones de instancia. Tal desarrollo del recurso de casación por infracción de ley es totalmente incorrecto y contrario al principio de debida técnica recursiva, pues el recurrente debió tomar como base únicamente los hechos probados y determinar si conforme a ese relato es posible extraer los elementos objetivo y subjetivos del tipo penal, pero no centrar sus esfuerzos en incluir un principio que responde a un motivo de infracción de precepto constitucional, realizando un recurso confuso pues dichos argumentos no son propios de un recurso de casación donde se denuncia la indebida aplicación de leyes sustantivas o la falta de aplicación de estas, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"... A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa pública de Cristóbal Hernández, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal Decreto 144-83, declaró responsable a los acusados Santos Ismael Romero Lobo y Cristóbal Hernández: Delito: Adquisición de Vehículo Robado, Pena: 11 años de reclusión, declaró la responsabilidad civil, Penas Accesorias: Inhabilitación absoluta e interdicción civil. Conforme a la nueva legislación penal decreto 130-2017, el delito de Adquisición de Vehículo Robado desapareció, sin embargo, encontramos la figura penal del delito de Receptación (artículo 438), el cual establece que: “quien con ánimo de lucro y conocimiento de la comisión de un delito en el que no haya participado ni como autor ni como cómplice, ayuda a los responsables a aprovecharse de los bienes o efectos procedentes del mismo o recibe, adquiere u oculta tales efectos, debe ser castigado con la pena que corresponda al delito del que procede los bienes o efectos rebajada en un tercio (1/3).” En el presente caso, los hechos probados relatan que el mismo día de la detención a tempranas horas de la mañana, había sido sustraído el vehículo, después de obligarse a una de las personas que se encontraba en la casa de Adriana Cortes (propietaria) a entregar las llaves, encontrándose a los imputados en posesión del vehículo a sabiendas que el mismo era robado; Conforme a la nueva legislación penal, los hechos probados relatan los mismos elementos objetivos del tipo penal de receptación, pues los ahora acusados con ánimo de lucro, el cual se deduce pues se conducían en el vehículo automotor, por lo que deben ser castigado con la pena que corresponda al delito rebajada en 1/3, en este caso los hechos probados establecen que se utilizó la fuerza para apropiarse el vehículo, en el caso de autos, el delito determinante del cual proviene el activo (vehículo automotor) fue el de Robo por Intimidación (art. 361) cuya pena abstracta es de 04 a 08 años de prisión; pena que debe de reducirse en 1/3 por disposición del artículo 438, quedando la pena abstracta de 02 años con 08 meses a 05 años con 04 meses de prisión. Para la aplicación de la pena concreta del acusado Santos Ismael Romero Lobo y Cristóbal Hernández esta Sala de lo Penal debe tomar en consideración si existen agravantes o atenuantes (Artículo 31 y 32 del nuevo Código Penal) pero además lo regulado en el artículo 70 numeral 1, inciso a) que establece que en los delitos dolosos se determinará la pena tomando en consideración si hay o no agravantes o atenuantes, en esos casos la pena se fija dentro del marco establecido en la ley en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho, en el caso sometido a análisis no se encuentran atenuantes ni agravantes y no contamos con suficientes elementos para determinar circunstancias personales de los acusados que nos permitan agravar su pena, además que los hechos por los cuales son acusados revisten de elementos de menor gravedad, mismos que son señalados como elementos del tipo penal y que no podríamos tomarlo en cuenta también para la determinación de la pena concreta; es así que corresponde imponer una pena mínima de dos (02) años con ocho (08) meses de prisión. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular el código penal 130-2017 prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el código penal 144-83, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la primera codificación..