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Sentencia CP-80-19 — Registro 18059

Resumen

En primera instancia se condenó a los imputados por el delito de Robo Agravado en concurso ideal y Asociación Ilícita, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia del recurso. EL RECURSO ES DE RECIBO. El proceso penal que hoy nos ocupa da inicio por Requerimiento Fiscal presentado por el Ministerio Público, en contra de los acusados Anyi Jackeline Montes Madrid, y Donal Dagoberto Perdomo, por suponerlos responsables a título de coautores, de un delito consumado de Robo Agravado, en perjuicio de Financiera Finca Honduras y Empresa de Seguridad Shomer de Honduras; acción penal que dio paso al agotamiento de la etapa preparatoria e intermedia del proceso, llegando a la etapa de juicio en donde se celebró la audiencia de proposición de medios de prueba a los un días del mes de julio del año 2016 (f. 184) y la audiencia de debate en fecha 26 de septiembre de 2017, luego de lo cual se emite la sentencia del caso en fecha 10 de agosto del año 2018 (f.269) donde se condenó por los delitos de robo Agravado y Asociación Ilícita. En la sentencia los jueces señalaron qué prueba consideraron creíble y útil, construyendo su convicción con la declaración de los testigos de cargo: 1.- Testigo Protegido Omega, el cual declaró; en fecha veintidós de octubre del año dos mil quince, como a las cuatro de la tarde, cuando se encontraba dentro de la Financiera F inca Honduras, observo que ingresaron primero a dicho lugar tres personas y segundos después ingreso otra, cuatro en total; señalo que la primer persona en entrar había sido la señora Anyi Jackeline Montes Madrid (a quien señalo en la sala de audiencias), quien ese día vestía camisa amarilla o mostaza, sandalias, usaba lentes oscuros, pelo liso y un bolso; manifestó que, instantes después había ingresado otra persona con un periódico en la mano, el cual era alto, fornido, pelo corto quien vestía jeans y camisa negra (señalo en la sala de audiencias al señor Donal Dagoberto Perdomo) y fue la persona que se le abalanzo al guardia de seguridad Nery Vásquez y le quito el arma de fuego, cuando le iba a registrar el bolso a la señora Anyi Jackeline Montes Madrid, al lado de la puerta; estableció, que después había ingresado una tercera persona, la cual se había quedado en la puerta y luego, entro otra persona, pelo colocho, estatura media, camisa blanca, rayas de color y jeans, quien portaba un arma de fuego y dijo “esto es un asalto”, quedándose la señora Anyi Jackeline Montes Madrid, por el área de servicio al cliente, el señor Donal Dagoberto Perdomo cuidando a los demás, otra persona en la puerta y el ultimo, con el joven en la caja, quien después de darle efectivo se lo llevo a la bóveda y exigió que le dieran el dinero, ingresando después la señora Anyi Jackeline Montes Madrid, para luego dejarlos encerrados e irse del lugar ; señalo este testigo, que estas personas habían sustraído la cantidad de doscientos sesenta y tres mil y fracción de lempiras, que en dicha financiera habían dos cámaras afuera tres en atención al cliente, una en caja y otra en bodega. Este testigo narro los hechos según como lo percibió con los sentidos, dándolos a conocer a los juzgadores de manera sencilla y cronológica los cuales al ser analizados resultan ser creíbles y confiables y no dudamos de sus dichos; se acredito con este testigo que fueron los señores Anyi Jackeline Montes Madrid Y Donal Dagoberto Perdomo, las personas que mediante la fuerza y con la ayuda de dos personas que portaban armas de fuego, despojaron al empleado de la empresa de seguridad shomer, quien trabajaba como guardia de seguridad de la financiera Finca Honduras, del arma de fuego que portaba y se apoderaron además de la cantidad de doscientos sesenta y tres mil trescientos tres lempiras, propiedad de la financiera. 2. Testigo Protegido Nery Vásquez, (prueba anticipada) este testigo en la audiencia inicial, ante el juez de garantía, señalo, que el veintidós de octubre del año dos mil quien, habían ingresado a la Financiera Finca tres personas con armas de fuego en la mano; dijo que, había entrado primero la muchacha (refiriéndose a Anyi Jackeline Montes Madrid), con una cartera pequeña, seguido de ella entraron los otros dos sujetos, que Anyie Jackeline Montes Madrid, se dirigió dónde estaba la mesa de servicio al cliente, la segunda persona entro y se fue por la parte de atrás y desarmo al oficial de seguridad, y la tercera persona se quedó detrás del oficial de seguridad, los encañono y los tiro al piso, diciéndoles que no hicieran ningún movimiento porque podían atentar contra la vida de ellos, mientras la señora Anyi Jackeline Montes Madrid, coordinaba el evento; manifestó que, luego, la tercera persona se dirigió a caja y ordeno que abrieran la bóveda, que cuando sustrajeron el dinero y salió, mientras los otros tres se quedaron en vigilancia por algún movimientos, ya que con el dinero, la segunda persona, que mantiene en custodia a los demás, les dijo que se fueran al baño y luego se fueron, llevándose el dinero y el arma de fuego, momentos después entro el gerente y supuso que había pasado algo allí por el trabajo; agrego que dichas personas no llevaban máscaras y se reconocían. Esta declaración, se introdujo a debate conforme nuestra norma procesal penal y al analizarla los juzgadores le damos credibilidad pues sus dichos son coherentes y complementarios con la declaración del testigo protegido Omega, el cual ya valoramos y declaramos creíble. 3- Testigo Héctor Iván Solorzano Juárez; (prueba anticipada), declaró que, hubo un robo en la Financiera Finca y había realizado las diligencias, tomaron declaraciones al personal de la financiera, realizaron la inspección ocular del lugar, reconocimientos fotográficos y adquirieron por parte del gerente de la financiera Finca un video de las cámaras de seguridad, el cual se le decomiso, dijo que, el personal le había manifestado que, habían ingresado unas personas y sometieron al guardia de seguridad y a las personas que estaban allí, que ingresaron cuatro personas y sustrajeron el dinero de caja y de caja fuerte y entro otra persona que se llevó el dinero en una caja de cartón; estableció que en el reconocimiento fotográfico tanto el guardia de seguridad, encargado de caja y gerente fueron seguros al identificar a los sospechosos. La declaración dada por el testigo Héctor Iván Solorzano Juárez, para el tribunal es confiable y creíble, ya que la misma se introdujo a debate conforme el procedimiento establecido en la normal procesal penal y no dudamos del mismo, puesto que fueron las diligencias que realizo el testigo en torno al caso, eso por una parte, y si bien, da a conocer al tribunal circunstancias que terceras personas le contaron, lo que lo vuelve en un testigo de referencia, eso no le resta credibilidad pues sus dichos resultan ser coherentes con la prueba declarada creíble y valorada en el apartado correspondiente. También fue relacionada en la sentencia el Acta de Inspección Ocular (sin ratificación), el acta refiere a la inspección realizada en fecha 22 de octubre del 2015 a las cuatro veinte de la tarde en la Financiera Finca, ubicada en el barrio Santa Teresa de la ciudad de Santa Rosa de copan; en el lugar se observa un edificio color blanco, portón con barrotes de hierro con candado, con puerta de vidrio, en la parte superior se lee Finca, en el interior, se observa el área de atención al cliente, un escritorio de color crema, en la parte superior una computadora, en dicha área se encontraba el guardia de seguridad y varias personas, al costado izquierdo del escritorio un mostrador pintado de color rojo y gris, en el interior del mostrador una caja registradora con una gaveta de madera abierta de donde según el cajero se llevaron una cantidad de dinero, en la parte superior de la pared se observa una cámara que enfoca el mostrador, más al fondo del pasillo una puerta de madera, en el interior unas cajas de cartón cerradas y una bóveda de metal , color gris, con la puerta abierta con dos depósitos , el depósito superior vacío y el inferior se observan varias bolsas de plástico transparente que contiene monedas de diferente denominación. Este documento, al analizarlo resulta creíble para los jueces, pues se introdujo a juicio conforme a nuestra norma procesal legal y no encontramos razón alguna que nos haga dudar del mismo; además, dicha acta resulta ser complementaria con la declaración de los testigos protegidos Omega y Nery Vásquez, testigos ya valorados en el apartado correspondiente y declarados creíbles, se acredito con el acta de inspección el lugar en donde ocurrieron los hechos, sido este, la financiera finca Honduras, ubicado en el barrio Santa Teresa del municipio de Santa Rosa de Copan, departamento de Copan. La Auditoria Corporativa; ratificada en juicio por la señora Ingrid Mabel Madrid Turcios; dicho documento refiere a un informe de auditoría interna de la Financiera Finca Honduras, ubicada en el barrio Santa Teresa del municipio de Santa Rosa de Copan, departamento de Copan, realizada en fecha 26 de octubre del año dos mil quince. Introducción: Revisión de los daños patrimoniales como resultado de asalto en fecha 22 de octubre del 2015, en agencia Santa Rosa de Copan… Alcance… Descripción de Los Hechos… Revisión de Cámaras de Seguridad: Agencia de Santa Rosa de Copan. También se evacuó el medio de prueba Video; que refiere las grabaciones de las cámaras de video instaladas en la Financiera Finca Honduras, en relación a lo sucedido en fecha 22 de octubre del año 2015; La Constancia del Tribunal de Sentencia de la Entrada (Nueva Arcadia), Copán; El Dictamen de Laboratorio de Video Forense número 7827; El Acta de Decomiso o Secuestros de objetos (sin ratificación) de fecha 17 de noviembre del 2015, al señor Melvin Wilfredo Cruz Quezada en Financiera Finca, se decomisó un disco compacto color gris, marca verbatim; La Copia certificada de Acta de Audiencia Inicial, Juzgado de Letras Seccional de la Entrada, Copán; de fecha 9 de febrero del 2016, donde se decretó auto de formal procesamiento en contra de Anyi Jakeline Montes Madrid, Donal Dagoberto Perdomo y Carlos Cristóbal Clavasquin Lazo, por los delitos de Robo Agravado continuado en perjuicio de Financiera Finca de Honduras y Empresa Shomer de Honduras y Asociación Ilícita en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; La Copia Simple de la Licencia de Apertura y Renovación de negocio, con clave catastral CL 12-2F-17-12. El a quo le concedió credibilidad a la prueba de cargo, por considerarla confiable y coherente. Por otra parte, en relación a la prueba de la defensa, el Tribunal de Sentencia señaló que son creíbles y confiables Las Constancias de Antecedentes Policiales de los señores Anyi Jakeline Montes Madrid y Donal Dagoberto Perdomo, donde se hace constar que no se encuentran registrados que hayan cometido delito o falta alguna; así como las Constancias de Antecedentes Penales de los señores Anyi Jakeline Montes Madrid y Donal Dagoberto Perdomo, donde se hace constar que no tienen antecedentes penales. Las calificaciones probatorias determinan entonces que la convicción a la que arribó el Tribunal de Sentencia derivó exclusivamente de la prueba de cargo. - Es importante indicar que el examen de cumplimiento del artículo 202 CPP que hace la Sala de lo Penal, recae en aquella prueba que fue valorada positivamente por el Tribunal de Sentencia. La prueba valorada por el Tribunal no es suficiente para vincular que son penalmente responsables los señores Anyi Jakeline Montes Madrid y Donal Dagoberto Perdomo, de un delito de Asociación Ilícita y formar su convicción de culpabilidad, razonando que los acusados voluntariamente formaron un grupo (se asociaron), con la intención de ejecutar acciones ilícitas, para obtener un beneficio económico a su favor, afirmación que debe ser corroborada mediante datos objetivos y constatables; no basta con la declaración del Testigo Omega el cual señaló haber visto los acusados por los medios de comunicación cuando fueron detenidos y el Testigo Héctor Iván Solorzano, quien señaló que al mostrarle fotografías a los empleados de la Financiera Finca Honduras, estos los habían reconocido. No se logra derivar razones suficientes para vincular a los acusados en la condición de miembro o cabecilla de una pandilla. Esta Sala aprecia, que al valorar la prueba de cargo consistente en prueba testifical, documental y pericial agregada al juicio, el juzgador no lo hace en forma conjunta y armoniosa, sino en forma aislada, por lo que no logra derivar razones suficientes para vincular a los acusados Anyi Jakeline Montes Madrid y Donal Dagoberto Perdomo como miembros activos de una Asociación Ilícita; tampoco el juzgador utiliza la prueba indiciaria o de presunciones, que es la que se dirige a demostrar la certeza de unos hechos conocidos (indicios) y por medio de razonamientos e inferencias lógicas y reglas de la experiencia. Para la Sala de lo Penal le asiste razón al recurrente cuando formula denuncia de que la sentencia contiene valoración intelectiva de la prueba con quebranto a lo ordenado en el artículo 202 del Código Procesal Penal, pues los jueces desarrollan razonamientos contrarios a las reglas de la sana crítica; en específico el a-quo hace derivaciones de hechos cuyas premisas no se encuentran en el contenido probatorio, también arriban a conclusiones sin tener razón suficiente; lo anterior vacía de validez la sentencia, dado que la decisión se basa en una motivación probatoria defectuosa..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-80-2019, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Walter Raúl Miranda Sabio en su calidad de coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Diaz Flores, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 80-2019 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la de fecha sentencia diez (10) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, mediante la cual falló: Primero. Absolvió de toda responsabilidad penal, al señor Carlos Cristóbal Clavasquin Lazo, por el delito de Robo Agravado, en perjuicio de Financiera Finca Honduras y Empresa de Seguridad Shomer, por el que fue acusado. Segundo. Absolvió de toda responsabilidad penal, al señor Carlos Cristóbal Clavasquin, por el delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, por el que fue acusado. Tercero. Condenó a la señora Anyi Jackeline Montes Madrid, de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia, como autora, de un delito consumado de Robo Agravado en concurso ideal, ya definido y circunstanciado, en perjuicio de Financiera Finca Honduras y Empresa de Seguridad Shomer, sin la concurrencias de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena de ocho (8) Años con cuatro (4) Meses de reclusión, como consecuencia de la pena de reclusión se les condena a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, durante el tiempo de duración de la pena principal. Cuarto. Condenó a la señora Anyi Jackeline Montes Madrid, de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia, como autora, de un delito consumado de Asociación Ilícita, ya definido y circunstanciado, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena de catorce (14) años de reclusión y, al pago de una multa de ochenta mil (L. 80,000.00) Lempiras. Como consecuencia de la pena de reclusión se les condena a las penas accesorias de inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, durante el tiempo de duración de la pena principal. Quinto. condenó. al señor Donal Dagoberto Perdomo, de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia, como autor, de un delito consumado de Robo Agravado en concurso ideal, ya definido y circunstanciado, en perjuicio de Financiera Finca Honduras y Empresa de Seguridad Shomer, sin la concurrencia de circunstancia modificativas de la responsabilidad penal, a la pena de ocho (8) años con cuatro (4) meses de Reclusión, como consecuencia de la pena de reclusión se le condena a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, durante el tiempo de duración de la pena principal. Sexto. Condenó, al señor Donal Dagoberto Perdomo, como autor, de un delito consumado de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena de catorce (14) años de reclusión y, al pago de una multa de ochenta mil (l.80,000.00) lempiras. Como consecuencia de la pena de reclusión se le condena a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, durante el tiempo de duración de la pena principal. Séptimo. - Declarar a los condenados Anyi Jackeline Montes Madrid Y Donal Dagoberto Perdomo, responsables civilmente de los delitos por el cual hoy se les condena. Octavo. - No procede condenar en costas a los señores Anyi Jackeline Montes Madrid y Donal Dagoberto Perdomo. Noveno. No procede el comiso. Son partes en única instancia: El Abogado Wilmer Danilo López Tabora, defensor público de los señores Anyi Jackeline Montes Madrid y Donal Dagoberto Perdomo, en su condición de parte recurrente; y la Abogada Iris Beatriz Fonseca Matamoros, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de parte recurrida. Hechos probados de la instancia. “Primero. En fecha veintidós de octubre del año dos mil quince, siendo las tres cuarenta y dos de la tarde, los señores Anyi Jackeline Montes Madrid y Donal Dagoberto Perdomo, junto a dos personas más de sexo masculino, ingresaron a la Financiera Finca Honduras, ubicadas en el barrio Santa Teresa del municipio de Santa Rosa de Copan, departamento de Copan; estando adentro, el señor Donal Dagoberto Perdomo, mediante la fuerza despojó de un arma de fuego al empleado de la Empresa de Seguridad Shomer, quien fungía como guardia de seguridad de la financiera, reduciéndolo a la impotencia, así como a los demás empleados; luego, uno de los acompañantes, con arma de fuego en mano se quedó en la puerta de entrada mientras que la otra persona, quien también andaba armada, solicitó el dinero a caja y después ingreso a la bóveda de dicha institución, lugar al cual también ingresó la señora Anyi Jackeline Montes Madrid, sustrayendo de la misma doscientos sesenta y tres mil trescientos tres lempiras, después encerraron a los empleados en la bóveda, y seguidamente salieron de dicha financiera caminando con rumbo desconocido. Segundo: Los señores Anyi Jackeline Montes Madrid y Donal Dagoberto Perdomo, formaron un grupo con el propósito de ejecutar actos ilícitos.” Recurso de casación. Motivos y argumentos. La parte recurrente, Abogado Wilmer Danilo López Tabora, en su condición de defensor público de los señores Anyi Jackeline Montes Madrid y Donal Dagoberto Perdomo, procedió a formalizar Recurso de Casación Por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “Motivo Único. La infracción por parte del Juzgador de lo dispuesto en el artículo 202 del Código Procesal Penal al inobservar, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. Explicación del motivo. Primero: En el juicio oral y público en el que fueron juzgados los señores Anyi Jackeline Montes Madrid y Donal Dagoberto Perdomo a quienes se les atribuye el haber formado un grupo con el propósito de ejecutar actos delictivos, el Juzgador da por acreditados tales hechos, según se describe en el numeral segundo del apartado Valoración de la Prueba del fallo recurrido, con los medios de prueba consistentes en las declaraciones de los Señores Testigo Protegido Omega Y Héctor Iván Solorzano y la constancia del Tribunal de Sentencia de la Entrada (Nueva Arcadia), Copán. Segundo: Es en la valoración de dicha prueba testifical y documental en donde el Juzgador flagrantemente viola las reglas de la sana crítica en su ley lógica de la derivación, pues indebidamente hace descansar en dichos medios de prueba la acreditación de que los imputado Anyi Jackeline Montes Madrid Y Donal Dagoberto Perdomo está activa y permanentemente integrados a una organización criminal, a pesar que dicha prueba no posee información sobre tales extremos. Tercero: El Juzgador al valorar las pruebas antes referida, sostiene que la mismas le resultan creíbles y confiables, acreditándose con ellas, sin lugar a dudas, que los señores Anyi Jackeline Montes Madrid y Donal Dagoberto Perdomo, se asociaron con el propósito permanente de delinquir. Cuarto: La decisión del Juzgador evidentemente es violatoria de la Ley Lógica de la Derivación, pues los datos que proporcionan los mencionados medios de prueba describen unos acontecimientos que inician y se agotan en unos pocos minutos, pues los testigos describen los hechos sucedidos, aproximadamente, entre las tres y media Y las cuatro de la tarde, del día 22 de octubre de 2015, en la Financiera Finca Honduras, ubicada en el barrio Santa Teresa del municipio de Santa Rosa de Copán y la prueba documental da cuenta de otro juicio que se les siguió a los mismos imputados en otro tribunal, pero estos medios d prueba no aportan información que acredite, de manera cierta y verificable, que efectivamente los señores Anyi Jackeline Montes Madrid Y Donal Dagoberto Perdomo, antes de la ocurrencia del hecho por el cual están siendo juzgados en el presente proceso, formaban parte de una asociación ilícita como indebidamente lo afirma el Juzgador, pues, como antes se dijo, dicha prueba da cuenta de unos acontecimientos históricos que no superan una media hora de duración y el asociarse, pertenecer y permanecer en un grupo criminal, es una forma ilícita de vida que solo puede apreciarse mediante información recabada durante períodos mayores del desarrollo de las vidas de quienes se les imputa un delito de Asociación Ilícita, cosa que no sucede en el presente caso y dado que el resto de medios de prueba tampoco confirman dicha imputación; por ello el Juzgador viola las reglas de la sana crítica en su ley lógica de la derivación al haber arribado a la conclusión, sin un sustento probatorio válido, que los señores Anyi Jackeline Montes Madrid Y Donal Dagoberto Perdomo, formaban parte de una asociación ilícita. Quinto: Dado que el vicio que provoca la interposición del presente recurso se produce en el fallo mismo, por lo que solo es posible su corrección a través de esta vía y de ello resulta que no hubo reclamación previa. Pretensión Impugnativa Consciente estoy de que al Tribunal de Casación no le es permitido realizar una valoración probatoria alternativa, sin embargo, de las constancias que obran en el presente caso se hace patente el vicio denunciado, sin necesidad de una distinta valoración de la prueba, por lo que resulta justo y procedente declarar la nulidad del fallo impugnado y ordenar su reenvío para que el mismo sea sustanciado con absoluto respeto de los derechos fundamentales de los señores Anyi Jackeline Montes Madrid Y Donal Dagoberto Perdomo, concretamente que los medios de prueba sean valorados observando, estrictamente, las reglas de l sana crítica, como lo dispone el artículo 202 del Código Procesal Penal.” Fundamentación jurídica. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez, debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (artículo 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (artículo 9 del Código Procesal Penal). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo); b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo); o, c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (artículo 171 del Código Procesal Penal), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (artículo 170 del Código Procesal Penal), o, en su caso y como remedio último, de nulidad (artículo 165 del Código Procesal Penal). El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá, además: 1. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (artículo 363 párrafo tercero de Código Procesal Penal); 2. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; 3. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (artículo 362 del Código Procesal Penal), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (artículo 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (artículo 362 Código Procesal Penal); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (artículo 350 del Código Procesal Penal); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y, Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Del delito de Asociación Ilícita. La génesis del tipo penal de asociación ilícita la encontramos en la Constitución de la República en su artículo 78, el cual garantiza el derecho de toda persona de asociarse con otros, a efectos de realizar actos que les permitan alcanzar fines comunes, siempre que tales actos y objetivos no causen perjuicio a otras personas, como lo señala el artículo 70 del mismo cuerpo legal.- El legislador hondureño ha determinado que la asociación de personas está proscrita cuando ésta tenga por objeto la ejecución permanente de actos contrarios a la ley, para ello ha tipificado el delito de Asociación Ilícita en el artículo 332 del Código Penal establece: “Se sancionará con la pena de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y multa de Cien Mil (L 100, 000.00) a Trescientos Mil (L 300, 000.00) lempiras, a los integrantes o personas vinculadas a los grupos estructurados de dos (2) o más personas, que se asocien o actúen concertadamente con el propósito de poner en peligro o lesionar cualquier bien jurídicamente protegido en la Constitución de la República y el Código Penal. La misma pena establecida en el párrafo anterior aumentada en dos tercios (2/3) se impondrá a los jefes o cabecillas de los grupos descritos en dicho párrafo. Se considera jefe o Cabecilla, aquéllos que sean reconocidos o identificados como tales, cuyas decisiones influyan en la planificación y acciones del grupo. La pena señalada en los párrafos anteriores, se aumentará en un tercio (1/3) a los integrantes, jefes o cabecillas de estos grupos descritos en el párrafo primero de este Artículo, cuando para el logro de sus propósitos utilicen a personas menores de edad, adultos mayores, mujeres embarazadas u otras personas que se encuentren en estado de vulnerabilidad.” El tipo penal de asociación ilícita constituye la criminalización de un tipo de conspiración, cuyo concepto es proporcionado por el Código Penal en el artículo 17, reprochando cuando varias personas deciden asociarse con el propósito permanente de ejecutar actos delictivos; base legal para declarar ilícito a cualquier grupo de personas que concierten cometer delitos de carácter permanente. El bien jurídico protegido es la Seguridad Interior del Estado de Honduras, que se traduce en la tranquilidad, paz y confianza que tiene la población del Estado en cualquier ambiente donde se encuentre dentro del territorio nacional. Son los elementos objetivos del tipo penal: • Sujetos activos: La conducta delictiva debe ser realizada por dos o más personas; se trata de un delito que solo es posible ejecutar con la participación de varios sujetos activos, quienes conciertan para cometer actos reñidos con la ley. El conjunto de personas puede constituir el grupo con el fin de cometer delitos o la idea de cometer delitos de manera permanente puede nacer después de haberse constituido el grupo. El tipo penal no exige que los sujetos activos tengan cualidades particulares, por cuanto el grupo podrá estar conformado por cualquier persona sin importar edad, sexo, religión, nacionalidad, etc. El sujeto activo no necesariamente tendrá que conocer la identidad de los miembros del resto del grupo, ya que podrá acontecer que solo conozca a uno de ellos, que le inicie en la agrupación y le dé la membresía. La membresía del sujeto activo con el grupo puede ser permanente o temporal, como en los casos de personas que se unen al grupo solo entretanto se ejecuta un determinado delito, en estos casos se le considerará como “persona vinculada”, igualmente responsable del delito de asociación ilícita por cuanto el grupo como tal está constituido de manera permanente con el fin de ejecutar delitos aun cuando su participación solo sea de carácter temporal. No se requerirá que en el grupo exista una estructura definida, jerarquizada o con roles determinados, ya que ello dependerá de la cantidad de miembros y la complejidad de los delitos que se proyecten ejecutar, bastará entonces que exista la agrupación como tal bajo una visión consensuada de cometer delitos; la Sala de lo Penal en sentencia de fecha 17 de octubre del 2007, en Exp 380-2006 señaló que“… Por tratarse de un delito de peligro abstracto, no es necesario que el acusado haya sido encontrado en el acto mismo de la comisión de un delito, tampoco que al momento de su detención por la autoridad haya sido detenido en compañía de otros miembros de la organización ilícita. Basta en este tipo de casos, para aplicar la sanción penal, que la motivación y fundamentación fáctica y jurídica del A Quo haya sido lógica, suficiente y que de ella objetivamente el juzgador haya derivado que el acusado es un miembro activo de una organización ilícita dedicada en forma permanente a delinquir, tal como ha sucedido en el presente caso…”. (En ese mismo sentido la sentencia de fecha 31 de julio del 2007, en el expediente SP 193-2006). • Conducta criminosa: El tipo penal en estudio tiene dos verbos rectores específicos: “asociarse” y “actuar”. El primer verbo rector como conducta consiste en que dos o más personas concierten la ejecución de actos delictivos, poniendo a disposición de los otros sus talentos y/o medios materiales; el segundo verbo rector es la realización de cualquier conducta consecuente a ese concierto, aun cuando se trate de actos preparatorios. En el grupo convergen las voluntades de sus miembros para ejecutar delitos, no siendo necesario que de manera posterior los miembros del grupo tengan que externar su acuerdo en la ejecución de un determinado delito, basta que hayan accedido a ser parte del grupo con la disposición de cometer delitos en cualquier momento en el tiempo en que el grupo esté conformado como tal. No constituye asociación ilícita el grupo de personas que se proyecta la ejecución reiterada de actos constitutivos de faltas o actos contrarios a la ley civil o administrativa, debido a que el tipo penal lo restringe a actos que pongan en peligro o lesionen bienes jurídicamente protegidos en la Constitución de la República y en el Código Penal, es decir, tenga la categoría de bien jurídico constitucional y que además esté tutelado por el Código Penal, pudiendo ser conductas constitutivas de delito o de falta las que se proponga el grupo ilícito. • Requisito de tiempo: Para efectos de hacer la distinción entre la coautoría (norma general) y el delito de asociación ilícita, se requiere que esa asociación de personas no sea accidental o momentánea como sí ocurre con la coautoría, sino que sea de carácter permanente, es decir que cada persona se identifique a sí mismo como miembro de un grupo que tiene constancia en el tiempo y cuyo único rol o como parte de sus roles, es acometer en contra de bienes jurídicos protegidos por tipificación penal (al respecto ver sentencia de fecha 24 de noviembre del 2005 en el Exp 058-2006 y sentencia de fecha 23 de marzo del 2007, en Exp 079-2006); • Iter Criminis: No se requiere que los delitos propuestos por los integrantes del grupo lleguen a la fase de consumación, ni siquiera se exige el inicio de ejecución de esas conductas, la consumación del delito de asociación ilícita se produce con el acuerdo permanente de cometer delitos; • Sujeto pasivo: El sujeto pasivo del delito es el Estado de Honduras, no como persona jurídica, sino como entidad que agrupa a todos sus habitantes, es decir a todos los que conforman la sociedad hondureña; • Elementos subjetivos del tipo: Como elementos subjetivos, el tipo penal, junto al dolo, exige una intención final, que es la de cometer delitos de manera permanente (al respecto ver sentencia de fecha 24 de noviembre del 2005 en el Exp 058-2006). • Grados de participación: En este tipo penal el único grado de participación que se presenta es el de coautor, ya sea como jefe o cabecilla, y miembros del grupo: son cabecillas, conforme lo señala el mismo tipo penal, aquellos que inciden en la voluntad de los miembros del grupo de manera reiterada y no accidental o momentánea, entretanto y bajo concepto negativo, son miembros todos aquellos que no sean cabecillas o jefes del grupo. No acontece en este tipo penal el grado de cómplice, debido a que éste no cumpliría con el elemento objetivo de permanencia; ahora bien, sí se puede presentar la participación de un cómplice en la ejecución de un determinado delito por el grupo ilícito (ejem: robo, asesinato, tráfico de drogas), mas no como cómplice del delito de asociación ilícita. - • Punibilidad: La pena abstracta se encuentra escalonada, partiendo de la pena base, la que va en aumento conforme la concurrencia de circunstancias de hecho:

Título de participación

Pena base

Uso de personas menores de edad en la ejecución de delitos

Cuando el delito tenga como sujeto pasivo un servidor público enumerado en el párrafo tercero

Miembro

20 a 30 años de reclusión

Multa de

L 1000,000 a

L 300,000.00

Aumento de 1/3 a la pena base

Aumento de 1/3 a las penas anteriores

Cabecilla o director

Mismas penas del sujeto miembro, más 2/3.

Aumento de 1/3 a la pena base

Aumento de 1/3 a las penas anteriores

Conforme los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, se identifican como sus características del tipo penal: 1. Según su estructura: i) Tipo Penal Básico: Describe de manera independiente un modelo de comportamiento humano; ii) Tipo Penal Simple: Describe un solo modelo de comportamiento, pues si bien se señalan dos verbos rectores, uno es consecuencia de otro: el actuar es derivación con el de asociarse, por lo que es este último el que marca la existencia del delito. 2. Según su contenido: i) Tipo Penal de Mera Actividad: La descripción se agota con la acción de los sujetos activos de asociarse sin que se requiera la producción de un resultado en el mundo exterior que sea separable espacio-temporalmente (al respecto ver sentencia de fecha 08 de septiembre del 2005 en el Exp 291-04 y sentencia de fecha 17 de octubre del 2007, en Exp 380-2006); ii) Tipo Penal de Conducta Permanente: El comportamiento del sujeto activo se renueva de manera continua entretanto sea parte de la agrupación delictiva; iii) Tipo Penal de Acción: Requiere que el sujeto activo de manera consciente y voluntaria se adhiera al grupo delictivo, ergo no permite la comisión por omisión; iv) Tipo Penal Cerrado o Determinado: El tipo penal describe con precisión la circunstancia típica, de tal manera que la conducta prohibida se desprende con toda claridad del artículo 332 del Código Penal. 3. Según el sujeto activo: i) Tipo Penal Plurisubjetivo: Exige la concurrencia de dos personas o más; ii) Tipo Penal Común: No requiere que los sujetos activos posean condiciones especiales. 4. Según el bien jurídico tutelado: i) Tipo Penal Mono Ofensivo: Protege un único bien jurídico, que es la Seguridad Interior del Estado de Honduras; ii) Tipo Penal de Peligro Abstracto: Debido a que la conducta delictiva apenas alcanza a potenciar un peligro para el bien jurídico protegido.-En cuanto a esta clasificación la Sala Penal señaló en sentencia de fecha 08 de septiembre del 2005 en el Exp 291-04: “… es cierto que el delito de asociación ilícita es un delito de peligro abstracto, lo que implica no necesariamente la producción de un resultado, sino el peligro real y evidente del bien protegido…”. (Al respecto ver también las sentencias de fecha 08 de septiembre del 2005 en el Exp 291-04, del 17 de octubre del 2007, en Exp 380-2006 y del 23 de marzo del 2007, en Exp 079-2006). Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa pública. Único Motivo. • Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; • Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 202 del Código Procesal Penal; • Concepto de la infracción: Inobservancia de las reglas de la Sana Crítica al valorar la prueba; • Reclamación Ex Ante: Se produce en el acto mismo de sentenciar; • Pretensión: Se declare con lugar el motivo el recurso. Establece el recurrente que, la decisión del Juzgador evidentemente es violatoria de la Ley Lógica de Derivación, pues los datos que proporcionan los medios de prueba Testigo Protegido Omega, Héctor Iván Solorzano y la Constancia del Tribunal de Sentencia de la Entrada (Nueva Arcadia), Copán, no acreditan de que los imputado están activos y permanentemente integrados a una Organización Criminal como indebidamente lo afirma el Juzgador. De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. [1] Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes .iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El recurso es de recibo. El proceso penal que hoy nos ocupa da inicio por Requerimiento Fiscal presentado por el Ministerio Público, en contra de los acusados Anyi Jackeline Montes Madrid, y Donal Dagoberto Perdomo, por suponerlos responsables a título de coautores, de un delito consumado de Robo Agravado, en perjuicio de Financiera Finca Honduras y Empresa de Seguridad Shomer de Honduras; acción penal que dio paso al agotamiento de la etapa preparatoria e intermedia del proceso, llegando a la etapa de juicio en donde se celebró la audiencia de proposición de medios de prueba a los un días del mes de julio del año 2016 (f. 184) y la audiencia de debate en fecha 26 de septiembre de 2017, luego de lo cual se emite la sentencia del caso en fecha 10 de agosto del año 2018 (f.269) donde se condenó por los delitos de robo Agravado y Asociación Ilícita. En la sentencia los jueces señalaron qué prueba consideraron creíble y útil, construyendo su convicción con la declaración de los testigos de cargo: 1.- Testigo Protegido Omega, el cual declaró; en fecha veintidós de octubre del año dos mil quince, como a las cuatro de la tarde, cuando se encontraba dentro de la Financiera F inca Honduras, observo que ingresaron primero a dicho lugar tres personas y segundos después ingreso otra, cuatro en total; señalo que la primer persona en entrar había sido la señora Anyi Jackeline Montes Madrid (a quien señalo en la sala de audiencias), quien ese día vestía camisa amarilla o mostaza, sandalias, usaba lentes oscuros, pelo liso y un bolso; manifestó que, instantes después había ingresado otra persona con un periódico en la mano, el cual era alto, fornido, pelo corto quien vestía jeans y camisa negra (señalo en la sala de audiencias al señor Donal Dagoberto Perdomo) y fue la persona que se le abalanzo al guardia de seguridad Nery Vásquez y le quito el arma de fuego, cuando le iba a registrar el bolso a la señora Anyi Jackeline Montes Madrid, al lado de la puerta; estableció, que después había ingresado una tercera persona, la cual se había quedado en la puerta y luego, entro otra persona, pelo colocho, estatura media, camisa blanca, rayas de color y jeans, quien portaba un arma de fuego y dijo “esto es un asalto”, quedándose la señora Anyi Jackeline Montes Madrid, por el área de servicio al cliente, el señor Donal Dagoberto Perdomo cuidando a los demás, otra persona en la puerta y el ultimo, con el joven en la caja, quien después de darle efectivo se lo llevo a la bóveda y exigió que le dieran el dinero, ingresando después la señora Anyi Jackeline Montes Madrid, para luego dejarlos encerrados e irse del lugar ; señalo este testigo, que estas personas habían sustraído la cantidad de doscientos sesenta y tres mil y fracción de lempiras, que en dicha financiera habían dos cámaras afuera tres en atención al cliente, una en caja y otra en bodega. Este testigo narro los hechos según como lo percibió con los sentidos, dándolos a conocer a los juzgadores de manera sencilla y cronológica los cuales al ser analizados resultan ser creíbles y confiables y no dudamos de sus dichos; se acredito con este testigo que fueron los señores Anyi Jackeline Montes Madrid Y Donal Dagoberto Perdomo, las personas que mediante la fuerza y con la ayuda de dos personas que portaban armas de fuego, despojaron al empleado de la empresa de seguridad shomer, quien trabajaba como guardia de seguridad de la financiera Finca Honduras, del arma de fuego que portaba y se apoderaron además de la cantidad de doscientos sesenta y tres mil trescientos tres lempiras, propiedad de la financiera. 2. Testigo Protegido Nery Vásquez, (prueba anticipada) este testigo en la audiencia inicial, ante el juez de garantía, señalo, que el veintidós de octubre del año dos mil quien, habían ingresado a la Financiera Finca tres personas con armas de fuego en la mano; dijo que, había entrado primero la muchacha (refiriéndose a Anyi Jackeline Montes Madrid), con una cartera pequeña, seguido de ella entraron los otros dos sujetos, que Anyie Jackeline Montes Madrid, se dirigió dónde estaba la mesa de servicio al cliente, la segunda persona entro y se fue por la parte de atrás y desarmo al oficial de seguridad, y la tercera persona se quedó detrás del oficial de seguridad, los encañono y los tiro al piso, diciéndoles que no hicieran ningún movimiento porque podían atentar contra la vida de ellos, mientras la señora Anyi Jackeline Montes Madrid, coordinaba el evento; manifestó que, luego, la tercera persona se dirigió a caja y ordeno que abrieran la bóveda, que cuando sustrajeron el dinero y salió, mientras los otros tres se quedaron en vigilancia por algún movimientos, ya que con el dinero, la segunda persona, que mantiene en custodia a los demás, les dijo que se fueran al baño y luego se fueron, llevándose el dinero y el arma de fuego, momentos después entro el gerente y supuso que había pasado algo allí por el trabajo; agrego que dichas personas no llevaban máscaras y se reconocían. Esta declaración, se introdujo a debate conforme nuestra norma procesal penal y al analizarla los juzgadores le damos credibilidad pues sus dichos son coherentes y complementarios con la declaración del testigo protegido Omega, el cual ya valoramos y declaramos creíble. 3- Testigo Héctor Iván Solorzano Juárez; (prueba anticipada), declaró que, hubo un robo en la Financiera Finca y había realizado las diligencias, tomaron declaraciones al personal de la financiera, realizaron la inspección ocular del lugar, reconocimientos fotográficos y adquirieron por parte del gerente de la financiera Finca un video de las cámaras de seguridad, el cual se le decomiso, dijo que, el personal le había manifestado que, habían ingresado unas personas y sometieron al guardia de seguridad y a las personas que estaban allí, que ingresaron cuatro personas y sustrajeron el dinero de caja y de caja fuerte y entro otra persona que se llevó el dinero en una caja de cartón; estableció que en el reconocimiento fotográfico tanto el guardia de seguridad, encargado de caja y gerente fueron seguros al identificar a los sospechosos. La declaración dada por el testigo Héctor Iván Solorzano Juárez, para el tribunal es confiable y creíble, ya que la misma se introdujo a debate conforme el procedimiento establecido en la normal procesal penal y no dudamos del mismo, puesto que fueron las diligencias que realizo el testigo en torno al caso, eso por una parte, y si bien, da a conocer al tribunal circunstancias que terceras personas le contaron, lo que lo vuelve en un testigo de referencia, eso no le resta credibilidad pues sus dichos resultan ser coherentes con la prueba declarada creíble y valorada en el apartado correspondiente. También fue relacionada en la sentencia el Acta de Inspección Ocular (sin ratificación), el acta refiere a la inspección realizada en fecha 22 de octubre del 2015 a las cuatro veinte de la tarde en la Financiera Finca, ubicada en el barrio Santa Teresa de la ciudad de Santa Rosa de copan; en el lugar se observa un edificio color blanco, portón con barrotes de hierro con candado, con puerta de vidrio, en la parte superior se lee Finca, en el interior, se observa el área de atención al cliente, un escritorio de color crema, en la parte superior una computadora, en dicha área se encontraba el guardia de seguridad y varias personas, al costado izquierdo del escritorio un mostrador pintado de color rojo y gris, en el interior del mostrador una caja registradora con una gaveta de madera abierta de donde según el cajero se llevaron una cantidad de dinero, en la parte superior de la pared se observa una cámara que enfoca el mostrador, más al fondo del pasillo una puerta de madera, en el interior unas cajas de cartón cerradas y una bóveda de metal , color gris, con la puerta abierta con dos depósitos , el depósito superior vacío y el inferior se observan varias bolsas de plástico transparente que contiene monedas de diferente denominación. Este documento, al analizarlo resulta creíble para los jueces, pues se introdujo a juicio conforme a nuestra norma procesal legal y no encontramos razón alguna que nos haga dudar del mismo; además, dicha acta resulta ser complementaria con la declaración de los testigos protegidos Omega y Nery Vásquez, testigos ya valorados en el apartado correspondiente y declarados creíbles, se acredito con el acta de inspección el lugar en donde ocurrieron los hechos, sido este, la financiera finca Honduras, ubicado en el barrio Santa Teresa del municipio de Santa Rosa de Copan, departamento de Copan. La Auditoria Corporativa; ratificada en juicio por la señora Ingrid Mabel Madrid Turcios; dicho documento refiere a un informe de auditoría interna de la Financiera Finca Honduras, ubicada en el barrio Santa Teresa del municipio de Santa Rosa de Copan, departamento de Copan, realizada en fecha 26 de octubre del año dos mil quince. Introducción: Revisión de los daños patrimoniales como resultado de asalto en fecha 22 de octubre del 2015, en agencia Santa Rosa de Copan… Alcance… Descripción de Los Hechos… Revisión de Cámaras de Seguridad: Agencia de Santa Rosa de Copan. También se evacuó el medio de prueba Video; que refiere las grabaciones de las cámaras de video instaladas en la Financiera Finca Honduras, en relación a lo sucedido en fecha 22 de octubre del año 2015; La Constancia del Tribunal de Sentencia de la Entrada (Nueva Arcadia), Copán; El Dictamen de Laboratorio de Video Forense número 7827; El Acta de Decomiso o Secuestros de objetos (sin ratificación) de fecha 17 de noviembre del 2015, al señor Melvin Wilfredo Cruz Quezada en Financiera Finca, se decomisó un disco compacto color gris, marca verbatim; La Copia certificada de Acta de Audiencia Inicial, Juzgado de Letras Seccional de la Entrada, Copán; de fecha 9 de febrero del 2016, donde se decretó auto de formal procesamiento en contra de Anyi Jakeline Montes Madrid, Donal Dagoberto Perdomo y Carlos Cristóbal Clavasquin Lazo, por los delitos de Robo Agravado continuado en perjuicio de Financiera Finca de Honduras y Empresa Shomer de Honduras y Asociación Ilícita en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; La Copia Simple de la Licencia de Apertura y Renovación de negocio, con clave catastral CL 12-2F-17-12. El a quo le concedió credibilidad a la prueba de cargo, por considerarla confiable y coherente. Por otra parte, en relación a la prueba de la defensa, el Tribunal de Sentencia señaló que son creíbles y confiables Las Constancias de Antecedentes Policiales de los señores Anyi Jakeline Montes Madrid y Donal Dagoberto Perdomo, donde se hace constar que no se encuentran registrados que hayan cometido delito o falta alguna; así como las Constancias de Antecedentes Penales de los señores Anyi Jakeline Montes Madrid y Donal Dagoberto Perdomo, donde se hace constar que no tienen antecedentes penales. Las calificaciones probatorias determinan entonces que la convicción a la que arribó el Tribunal de Sentencia derivó exclusivamente de la prueba de cargo. - Es importante indicar que el examen de cumplimiento del artículo 202 CPP que hace la Sala de lo Penal, recae en aquella prueba que fue valorada positivamente por el Tribunal de Sentencia. La prueba valorada por el Tribunal no es suficiente para vincular que son penalmente responsables los señores Anyi Jakeline Montes Madrid y Donal Dagoberto Perdomo, de un delito de Asociación Ilícita y formar su convicción de culpabilidad, razonando que los acusados voluntariamente formaron un grupo (se asociaron), con la intención de ejecutar acciones ilícitas, para obtener un beneficio económico a su favor, afirmación que debe ser corroborada mediante datos objetivos y constatables; no basta con la declaración del Testigo Omega el cual señaló haber visto los acusados por los medios de comunicación cuando fueron detenidos y el Testigo Héctor Iván Solorzano, quien señaló que al mostrarle fotografías a los empleados de la Financiera Finca Honduras, estos los habían reconocido. No se logra derivar razones suficientes para vincular a los acusados en la condición de miembro o cabecilla de una pandilla. Esta Sala aprecia, que al valorar la prueba de cargo consistente en prueba testifical, documental y pericial agregada al juicio, el juzgador no lo hace en forma conjunta y armoniosa, sino en forma aislada, por lo que no logra derivar razones suficientes para vincular a los acusados Anyi Jakeline Montes Madrid y Donal Dagoberto Perdomo como miembros activos de una Asociación Ilícita; tampoco el juzgador utiliza la prueba indiciaria o de presunciones, que es la que se dirige a demostrar la certeza de unos hechos conocidos (indicios) y por medio de razonamientos e inferencias lógicas y reglas de la experiencia. Para la Sala de lo Penal le asiste razón al recurrente cuando formula denuncia de que la sentencia contiene valoración intelectiva de la prueba con quebranto a lo ordenado en el artículo 202 del Código Procesal Penal, pues los jueces desarrollan razonamientos contrarios a las reglas de la sana crítica; en específico el a-quo hace derivaciones de hechos cuyas premisas no se encuentran en el contenido probatorio, también arriban a conclusiones sin tener razón suficiente; lo anterior vacía de validez la sentencia, dado que la decisión se basa en una motivación probatoria defectuosa. Decisión. Ha Lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma, en su único motivo, interpuesto por la defensa pública. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 360 y 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Con Lugar el motivo único del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por la Defensa Pública; SEGUNDO: Casa y declara la nulidad parcial de la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha diez de agosto de dos mil dieciocho (f. 269), y como consecuencia decreta la nulidad parcial de la audiencia de debate iniciada en fecha nueve de septiembre de dos mil dieciséis y de la sentencia objeto de impugnación antes referida, en todo lo que respecta a la decisión condenatoria emitida en contra de los acusados Anyi Jackeline Montes Madrid y Donal Dagoberto Perdomo. Específicamente se decreta la nulidad de los numerales cuarto, sexto, séptimo, octavo y décimo de la parte dispositiva de la sentencia, en donde consta los pronunciamientos.- Tercero: Declara firme los pronunciamientos contenidos en los numerales primero, segundo, tercero, quinto y noveno de la parte resolutiva de la sentencia, en lo concerniente al señor Carlos Cristóbal Clavasquin Lazo.-Y Manda: 1- Observando estrictamente los plazos legales contemplados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de origen proceda a programar celebración de la audiencia de debate para resolver la formalización de cargos criminales hecha por el Ministerio Público en la audiencia preliminar de la etapa intermedia del proceso penal, en contra de los señores Anyi Jackeline Montes Madrid y Donal Dagoberto Perdomo, por suponerlos responsables a título de autores de los delitos de Robo Agravado en concurso ideal y Asociación Ilícita, en perjuicio de la Financiera Finca Honduras, Empresa de Seguridad Shower de Honduras y La Seguridad Interior del Estado de Honduras; audiencia de debate y sentencia que deberá ser celebrada por jueces distintos a aquellos que tuvieron participación en la audiencia de debate y sentencia que se ha anulado parcialmente.- 2- A efecto de que se acate lo mandado en el apartado anterior, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Redactó El Magistrado Mairena Franco.-Notifíquese. Firmas y Sello. Walter Raul Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora Adscrita Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veintitrés días del mes de octubre de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-80-2019.

