Sentencia CP-97-20 — Registro 17388
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Asesinato, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y se Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la procedencia del Único Motivo. El único motivo no es de Recibo. El recurrente no ha utilizado la debida técnica para conformar y fundamentar su impugnación; la Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo se puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el punto de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados.La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad. La exigencia técnica del recurso se eleva aún más cuando la regla de la sana crítica que se alega como inobservada es la de derivación por falta de razón suficiente dado que adiciona la tarea de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido e identificar en éste la premisa mayor, la premisa menor y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica a pari o analógica a fortiori) es incorrecta (por una de las razones señaladas ut supra) y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí pues además debe explicar por qué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Es de tener presente que conforme la naturaleza del recurso de casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio del juzgador (valoración intelectiva) fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. La Defensa, se aleja de lo anterior al exponer argumentos muy confusos, que imposibilita saber cuál exactamente es su verdadera protesta, muestra disconformidad con el fallo condenatorio en contra de su representado, protestando por la insuficiencia probatoria y haciendo análisis directo de la prueba, dando a conocer cuál es su criterio respecto a ésta. Así en el libelo, la recurrente señala extensivos argumentos sobre la prueba, ataca las declaraciones de los testigos protegidos Alfa y Omega, las que considera contradictorias y carentes de credibilidad, realizando su propia valoración de dichos testimonios y finalmente invita a La Sala a cotejar, los testimonios de los testigos protegidos con el resto de la prueba. También se queja de la reserva de identidad del testigo, ya que dicha protección no le permite orientar su interrogatorio ni aportar los datos o razones para debilitar la credibilidad de estos, tampoco permite la confrontación del testigo protegió con el acusado. realizando su propia valoración de dichas declaraciones; Luego hace un análisis de la prueba pericial y documental para concluir que los mismos por si solos no hubieren bastado para llegar a la condena; También ataca el hecho probado de la sentencia impugnada, alegando que al hacer un análisis de su contenido se logra corroborar que el Tribunal no analizo los elementos requeridos para establecer la participación de su representado en el tipo penal de actos de asesinato, alegatos propios de otro recurso de casación; Además expresa su sentir diciendo que el Ministerio Público, pudo haber demostrado la culpabilidad de su representado mediante otros medios de prueba distintos a los evacuados en juicio haciendo énfasis en la prueba científica de ADN. Resulta evidente, que el recurso de la Defensa contiene primero alegatos propios de otros recursos y no de quebrantamiento de forma, luego realiza análisis probatorio y no análisis de los razonamientos judiciales; la impugnación se basa en los aspectos que considera que no fueron acreditados y la única forma de poder comprobarlo es que la Sala de lo Penal lea el contenido de la prueba y proceda a valorarla, pero además tendría que censurar la valoración hecha por el a-quo y reemplazarla por la valoración de la Sala de Casación; en otras palabras, la Sala de lo Penal tendría que convertirse en tribunal de segunda instancia. Esto nos lleva a afirmar que la Defensa Pública acude a esta única instancia con el objeto de conseguir un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, pretendiendo que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren prueba, extraigan conclusiones probatorias y las impongan en la sentencia.- Como hemos explicado, no existe una previa determinación de pruebas, por lo que ésta debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto, en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362,N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...De la procedencia del Único Motivo. El único motivo no es de Recibo. El recurrente no ha utilizado la debida técnica para conformar y fundamentar su impugnación; la Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo se puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el punto de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados.La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad. La exigencia técnica del recurso se eleva aún más cuando la regla de la sana crítica que se alega como inobservada es la de derivación por falta de razón suficiente dado que adiciona la tarea de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido e identificar en éste la premisa mayor, la premisa menor y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica a pari o analógica a fortiori) es incorrecta (por una de las razones señaladas ut supra) y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí pues además debe explicar por qué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Es de tener presente que conforme la naturaleza del recurso de casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio del juzgador (valoración intelectiva) fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. La Defensa, se aleja de lo anterior al exponer argumentos muy confusos, que imposibilita saber cuál exactamente es su verdadera protesta, muestra disconformidad con el fallo condenatorio en contra de su representado, protestando por la insuficiencia probatoria y haciendo análisis directo de la prueba, dando a conocer cuál es su criterio respecto a ésta. Así en el libelo, la recurrente señala extensivos argumentos sobre la prueba, ataca las declaraciones de los testigos protegidos Alfa y Omega, las que considera contradictorias y carentes de credibilidad, realizando su propia valoración de dichos testimonios y finalmente invita a La Sala a cotejar, los testimonios de los testigos protegidos con el resto de la prueba. También se queja de la reserva de identidad del testigo, ya que dicha protección no le permite orientar su interrogatorio ni aportar los datos o razones para debilitar la credibilidad de estos, tampoco permite la confrontación del testigo protegió con el acusado. realizando su propia valoración de dichas declaraciones; Luego hace un análisis de la prueba pericial y documental para concluir que los mismos por si solos no hubieren bastado para llegar a la condena; También ataca el hecho probado de la sentencia impugnada, alegando que al hacer un análisis de su contenido se logra corroborar que el Tribunal no analizo los elementos requeridos para establecer la participación de su representado en el tipo penal de actos de asesinato, alegatos propios de otro recurso de casación; Además expresa su sentir diciendo que el Ministerio Público, pudo haber demostrado la culpabilidad de su representado mediante otros medios de prueba distintos a los evacuados en juicio haciendo énfasis en la prueba científica de ADN. Resulta evidente, que el recurso de la Defensa contiene primero alegatos propios de otros recursos y no de quebrantamiento de forma, luego realiza análisis probatorio y no análisis de los razonamientos judiciales; la impugnación se basa en los aspectos que considera que no fueron acreditados y la única forma de poder comprobarlo es que la Sala de lo Penal lea el contenido de la prueba y proceda a valorarla, pero además tendría que censurar la valoración hecha por el a-quo y reemplazarla por la valoración de la Sala de Casación; en otras palabras, la Sala de lo Penal tendría que convertirse en tribunal de segunda instancia. Esto nos lleva a afirmar que la Defensa Pública acude a esta única instancia con el objeto de conseguir un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, pretendiendo que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren prueba, extraigan conclusiones probatorias y las impongan en la sentencia.- Como hemos explicado, no existe una previa determinación de pruebas, por lo que ésta debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto, en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362,N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...Ponderación en el caso concretoEn la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Wilson Isidro López Amaya, la pena de 20 años de reclusión, como autor responsable del delito consumado de Asesinato en perjuicio de Wilson Isidro López Amaya, más las penas accesorias de responsabilidad civil, inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure su condena. Conforme las disposiciones del Código Penal decreto 130-2017 en su artículo 193, el delito de asesinato, se penaliza así: Asesinato: Con la pena principal de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión.Como penas accesorias según el artículo 58 del NCP: Inhabilitación absoluta de cargo o empleo público, así como su incapacidad para obtener estos u otros cargos u oficios y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena de prisión. La suspensión de la ciudadanía según el artículo 42 del NCP: la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo, para optar a cargos públicos durante el tiempo de la condena. Con duración de cinco (5) a veinte (20) años. Responsabilidad civil. No se aprecian circunstancias agravantes ni atenuantes genéricas. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permite determinar, que en el caso particular al haberse condenado al señor Wilson Isidro López Amaya, como autor del delito de asesinato, con la pena concreta impuesta de 20 de reclusión, en la sentencia impugnada bajo el decreto 144-83, se encuentra dentro del margen abstracto de pena del NCP 130-2017.Por tanto, no procede la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal, por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. .."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 315 y 316 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP 97-2020 que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Walter Raúl Miranda Sabio, en su calidad de Coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Diaz Flores, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-97-2020 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha catorce de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Yoro, departamento de Yoro, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó a Wilson Isidro Lopez Amaya, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio de Ermen Antonio Bustamante Cruz, a la pena de veinte años de reclusión. SEGUNDO: Condenó a Wilson Isidro Lopez Amaya, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. TERCERO: Se declaró la responsabilidad civil de Wilson Isidro Lopez Amaya. CUARTO: No procedió la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio a Wilson Isidro Lopez Amaya. QUINTO: Decreto el comiso de la ojiva deformada color gris, no procede decretar el comiso del dispositivo USB marca Kingston color verde con protector plateado de 2GB. Son partes en única instancia: Los Abogados Gladys Lamar Ortiz y Arnaldo Alcides Garcia Alvarado, en su condición de defensores públicos de Wilson Isidro Lopez Amaya, como parte recurrente; y la Abogada Marla Iris Cárdenas Guardado, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “ÚNICO: En fecha 17 de Agosto del 2017, afuera de la vivienda de don Fausto Reyes en el barrio San José de esta ciudad de Yoro, entre las 05:27 p.m. y 05:33 de la tarde mientras el señor Ermen Antonio Cruz Bustamante platicaba con don Fausto Reyes y Tito Reyes, Tito entra a la vivienda para recibir una llamada, por lo que el señor Ermen Antonio Cruz Bustamante le dijo a Fausto que ya se iba y cuando arranca el carro llegó el señor Wilson Isidro López Amaya alias el “Guato” por el lado del copiloto a dispararle en múltiples ocasiones al señor Ermen Antonio Cruz Bustamante en la cabeza, la cara, el cuello, la mano derecha, el cuerpo y el brazo derecho, provocándole 6 heridas, las cuales le causaron la muerte, luego el imputado después de intercambiar palabras con ciertas personas que estaban en la paila del vehículo de la víctima, salió de huida en una motocicleta que conducía otra persona..” RECURSO DE CASACIÓN: La recurrente Abogada Brenda Lizette Flores Torres, en su condición de defensora pública de Wilson Isidro Lopez Amaya, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICION DE MOTIVO DE CASACION. MOTIVO UNICO: La inobservancia por parte del Tribunal de las reglas de la sana critica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en los artículos 362.3 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO. La Impugnación de la sentencia de fecha catorce de Noviembre del dos mil diecinueve, se fundamenta en que la misma contiene un vicio grave, ya que es dudosa o violatoria de Derechos fundamentales para dar por acreditada la participación del encartado en el ilícito causa del presente recurso; y, siendo que al determinar la condena de mi representado se hizo sobre inferencias que solo ofrecieron meras sospechas o simples conjeturas, lo que constituyo en una violación a los derechos de la Defensa, en consonancia en el artículo 339 del Código Procesal Penal que prescribe que "si el Tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenar al imputado, dictara sentencia absolutoria, asimismo, será absuelto en caso de duda razonable.- Resultado de esto, una sentencia condenatoria por el delito de ASESINATO, en perjuicio de WILSON ISIDRO LOPEZ AMAYA. En dicha sentencia condenatoria el Tribunal expresa y terminantemente probado el hecho siguiente. UNICO: Que en fecha 17 de Agosto del dos mil diecisiete, afuera de la vivienda de don Fausto Reyes en el barrio San José de esta Ciudad de Yoro entre las 5:27 y 5:33 pm mientras el señor ERMEN ANTONIO CRUZ BUSTAMANTE platicaba con don FAUSTO REYES y TITO REYES entra a la vivienda para recibir una llamada, por lo que el señor ERMEN ANTONIO CRUZ BUSTAMANTE le dijo a FAUSTO que ya se iba Y cuando arranca el carro llego el señor WILSON ISIDRO LOPEZ AMAYA alias el Guato por el lado del copiloto a dispararle en múltiples ocasiones al señor ERMEN ANTONIO CRUZ BUSTAMANTE en la cabeza, la cara, el cuello, la mano derecha, el cuerpo y el brazo derecho, provocándole 6 heridas, las cuales le causaron la muerte, luego el imputado después de intercambiar palabras con ciertas personas que estaban en la paila del vehículo de la víctima, salió de huida en una motocicleta que conducía otra persona. Al analizar el contenido del hecho UNICO declarado probado en el cual se refiere al supuesto ASESINATO se observa que el Tribunal no analizo los elementos requeridos para establecer la participación de mi representado en el tipo penal aludido; cómo se puede apreciar del relato factico que constituye para los efectos de casación verdades indiscutibles, no permiten declarar la existencia independiente del delito de ASESINATO, a que se refiere los artículos 117 del Código Penal, en vista que las pruebas presentadas por la parte acusadora no enervo la presunción de inocencia. En referencia a estos aspectos señalamos que los TESTIGOS PROTEGIDOS ALFA Y OMEGA ambos 2018, en su deposición señalaron cuando, donde y quien supuestamente realizo el hecho ilícito y hacen una descripción del mismos, identificando al indiciado en reconocimiento en rueda, estas declaraciones y reconocimiento por los mismos Testigos Protegido Alfa y Omega, es contradictoria y prejuiciosa lo cual nos lleva a concluir que afecta su valor conviccional. Por lo que se recomienda que el testimonio brindado por los testigos debe ser cotejado con el resto de las pruebas existentes; dicho lo anterior el acusado en el proceso penal tiene como Derecho el defenderse, llevando consigo la posibilidad de interrogar a los testigos que declaren contra él según manda nuestra Legislación Nacional; al igual tener la posibilidad de conocer o comprobar su identidad, lo que nos permitiría no solo orientar nuestro interrogatorio, sino también, aportar los datos o razones de que puedan disponer para debilitar la credibilidad de dicho testigo, por otro lado permitiría la confrontación del testigo de cargo con la persona acusada, lo que aplicaría las posibilidades de valoración del tribunal; sin embargo, la necesidad de proteger a las víctimas de los delitos y en otros casos a testigos en quienes concurren especiales circunstancias de riesgo, al tiempo que se favorece su colaboración con la Justicia, ha llevado a considerar la supresión de todas o algunas de esas circunstancias de identificación, presencias físicas y confrontación de los testigos con el acusado. Si la Defensa desconoce la identidad de la persona a la que intenta interrogar, puede verse privada de datos que precisamente le permitan corroborar que es parcial, hostil o indigna de crédito, un testimonio o cualquiera declaración en contra del inculpado, puede muy bien ser falso o deberse a un mero error; y, la defensa difícilmente podrá demostrarlo si se carece de las informaciones que permitan fiscalizar el crédito que merece el autor o ponerlo en duda; con esto en mente somos del criterio que ninguna condena debería estar basada únicamente o de manera decisiva en testigos protegidos. Así pues, la culpabilidad -de cualquier ponderación, incluso cuando las dificultades de la defensa sean equilibradas por el procedimiento seguido por las autoridades Judiciales, han de cumplirse dos parámetros como ser: 1) Que sea posible examinar la fiabilidad del testigo cuyo nombre se oculta. 2) Que esa declaración del testigo protegido no sea decisiva. En definitiva las consecuencias de la disponibilidad de medio de prueba solamente pueden perjudicar al que la ha de proponer y no al derecho de defensa de aquel contra el que se propone dicho medio de prueba. Consideramos que al estar en juego valores relevantes como contrapuestas, es decir, la integridad rígida del acusado; por lo que el tribunal debió estar plenamente convencido y a la vez motivado en buenas razones objetivas que revelaran un riesgo cierto y real para el testigo proveniente del acusado en caso de ser conocido por este. Por lo que la motivación de una resolución tan transcendente no pudo consistir en una vaga e indefinida referencia, a que su identificación pudo generar un peligro para su integridad. En referencia a otros medios de prueba hemos de señalar que estos por si solos no hubiesen bastado para llegar a la condena, tal como se describe como ser. 1) Dictamen de Autopsia número 2017-1801-0401-0043 Sin ratificación del Doctor GERARDO ROSALES, en la humanidad del señor ERMEN ANTONIO BUSTAMANTE CRUZ. 2) DICTAMEN DE DETECl-VF-0501-2018-624 ratificado por la Agente KRISTINE MONIQUE PEÑA DURAN en relación de seis archivos de videos con relación a la investigación, sin embargo en dichos videos no se puede definir detalladamente con respecto a la investigación. 3) DICTAMEN DE DPI-DVFS-05-09-2017 en relación a seis archivos de videos, en los cuales se describe dinámica del hecho, sin embargo solo se observa características de vestimenta, zapatos y aparentemente arma de fuego. 4) Certificación de Acta de Nacimiento número 1801-1992-01142 del señor WILSON ISIDRO LOPEZ AMAYA.5) Certificación de Acta de Nacimiento número 1801-196700994 del señor ERMEN ANTONIO BUSTAMANTE CRUZ. 6) Certificación de Acta de Defunción número 1801-2017-00164 del señor ERMEN ANTONIO BUSTAMANTE CRUZ. 7) Acta de Inspecciones Ocular y Recolección de Indicios en la cual se describe el lugar de los hechos e indica que había un lago de he mático, sin embargo no hicieron ningún levantamiento de pelos en el lugar. 8) Constancia de Registro de Armas con la cual se constató que el difunto no se encontraba registrado como portador de arma de fuego. El Ministerio Publico pudo haber demostrado la culpabilidad de mí representado, mediante 1) declaraciones testificales de las personas que presenciaron el hecho en vista de haber ocurrido en lugar específico y abierto, es decir público. 2) Identificadores a partir de los marcadores de ADN siendo esta una prueba exacta, con escaso margen de error, consiste en levantamiento de pelos hallados el lugar de los hechos y en el cuerpo del difunto en virtud de que según las investigaciones el hechor procedió a despojarlo de una arma de fuego, el cual se hubiese comparado con el ADN del indiciado, situación que fue imposible realizar y en ningún momento se indago en audiencia oral y pública por los entes acusadores del encausado, cabe señalar que dichas diligencias tienen carácter de urgencia en virtud de su fragilidad y fácil deterioro y desaparición. Recordemos que la responsabilidad de procurar el enjuiciamiento le corresponde al ente acusador del Estado que como representante dela Sociedad y está obligado en todo momento a radicar ante los tribunales de justicia las acciones penales necesarias contra quienes resulten con grave indicios de responsabilidad, pero la búsqueda y la obtención licita de la pruebas es responsabilidad exclusiva de los cuerpos de investigación según lo prescriben los artículos 272,273 y especialmente los artículos 279,280 y 281 del Código Procesal Penal, con la colaboración de otros cuerpos, siempre bajo la dirección del Fiscal, debiendo desplegar toda su actividad inquisitiva en la búsqueda de las pruebas que vinculen al hecho con el posible participe, y solo ante la existencia de graves indicios de criminalidad se procederá contra una persona, para solicitar de un órgano jurisdiccional la determinación de su culpabilidad, por tal razón consideramos que es peligroso sostener la participación en el hecho que se le incrimina a mi representado, solamente teniendo como elemento único a testigos protegidos Alfa y Omega, sin ninguna corroboración, que pierde credibilidad, porque podría tratarse de enemigos personales o alguien que quiera perjudicarlo Por lo expuesto hemos de señalar que los indicios o hechos- base no fueron plenamente acreditados, no fueron determinantes y contundentes en virtud que las declaraciones de los testigos protegidos no se corroboraron con el resto de la investigación y con la prueba científica; a pesar algunos indicios, no existe uno que produzca potencial acreditativa; en relación a que sean periféricos, no extraños o extravagantes, en relación con el hecho que se trata, estos no se reforzaron generando neutralización; en cuanto a que el iter lógico capaz de conducir de la acreditación de los indicios; en consecuencia, no se identificó al imputado que pudo ejecutar al ofendido. Es así que si bien en las acciones de mérito requiere no solamente elementos objetivos constitutivos; sino también, elementos subjetivos por lo que necesariamente tiene que ser doloso, por mandato legal, razón por la cual se requiere necesariamente acreditar la participación de la persona acusada. Por cuanto el hecho declarado probado en la sentencia de mérito no constituye el ilícito penal que pretendía el Ministerio Publico al acusar, por lo que concluimos diciendo que en la misma en cuanto a que el acusado realizo acciones de ASESINATO, no se logró enervar el estado de inocencia del mismo, pues con la prueba evacuada en juicio y valorada en la resolución no produjo certeza de la participación de mi representado, requisito sine qua nom para emitir un fallo condenatorio, por lo anterior se debe declarar la libre absolución de mi representado por este delito tal y como recomienda el artículo 339 del Código Procesal Penal. Cuando se trata de restringir un derecho fundamental de la persona humana, como la libertad, debe de garantizarse plenamente que la persona a quien se le menoscabo su derecho, es aquella que realmente ha cometido infracción penal y que por ello es necesario su resocialización mediante el cumplimiento de una pena; En consecuencia, debemos declarar que el pronunciamiento condenatorio se ha sustentado esencialmente en una prueba que ha quebrantado el derecho de defensa del acusado por no ser corroborada por otras pruebas en el proceso, por lo expuesto podemos apreciar que el Tribunal Juzgador dicto la sentencia no conforme y de acuerdo con las reglas de la sana critica racional, es decir, de la lógica, psicología y experiencia común; estas leyes están constituidas por las leyes fundamentales de la coherencia ,derivación y por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. En el presente caso con respecto al tercero excluido dos juicios opuestos entre sí contradictoriamente no pueden ser ambos falsos, es decir que uno de ellos es verdadero y ningún otro es posible, por lo que para el Tribunal Juzgador no considero la posibilidad que los testigos protegidos, se equivocaran o mintieron al acusar a mi representado por lo que bajo ninguna circunstancia obtuvo certeza condenando al. señor WILSON ISIDRO LOPEZ AMAYA, con lo expuesto y consecuentemente, esta reclamación casacional debe ser estimada, debiéndose casar y anular la sentencia de instancia; declarando la absolución del encartado. El estado de inocencia es consagrado el artículo 89 de la Constitución de la República " Toda persona es inocente mientras n se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; en el artículo 11,1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos "Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad"; artículo 8.2 de la Convención American sobre Derechos Humanos " Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se tablecezca legalmente su culpabilidad"' artículo 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre " se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable"; articulo 14.2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la Ley"; articulo 2 Código Procesal Penal " estado de inocencia. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de presente código..." Fundamentación Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Norma procesal que se denuncia infringida: Sin determinar por el censor. Concepto de la infracción: Inobservancia a las reglas de la sana crítica. Reclamación ex-ante: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Sin determinar por el censor. Explicó el recurrente que la sentencia recurrida es dudosa o violatoria de Derechos fundamentales, para dar por acreditada la participación del encartado en la ilícita causa del presente recurso, argumentando lo siguiente; Siendo que al determinar la condena de su representado se hizo sobre inferencias que solo ofrecieron meras sospechas o simples conjeturas, lo que constituyo en una violación a los derechos de la Defensa, en consonancia en el artículo 339 del Código Procesal Penal. Al analizar, el contenido del hecho declarado probado en el cual se refiere al supuesto asesinato, se observa que el Tribunal no analizo los elementos requeridos para establecer la participación de mi representado en el tipo penal aludido; cómo se puede apreciar del relato factico que constituye para los efectos de casación verdades indiscutibles, no permiten declarar la existencia independiente del delito de asesinato, a que se refiere los artículos 117 del Código Penal, en vista que las pruebas presentadas por la parte acusadora no enervo la presunción de inocencia. Los testigos protegidos Alfa y Omega, en su deposición señalaron cuando, donde y quien supuestamente realizo el hecho ilícito y hacen una descripción del mismos, identificando al indiciado en reconocimiento en rueda, estas declaraciones y reconocimiento por los mismos Testigos Protegido Alfa y Omega, es contradictoria y prejuiciosa lo cual nos lleva a concluir que afecta su valor conviccional. Por lo que se recomienda que el testimonio brindado por los testigos debe ser cotejado con el resto de las pruebas existentes. El acusado en el proceso penal, tiene como Derecho a defenderse, llevando consigo la posibilidad de interrogar a los testigos que declaren contra él según manda nuestra Legislación Nacional; al igual tener la posibilidad de conocer o comprobar su identidad, lo que nos permitiría no solo orientar nuestro interrogatorio, sino también, aportar los datos o razones de que puedan disponer para debilitar la credibilidad de dicho testigo, por otro lado permitiría la confrontación del testigo de cargo con la persona acusada, lo que aplicaría las posibilidades de valoración del tribunal; sin embargo, la necesidad de proteger a las víctimas de los delitos y en otros casos a testigos en quienes concurren especiales circunstancias de riesgo, al tiempo que se favorece su colaboración con la Justicia, ha llevado a considerar la supresión de todas o algunas de esas circunstancias de identificación, presencias físicas y confrontación de los testigos con el acusado. Si la Defensa desconoce la identidad de la persona a la que intenta interrogar, puede verse privada de datos que precisamente le permitan corroborar que es parcial, hostil o indigna de crédito, un testimonio o cualquiera declaración en contra del inculpado, puede muy bien ser falso o deberse a un mero error; y, la defensa difícilmente podrá demostrarlo si se carece de las informaciones que permitan fiscalizar el crédito que merece el autor o ponerlo en duda. Ninguna condena debería estar basada únicamente o de manera decisiva en testigos protegidos. Así pues, la culpabilidad -de cualquier ponderación, incluso cuando las dificultades de la defensa sean equilibradas por el procedimiento seguido por las autoridades Judiciales, han de cumplirse dos parámetros como ser: 1) Que sea posible examinar la fiabilidad del testigo cuyo nombre se oculta. 2) Que esa declaración del testigo protegido no sea decisiva. El Tribunal, debió estar plenamente convencido y a la vez motivado en buenas razones objetivas que revelaran un riesgo cierto y real para el testigo proveniente del acusado en caso de ser conocido por este. Por lo que la motivación de una resolución tan transcendente no pudo consistir en una vaga e indefinida referencia, a que su identificación pudo generar un peligro para su integridad. El Ministerio Público, pudo haber demostrado la culpabilidad de su representado, mediante 1) declaraciones testificales de las personas que presenciaron el hecho en vista de haber ocurrido en lugar específico y abierto, es decir público. 2) Identificadores a partir de los marcadores de ADN siendo esta una prueba exacta, con escaso margen de error, consiste en levantamiento de pelos hallados el lugar de los hechos y en el cuerpo del difunto en virtud de que según las investigaciones el hechor procedió a despojarlo de una arma de fuego, el cual se hubiese comparado con el ADN del indiciado, situación que fue imposible realizar y en ningún momento se indago en audiencia oral y pública por los entes acusadores del encausado, cabe señalar que dichas diligencias tienen carácter de urgencia en virtud de su fragilidad y fácil deterioro y desaparición. Recordemos que la responsabilidad de procurar el enjuiciamiento le corresponde al ente acusador del Estado que como representante dela Sociedad y está obligado en todo momento a radicar ante los tribunales de justicia las acciones penales necesarias contra quienes resulten con grave indicios de responsabilidad, pero la búsqueda y la obtención licita de la pruebas es responsabilidad exclusiva de los cuerpos de investigación según lo prescriben los artículos 272,273 y especialmente los artículos 279,280 y 281 del Código Procesal Penal, con la colaboración de otros cuerpos, siempre bajo la dirección del Fiscal, debiendo desplegar toda su actividad inquisitiva en la búsqueda de las pruebas que vinculen al hecho con el posible participe, y solo ante la existencia de graves indicios de criminalidad se procederá contra una persona, para solicitar de un órgano jurisdiccional la determinación de su culpabilidad. Por tal razón consideramos que es peligroso sostener la participación en el hecho que se le incrimina a mi representado, solamente teniendo como elemento único a testigos protegidos Alfa y Omega, sin ninguna corroboración, que pierde credibilidad, porque podría tratarse de enemigos personales o alguien que quiera perjudicarlo. Por lo expuesto hemos de señalar que los indicios o hechos- base no fueron plenamente acreditados, no fueron determinantes y contundentes en virtud que las declaraciones de los testigos protegidos no se corroboraron con el resto de la investigación y con la prueba científica; a pesar algunos indicios, no existe uno que produzca potencial acreditativa; en relación a que sean periféricos, no extraños o extravagantes, en relación con el hecho que se trata, estos no se reforzaron generando neutralización; en cuanto a que el iter lógico capaz de conducir de la acreditación de los indicios; en consecuencia, no se identificó al imputado que pudo ejecutar al ofendido. Es así que si bien en las acciones de mérito requiere no solamente elementos objetivos constitutivos; sino también, elementos subjetivos por lo que necesariamente tiene que ser doloso, por mandato legal, razón por la cual se requiere necesariamente acreditar la participación de la persona acusada. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que:“… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Critica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo con relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la Lógica no formal, llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 3. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 4. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Debida Técnica Recursiva El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no, para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que el Recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El Recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; el Recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: a. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de casación, el recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó, en los casos de Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A quo; la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncian vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciará el vicio; el Motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. b. Explicación del Vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: La claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. c. Demostración del Vicio: El recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera el recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permite, a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente: Derecho de Acceso a la Justicia Derecho a una resolución fundada en derecho; Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; Derecho a la Tutela Cautelar; y Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de rango constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 304 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado. El único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cuál es el sentido del reclamo que realiza el recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (así establecido en las sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.) De la procedencia del Único Motivo. El único motivo no es de Recibo. El recurrente no ha utilizado la debida técnica para conformar y fundamentar su impugnación; la Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo se puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el punto de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados.La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad. La exigencia técnica del recurso se eleva aún más cuando la regla de la sana crítica que se alega como inobservada es la de derivación por falta de razón suficiente dado que adiciona la tarea de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido e identificar en éste la premisa mayor, la premisa menor y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica a pari o analógica a fortiori) es incorrecta (por una de las razones señaladas ut supra) y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí pues además debe explicar por qué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Es de tener presente que conforme la naturaleza del recurso de casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio del juzgador (valoración intelectiva) fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. La Defensa, se aleja de lo anterior al exponer argumentos muy confusos, que imposibilita saber cuál exactamente es su verdadera protesta, muestra disconformidad con el fallo condenatorio en contra de su representado, protestando por la insuficiencia probatoria y haciendo análisis directo de la prueba, dando a conocer cuál es su criterio respecto a ésta. Así en el libelo, la recurrente señala extensivos argumentos sobre la prueba, ataca las declaraciones de los testigos protegidos Alfa y Omega, las que considera contradictorias y carentes de credibilidad, realizando su propia valoración de dichos testimonios y finalmente invita a La Sala a cotejar, los testimonios de los testigos protegidos con el resto de la prueba. También se queja de la reserva de identidad del testigo, ya que dicha protección no le permite orientar su interrogatorio ni aportar los datos o razones para debilitar la credibilidad de estos, tampoco permite la confrontación del testigo protegió con el acusado. realizando su propia valoración de dichas declaraciones; Luego hace un análisis de la prueba pericial y documental para concluir que los mismos por si solos no hubieren bastado para llegar a la condena; También ataca el hecho probado de la sentencia impugnada, alegando que al hacer un análisis de su contenido se logra corroborar que el Tribunal no analizo los elementos requeridos para establecer la participación de su representado en el tipo penal de actos de asesinato, alegatos propios de otro recurso de casación; Además expresa su sentir diciendo que el Ministerio Público, pudo haber demostrado la culpabilidad de su representado mediante otros medios de prueba distintos a los evacuados en juicio haciendo énfasis en la prueba científica de ADN. Resulta evidente, que el recurso de la Defensa contiene primero alegatos propios de otros recursos y no de quebrantamiento de forma, luego realiza análisis probatorio y no análisis de los razonamientos judiciales; la impugnación se basa en los aspectos que considera que no fueron acreditados y la única forma de poder comprobarlo es que la Sala de lo Penal lea el contenido de la prueba y proceda a valorarla, pero además tendría que censurar la valoración hecha por el a-quo y reemplazarla por la valoración de la Sala de Casación; en otras palabras, la Sala de lo Penal tendría que convertirse en tribunal de segunda instancia. Esto nos lleva a afirmar que la Defensa Pública acude a esta única instancia con el objeto de conseguir un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, pretendiendo que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren prueba, extraigan conclusiones probatorias y las impongan en la sentencia.- Como hemos explicado, no existe una previa determinación de pruebas, por lo que ésta debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto, en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba. La Defensa además aqueja que la prueba, a su criterio, el convencimiento judicial se basa en inferencias que solo ofrecieron meras sospechas o simples conjeturas, la condena emitida por el Tribunal de sentencia se basa en la declaración de los testigos con reserva de identidad; dejando ver que no es la construcción de la valoración intelectiva el motivo de la protesta sino la declaración de los testigos y su capacidad de alcanzar una total cobertura a los hechos que constituyen la imputación, pero sin individualizar la regla de la sana critica que se considera infringida, siendo esta un reservorio de reglas y principios que rigen el correcto entendimiento humano, por lo que la recurrente debe invocar su inobservancia de forma clara y precisa respecto a la regla o principio que fue violentado, la identificación del razonamiento judicial, la explicación del porque el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente la explicación del porque dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el Tribunal. Decisión: Desestimar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: d. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. e. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. f. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa Pública del acusado Wilson Isidro López Amaya, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concretoEn la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Wilson Isidro López Amaya, la pena de 20 años de reclusión, como autor responsable del delito consumado de Asesinato en perjuicio de Wilson Isidro López Amaya, más las penas accesorias de responsabilidad civil, inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure su condena. Conforme las disposiciones del Código Penal decreto 130-2017 en su artículo 193, el delito de asesinato, se penaliza así: Asesinato: Con la pena principal de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión.Como penas accesorias según el artículo 58 del NCP: Inhabilitación absoluta de cargo o empleo público, así como su incapacidad para obtener estos u otros cargos u oficios y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena de prisión. La suspensión de la ciudadanía según el artículo 42 del NCP: la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo, para optar a cargos públicos durante el tiempo de la condena. Con duración de cinco (5) a veinte (20) años. Responsabilidad civil. No se aprecian circunstancias agravantes ni atenuantes genéricas. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permite determinar, que en el caso particular al haberse condenado al señor Wilson Isidro López Amaya, como autor del delito de asesinato, con la pena concreta impuesta de 20 de reclusión, en la sentencia impugnada bajo el decreto 144-83, se encuentra dentro del margen abstracto de pena del NCP 130-2017.Por tanto, no procede la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal, por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; ; 614, 615, 616, 624 del Código Penal decreto 130-217; 116 del Código Penal decreto 144-83. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la abogada Brenda Lizette Flores, en su condición de Defensora Pública del señor Wilson Isidro López Amaya, a quien se le condenó por un delito de Asesinato en perjuicio de Ermen Antonio Bustamante Cruz.: Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha catorce de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Yoro, departamento de Yoro. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó Magistrado Mairena Franco. Notifíquese. Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. Mario Rolando Díaz Flores. Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas.-. Receptora Adscrita Sala de lo Penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de abril de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada a los veintidós días del mes de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP 97-2020.
RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS
RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL