Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-79-15 — Registro 8956

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Extorsión en su grado de Ejecución de Tentativa, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

(Sin análisis jurisprudencial en la ficha)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha dos de abril del año dos mil diecinueve, que literalmente dice: “I. SENTENCIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dos (2) días del mes de abril del año dos mil diecinueve (2019), el Pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncia: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia en el Recurso de Casación S.P.79-2015 por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintinueve de septiembre del dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: 1) Condenando al señor Jhony Alexis López Cruz, a la pena de diez (10) años de reclusión, por el delito de Extorsión en su grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de Testigo Protegido Papa. 2) Asimismo se condena al señor Jhony Alexis López Cruz, a la pena de treinta y tres punto siete (33.7) Salarios Mínimos, en concepto de multa. 3) Se condena al señor Jhony Alexis López Cruz, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena principal. 4) Se declara la responsabilidad civil del condenado. 5) Se ordena la devolución de un teléfono celular marca LG color negro y gris con siglas ATST y un teléfono celular marca Black Berry, color negro con protector rojo vino, a quien demuestre ser su legítimo propietario y se ordena la devolución de dos billetes de quinientos lempiras series T9409265 y T9361581 al Testigo Protegido Papa por ser su legítimo propietario. 6) Absolviendo al señor William Humberto Romero, del delito de Extorsión, en perjuicio de Testigo Protegido Papa. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, la Abogada Ilse Fuentes, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. SON PARTES: La Abogada Ilse Adela Fuentes Nuñez en su condición antes indicada, como parte recurrente y la Abogada Alba Regina Paniagua Pacheco en su condición de Defensora Pública de los imputados, como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS. PRIMERO: En días anteriores al día veintiuno de agosto del año dos mil trece, el testigo protegido PAPA y sus compañeros de trabajo, quienes brindaban servicios de transporte en las cercanías del puente Estocolmo, primera avenida, de la ciudad de Comayagüela, recibieron llamadas telefónicas de personas que se identificaban como miembros de una mara, exigiendo el pago de cuatro mil lempiras semanales y bajo la prevención que si no lo hacían les causarían un daño a la vida de cualquiera de ellos, ya fuese conductor, cobrador, lavador de carros o dueños del medio de transporte. SEGUNDO: Debido a ello, el testigo protegido PAPA acudió a la Unidad Anti Extorsión a interponer la denuncia, siendo así como el día veintiuno de Agosto del año dos mil trece, los agentes de la unidad Anti Extorsión elaboraron un paquete simulado de dinero que tenía en su interior dos billetes de quinientos lempiras con series T9361581 y T9409265, respectivamente, y que habían sido entregados por el testigo protegido PAPA para elaborar dicho paquete, el cual finalmente fue entregado a éste para que se hiciera la entrega de dinero cuando fuera requerido para ello. TERCERO: Fue así que el día veintidós de agosto, el testigo protegido PAPA recibió una llamada indicándole que la entrega de dinero debía ser realizada ese día en el Puente Estocolmo, ubicado al final de la primera avenida de Comayagüela. Por ello, un grupo de agentes formó dos equipos de vigilancia y se apostaron en los alrededores del mencionado puente, en tanto que el testigo protegido PAPA esperó la llegada de la persona que iría a recoger el dinero. CUARTO: En tanto, en la zona de Miraflores, el señor JHONY ALEXIS LÓPEZ CRUZ contrató los servicios del taxi que conducía el señor WILLIAM HUMBERTO ROMERO, para que le hiciera una carrera de ida y vuelta hasta la zona de Comayagüela. Fue así como el señor JHONY ALEXIS LÓPEZ CRUZ, llegó hasta el Puente Estocolmo, donde se dirigió al testigo protegido PAPA que estaba esperando en el lugar y le dijo que le entregara el dinero que se le había exigido, lo cual hizo el testigo protegido porque ya antes había visto al señor López Cruz, luego de lo cual éste se fue del lugar en el mismo taxi conducido por el señor Romero, siendo ambos detenidos unos minutos después por los agentes de investigación y le encontraron al señor LÓPEZ CRUZ el paquete de dinero que se había organizado un día antes en la Unidad Anti Extorsión. III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. POR INFRACCIÓN DE LEY: PRIMER MOTIVO: “Aplicación Indebida del artículo 15 en relación con el artículo 222 del Código Penal” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Al proceder a la exposición de este motivo se estima de trascendencia transcribir las verdades intangibles plasmadas por el juzgador en el cuadro fáctico de la sentencia, lo cual se realiza a continuación: “PRIMERO: En días anteriores al día veintiuno de agosto del año dos mil trece, el testigo protegido PAPA y sus compañeros de trabajo, quienes brindaban servicios de transporte en las cercanías del puente Estocolmo, primera avenida, de la ciudad de Comayagüela, recibieron llamadas telefónicas de personas que se identificaban como miembros de una mara, exigiendo el pago de cuatro mil Lempiras semanales y bajo la prevención