Wily Alexander Medina Perez

RECEPTOR ADSCRITO SALA DE LO PENAL

“ CERTIFICACIÓN El Infrascrito Receptor de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-80-2019, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Walter Raúl Miranda Sabio en su calidad de coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Diaz Flores, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 80-2019 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la de fecha sentencia diez (10) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, mediante la cual falló: Primero. Absolvió de toda responsabilidad penal, al señor Carlos Cristóbal Clavasquin Lazo, por el delito de Robo Agravado, en perjuicio de Financiera Finca Honduras y Empresa de Seguridad Shomer, por el que fue acusado. Segundo. Absolvió de toda responsabilidad penal, al señor Carlos Cristóbal Clavasquin, por el delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, por el que fue acusado. Tercero. Condenó a la señora Anyi Jackeline Montes Madrid, de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia, como autora, de un delito consumado de Robo Agravado en concurso ideal, ya definido y circunstanciado, en perjuicio de Financiera Finca Honduras y Empresa de Seguridad Shomer, sin la concurrencias de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena de ocho (8) Años con cuatro (4) Meses de reclusión, como consecuencia de la pena de reclusión se les condena a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, durante el tiempo de duración de la pena principal. Cuarto. Condenó a la señora Anyi Jackeline Montes Madrid, de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia, como autora, de un delito consumado de Asociación Ilícita, ya definido y circunstanciado, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena de catorce (14) años de reclusión y, al pago de una multa de ochenta mil (L. 80,000.00) Lempiras. Como consecuencia de la pena de reclusión se les condena a las penas accesorias de inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, durante el tiempo de duración de la pena principal. Quinto. condenó. al señor Donal Dagoberto Perdomo, de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia, como autor, de un delito consumado de Robo Agravado en concurso ideal, ya definido y circunstanciado, en perjuicio de Financiera Finca Honduras y Empresa de Seguridad Shomer, sin la concurrencia de circunstancia modificativas de la responsabilidad penal, a la pena de ocho (8) años con cuatro (4) meses de Reclusión, como consecuencia de la pena de reclusión se le condena a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, durante el tiempo de duración de la pena principal. Sexto. Condenó, al señor Donal Dagoberto Perdomo, como autor, de un delito consumado de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena de catorce (14) años de reclusión y, al pago de una multa de ochenta mil (l.80,000.00) lempiras. Como consecuencia de la pena de reclusión se le condena a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, durante el tiempo de duración de la pena principal. Séptimo. - Declarar a los condenados Anyi Jackeline Montes Madrid Y Donal Dagoberto Perdomo, responsables civilmente de los delitos por el cual hoy se les condena. Octavo. - No procede condenar en costas a los señores Anyi Jackeline Montes Madrid y Donal Dagoberto Perdomo. Noveno. No procede el comiso. Son partes en única instancia: El Abogado Wilmer Danilo López Tabora, defensor público de los señores Anyi Jackeline Montes Madrid y Donal Dagoberto Perdomo, en su condición de parte recurrente; y la Abogada Iris Beatriz Fonseca Matamoros, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de parte recurrida. Hechos probados de la instancia. “Primero. En fecha veintidós de octubre del año dos mil quince, siendo las tres cuarenta y dos de la tarde, los señores Anyi Jackeline Montes Madrid y Donal Dagoberto Perdomo, junto a dos personas más de sexo masculino, ingresaron a la Financiera Finca Honduras, ubicadas en el barrio Santa Teresa del municipio de Santa Rosa de Copan, departamento de Copan; estando adentro, el señor Donal Dagoberto Perdomo, mediante la fuerza despojó de un arma de fuego al empleado de la Empresa de Seguridad Shomer, quien fungía como guardia de seguridad de la financiera, reduciéndolo a la impotencia, así como a los demás empleados; luego, uno de los acompañantes, con arma de fuego en mano se quedó en la puerta de entrada mientras que la otra persona, quien también andaba armada, solicitó el dinero a caja y después ingreso a la bóveda de dicha institución, lugar al cual también ingresó la señora Anyi Jackeline Montes Madrid, sustrayendo de la misma doscientos sesenta y tres mil trescientos tres lempiras, después encerraron a los empleados en la bóveda, y seguidamente salieron de dicha financiera caminando con rumbo desconocido. Segundo: Los señores Anyi Jackeline Montes Madrid y Donal Dagoberto Perdomo, formaron un grupo con el propósito de ejecutar actos ilícitos.” Recurso de casación. Motivos y argumentos. La parte recurrente, Abogado Wilmer Danilo López Tabora, en su condición de defensor público de los señores Anyi Jackeline Montes Madrid y Donal Dagoberto Perdomo, procedió a formalizar Recurso de Casación Por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “Motivo Único. La infracción por parte del Juzgador de lo dispuesto en el artículo 202 del Código Procesal Penal al inobservar, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. Explicación del motivo. Primero: En el juicio oral y público en el que fueron juzgados los señores Anyi Jackeline Montes Madrid y Donal Dagoberto Perdomo a quienes se les atribuye el haber formado un grupo con el propósito de ejecutar actos delictivos, el Juzgador da por acreditados tales hechos, según se describe en el numeral segundo del apartado Valoración de la Prueba del fallo recurrido, con los medios de prueba consistentes en las declaraciones de los Señores Testigo Protegido Omega Y Héctor Iván Solorzano y la constancia del Tribunal de Sentencia de la Entrada (Nueva Arcadia), Copán. Segundo: Es en la valoración de dicha prueba testifical y documental en donde el Juzgador flagrantemente viola las reglas de la sana crítica en su ley lógica de la derivación, pues indebidamente hace descansar en dichos medios de prueba la acreditación de que los imputado Anyi Jackeline Montes Madrid Y Donal Dagoberto Perdomo está activa y permanentemente integrados a una organización criminal, a pesar que dicha prueba no posee información sobre tales extremos. Tercero: El Juzgador al valorar las pruebas antes referida, sostiene que la mismas le resultan creíbles y confiables, acreditándose con ellas, sin lugar a dudas, que los señores Anyi Jackeline Montes Madrid y Donal Dagoberto Perdomo, se asociaron con el propósito permanente de delinquir. Cuarto: La decisión del Juzgador evidentemente es violatoria de la Ley Lógica de la Derivación, pues los datos que proporcionan los mencionados medios de prueba describen unos acontecimientos que inician y se agotan en unos pocos minutos, pues los testigos describen los hechos sucedidos, aproximadamente, entre las tres y media Y las cuatro de la tarde, del día 22 de octubre de 2015, en la Financiera Finca Honduras, ubicada en el barrio Santa Teresa del municipio de Santa Rosa de Copán y la prueba documental da cuenta de otro juicio que se les siguió a los mismos imputados en otro tribunal, pero estos medios d prueba no aportan información que acredite, de manera cierta y verificable, que efectivamente los señores Anyi Jackeline Montes Madrid Y Donal Dagoberto Perdomo, antes de la ocurrencia del hecho por el cual están siendo juzgados en el presente proceso, formaban parte de una asociación ilícita como indebidamente lo afirma el Juzgador, pues, como antes se dijo, dicha prueba da cuenta de unos acontecimientos históricos que no superan una media hora de duración y el asociarse, pertenecer y permanecer en un grupo criminal, es una forma ilícita de vida que solo puede apreciarse mediante información recabada durante períodos mayores del desarrollo de las vidas de quienes se les imputa un delito de Asociación Ilícita, cosa que no sucede en el presente caso y dado que el resto de medios de prueba tampoco confirman dicha imputación; por ello el Juzgador viola las reglas de la sana crítica en su ley lógica de la derivación al haber arribado a la conclusión, sin un sustento probatorio válido, que los señores Anyi Jackeline Montes Madrid Y Donal Dagoberto Perdomo, formaban parte de una asociación ilícita. Quinto: Dado que el vicio que provoca la interposición del presente recurso se produce en el fallo mismo, por lo que solo es posible su corrección a través de esta vía y de ello resulta que no hubo reclamación previa. Pretensión Impugnativa Consciente estoy de que al Tribunal de Casación no le es permitido realizar una valoración probatoria alternativa, sin embargo, de las constancias que obran en el presente caso se hace patente el vicio denunciado, sin necesidad de una distinta valoración de la prueba, por lo que resulta justo y procedente declarar la nulidad del fallo impugnado y ordenar su reenvío para que el mismo sea sustanciado con absoluto respeto de los derechos fundamentales de los señores Anyi Jackeline Montes Madrid Y Donal Dagoberto Perdomo, concretamente que los medios de prueba sean valorados observando, estrictamente, las reglas de l sana crítica, como lo dispone el artículo 202 del Código Procesal Penal.” Fundamentación jurídica. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez, debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (artículo 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (artículo 9 del Código Procesal Penal). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo); b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo); o, c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (artículo 171 del Código Procesal Penal), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (artículo 170 del Código Procesal Penal), o, en su caso y como remedio último, de nulidad (artículo 165 del Código Procesal Penal). El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá, además: 1. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (artículo 363 párrafo tercero de Código Procesal Penal); 2. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; 3. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (artículo 362 del Código Procesal Penal), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (artículo 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (artículo 362 Código Procesal Penal); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (artículo 350 del Código Procesal Penal); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y, Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Del delito de Asociación Ilícita. La génesis del tipo penal de asociación ilícita la encontramos en la Constitución de la República en su artículo 78, el cual garantiza el derecho de toda persona de asociarse con otros, a efectos de realizar actos que les permitan alcanzar fines comunes, siempre que tales actos y objetivos no causen perjuicio a otras personas, como lo señala el artículo 70 del mismo cuerpo legal.- El legislador hondureño ha determinado que la asociación de personas está proscrita cuando ésta tenga por objeto la ejecución permanente de actos contrarios a la ley, para ello ha tipificado el delito de Asociación Ilícita en el artículo 332 del Código Penal establece: “Se sancionará con la pena de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y multa de Cien Mil (L 100, 000.00) a Trescientos Mil (L 300, 000.00) lempiras, a los integrantes o personas vinculadas a los grupos estructurados de dos (2) o más personas, que se asocien o actúen concertadamente con el propósito de poner en peligro o lesionar cualquier bien jurídicamente protegido en la Constitución de la República y el Código Penal. La misma pena establecida en el párrafo anterior aumentada en dos tercios (2/3) se impondrá a los jefes o cabecillas de los grupos descritos en dicho párrafo. Se considera jefe o Cabecilla, aquéllos que sean reconocidos o identificados como tales, cuyas decisiones influyan en la planificación y acciones del grupo. La pena señalada en los párrafos anteriores, se aumentará en un tercio (1/3) a los integrantes, jefes o cabecillas de estos grupos descritos en el párrafo primero de este Artículo, cuando para el logro de sus propósitos utilicen a personas menores de edad, adultos mayores, mujeres embarazadas u otras personas que se encuentren en estado de vulnerabilidad.” El tipo penal de asociación ilícita constituye la criminalización de un tipo de conspiración, cuyo concepto es proporcionado por el Código Penal en el artículo 17, reprochando cuando varias personas deciden asociarse con el propósito permanente de ejecutar actos delictivos; base legal para declarar ilícito a cualquier grupo de personas que concierten cometer delitos de carácter permanente. El bien jurídico protegido es la Seguridad Interior del Estado de Honduras, que se traduce en la tranquilidad, paz y confianza que tiene la población del Estado en cualquier ambiente donde se encuentre dentro del territorio nacional. Son los elementos objetivos del tipo penal: • Sujetos activos: La conducta delictiva debe ser realizada por dos o más personas; se trata de un delito que solo es posible ejecutar con la participación de varios sujetos activos, quienes conciertan para cometer actos reñidos con la ley. El conjunto de personas puede constituir el grupo con el fin de cometer delitos o la idea de cometer delitos de manera permanente puede nacer después de haberse constituido el grupo. El tipo penal no exige que los sujetos activos tengan cualidades particulares, por cuanto el grupo podrá estar conformado por cualquier persona sin importar edad, sexo, religión, nacionalidad, etc. El sujeto activo no necesariamente tendrá que conocer la identidad de los miembros del resto del grupo, ya que podrá acontecer que solo conozca a uno de ellos, que le inicie en la agrupación y le dé la membresía. La membresía del sujeto activo con el grupo puede ser permanente o temporal, como en los casos de personas que se unen al grupo solo entretanto se ejecuta un determinado delito, en estos casos se le considerará como “persona vinculada”, igualmente responsable del delito de asociación ilícita por cuanto el grupo como tal está constituido de manera permanente con el fin de ejecutar delitos aun cuando su participación solo sea de carácter temporal. No se requerirá que en el grupo exista una estructura definida, jerarquizada o con roles determinados, ya que ello dependerá de la cantidad de miembros y la complejidad de los delitos que se proyecten ejecutar, bastará entonces que exista la agrupación como tal bajo una visión consensuada de cometer delitos; la Sala de lo Penal en sentencia de fecha 17 de octubre del 2007, en Exp 380-2006 señaló que“… Por tratarse de un delito de peligro abstracto, no es necesario que el acusado haya sido encontrado en el acto mismo de la comisión de un delito, tampoco que al momento de su detención por la autoridad haya sido detenido en compañía de otros miembros de la organización ilícita. Basta en este tipo de casos, para aplicar la sanción penal, que la motivación y fundamentación fáctica y jurídica del A Quo haya sido lógica, suficiente y que de ella objetivamente el juzgador haya derivado que el acusado es un miembro activo de una organización ilícita dedicada en forma permanente a delinquir, tal como ha sucedido en el presente caso…”. (En ese mismo sentido la sentencia de fecha 31 de julio del 2007, en el expediente SP 193-2006). • Conducta criminosa: El tipo penal en estudio tiene dos verbos rectores específicos: “asociarse” y “actuar”. El primer verbo rector como conducta consiste en que dos o más personas concierten la ejecución de actos delictivos, poniendo a disposición de los otros sus talentos y/o medios materiales; el segundo verbo rector es la realización de cualquier conducta consecuente a ese concierto, aun cuando se trate de actos preparatorios. En el grupo convergen las voluntades de sus miembros para ejecutar delitos, no siendo necesario que de manera posterior los miembros del grupo tengan que externar su acuerdo en la ejecución de un determinado delito, basta que hayan accedido a ser parte del grupo con la disposición de cometer delitos en cualquier momento en el tiempo en que el grupo esté conformado como tal. No constituye asociación ilícita el grupo de personas que se proyecta la ejecución reiterada de actos constitutivos de faltas o actos contrarios a la ley civil o administrativa, debido a que el tipo penal lo restringe a actos que pongan en peligro o lesionen bienes jurídicamente protegidos en la Constitución de la República y en el Código Penal, es decir, tenga la categoría de bien jurídico constitucional y que además esté tutelado por el Código Penal, pudiendo ser conductas constitutivas de delito o de falta las que se proponga el grupo ilícito. • Requisito de tiempo: Para efectos de hacer la distinción entre la coautoría (norma general) y el delito de asociación ilícita, se requiere que esa asociación de personas no sea accidental o momentánea como sí ocurre con la coautoría, sino que sea de carácter permanente, es decir que cada persona se identifique a sí mismo como miembro de un grupo que tiene constancia en el tiempo y cuyo único rol o como parte de sus roles, es acometer en contra de bienes jurídicos protegidos por tipificación penal (al respecto ver sentencia de fecha 24 de noviembre del 2005 en el Exp 058-2006 y sentencia de fecha 23 de marzo del 2007, en Exp 079-2006); • Iter Criminis: No se requiere que los delitos propuestos por los integrantes del grupo lleguen a la fase de consumación, ni siquiera se exige el inicio de ejecución de esas conductas, la consumación del delito de asociación ilícita se produce con el acuerdo permanente de cometer delitos; • Sujeto pasivo: El sujeto pasivo del delito es el Estado de Honduras, no como persona jurídica, sino como entidad que agrupa a todos sus habitantes, es decir a todos los que conforman la sociedad hondureña; • Elementos subjetivos del tipo: Como elementos subjetivos, el tipo penal, junto al dolo, exige una intención final, que es la de cometer delitos de manera permanente (al respecto ver sentencia de fecha 24 de noviembre del 2005 en el Exp 058-2006). • Grados de participación: En este tipo penal el único grado de participación que se presenta es el de coautor, ya sea como jefe o cabecilla, y miembros del grupo: son cabecillas, conforme lo señala el mismo tipo penal, aquellos que inciden en la voluntad de los miembros del grupo de manera reiterada y no accidental o momentánea, entretanto y bajo concepto negativo, son miembros todos aquellos que no sean cabecillas o jefes del grupo. No acontece en este tipo penal el grado de cómplice, debido a que éste no cumpliría con el elemento objetivo de permanencia; ahora bien, sí se puede presentar la participación de un cómplice en la ejecución de un determinado delito por el grupo ilícito (ejem: robo, asesinato, tráfico de drogas), mas no como cómplice del delito de asociación ilícita. - • Punibilidad: La pena abstracta se encuentra escalonada, partiendo de la pena base, la que va en aumento conforme la concurrencia de circunstancias de hecho:

Título de participación

Pena base

Uso de personas menores de edad en la ejecución de delitos

Cuando el delito tenga como sujeto pasivo un servidor público enumerado en el párrafo tercero

Miembro

20 a 30 años de reclusión

Multa de

L 1000,000 a

L 300,000.00

Aumento de 1/3 a la pena base

Aumento de 1/3 a las penas anteriores

Cabecilla o director

Mismas penas del sujeto miembro, más 2/3.

Aumento de 1/3 a la pena base

Aumento de 1/3 a las penas anteriores

Conforme los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, se identifican como sus características del tipo penal: 1. Según su estructura: i) Tipo Penal Básico: Describe de manera independiente un modelo de comportamiento humano; ii) Tipo Penal Simple: Describe un solo modelo de comportamiento, pues si bien se señalan dos verbos rectores, uno es consecuencia de otro: el actuar es derivación con el de asociarse, por lo que es este último el que marca la existencia del delito. 2. Según su contenido: i) Tipo Penal de Mera Actividad: La descripción se agota con la acción de los sujetos activos de asociarse sin que se requiera la producción de un resultado en el mundo exterior que sea separable espacio-temporalmente (al respecto ver sentencia de fecha 08 de septiembre del 2005 en el Exp 291-04 y sentencia de fecha 17 de octubre del 2007, en Exp 380-2006); ii) Tipo Penal de Conducta Permanente: El comportamiento del sujeto activo se renueva de manera continua entretanto sea parte de la agrupación delictiva; iii) Tipo Penal de Acción: Requiere que el sujeto activo de manera consciente y voluntaria se adhiera al grupo delictivo, ergo no permite la comisión por omisión; iv) Tipo Penal Cerrado o Determinado: El tipo penal describe con precisión la circunstancia típica, de tal manera que la conducta prohibida se desprende con toda claridad del artículo 332 del Código Penal. 3. Según el sujeto activo: i) Tipo Penal Plurisubjetivo: Exige la concurrencia de dos personas o más; ii) Tipo Penal Común: No requiere que los sujetos activos posean condiciones especiales. 4. Según el bien jurídico tutelado: i) Tipo Penal Mono Ofensivo: Protege un único bien jurídico, que es la Seguridad Interior del Estado de Honduras; ii) Tipo Penal de Peligro Abstracto: Debido a que la conducta delictiva apenas alcanza a potenciar un peligro para el bien jurídico protegido.-En cuanto a esta clasificación la Sala Penal señaló en sentencia de fecha 08 de septiembre del 2005 en el Exp 291-04: “… es cierto que el delito de asociación ilícita es un delito de peligro abstracto, lo que implica no necesariamente la producción de un resultado, sino el peligro real y evidente del bien protegido…”. (Al respecto ver también las sentencias de fecha 08 de septiembre del 2005 en el Exp 291-04, del 17 de octubre del 2007, en Exp 380-2006 y del 23 de marzo del 2007, en Exp 079-2006). Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa pública. Único Motivo. • Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; • Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 202 del Código Procesal Penal; • Concepto de la infracción: Inobservancia de las reglas de la Sana Crítica al valorar la prueba; • Reclamación Ex Ante: Se produce en el acto mismo de sentenciar; • Pretensión: Se declare con lugar el motivo el recurso. Establece el recurrente que, la decisión del Juzgador evidentemente es violatoria de la Ley Lógica de Derivación, pues los datos que proporcionan los medios de prueba Testigo Protegido Omega, Héctor Iván Solorzano y la Constancia del Tribunal de Sentencia de la Entrada (Nueva Arcadia), Copán, no acreditan de que los imputado están activos y permanentemente integrados a una Organización Criminal como indebidamente lo afirma el Juzgador. De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. [2] Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes .iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El recurso es de recibo. El proceso penal que hoy nos ocupa da inicio por Requerimiento Fiscal presentado por el Ministerio Público, en contra de los acusados Anyi Jackeline Montes Madrid, y Donal Dagoberto Perdomo, por suponerlos responsables a título de coautores, de un delito consumado de Robo Agravado, en perjuicio de Financiera Finca Honduras y Empresa de Seguridad Shomer de Honduras; acción penal que dio paso al agotamiento de la etapa preparatoria e intermedia del proceso, llegando a la etapa de juicio en donde se celebró la audiencia de proposición de medios de prueba a los un días del mes de julio del año 2016 (f. 184) y la audiencia de debate en fecha 26 de septiembre de 2017, luego de lo cual se emite la sentencia del caso en fecha 10 de agosto del año 2018 (f.269) donde se condenó por los delitos de robo Agravado y Asociación Ilícita. En la sentencia los jueces señalaron qué prueba consideraron creíble y útil, construyendo su convicción con la declaración de los testigos de cargo: 1.- Testigo Protegido Omega, el cual declaró; en fecha veintidós de octubre del año dos mil quince, como a las cuatro de la tarde, cuando se encontraba dentro de la Financiera F inca Honduras, observo que ingresaron primero a dicho lugar tres personas y segundos después ingreso otra, cuatro en total; señalo que la primer persona en entrar había sido la señora Anyi Jackeline Montes Madrid (a quien señalo en la sala de audiencias), quien ese día vestía camisa amarilla o mostaza, sandalias, usaba lentes oscuros, pelo liso y un bolso; manifestó que, instantes después había ingresado otra persona con un periódico en la mano, el cual era alto, fornido, pelo corto quien vestía jeans y camisa negra (señalo en la sala de audiencias al señor Donal Dagoberto Perdomo) y fue la persona que se le abalanzo al guardia de seguridad Nery Vásquez y le quito el arma de fuego, cuando le iba a registrar el bolso a la señora Anyi Jackeline Montes Madrid, al lado de la puerta; estableció, que después había ingresado una tercera persona, la cual se había quedado en la puerta y luego, entro otra persona, pelo colocho, estatura media, camisa blanca, rayas de color y jeans, quien portaba un arma de fuego y dijo “esto es un asalto”, quedándose la señora Anyi Jackeline Montes Madrid, por el área de servicio al cliente, el señor Donal Dagoberto Perdomo cuidando a los demás, otra persona en la puerta y el ultimo, con el joven en la caja, quien después de darle efectivo se lo llevo a la bóveda y exigió que le dieran el dinero, ingresando después la señora Anyi Jackeline Montes Madrid, para luego dejarlos encerrados e irse del lugar ; señalo este testigo, que estas personas habían sustraído la cantidad de doscientos sesenta y tres mil y fracción de lempiras, que en dicha financiera habían dos cámaras afuera tres en atención al cliente, una en caja y otra en bodega. Este testigo narro los hechos según como lo percibió con los sentidos, dándolos a conocer a los juzgadores de manera sencilla y cronológica los cuales al ser analizados resultan ser creíbles y confiables y no dudamos de sus dichos; se acredito con este testigo que fueron los señores Anyi Jackeline Montes Madrid Y Donal Dagoberto Perdomo, las personas que mediante la fuerza y con la ayuda de dos personas que portaban armas de fuego, despojaron al empleado de la empresa de seguridad shomer, quien trabajaba como guardia de seguridad de la financiera Finca Honduras, del arma de fuego que portaba y se apoderaron además de la cantidad de doscientos sesenta y tres mil trescientos tres lempiras, propiedad de la financiera. 2. Testigo Protegido Nery Vásquez, (prueba anticipada) este testigo en la audiencia inicial, ante el juez de garantía, señalo, que el veintidós de octubre del año dos mil quien, habían ingresado a la Financiera Finca tres personas con armas de fuego en la mano; dijo que, había entrado primero la muchacha (refiriéndose a Anyi Jackeline Montes Madrid), con una cartera pequeña, seguido de ella entraron los otros dos sujetos, que Anyie Jackeline Montes Madrid, se dirigió dónde estaba la mesa de servicio al cliente, la segunda persona entro y se fue por la parte de atrás y desarmo al oficial de seguridad, y la tercera persona se quedó detrás del oficial de seguridad, los encañono y los tiro al piso, diciéndoles que no hicieran ningún movimiento porque podían atentar contra la vida de ellos, mientras la señora Anyi Jackeline Montes Madrid, coordinaba el evento; manifestó que, luego, la tercera persona se dirigió a caja y ordeno que abrieran la bóveda, que cuando sustrajeron el dinero y salió, mientras los otros tres se quedaron en vigilancia por algún movimientos, ya que con el dinero, la segunda persona, que mantiene en custodia a los demás, les dijo que se fueran al baño y luego se fueron, llevándose el dinero y el arma de fuego, momentos después entro el gerente y supuso que había pasado algo allí por el trabajo; agrego que dichas personas no llevaban máscaras y se reconocían. Esta declaración, se introdujo a debate conforme nuestra norma procesal penal y al analizarla los juzgadores le damos credibilidad pues sus dichos son coherentes y complementarios con la declaración del testigo protegido Omega, el cual ya valoramos y declaramos creíble. 3- Testigo Héctor Iván Solorzano Juárez; (prueba anticipada), declaró que, hubo un robo en la Financiera Finca y había realizado las diligencias, tomaron declaraciones al personal de la financiera, realizaron la inspección ocular del lugar, reconocimientos fotográficos y adquirieron por parte del gerente de la financiera Finca un video de las cámaras de seguridad, el cual se le decomiso, dijo que, el personal le había manifestado que, habían ingresado unas personas y sometieron al guardia de seguridad y a las personas que estaban allí, que ingresaron cuatro personas y sustrajeron el dinero de caja y de caja fuerte y entro otra persona que se llevó el dinero en una caja de cartón; estableció que en el reconocimiento fotográfico tanto el guardia de seguridad, encargado de caja y gerente fueron seguros al identificar a los sospechosos. La declaración dada por el testigo Héctor Iván Solorzano Juárez, para el tribunal es confiable y creíble, ya que la misma se introdujo a debate conforme el procedimiento establecido en la normal procesal penal y no dudamos del mismo, puesto que fueron las diligencias que realizo el testigo en torno al caso, eso por una parte, y si bien, da a conocer al tribunal circunstancias que terceras personas le contaron, lo que lo vuelve en un testigo de referencia, eso no le resta credibilidad pues sus dichos resultan ser coherentes con la prueba declarada creíble y valorada en el apartado correspondiente. También fue relacionada en la sentencia el Acta de Inspección Ocular (sin ratificación), el acta refiere a la inspección realizada en fecha 22 de octubre del 2015 a las cuatro veinte de la tarde en la Financiera Finca, ubicada en el barrio Santa Teresa de la ciudad de Santa Rosa de copan; en el lugar se observa un edificio color blanco, portón con barrotes de hierro con candado, con puerta de vidrio, en la parte superior se lee Finca, en el interior, se observa el área de atención al cliente, un escritorio de color crema, en la parte superior una computadora, en dicha área se encontraba el guardia de seguridad y varias personas, al costado izquierdo del escritorio un mostrador pintado de color rojo y gris, en el interior del mostrador una caja registradora con una gaveta de madera abierta de donde según el cajero se llevaron una cantidad de dinero, en la parte superior de la pared se observa una cámara que enfoca el mostrador, más al fondo del pasillo una puerta de madera, en el interior unas cajas de cartón cerradas y una bóveda de metal , color gris, con la puerta abierta con dos depósitos , el depósito superior vacío y el inferior se observan varias bolsas de plástico transparente que contiene monedas de diferente denominación. Este documento, al analizarlo resulta creíble para los jueces, pues se introdujo a juicio conforme a nuestra norma procesal legal y no encontramos razón alguna que nos haga dudar del mismo; además, dicha acta resulta ser complementaria con la declaración de los testigos protegidos Omega y Nery Vásquez, testigos ya valorados en el apartado correspondiente y declarados creíbles, se acredito con el acta de inspección el lugar en donde ocurrieron los hechos, sido este, la financiera finca Honduras, ubicado en el barrio Santa Teresa del municipio de Santa Rosa de Copan, departamento de Copan. La Auditoria Corporativa; ratificada en juicio por la señora Ingrid Mabel Madrid Turcios; dicho documento refiere a un informe de auditoría interna de la Financiera Finca Honduras, ubicada en el barrio Santa Teresa del municipio de Santa Rosa de Copan, departamento de Copan, realizada en fecha 26 de octubre del año dos mil quince. Introducción: Revisión de los daños patrimoniales como resultado de asalto en fecha 22 de octubre del 2015, en agencia Santa Rosa de Copan… Alcance… Descripción de Los Hechos… Revisión de Cámaras de Seguridad: Agencia de Santa Rosa de Copan. También se evacuó el medio de prueba Video; que refiere las grabaciones de las cámaras de video instaladas en la Financiera Finca Honduras, en relación a lo sucedido en fecha 22 de octubre del año 2015; La Constancia del Tribunal de Sentencia de la Entrada (Nueva Arcadia), Copán; El Dictamen de Laboratorio de Video Forense número 7827; El Acta de Decomiso o Secuestros de objetos (sin ratificación) de fecha 17 de noviembre del 2015, al señor Melvin Wilfredo Cruz Quezada en Financiera Finca, se decomisó un disco compacto color gris, marca verbatim; La Copia certificada de Acta de Audiencia Inicial, Juzgado de Letras Seccional de la Entrada, Copán; de fecha 9 de febrero del 2016, donde se decretó auto de formal procesamiento en contra de Anyi Jakeline Montes Madrid, Donal Dagoberto Perdomo y Carlos Cristóbal Clavasquin Lazo, por los delitos de Robo Agravado continuado en perjuicio de Financiera Finca de Honduras y Empresa Shomer de Honduras y Asociación Ilícita en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; La Copia Simple de la Licencia de Apertura y Renovación de negocio, con clave catastral CL 12-2F-17-12. El a quo le concedió credibilidad a la prueba de cargo, por considerarla confiable y coherente. Por otra parte, en relación a la prueba de la defensa, el Tribunal de Sentencia señaló que son creíbles y confiables Las Constancias de Antecedentes Policiales de los señores Anyi Jakeline Montes Madrid y Donal Dagoberto Perdomo, donde se hace constar que no se encuentran registrados que hayan cometido delito o falta alguna; así como las Constancias de Antecedentes Penales de los señores Anyi Jakeline Montes Madrid y Donal Dagoberto Perdomo, donde se hace constar que no tienen antecedentes penales. Las calificaciones probatorias determinan entonces que la convicción a la que arribó el Tribunal de Sentencia derivó exclusivamente de la prueba de cargo. - Es importante indicar que el examen de cumplimiento del artículo 202 CPP que hace la Sala de lo Penal, recae en aquella prueba que fue valorada positivamente por el Tribunal de Sentencia. La prueba valorada por el Tribunal no es suficiente para vincular que son penalmente responsables los señores Anyi Jakeline Montes Madrid y Donal Dagoberto Perdomo, de un delito de Asociación Ilícita y formar su convicción de culpabilidad, razonando que los acusados voluntariamente formaron un grupo (se asociaron), con la intención de ejecutar acciones ilícitas, para obtener un beneficio económico a su favor, afirmación que debe ser corroborada mediante datos objetivos y constatables; no basta con la declaración del Testigo Omega el cual señaló haber visto los acusados por los medios de comunicación cuando fueron detenidos y el Testigo Héctor Iván Solorzano, quien señaló que al mostrarle fotografías a los empleados de la Financiera Finca Honduras, estos los habían reconocido. No se logra derivar razones suficientes para vincular a los acusados en la condición de miembro o cabecilla de una pandilla. Esta Sala aprecia, que al valorar la prueba de cargo consistente en prueba testifical, documental y pericial agregada al juicio, el juzgador no lo hace en forma conjunta y armoniosa, sino en forma aislada, por lo que no logra derivar razones suficientes para vincular a los acusados Anyi Jakeline Montes Madrid y Donal Dagoberto Perdomo como miembros activos de una Asociación Ilícita; tampoco el juzgador utiliza la prueba indiciaria o de presunciones, que es la que se dirige a demostrar la certeza de unos hechos conocidos (indicios) y por medio de razonamientos e inferencias lógicas y reglas de la experiencia. Para la Sala de lo Penal le asiste razón al recurrente cuando formula denuncia de que la sentencia contiene valoración intelectiva de la prueba con quebranto a lo ordenado en el artículo 202 del Código Procesal Penal, pues los jueces desarrollan razonamientos contrarios a las reglas de la sana crítica; en específico el a-quo hace derivaciones de hechos cuyas premisas no se encuentran en el contenido probatorio, también arriban a conclusiones sin tener razón suficiente; lo anterior vacía de validez la sentencia, dado que la decisión se basa en una motivación probatoria defectuosa. Decisión. Ha Lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma, en su único motivo, interpuesto por la defensa pública. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 360 y 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Con Lugar el motivo único del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto por la Defensa Pública; SEGUNDO: Casa y declara la nulidad parcial de la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha diez de agosto de dos mil dieciocho (f. 269), y como consecuencia decreta la nulidad parcial de la audiencia de debate iniciada en fecha nueve de septiembre de dos mil dieciséis y de la sentencia objeto de impugnación antes referida, en todo lo que respecta a la decisión condenatoria emitida en contra de los acusados Anyi Jackeline Montes Madrid y Donal Dagoberto Perdomo. Específicamente se decreta la nulidad de los numerales cuarto, sexto, séptimo, octavo y décimo de la parte dispositiva de la sentencia, en donde consta los pronunciamientos.- Tercero: Declara firme los pronunciamientos contenidos en los numerales primero, segundo, tercero, quinto y noveno de la parte resolutiva de la sentencia, en lo concerniente al señor Carlos Cristóbal Clavasquin Lazo.-Y Manda: 1- Observando estrictamente los plazos legales contemplados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de origen proceda a programar celebración de la audiencia de debate para resolver la formalización de cargos criminales hecha por el Ministerio Público en la audiencia preliminar de la etapa intermedia del proceso penal, en contra de los señores Anyi Jackeline Montes Madrid y Donal Dagoberto Perdomo, por suponerlos responsables a título de autores de los delitos de Robo Agravado en concurso ideal y Asociación Ilícita, en perjuicio de la Financiera Finca Honduras, Empresa de Seguridad Shower de Honduras y La Seguridad Interior del Estado de Honduras; audiencia de debate y sentencia que deberá ser celebrada por jueces distintos a aquellos que tuvieron participación en la audiencia de debate y sentencia que se ha anulado parcialmente.- 2- A efecto de que se acate lo mandado en el apartado anterior, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Redactó El Magistrado Mairena Franco.-Notifíquese. Firmas y Sello. Walter Raul Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora Adscrita Sala de lo Penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veintitrés días del mes de octubre de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-80-2019

Wily Alexander Medina Perez

RECEPTOR ADSCRITO SALA DE LO PENAL

[1]Al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09.

[2]Al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09.