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Sentencia CP-90-19 — Registro 17103

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Cómplice Simple de Asesinato, resolviendo en segunda instancia Sin Lugar el recurso de casación y se Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia del Único Motivo. El único motivo no es de Recibo. El recurrente no ha utilizado la debida técnica para conformar y fundamentar su impugnación; la Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo se puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el punto de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad. La exigencia técnica del recurso se eleva aún más cuando la regla de la sana crítica que se alega como inobservada es la de derivación por falta de razón suficiente dado que adiciona la tarea de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido e identificar en éste la premisa mayor, la premisa menor y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica a pari o analógica a fortiori) es incorrecta (por una de las razones señaladas ut supra) y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí pues además debe explicar por qué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Es de tener presente que conforme la naturaleza del recurso de casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio del juzgador (valoración intelectiva) fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. Desafortunadamente la Defensa Privada, se aleja de lo anterior protestando por la insuficiencia probatoria y haciendo análisis directo de la prueba, dando a conocer cuál es su criterio respecto a ésta; Así en el libelo la recurrente señala que los juzgadores para dar acreditado el hecho probado tomaron en cuenta prueba insuficiente, contradictoria, poco confiable; realizando una descripción de todos los medios de prueba, evacuados durante la audiencia de juicio oral y público, y luego hacer su propia valoración. La Defensa Privada, además aqueja que la prueba, a su criterio, el convencimiento judicial se basa en prueba insuficiente, contradictoria, poco confiable, considera que El Juzgador, al valorar los testimonios de los testigos Clotilde Benítes Mejía, Marvin Ovidio Perdomo Benítes y María Erudina Pérez ( testigos presenciales), eran coherente, no contradictorio; denotaban contundencia y seguridad, sin embargo, el censor considera todo lo contrario señalando que están revestido contradicciones, y a su parecer denotaban falta de lógica y coherencia en sus testimonios en relación a la dinámica que aseguran sucedieron los hechos; La Sala, aprecia, que no es la construcción de la valoración intelectiva el motivo de la protesta, sino la declaración de los testigos de cargo y su capacidad de alcanzar una total cobertura a los hechos que constituyen la imputación, El recurrente repetitivamente protesta que el Juzgador al momento realizar la valoración de la prueba evacuada, ha violentado las reglas de la sana critica, tanto en la regla de la lógica, en su principio de derivación, y las máximas de la experiencia ; sin invocar su inobservancia de forma clara y precisa respecto a la regla o principio que fue violentado, la identificación del razonamiento judicial, la explicación del porque el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el Tribunal. El recurrente en su escrito de interposición del recurso, se aparta de la debida técnica ya que procede a refutar la valoración judicial, comparándola con una valoración privada, como forma de protesta de que es esta última la que debió haber aparecido en la sentencia y que por ello la resolución debe ser casada. Por tanto, no es procedente hacer un reexamen de la prueba como se ha solicitado, el recurso debió señalar las razones que tuvo el tribunal y porqué éstas no son compatibles con lo preceptuado con los principios de la sana crítica y el recto razonamiento humano. Como se ha señalado, la recurrente presenta queja sobre la valoración no porque plantee una mala construcción del razonamiento judicial, sino porque no está de acuerdo con ella al ser disonante con su pretensión, alegato que no es propio para un recurso de casación, por lo que el recurso en su único motivo debe ser desestimado. Resulta evidente que el recurso de la Defensa Privada, contiene análisis probatorio y no análisis de los razonamientos judiciales; la impugnación se basa en los aspectos que considera que no fueron acreditados y la única forma de poder comprobarlo es que la Sala de lo Penal lea el contenido de la prueba y proceda a valorarla, pero además tendría que censurar la valoración hecha por el a-quo y reemplazarla por la valoración de la Sala de Casación; en otras palabras, la Sala de lo Penal tendría que convertirse en tribunal de segunda instancia. Esto nos lleva a afirmar que la Defensa Privada acude a esta única instancia con el objeto de conseguir un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, pretendiendo que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren prueba, extraigan conclusiones probatorias y las impongan en la sentencia.- Como hemos explicado, no existe una previa determinación de pruebas, por lo que ésta debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto, en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba. .."

Legislación citada

  • Código de Procedimientos Penales, art. 362,N.3 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"...Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Cesar Alexander Espinoza Benítes, la pena de 15 años 8 meses de reclusión, como autor responsable del delito consumado de cómplice de Asesinato en perjuicio de Román Benítes Mejía, más las penas accesorias de responsabilidad civil, inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure su condena. Conforme las disposiciones del Código Penal decreto 130-2017 en su artículo 193, el delito de asesinato, se penaliza así: Asesinato: • Con la pena principal de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión. • Como penas accesorias según el artículo 58 del NCP: Inhabilitación absoluta de cargo o empleo público, así como su incapacidad para obtener estos u otros cargos u oficios y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena de prisión. • La suspensión de la ciudadanía según el artículo 42 del NCP: la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo, para optar a cargos públicos durante el tiempo de la condena. Con duración de cinco (5) a veinte (20) años. • Responsabilidad civil. • No se aprecian circunstancias agravantes ni atenuantes genéricas. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permite determinar, que en el caso particular al haberse condenado al señor Cesar Alexander Espinoza Benítes, como cómplice del delito de asesinato, se le impuso la pena estipulada para dicho delito, rebajada en un tercio; con la pena concreta impuesta de 15 años 8 meses, en la sentencia impugnada bajo el decreto 144-83, la aplicación de la nueva legislación no procede; por resultar más grave la pena de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión señalada en el NCP decreto 130-2017. Por lo que la aplicación retroactiva no es procedente en el presente caso..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-90-2019, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Walter Raúl Miranda Sabio en su calidad de coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Diaz Flores, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente Sentencia en el Recurso de Casación SP-90-2019, por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha siete de diciembre de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Gracias, departamento de Lempira, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Cesar Alexander Espinoza Benites, por el delito de Cómplice Simple de Asesinato, en perjuicio de Román Benítez Mejía, a la pena de quince años ocho meses de reclusión. Segundo: Condenó al señor César Alexander Espinoza Benites, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena. Tercero: Se declaró al señor César Alexander Espinoza Benites, civilmente responsable. Cuarto: No procedió la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Quinto: No procedió el comiso. Son partes en única instancia: El Abogado Hermes Bayardo Espinoza Rosa, en su condición de defensor del señor César Alexander Espinoza Benitez, como parte recurrente; y la Abogada Iris Beatriz Fonseca Matamoros, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “Este Tribunal, habiendo valorado las pruebas practicadas en juicio, declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: En fecha 26 de agosto del 2015 en la aldea Mejocote municipio de Gracias, Lempira; a las doce y treinta minutos de la noche Cesar Alexander Espinoza Benites en compañía de un grupo de personas armadas dieron muerte a Román Benítez Mejía, Cesar Alexander Espinoza Benites tomó a éste y lo entregó a las personas que acabaron con su vida. SEGUNDO: El señor Román Benitez Mejía, murió por traumatismo craneano abierto secundario a herida por proyectil disparado con arma de fuego.” RECURSO DE CASACIÓN: El recurrente Abogado Hermes Bayardo Espinoza Rosa, en su condición de Apoderado defensor del señor Cesar Alexander Espinoza Benites, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. MOTIVO UNICO: Al haber dictado el Tribunal de Sentencia un fallo Condenatorio, inobservó al momento de valorar la prueba, las reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: Para establecer los errores de valoración en que ha incurrido el Tribunal, en desapego a lo preceptuado en el artículo 202 de la normativa procesal penal, por infringir reglas de la valoración probatoria, en cuanto a los argumentos y razonamientos intelectivos de la prueba que dio por cierto erradamente lo contendido en el numeral PRIMERO de los hechos declarados probados en la sentencia que se recurre y que literalmente dice: HECHOS PROBADOS: "PRIMERO: En fecha veintiséis de Agosto del año dos mil quince en la aldea Mejocote municipio de Gracias, Lempira; a las doce y treinta minutos de la noche Cesar Alexander Espinoza Benítez en compañía de un grupo de personas armadas dieron muerte a Roman Benítez Mejía, Cesar Alexander Espinoza Benítez tomo a este y lo entrego a las personas que acabaron con su vida". Para dar por acreditado estos hechos, en la parte resolutiva de la sentencia declarando culpable al señor CESAR ALEXANDER ESPINOZA BENITES los juzgadores valoraron prueba insuficiente, contradictoria, poco confiable y por lo tanto los razonamientos esbozados en la descripción de la valoración intelectiva del tribunal se contradicen y están alejados de elementales principios de la Sana Critica Racional. Para acreditar los hechos probados el tribunal valora los elementos de prueba que a continuación se exponen y analizan: MEDIOS DE PRUEBA DE CARGO PROPUESTOS Y EVACUADOS Sobre los medios de prueba evacuadas, están los siguientes: PRUEBA TESTIFICAL: CLEOTILDE BENITEZ MEJIA, declaró que en fecha veintiséis de agosto del dos mil quince a las doce y media de la noche se encontraba durmiendo en su hogar junto con Santiago Perdomo que es el dueño de la casa, Marvin Ovidio, Gerson, Doris, Maria Gladis Perdomo, Kevin, Sarahi, Arlin y Roman Benitez , en la aldea Mejocote de Gracias Lempira, cuando escucho una tarazón en la casa, andaban doce personas, dos de las cuales andaban encapuchados, de los cuales conoció a Jose Mario, Cesar Alexander, Lesme Rafael, Walter y Rigoberto Espinoza, que a la casa entraron los dos encapuchados y que estos sacaron a toda la familia al patio y ya estando afuera les dijeron que se embrocaran, que solo ella no lo hizo porque tenía un niño de tres años en sus brazos y que solo se sentó; manifiesta que estando afuera Cesar Alexander Espinoza y Otra Persona agarraron a Roman Benitez lo golpearon y se lo entregaron a José Mario; este le pregunto a Román donde tenía su arma y le contesto que no tenía; luego le dijo incate ahí perro que a ti te buscamos, en ese momento le hizo tres disparos, pegándole en la cabeza, cuello y hombro, luego esas persona se fueron para donde una vecina a quien la amenazaron que le iban a matar un cipote que tenía en el interior de su casa. El tribunal al valorar esta declaración dice que este testimonio no es contradictorio, al contario es lógico y coherente, pues ella vivió la escena que relata no hay motivos para dudar de la misma, que guarda relación intrínseca con otros medios de prueba; y con la acción que realizo el acusado que contribuyo a la muerte del ofendido, además de acreditar la hora del hecho. Respecto a estas valoraciones es preciso señalar varias contradicciones en la declaración de esta testigo, señala que llegaron a la casa haciendo una tirazon y a preguntas de la defensa indica que los disparos fueron en "contorno de la casa", en la puerta dos y de la puerta hacia adentro más disparos, sin embargo en la escena del crimen de acuerdo a la inspección practicada por agentes de investigación y en al acta de levantamiento de cadáver ( ambas pruebas evacuadas en juicio) que se analizarán más adelante únicamente constan entre tres o cuatro casquillos como evidencia física recolectados de la escena del crimen y no consta los supuestos daños ocasionados a la· puerta de ingreso donde quedaron incrustados dos de los disparos según esta testigo; luego en su deposición existió una clara contradicción el referirse a la cantidad de disparos que vio le infirieron al ofendido, pues inicialmente en su primera declaración ( incorporada a juicio en base al artículo 311 numeral 6) refirió que no recordaba cuántos disparos le infirieron al ofendido; y luego en juicio oral refirió que fueron tres disparos "uno en la cabeza, en el hombro y uno en el cuello". Otra contradicción determinante es la ubicación del cuerpo del ofendido al momento de darle muerte y el lugar donde queda según lo ubica la testigo, pues esta afirma que el quedó incado por la cama y el acta de levantamiento de cadáver señalan que el cuerpo de la victima quedo encima de la cama en posición fetal y que se encontraba en una esquina de la casa. Por otro lado denotamos la falta de lógica y coherencia en su testimonio en relación a la dinámica de los mismos dice que a todos los sacaron a fueras de la casa y que los embrocaron o tiraron al suelo boca abajo para que no vieran y que de todas estas personas que sacaron del interior de la casa, ella fue la única que se convenientemente quedo en una posición adecuada para observar lo que sucedía, porque que se lo permitieron ya que tenía un niño en sus brazos; agrega que un menor salió lesionado y fue auxiliado en u centro asistencial, pero no se comprueba con otro medio de prueba evacuado en juicio. Es importante referir en este orden de ideas y respecto a este testimonio que con respecto a la confiabilidad de este testimonio no se puede desconocer el vínculo familiar con la víctima lo que evidencia un interés directo en el juicio. MARVIN OVIDIO PERDOMO BENITEZ declaró que en fecha veintiséis de agosto del dos mil quince a las doce y treinta minutos de la noche llegaron doce individuos haciendo un tiroteo sobre su casa que en ese momento se encontraban Santiago Perdomo, Cleotilde Bemitez, Roman Benitez, Doris Yaneth Perdomo, Kevin y Jerson, que entraron por la fuerza a la casa y sacaron toda la familia para afuera que reconoció a Rigoberto Espinoza, Jose Mario Membreño, Alexander Espinoza, Lesmer Rafael Espinoza y Walter Manuel Espinoza; que observo que dos andaban con el rostro cubierto y que a los demás no los pudo observar, que Cesar Alexander Espinoza y Lesmer agarraron a Roman Benitez y se lo entregaron a José Mario, quien le causó la muerte y después estos se fueron a amenazar a la vecina. El tribunal valor esta declaración y la relaciona con la de la testigo CLEOTILDE BENITEZ MEJIA dice que en este testimonio se aprecia contundencia y seguridad, que no es contradictorio, que el punto importante en su declaración al igual que la testigo ya relacionada es que ambos manifiestan que el acusado agarro al ofendido y lo entregó al victimario; concluye entonces el tribunal que se acredíta con este testimonio cuando ocurrió el hecho y la participación especifica del encausado. En este sentido debemos indicar que al igual que la Testigo CLEOTILDE BENITEZ MEJIA ambos el día de los hechos fueron sacados de la casa el día de los hechos y que este fueron ubicados en la parte externa de la vivienda ( corredor) ''todos pecho tierra" de lo que se desprende que incluso la señora Clotilde y en ningún momento refiere que fue la única que se le permitió adoptar otra posición; y luego reafirma esta versión al decir que a esta testigo «la dejaron tirada en el patio" existe en este caso entonces una clara contradicción entre ambos testigos y que no fue apreciada por el tribunal; y es tan fundamental que tiene que ver con la credibilidad de la versión brindada por estos en la dinámica de los hechos, pues de ser así no pudieron haber observado al detalla circunstancias que mencionan en su deposición y específicamente lo relacionado con la MARIA ERUDINA PEREZ declaró que en fecha veintiséis de agosto del dos mil quince a las doce y treinta minutos de la noche unos indíviduos hicieron una tirazon en la casa vecina de Cleotilde Benitez Mejía; que luego de eso los individuos llegaron a su casa exigieron a que abriera la puerta que si no iban a matar al muchacho y que de los que llegaron a su casa pudo identificar a Rigoberto Espinoza, Jose Mario, Alexander Espinoza, y Walter Manuel Espinoza. El tribual valora parcialmente los hechos descritos en la declaración de esta testigo por ser confiable, pero es contradictorio al afirmar por un lado que no es testigo presencial de los hechos y por otro lo relaciona con otros testigos de cargo sin desarrollar los motivos, pues no se desprende de la misma una imputación certera de la acción desarrollada por el ahora imputado en cuanto a la participación de este en el delito tal como se desprende los hechos declarados como probados. En cuanto a su confiabilidad es preciso indicar que la versión que depone de los hechos que presencio son carentes de objetividad y confiabilidad por considerar improbable que a la hora que ocurrió el hecho y según las costumbres de la zona, pudiese estar atenta a lo que ocurría en la casa vecina y además no se probó por la acusación las supuestas lesiones provocadas a ella o al menor que la acompañaba en su casa. DICTAMEN DE EXHUMACION ratificado por el Perito ANGEL DAVID MEJIA OLIVERA referente a la exhumación del cadáver del señor Roman Benitez Mejía, practicada en fecha ocho de Septiembre del dos mil dieciséis, encontrando cuatro fracturas, un en el hueso occipital izquierdo, la segunda en el hueso frontal derecho, la tercera en el hueso parietal derecho y la cuarta en el cráneo en los huesos parietal y temporal izquierdo, presenta un orificio de entrada en la región occipital y dos orificios de salida en la región frontal y parietal; y, agrega que no puede determinarse más porque no tiene tejidos blandos, concluye que la causa de la muerte es por traumatismo craneano abierto secundario a herida por proyectil de arma de fuego. El tribunal dejo de considerar aspectos relevantes del dictamen y que dejo de relacionarse con la demás prueba; en primera instancia es determinante considerar que la exhumación del cadáver fue realizada trece meses después de los hechos cuando el cuerpo estaba e fase esquelética y no contaba con partes blandas, por lo tanto solo se pudo determinar que presentaba en su cráneo un disparo de entrada y dos de salida, hecho que se puedo confirmar con los dichos de los testigos u otro medio de prueba, incluso los testigos refieren que al ofendido le infirieron tres disparos pero solo uno en la cabeza. Consigan en su dictamen que los orificios el de entrada y dos de salida en la cabeza de la víctima pudieron haberse realizado con arma de fuego de carga múltiple como una escopeta, pero al comparar esta conclusión del perito esta en contradictoria con el acta de inspección y levantamiento cadavérico practicados en el lugar a dos horas de la ocurrencia de los hechos en la que se consiga el hallazgo de tres a cuatro casquillos pero ninguno de ellos guarda relación con las características físicas de un cartucho de arma tipo escopeta o de carga múltiple. INSPECCION OCULAR CON ALBUM FOTOGRAF1CO Y ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER que describen la escena del crimen el Tribunal se limita a enunciar estos medios de prueba y decir que no hubo oposición. Para la defensa es fundamental valorara estos medios probatorios en todo su contexto para relacionarlos de esta manera con la demás prueba de cargo al ser contradictorios entre si y generar series dudas para acreditar los hechos que se tiene por probados. La primera y fundamental contradicción es la forma como queda el cuerpo del victima luego que se le diera muerte, pues se desprende le al inspección y levantamiento que el cadáver quedo encima de la cama y no de rodillas cerda de esta, tal como lo refiere la testigo CLEOTILDE BENITEZ MEJIA ; otra circunstancia importante es que los medios de prueba Inspección y Álbum Fotográfico se contradice entre si al haber un diferencia importante en relación a la evidencia física levantada en la escena, el técnico refiere que levanto cuatro casquillos y la fiscal encargada de realizar la diligencia KARLA MILENA ANDINO BARRALAGA indica que fueron tres. Respecto al acta de levantamiento cadavérico, documento ratificado por la abogada ANDINO es importante referir que advierte en su declaración que se consignó en le acta dos horas después de la ocurrencia de los hechos, que el ilícito fue realizado por desconocidos tal como se lo indicó la joven Yaneth Perdomo al referirle que sacaron a todos de la casa y que solo escucharon los disparos y más dudas genera la declaración de CLEOTILDE BENITEZ MEJIA porque incluso en el documento que ratifico esta fiscal el cadáver del ofendido se entrega a esta testigo, quien en ningún momento expresa a la autoridad la participación de algún conocido de ella en los hechos. MEDIOS DE PRUEBA DE DESCARGO PROPUESTOS Y EVACUADOS ELDER JOB PINEDA PORTILLO Y DARWIN ALEXIS ESPINOZA GAVARRETE, ambos testigos manifestaron que desde el mes de marzo del año dos mil quince trabajan con Cesar Alexander Espinoza Benítez en una finca de café ubicada en la aldea catulaca y que entre los meses de marzo hasta septiembre se encontraba con ellos pero que ellos y el horario era de siete de la mañana a cuatro de la tarde, pero que se también se quedaba en la noche cuidando el abono. Estas declaraciones el tribual no las valora porque dice no fueron explicitas ni específicas; sin embargo estos testigos mencionan hechos relevantes en cuanto a que el procesado no pudo haber participado en el hecho ya que se encontraba para esas fechas trabajando con ellos de lo que se infiere que esos fueron veraces en su deposición al no ser tan especifico, denotando espontaneidad en sus deposiciones y ausencia de cualquier inducción que acomodara convenientemente su versión de los hechos señalando específicamente que el día y la hora de los hechos el encausado se encontraba con los testigos, tal como lo sugiere el tribunal. DE LA VULNERACION DE LA REGLA DE LA SANA CRITICA El razonamiento del juzgador al momento de valorar dicha probanza vulnera la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente en su característica de suficiencia, en virtud de que el Tribunal valora y de credibilidad a la declaración de los testigos de cargo por no ser contradictorios, confiable y suficiente; sin considerar las contracciones existentes entre esos mismos testigos y la demás prueba de cargo documental, realizando juicios valorativos que son reprochados mediante la impetración de este recurso; y dedica su valoración a justificar circunstancias que de acuerdo al A quo restan credibilidad a los presentes testimonios sin confrontarlos con la prueba documental como las actas de inspección acompañada de álbum fotográfico, exhumación del cadáver del ofendido y sobre todo el acta de levantamiento de Cadáver que fue ratifico por la fiscal del Misterio Publico KARLA MILENA ANDINO BARRALAGA documentos que tal como se expuso en los páragrafos anteriores se contradice ampliamente con los dichos de los testigos en cuanto a la dinámica de los hechos, la postura y lugar donde fue encontrado el cadáver, la cuestionable posición en el lugar de los hechos donde se ubicaron estos testigos para haber observado de manera íntegra la totalidad de lo narrado y bajo las circunstancias de amenaza o riesgo para su integridad; versión que no fue la inicialmente brindaron a la autoridad pública dos horas después de los hechos cuando la autoridad estaba haciendo el respectivo levantamiento del cadáver, los indicios encontrados en la escena que difieren en cuanto a la cantidad de disparos que escucharon los testigos y los casquillos encontrados en el lugar o posibles daños por proyectiles por arma de fuego. En consecuencia, sin pretender una revalorización de la prueba el tribunal tiene en consideración prueba que es contradictoria, insuficiente y poco confiable; por lo cual violenta las reglas de la sana critica, tanto en la regla lógica, en su principio de derivación, como las máximas de la experiencia, ante las abiertas contradicciones en las declaraciones de los testigos de cargo. En sumario y siendo que la prueba de cargo apegada a las Reglas dé la Sana Critica se aprecia suficiente para dictar un fallo absolutorio por el delito tipificado en los artículos 117 numeral 1, 33, 66 del Código Penal, el Tribunal no ha sido capaz de extraer de dicha fuente de convencimiento dada su errónea valoración en la prueba en la manera antes señalada, por lo tanto el razonamiento del juzgador al momento de valorar dicha probanza vulnera las regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, en sus características de suficiencia y veracidad, así como las máximas de la experiencia ya que es criterio de la Sala de lo Penal que el examen sobre las pruebas está instituido únicamente a efectos de custodiar que se cumpla la aplicación de las reglas de la sana critica (lógica, psicología y la experiencia) en la fundamentación del fallo; dentro de las reglas de la lógica está el principio de derivación que exige que cada pensamiento provenga de otro con el cual está relacionado, es decir, el razonamiento debe constituirse 'por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en base a ellas se vayan edificando, a cada conclusión o derivación afirmativa o negativa corresponde un elemento de convicción del cual ha de inferirse aquella. Si las conclusiones o derivaciones lo cual extraídas no se basan en elementos probatorios formalmente incorporados o son falseados en su contenido o significado, o peor aún se le resta valor por apreciaciones impropias de juicios de valor, se viola la regla de la sana crítica (lógica), en el presente caso. El juzgador con el fallo condenatorio proferido incumple lo expresado por la Honorable Sala de lo Penal, quien ha establecido lo siguiente: "En este sentido, la verificación de la existencia de prueba de cargo suficiente, requiere una triple comprobación. En primer lugar, que el tribunal de instancia haya apoyado su relato fáctico, en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. En segundo lugar, que las pruebas sean válidas, es decir, que hayan sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica, y en tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparte de las reglas de la lógica, de las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos y que no es, por tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea, de este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. Finalmente, instamos ante Vosotros Honorable Magistrados de la Sala de lo Penal nuestro reproche casacíonal a efecto que una vez estudiado el caso, decidan con la sapiencia que los caracteriza y casen el fallo que ahora genera inconformidad a este ente ímpetrante; igualmente enfatizamos que no habíamos reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto mismo de sentenciar”. Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; d. La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia, hecha por algunas de las partes, de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo • Normas autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Motivo: Inobservancia de las Reglas de la Sana Critica en la valoración probatoria; • Concepto de la infracción: Inobservancia a las reglas de la Sana Critica; La Regla Lógica de la Derivación en su postulado de Razón Suficiente en su característica de Suficiencia. • Normas procesales que se denuncian infringidas: Artículo 202 del Código Procesal Penal. • Reclamación Ex Ante: No fue determinado por el censor • Pretensión: Casar y Anular la Sentencia de instancia, declarando la absolución del acusado. La Defensa Privada en el libelo del recurso plantea múltiples argumentaciones en contra de la sentencia: hace una descripción de las declaraciones de los testigos de cargo, prueba documental y pericial evacuadas durante la audiencia de juicio oral y público, luego hace las siguientes afirmaciones: • Para acreditar los hechos probados el tribunal valoro los elementos de prueba que a continuación se exponen y analizan: • Sobre los medios de prueba evacuados, están los siguientes: 1) Declaración testifical de Cleotilde Benítez, Respecto a estas valoraciones es preciso señalar varias contradicciones en la declaración de esta testigo, señala que llegaron a la casa haciendo una tirazon y a preguntas de la defensa, indica que los disparos fueron en "contorno de la casa", en la puerta dos y de la puerta hacia adentro más disparos, sin embargo en la escena del crimen de acuerdo a la inspección practicada por agentes de investigación y en al acta de levantamiento de cadáver ( ambas pruebas evacuadas en juicio) que se analizarán más adelante únicamente constan entre tres o cuatro casquillos como evidencia física recolectados de la escena del crimen y no consta los supuestos daños ocasionados a la· puerta de ingreso donde quedaron incrustados dos de los disparos según esta testigo; luego en su deposición existió una clara contradicción el referirse a la cantidad de disparos que vio le infirieron al ofendido, pues inicialmente en su primera declaración ( incorporada a juicio en base al artículo 311 numeral 6) refirió que no recordaba cuántos disparos le infirieron al ofendido; y luego en juicio oral refirió que fueron tres disparos "uno en la cabeza, en el hombro y uno en el cuello". Otra contradicción determinante es la ubicación del cuerpo del ofendido al momento de darle muerte y el lugar donde queda según lo ubica la testigo, pues esta afirma que el quedó hincado por la cama y el acta de levantamiento de cadáver señalan que el cuerpo de la víctima quedo encima de la cama en posición fetal y que se encontraba en una esquina de la casa. Por otro lado denotamos la falta de lógica y coherencia en su testimonio en relación a la dinámica de los mismos dice que a todos los sacaron a fueras de la casa y que los embrocaron o tiraron al suelo boca abajo para que no vieran y que de todas estas personas que sacaron del interior de la casa, ella fue la única que se convenientemente quedo en una posición adecuada para observar lo que sucedía, porque que se lo permitieron ya que tenía un niño en sus brazos; agrega que un menor salió lesionado y fue auxiliado en u centro asistencial, pero no se comprueba con otro medio de prueba evacuado en juicio. Es importante referir en este orden de ideas y respecto a este testimonio que con respecto a la confiabilidad de este testimonio no se puede desconocer el vínculo familiar con la víctima lo que evidencia un interés directo en el juicio. 2) Testimonio de Marvin Ovidio Perdomo Benítes, declaró que en fecha veintiséis de agosto del dos mil quince a las doce y treinta minutos de la noche llegaron doce individuos haciendo un tiroteo sobre su casa que en ese momento se encontraban Santiago Perdomo, Cleotilde Benítez, Román Benítez, Doris Yaneth Perdomo, Kevin y Jerson, que entraron por la fuerza a la casa y sacaron toda la familia para afuera que reconoció a Rigoberto Espinoza, José Mario Membreño, Alexander Espinoza, Lesmer Rafael Espinoza y Walter Manuel Espinoza; que observo que dos andaban con el rostro cubierto y que a los demás no los pudo observar, que Cesar Alexander Espinoza y Lesmer agarraron a Román Benítez y se lo entregaron a José Mario, quien le causó la muerte y después estos se fueron a amenazar a la vecina. • El tribunal al valorar esta declaración y la relaciona con la de la testigo Cleo tilde Benítes mejía, dice que en este testimonio se aprecia contundencia y seguridad, que no es contradictorio, que el punto importante en su declaración al igual que la testigo ya relacionada es que ambos manifiestan que el acusado agarro al ofendido y lo entregó al victimario; concluye entonces el tribunal que se acredita con este testimonio cuando ocurrió el hecho y la participación específica del encausado. En este sentido debemos indicar que al igual que la Testigo Cleotilde Benítes Mejía, ambos el día de los hechos fueron sacados de la casa el día de los hechos y que este fueron ubicados en la parte externa de la vivienda ( corredor) ''todos pecho tierra" de lo que se desprende que incluso la señora Clotilde y en ningún momento refiere que fue la única que se le permitió adoptar otra posición; y luego reafirma esta versión al decir que a esta testigo «la dejaron tirada en el patio" existe en este caso entonces una clara contradicción entre ambos testigos y que no fue apreciada por el tribunal; y es tan fundamental que tiene que ver con la credibilidad de la versión brindada por estos en la dinámica de los hechos, pues de ser así no pudieron haber observado al detalle circunstancias que mencionan en su deposición y específicamente lo relacionado con la María Erudina Pérez, declaró que en fecha veintiséis de agosto del dos mil quince a las doce y treinta minutos de la noche unos individuos hicieron una tirazon en la casa vecina de Cleotilde Benítez Mejía; que luego de eso los individuos llegaron a su casa exigieron a que abriera la puerta que si no iban a matar al muchacho y que de los que llegaron a su casa pudo identificar a Rigoberto Espinoza, Jose Mario, Alexander Espinoza, y Walter Manuel Espinoza. El tribual valora parcialmente los hechos descritos en la declaración de esta testigo por ser confiable, pero es contradictorio al afirmar por un lado que no es testigo presencial de los hechos y por otro lo relaciona con otros testigos de cargo sin desarrollar los motivos, pues no se desprende de la misma una imputación certera de la acción desarrollada por el ahora imputado en cuanto a la participación de este en el delito tal como se desprende los hechos declarados como probados. En cuanto a su confiabilidad es preciso indicar que la versión que depone de los hechos que presencio son carentes de objetividad y confiabilidad por considerar improbable que a la hora que ocurrió el hecho y según las costumbres de la zona, pudiese estar atenta a lo que ocurría en la casa vecina y además no se probó por la acusación las supuestas lesiones provocadas a ella o al menor que la acompañaba en su casa. • Dictamen de Exhumación: referente a la exhumación del cadáver del señor Román Benites Mejía, practicada en fecha ocho de Septiembre del dos mil dieciséis, encontrando cuatro fracturas, un en el hueso occipital izquierdo, la segunda en el hueso frontal derecho, la tercera en el hueso parietal derecho y la cuarta en el cráneo en los huesos parietal y temporal izquierdo, presenta un orificio de entrada en la región occipital y dos orificios de salida en la región frontal y parietal; y, agrega que no puede determinarse más porque no tiene tejidos blandos, concluye que la causa de la muerte es por traumatismo craneano abierto secundario a herida por proyectil de arma de fuego. El tribunal dejo de considerar aspectos relevantes del dictamen y que dejo de relacionarse con la demás prueba; en primera instancia es determinante considerar que la exhumación del cadáver fue realizada trece meses después de los hechos cuando el cuerpo estaba e fase esquelética y no contaba con partes blandas, por lo tanto solo se pudo determinar que presentaba en su cráneo un disparo de entrada y dos de salida, hecho que se puedo confirmar con los dichos de los testigos u otro medio de prueba, incluso los testigos refieren que al ofendido le infirieron tres disparos pero solo uno en la cabeza. Consigan en su dictamen que los orificios el de entrada y dos de salida en la cabeza de la víctima pudieron haberse realizado con arma de fuego de carga múltiple como una escopeta, pero al comparar esta conclusión del perito está en contradictoria con el acta de inspección y levantamiento cadavérico practicados en el lugar a dos horas de la ocurrencia de los hechos en la que se consiga el hallazgo de tres a cuatro casquillos pero ninguno de ellos guarda relación con las características físicas de un cartucho de arma tipo escopeta o de carga múltiple. • Inspección Ocular con álbum fotográfico y acta de levantamiento de cadáver que describen la escena del crimen, el Tribunal se limita a enunciar estos medios de prueba y decir que no hubo oposición. Para la defensa es fundamental valorara estos medios probatorios en todo su contexto para relacionarlos de esta manera con la demás prueba de cargo al ser contradictorios entre sí y generar series dudas para acreditar los hechos que se tiene por probados. La primera y fundamental contradicción es la forma como queda el cuerpo del victima luego que se le diera muerte, pues se desprende le al inspección y levantamiento que el cadáver quedo encima de la cama y no de rodillas cerda de esta, tal como lo refiere la testigo Ceotilde Benites Mejía ; otra circunstancia importante es que los medios de prueba Inspección y Álbum Fotográfico se contradice entre si al haber un diferencia importante en relación a la evidencia física levantada en la escena, el técnico refiere que levanto cuatro casquillos y la fiscal encargada de realizar la diligencia, indica que fueron tres. Respecto al acta de levantamiento cadavérico, es importante referir que advierte en su declaración que se consignó en el acta dos horas después de la ocurrencia de los hechos, que el ilícito fue realizado por desconocidos tal como se lo indicó la joven Yaneth Perdomo, al referirle que sacaron a todos de la casa y que solo escucharon los disparos y más dudas genera la declaración de Cleotilde Benítes mejía porque incluso en el documento que ratifico esta fiscal el cadáver del ofendido se entrega a esta testigo, quien en ningún momento expresa a la autoridad la participación de algún conocido de ella en los hechos. • Elder Job Pineda Portillo y Darwin Alexis Espinoza Gavarrete, ambos testigos manifestaron que desde el mes de marzo del año dos mil quince trabajan con Cesar Alexander Espinoza Benítez en una finca de café ubicada en la aldea catulaca y que entre los meses de marzo hasta septiembre se encontraba con ellos pero que ellos y el horario era de siete de la mañana a cuatro de la tarde, pero que se también se quedaba en la noche cuidando el abono. Estas declaraciones el tribual no las valora porque dice no fueron explicitas ni específicas; sin embargo estos testigos mencionan hechos relevantes en cuanto a que el procesado no pudo haber participado en el hecho ya que se encontraba para esas fechas trabajando con ellos de lo que se infiere que esos fueron veraces en su deposición al no ser tan especifico, denotando espontaneidad en sus deposiciones y ausencia de cualquier inducción que acomodara convenientemente su versión de los hechos señalando específicamente que el día y la hora de los hechos el encausado se encontraba con los testigos. • El razonamiento del juzgador al momento de valorar dicha probanza, vulnera la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente en su característica de suficiencia, en virtud de que el Tribunal valora y de credibilidad a la declaración de los testigos de cargo por no ser contradictorios, confiable y suficiente; sin considerar las contracciones existentes entre esos mismos testigos y la demás prueba de cargo documental, realizando juicios valorativos que son reprochados mediante la impetración de este recurso; y dedica su valoración a justificar circunstancias que de acuerdo al A quo restan credibilidad a los presentes testimonios, sin confrontarlos con la prueba documental como las actas de inspección acompañada de álbum fotográfico, exhumación del cadáver del ofendido y sobre todo el acta de levantamiento de Cadáver, documentos que tal como se expuso en los parágrafos anteriores se contradice ampliamente con los dichos de los testigos en cuanto a la dinámica de los hechos, la postura y lugar donde fue encontrado el cadáver, la cuestionable posición en el lugar de los hechos donde se ubicaron estos testigos para haber observado de manera íntegra la totalidad de lo narrado y bajo las circunstancias de amenaza o riesgo para su integridad; versión que no fue la inicialmente brindaron a la autoridad pública dos horas después de los hechos cuando la autoridad estaba haciendo el respectivo levantamiento del cadáver, los indicios encontrados en la escena que difieren en cuanto a la cantidad de disparos que escucharon los testigos y los casquillos encontrados en el lugar o posibles daños por proyectiles por arma de fuego. En consecuencia, sin pretender una revalorización de la prueba el tribunal tiene en consideración prueba que es contradictoria, insuficiente y poco confiable; por lo cual violenta las reglas de la sana critica, tanto en la regla lógica, en su principio de derivación, como las máximas de la experiencia, ante las abiertas contradicciones en las declaraciones de los testigos de cargo. En sumario y siendo que la prueba de cargo apegada a las Reglas dé la Sana Critica, se aprecia suficiente para dictar un fallo absolutorio por el delito tipificado en los artículos 117 numeral 1, 33, 66 del Código Penal, el Tribunal no ha sido capaz de extraer de dicha fuente de convencimiento dada su errónea valoración en la prueba • El razonamiento del juzgador, al momento de valorar dicha probanza vulnera las regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, en sus características de suficiencia y veracidad, así como las máximas de la experiencia, ya que es criterio de la Sala de lo Penal que el examen sobre las pruebas está instituido únicamente a efectos de custodiar que se cumpla la aplicación de las reglas de la sana critica (lógica, psicología y la experiencia) en la fundamentación del fallo. De la Debida Técnica Recursiva • El Código Procesal Penal, prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no, para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que el Recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El Recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; el Recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: a. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de casación, el recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó, en los casos de Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A quo; la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncian vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciará el vicio; el Motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. a. Explicación del Vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: La claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. a. Demostración del Vicio: El recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera el recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permite, a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente: • Derecho de Acceso a la Justicia Derecho a una resolución fundada en derecho; • Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; • Derecho a la Tutela Cautelar; y • Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de rango constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 304 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado. El único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cuál es el sentido del reclamo que realiza el recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (así establecido en las sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.) De la procedencia del Único Motivo. El único motivo no es de Recibo. El recurrente no ha utilizado la debida técnica para conformar y fundamentar su impugnación; la Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo se puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el punto de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad. La exigencia técnica del recurso se eleva aún más cuando la regla de la sana crítica que se alega como inobservada es la de derivación por falta de razón suficiente dado que adiciona la tarea de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido e identificar en éste la premisa mayor, la premisa menor y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica a pari o analógica a fortiori) es incorrecta (por una de las razones señaladas ut supra) y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí pues además debe explicar por qué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Es de tener presente que conforme la naturaleza del recurso de casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio del juzgador (valoración intelectiva) fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. Desafortunadamente la Defensa Privada, se aleja de lo anterior protestando por la insuficiencia probatoria y haciendo análisis directo de la prueba, dando a conocer cuál es su criterio respecto a ésta; Así en el libelo la recurrente señala que los juzgadores para dar acreditado el hecho probado tomaron en cuenta prueba insuficiente, contradictoria, poco confiable; realizando una descripción de todos los medios de prueba, evacuados durante la audiencia de juicio oral y público, y luego hacer su propia valoración. La Defensa Privada, además aqueja que la prueba, a su criterio, el convencimiento judicial se basa en prueba insuficiente, contradictoria, poco confiable, considera que El Juzgador, al valorar los testimonios de los testigos Clotilde Benítes Mejía, Marvin Ovidio Perdomo Benítes y María Erudina Pérez ( testigos presenciales), eran coherente, no contradictorio; denotaban contundencia y seguridad, sin embargo, el censor considera todo lo contrario señalando que están revestido contradicciones, y a su parecer denotaban falta de lógica y coherencia en sus testimonios en relación a la dinámica que aseguran sucedieron los hechos; La Sala, aprecia, que no es la construcción de la valoración intelectiva el motivo de la protesta, sino la declaración de los testigos de cargo y su capacidad de alcanzar una total cobertura a los hechos que constituyen la imputación, El recurrente repetitivamente protesta que el Juzgador al momento realizar la valoración de la prueba evacuada, ha violentado las reglas de la sana critica, tanto en la regla de la lógica, en su principio de derivación, y las máximas de la experiencia ; sin invocar su inobservancia de forma clara y precisa respecto a la regla o principio que fue violentado, la identificación del razonamiento judicial, la explicación del porque el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el Tribunal. El recurrente en su escrito de interposición del recurso, se aparta de la debida técnica ya que procede a refutar la valoración judicial, comparándola con una valoración privada, como forma de protesta de que es esta última la que debió haber aparecido en la sentencia y que por ello la resolución debe ser casada. Por tanto, no es procedente hacer un reexamen de la prueba como se ha solicitado, el recurso debió señalar las razones que tuvo el tribunal y porqué éstas no son compatibles con lo preceptuado con los principios de la sana crítica y el recto razonamiento humano. Como se ha señalado, la recurrente presenta queja sobre la valoración no porque plantee una mala construcción del razonamiento judicial, sino porque no está de acuerdo con ella al ser disonante con su pretensión, alegato que no es propio para un recurso de casación, por lo que el recurso en su único motivo debe ser desestimado. Resulta evidente que el recurso de la Defensa Privada, contiene análisis probatorio y no análisis de los razonamientos judiciales; la impugnación se basa en los aspectos que considera que no fueron acreditados y la única forma de poder comprobarlo es que la Sala de lo Penal lea el contenido de la prueba y proceda a valorarla, pero además tendría que censurar la valoración hecha por el a-quo y reemplazarla por la valoración de la Sala de Casación; en otras palabras, la Sala de lo Penal tendría que convertirse en tribunal de segunda instancia. Esto nos lleva a afirmar que la Defensa Privada acude a esta única instancia con el objeto de conseguir un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, pretendiendo que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren prueba, extraigan conclusiones probatorias y las impongan en la sentencia.- Como hemos explicado, no existe una previa determinación de pruebas, por lo que ésta debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto, en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba. Decisión: Desestimar el Recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). 4. Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; a. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y b. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. c. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a . Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Cesar Alexander Espinoza Benítes, la pena de 15 años 8 meses de reclusión, como autor responsable del delito consumado de cómplice de Asesinato en perjuicio de Román Benítes Mejía, más las penas accesorias de responsabilidad civil, inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure su condena. Conforme las disposiciones del Código Penal decreto 130-2017 en su artículo 193, el delito de asesinato, se penaliza así: Asesinato: • Con la pena principal de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión. • Como penas accesorias según el artículo 58 del NCP: Inhabilitación absoluta de cargo o empleo público, así como su incapacidad para obtener estos u otros cargos u oficios y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena de prisión. • La suspensión de la ciudadanía según el artículo 42 del NCP: la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo, para optar a cargos públicos durante el tiempo de la condena. Con duración de cinco (5) a veinte (20) años. • Responsabilidad civil. • No se aprecian circunstancias agravantes ni atenuantes genéricas. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permite determinar, que en el caso particular al haberse condenado al señor Cesar Alexander Espinoza Benítes, como cómplice del delito de asesinato, se le impuso la pena estipulada para dicho delito, rebajada en un tercio; con la pena concreta impuesta de 15 años 8 meses, en la sentencia impugnada bajo el decreto 144-83, la aplicación de la nueva legislación no procede; por resultar más grave la pena de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión señalada en el NCP decreto 130-2017. Por lo que la aplicación retroactiva no es procedente en el presente caso. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 360 y 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Sin Lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, interpuesto por la Defensa Privada.- Segundo: Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha siete de diciembre de dos mil dieciocho (f. 235), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Gracias, departamento de Lempira.- Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Redacto Magistrado Díaz Flores. Notifíquese. - Firmas y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Díaz Flores. Magistrada. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora sala penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a cinco días del mes de febrero de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada el uno de noviembre del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-90-2019. RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL