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Sentencia CP-92-16 — Registro 17357

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de homicidio, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Elmer Antonio Reyes Cuevar, la pena principal de dieciséis (16) años con seis (06) meses de reclusión, como autor responsable penalmente de un delito de Homicidio Simple en perjuicio de la vida del señor José René Perdomo Reyes, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Título III, Capítulo I, del Libro II del Código Penal 130-2017, tipificado como delito de homicidio (Art. 192), cuya pena es de quince (15) a veinte (20) años de prisión, marco abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de libertad impuesta al acusado. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...De la Procedencia del Recurso: EL SEGUNDO MOTIVO NO ES DE RECIBO. Resulta evidente que el recurrente ha explorado el mundo casacional sin antes haberse armado del conocimiento de la técnica, principios y contenido de sus conceptos básicos. El Recurrente confunde el alcance de la falta de consideración y de la exclusión de alguna prueba de valor decisivo y se sumerge en aspectos sobre la valoración de la prueba, identificando con ello, la falta de estudio del motivo invocado, pues, como se expresó en el apartado anterior, existe indebida exclusión de prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; y en cuanto a la falta de consideración de prueba se describe a la falta de alusión alguna de la misma en la sentencia. En relación a la denuncia por la exclusión o en su caso falta de consideración de la declaración testifical del señor Wilson Tejada Reyes, el mismo nunca alcanzo la finalidad de medio de prueba al no ser admitido por los juzgadores como tal (F.135v), lo cual resulta lógico, la falta de razonamiento en la sentencia, ya que no fue reproducido como medio de prueba en la audiencia de debate, ante su inadmisión, por tal razón, el sentenciador acertadamente no externa mérito de crédito o de fiabilidad. en consecuencia, no procede el motivo de casación invocado..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...EL PRIMERO MOTIVO NO ES DE RECIBO. Al fundarse el Recurso por Quebrantamiento de Forma en los alegatos que sirvieron al Recurrente para plantear el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional, esta Sala se limita a señalar que lo expuesto para dar respuesta a aquel recurso es el mismo fundamento por el cual el recurso por forma debe ser también denegado...2

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-92-2016 que literalmente dice: “Sentencia En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Walter Raúl Miranda Sabio en su calidad de coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Díaz Flores pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP 92-2016, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la sentencia de fecha 10 de noviembre de 2015, dictada por el Tribunal de Sentencia de Gracias departamento de Lempira, mediante la cual falló: Primero: Condenando al señor Elmer Antonio Reyes Cuevar, como autor responsable materialmente de un delito consumado de Homicidio Simple en perjuicio del señor José René Perdomo Reyes, a la pena de dieciséis años con seis meses de reclusión. Segundo: Condenó al señor Elmer Antonio Reyes Cuevar como consecuencia de la pena de reclusión a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la pena principal. Tercero: Declaró al señor Elmer Antonio Reyes Cuevar responsable civilmente de la reparación de los daños materiales y morales y de la compensación de los gastos ocasionados por el delito por el que hoy se le condena. Cuarto: Sin constas. Quinto: No procede el comiso. Recursos interpuestos por el Abogado Reynaldo Antonio Hernández, actuando en su condición de Defensor Privado del señor Elmer Antonio Reyes Cuevar. Son partes en única instancia: La Abogada Nuvia Leticia Quintanilla, defensora privada en su condición de recurrente, y el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, agente fiscal del Ministerio Público en su condición de recurrido. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO. - El día cuatro de abril del año dos mil trece, aproximadamente a la una y treinta de la tarde, el hoy occiso José René Perdomo Reyes venía de trabajar juntamente con su hermano Harlen Alexander Perdomo Reyes y Marlon Ely López Reyes, llegaron al río Salado ubicado en el Sile Gracias, Lempira, se agacharon a lavarse las manos y en ese momento escucharon dos disparos de arma de fuego y al instante oyeron cuando dijo José René me baleo Toño. SEGUNDO. - Harlen Alexander Perdomo Reyes y Marlon Ely López Reyes al escuchar lo que había dicho su compañero acerca de la herida vieron a Elmer Antonio Reyes parado arriba en su finca de café con un arma de fuego en su mano, y de una manera amenazante se dirigía a ellos. TERCERO. - Harlen Alexander Perdomo Reyes y Marlon Ely López Reyes auxiliaron a su compañero tratando de llevarlo a un centro hospitalario pero en el camino les salió al encuentro Elmer Antonio Reyes Cuevar quien aceptó haber matado al hijo de su mejor amigo. CUARTO. - José René Perdomo Reyes murió a causa de una herida producida por un proyectil disparado con arma de fuego, con una causa aparente de muerte de un Hemotórax secundario.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS El Abogado Reynaldo Antonio Hernández, defensor privado, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. UNICO MOTIVO: Infracción por falta de aplicación del artículo 89 en relación con el artículo 94 de la Constitución de la República y 2 del Código Procesal Penal. Que dispone “toda persona es inocente mientras no haya sido declarada su culpabilidad por autoridad competente”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal el que establece que “en todos los casos en que, con arreglo a este Código pueda interponerse recurso de casación contra una resolución judicial, será suficiente para fundamentarlo la infracción de precepto constitucional.” EXPLICACION DEL MOTIVO. La Constitución de la República en su artículo 89 como derecho individual el estado de inocencia que asiste a toda persona, de lo que se infiere que a diferencia de otras legislaciones, que a partir de la proclama de los derechos del Hombre y del Ciudadano, consagran la presunción de inocencia, en Honduras no se presume que un imputado es inocente, sino que constitucionalmente es inocente, estado que le asiste entre tanto no se declare su culpabilidad, a través de una sentencia firme dictada siguiendo un debido proceso. Se vulnera el estado de inocencia consagrado en nuestra carta magna: a) cuando se condena sin pruebas, entendiendo por tales solamente las evacuadas en el juicio oral y público, conforme a las reglas establecidas al efecto por la Ley, y b) Cuando las pruebas producidas en el juicio son insuficientes, y ésto se da cuando no evidencian la concurrencia de los elementos que configuran el tipo objetivo. Debiendo conforme lo dispuesto en el artículo 339 del Código Procesal Penal, dictar sentencia absolutoria por no haber prueba suficiente y por existir duda razonable. Las pruebas producidas en el juicio son insuficientes para quebrantar el estado de inocencia de mi representado, el dicho de los señores HARLEN ALEXANDER PERDOMO REYES y MARLON ELY LOPEZ REYES, son carente de toda credibilidad pues incurrieron en manifiestas e incontables contradicciones tanto en lo dicho en el juicio, como entre lo manifestado en el debate y lo que expresaron oportunamente en la audiencia inicial, por lo que se puede establecer que mintieron, como lo exponemos a continuación, contradicciones que fueron evidenciadas por la Defensa en cada interrogatorio, tal como se le hizo ver al Tribunal, podemos citar las mas importantes de la siguiente manera: veamos en primer lugar la declaraciones de los referidos testigos, no son concordantes entre si, ya que durante el presente proceso han cambiado sus versiones acomodándola al informe que hace la Dirección Nacional de Investigación Criminal, con el fin de hacer relevante sus deposiciones en cuanto a la ubicación de los mismos en el río, y de lo declarado por los mismos, se puede apreciar que ellos encontraba de espalda a la finca de mi representado, por lo que se vuelve difícil determinar que los mismos hayan observado que mi representado sea la persona que disparo una arma en forma directa contra de la integridad física del hoy occiso, por lo que sus declaraciones vienen a distorsionar la realidad los hechos, por lo que su afirmación de cómo sucedieron los hechos es contradictoria, nótese como con las contradicciones de estos testigos conllevaron a la condena de mi representado, ya que al realizarse una valoración armónica de las mismas, solamente podemos arribar a la conclusión de que los testigos no son concordantes entre sí, por lo que sus testimonios carecen totalmente de credibilidad. Asimismo el Tribunal sentenciador también invoca como prueba la inspección ocular llevada a cabo por la Agente Minerva Tábora, pericia que no puede servir como prueba y mucho menos de sustento para quebrantar el estado de inocencia de mi representado, ya que con el mismo no se puede ubicar el lugar donde supuestamente se encontraba mi representado y determinar si existía una perfecta visibilidad para demostrar que el mismo se encontraba en ese lugar, lo que hace que su dictamen carezca de confiabilidad y por ende falta de valor para enervar el estado de inocencia de mí representado, veamos: 1. Sus gráficos no indican claramente una distancia real de la ubicación de los testigos y el occiso, en cuanto a la propiedad de mi representado, y al ser interrogada por esta defensa, manifestó que era un aproximado, de hecho la importancia de los gráficos en una inspección de campo, es indicar con precisión el lugar donde se ocurrieron los hechos y la localización de los intervinientes en el mismo, de allí que existe contradicciones en el contenido del acta y la deposición de la Agente del Ministerio Público. 2. Fue contundente la Defensa al señalar estas contradicciones y por ende no permite determinar con precisión la perspectiva de los testigos y del occiso en relación a la propiedad de mi representado, agregado a ésto que no se logró determinar de dónde pudo provenir el impacto de la herida de bala, puesto que realmente no se pudo determinar dónde estaba el supuesto agresor y donde la supuesta víctima. Asimismo, a preguntas de la defensa enfatizó que la distancia indicada la realizó en referencia de lo que le manifestó uno de los testigos, y nunca midió la distancia de los testigos con el occiso, por lo que no se puede tener por contundente dicho informe, por lo que, esta pericia no merece credibilidad, es un dictamen en el cual la misma perito es insegura al momento de ratificarla, pues ni siquiera la misma la realizó a los dichos de los testigos, evidenciándose su falta de profesionalismo y ética e irresponsabilidad, al afirmar en estrado la imposibilidad de determinación de su informe. Es sorprendente que a pesar de todas las contradicciones apuntadas y evidenciadas por el propio tribunal se justifique en la sentencia, los testimonios rendidos y la inspección, por lo que cabe mencionar Honorables Magistrados QUE LA DEFENSA JAMAS ACEPTO como verdaderas las declaraciones testificales de cargo y el dicho por la Agente de la Dirección Nacional de Investigación, en el momento del debate la defensa siempre ejerció ataques a la prueba testifical, pericial, demostrando todos los errores técnicos de los peritos y contradicciones y consecuentemente la falta de credibilidad, insuficiencia y de valor probatorio de las mismas para condenar a una persona. Es por lo anteriormente expuesto, que la defensa considera que en el curso del juicio, durante el desfile de prueba JAMAS EXISTIO CERTEZA EN LA VALORACION DE PRUEBA Y de igual forma NUNCA SE CUMPLIERON LOS EXTREMOS PROCESALES QUE OBLIGAN AL TRIBUNAL SENTENCIADOR A IMPONER UNA CONDENA CON LO QUE HA CONOCIDO. EN EL PROCESO, pues al contrario como lo establece el artículo 339 CPP en los casos QUE NO EXISTA CERTEZA EN LA VALORACION DE LA PRUEBA HAY QUE TENER PRESENTE QUE LA DUDA FAVORECE AL IMPUTADO, POR IMPERATIVO DEL PRINCIPIO INDUBIÓ PRO REO, DEBERÁ ABSOLVERSE AL IMPUTADO, por lo que se solicitó se declare con lugar el presente motivo de casación.” “RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. PRIMER MOTIVO: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Para los efectos de este motivo se cita como infringido el artículo 202 del Código Procesal Penal, que dice: “Las Pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” en relación con lo dispuesto en los artículos 336 y 338 del mismo cuerpo legal. EXPLICACION DEL MOTIVO. Veamos la prueba desfilada en el juicio, Por parte del Ministerio Público, se propusieron y evacuaron los siguientes medios de prueba testifical consistente en las declaraciones de los señores HARLEN ALEXANDER PERDOMO REYES y MARLON ELY LOPEZ REYES, testigos que fueron contradictorios abundantemente tanto entre lo dicho por uno y por otro como con la declaración rendida en el acto del debate con la rendida en la audiencia inicial, contradicciones que fueron en todo momento evidenciadas por la defensa. Sorprende la desleal valoración que el Tribunal hace de las contradicciones de los testigos al decir que “las declaraciones le resultan creíble”, pero afirmando que los TESTIGOS - NO VIERON DIRECTAMENTE QUE MI REPRESENTADO HAYA DISPARADO, por lo que se demuestra la equivocación errónea del Tribunal, véase Honorable Sala de lo Penal, cuan peligroso es el razonamiento del propio Tribunal Sentenciador, al justificar con pruebas testificales contradictorias una sentencia condenatoria. Recordemos que para valorar un testimonio se debe basar conforme lo dicho en la doctrina por AFFERATA NORES en dos presunciones 1) la presunción de que los sentidos no han engañado al testigo, y 2) la presunción de que el testigo no quiso engañar, pero aquí vemos que en cuanto a la primera presunción que el tribunal hace desconocimiento de este principio, ya que los mismos no fueron capaces de percibir con claridad los hechos, lo que correspondería entonces es que el Tribunal no les dé ningún grado de credibilidad; asimismo en cuanto a la presunción de que no han querido engañar, se evidenció el deseo desmedido y persistente de los testigos de engañar al Tribunal, al hacer señalamientos que no les consta y de ubicar en el lugar a mi representado. Si el Tribunal hubiese valorado respetando las reglas de la sana crítica, hubiera determinado, la falta de credibilidad de los testigos y por ende su ausencia de valor probatorio e ineficacia para crear certeza y consecuentemente para quebrantar el estado de inocencia de mi representado, asimismo hubiera llegado a la conclusión plena de que los testigos jamás observaron que mi representado el señor ELMER ANTONIO REYES CUEVAR, disparó el arma. Asimismo, el Tribunal ha dado valor probatorio a la pericia rendida por la agente MINERVA TABORA MEMA, quien aparte de no haber realizado una adecuada INSPECCION en el lugar de los Hechos, pues ha dicho que el dictamen lo realizó por los dichos de los testigos, por lo que no puede creerse que lo establecido por ella en dicho dictamen sea correcto, cuando las máximas de la experiencia nos dicen que la inspección debe ser realizada bajo los lineamientos científicos propios que rigen la ciencia cierta de la misma, no por los dichos de las personas; sin embargo, el Tribunal ha dado valor a un dictamen parcializado y carente de objetividad. La valoración de la prueba por parte del Tribunal es errada y violatoria de las reglas de la Sana Crítica, en su apartado de la coherencia y máximas de la experiencia, que conllevaron al Tribunal Sentenciador a una sentencia condenatoria, la cual es absolutamente errada y violatorias de las reglas de la sana crítica, ya que si el Tribunal hubiese analizado como se le resaltó en juicio estas circunstancias contradictorias, hubiese concluido que tanto el testimonio de los testigos de cargo son contradictorios, al decir que fue mi representado quien disparó un arma contra el Ofendido, por lo que el Sentenciador, ha dejado de valorar de manera armónica este hecho con el resto de la prueba, por lo que ha habido, una mala valoración de la prueba nótese como el Tribunal plenamente convencido de que los Testigos NO VIERON DIRECTAMENTE QUE MI REPRESENTADO HAYA DISPARADO EL ARMA, condena a mi representado. El Tribunal al realizar la valoración de la prueba testifical de cargo falta con ello a las exigencias de valorar la prueba de acuerdo a la reglas de la Sana Crítica porque si el Tribunal hubiese seguido estas indicaciones hubiese concluido que las declaraciones testificales son TOTALMENTE CONTRADICTORIAS CARENTES DE TODA OBJETIVIDAD, resultando ser erradas, máxime cuando esta prueba ha sido el sustento de la condena, LA DEFENSA CONSIDERA QUE SI LA PRUEBA ES ERRADA POR CONSIGUIENTE LA CONDENA ES ERRADA, si bien es cierto, hace mención de manera escueta que las mismas aparentemente son contradictorias, cabe recordar que siendo que se encuentra en juego el bien jurídico libertad, es necesario que el Tribunal para emitir un fallo condenatorio llegue al convencimiento de CERTEZA fuera de toda duda razonable, caso contrario, debió emitir una SENTENCIA ABSOLUTORIA, es por ello que el Tribunal de Sentencia al tomar como cierto dichas declaraciones testificales, en las cuales los testigos faltan a la verdad y en las que existen contradicciones y en pruebas periciales viciadas y carentes de credibilidad, fundamentarse en estas para declarar un hecho probado, que sirve de base para dictar una sentencia condenatoria, HA VIOLADO LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA ESPECIFICAMENTE LAS REGLAS DE LA LOGICA AL VIOLENTAR LOS PRINCIPIOS DE DERIVACION Y DE RAZON SUFICIENTE, PUES HA DEDUCIDO UN HECHO DE DECLARACIONES y PERICIAS QUE CONTIENE CONTRADICCIONES. No pudo hacerse antes ninguna reclamación contra el indicado vicio porque se produjo en el pronunciamiento de la sentencia que estoy impugnando.” “ SEGUNDO MOTIVO: En la sentencia dejó de considerarse prueba de valor decisivo, inaplicado así lo dispuesto en el artículo 202 del Código Procesal Penal en la parte que a la letra dice “el órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 preámbulo y numeral segundo parte última del Código Procesal Penal, según el texto que transcribo a continuación “el recurso de casación por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes... 2. Que deje de considerar prueba de valor decisivo”. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. En el juicio oral y público se presentó por parte de la defensa prueba TESTIFICAL, consistente en la declaración del Señor WILSON TEJADA REYES, con tarjeta de identidad 1301-1989-00683, con e1 fin de acreditar el lugar donde se encontraban los supuestos testigos del hecho DARLIN ELY LOPEZ REYES y HARLEN ALEXANDER PERDOMO REYES, propuestos por el Ministerio Público, con el fin de acreditar que los referidos testigos no son presenciales de los hechos. El Tribunal dejó de considerar o excluyó esta prueba de valor decisivo y que se volvía necesaria para el desarrollo del juicio por lo siguiente: 1. El testigo ofrecido y no considerado, rendiría declaración en estrado con el fin de establecer y desacreditar la versión de los testigos de cargo, ya que la declaración del mismo ahondaría al Tribunal a establecer la verdad de los hechos y que fueron negado por el propio Tribunal al no permitir la declaración del mismo, ya que con esta declaración se encargaría de desvirtuar las múltiples contradicciones en que los testigos de cargo incurrieron en sus deposiciones. Con la presente prueba excluida, se hubiese irremisiblemente conducido al tribunal a la conclusión de que es materialmente imposible que los testigos de cargo, hayan observado a mi representado, de allí que era necesario la consideración de este medio de prueba. Esta prueba excluida y consecuentemente nunca valorada, hubieran conducido al Tribunal inevitablemente a absolver a mi representado. No pudo hacerse antes ninguna reclamación contra el indicado vicio porque se produjo en el pronunciamiento de la sentencia que estoy impugnando. Por las razones apuntadas, creemos que los motivos de Casación en la Forma que se invocan, se encuentran suficientemente razonados, por lo que se hace procedente la admisión de los mismos.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[1] En general toda norma legal puede enlazarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe de seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández de la Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la Defensa Privada. Único Motivo. Precepto Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Normas que se denuncian infringidas: Artículos 89 en relación con el artículo 94 de la Constitución de la República; 2 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: Las Pruebas producidas en el juicio son insuficientes para quebrantar el estado de inocencia; Pretensión: Declarar a Lugar y se dicte a favor del acusado una sentencia absolutoria. Explica el recurrente que los dichos de los señores Harlen Alexander Perdomo Reyes y Marlon Ely López Reyes, son carentes de toda credibilidad al incurrir en manifestaciones e incontables contradicciones tanto en lo dicho en el juicio y lo expresado oportunamente en la audiencia inicial, que a criterio del censor, se establece que mintieron, por lo cual, arriba a la conclusión que los testigos no son concordantes entre sí, de igual manera se refirió a la prueba denominada Inspección Ocular, la cual a su criterio no puede servir como prueba y mucho menos de sustento para quebrantar el estado de inocencia, al no ubicarse el lugar donde se encontraba supuestamente el imputado y determinar si existía suficiente visibilidad, aspectos que considera el recurrente carecer de confiabilidad y por ende falto de valor para enervar el estado de inocencia. Del principio del estado material de inocencia. El principio al estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89 establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; este principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; por su importancia, tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria. De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado o acusada. El principio de inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El principio de inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio: el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del expediente 312-2006, declaró que el estado de inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Artículo 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la Sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: 128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en el expediente 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá de examinar (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): a) Licitud de la Prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. De la Procedencia del Recurso: El motivo no es de recibo. Ha determinado esta Sala de lo Penal, después de hacer una ponderación de la carga probatoria reproducida en la audiencia de debate, que no existe vulneración al estado de inocencia, pues la prueba no solo es lícita, sino que ha obedecido a un debido proceso probatorio, con solvente motivación y con un correcto razonamiento en respeto a las reglas de la sana crítica, siendo ésta suficiente para permitir al Tribunal de Sentencia emitir un fallo condenatorio. Alega el recurrente que la prueba de cargo consistente en las declaraciones de los señores Harlen Alexander Perdomo Reyes y Marlon Ely López Reyes, son carentes de toda credibilidad al incurrir en manifestaciones e incontables contradicciones tanto en lo dicho en el juicio y lo expresado oportunamente en la audiencia inicial. En relación a la prueba denominada Inspección Ocular, a criterio del censor, no podía servir como prueba y mucho menos de sustento para quebrantar el estado de inocencia, al no ubicarse el lugar donde se encontraba supuestamente el imputado y determinar si existía suficiente visibilidad, de lo cual consideró carecer de confiabilidad y por ende falto de valor para enervar el estado de inocencia, el recurrente no hace más que atacar la declaración de los testigos y la Inspección Ocular y no la valoración intelectiva que de ella hiciere el Tribunal de Sentencia, su alegato carece de contenido al limitarse a hacer una particular valoración de la prueba en cuestión, olvidando el deber que tiene de explicar y demostrar el vicio y que debe de hacerlo con claridad y precisión; no debe pretender el recurrente que este Tribunal de Casación suplante a los jueces de instancia, en el sentido de imponer su criterio valorativo por sobre prueba de la que aquéllos tuvieron inmediación, siendo que la Sala de lo Penal debe limitarse a evaluar la legalidad de la obtención probatoria, el debido proceso probatorio, el debido razonamiento probatorio y la suficiencia probatoria, cuando el recurso es respetuoso de una debida técnica. Por lo señalado el motivo debe ser declarado sin lugar. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. - Primer motivo. Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículo 202, 336 y 338 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción expuesto: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de la sana critica; Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin reclamación previa, al producirse el vicio en la sentencia; Pretensión: Sin determinar por los recurrentes. Denuncia el recurrente el deseo desmedido y persistente de los testigos de engañar al tribunal, al hacer señalamientos que no les consta y de ubicar en el lugar al imputado, que de haber valorado los juzgadores respetando las reglas de la sana critica, hubieran determinado la falta de credibilidad y por ende su ausencia de valor probatorio e ineficacia para crear certeza y consecuentemente para quebrantar el estado de inocencia del acusado y los sentenciadores hubieran concluido que las declaraciones testificales son totalmente contradictorias carentes de objetividad, resultando ser erradas, máxime cuando dicha prueba ha sido el sustento de la condena. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido esté falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso. El primero motivo no es de Recibo. Al fundarse el Recurso por Quebrantamiento de Forma en los alegatos que sirvieron al Recurrente para plantear el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional, esta Sala se limita a señalar que lo expuesto para dar respuesta a aquel recurso es el mismo fundamento por el cual el recurso por forma debe ser también denegado. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. - Segundo motivo. Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículo 202 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción expuesto: La sentencia dejo de considerar prueba de valor decisivo; Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin reclamación previa, al producirse el vicio en la sentencia; Pretensión: Sin determinar por los recurrentes. Denuncia el recurrente que la declaración testifical que propusiera del señor Wilson Tejada Reyes con el fin de acreditar el lugar donde se encontraban los supuestos testigos del hecho propuestos por el Ministerio Público, los sentenciadores dejaron de considerar o excluyeron esa prueba de valor decisivo y que se volvía necesaria para el desarrollo del juicio, según el recurrente, dicha declaración testifical, profundizaría al tribunal a establecer la verdad de los hechos y que fueron negados por los mismos juzgadores al no permitir la declaración del mismo. De la Exclusión y Falta de Consideración de Prueba con Valor Decisivo Es importante recordar que el Proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; Éste proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del CPP), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley (Art. 199 del CPP), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben de reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del CPP) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del CPP) o como auto para mejor proveer (Segunda parte del Art. 333 del CPP) y finalmente como resultante del debate, el Tribunal dictara sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe de ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del CPP), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formo parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el Tribunal de Sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de éstos vicios el dispuesto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando la sentencia “excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”; La exclusión de prueba es distinta a la falta de consideración, de este modo: 1. Existe Indebida Exclusión de Prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. 2. Existe falta de consideración de prueba cuando a pesar de haber sido admitidos durante la etapa de juicio y reproducidos en la audiencia de debate, el órgano juzgador no hace alusión alguna sobre éstos, es decir que no existe ninguna mención al medio de prueba en su sentencia. - No se trata pues de un vicio sobre el proceso de valoración del medio de prueba, sino sobre la expulsión del medio de prueba del acervo probatorio. La norma procesal además exige para la configuración del vicio que el medio de prueba excluido o dejado de considerar posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en Casación se efectúa conforme al método la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido o no considerado a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario aun cuando la exclusión o la falta de consideración sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. De la Procedencia del Recurso: El segundo motivo no es de recibo. Resulta evidente que el recurrente ha explorado el mundo casacional sin antes haberse armado del conocimiento de la técnica, principios y contenido de sus conceptos básicos. El Recurrente confunde el alcance de la falta de consideración y de la exclusión de alguna prueba de valor decisivo y se sumerge en aspectos sobre la valoración de la prueba, identificando con ello, la falta de estudio del motivo invocado, pues, como se expresó en el apartado anterior, existe indebida exclusión de prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; y en cuanto a la falta de consideración de prueba se describe a la falta de alusión alguna de la misma en la sentencia. En relación a la denuncia por la exclusión o en su caso falta de consideración de la declaración testifical del señor Wilson Tejada Reyes, el mismo nunca alcanzo la finalidad de medio de prueba al no ser admitido por los juzgadores como tal (F.135v), lo cual resulta lógico, la falta de razonamiento en la sentencia, ya que no fue reproducido como medio de prueba en la audiencia de debate, ante su inadmisión, por tal razón, el sentenciador acertadamente no externa mérito de crédito o de fiabilidad. en consecuencia, no procede el motivo de casación invocado. DECISIÓN Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. Declara No Ha Lugar el Recurso de Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa Privada del acusado Elmer Antonio Reyes Cuevar, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Elmer Antonio Reyes Cuevar, la pena principal de dieciséis (16) años con seis (06) meses de reclusión, como autor responsable penalmente de un delito de Homicidio Simple en perjuicio de la vida del señor José René Perdomo Reyes, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Título III, Capítulo I, del Libro II del Código Penal 130-2017, tipificado como delito de homicidio (Art. 192), cuya pena es de quince (15) a veinte (20) años de prisión, marco abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de libertad impuesta al acusado. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361, 362 numerales 2 y 3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo; No Ha Lugar el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos, ambos recursos interpuestos por el Abogado Reynaldo Antonio Hernández, actuando en su condición de Defensor Privado del señor Elmer Antonio Reyes Cuevar. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas al ahora condenado Elmer Antonio Reyes Cuevar. Como consecuencia de lo anterior, los beneficios penitenciarios deberán de ser otorgados conforme las disposiciones del Código Penal 144-83. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha diez de noviembre de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Gracias departamento de Lempira, que contiene el pronunciamiento condenatorio en contra del señor Elmer Antonio Reyes Cuevar por el delito de Homicidio Simple en perjuicio de José René Perdomo Reyes. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Mairena Franco. Notifíquese. - Firma y Sello. – Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado - Firma y Sello. – Jose Ramon Cruz Ferrera. Secretario Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de abril de dos mil veintitrés. Certificación de Sentencia dictada el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-92-2016.

JOSE RAMON CRUZ FERRERA

SECRETARIO SALA DE LO PENAL

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[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.