que si no lo hacían le causarían daño a la vida de cualquiera de ellos, ya fuese conductor, cobrador, lavador de carros o dueños del medio de transporte. SEGUNDO: Debido a ello, el testigo PAPA acudió a la Unidad Anti-extorsión a interponer la denuncia, siendo así como el día veintiuno de Agosto del año dos mil trece, los agentes de la unidad Anti Extorsión elaboraron un paquete simulado de dinero que tenía en su interior dos billetes de quinientos lempiras con series T9361 581 y T9409265, respectivamente, y que habían sido entregados por el testigo protegido PAPA para elaborar dicho paquete, el cual finalmente fue entregado a éste para que se hiciera la entrega de dinero cuando fuera requerido para ello. TERCERO: Fue así que el día veintidós de agosto, el testigo protegido PAPA recibió una llamada indicándole que la entrega del dinero debía ser realizada ese día en el Puente Estocolmo, ubicado al final de la primera avenida de Comayagüela; por ello, un grupo de agentes formó dos equipos de vigilancia y se apostaron en los alrededores del mencionado puente, en tanto que el testigo protegido PAPA esperó la llegada de la persona que iría a recoger el dinero. CUARTO: En tanto, en la zona de Miraflores, el señor JHONY ALEXIS LÓPEZ CRUZ contrató los servicios del taxi que conducía el señor WILLIAM HUMBERTO ROMERO, para que le hiciera una carrera de ida y vuelta hasta la zona de Comayagüela. Fue así como el señor JHONY ALEXIS LÓPEZ CRUZ, llegó hasta el Puente Estocolmo, donde se dirigió al testigo protegido PAPA que estaba esperando en el lugar y le do que le entregara el dinero que se le había exigido, lo cual hizo el testigo protegido porque ya antes había visto al señor López Cruz, luego de lo cual éste se fue del lugar en el mismo taxi conducido por el señor Romero, siendo ambos detenidos unos minutos después por los agentes de investigación y le encontraron al señor LÓPEZ CRUZ el paquete de dinero que se había organizado un día antes en la Unidad Anti Extorsión”. El precepto penal citado como infringido por Aplicación Indebida textualmente dice: “Artículo 15: Hay tentativa cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuman por causas ajenas a la voluntad del agente”. “Artículo 222: Comete el delito de extorsión, quien mediante amenazas, intimidación o violencia y con el fin de obtener para sí o para cualquier organización delictiva, dinero, bienes, u otros servicios, obligare a persona natural o jurídica a: 1) Hacer o dejar de hacer alguna cosa; 2) Suscribir documentos para obtener pagos de dinero; o 3) Suscribir, otorgar, entregar o destruir una escritura pública o cualquier otro documento público o privado. Al culpable de este delito se le impondrán las penas de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos, más las accesorias que correspondan. Si con ocasión de cometerse éste delito se le da muerte a la víctima, a su cónyuge o compañero (a) de hogar, a un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o cualquier otra persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídica extorsionada, se le impondrá al culpable la pena de privación de libertad de por vida”. Al tenor de lo establecido en los hechos declarados como probados, se puede apreciar la aplicación indebida del artículo 15 en relación con el 222 del Código Penal, al emitir el juzgador, sentencia condenatoria contra el acusado JHONY ALEXIS LÓPEZ CRUZ por el delito de Extorsión en el grado de Ejecución de Tentativa, cuando se hace evidente de la simple lectura del fáctum la consumación del mismo, al señalar en el cuarto hecho probado: «Fue así como el señor JHONY ALEXIS LÓPEZ CRUZ, llegó hasta el Puente Estocolmo, donde se dirigió al testigo protegido PAPA que estaba esperando en el lugar y le dijo que le entregara el dinero que se le había exigido, lo cual hizo el testigo protegido... luego de lo cual éste se fue del lugar en el mismo taxi conducido por el señor Romero, siendo ambos detenidos unos minutos después por los agentes de investigación y le encontraron al señor LÓPEZ CRUZ el paquete de dinero que se había organizado un día antes en la Unidad Anti Extorsión”; pues el supraindicado relato, describe los elementos de una Extorsión Consumada, ya que el imputado llegó al puente Estocolmo de Comayagüela (lugar pactado para la entrega) a recoger el dinero que había sido exigido al ofendido, mediante amenazas de atentar contra él o sus empleados si no cumplía con lo requerido, siendo detenido minutos después de recoger el mismo, mientras se conducía en un taxi; es decir, se realizaron todos los elementos del tipo penal; de manera, que si la captura del enjuiciado que se origina como consecuencia de la denuncia de la víctima se hubiese dado antes de la entrega de la cantidad de cuatro mil lempiras que le fueron solicitados al sujeto pasivo, si nos encontraríamos ante el Grado de Ejecución de Tentativa, pues el hecho no se hubiere consumado por una causa ajena a la voluntad del acusado, situación que no ha acontecido en el caso sub judice, ya que el fáctum claramente refiere, que el ofendido entregó al imputado el paquete que contenía la cantidad de mil lempiras. Por otra parte, no compartimos el criterio esgrimido por el juzgador, en cuanto a que la conducta ejecutada por el acusado y descrita en los hechos probados deba enmarcarse en el delito de Extorsión en el grado de Ejecución de Tentativa, al no producirse “apoderamiento del dinero”, porque intervino la autoridad policial, puesto que aunado a lo señalado en el argumento anterior, podemos constatar que la ley únicamente exige que el autor del mismo (Extorsión) tenga la finalidad de obtener para sí o cualquier organización delictiva, dinero, bienes, etc., y basta con que esta finalidad se cumpla para considerar consumado el ilícito, veamos: 1) «Quien mediante amenazas, intimidación o violencia»: El imputado Jhony efectúa numerosas llamadas al testigo protegido PAPA amenazándolo con matarlo a él o a quienes trabajan con él; 2) «Con el fin de obtener para sí o para cualquier organización delictiva”: Los extorsionadores se identificaron con la víctima como miembros de una mara. 3) «dinero, bienes, u otros servicios”: La víctima estaba siendo obligada a pagar la cantidad de cuatro mil Lempiras semanales y lograron su fin, al recibir el dinero de parte de la víctima, en el lugar que tenían estipulado, siendo detenidos minutos después por la policía. La norma penal invocada como infringida por aplicación indebida establece, que hay tentativa cuando los actos inequívocos de ejecución no se consuman por causas ajenas a la voluntad del agente; sin embargo en la presente causa cuando la policía interviene, el delito ya había sido consumado, pues los extorsionadores no sólo habían recibido el paquete, sino que a ese momento se disponían a huir del lugar; y como señalamos anteriormente, el requisito de la intencionalidad de obtener dinero, habiendo obligado a la víctima a entregarlo, ya se había llevado a cabo; en consecuencia, el actuar de los acusados, según se describe en el cuadro fáctico no se ajusta a un delito de EXTORSION EN EL GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, sino que por el contrario, la acción se realizó constituyendo un delito CONSUMADO. En virtud de lo anterior, se reafirma la argumentación del Ministerio Público en el sentido de que el fallo impugnado adolece del vicio in iudicando alegado puesto que, tal como se expondrá con mayor profundidad en el motivo siguiente, según la verdad descrita en el fáctum, el enjuiciado participó a título de autor en el delito de Extorsión. Para los efectos del artículo 363 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público expresa que la interpretación pretendida del precepto penal relacionado, está orientada considerar que la figura delictiva que sirvió de fundamento para la acusación en la presente causa, se ejecutó en la totalidad de sus elementos típicos, configurándose la acción delictiva enmarcada en el artículo 222 del Código Penal. Así las cosas, se afirma que el sentenciador al haber condenado al acusado Jhony Alexis López, por considerarlo responsable de dicho delito en el grado de ejecución de tentativa, ha producido en consecuencia la aplicación indebida de los preceptos legales citados como vulnerados. Por lo antes expuesto, El Ministerio Público solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada.” “SEGUNDO MOTIVO: Falta de Aplicación del artículo 14, en relación al 222 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El precepto penal y legal citado como infringido por Falta de Aplicación textualmente dice: “Artículo 14: El delito es consumado cuando en él concurren todos los elementos de su tipificación legal”. Los hechos probados que han sido transcritos en el motivo anterior, constituyen el relato de un acontecimiento histórico declarado por el Juzgador, respecto al asunto debatido, mismos que se desprenden de la valoración hecha a los medios de prueba reproducidos en juicio y que los juzgadores han podido apreciar de manera directa. Partiendo de ellos, es que resulta evidente, que el acusado Jhony Alexis López tomó parte directa en la ejecución del hecho, pues tal como lo describe el cuadro fáctico recibió el paquete que simulaba la cantidad de dinero que había sido exigida a la víctima por el extorsionador, previas amenazas realizadas mediante llamadas telefónicas, en el lugar que vía teléfono el extorsionador indicó a la víctima, entregándole ésta lo que exigía, y marchándose del lugar en el taxi conducido por el acusado William Romero. Dado lo anterior, el Ministerio Público recurre al percibir que existe una falta de aplicación del artículo 14 relacionado con el 222 del Código Penal, ya que se considera que se presentan todos los requisitos exigidos por dicho precepto legal para considerar la configuración del ilícito en su grado de Ejecución de Consumado, como se puede colegir de la simple lectura del fáctum. La Sala de lo Penal ha establecido dos elementos en relación al Recurso por Infracción de Ley, entre los cuales se encuentra: 1) Respeto irrestricto a los Hechos Probados y 2) Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo; mismos que se reúnen en el presente motivo, donde el Tribunal ha inobservado para la decisión del caso, el artículo 14 supra indicado, tal como se ha venido planteando. (Ver sentencia 145-11) Tomando en consideración estas circunstancias, es que el Ministerio Público solicita una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados, realizada por el Juzgador de instancia, puesto que ha concurrido el vicio de Falta de Aplicación de la norma penal en comento, cuando la decisión adoptada por el Tribunal en la parte resolutiva del fallo es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica. Aunque este motivo de casación, por impetrarse vía infracción de ley requiere básicamente del análisis comparativo entre el fáctum y la parte dispositiva de la sentencia; sin apartarnos de la debida técnica recursiva, consideramos de relevancia indicar algunos aportes doctrinarios para considerar la comisión del hecho delictivo señalado, atendiendo la modalidad de este tipo de figuras delictivas, mismos que se exponen a continuación: “Hay delitos como la extorsión, que no se consuman solamente cuando el autor hace algo, o deja de hacer algo, sino que es preciso que la víctima, a su vez, haga algo... a diferencia del hurto, se necesita que la víctima entregue lo que, por medio de la amenaza, se le ha exigido para no ejecutar los males que se le han prometido. Mientras el ofendido no entregue, envíe, deposite o ponga a disposición del autor o de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos, la extorsión no podrá ser considerada como un delito consumado, sino tan sólo tentado. Nos parece que es necesaria la siguiente pregunta: ¿Debe el autor del delito tener la cosa bajo su poder tal cual ocurría en el hurto, donde la estructura del mismo consistía en apoderarse? ¿Se podrá hablar de consumación, cuando éste haya usurpado el poder que sobre la cosa tenía la víctima? En el hurto ello es necesario, porque el sujeto pasivo de la infracción nada debe hacer para que el delito pueda ser considerado como hurto consumado. Es que, dicho figuradamente, el ladrón va hacia la víctima, y por apoderamiento, la cosa deja de ser tenida por aquélla. En la extorsión, las circunstancias son otras, porque el extorsionar se dirige primero a la persona ofendida, y luego es ésta la que va con la cosa hacia el autor. La víctima pues, se desprende de lo que tiene bajo su poder, para que el extorsionador la pueda tener. El autor de extorsión no se apodera, porque en todo caso, el hurto requiere que el hecho sea ejecutado sin el concurso de la voluntad de la víctima. De ahí es que, conforme al mecanismo de la extorsión, sea el ofendido el que se ve obligado a entregar. La cosa va al autor». Al someter la verdad intangible contenida en el fáctum, a esta posición doctrinal, evidenciamos fácilmente como la acción descrita, encaja a plenitud en los requisitos que el ilícito exige para su consumación, por lo que se PRUEBA: 1. Declaración del Testigo Protegido “PAPA”. Que, en la parte conducente de su declaración, manifestó: “El día 22 de ‘Agosto del año pasado como a las 11:45 de la mañana hicieron una llamada a un teléfono que ellos nos habían dejado un chip, y nos preguntaron si teníamos el dinero que entregábamos toda la semana, respondiendo yo que sí lo teníamos, me ordenaron que me moviera al puente Estocolmo que iba a aparecer taxi con registro 1280 a recoger el dinero… después yo estaba en el puente Estocolmo, llegó el taxi registro 1280...» Al interrogatorio el testigo reiteró: “ese día cuando se comunicaron para traer el paquete solamente la plática fue poca, sólo dijeron: ¿Tenés el dinero que entregas todas las semanas? Le dijimos que sí, «bueno, lo vas a entregar en el Estocolmo, va a aparecer un taxi registro 1280 y a él se lo vas a entregar”, me comunicaron del celular tigo que termina en 14”. 2. Testigo Iris Yaneth Villalta Cruz, (Policía), quien relató: “Como a las once y cuarenta y cinco de la mañana el testigo (PAPA) me llamó y me dijo que había recibido llamada de parte del extorsionador el cual le había dicho que se movilizara para el puente Estocolmo que ahí llegaría un taxi con ni2mero de registro 1280 y que éste recogería el dinero producto de la extorsión...”. La Testigo también agregó que decomisaron dos aparatos celulares en el taxi, al momento de la detención, es decir a las 12:05. 3. Testigo Edwin Alejandro Calderón Aguirre. (Agente de Investigación) quien refirió: que participó en la entrega vigilada y pudo ver llegar el taxi con registro 1280; asimismo agregó que dieron detención a los imputados, decomisándoles el paquete, dos celulares y el taxi. 4. Perito Edwin Alexander Mendoza, quien realizó peritaje físico a los dos teléfonos celulares decomisados a los cuales se les extrajo toda la información de llamadas entrantes, salientes y perdidas, así como agenda telefónica y otra información registrada en los aparatos encontrándose llamadas entre los números 95248814 y 95158304 que son los números que corresponden a los teléfonos de los imputados y fueron éstos mismos números que ellos brindaron como suyos en la Audiencia de Declaración de Imputados. Señalando el Perito: «lo que se encontró en el peritaje físico fueron las llamadas con los números 95248814 y 95158304 los cuales proporcionó la señora Fiscal ya que son los números que los imputados brindaron en la Audiencia de Declaración de Imputado; se encontraron varias llamadas salientes, entrantes y perdidas de los números 95158304 y 95248814, fue la información más relevante del peritaje físico... Vaciado telefónico a los números 95158304 y 95248814, éstos son los números que los imputados brindaron al momento de la Audiencia de Declaración de Imputado en el Juzgado de La Granja y lo más relevante se le encontró fueron llamadas entre sí en fecha 22 de Agosto de 2013 a las 11:38:22, una llamada entrante del 95158304 al 95248814; y otra llamada entrante al mismo número a las 11:53 con una duración de 4 segundos; y llamada saliente del 95248814 al 95158304 en fecha 22 de agosto de 2013 a las 11:38:21 y la otra llamada saliente del 95248814 al 95158304 en fecha 22 de agosto de 2013 a las 11:41:53, también se encontraron varias comunicaciones en el vaciado del número 95248814 con el número 87626511 que es al cual el testigo protegido se le realizaron las llamadas extorsivas”. 5. Actas de Registro Personal y Decomiso. Mediante las cuales se describe la evidencia decomisada a los imputados. Al hacer la valoración de la prueba de manera conjunta en cuanto a la participación del acusado William Romero, el sentenciador consideró: «...este Tribunal de Sentencia estima que no existe ninguna prueba que haga presumir que el acusado Romero tenía conocimiento de las razones por las que el acusado López se dirigió al puente Estocolmo o que participara en el hecho. El testigo protegido Papa indica que él no había visto anteriormente al acusado Romero y existe la deposición de un testigo protegido que indica que dicho acusado sólo le hizo una carrera al señor Jhony López, declaración que resultó creíble puesto que el acusado Romero conducía un taxi por lo que resulta lógico que transportara personas de un lugar a otro. El hecho que el taxi se haya parado en medio del puente Estocolmo, tal y como lo indicaron los testigos de cargo, no implica que el acusado sabía que lo que el señor López iba a traer era producto de una extorsión, puesto que tal como el testigo protegido papa indicó, la entrega fue bastante rápida y por tanto el señor Romero no necesariamente tenía que sospechar que lo que se entregaba era ilegal, de hecho, hay varias personas que sólo contratan un taxi para ir a recoger algo y eso no significa que están cometiendo un delito o que el taxista debe presumir que hay algo ilegal en esa entrega. Por tanto, estima este Tribunal de sentencia que el Ministerio Público no logró acreditar la participación del acusado Romero en el hecho, ya que no existe ninguna prueba periférica que oriente a considerar que dicho acusado conocía la acción ilícita o que participaba en la misma, por lo que el simple hecho de conducir el taxi y llevar en el mismo a una persona, no es un indicio suficiente i unívoco que haga presumir que el acusado Romero tenía el dolo de cometer el hecho”. (Último párrafo numeral tercero de la Fundamentación Jurídica). Al referirse a la pretensión acusatoria, y en relación a la participación del acusado William Humberto Romero, el juzgador señaló: «...sin la prueba de cargo no procede imponer sentencia condenatoria alguna, ya que no ha acreditado el ente acusador, los extremos en que fundó su requerimiento inicial en vista de que no pudo acreditar la participación del acusado en el hecho”. (Ver último párrafo del numeral noveno del apartado de la Fundamentación Jurídica). Debemos señalar, que las anteriores apreciaciones por parte del Tribunal, constituyen una infracción a la regla lógica de la derivación integrado por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, en virtud que al valorar el contenido de la probanza, el Sentenciador no le otorgó la valía que realmente posee, atendiendo su contenido, pues de otra manera habría concluido que se presentan un conjunto de indicios derivados de la prueba en su conjunto, que evidencian la responsabilidad del acusado William Romero en el ilícito antes referido y aunque la misma no constituye prueba directa, sí aporta suficientes elementos de convicción para determinar su responsabilidad en el delito que se le atribuye. Sobre los indicios, la Honorable Sala de lo Penal, se ha pronunciado de la forma siguiente: “Los indicios pueden ser actos previos, concomitantes o posteriores a la comisión del delito, estos hechos sirven al juzgador, ante la ausencia de prueba directa, para inferir otros que le permiten reconstruir el hecho juzgado”. Ver sentencia No 922-04 de fecha 13 de diciembre de 2004. Atendiendo la posición jurisprudencial supra indicada, vemos que el juzgador no ha considerado que se puede condenar a un enjuiciado ante la ausencia de prueba directa, siempre que se cuente con indicios que reúnan las condiciones de previos, concomitantes y posteriores, como sucede en el caso subjudice, donde los sucesos previos y posteriores al hecho por parte del imputado Romero conducen a establecer su culpabilidad, además de tener la característica de concomitantes, por estar relacionados entre sí, como se expone a continuación: • Indicios Anteriores al Delito: Como referimos al describir la prueba, la declaración del testigo protegido Papa y de la testigo Iris Yaneth Villalta Cruz, se probó que el acusado Jhony López al momento de dar instrucciones vía telefónica a la víctima, le informó que llegaría a recoger el dinero en el taxi identificado con el número 1280. • Indicios Concomitantes al delito: El testigo protegido papa, la testigo Iris Yaneth Villalta Cruz y el testigo Edwin Alejandro Calderón Aguirre confirmaron que el acusado Jhony Alexis López llega en el taxi 1280 al lugar donde se haría la entrega del dinero, mismo que era conducido por el acusado William Romero, tal y como lo había afirmado el primero a la víctima mediante llamada telefónica. • Indicios Posteriores al Delito: Luego de la entrega del dinero los acusados se alejan del lugar en el mismo taxi conducido por William Romero y es minutos después que se les da detención, lo cual fue confirmado por los testigos antes señalados. Se confirmó también por la deposición del Perito Edwin Alexander Mendoza Martínez que entre los números telefónicos de ambos imputados se realizaron llamadas telefónicas, lo que desvirtúa la tesis de que ellos no se conocían entre sí y desacredita la declaración del testigo protegido de la defensa BV-0 1- 20 14, que refiere que el acusado Jhony López fue a contratar una carrera de ida y vuelta, pactando la misma con el señor William Romero. De igual manera cabe señalar, que resulta desacertado lo afirmado por el Tribunal en el apartado de Fun1amentación Jurídica, en cuanto a que la declaración de descargo no ha sido controvertida con ningún otro medio de prueba, pues con el dictamen pericial consistente en el desglose de los números de llamadas de los teléfonos 9515-83-04 y 9524-88-14 se evidenció que tanto el imputado Jhony y William habían establecido comunicación telefónica con anterioridad al hecho, aunado a la circunstancia que la víctima ya sabía de antemano que llegarían a recoger la cantidad de dinero en el taxi registrado con el número 1280 y fue así como el testigo Papa se lo hizo saber a la Policía; de manera que con la valoración intelectiva el ente jurisdiccional se aparta de las Máximas de la Experiencia. El juzgador con el fallo dictado incumplió lo expresado por la Honorable Sala de lo Penal, quien ha establecido lo siguiente: “En este sentido, la verificación de la existencia de prueba de cargo suficiente, requiere una triple comprobación. En primer lugar, que el tribunal de instancia haya apoyado su relato fáctico, en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. En segundo lugar, que las pruebas sean válidas, es decir, que hayan sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica, y en tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos y que no es, por tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea”. Ver sentencia No 177-08 de fecha 16/11/2009 En consecuencia, en este orden de resultados obtenidos de la prueba evacuada en el proceso, el Ministerio Público no logra extraer la razón por la cual el sentenciador dejó de valorar el contenido de las mismas de manera conjunta y armónica, (testifical y pericial); pues de haberlo hecho así, hubiera arribado a la inexorable conclusión, de que el imputado WILLIAM HUMBERTO ROMERO participó a título de autor en el hecho delictivo por el cual fue enjuiciado; por ende, con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Crítica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, ya que de la probanza antes señalada se desprende sin lugar a dudas que el acusado William Romero sí es responsable del hecho ilícito que se le atribuye. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. En virtud de haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 1) DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY: Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, solo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El Recurso de Casación por Infracción de Ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el Juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la Infracción en un Recurso de Casación por Infracción de Ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto Penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma Extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser “observadas para la aplicación de la ley penal”, por ejemplo las leyes penales en blanco, que son aquellas que señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal, “La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto” . Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un Recurso de Casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión de parte del Juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación por el Juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. En virtud que los dos motivos de casación por Infracción de Ley que ha interpuesto la recurrente, guardan estrecha relación entre sí y refieren al encuadramiento de la fundamentación fáctica del fallo, para respetar la logicidad y coherencia de la Sentencia Penal, se resolverán los motivos en un mismo apartado. 1.A) PRIMER MOTIVO: *Norma Autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. *Norma Sustantiva que se denuncia Infringida: Artículo 15 en relación al 222 del Código Penal. *Concepto de la Infracción: Aplicación Indebida del artículo 15 en relación al 222 del Código Penal, referente al grado de ejecución de tentativa. *Pretensión: Que se consumó el delito de extorsión. SEGUNDO MOTIVO: *Norma Autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal.*Norma Sustantiva que se denuncia Infringida: Artículo 14 en relación al 222 del Código Penal. *Concepto de la Infracción: Falta de aplicación del artículo 14 en relación al 222 del Código Penal, referente al delito consumado. *Pretensión: Sin determinar por la censora. Explicó la recurrente que conforme al factum de la sentencia y de los preceptos penales que consideran infringidos por aplicación indebida (15 del Código Penal) y falta de aplicación (14 del CP), es posible determinar que el acusado no actuó en grado de ejecución de tentativa, sino que se cumplen todos los elementos para tipificar su actuar como un delito de extorsión consumado, ya que refiere claramente los hechos, que el ofendido entregó al imputado el paquete que contenía mil lempiras. Resulta evidente que el acusado Jhony Alexis López tomó parte directa en la ejecución del hecho, pues tal como lo describe el cuadro fáctico recibió el paquete que simulaba la cantidad de dinero que había exigido a la víctima. 1.B) DEL DELITO DE EXTORSIÓN[1]. El delito de extorsión guarda relación con la forma genérica de la coacción (Art. 206 Código Penal), pues en ambas figuras el sujeto activo conmina al sujeto pasivo a realizar una conducta en contra de su voluntad. El legislador señala que el delito de extorsión es un delito en contra de la propiedad, por lo que comparte tal elemento común con el delito de hurto (Art. 223 CP) robo (Art. 217 CP) y estafa (Art. 240 CP), de hecho su ubicación dentro del Código Penal la encontramos en un capítulo dispuesto, en medio de aquellos que contienen las figuras delictivas de Robo y Hurto, pero además en el delito de extorsión el sujeto activo se vale de la intimidación para conseguir el beneficio patrimonial injusto y violencia, al igual que con el delito de robo; en la estafa la disposición patrimonial la realiza el sujeto pasivo en su propio perjuicio lo que igual ocurre en la extorsión. ELEMENTOS OBJETIVOS. a) Sujeto Activo: El artículo 222 del Código Penal, al identificar al sujeto activo se refiere a “quien”, determinando así que puede cometer este delito cualquier persona, si necesidad de poseer cualidades particulares, siempre que realice el acto de amenaza, intimidación o violencia. b) Sujeto Pasivo es designado por el legislador como “para sí o para cualquier organización delictiva”, lo que implica que puede ser sujeto pasivo del delito cualquier persona, ya sea ésta natural, jurídica o asociaciones sin personalidad. c) Objeto material del delito es el patrimonio del sujeto pasivo o de un tercero, del cual el sujeto activo quiere apropiarse o conseguir un provecho económicamente apreciable y de carácter injusto. d) Conducta Criminosa centrada en el verbo rector, que en este caso es “obligare”. Ahora bien, la conducta que pretenda conseguir el sujeto activo que realice el sujeto pasivo, deberá de ser siempre encaminada a producir un perjuicio patrimonial al sujeto pasivo o a terceros, pues ello es lo que precisamente distingue el delito de extorsión del delito de coacciones, identificándolo el tipo penal como acto o negocio jurídico. e) Modalidad Criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en este caso es mediante amenazas, intimidación o violencia. La violencia es la ejercida en contra de las personas, a quienes se les obliga a observar un acto o suscribir un negocio jurídico o a omitir un acto o negocio jurídico. Es importante señalar que no necesariamente deberá de darse la violencia y la conducta exigida en un solo momento, pues una y otra podrán darse en distintos momentos y lugares, siendo ello la diferencia de esta clase de delito con el de robo, en donde la violencia es ejercida para conseguir el beneficio patrimonial en el mismo momento. La intimidación es el estado psicológico de vulnerabilidad e impotencia provocado mediante una amenaza de realizar una conducta de apariencia real e inminente, que implique daño; es necesario que la intimidación hecha sea de tal entidad que a cualquier persona en la esfera del profano (Criterio del hombre/mujer medio/a) le provoque la consecuencia descrita, ergo la amenaza debe de tener apariencia de grave y verdadera. Considérese entonces que en el estudio del acto intimidatorio no deberá de esperarse que haya necesariamente surtido el efecto esperado por el sujeto activo, aun cuando la amenaza tenga la apariencia de verdadera e inminente, pues las condiciones personales del sujeto pasivo pueden mediar para que no produzca el estado de temor pretendido, lo que no hace desparecer el delito, como se ha manifestado Ut Supra, la intimidación debe como mínimo ser tal que afecte a la persona profana, aun cuando en el caso particular la víctima tenga cualidades que le hagan invulnerable. El destinatario de la amenaza puede ser directamente el sujeto pasivo o un tercero (familiar, empleado/a, amigo/a, etc.), entonces se puede amenazar con inferir un mal a un tercero para obtener la indebida prestación por parte del sujeto pasivo. PUNIBILIDAD. El delito de extorsión esta conminado con dos penas principales: a) Una pena de prisión de 15 a 20 años. Es de recordar que, conforme a nuestro actual código penal, la pena para los delitos es la de reclusión y la pena para las faltas es la de prisión, no teniendo éste error legislativo ninguna connotación en el presente caso, pero que si pudiese darse en otros delitos cuando la pena resulte conmutable por dinero, en razón de la cuantía. b) Una pena de multa de cincuenta (50) salarios mínimos en su nivel más alto, siendo ésta una pena fija, pues no tiene margen abstracto de graduación. 1.C) DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO: LOS MOTIVOS SON DE RECIBO. Este Tribunal de Casación, ante lo denunciado por la recurrente, procedió a efectuar un análisis detallado a la relación de Hechos que el Sentenciador consideró como probados y en efecto encuentra quebranto a las normas sustantivas de los artículo 14 y 15 en relación al 222 todos del Código Penal, pues el Sentenciador ha considerado el actuar del imputado como un delito tentado, pero del cuadro fáctico es posible identificar todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de extorsión consumada. Revelan los sucesos probados que el testigo protegido “Papa” y otras personas brindan el servicio de transporte en el puente Estocolmo de la ciudad de Comayagüela, recibieron varias llamadas de personas que se identificaban como miembros de una mara y les exigían el pago de cuatro mil lempiras semanales y que, si no lo hacían, le causarían daño a la vida de cualquiera de ellos. El día 22 de agosto del 2013, el testigo protegido Papa recibió una llamada indicándole que la entrega del dinero debía hacer ese mismo día en el puente Estocolmo; por lo que un grupo de agentes formó 2 equipos de vigilancia y se apostaron a los alrededores. El señor Jhony Alexis López Cruz llegó al referido puente Estocolmo, se dirigió al testigo protegido Papa que estaba esperando en el lugar y le dijo que le entregara el dinero que se le había exigido, lo cual hizo pues el testigo protegido ya había visto anteriormente al señor López, entregándole el paquete que previamente había elaborado con los agentes de la unidad Anti-extorsión, luego de lo cual se fue del lugar en el taxi que previamente había contratado y que era conducido por el señor William Humberto Romero, siendo detenido unos minutos después por los agentes policiales, encontrándole al señor López Cruz el paquete de dinero que previamente se había elaborado. Estos hechos revelan sin lugar a dudas que el delito de extorsión se consumó, pues el Testigo Protegido Papa entregó el paquete de dinero previamente elaborado por los policías anti extorsión al imputado Jhony Alexis López Cruz y este se marcha del lugar, es decir el testigo protegido papa no tenía ya dominio de ese dinero y tal como lo establecimos en el apartado anterior, el delito de extorsión es un ilícito contra la propiedad, por tanto se puede aplicar la misma teoría que en el delito de robo para considerar consumada su acción, es decir que, desde el momento que el sujeto pasivo pierde la disponibilidad del bien, es decir ya no tiene dominio sobre la cosa, desde ese mismo momento se considera consumado el delito. Hacemos nuestras las disertaciones del conocido jurista español Luís Alfredo de Diego Diez[2], que afirma: “La consumación del delito de extorsión, se produce tan pronto como se obtiene la suscripción, otorgamiento, entrega o destrucción del documento, sin necesidad de que se produzca al mismo tiempo el perjuicio económico para la víctima, ni el enriquecimiento del sujeto activo o de un tercero. La producción de dicho resultado económico pertenece ya a la fase de agotamiento, consumado ya el delito”. Así las cosas, desde el momento en que el testigo protegido entregó el paquete al ahora acusado y éste se retira del lugar, desde ese mismo momento se consumó el delito de extorsión, por tanto, resulta evidente la infracción a las normas penales alegadas por la recurrente, existiendo reproche casacional, debiendo dictar este Tribunal de Casación una nueva Sentencia que corresponda al cuadro fáctico declarado como probado por el A-quo. Para la individualización de la pena es necesario tomar en consideración lo regulado en el artículo 69 del Código Penal, así como las valoraciones hechas por el sentenciador, quien concluyó que en el caso del acusado Jhony Alexis López Cruz, no existen circunstancias agravantes, las partes no aportaron pruebas; por lo que, lo procedente es imponerle la pena mínima que prevé el artículo 22 del Código Penal en relación al 14 del mismo cuerpo legal. Esta Sala de lo Penal observa, que el recurrente en la suma de su escrito de recurso, estableció también que interponía un Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, pero por un error de la recurrente referido a que al escrito le hace falta la página número 9, según la numeración hecha por la misma censora, por tanto, no es posible extraer del resto del recurso la norma autorizante, la norma procesal denunciada como quebrantada, el concepto de la infracción, y su pretensión recursiva, por lo que, no es posible dar respuesta en ese sentido; además se ha declarado con lugar los motivos de Casación por Infracción de Ley, con los efectos jurídicos respectivos. V. DECISIÓN: Se declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos, interpuestos por el Ministerio Público. VI. POR TANTO, La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 360 y 369 del Código Procesal Penal; 14, 32, 69, 222 del Código Penal. FALLA: PRIMERO: DECLARA HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos, interpuesto por la abogada Ilse Adela Fuentes en su condición de Fiscal del Ministerio Público. SEGUNDO: REVOCA PARCIALMENTE LA SENTENCIA de fecha veintinueve (29) de septiembre del dos mil catorce (2014), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. TERCERO: CASA PARCIALMENTE LA SENTENCIA recurrida en el sentido siguiente: 1) Condena al señor Jhony Alexis López Cruz, por el delito de Extorsión consumada en perjuicio de Testigo Protegido Papa, a la pena de quince (15) años de Reclusión y una multa de Cincuenta (50) Salarios Mínimos, la cual deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional que el Juez de Ejecución determine. 2) Imponer las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo de dure la condena, declarando además la responsabilidad civil del condenado por este delito. 3) Se mantiene incólume la sentencia en sus demás pronunciamientos y resoluciones. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MICHELLE ALESSANDRA IZAGUIRRE. RECEPTORA ADSCRITA. SECRETARÍA GENERAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de mayo del año dos mil diecinueve. Certificación de la Sentencia de fecha dos de abril del año dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-79-2015.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

[1] L. Alfredo de Diego Díez. Magistrado-Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Procesal de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla-España). Manual de Derecho Penal de Honduras. Parte Especial. Volumen I. Pág. 311.

[2] L. Alfredo de Diego Díez. Magistrado-Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Procesal de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla-España). Manual de Derecho Penal de Honduras. Parte Especial. Volumen I. Pág. 311.