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-04-2019, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de abril del año dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Nelson Danilo Mairena Franco, en su calidad de coordinador Mario Rolando Diaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-04-2019 Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiuno de agosto del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual falló: Primero: Condenó a los señores Santos Ismael Romero Lobo y Cristóbal Hernández, como autores del delito de Adquisición de Vehículo Robado, en perjuicio de la señora Adriana Cortes Martínez a la pena de once años de reclusión. Segundo: Condenó a los señores Santos Ismael Romero Lobo y Cristóbal Hernández, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Tercero: Se les declaró a los señores Santos Ismael Romero Lobo y Cristóbal Hernández, responsables civilmente de la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito por el que son condenados. Cuarto: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Quinto: No se decretó el comiso. Sexto: Absolvió a los señores Santos Ismael Romero Lobo y Cristóbal Hernández, de los delitos de Robo Agravado y Asociación Ilícita, en perjuicio de Testigo Protegido Damacles, Agameón, Farmacia del Ahorro, Servicios Integrales de Seguridad Asís y La Seguridad Interior del Estado de Honduras. SON PARTES: Los Abogados Arnaldo Alcides García Alvarado y Mario Reiniery Amador Espinal, en su condición de defensores públicos del señor Cristóbal Hernández, como parte recurrente; y la abogada Diana Elizabeth Rodriguez Corea, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS: “Primer: En fecha 18 de marzo del año 2015, a eso de las siete y treinta minutos de la mañana, luego de que los empleados de la Farmacia del Ahorro, ubicada en el boulevard Morazán de esta ciudad, ingresaran al local de la referida farmacia, de inmediato, dos sujetos no identificados, portando armas de fuego procedieron a ingresar al interior de la farmacia, uno de ellos, se dirigió hasta el guardia de seguridad del local, y el otro se dirigió a los empleados, a quienes les ordenaron que se tiraran al piso, conminándolos a permanecer boca abajo, porque de lo contrario los matarían; procediendo estos a despojar a los testigos protegidos Damacles y Agameón, de sus aparatos celulares, así como también a despojar de las armas de fuego tipo escopeta, marca Hacker, serie 161329 y tipo revolver marca anchor, serie A 1171107, propiedad de Servicio de Seguridad Asís, y asignadas al guardia de seguridad denominado con clave Agapito, posteriormente uno de estos sujetos le ordeno al encargado de la farmacia que le entregara el dinero producto de la venta, entregándole este la cantidad de 110,470.10 Lempiras, luego de lo cual los individuos salieron del local llevándose consigo los objetos mencionados. Segundo: Luego de lo anterior, los empleados y agentes de seguridad, cerraron el establecimiento de la farmacia y llamaron por refuerzos a la empresa de seguridad, llegando un par de guardias de seguridad de refuerzo quienes luego de tener la noticia observaron a una persona de sexo masculino en las afueras del local, y al acercarse un guardia a indagarlo, dicho individuo se dio a la fuga y se montó a bordo de un vehículo que era conducido por otra persona, huyendo ambos a bordo del vehículo que era marca Honda, tipo turismo, sin placas, años 2005, propiedad de la señora Adriana Cortes Martínez, el cual antes del hecho de La Farmacia del Ahorro, a tempranas horas de la mañana, había sido sustraído después de obligarse a una de las personas que se encontraba en la casa de Adriana Cortes a entregar las llaves del vehículo mencionado. Es así como una vez que se suscitó el hecho en la Farmacia del Ahorro, los individuos a bordo del vehículo marca Honda, y que resultaron ser los señores Santos Ismael Romero y Cristóbal Hernández, fueron perseguidos por guardias de seguridad de la empresa Asís, lo que produjo que fueran a impactar el vehículo en un poste del alumbrado público de la zona, resultando ambos heridos y posteriormente detenidos por miembros de la policía Nacional.” RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Ramón Benedicto Matamoros, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley de la manera siguiente: “Motivo Único: Infracción por violación de la Ley Penal por Aplicación Indebida del artículo 218 "D" del Código Penal. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal. Exposición del Motivo La norma sustantiva infringida es el artículo 218 "D" del Código Penal que establece: "Será sancionado con la pena de reclusión de nueve (9) a doce (12) años, quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado. Se exceptúan los casos en que la transacción se haya realizado de buena fe.” Artículo que ha aplicado indebidamente el Tribunal de Sentencias al no ajustarse la declaración del hecho probado con el tipo penal que establece ese artículo. Primero: De conformidad al análisis y estudio minucioso del caso subjudice donde al abocarnos al contexto de la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida y estando obligados a respetar por disposición legal la santidad e integridad de la sentencia, encontramos que el Tribunal de Sentencias con Competencia Territorial Nacional, califica jurídicamente los hechos probados y fundamentación jurídica de la siguiente manera: Primero: En fecha 18 de marzo del año 2015, a eso de las siete con treinta minutos de la mañana, luego de que los empleados de la Farmacia del Ahorro ubicada en el Boulevard Morazán de esta ciudad, ingresaron al local de la referida farmacia, de inmediato, dos sujetos no identificados, portando armas de fuego procedieron a ingresar al interior de la farmacia, uno de ellos se dirigió hasta el guardia de seguridad del local, y el otro se dirigió a los empleados, a quienes les ordenaron que se tiraran al piso, conminándolos a permanecer boca abajo, porque de lo contrario los matarían; procediendo estos a despojar a los testigos protegidos Damacles y Agameon de sus aparatos celulares, así como también a despojar de las armas de fuego tipo escopeta, marca Hacker, serie 161329 y tipo revolver marca anchor, serie Al171107, propiedad de Servicio de Seguridad Asís y asignadas al guardia de seguridad denominado con clave AGAPITO, posteriormente uno de estos sujetos le ordeno al encargado de la farmacia que le entregara el dinero producto de la venta, entregándole este la cantidad de 110,470.10 Lempiras, luego de lo cual los individuos salieron del local llevándose consigo los objetos mencionados. Segundo: Luego de lo anterior, los empleados y agentes de seguridad, cerraron el establecimiento de la farmacia y llamaron por refuerzos a la empresa de seguridad, llegando un par de guardias de seguridad de refuerzo quienes luego de tener la noticia observaron a un apersona de sexo masculino en las afueras del local y al acercarse un guardia a indagarlo, dicho individuo se dio a la fuga y se montó a bordo de un vehículo que era conducido por otra persona, huyendo ambos a bordo de un vehículo que era conducido por otra persona, huyendo ambos a bordo del vehículo que era marca Honda, tipo turismo, sin placas, año 2005., propiedad de la señora Adriana Cortés Martínez, el cual antes del hecho de la Farmacia del Ahorro, a tempranas horas de la mañana, había sido sustraído después de obligarse a una de las personas que se encontraba en la casa de Adriana Cortés a entregar las llaves del vehículo mencionado. Es así como una vez que se suscitó el hecho en Farmacia El Ahorro; los individuos a bordo del vehículo marca Honda; y que resultaron ser los señores Santos Ismael Romero y Cristóbal Hernández, fueron perseguidos por guardias de seguridad de la Empresa lo que produjo que fueran a impactar el vehículo en un poste de alumbrado público de la zona, resultando ambos heridos y posteriormente detenidos por miembros de la policía Nacional. Al analizar el contenido de los dos hechos Probados se puede inferir que el Tribunal de Sentencias con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal condena a mi representado a la pena de once años de Reclusión, fijando el tipo penal o figura penal como Adquisición de vehículo Robado; calificación que reprochamos, no solo porque el legislador no califica esta figura penal como Adquisición sino porque la doctrina más relevante, la cual fue acogida por el legislador en el tipo penal al cual nos referimos (artículo 218-0 del Código penal); la denomina como recepción de vehículo de procedencia dolosa; o que es lo mismo recepción de vehículo de procedencia robada, hurtada o abandonada, en este último caso la doctrina la denominaría como de procedencia sospechosa; por lo que¡ es incorrecto calificar los hechos imputados como adquisición en los términos que se pronuncian los jueces de Sentencias, ya que la adquisición debe implicar un apoderamiento y no una simple tenencia; y es que la calificación de posesión que califica el Tribunal de Sentencias¡ tiene que ir aparejada a un ánimo doloso de ocupación del dominio de la cosa robada¡ hurtada o abandonada y no a una simple posesión, en pocas palabras, al establecerse en este delito la conducta “…quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado.." Significa que la conducta desplegada por el hechor de adquirir el vehículo robado debe configurar un ánimo de ocupación del dominio de la cosa robada; a esta interpretación se allega cuando se analiza el tipo penal que nos ocupa, en vista que si el legislador hace uso de la vocal "o", este vocablo, no infiere una diferencia, separación o distanciamiento de dos conductas humanas, sino, por el contrario, significa equivalencia o copulación de dos conductas humanas, donde el legislador la emplea para explicar que la adquisición incumbe que la conducta humana desplegada tiene que ir dirigida a la ocupación o recepción de una cosa mediante un convenio con el ladrón del vehículo para despojar del dominio a su propietario, es decir, una transacción dolosa con el ánimo de receptar o de obtener el dominio de la cosa robada y no una adquisición de buena fe sin conocer que su procedencia era irregular, como el caso de marras. En estos términos se pronuncia el legislador, ya que al darse lectura al artículo 218-D del Código Penal, se observa sin mayor esfuerzo alguno, que la conducta que severamente castiga el Estado de Honduras, tiene que construirse desde la perspectiva subjetiva y objetiva del tipo penal "como el acto donde se transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado", consecuentemente la adquisición a lo cual se refiere el legislador en el artículo 218-D del Código Penal, no debe radicarse o interpretarse como aquella donde simplemente el imputado adquiere una cosa robada, sino que esa adquisición debe implicar un Animus de transacción dolosa de despojar del dominio a su verdadero tenedor o propietario, ya que cuando la transacción haya sido realizada de buena fe no constituye delito. segundo: Véase Honorables Magistrados de la Sala Penal, que a la sentencia recurrida se le denuncia de aplicación indebida ya que no se establece en los dos hechos probados de la sentencia recurrida, ningún razonamiento que explique alguna circunstancia, prueba o indicio (por lo menos se haga patente en grado de presunción a dolo directo o indirecto) que mi representado haya adquirido a sabiendas un vehículo robado, y que lo haya hecho con el ánimo de apoderarse del mismo o que es lo mismo los jueces de Sentencias, no indican en la sentencia recurrida elementos objetivos y subjetivos del tipo penal (sin predeterminar el fallo), que sirvan para configurar la existencia del tipo penal sancionado, por ejemplo; no se refieren nada a si hubo algún tipo de transacción, donde se fijara algún precio por el objeto robado, o si el imputado era una persona asidua a comprar cosas robadas, o si sabía plenamente que el vehículo era robado, ya que estos extremos hubieran servido para establecer por lo menos por la vía de presunción, la existencia del delito sancionado en el artículo 218-D del Código penal; y es que cuando el legislador se refiere a algún tipo de transacción, implica que el imputado tiene que tener orientada su conducta delictiva para adquirir con ánimo de lucro alguna cosa robada, hurtada o abandonada, y que ese ánimo o capacidad de disfrutar de ese bien se dirija a despojar dolosamente a su legítimo propietario del dominio del mismo; por lo que, si analizamos los dos hechos probados de la sentencia recurrida, los jueces de sentencias indebidamente pretenden equiparar la adquisición de un efecto o instrumento del delito a un apoderamiento o recepción de vehículo robado o como ellos le llaman adquisición sancionado en el artículo 218-D del Código Penal; aplicación que consideramos indebida, en vista que se viola la ley de forma directa, al aplicar una norma diferente a los hechos probados planteados en la sentencia o como lo afirma la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia en su Jurisprudencia: "Cuando se alega como vicio de la sentencia "Aplicación Indebida", esta Sala Penal ha establecido "Que se origina cuando el juzgador, en el momento de aplicar la ley, aplica una proposición jurídica que no corresponde a la situación fáctica que se ha planteado….." Sentencia de fecha 12-2-2008 recaída en el recurso de Casación Penal No. 190-2007. En el presente caso el delito precedente es la Adquisición de Vehículo Robado. - Es prudente entonces detenerse a analizar si la acción atribuible al acusado es subsumible en los presupuestos establecidos para su realización dolosa o culposa; tomando como punto de partida que la definición doctrinaria de delito, reconocida por nuestro ordenamiento penal es "delito que es toda acción u omisión ¡típica antijurídica, culpable y punible". Esto indiscutiblemente se pone de manifiesto en el artículo 13 de nuestro Código Penal, al establecer que el delito solo puede ser realizado por acción o por omisión y que necesariamente debe ser doloso o culposo, determinando que el delito es doloso cuando el resultado responde a la intención que se tuvo al ejecutarlo o cuando el autor sabe, o está obligado a saber, que como consecuencia de la acción u omisión existe la posibilidad de que se produzca un efecto constitutivo de delito y culposo cuando es el resultado de una imprudencia, impericia o negligencia o cuando es producto de la inobservancia de una ley, reglamento órdenes, resoluciones o deberes atendiendo a las circunstancias y la situación personal del delincuente y será punible, el delito culposo solo en aquellos casos en que estén expresamente determinados por la ley.- En el caso subjudice habiéndose admitido la satisfacción plena de una acción (se montó a bordo de un vehículo que era conducido por otra persona, huyendo ambos a bordo del vehículo….), que se integra en los elementos objetivos del tipo como circunstancias, "sine cuan non", para derivar en la culpabilidad del acusado por la acción realizada en el caso concreto. Este elemento subjetivo se identifica de manera general, a través de un elemento cognitivo y un elemento volitivo, a fin e configurar el dolo del sujeto activo en función de la acción por el realizada. Elemento cognitivo implica necesariamente el efectivo conocimiento de la norma de prohibición y el elemento volitivo en la voluntad de realizar la acción, a pesar de tener ese conocimiento de restricción. A estos hay que añadir un tercer elemento, la intencionalidad del autor para poder determinar la imputación subjetiva a fin de obtener un resultado.- En el delito subjudice, solo es punible la comisión dolosa (que no se probó en juicio oral y público), siendo necesario el conocimiento de que los efectos proceden de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico y el ánimo de lucro.- Siendo así el actuar dolosamente trae aparejada la tipicidad por cuanto el agente ha querido el resultado, dicho en otras palabras cuando el autor ha tenido la intención de lesionar determinados bienes jurídicos tutelados por nuestra ley penal, conociendo y queriendo el resultado (situación está que tampoco se acredito en juicio oral), por tanto teniendo conciencia de los elementos objetivos de la conducta prohibida. Tercero: De tal manera que la calificación del hecho probado debe de estar en armonía con la parte resolutiva del fallo y siendo que los hechos probados son el cimiento del fallo y que por esa razón son inobjetables, en ese sentido el fallo dictado no se circunscribe como verdad que el imputado haya cometido el delito de Adquisición De Vehículo Robado a título de autor, lo anterior en virtud que el segundo hecho probado narra refiriéndose a nuestro imputado Cristóbal Hernández: "quien se dio a la fuga montándose a bordo de un vehículo que era conducido por otra persona y que posteriormente fueran detenidos por la policía", por ende observamos no concurrir las circunstancias que se mencionan en el citado artículo (218-D C.P.) y en este caso se produce una incongruencia entre los hechos estimados y declarados probados con el delito del cual se le acusa es decir el delito de Adquisición de Vehículo Robado. La Sala de lo penal ha declarado que el estado de inocencia es "es un estado inherente a la persona humana..”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de las República (art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (art. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. "La condición Jurídica de la inocencia dispuesta en la norma Constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso.- En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestas en las leyes a favor de aquél. Por consiguiente cuando se trata de restringir un derecho fundamental de la persona humana, como la libertad, debe de garantizarse plenamente que la persona a quién se le menoscaba su derecho, es aquella que realmente ha cometido infracción penal y que por ello es necesaria su resocialización mediante el cumplimiento de una pena, en este caso al no haberse aplicado correctamente la norma sustantiva penal supra indicada, para tal efecto que se proceda a anular el fallo del A-qua por Adquisición de Vehículo Robado, es decir aplicación indebida del artículo 218-0 del Código Penal en los dos hechos declarados probados en contra de Cristóbal Hernández.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley Interpuesto por la Defensa Pública. Único Motivo. Norma autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal; Norma que se denuncia infringida: Artículo 218 D del Código Penal; Concepto de la infracción: Aplicación indebida de la norma sustantiva; Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el pretensor; Pretensión: Que se anule la sentencia. Establece el recurrente, en cuanto a la explicación de este motivo casacional, lo siguiente: Transcribe los hechos declarados probados en la sentencia, que en el presente caso los hechos considerados como probados no se subsumen en el artículo 218-D del Código Penal, por el que los acusados Santos Ismael Romero Lobo y Cristóbal Hernández, fueron condenados, que los jueces no indican en la sentencia recurrida elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, que sirvan para configurar la existencia del tipo penal sancionado, por ejemplo; no se refieren nada a si hubo algún tipo de transacción, donde se fijara algún precio por el objeto robado, o si el imputado era una persona asidua a comprar cosas robadas, o si sabía plenamente que el vehículo era robado, ya que estos extremos hubieran servido para establecer por lo menos por la vía de presunción, la existencia del delito sancionado; Que se ha restringido el derecho fundamental de la persona humana como lo es el estado de inocencia consignado en el articulo 89 de la Constitución de la República, la que establece una presunción Juris Tantum, que solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima prueba de cargo, continuando, Por lo anterior, solicita que se declare con lugar el motivo de casación anteriormente expuesto. De la Procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Ley en su Único Motivo. El recurso no es de recibo. Esta Sala de Casación se ha referido al principio de la debida técnica recursiva, mediante el cual se establecen los requerimientos mínimos que deben cumplir los recurrentes para que esta Sala de lo Penal proceda a la revisión y contestación del recurso planteado. En cuanto al recurso de casación por infracción de ley, el censor debe circunscribirse a la redacción de hechos probados y en cómo ese cuadro fáctico es armónico y/o encaja con el tipo penal que ha utilizado el Sentenciador. En el presente caso el recurrente ha señalado un solo motivo de casación, pero ha denunciado la violación de la norma sustantiva contemplada en el artículo 218-D del Código Penal, asimismo expone la condición jurídica establecida en el Derecho/Principio de Inocencia, proclamado y reconocido por la Declaración Universal Sobre los Derechos Humanos en el artículo 11.1, por el Paco Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14.2, por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en el artículo 8.2 y por la Constitución de la República en su artículo 89, desarrollado por el Código Procesal Penal, por tanto debió presentar dos motivos de casación de forma separada para evitar la confusión de ideas y argumentos; igualmente el recurrente en sus argumentos ha establecido que en los hechos declarados probados, no se han acreditado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal y posteriormente comienza a hacer argumentaciones de instancia. Tal desarrollo del recurso de casación por infracción de ley es totalmente incorrecto y contrario al principio de debida técnica recursiva, pues el recurrente debió tomar como base únicamente los hechos probados y determinar si conforme a ese relato es posible extraer los elementos objetivo y subjetivos del tipo penal, pero no centrar sus esfuerzos en incluir un principio que responde a un motivo de infracción de precepto constitucional, realizando un recurso confuso pues dichos argumentos no son propios de un recurso de casación donde se denuncia la indebida aplicación de leyes sustantivas o la falta de aplicación de estas, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa pública de Cristóbal Hernández, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal Decreto 144-83, declaró responsable a los acusados Santos Ismael Romero Lobo y Cristóbal Hernández: Delito: Adquisición de Vehículo Robado, Pena: 11 años de reclusión, declaró la responsabilidad civil, Penas Accesorias: Inhabilitación absoluta e interdicción civil. Conforme a la nueva legislación penal decreto 130-2017, el delito de Adquisición de Vehículo Robado desapareció, sin embargo, encontramos la figura penal del delito de Receptación (artículo 438), el cual establece que: “quien con ánimo de lucro y conocimiento de la comisión de un delito en el que no haya participado ni como autor ni como cómplice, ayuda a los responsables a aprovecharse de los bienes o efectos procedentes del mismo o recibe, adquiere u oculta tales efectos, debe ser castigado con la pena que corresponda al delito del que procede los bienes o efectos rebajada en un tercio (1/3).” En el presente caso, los hechos probados relatan que el mismo día de la detención a tempranas horas de la mañana, había sido sustraído el vehículo, después de obligarse a una de las personas que se encontraba en la casa de Adriana Cortes (propietaria) a entregar las llaves, encontrándose a los imputados en posesión del vehículo a sabiendas que el mismo era robado; Conforme a la nueva legislación penal, los hechos probados relatan los mismos elementos objetivos del tipo penal de receptación, pues los ahora acusados con ánimo de lucro, el cual se deduce pues se conducían en el vehículo automotor, por lo que deben ser castigado con la pena que corresponda al delito rebajada en 1/3, en este caso los hechos probados establecen que se utilizó la fuerza para apropiarse el vehículo, en el caso de autos, el delito determinante del cual proviene el activo (vehículo automotor) fue el de Robo por Intimidación (art. 361) cuya pena abstracta es de 04 a 08 años de prisión; pena que debe de reducirse en 1/3 por disposición del artículo 438, quedando la pena abstracta de 02 años con 08 meses a 05 años con 04 meses de prisión. Para la aplicación de la pena concreta del acusado Santos Ismael Romero Lobo y Cristóbal Hernández esta Sala de lo Penal debe tomar en consideración si existen agravantes o atenuantes (Artículo 31 y 32 del nuevo Código Penal) pero además lo regulado en el artículo 70 numeral 1, inciso a) que establece que en los delitos dolosos se determinará la pena tomando en consideración si hay o no agravantes o atenuantes, en esos casos la pena se fija dentro del marco establecido en la ley en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho, en el caso sometido a análisis no se encuentran atenuantes ni agravantes y no contamos con suficientes elementos para determinar circunstancias personales de los acusados que nos permitan agravar su pena, además que los hechos por los cuales son acusados revisten de elementos de menor gravedad, mismos que son señalados como elementos del tipo penal y que no podríamos tomarlo en cuenta también para la determinación de la pena concreta; es así que corresponde imponer una pena mínima de dos (02) años con ocho (08) meses de prisión. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular el código penal 130-2017 prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el código penal 144-83, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la primera codificación. DECISION No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 140 del Código Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo interpuesto por el Abogado Ramón Benedicto Matamoros, en su condición de defensor público del señor Cristóbal Hernández. Segundo: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conducta reprochada a los acusados Santos Ismael Romero Lobo y Cristóbal Hernández; en consecuencia, reforma los pronunciamientos primero y segundo de la parte resolutiva de la sentencia de fecha veintiuno (21) de agosto de dos mil dieciocho (2018), en el siguiente término: “Que debemos condenar y condenamos a los acusados Santos Ismael Romero Lobo y Cristóbal Hernández, como autores de un delito consumado de Receptación, en perjuicio del orden socio económico de la nación, a la pena principal siguiente: prisión por dos (02) años con ocho (08) meses, así como a la pena accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena; por disposición Constitucional (art 41.2) se condena a la suspensión de la ciudadanía por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena principal. Tercero: Declara incólume los pronunciamientos tercero, cuarto, quinto y sexto de la parte resolutiva de la sentencia de fecha veintiuno (21) de agosto de dos mil dieciocho (2018). Y Manda: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redacta Magistrado Miranda Sabio. - Notifíquese. - Firmas y Sello. – Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. - Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. - Firma y Sello. - Rina Koritza Sandoval Navas. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada a los nueve días del mes de abril de dos mil veinticuatro, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-04-2019.

RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS

RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL