Sentencia CP-97-19 — Registro 17705
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Actos de Lujuria Agravados, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y se Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...
De la Procedencia del Recurso. - EL RECURSO NO ES DE RECIBO. La recurrente en su exposición del único motivo hace uso de la mala técnica recursiva, pues desconoce la naturaleza del Recurso Extraordinario de Casación y de la debida técnica que se requiere observar para su planteamiento. Como se ha establecido antes, “el principio de debida técnica”, se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso”[2]. Este principio está recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “Tratándose de casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos”. Fundamenta la recurrente este motivo de casación penal en la inobservancia de la sana critica en la valoración de la prueba (artículo 362 preámbulo y numeral 3 del Código Procesal Penal), sin establecer con claridad cuál de las reglas y en qué postulado ha sido violentada, pues se limita a hacer una referencia general a todas las reglas de la sana critica, sin puntualizar a cuál de ellas se refiere en su recurso. La recurrente no realiza un desarrollo adecuado, confrontando los medios de prueba contra la valoración intelectiva que hiciera el juzgador; realiza alegatos de instancia en consecuencia, como se reitera, la única instancia no puede sobreponer valoraciones probatorias que ha realizado el Tribunal de Sentencia, el cual cuenta con la inmediación, solo hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con las reglas de la sana critica. La confusión y desconocimiento evidentes en el planteamiento del recurrente, impiden a esta Sala, descubrir el sentido de su reclamo y el alcance del mismo, de tal suerte que como ya se ha explicado, esta Sala, sólo puede hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con las reglas de la sana critica, por ende al no haber sido señalados por el censor, de manera clara y precisa los vicios que provocan la infracción, imposibilita a esta Sala de lo Penal dar respuesta al recurso planteado, por lo expuesto se declara improcedente el motivo de casación invocado por la recurrente..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al acusado Rolando Antonio Garmendia Cardona, a la pena de siete (7) años seis (6) meses de reclusión como responsable penalmente del delito de Actos de Lujuria agravados en perjuicio de la menor D. P. F. M.; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal, así como fue declarado civilmente responsable, conforme al artículo 141 párrafo primero del Código Penal según decreto 144-83. Conforme las disposiciones del Código Penal contenido en el decreto 130-2017, a la persona responsable del delito de Otras Agresiones Sexuales (art.250), debe imponérsele una pena de prisión de cinco (5) a ocho (8) años de prisión y prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión. Además de las penas principales la nueva legislación contempla la imposición de las penas accesorias de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio, comercio o industria relacionados con la conducta; así como la inscripción del condenado en el registro de agresores sexuales que deberá llevar el Juzgado de Ejecución correspondiente; por disposición Constitucional (art 41.2) se condena a la suspensión de la ciudadanía por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena principal. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta al acusado Rolando Antonio Garmendia Cardona al ser de siete (7) años seis (6) meses de reclusión por el delito Actos de Lujuria, es menos gravosa que el margen abstracto señalado por la nueva norma penal; agregado a ello, el tipo penal de Otras Agresiones Sexuales, tiene como consecuencia jurídica, otras penas principales, es decir la pena de prisión y la pena de prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de prisión, penas que no se encontraban contempladas en la legislación penal derogada. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal..."
Legislación citada
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÒN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-97-2019, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho del mes de mayo del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Walter Raúl Miranda Sabio, en su calidad de coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Diaz Flores, pronuncian En Nombre Del Estado De Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 97-2019 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciséis de marzo del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: Condenó a Rolando Antonio Garmendia Cardona, como autor responsable del delito de Actos de Lujuria Agravados en perjuicio de D. P. F. M., a la pena de siete (7) años, seis (6) meses de reclusión, junto con las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Segundo: Declaró la responsabilidad civil del señor Rolando Antonio Garmendia Cardona. Tercero: No procedió la condena en costas del imputado Rolando Antonio Garmendia Cardona. Son Partes en Única Instancia: la Abogada Gladys Lamar Ortiz y Arnaldo Alcides Garcia, defensores públicos del acusado en su condición de recurrentes y, La Abogada Ligia Cristina Roque Gómez, agente fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados De La Instancia “Único: En el año dos mil trece, en la colonia Brisas del Valle de la ciudad de Comayagüela, municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, en el interior de una habitación el señor Rolando Antonio Garmendia Cardona, en presencia de la niña D. P. F. M. de ocho años de edad al momento de los hechos, procedió a desvestirse y a continuación procedió a quitarle su ropa a la niña en mención, le acarició las partes erógenas de su cuerpo y le rozó la vulva con su pene.” Recurso de CASACIÓN. Motivos y Argumentos La recurrente Abogada Gaby Carolina Henríquez, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Motivo Único: No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica". 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. Explicación del Motivo: La impugnación de la sentencia de fecha dieciséis de marzo del dos mil dieciocho, se fundamenta en que la misma contiene un vicio grave, ya que es dudosa o violatoria de derechos fundamentales para dar por acreditada la participación del encartado en los ilícitos causa del presente recurso; y, siendo que al determinar la condena de mi representado se otorgó valor decisivo a la declaración única de la posible ofendida lo que constituye en una violación a los derechos de la Defensa, en consonancia en el articulo 339 del Codigo Procesa Penal que prescribe que: si el Tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenar al imputado, dictará sentencia absolutoria, asimismo, será absuelto en caso de duda razonable.- Resultado de esto, una sentencia condenatoria por el delito de Actos de Lujuria Agravados, en perjuicio de R. A. G. C.. En dicha sentencia condenatoria el Tribunal expresa y terminantemente probado el hecho siguiente. Único: En el año del dos mil trece, en la colonia Brisas del Valle de la ciudad de Comayagüela, municipio del distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, en el interior de una habitación el señor Rolando Antonio Garmendia Cardona en presencia de la niña D. P. F. M. de ocho años de edad al momento de los hechos, procedió a desvestirse y a continuación procedió a quitarle su ropa a la niña en mención, le acarició las partes erógenas de su cuerpo y le rozo la vulva con su pene. Al analizar el contenido del único hecho probado se observa que el tribunal no analizó los elementos requeridos para establecer la participación de mi representado en el tipo penal aludido; cómo se puede apreciar en el hecho único del relato factico que constituye para los efectos de casación verdad indiscutible, no permite declarar la existencia independiente del delito de Actos de Lujuria Agravados, a que se refiere los artículos 141 del Código Penal, en vista que la declaración de la ofendida D. P. F. M., constituye la única prueba de cargo y carece de verosimilitud, es decir, que no cuenta con alguna corroboración periférica de carácter objetivo, violentando el derecho a que su juzgamiento fuese con las formalidades, derechos y garantías establecidas por la Ley. En referencia a estos aspectos señalamos que la ofendida en su deposición señalo que los hechos supuestamente ocurrieron en el dos mil trece y hace una descripción de los mismos señalando a mi representado como autor de la acción; sin embargo, llama la atención que en su descripción hay ciertos hechos indicadores que falta a la verdad como por ejemplo que la acción duro dos minutos situación que tal como lo señala la psicóloga Grace J.Craig Don Baucum en su novena edición a esta edad a nivel cognitivo 8Desarrolllo de habilidades y capacidades de sus estructuras cerebrales tales como el razonamiento, precisión, percepción, habilidades numéricas y otros) no están totalmente desarrollados en su totalidad, por ende los niños en edad de ocho años no pueden decir con exactitud el tiempo que estuvo en determinada situación (supuesto evento traumático); en cuanto que manifestó a otro niño llamado J. vía chats, por la etapa que se encuentra actualmente esta mostrando conductas propias de su edad evolutiva como ser la búsqueda de sus coetáneos del sexo opuesto ya que su vio-sicosocial produce alteraciones en sus hormonas, teniendo respuestas fisiológicas (despertar de la lívido) además, se producen cambios emocionales propias de su edad ya que su personalidad está en formación, manifestada en llamar la atención del niño; a pesar del supuesto hecho que sufrió no tuvo ninguna manifestación traumática como ser que dormía muy bien y no tuvo problemas en sus estudios tal como ella lo describe en sus declaraciones; esta declaración es contradictoria y prejuiciosa lo cual nos lleva a concluir que afecta su valor conviccional. Como vemos la declaración de la ofendida por ser una niña con desarrollo mental incompleto tal como lo señala Cafferata Nores siguiente a Carrara, explica que la apreciación del testimonio debe ser concentrado en la fidelidad de la percepción de la transmisión de lo percibido y la sinceridad manifestada por el testigo, en consecuencia, se deben apreciar las circunstancias como declara y calidad de facultades mentales del testigo, ya que la inmadurez (en los niños) las perturbaciones (débiles mentales) afectan la credibilidad, así mismo, el lapso que ha mediado ante la fecha del suceso y el momento de la declaración, en la medida que pasa el tiempo en esa medida se va perdiendo la inmediación, el contacto con otras personas, el conocimiento a través de medios de comunicación del suceso influyen y deforman la declaración, por lo que si la declaración fue producida por un discurso premeditado, la mentira vertida en alguna parte de la declaración del testigo lo convierte en un potencial mentiroso (Mendax in un, mendax in totum), el que es mentiroso en una parte, será mentiroso en el todo).- Por lo que se recomienda que el testimonio brindado por la ofendida debe ser cotejado con el resto de las pruebas existentes; en referencia a otros medios de prueba hemos de señalar que estos por si solos no hubiesen bastado para llegar a la condenada, tal como se patentiza con las otras pruebas de cargo como ser. 1) Declaración de la señora m. de los Á. M. A. madre de la niña supuesta ofendida D. P. F. M., al personarse y hacer su deposición señala la forma como se enteró del supuesto hecho ocurrido en contra de su niña y por lo que decidió hacer la denuncia respectiva, sin embargo es necesario señalar que esta testigo es de referencia por no haber presenciado el hecho, cual deberá ser valorado siempre que sea posible interrogar al testigo presencial y valorado con respecto a otras pruebas del proceso.2) En los resultados del peritaje emitido por el perito Celio Ernesto Vallen Gradiz, quien lo ratificó en audiencia oral y pública cuyas conclusiones describe que la evaluación física a la niña D. P. F. M., la realizó en fecha trece de enero del dos mil diecisiete y que su área genital en su himen está totalmente integro. 3) evaluación psiquiátrica elaborado por el Perito José Fernando Medina y en sus conclusiones emitió el diagnostico de estrés postraumático, llama la atención que no tuvo alteración emocional al contarle via chat al niño J. lo supuestamente acontecido años anteriores, y no tuvo ninguna manifestación de estrés ya que la niña al prestar declaración señala no haber tenido problemas con sus estudios ni con el sueño al descansar, todo esto en virtud de la explicación amplia que dio el Psiquiatra al explicar los efectos del mismo, por lo que puede tener estrés es por saber que esta mintiendo en contra de un ser humano inocente, debemos decir que si bien el dictamen mencionado fue concluyente y preciso, sin embargo al confrontarlo con la declaración de la niña supuesta ofendida es contradictorio, por lo que es menester señalar como lo dice Manzini, citado por Cafferata Nores, que el dictamen no es vinculante y puede ser rechazado, situaciones que no tuvo en cuenta el tribunal sentenciador. Por lo que hemos de decir que al cotejar los hechos declarados probados con la prueba aportada como lo es el Ministerio público, esta defensa considera que los mismos no resultaron adecuados a los que dispone nuestra legislación nacional en sus preceptos causa de este recurso, que reprime a toda persona que participa en acciones de Actos de Lujuria Agravados, quedando las acciones del encausado Rolando Antonio Garmendia Cardona, fuera del contexto de las normas penales citadas. Es así que si bien las acciones de merito requiere no solamente elementos objetivos constitutivos; sino también, elementos subjetivos por lo que necesariamente tiene que ser doloso, por mandato legal, razón por la cual se requiere necesariamente acreditar la participación de la persona acusada. >Por cuanto el hecho declarado probado en la sentencia de mérito no constituye el ilícito penal que pretendía el Ministerio Público al acusar, por lo que concluimos diciendo que en la misma en cuanto a que el acusado realizó acciones de actos de lujuria agravados, no se logró enervar el estado de inocencia de los mismos, pues con la prueba evacuada en juicio y valorada en la resolución no produjo certeza tanto del hecho como la participación de mi representado, requisito sine qua nom para emitir un fallo condenatorio, por lo anterior se debe declarar libre absolución de mi representado por este delito tal y como recomienda el articulo 339 del Código Procesal Penal. El Ministerio Público pudo haber demostrado la culpabilidad de mi representado mediante otros medios de prueba, ya que ni con indicios se logró quebrantar el estado de inocencia de mi representado en relación a la carga de la prueba con respecto a los hechos constitutivos del tipo penal causa de este recurso, recordemos que la responsabilidad de procurar el enjuiciamiento le corresponde al ente acusador del Estado que como representante de la sociedad, está obligado en todo momento a radicar ante los tribunales de justicia las acciones penales necesarias contra quienes resultes con grave indicios de responsabilidad, pero la búsqueda y la obtención lícita de la prueba es responsabilidad, pero la búsqueda y la obtención licita de la prueba es responsabilidad exclusiva d ellos cuerpos de investigación según lo prescriben los artículos 272, 273 y especialmente los artículos 279, 280 y 281 del Código Procesal penal, con la colaboración de otros cuerpos, siempre bajo la dirección del fiscal, debiendo desplegar toda su actividad inquisitiva en la búsqueda de las pruebas que vinculen al hecho con el posible participe, y solo ante la existencia de graves indicios de criminalidad se procederá contra una persona, para solicitar de un órgano jurisdiccional la determinación de su culpabilidad, por tal razón consideramos que es peligroso sostener la participación en los hechos que se le incrimina a mi representado, solamente teniendo como prueba únicamente la declaración de la supuesta ofendida que pierde credibilidad, por lo que la misma debería estar asociada con otras pruebas que demuestre todos y cada uno de los elementos típicos de los delitos como ha quedado expuesto, pero nunca con la simple mención como suele hacerse en estrados policiales. Cuando se trata de restringir un derecho fundamental de la persona humana, como libertad, debe de garantizarse plenamente que la persona a quien se le menoscaba su derecho, es aquella que realmente ha cometido infracción penal que por ello es necesario su resocialización mediante el cumplimiento de una pena en este caso al no haberse acreditado fehacientemente la existencia del hecho y la participación que pudieron haber tenido mi representado el señor Rolando Antonio Garmendia Cardona, no existe fundamento alguno para considerarlo culpable y mucho menos para imponerle una pena. En consecuencia, debemos declarar que el pronunciamiento condenatorio se ha sustentado esencialmente en una prueba que ha quebrantado el derecho de defensa del acusado por no ser corroborada por otras pruebas en el proceso, por lo antes expuesto podemos apreciar que el tribunal juzgador dicto la sentencia no conforme y de acuerdo con las reglas de la sana critica racional, es decir, de la lógica, psicología y experiencia común; estas leyes están constituidas por las leyes fundamentales de la coherencia, derivación y por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. En el presente caso con respecto al tercero excluido dos juicios opuestos entre si contradictoriamente no pueden ser ambos falsos, es decir que uno de ellos es verdadero y ningún otro es posible, por lo que para el tribunal juzgador no consideró la posibilidad que la supuesta ofendida mintió al acusar al señor por lo que bajó ninguna circunstancia obtuvo certeza condenando al señor rolando Antonio Garmendia Cardona con lo expuesto y consecuentemente, la reclamación casacional de ser estimada, debiéndose casar y anular la sentencia de instancia; declarando la absolución del encartado. El estado de inocencia es consagrado el articulo 89 de la Constitución de la Republica “ toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; el articulo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos “ Toda persona acusada de delito, tiene derecho que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad”; articulo 8.2 de la convención americana sobre Derechos Humanos “ toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”; articulo 26 de la Convención Americana de los Derechos y Deberes del hombre “se presume que todo acusado es inocente, hasta que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”; articulo 2 Código Procesal penal “ estado de inocencia, todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas del presente código.” Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a) No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b) Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c) Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por alguna de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende, de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a) La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b) Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c) Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículos 89 de la constitución de la República; 11.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.2 Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 14.2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2, 272, 273, 279, 280 y 281 del Código Procesal Penal; Motivo: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica; Concepto de la Infracción: La sentencia se fundamenta en que la misma contiene un vicio grave, ya que es dudosa o violatoria de derechos fundamentales para dar por acreditada la participación del encartado en los ilícitos; Reclamación Ex Ante: Imposibilidad por haberse producido en el acto de la emisión de la sentencia definitiva; Pretensión: Que se declare procedente el presente motivo. Establece el recurrente que, la impugnación de la sentencia de fecha dieciséis de marzo del dos mil dieciocho, se fundamenta en que la misma contiene un vicio grave, ya que es dudosa o violatoria de derechos fundamentales para dar por acreditada la participación del encartado en los ilícitos, que al determinar la condena se le otorgó valor decisivo a la declaración única de la posible ofendida lo que constituye violación a los derechos de la defensa; que al analizar el contenido del único hecho probado se observa que el tribunal no analizó los elementos requeridos para establecer la participación del imputado; describe la prueba de cargo y agrega su propia valoración probatoria y culmina su alegato reiterando que se ha vulnerado el estado de inocencia del acusado. DEL Principio de Debida Técnica en el Recurso de Casación Penal. Este Tribunal de Casación viene sosteniendo reiteradamente que “el Principio de Debida Técnica” se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso” (Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144). Este principio aparece recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “En lo que respecta a la Casación en el Fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende…” No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso, por ello esta sala de lo penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. (En ese mismo sentido sentencia 24 de agosto de 2010 SP 273-08; Sentencia 28 de octubre de 2010 SP 199-09; Sentencia 18 de enero 2011 SP 351-09). Aun intentando la sala abordar el estudio desde la explicación del censor, no puede colegirse la infracción pretendida, de manera que la falta de claridad y precisión no permite a la Sala de lo Penal arribar al estudio deseado que hubiese permitido un recurso interpuesto observando los requisitos de ley[1]. De la Procedencia del Recurso. - El recurso no es de recibo. La recurrente en su exposición del único motivo hace uso de la mala técnica recursiva, pues desconoce la naturaleza del Recurso Extraordinario de Casación y de la debida técnica que se requiere observar para su planteamiento. Como se ha establecido antes, “el principio de debida técnica”, se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso”[2]. Este principio está recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “Tratándose de casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos”. Fundamenta la recurrente este motivo de casación penal en la inobservancia de la sana critica en la valoración de la prueba (artículo 362 preámbulo y numeral 3 del Código Procesal Penal), sin establecer con claridad cuál de las reglas y en qué postulado ha sido violentada, pues se limita a hacer una referencia general a todas las reglas de la sana critica, sin puntualizar a cuál de ellas se refiere en su recurso. La recurrente no realiza un desarrollo adecuado, confrontando los medios de prueba contra la valoración intelectiva que hiciera el juzgador; realiza alegatos de instancia en consecuencia, como se reitera, la única instancia no puede sobreponer valoraciones probatorias que ha realizado el Tribunal de Sentencia, el cual cuenta con la inmediación, solo hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con las reglas de la sana critica. La confusión y desconocimiento evidentes en el planteamiento del recurrente, impiden a esta Sala, descubrir el sentido de su reclamo y el alcance del mismo, de tal suerte que como ya se ha explicado, esta Sala, sólo puede hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con las reglas de la sana critica, por ende al no haber sido señalados por el censor, de manera clara y precisa los vicios que provocan la infracción, imposibilita a esta Sala de lo Penal dar respuesta al recurso planteado, por lo expuesto se declara improcedente el motivo de casación invocado por la recurrente. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1) Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2) Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3) Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a) Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b) Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c) Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a) Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b) Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c) La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa pública de Rolando Antonio Garmendia Cardona, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al acusado Rolando Antonio Garmendia Cardona, a la pena de siete (7) años seis (6) meses de reclusión como responsable penalmente del delito de Actos de Lujuria agravados en perjuicio de la menor D. P. F. M.; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal, así como fue declarado civilmente responsable, conforme al artículo 141 párrafo primero del Código Penal según decreto 144-83. Conforme las disposiciones del Código Penal contenido en el decreto 130-2017, a la persona responsable del delito de Otras Agresiones Sexuales (art.250), debe imponérsele una pena de prisión de cinco (5) a ocho (8) años de prisión y prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión. Además de las penas principales la nueva legislación contempla la imposición de las penas accesorias de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio, comercio o industria relacionados con la conducta; así como la inscripción del condenado en el registro de agresores sexuales que deberá llevar el Juzgado de Ejecución correspondiente; por disposición Constitucional (art 41.2) se condena a la suspensión de la ciudadanía por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena principal. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta al acusado Rolando Antonio Garmendia Cardona al ser de siete (7) años seis (6) meses de reclusión por el delito Actos de Lujuria, es menos gravosa que el margen abstracto señalado por la nueva norma penal; agregado a ello, el tipo penal de Otras Agresiones Sexuales, tiene como consecuencia jurídica, otras penas principales, es decir la pena de prisión y la pena de prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de prisión, penas que no se encontraban contempladas en la legislación penal derogada. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. Decisión: No ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 362 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara Sin Lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública.- Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017. Tercero: Declara firme la sentencia de fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciocho (f. 127), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en la cual condenó al señor Rolando Antonio Garmendia Cardona, como autor responsable del delito de Actos de Lujuria Agravados en perjuicio de D. P. F. M..- Y Manda: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Redacto el magistrado mairena franco.- Notifíquese. Firmas y Sello. Walter Raul Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas.-. Receptora Adscrita Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de julio de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los ocho días del mes de mayo del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-97-2019.
RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS
RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL
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[1] VID Sentencia de Casación Penal SP 41-2010 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 08 de marzo del 2012
[2] Véase German Pabón Gómez, De la Casación y la revisión Penal, Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley.P.144.