Sentencia CP-99-19 — Registro 17706
Resumen
En primer instancia se condena al imputado por los delitos de Posesión Ilegal de Arma de Fuego Comercial y Posesión de Droga para el Consumo Personal Inmediato, se absuelve por los delitos de Extorsión y Tráfico Ilícito de Drogas, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público. No procede la aplicación retroactiva de la ley penal
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurso no es de recibo. En virtud del motivo invocado por la recurrente, esta Sala de lo Penal procedió a efectuar una revisión exhaustiva de los juicios de valor que ha externado el Sentenciador en relación a la prueba evacuada en el juicio y no encuentra en ellos violación a las reglas del correcto pensamiento humano, todo lo contrario, el Sentenciador ha razonado adecuadamente la prueba teniendo como fundamento las reglas de la sana crítica. El Sentenciador razonó la prueba estableciendo: “El hecho declarado probado se acreditó con la declaraciones testificales de los policías Wilson Samuel Velásquez Hernandez, y Ovin Javier Martínez Hernández, quienes son coincidentes en el hecho de que recibieron una denuncia de parte del Testigo protegido AB0052- 2016, de que estaba siendo extorsionado por una persona, y al llegar al lugar los agentes policiales encuentran al acusado Juan de Dios Rivas Anduray, en plena vía pública, procediendo este último a emprender veloz huida, siendo perseguido por los agentes policiales y al darle alcance y ser registrado, le encuentran en su poder un arma de fuego calibre comercial y 11 bolsitas de hierba seca marihuana con un peso de 55.3 gramos. También coinciden estos testigos en cuanto a que estos hechos ocurrieron el día 25 de abril del 2016, a eso de las 11:20 de la mañana, en donde encuentran al señor Juan de Dios Rivas Anduray, en una de las calles de La Colonia Rodas cercana a la Borda del Rio Bonito, en esta ciudad de La Ceiba, y es donde proceden a darle persecución y una vez que es dado alcance, se le practica un registro personal encontrándole el arma de fuego y la hierba seca marihuana en su poder siendo coherentes los testigos también en las características materiales tanto del arma como de la hierba seca marihuana. Estos relatos son coincidentes con el resto de la prueba de cargo evacuada, en el debate, como veremos más adelante, cuando se valoren el resto del material probatorio; además de que dichas declaraciones, fueron rendidas por agentes de la autoridad, a los que no se le encuentran contradicciones o intenciones espurias de perjudicar al acusado, sino solamente rendir su testimonio, de acuerdo a lo percibido el día de los hechos. El Tribunal le da plena credibilidad a estas deposiciones, ya que se estimó en sus testimonios ausencia de incredibilidad subjetiva, es decir que no observaron estos Juzgadores la existencia de alguna razón de peso para pensar que los testigos rindieron sus declaraciones movidos con el objetivo de alcanzar la exculpación de terceros o sentimientos de venganza, con la intención de incriminar al acusado, ya que el testimonio de ambos se ve sostenido con el resto del legajo probatorio evacuado en el Debate, como se desarrollara en esta Sentencia. Finalmente, sus testimonios en su parte interna se mostraron coherentes, al tener sentido y ser comprensible su narración, pues se vio desprovisto de fantasías y en consonancia con un suceso real. Las Testificales mencionadas, se entrelazan con las documentales Acta de Registro Personal; Acta de Decomiso (billetes); Acta de Decomiso (arma de fuego hierba y mochila), al extraerse de las mismas que al acusado le fueron encontradas en la parte frontal de su cintura un arma de fuego tipo revolver, marca Smith & Wesson, modelo 60, calibre.38 SPL, serie 13481, y cinco cartuchos sin percutir del mismo calibre, y le es encontrado en el interior de una mochila color negro, que cargaba consigo, 11 bolsitas plásticas transparentes conteniendo hierba cada una, además de 2 billetes de denominación de L. 500.00., 1 billete de denominación de L. 20.00., y 1 billete de denominación de L. 5.0.00.", siendo creíbles las versiones dadas por los testigos en cuanto a estos hallazgos, por el respaldo que reciben dichos relatos con lo plasmado en el contenido de las actas mencionadas. Con el Dictamen Balístico, se probó que el arma de fuego tipo revolver, marca Smith & Wesson, modelo 60, calibre 38 SPL, serie 13481, y cinco cartuchos sin percutir del mismo calibre, arma en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, y no carece de ninguna pieza, y no presente ningún problema para realizar la acción de disparo; y con las Constancias de Balística, se acreditó que el señor Juan de Dios Rivas Anduray, no aparece en sistema de registro de armas, y que el arma de fuego mencionada, no aparece registrada en el sistema y no tiene reporte de robo; pruebas con las que se llega a la convicción, de que el arma presentaba buen estado mecánico y operativo, y que el acusado carecía de autorización legal para llevar consigo dicha arma de fuego. Con el Dictamen Toxicológico se probó que lo decomisado al acusado resulto ser 11 bolsitas plásticas transparentes conteniendo hierba cada una, haciendo un total cincuenta y cinco punto tres (55.3) gramos de marihuana, considerando estos Juzgadores que tanto por la cantidad decomisada, así como por no haber otra prueba que acredite que el acusado posea la droga con fines comerciales o de distribución, se llega a la convicción que dicha droga estaba destinada para el consumo personal e individual del imputado, es por ello que tiene que calificarse dicha conducta como posesión de droga para el consumo personal e inmediato. Todas las pruebas testificales, documentales y periciales supra mencionadas coinciden con la evidencia presentada en el debate, en cuanto a las características materiales de la misma, consistentes en un arma de fuego tipo revolver, marca Smith & Wesson, modelo 60, calibre 38 SPL, serie 13481, y cinco cartuchos sin percutir del mismo calibre, una mochila color negro conteniendo 11 bolsitas plásticas transparentes con hierba cada una, además de 2 billetes de denominación de L. 500.0o., 1 billete de denominación de L. 20.00., y 1 billete de denominación de L. 5.0.0o.; evidencia que además fue reconocida por los peritos tanto balísticos como toxicológicos durante el desarrollo del debate. En relación con la declaración rendida por el Testigo Protegido AB0052- 2016, y el Acta de reconocimiento en rueda, en la que en la primera relata que el acusado procedió a exigirle una cantidad de dinero mediante amenazas y que seguidamente llama a los agentes de la FNA, para interponer la denuncia, y en la segunda (acta), reconoce al acusado como la persona que le exigió mediante intimidación dinero en efectivo; esta versión dada por el testigo, queda huérfana de todo respaldo probatorio, ya que no hay forma de que la misma sea corroborada o confirmada por otro medio probatorio objetivamente confiable, razón por la cual las amenazas y despojo del dinero que dice haber sido objeto por parte del acusado, no son posibles darlos por probados, por no haber otros medios de prueba que respalden tal versión, es por ello que la sola declaración de este testigo es insuficiente para dar por probado hecho alguno. (Lo subrayado es nuestro) En consecuencia de todo lo anterior, de la prueba legalmente evacuada en juicio existe suficiente prueba para subsumir la conducta del acusado en lo que establece el artículo 332-B del Código Penal, por un delito de Posesión Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, y el delito de Posesión Ilegal de Droga para el Consumo Personal Inmediato, en perjuicio de Su Propia Salud, delitos por los cuales se debe condenar al acusado; motivaciones jurídicas que serán desarrolladas en la fundamentación legal de la sentencia. De la prueba examinada en la audiencia no tuvo el carácter de actividad suficiente de cargo para dar por acreditado el hecho atribuido y enervar el estado de inocencia del acusado, en lo que respecta a los delitos de Extorsión y Tráfico Ilícito de Drogas, en consecuencia, procede dictar sentencia absolutoria por estos delitos. Para esta Sala de Casación los razonamientos del Juzgador son totalmente coherentes y derivados de la prueba evacuada en el juicio; no observándose en ellos quebranto alguno a las reglas de la sana crítica; pues acertadamente afirma el A-quo que la declaración del ofendido se encuentra huérfana de respaldo que confirme su dicho en relación a que el acusado Juan de Dios Rivas Anduray le haya amenazado y exigido el mal llamado impuesto de guerra, pues cuando llegaron los policías no pudieron presenciar ese hecho, sino que se enfocaron en la captura del imputado sin que exista ninguna otra prueba que confirme la versión del ofendido; la sola declaración del ofendido no tiene el peso suficiente para enervar el Estado de Inocencia que constitucionalmente posee el acusado. Si bien se le encontró dos billetes de denominación de 500 lempiras y uno de 20; ese simple hecho, por sí solo llega a una mera sospecha, que es la suposición acerca de la verdad o falsedad de algo, pero no llega siquiera a indicio que es un elemento perceptible, material o no, que permite deducir la existencia de determinadas circunstancias. Para esta Sala de lo Penal el razonamiento del Juzgador cumple con las características de ser congruente, pues las aseveraciones respecto a la declaración del testigo protegido y del acta de reconocimiento, guardan relación y concordancia entre sí y sus conclusiones son coherentes; es además concordante, pues cada razonamiento externado por el A-quo para absolver al acusado por el delito de extorsión, corresponde a un elemento de prueba, como ser la declaración del testigo protegido y acta de reconocimiento en rueda, de los cuales se ha colegido que no es posible confirmar sus aseveraciones con ningún otro medio probatorio; de igual forma es no contradictoria, pues sus valoraciones no concluyen en juicios contrapuestos; así mismo es inequívoca, al no poderse cuestionar su decisión de absolución al acusado por el delito de extorsión, pues las razones que presenta son veraces y por último es Suficiente, al conformar el razonamiento judicial para absolver al acusado, en una serie de conclusiones debidamente conectadas y que surgen de una serie de raciocinios, que unidos conforman confianza en la valoración judicial. Es así que se concluye que el razonamiento judicial para absolver al acusado Juan de Dios Rivas Anduray por el delito de extorsión cumple con el fundamento de la sana crítica racional, por lo que el presente motivo de casación debe ser desestimado.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
.."De La Aplicación Retroactiva Del Código Penal Decreto 130-2017. Principio de Legalidad El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra declarado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y regulado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal 130-2017 en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigor y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme y mientras se esté ejecutando, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. Reglas Generales de Ponderación de la norma más favorable que define el NCP 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP).- Por tanto, la ponderación tendrá una variante a depender de la instancia en que se haga: 1. En la primera instancia, al momento del juzgamiento por el tribunal de primera instancia, la ponderación de los cuerpos normativos parte de la comparación de las penas abstractas, pero sin dejar de tener en consideración la total de los cuerpos normativos como un todo; o 2. En la segunda o única instancia, al resolverse un recurso devolutivo interpuesto en contra de sentencia definitiva la ponderación se realizará entre la pena concreta impuesta y la pena abstracta que corresponda para el mismo hecho e igualmente reparando respecto a la totalidad de los cuerpos normativos. En ambos casos el proceso de ponderación se realiza siguiendo las reglas que se señalan en este apartado. Es importante insistir que la ponderación de la norma más favorable deberá de realizarse al momento del juzgamiento en primera instancia, en segunda instancia o en única instancia; por ello no es procedente aplicación retroactiva en estadios previos del proceso, como ser la audiencia de declaración de imputado, la audiencia inicial, la audiencia preliminar o en la etapa de saneamiento de la etapa de juicio. El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017; a tal consideración se le suma las siguientes: 1. Penas Conjuntas: No procede la ponderación parcial de penas principales; la ponderación deberá de realizarse tomando en consideración todas las penas conjuntas impuestas por los mismos hechos (Art. 617 NCP); 2. Penas privativas de Libertad: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena privativa de la libertad (reclusión) con todas sus circunstancias, impuesta de conformidad con el VCP 144-83, fuese también imponible con arreglo al NCP 130-2017 (Art. 616).- Ello ocurre cuando la pena concreta impuesta se encuentre dentro marco abstracto de la pena que para el mismo hecho se deba de imponer de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 621); 3. Pena de Multa: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena impuesta de conformidad con el VCP 144-83, sea la de multa y la que corresponda imponer conforme al NCP 130-2017, igualmente sea una pena de multa. La aplicación retroactiva se realizará excepcionalmente cuando: a. No se hubiese hecho abono alguno de la pena de multa impuesta de conformidad al VCP 144-83; y b. la concreta cuantía impuesta conforme al VCP 144-83 no fuese posible imponer de acuerdo con el NCP 130-2017 desde una perspectiva abstracta (Art. 619); 4. Penas privativas de Derechos: Las penas principales de inhabilitación absoluta y especial se compararán atendiendo a la duración de la pena concreta impuesta en la sentencia y la máxima que pueda imponerse de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 620); 5. Medidas de Seguridad: Respecto a las medidas de ejecución impuestas de acuerdo con el VCP 144-83 que estén pendientes de ejecución o que estén siendo ejecutadas, deberán de ser objeto de revisión y adecuación de conformidad con las normas que regulan las mismas en el NCP 130-2017; (Art. 625). Reglas de Particulares de Ponderación por Concurso de Delitos y Por ausencia de Éste A nivel de punibilidad se regulan los concursos de delitos; ante la colisión temporal de normas sustantivas el juzgador llamado a resolver la acción penal interpuesta en base al rigor del VCP 144-83, deberá de establecer si existe o no concurso de delitos, identificar cual es el que concurre y luego hacer el cálculo de pena abstracta de conformidad a dicho concurso; seguidamente el juzgador deberá de hacer la ponderación de la pena más beneficiosa determinando si conforme a lo probado igualmente se aprecia un concurso según las normas del NCP130-2017, y de ser así deberá de proceder a calcular la pena abstracta, siendo el tercer y último paso la comparación de penas que deban de ser impuestas según cada código penal, reflejándose así cuál de ellos es el que debe de ser aplicado por ser más beneficioso para el procesado o reo. Lo descrito es un proceso general que tiene sus matices a depender cada uno de los concursos, lo que obliga hacer un estudio individualizado: A.- Concurso Ideal Cuando conforme a los hechos imputados se deba de aplicar un Concurso Ideal (Art. 67 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al concurso ideal según las reglas del VCP144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del concurso ideal del NCP130-2017.- Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el concurso ideal; 2. Cuando una de las penas concursadas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del VCP144-83 y luego hacer la comparación global con el NCP130-2017; comparación que debe de hacerse según se explicó en el numeral anterior; o 3. Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, que se explican más adelante. Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real: i.- Limite Subjetivo, ii.- Limite Objetivo Ordinario y iii.- Limite Objetivo Extraordinario, explicado igualmente líneas adelante. b.- Delito Continuado En el caso de que la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un delito continuado la ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (Art. 617 NCP).- Al apreciarse un concurso continuado (Art. 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las mismas reglas señaladas previamente para el delito continuado. En los supuestos en donde conforme el VCP 144-83, corresponda aplicar un concurso real pero conforme el NCP 130-2017 se deba de aplicar un delito continuado, el juzgador deberá de proceder de la siguiente manera: 1. En primera Instancia: i.- Primero se procederá a realizar el cálculo abstracto de las penas conforme el VCP144-83, las que serán tomadas globalmente, para luego comparar el mismo con el marco abstracto de la pena que corresponda en aplicación del delito continuado según el NCP130-2017, develándose así que código es el más beneficioso en su conjunto.- Recuérdese que la comparativa es global (suma de todas las penas abstractas) y no individual por cada pena; ii.- En caso de que lo anterior no defina cual es la pena más favorable, el juzgador deberá de proceder a la individualización de la pena concreta de conformidad con el VCP-144-83 y paralelamente a la individualización de la pena concreta de conformidad con el BCP130-2017, de cuya comparación se decidirá que codificación es la más beneficiosa; o 2. En Segunda Instancia y Única Instancia: La comparativa parte de la confrontación de las penas que en concurso real hayan sido impuestas en la sentencia impugnada en aplicación del VCP144-83, con el marco abstracto de la única pena que de conformidad al NCP-130-2017 deba de imponerse como consecuencia de la aplicación del delito continuado; así entonces: i.- Si las penas individualizadas en concurso real tomadas globalmente (la sumatoria de todas las penas), se encuentra dentro del marco abstracto de la pena del delito continuado, no se aplicará retroactivamente el NCP130-2017; ii.- Si las penas individualizadas en concurso real están fuera de la escala de la pena abstracta que deba de imponerse en delito continuado según el NCP130-2017, se aplicara la pena que le sea más favorable al procesado. c.- Concurso Real Los supuestos en donde la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un Concurso Real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. La ponderación deberá de realizarse conforme al límite único de cumplimiento de pena que establece el artículo 35 del VCP 144-83 versus los limites objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo que prevé el artículo 66 NCP 130-2017, debiendo excluir las penas de delitos que hayan sido despenalizados en la nueva normativa.- Es importante tener presente que ningún límite es preferente a otro y por tanto se aplicará el límite que marque menor pena; así entonces: a. Cuando entre en acción el Límite Objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al VCP144-83 y los límites del concurso real que regula el NCP130-2017, siguiendo los siguientes pasos: i.- Si ambas legislaciones determinan un mismo límite de cumplimiento, se aplicara el principio de identidad, es decir el VCP 144-83; y ii.- Si las legislaciones definen límites de cumplimiento distinto, se aplicara aquel que le sea más beneficioso al acusado o reo (ello sin perjuicio de lo que se señala en el siguiente literal); y/o b. Para hacer efectivo el Limite Subjetivo, que regula el NCP 130-2017 se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, develando así el límite máximo que puede cumplir el condenado: i.- Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuara a dicho límite de conformidad con lo señalado en el literal anterior; ii.- Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años; implica que el resultado matemático será el límite máximo de cumplimiento, el que deberá de ser objeto de comparación con el limite objetivo de cumplimiento del VCP144-83. 2. Cuando las penas consideradas globalmente no superasen ninguno de los límites a los que se refiere el numeral anterior, el juzgador procederá a realizar la comparación de las penas que corresponda en una y otra legislación: a. En primera instancia la comparación se realizará entre las penas abstractas definidas en cada cuerpo sustantivo; el tribunal sumará todas las penas abstractas que correspondan imponer en concurso real de conformidad con el VCP 144-83 y todas las penas abstractas que prevea el NCP130-2017, las cuales comparará. Si de la comparación no es posible determinar cuál es más beneficiosa para el procesado, el tribunal deberá de proceder a realizar la individualización de las penas de cada delito primero conforme el VCP144-83 y después conforme el NCP130-2017, luego la suma global de dichas penas por cada código serán comparadas entre sí, determinando cual es el cuerpo normativo más beneficioso (siempre teniendo presente además el resto de las regulaciones normativas). Finalmente, si aun con las penas individualizadas no existe claridad cuál en su conjunto es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara para que éste señale cual le favorece más. b. En segunda y única instancia la comparación se realizará entre la suma de todas las penas concretas impuestas en concurso real en la sentencia impugnada bajo el VCP 144-83 y la suma de todas las penas abstractas que define el NCP 130-2017. De dicho resultado el tribunal resolverá: i. Si las penas concretas en concurso real VCP 144-83 están dentro de la suma del margen abstracto de las penas del NCP 130-2017, no procederá la aplicación retroactiva de este último; ii. Si la suma de las penas concretas VCP 144-83 no se encuentra dentro del marco abstracto de la suma de penas en concurso real del NCP 130-2017, se aplicará el cuerpo normativo que fije comparativamente las penas más leves, sin dejar de tener en consideración el resto de disposiciones de cada codificación para efectos comparativos; iii. Si el concurso real está compuesto por Penas Conjuntas, en donde algunas de ellas sean más beneficiosas y otras más gravosas respecto a la comparación hecha con el otro cuerpo legal; el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la pena de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias.- Ejemplo de esto último sería un concurso real con pena global de reclusión por 25 años y multa por L. 700,000.00 conforme el VCP 144-83 y por otro lado una pena de prisión de 17 a 20 años y multa de L. 1,000,000.00 a L. 5,000,000.00 conforme el NCP 130-2017, caso en donde la pena privativa de libertad deberá de definir el código penal a aplicar, siempre que además los beneficios penitenciarios que regule ese mismo código fuesen igualmente más favorables. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. d.- Concurso Medial El concurso medial constituyó una institución penal por muchos años, reglada por el artículo 36 del VCP 143-83, misma que desaparece en el NCP 130-2017.- Por tanto, cuando conforme los hechos imputados en base al VCP144-83 deba de aplicarse un Concurso Medial (Art. 66 en relación con el párrafo séptimo del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. Se realizará la comparación global de la pena que corresponda en concurso medial según el VCP144-83 con las penas que correspondería aplicar en concurso real conforme al NCP130-2017, en consideración a los limites subjetivo, objetivo ordinario y objetivo extraordinario, del que hemos hablado en el apartado anterior; 2. Es improcedente hacer comparación individual de las penas que conforman el concurso medial del VCP144-83 y las penas en concurso real del NCP130-2017; 3. Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, haciendo desaparecer el concurso Medial, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, lo que se aborda en el apartado siguiente. e. Penas Conjuntas No Concursadas Finalmente, cuando corresponda imponer a una persona una Pena No Concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (en su caso) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: 1. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; 2. Si el hecho definido como delito tiene previstas Penas Conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias.- Ejemplo de esto último sería pena de reclusión por 9 años y multa del 10% de lo defraudado equivalente a L. 50,000.00 conforme el VCP 144-83 en comparación con una pena de prisión de 2 a 3 años y multa 400 días multa equivalente de hasta L. 2,000.000.00 por defraudación a las telecomunicaciones, caso en donde la pena privativa de libertad deberá de definir el código penal a aplicar, siempre que además los beneficios penitenciarios que regule ese mismo código fuesen igualmente más favorables; o 3. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal.- En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara a éste para que señale la que más le favorece. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del del Código Penal decreto 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no se ha presentado por ninguna de las partes personadas, escrito complementario en el que plasmen su posición respecto de la aplicación retroactiva del nuevo Código Penal, por lo que esta Sala de lo Penal deviene en la obligación de hacerlo de oficio. D. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el derogado Código Penal decreto 144-83, declaró responsable al señor Juan de Dios Rivas Anduray, del delito de Portación Ilegal de Armas, imponiéndole una pena de tres (3) años de reclusión; imponiéndole además las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil; así mismo se le condenó por el delito de Posesión de Drogas y se le impuso la medida de seguridad de quince (15) días de internamiento y una multa de Quinientos (500) lempiras. Conforme a la nueva legislación penal decreto 130-2017, en su artículo 580 regula el delito de Tenencia ilegal de Arma de Fuego con una pena de 1 a 4 años si se trata de armas permitidas; pero que dicha pena debe aumentarse en 1/3 a quienes porten la misma, tal es el caso del imputado que fue capturado en plena vía pública y encontrándosele el arma decomisada sin contar con la autorización respetiva para portarla, quedando una nueva pena abstracta de 4 a 5 años a 4 meses de prisión, más la pena de localización permanente por dos años. En cuanto al consumo de drogas, conforme a nueva legislación penal no constituye ilícito, por tanto, esa conducta no sería punible. Aun y cuando el consumo de drogas no es punible en el nuevo código penal decreto 130-2017, en el caso del imputado Juan de Dios Rivas Anduray fue condenado a la pena de 3 años por portación ilegal de armas, que en el nuevo código penal se llama porte ilegal de arma de fuego, el cual tiene contemplada una pena superior en relación a la pena que se le impuso con el derogado Código Penal, en ese sentido no procede la aplicación del decreto 130-2017 pues lejos de beneficiar al imputado, le perjudica.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-99-2019, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los seis días del mes de junio del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Walter Raúl Miranda Sabio, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Diaz Flores, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 99-2019 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha doce de noviembre del dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual falló; Primero: Absolvió al señor Juan de Dios Rivas Anduray, de los delitos de Extorsión y Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de Testigo Protegido AB0052-2016 y La Salud de la Población del Estado de Honduras. Segundo: Condenó al señor Juan de Dios Rivas Anduray, por el delito de Posesión Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de tres años de reclusión. Tercero: Condenó al señor Juan de Dios Rivas Anduray, a las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil y a trabajar por el tiempo que dure la condena, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal. Cuarto: Condenó al señor Juan de Dios Rivas Anduray, por el delito de Posesión de Droga para el Consumo Personal Inmediato, en perjuicio de su propia Salud, a la pena de quince días de internamiento y a pagar una multa de quinientos lempiras. Quinto: No procedió la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Sexto: Se declaró la responsabilidad civil del señor Juan de Dios Rivas Anduray. Séptimo: Se declaró el comiso de un arma de fuego tipo revólver, marca Smith & Wesson, modelo 60, calibre .38 SPL, serie 13481, y cinco cartuchos sin percutir del mismo calibre y de 11 bolsitas plásticas transparentes conteniendo hierba seca cada una, haciendo un total cincuenta y cinco puntos tres (55.3) gramos de marihuana. Y se ordenó la devolución de dinero en efectivo consistente en 2 billetes de quinientos lempiras; un billete de cincuenta lempiras y un billete de veinte lempiras. Son Partes En La Única Instancia: La Abogada Marla Iris Cárdenas Guardado, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente, y los Abogados Mario Reiniery Amador Espinal y Arnaldo Alcides Garcia Alvarado, en su condición de defensores públicos del señor Juan de Dios Rivas Anduray, como parte recurrida. Hechos Probados “UNICO: El día 25 de abril del 2016, a eso de las 11:20 de la mañana, Agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión, quienes habían recibido previa denuncia, encuentran al señor Juan de Dios Rivas Anduray, en una de las calles de La Colonia Rodas cercana a la Borda del Rio Bonito, en esta ciudad de La Ceiba, Atlántida; quien al percatarse de la presencia policial intenta huir del lugar, dándole persecución, siendo detenido unos metros después por los agentes policiales, y al practicársele un registro personal, le encuentran en la parte frontal de su cintura un arma de fuego tipo revolver, marca Smith & Wesson, modelo 60, calibre .38 SPL, serie 13481, y cinco cartuchos sin percutir del mismo calibre, arma en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, y sin que el señor Juan de Dios Rivas, haya estado autorizado legalmente para llevarla consigo. También le es encontrado en el interior de una mochila color negro, 11 bolsitas plásticas transparentes conteniendo hierba seca cada una, haciendo un total cincuenta y cinco punto tres (55.3) gramos de marihuana, hierba que el acusado llevaba consigo para ser consumida por su persona.” Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. MOTIVO ÚNICO: "No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Crítica". PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, el Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la sana crítica al no haberse respetado las mismas en la valoración probatoria, tal como se determina con el examen de la estructura fáctica de cargo. Al valorar intelectivamente la prueba de cargo, el sentenciador desacertadamente restó de valor probatorio a la declaración del ofendido, al considerar que: 1) La declaración del testigo protegido, carece de respaldo probatorio. 2) No se estableció cuáles fueron las amenazas e intimidación sufrida por el ofendido. 3) No se comprobó la entrega de dinero al imputado por parte del ofendido. Concluye el sentenciador que no existió prueba periférica que acreditara los hechos narrados por el ofendido al considerar: "en relación a la prueba rendida por el testigo protegido AB-00052-2016 y el Acta de reconocimiento en rueda, en la que en la primera relata que el acusado procedió a exigirle una cantidad de dinero mediante amenazas y que seguidamente llama a los agentes de la FNA, para interponer denuncia, y en la segunda (acta) reconoce al acusado como la persona que le exigió mediante intimidación dinero en efectivo; esta versión dada por el testigo, queda huérfana de todo respaldo probatorio... es por ello que la sola declaración del este testigo es insuficiente para dar por probado hecho alguno" (ver la sentencia en su apartado valoración probatoria página 9 último párrafo) Las anteriores consideraciones realizadas por el sentenciador carecen de fundamento, pues cada una de ellas no es suficiente para desvirtuar la declaración del ofendido; quien contrario a lo afirmado por el Tribunal, si tiene sustento probatorio, ya que cada una de las afirmaciones señaladas por el testigo fueron corroboradas con la prueba de cargo allegada al proceso, pues el mismo. narra que el hecho sucedió aproximadamente a las 10:30 a.m. y que inmediatamente después, procedió a interponer denuncia, este hecho fue corroborado con el testimonio de Wilson Samuel Velásquez quien recibió la información a las 10:40 a.m. el testigo protegido manifestó que el acusado portaba un revólver y dicho extremo fue demostrado con el acta de decomiso y las declaraciones de los testigos Wilson Samuel Vásquez y Olvin Javier Martínez. De la misma manera el testigo manifestó que entregó al acusado la cantidad de quinientos lempiras, mismos que le fueron decomisados al acusado tal y como consta en el acta de decomiso que acredita que tenía en su poder dos billetes de quinientos lempiras y un billete de veinte lempiras; la descripción que diera el testigo al igual que la vestimenta del acusado el día de los hechos, también sirvió de base para la detención de la misma fue coincidente tal y como pudo demostrarse en el juicio con los testimonios de Wilson Samuel Vásquez y Olvin Javier Martínez Hernández, quienes señalaron que el testigo había referido que andaba (el ahora acusado) con una camisa negra del Olimpia, short calzoneta cuadriculada en blanco y negro y tenis amarillos, demostrándose, con ello la veracidad de los dichos del testigo AB0052-2016 con la prueba periférica allegada al juicio y la total identificación del acusado como autor del delito de EXTORSION en perjuicio del testigo protegido pues aparte de haber proporcionado la correcta descripción del mismo, que coincidió con lo afirmado por agentes que procedieron a su detención también lo reconoció sin lugar a dudas a través del medio probatorio de Reconocimiento en Rueda, es por ello que la afirmación del Tribunal de que "la versión dada por el testigo queda huérfana de todo respaldo probatorio" carece de fundamento, pues como lo señalamos, contrario a ello, la misma fue corroborada por el resto de la prueba. Al establecer el Juzgador que no se estableció cuáles fueron las amenazas e intimidación sufridas por el ofendido, también realiza una apreciación errónea pues el ofendido claramente señalo que el acusado le exigió la cantidad de quinientos lempiras por impuesto de guerra y no se allegó al proceso ningún medio probatorio que pudiese demostrar que el testigo tenía motivos espurios para declarar en ese sentido, si bien es cierto los testigos no presenciaron el momento preciso en que el ofendido hace entrega del dinero, esto no resta credibilidad a los dichos del testigo pues la cantidad de dinero y aún más fue decomisada al acusado, lo cual no es justificable pues de acuerdo al dictamen socio-económico la situación económica del acusado es "regular" pero aparte de ello y aún más relevante es que este mismo dictamen refiere que el acusado tiene antecedentes de pertenecer a grupos disóciales, lo cual concierta con el testimonio de AB0052-16 al señalar que el dinero exigido por el acusado era por "impuesto de guerra" En conclusión, el sentenciador ha realizado una apreciación errónea de la prueba al no contrastar la declaración de la víctima con el resto del andamiaje probatorio, pues de haberse realizado una valoración conjunta y armónica, hubiese llegado a una conclusión totalmente diferente, determinando la responsabilidad del acusado por el delito de EXTORSION. En virtud todo lo anteriormente expuesto, debemos señalar que las anteriores apreciaciones hechas por el Juzgador, constituyen una infracción a la regla lógica de la derivación integrada por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, el cual como sabemos, debe estar constituido por inferencias que se desprenden de pruebas allegadas al debate en legal y debida forma así como de conclusiones razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de éstas que se vayan determinando, Principio que se encuentra vulnerado al establecer el Juzgador como conclusión, que de la prueba evacuada no enerva el estado de inocencia del acusado en el delito de Extorsión, razonamiento que, reiteramos, representa una afrenta al recto entendimiento humano, la prueba logró demostrar que el testigo protegido fue víctima de Extorsión por parte del acusado, pues su testimonio fue claro como antes referimos fue corroborado y sustentado a través de la prueba evacuada en juicio, toda esta prueba valorada en su conjunto se traduce en una sola verdad y es que el imputado es autor del ilícito penal de EXTORSION en perjuicio del testigo protegido AB0052-2016. Por lo antes expresado, es evidente que la prueba aportada en juicio fue suficiente y contundente para que se estableciera la participación de JUAN DE DIOS RIVAS ANDURAY, en la comisión del hecho por el cual fue sometido a proceso, siendo evidente que el juzgador con el Fallo Absolutorio por el delito de EXTORSION, incumple lo expresado por la Honorable Sala de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia, quien ha establecido lo siguiente: "En este sentido, la verificación de la existencia de prueba de cargo suficiente, requiere un triple comprobación. En primer lugar, que el tribunal de instancia haya apoyado su relato fáctico, en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. En segundo lugar, que las pruebas sean válidas, es decir, que hayan sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica, y en Tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparte de las reglas de la lógica, de las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos y que no es, por tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea" [1] En consecuencia y en este orden de resultados obtenidos de la prueba evacuada en el proceso, el Ministerio Público no logra extraer la razón por la cual el sentenciador dejó de valorar el contenido de las mismas, ya que al ser analizada de manera conjunta y armónica, conducen todas ellas a la inexorable conclusión de que el imputado sí perpetró el hecho delictivo por el cual fue enjuiciado, por ende, con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Crítica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, en sus características tanto de veracidad como de suficiencia, ya que de la probanza antes señalada se desprende sin lugar a dudas que el acusado JUAN DE DIOS RIVAS AMAYA sí es responsable del hecho por el cual fue sometido a juicio, cumpliendo este hecho, con los elementos del delito tipificado en el artículo 222 del Código Penal, es decir, que estamos ante el delito de EXTORSION. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.”Fundamentación Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: no haber observado las reglas de la sana crítica. Reclamación Ex Ante: por haberse producido el vicio en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna. Pretensión: que se anule el fallo recurrido. Explicó el recurrente que el Juzgador, al valorar intelectivamente la prueba de cargo, desacertadamente restó valor probatorio a la declaración del ofendido al considerar que su testimonio carece de respaldo probatorio, el Juez A-quo establece que no se estableció cuáles fueron las amenazas o intimidación sufrida; no se comprobó la entrega de dinero al imputado por parte del ofendido. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que: … La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Critica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las Reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo con relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. En virtud del motivo invocado por la recurrente, esta Sala de lo Penal procedió a efectuar una revisión exhaustiva de los juicios de valor que ha externado el Sentenciador en relación a la prueba evacuada en el juicio y no encuentra en ellos violación a las reglas del correcto pensamiento humano, todo lo contrario, el Sentenciador ha razonado adecuadamente la prueba teniendo como fundamento las reglas de la sana crítica. El Sentenciador razonó la prueba estableciendo: “El hecho declarado probado se acreditó con la declaraciones testificales de los policías Wilson Samuel Velásquez Hernandez, y Ovin Javier Martínez Hernández, quienes son coincidentes en el hecho de que recibieron una denuncia de parte del Testigo protegido AB0052- 2016, de que estaba siendo extorsionado por una persona, y al llegar al lugar los agentes policiales encuentran al acusado Juan de Dios Rivas Anduray, en plena vía pública, procediendo este último a emprender veloz huida, siendo perseguido por los agentes policiales y al darle alcance y ser registrado, le encuentran en su poder un arma de fuego calibre comercial y 11 bolsitas de hierba seca marihuana con un peso de 55.3 gramos. También coinciden estos testigos en cuanto a que estos hechos ocurrieron el día 25 de abril del 2016, a eso de las 11:20 de la mañana, en donde encuentran al señor Juan de Dios Rivas Anduray, en una de las calles de La Colonia Rodas cercana a la Borda del Rio Bonito, en esta ciudad de La Ceiba, y es donde proceden a darle persecución y una vez que es dado alcance, se le practica un registro personal encontrándole el arma de fuego y la hierba seca marihuana en su poder siendo coherentes los testigos también en las características materiales tanto del arma como de la hierba seca marihuana. Estos relatos son coincidentes con el resto de la prueba de cargo evacuada, en el debate, como veremos más adelante, cuando se valoren el resto del material probatorio; además de que dichas declaraciones, fueron rendidas por agentes de la autoridad, a los que no se le encuentran contradicciones o intenciones espurias de perjudicar al acusado, sino solamente rendir su testimonio, de acuerdo a lo percibido el día de los hechos. El Tribunal le da plena credibilidad a estas deposiciones, ya que se estimó en sus testimonios ausencia de incredibilidad subjetiva, es decir que no observaron estos Juzgadores la existencia de alguna razón de peso para pensar que los testigos rindieron sus declaraciones movidos con el objetivo de alcanzar la exculpación de terceros o sentimientos de venganza, con la intención de incriminar al acusado, ya que el testimonio de ambos se ve sostenido con el resto del legajo probatorio evacuado en el Debate, como se desarrollara en esta Sentencia. Finalmente, sus testimonios en su parte interna se mostraron coherentes, al tener sentido y ser comprensible su narración, pues se vio desprovisto de fantasías y en consonancia con un suceso real. Las Testificales mencionadas, se entrelazan con las documentales Acta de Registro Personal; Acta de Decomiso (billetes); Acta de Decomiso (arma de fuego hierba y mochila), al extraerse de las mismas que al acusado le fueron encontradas en la parte frontal de su cintura un arma de fuego tipo revolver, marca Smith & Wesson, modelo 60, calibre.38 SPL, serie 13481, y cinco cartuchos sin percutir del mismo calibre, y le es encontrado en el interior de una mochila color negro, que cargaba consigo, 11 bolsitas plásticas transparentes conteniendo hierba cada una, además de 2 billetes de denominación de L. 500.00., 1 billete de denominación de L. 20.00., y 1 billete de denominación de L. 5.0.00.", siendo creíbles las versiones dadas por los testigos en cuanto a estos hallazgos, por el respaldo que reciben dichos relatos con lo plasmado en el contenido de las actas mencionadas. Con el Dictamen Balístico, se probó que el arma de fuego tipo revolver, marca Smith & Wesson, modelo 60, calibre 38 SPL, serie 13481, y cinco cartuchos sin percutir del mismo calibre, arma en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, y no carece de ninguna pieza, y no presente ningún problema para realizar la acción de disparo; y con las Constancias de Balística, se acreditó que el señor Juan de Dios Rivas Anduray, no aparece en sistema de registro de armas, y que el arma de fuego mencionada, no aparece registrada en el sistema y no tiene reporte de robo; pruebas con las que se llega a la convicción, de que el arma presentaba buen estado mecánico y operativo, y que el acusado carecía de autorización legal para llevar consigo dicha arma de fuego. Con el Dictamen Toxicológico se probó que lo decomisado al acusado resulto ser 11 bolsitas plásticas transparentes conteniendo hierba cada una, haciendo un total cincuenta y cinco punto tres (55.3) gramos de marihuana, considerando estos Juzgadores que tanto por la cantidad decomisada, así como por no haber otra prueba que acredite que el acusado posea la droga con fines comerciales o de distribución, se llega a la convicción que dicha droga estaba destinada para el consumo personal e individual del imputado, es por ello que tiene que calificarse dicha conducta como posesión de droga para el consumo personal e inmediato. Todas las pruebas testificales, documentales y periciales supra mencionadas coinciden con la evidencia presentada en el debate, en cuanto a las características materiales de la misma, consistentes en un arma de fuego tipo revolver, marca Smith & Wesson, modelo 60, calibre 38 SPL, serie 13481, y cinco cartuchos sin percutir del mismo calibre, una mochila color negro conteniendo 11 bolsitas plásticas transparentes con hierba cada una, además de 2 billetes de denominación de L. 500.0o., 1 billete de denominación de L. 20.00., y 1 billete de denominación de L. 5.0.0o.; evidencia que además fue reconocida por los peritos tanto balísticos como toxicológicos durante el desarrollo del debate. En relación con la declaración rendida por el Testigo Protegido AB0052- 2016, y el Acta de reconocimiento en rueda, en la que en la primera relata que el acusado procedió a exigirle una cantidad de dinero mediante amenazas y que seguidamente llama a los agentes de la FNA, para interponer la denuncia, y en la segunda (acta), reconoce al acusado como la persona que le exigió mediante intimidación dinero en efectivo; esta versión dada por el testigo, queda huérfana de todo respaldo probatorio, ya que no hay forma de que la misma sea corroborada o confirmada por otro medio probatorio objetivamente confiable, razón por la cual las amenazas y despojo del dinero que dice haber sido objeto por parte del acusado, no son posibles darlos por probados, por no haber otros medios de prueba que respalden tal versión, es por ello que la sola declaración de este testigo es insuficiente para dar por probado hecho alguno. (Lo subrayado es nuestro) En consecuencia de todo lo anterior, de la prueba legalmente evacuada en juicio existe suficiente prueba para subsumir la conducta del acusado en lo que establece el artículo 332-B del Código Penal, por un delito de Posesión Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, y el delito de Posesión Ilegal de Droga para el Consumo Personal Inmediato, en perjuicio de Su Propia Salud, delitos por los cuales se debe condenar al acusado; motivaciones jurídicas que serán desarrolladas en la fundamentación legal de la sentencia. De la prueba examinada en la audiencia no tuvo el carácter de actividad suficiente de cargo para dar por acreditado el hecho atribuido y enervar el estado de inocencia del acusado, en lo que respecta a los delitos de Extorsión y Tráfico Ilícito de Drogas, en consecuencia, procede dictar sentencia absolutoria por estos delitos. Para esta Sala de Casación los razonamientos del Juzgador son totalmente coherentes y derivados de la prueba evacuada en el juicio; no observándose en ellos quebranto alguno a las reglas de la sana crítica; pues acertadamente afirma el A-quo que la declaración del ofendido se encuentra huérfana de respaldo que confirme su dicho en relación a que el acusado Juan de Dios Rivas Anduray le haya amenazado y exigido el mal llamado impuesto de guerra, pues cuando llegaron los policías no pudieron presenciar ese hecho, sino que se enfocaron en la captura del imputado sin que exista ninguna otra prueba que confirme la versión del ofendido; la sola declaración del ofendido no tiene el peso suficiente para enervar el Estado de Inocencia que constitucionalmente posee el acusado. Si bien se le encontró dos billetes de denominación de 500 lempiras y uno de 20; ese simple hecho, por sí solo llega a una mera sospecha, que es la suposición acerca de la verdad o falsedad de algo, pero no llega siquiera a indicio que es un elemento perceptible, material o no, que permite deducir la existencia de determinadas circunstancias. Para esta Sala de lo Penal el razonamiento del Juzgador cumple con las características de ser congruente, pues las aseveraciones respecto a la declaración del testigo protegido y del acta de reconocimiento, guardan relación y concordancia entre sí y sus conclusiones son coherentes; es además concordante, pues cada razonamiento externado por el A-quo para absolver al acusado por el delito de extorsión, corresponde a un elemento de prueba, como ser la declaración del testigo protegido y acta de reconocimiento en rueda, de los cuales se ha colegido que no es posible confirmar sus aseveraciones con ningún otro medio probatorio; de igual forma es no contradictoria, pues sus valoraciones no concluyen en juicios contrapuestos; así mismo es inequívoca, al no poderse cuestionar su decisión de absolución al acusado por el delito de extorsión, pues las razones que presenta son veraces y por último es Suficiente, al conformar el razonamiento judicial para absolver al acusado, en una serie de conclusiones debidamente conectadas y que surgen de una serie de raciocinios, que unidos conforman confianza en la valoración judicial. Es así que se concluye que el razonamiento judicial para absolver al acusado Juan de Dios Rivas Anduray por el delito de extorsión cumple con el fundamento de la sana crítica racional, por lo que el presente motivo de casación debe ser desestimado. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. De La Aplicación Retroactiva Del Código Penal Decreto 130-2017. Principio de Legalidad El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra declarado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y regulado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal 130-2017 en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigor y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme y mientras se esté ejecutando, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. Reglas Generales de Ponderación de la norma más favorable que define el NCP 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP).- Por tanto, la ponderación tendrá una variante a depender de la instancia en que se haga: 1. En la primera instancia, al momento del juzgamiento por el tribunal de primera instancia, la ponderación de los cuerpos normativos parte de la comparación de las penas abstractas, pero sin dejar de tener en consideración la total de los cuerpos normativos como un todo; o 2. En la segunda o única instancia, al resolverse un recurso devolutivo interpuesto en contra de sentencia definitiva la ponderación se realizará entre la pena concreta impuesta y la pena abstracta que corresponda para el mismo hecho e igualmente reparando respecto a la totalidad de los cuerpos normativos. En ambos casos el proceso de ponderación se realiza siguiendo las reglas que se señalan en este apartado. Es importante insistir que la ponderación de la norma más favorable deberá de realizarse al momento del juzgamiento en primera instancia, en segunda instancia o en única instancia; por ello no es procedente aplicación retroactiva en estadios previos del proceso, como ser la audiencia de declaración de imputado, la audiencia inicial, la audiencia preliminar o en la etapa de saneamiento de la etapa de juicio. El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017; a tal consideración se le suma las siguientes: 1. Penas Conjuntas: No procede la ponderación parcial de penas principales; la ponderación deberá de realizarse tomando en consideración todas las penas conjuntas impuestas por los mismos hechos (Art. 617 NCP); 2. Penas privativas de Libertad: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena privativa de la libertad (reclusión) con todas sus circunstancias, impuesta de conformidad con el VCP 144-83, fuese también imponible con arreglo al NCP 130-2017 (Art. 616).- Ello ocurre cuando la pena concreta impuesta se encuentre dentro marco abstracto de la pena que para el mismo hecho se deba de imponer de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 621); 3. Pena de Multa: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena impuesta de conformidad con el VCP 144-83, sea la de multa y la que corresponda imponer conforme al NCP 130-2017, igualmente sea una pena de multa. La aplicación retroactiva se realizará excepcionalmente cuando: a. No se hubiese hecho abono alguno de la pena de multa impuesta de conformidad al VCP 144-83; y b. la concreta cuantía impuesta conforme al VCP 144-83 no fuese posible imponer de acuerdo con el NCP 130-2017 desde una perspectiva abstracta (Art. 619); 4. Penas privativas de Derechos: Las penas principales de inhabilitación absoluta y especial se compararán atendiendo a la duración de la pena concreta impuesta en la sentencia y la máxima que pueda imponerse de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 620); 5. Medidas de Seguridad: Respecto a las medidas de ejecución impuestas de acuerdo con el VCP 144-83 que estén pendientes de ejecución o que estén siendo ejecutadas, deberán de ser objeto de revisión y adecuación de conformidad con las normas que regulan las mismas en el NCP 130-2017; (Art. 625). Reglas de Particulares de Ponderación por Concurso de Delitos y Por ausencia de Éste A nivel de punibilidad se regulan los concursos de delitos; ante la colisión temporal de normas sustantivas el juzgador llamado a resolver la acción penal interpuesta en base al rigor del VCP 144-83, deberá de establecer si existe o no concurso de delitos, identificar cual es el que concurre y luego hacer el cálculo de pena abstracta de conformidad a dicho concurso; seguidamente el juzgador deberá de hacer la ponderación de la pena más beneficiosa determinando si conforme a lo probado igualmente se aprecia un concurso según las normas del NCP130-2017, y de ser así deberá de proceder a calcular la pena abstracta, siendo el tercer y último paso la comparación de penas que deban de ser impuestas según cada código penal, reflejándose así cuál de ellos es el que debe de ser aplicado por ser más beneficioso para el procesado o reo. Lo descrito es un proceso general que tiene sus matices a depender cada uno de los concursos, lo que obliga hacer un estudio individualizado: A.- Concurso Ideal Cuando conforme a los hechos imputados se deba de aplicar un Concurso Ideal (Art. 67 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al concurso ideal según las reglas del VCP144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del concurso ideal del NCP130-2017.- Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el concurso ideal; 2. Cuando una de las penas concursadas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del VCP144-83 y luego hacer la comparación global con el NCP130-2017; comparación que debe de hacerse según se explicó en el numeral anterior; o 3. Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, que se explican más adelante. Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real: i.- Limite Subjetivo, ii.- Limite Objetivo Ordinario y iii.- Limite Objetivo Extraordinario, explicado igualmente líneas adelante. b.- Delito Continuado En el caso de que la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un delito continuado la ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (Art. 617 NCP).- Al apreciarse un concurso continuado (Art. 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las mismas reglas señaladas previamente para el delito continuado. En los supuestos en donde conforme el VCP 144-83, corresponda aplicar un concurso real pero conforme el NCP 130-2017 se deba de aplicar un delito continuado, el juzgador deberá de proceder de la siguiente manera: 1. En primera Instancia: i.- Primero se procederá a realizar el cálculo abstracto de las penas conforme el VCP144-83, las que serán tomadas globalmente, para luego comparar el mismo con el marco abstracto de la pena que corresponda en aplicación del delito continuado según el NCP130-2017, develándose así que código es el más beneficioso en su conjunto.- Recuérdese que la comparativa es global (suma de todas las penas abstractas) y no individual por cada pena; ii.- En caso de que lo anterior no defina cual es la pena más favorable, el juzgador deberá de proceder a la individualización de la pena concreta de conformidad con el VCP-144-83 y paralelamente a la individualización de la pena concreta de conformidad con el BCP130-2017, de cuya comparación se decidirá que codificación es la más beneficiosa; o 2. En Segunda Instancia y Única Instancia: La comparativa parte de la confrontación de las penas que en concurso real hayan sido impuestas en la sentencia impugnada en aplicación del VCP144-83, con el marco abstracto de la única pena que de conformidad al NCP-130-2017 deba de imponerse como consecuencia de la aplicación del delito continuado; así entonces: i.- Si las penas individualizadas en concurso real tomadas globalmente (la sumatoria de todas las penas), se encuentra dentro del marco abstracto de la pena del delito continuado, no se aplicará retroactivamente el NCP130-2017; ii.- Si las penas individualizadas en concurso real están fuera de la escala de la pena abstracta que deba de imponerse en delito continuado según el NCP130-2017, se aplicara la pena que le sea más favorable al procesado. c.- Concurso Real Los supuestos en donde la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un Concurso Real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. La ponderación deberá de realizarse conforme al límite único de cumplimiento de pena que establece el artículo 35 del VCP 144-83 versus los limites objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo que prevé el artículo 66 NCP 130-2017, debiendo excluir las penas de delitos que hayan sido despenalizados en la nueva normativa.- Es importante tener presente que ningún límite es preferente a otro y por tanto se aplicará el límite que marque menor pena; así entonces: a. Cuando entre en acción el Límite Objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al VCP144-83 y los límites del concurso real que regula el NCP130-2017, siguiendo los siguientes pasos: i.- Si ambas legislaciones determinan un mismo límite de cumplimiento, se aplicara el principio de identidad, es decir el VCP 144-83; y ii.- Si las legislaciones definen límites de cumplimiento distinto, se aplicara aquel que le sea más beneficioso al acusado o reo (ello sin perjuicio de lo que se señala en el siguiente literal); y/o b. Para hacer efectivo el Limite Subjetivo, que regula el NCP 130-2017 se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, develando así el límite máximo que puede cumplir el condenado: i.- Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuara a dicho límite de conformidad con lo señalado en el literal anterior; ii.- Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años; implica que el resultado matemático será el límite máximo de cumplimiento, el que deberá de ser objeto de comparación con el limite objetivo de cumplimiento del VCP144-83. 2. Cuando las penas consideradas globalmente no superasen ninguno de los límites a los que se refiere el numeral anterior, el juzgador procederá a realizar la comparación de las penas que corresponda en una y otra legislación: a. En primera instancia la comparación se realizará entre las penas abstractas definidas en cada cuerpo sustantivo; el tribunal sumará todas las penas abstractas que correspondan imponer en concurso real de conformidad con el VCP 144-83 y todas las penas abstractas que prevea el NCP130-2017, las cuales comparará. Si de la comparación no es posible determinar cuál es más beneficiosa para el procesado, el tribunal deberá de proceder a realizar la individualización de las penas de cada delito primero conforme el VCP144-83 y después conforme el NCP130-2017, luego la suma global de dichas penas por cada código serán comparadas entre sí, determinando cual es el cuerpo normativo más beneficioso (siempre teniendo presente además el resto de las regulaciones normativas). Finalmente, si aun con las penas individualizadas no existe claridad cuál en su conjunto es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara para que éste señale cual le favorece más. b. En segunda y única instancia la comparación se realizará entre la suma de todas las penas concretas impuestas en concurso real en la sentencia impugnada bajo el VCP 144-83 y la suma de todas las penas abstractas que define el NCP 130-2017. De dicho resultado el tribunal resolverá: i. Si las penas concretas en concurso real VCP 144-83 están dentro de la suma del margen abstracto de las penas del NCP 130-2017, no procederá la aplicación retroactiva de este último; ii. Si la suma de las penas concretas VCP 144-83 no se encuentra dentro del marco abstracto de la suma de penas en concurso real del NCP 130-2017, se aplicará el cuerpo normativo que fije comparativamente las penas más leves, sin dejar de tener en consideración el resto de disposiciones de cada codificación para efectos comparativos; iii. Si el concurso real está compuesto por Penas Conjuntas, en donde algunas de ellas sean más beneficiosas y otras más gravosas respecto a la comparación hecha con el otro cuerpo legal; el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la pena de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias.- Ejemplo de esto último sería un concurso real con pena global de reclusión por 25 años y multa por L. 700,000.00 conforme el VCP 144-83 y por otro lado una pena de prisión de 17 a 20 años y multa de L. 1,000,000.00 a L. 5,000,000.00 conforme el NCP 130-2017, caso en donde la pena privativa de libertad deberá de definir el código penal a aplicar, siempre que además los beneficios penitenciarios que regule ese mismo código fuesen igualmente más favorables. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. d.- Concurso Medial El concurso medial constituyó una institución penal por muchos años, reglada por el artículo 36 del VCP 143-83, misma que desaparece en el NCP 130-2017.- Por tanto, cuando conforme los hechos imputados en base al VCP144-83 deba de aplicarse un Concurso Medial (Art. 66 en relación con el párrafo séptimo del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: 1. Se realizará la comparación global de la pena que corresponda en concurso medial según el VCP144-83 con las penas que correspondería aplicar en concurso real conforme al NCP130-2017, en consideración a los limites subjetivo, objetivo ordinario y objetivo extraordinario, del que hemos hablado en el apartado anterior; 2. Es improcedente hacer comparación individual de las penas que conforman el concurso medial del VCP144-83 y las penas en concurso real del NCP130-2017; 3. Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, haciendo desaparecer el concurso Medial, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, lo que se aborda en el apartado siguiente. e. Penas Conjuntas No Concursadas Finalmente, cuando corresponda imponer a una persona una Pena No Concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (en su caso) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: 1. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; 2. Si el hecho definido como delito tiene previstas Penas Conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias.- Ejemplo de esto último sería pena de reclusión por 9 años y multa del 10% de lo defraudado equivalente a L. 50,000.00 conforme el VCP 144-83 en comparación con una pena de prisión de 2 a 3 años y multa 400 días multa equivalente de hasta L. 2,000.000.00 por defraudación a las telecomunicaciones, caso en donde la pena privativa de libertad deberá de definir el código penal a aplicar, siempre que además los beneficios penitenciarios que regule ese mismo código fuesen igualmente más favorables; o 3. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal.- En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara a éste para que señale la que más le favorece. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del del Código Penal decreto 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no se ha presentado por ninguna de las partes personadas, escrito complementario en el que plasmen su posición respecto de la aplicación retroactiva del nuevo Código Penal, por lo que esta Sala de lo Penal deviene en la obligación de hacerlo de oficio. D. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el derogado Código Penal decreto 144-83, declaró responsable al señor Juan de Dios Rivas Anduray, del delito de Portación Ilegal de Armas, imponiéndole una pena de tres (3) años de reclusión; imponiéndole además las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil; así mismo se le condenó por el delito de Posesión de Drogas y se le impuso la medida de seguridad de quince (15) días de internamiento y una multa de Quinientos (500) lempiras. Conforme a la nueva legislación penal decreto 130-2017, en su artículo 580 regula el delito de Tenencia ilegal de Arma de Fuego con una pena de 1 a 4 años si se trata de armas permitidas; pero que dicha pena debe aumentarse en 1/3 a quienes porten la misma, tal es el caso del imputado que fue capturado en plena vía pública y encontrándosele el arma decomisada sin contar con la autorización respetiva para portarla, quedando una nueva pena abstracta de 4 a 5 años a 4 meses de prisión, más la pena de localización permanente por dos años. En cuanto al consumo de drogas, conforme a nueva legislación penal no constituye ilícito, por tanto, esa conducta no sería punible. Aun y cuando el consumo de drogas no es punible en el nuevo código penal decreto 130-2017, en el caso del imputado Juan de Dios Rivas Anduray fue condenado a la pena de 3 años por portación ilegal de armas, que en el nuevo código penal se llama porte ilegal de arma de fuego, el cual tiene contemplada una pena superior en relación a la pena que se le impuso con el derogado Código Penal, en ese sentido no procede la aplicación del decreto 130-2017 pues lejos de beneficiar al imputado, le perjudica. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 362 numeral 3, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 66 y 616 del Código Penal decreto 130-2017. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Abogada Liana Lourdes Soto, en su condición de fiscal del Ministerio Público, en la causa que se le instruyó al señor Juan de Dios Rivas Anduray, a quien se le: 1) Absolvió de los delitos de Extorsión y Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de Testigo Protegido AB0052-2016 y La Salud de la Población del Estado de Honduras. 2) Condenó por el delito de Posesión Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. 3) Condenó por el delito de Posesión de Droga para el Consumo Personal Inmediato, en perjuicio de su propia Salud. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha doce de noviembre del dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó Magistrado Diaz Flores. Notifíquese. Firmas y Sello. Walter Raul Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas.-. Receptora Adscrita Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, al un día del mes de agosto de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los seis días del mes junio del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-99-2019.
RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS
RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL
[1] Sentencia de fecha dieciséis de noviembre de 2009, recaída en el Recurso de Casación Penal No. 177-08