Sentencia CP-78-19 — Registro 17560
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Violación Simple, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y se Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...DE LA PROCEDENCIA DEL MOTIVO ÚNICO. - EL MOTIVO ÚNICO NO ES DE RECIBO. - Conforme se ha relacionado, el Censor ha presentado impugnación en contra de una sentencia condenatoria por la vía recursiva casacional, denunciando quebrantamiento de forma por violación de las reglas de la sana critica en el proceso de valoración probatoria.- Desafortunadamente el planteamiento afincado por el propio Censor esta divorciado de los argumentos recursivos desarrollados por éste, dado que alega violación de derechos fundamentales como el de inocencia o defensa, arguye existencia de prueba ilícita, cuestiona la credibilidad de la prueba, enumera actuaciones de investigación que reciente no se hayan practicado por el Ministerio Público y en medio de todo ello omite indicarle a la Sala de lo Penal cual es la regla de la sana critica que considera violentada, cual es el razonamiento judicial que alberga el defecto y como éste repercute en la decisión judicial. Recordemos que éste tribunal Ad-Quem ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis, y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditó los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. Tampoco la vía recursiva por quebrantamiento de forma es la indicada para hacer denuncia sobre violaciones a derechos fundamentales, pues ese camino se transita mediante el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, donde se exige indicar concretamente el hecho infractor. Retornando al recurso interpuesto, es de mencionarse que la exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad. En el caso de autos el Censor plantea un defectuoso recurso pues se oponen argumentos no relacionados con el motivo y a su vez se omite desarrollar el motivo que si fue planteado.- La Sala de lo Penal ha sentado doctrina legal respecto a que la falta de indicación de la regla específica de la sana crítica en el recurso produce como resultado la imposibilidad de resolución del recurso; así en las sentencias del 16 de noviembre de 2009 en el Exp 396-2007, del 11 de diciembre de 2009 en el Exp 136-2008, del 22 de marzo de 2011 en el Exp 387-2008, del 20 de octubre de 2011 en el Exp 360-2009, del 24 de agosto de 2010 en el Exp 023-2010, entre otras.- Específicamente este Tribunal de Casación ha señalado: “Esta Sala de lo Penal ha estudiado detenidamente los argumentos del recurrente y observa que si bien ataca el fallo por el cauce de la violación de las reglas de la sana crítica, concentra su esfuerzo recursivo en ponderar detalladamente cada uno de los medios de prueba, pero olvidó indicar concretamente la regla del correcto entendimiento humano, es decir, de la lógica, psicología o máximas de la experiencia, que a su entender no han sido observadas por el juzgador, y el efecto que su indebida aplicación ha tenido en el fallo que absuelve al acusado, defecto en el que incurre el censor por una inadecuada técnica recursiva. […] defecto que impide a este tribunal de alzada hacer un pronunciamiento en el fondo, no siendo procedente subsanar el defecto recursivo de manera oficiosa, por tal razón este primer motivo de casación debe desestimarse. (Sentencia de fecha 26 de Agosto de 2014 en Exp 043-2012). También: “Del examen de los autos se aprecia que el Impetrante señala que se han violado las reglas de la sana crítica […] sin embargo, no logra en ningún momento desarrollar el sentido de la infracción en función de demostrar ante el tribunal de casación la infracción de las reglas de sana crítica, en tanto no especifica que reglas se han infringido y como se da dicha violación; en ese sentido, la sala de lo penal reitera el criterio siguiente: cuando se invoque como motivo de casación la no aplicación de las reglas de la sana crítica el recurrente deviene obligado a señalar concretamente que regla de la sana crítica estima ha sido inobservada por el juzgador en la valoración de la prueba y la incidencia que tal omisión ha tenido en el fallo, señalamiento que no ha verificado el recurrente, razón por la cual se dificulta para el tribunal de casación el examen del motivo.”. (Sentencia de fecha 5 de Agosto de 2014, del Exp. 070-2012). El mal planteamiento del recurso se presenta en todo su desarrollo; el Censor identifica como pretensión que la Sala de lo penal declare la absolución del acusado, olvidando que el recurso por forma, en caso de demostrarse la existencia del vicio in procedendo, tiene como consecuencia la declaratoria de nulidad del acto procesal viciado y, en su caso, la repetición del mismo; ergo no es posible el pronunciamiento de fondo en esta clase de recurso..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...PONDERACIÓN DE LA NORMA PENAL MÁS FAVORABLE EN EL CASO CONCRETO En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Cesar Alexander Ford Banegas, un acumulado de 28 años de reclusión como pena principal, a saber: a. En base al artículo 116 del código penal 144-83: Como autor responsable de un delito de homicidio simple, en perjuicio del Señor Bonerges Rodríguez Reyes, imponiéndole una pena principal de 15 años de reclusión y las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil; b. En base a los artículos 217 y 218 del código penal 144-83: Como autor responsable un delito consumado de robo de vehículo, en perjuicio del Señor Bonerges Rodríguez Reyes, imponiendo una pena principal 10 años de reclusión y las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil; y c. En base al artículo 332-B del código penal 144-83: Como autor responsable de un delito de portación ilegal de arma de fuego de uso personal: pena principal de 03 años de reclusión y penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. En relación, el código penal 130-2017 tipifica el delito de homicidio en el artículo 192, sancionándolo con una pena abstracta principal de 15 a 20 años de prisión.- Por otra parte no tiene un tipo penal especifico a razón de que el objeto del delito sea un vehículo, pero si encuentra regulado el delito de robo con intimidación, el que tiene prevista una pena abstracta de 4 a 8 años de prisión (Art. 361 NCP 130-2017), pena que debe de incrementarse en un tercio cuando se dé el supuesto 9, del artículo 363, correspondiendo la pena abstracta de 8 años a 10 años con 08 meses de prisión. En cuanto al delito de tenencia ilegal de armas de fuego permitida, el nuevo código penal lo tipifica en en el artículo 580.1, disponiendo una pena abstracta de 01 a 04 años de prisión y localización permanente de hasta dos (2) años, a las personas responsables del delito, más las penas accesorias correspondientes. Dichas penas deben de ser incrementada en un tercio cuando la conducta realizada es la de portación, fijándose la pena abstracta de 04 años a 05 años con 04 meses de prisión y localización permanente de hasta 2 años con 08 meses. Lo anterior determina que la suma de las penas principales que dispone el NCP 130-2017, es de prisión de 24 años a 34 años con otro meses y localización permanente de hasta dos (2) años, a las personas responsables del delito, como penas principales. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular el Código Penal 130-2017 prevé una pena privativa de libertad con un marco abstracto dentro del cual se encuentra la pena concreta impuesta al acusado; además prevé una pena principal adicional (localización permanente) no contemplada en la anterior codificación.- Por ello se señala que el código penal 130-2017 no representa beneficio al acusado, debiendo ser juzgado y condenado de conformidad con el código penal 144-83..."
Legislación citada
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-78-2019, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP-78-2019 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha quince de mayo de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Cesar Alexander Ford Banegas, como autor, del delito de Homicidio Simple, en perjuicio de Bonerges Rodríguez Reyes a la a pena de quince años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, durante el tiempo de duración de la pena principal. Segundo: Condenó al señor Cesar Alexander Ford Benegas, como autor, del delito de Robo de vehículo, en perjuicio de Bonerges Rodríguez Reyes a la a pena de diez años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de duración de la pena principal. Tercero: Condenó al señor Cesar Alexander Ford Banegas, como autor, del delito de Portación Ilegal de Armas Comercial, en perjuicio de la Seguridad del Estado de Honduras, a la a pena de tres años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal. Cuarto: Declaró al señor Cesar Alexander Ford Banegas, civilmente responsable del importe de la reparación de los daños ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por el delito. No procede la condena en costas al señor Cesar Alexander Ford Banegas. Son partes en única instancia: Los Abogados Armando Alcides García Alvarado y Mario Reiniery Amador Espinal, en su condición de defensores públicos del señor Cesar Alexander Ford Banegas, como parte recurrente; y la Abogada Marina Audely Varela Figueroa, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados de la instancia Único: El 15 de abril de 2017, a las 19 horas, el señor Bonerges Rodríguez Reyes se conducía en su motocicleta marca Itálica, sin placa, color negro y anaranjado, cuando la altura del retorno de Baracoa, Cortés, esperando el paso de una rastra, fue interceptado por el señor Cesar Alexander Ford Banegas, junto a otro desconocido, sin mediar palabra le disparó con el arma de fuego tipo pistola en dos ocasiones, impactándole en el rostro, el señor Bonerges cayó al suelo, mientras el señor Cesar Alexander Ford, junto a su acompañante, huyen con la motocicleta. El señor Bonerges Rodríguez Reyes recibió auxilio y en el camino hacia el Hospital Mario Catarino Rivas muere por shock hipovolémico y exanguinación masiva. Al día siguiente, 16 de abril de 2017, la policía es informada que el señor Cesar Alexander Ford Banegas se ocultaba en la loza de una casa en construcción ubicada en Baracoa, Puerto Cortés. Al llegar al lugar, los agentes de Policía encuentran al señor Cesar Alexander teniendo a su disposición un arma de fuego tipo pistola calibre 380, serie 268504, sin estar autorizado por la Secretaría de Seguridad Pública. Recurso de Casación. - Motivos y Argumentos Motivo Único: La inobservancia por parte del Tribunal de las reglas de la sana critica. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo. La Impugnación de la sentencia de fecha quince de mayo del dos mil dieciocho, se fundamenta en que la misma contiene un vicio grave, ya que es dudosa o violatoria de Derechos fundamentales para dar por acreditada la participación del encartado en los ilícitos causa del presente recurso; y, siendo que al determinar la condena de mi representado se otorgó valor decisivo a la declaración de testigo protegido lo que constituye en una violación a los derechos de la Defensa, en consonancia en el artículo 339 del Código Procesal Penal que prescribe que "si el Tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenar al imputado, dictara sentencia absolutoria, asimismo, será absuelto en caso de duda razonable.- Resultado de esto, una sentencia condenatoria por el delito de Homicidio Simple, Robo De Vehículo Y Portación Ilegal De Armas, en perjuicio de Bonerges Rodriguez Reyes Y La Seguridad Interior Del Estado De Honduras. En dicha sentencia condenatoria el Tribunal expresa y terminantemente probado el hecho siguiente. Único: El quince de abril de dos mil diecisiete, a las diecinueve horas, el señor Bonerges Rodriguez Reyes se conducía en su motocicleta marca itálica, sin placa, color negro y anaranjado, cuando a la altura del retorno de Baracoa, Cortes, esperando el paso de una rastra, fue interceptado por el señor Cesar Alexander Ford Banegas, junto a otro desconocido, sin mediar palabra le disparo con el arma de fuego tipo pistola en dos ocasiones, impactándole en el rostro, el señor Bonerges cayó al suelo, mientras el señor Cesar Alexander Ford, junto a su acompañante, huyen con la motocicleta. El señor Bonerges Rodriguez Reyes recibió auxilio y en el camino hacia el Hospital Mario Catarino Rivas muere por shock hipovolémico y exanguinación masiva. Al día siguiente, dieciséis de abril del dos mil diecisiete, la Policía es informada que el señor Cesar Alexander Ford Banegas se ocultaba en la loza de una casa en construcción ubicada en Baracoa, Puerto Cortes, al llegar al lugar, los agentes de Policía encontraron al señor Cesar Alexander teniendo a su disposición un arma de fuego tipo pistola calibre 380 serie 268504, sin estar autorizado por la Secretaria de Seguridad Publica. Al analizar el contenido del único hecho probado se observa que el Tribunal no analizo los elementos requeridos para establecer la participación de mi representado en los tipos penales aludidos; cómo se puede apreciar en el hecho UNICO del relato factico que constituye para los efectos de casación verdad indiscutible, no permite declarar la existencia independiente delos delitos de Homicidio simple, Robo De Vehículo Y Portación Ilegal De Armas, a que se refiere los artículos 116, 218, 332.B del Código Penal, en vista que la declaración del testigo protegido clave águila dos, constituye la única prueba de cargo y carece de verosimilitud, es decir, que no cuenta con alguna corroboración periférica de carácter objetivo, violentando el Derecho del encausado a la libertad y seguridad personal, sometidos a detención arbitraria ya que no se respetó el derecho a que su juzgamiento fuese con las formalidades, derechos y garantías establecidas por la Ley. En referencia a estos aspectos señalamos que el testigo protegido clave águila dos personados al realizar su deposición señalo que no se acordaba por haber transcurrido un año, posteriormente dice que reconoce al encartado, que no lo conocía, pero que había escuchado que asaltaba en el punto de Baracoa, que solamente ella presencio el supuesto hecho y que estaba oscuro, siendo una declaración contradictoria y prejuiciosa lo cual nos lleva a concluir que afecta su valor condicional. Como vemos la declaración de testigo protegido, por ser protegido la Defensa bajo ninguna circunstancia tuvo la oportunidad de defenderse, llevando consigo la posibilidad de interrogar al testigo que declare contra él, según manda nuestro ordenamiento jurídico; al igual de tener la posibilidad de conocer o comprobar identidad del único testigo protegido lo que nos permitiría orientar nuestro interrogatorio y aportar los datos o razones para debilitar la credibilidad de dicho testigo, por otro lado permitiría la confrontación del testigo de cargo con la persona acusada, lo que aplicaría la posibilidad de valoración del tribunal; sin embargo, la necesidad de proteger a los testigos en quienes concurren especiales circunstancias de riesgo, al tiempo que se favorece su declaración con la justica, ha llevado a considerar la supresión de todas o algunas de esas circunstancias de identificación, presencias físicas y confrontación del testigo con el acusado; en consecuencia, al desconocer la defensa la identidad de la persona a la que intenta interrogar puede verse privada de datos que precisamente le permitan probar que es parcial, hostil o indigna de crédito un testimonio en contra del indiciado, que puede ser falsa o deberse a un error, porque la defensa difícilmente podrá demostrarlo si se carece de la información que le permita fiscalizar el crédito que merece o ponerlo en duda; así pues, la compatibilidad de cualquier ponderación, incluso cuando las dificultades de la defensa sean equilibradas por el procedimiento seguido por las autoridades judiciales, han de cumplirse dos parámetros como ser 1. Que sea posible examinar la fiabilidad del testigo cuyo nombre se oculta. 2. Que esa declaración del testigo protegido no sea decisiva misma que no debió ser suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, necesitando de la compañía de otras pruebas directas o indiciarias, es decir, que debió ser valorada en su conjunto con el acervo probatorio, de la existencia de otras pruebas de peso decisivo en el fallo el cual dependerá de la existencia de otras pruebas que corroboren aquella de tal forma que, a mayor prueba corroborativa, menor será el grado decisivo que el sentenciador otorga al testimonio de testigo protegido; en referencia a otros medios de prueba hemos de señalar que estos por si solos no hubiesen bastado para llegar a la condena, tal como se patentiza con las otras pruebas de cargo como ser.1) En los resultados de la autopsia y el Dictamen Pericial Balístico indican los hallazgos establecidos, llama la atención que según las conclusiones sobre el arma hallada v recolectada como indicio y al compararla con los fragmentos metálicos recuperados de la autopsia realizado en el cadáver del Bornerges Rodriguez Reyes arrojan resultado negativo. 2) La testigo Iptza Rosales Sarrez ratifico el dictamen de autopsia y depuso sobre causa y manera de muerte del hoy occiso, mismo se trató de arma diferente utilizada por los disparos emitidos sobre la humanidad del hoy occiso. 3) El testigo Antonio Muñoz Leiva señala que tenía información que el imputado había participado en el homicidio de fecha quince de abril del dos mil diecisiete y el lugar donde se encontraba, por lo que procedieron junto con un grupo de 40 agentes de la unidad de los tigres Militares a detenerlo, en dicha diligencia resulto herido (el imputado Cesar Alexander Ford), no le hicieron ningún decomiso de arma y motocicleta porque no las tenía en posesión. 4) se presentó a ratificar dictamen 0502-2335 de arma de fuego calibre 380, dicha arma fue comparada con los elementos metálicos encontrados en el hoy occiso, no comparten las mismas características individualizantes, es decir que no fue disparada con dicha arma. 5) Se presento el testigo Miguel Edgardo Baide a ratificar acta de inspección ocular, realizada en el lugar de los hechos, no describe la fecha que la hizo, señala que no sabe dónde y en posesión de quien se encontró la motocicleta. -Por lo que hemos de decir que confrontados los hechos declarados probados con la prueba aportada como lo es el Ministerio Publico, esta Defensa considera que los mismos no resultaron adecuados a los que dispone nuestra Legislación Nacional en sus preceptos causa de este recurso, que reprime a toda persona que participa en acciones de Homicidio simple, Robo De Vehículo Y Portación ilegal De Armas quedando las acciones del encausado CESAR ALEXANDER FORD BANEGAS, fuera del contexto de las norma penales citadas. Es así que si bien en las acciones de mérito requiere no solamente elementos objetivos constitutivos; sino también, elementos subjetivos por lo que necesariamente tiene que ser doloso, por mandato legal, razón por la cual se requiere necesariamente acreditar la participación de la persona acusada. Por canto el hecho declarado probado en la sentencia de mérito no constituye el ilícito penal que pretendía el Ministerio Publico al acusar, por lo que concluimos diciendo que en la misma en canto a que el acusado realizo acciones de Homicidio simple, Robo De Vehículo Y Portación Ilegal De Armas, no se logró enervar el estado de inocencia de los mismos, pues con la prueba evacuada en juicio y valorada en la resolución no produjo certeza de participación de mi representado, requisito sine qua nom para emitir un fallo condenatorio, por lo anterior se debe declarar la libre absolución de mi representado por estos delitos tal y como recomienda el artículo 339 del Código Procesal Penal. El Ministerio Publico pudo haber demostrado la culpabilidad de mis representados, mediante otras declaraciones testificales que presenciaron el hecho en vista de haber ocurrido en espacio abierto y de tránsito, no basta con la simple declaración de un testigo protegido que se escuda en la misma protección para mentir y perjudicar a las personas, sino, que es necesario que sea producto de una investigación científica, debidamente acreditada, como ser una minuciosa inspección e inmediatamente que ocurrió el hecho, con miras a encontrar huellas o elementos pilosos y compararlos con el ADN del encausado, que tuviesen relación directa o indirecta con la comisión, a efecto de ser sometidos a expertos o peritos, constituyendo elementos que revisten lato sensu dicho carácter pericial, pues en ellos se consignan conocimiento técnicos especializados, conteniendo en sí mismos todos los elementos que permiten su valoración y contradicción, asimismo, acreditar los decomisos respectivos de bienes objeto del ilícito de robo como ser la motocicleta y la pistola por la portación legal de armas, recordemos que la responsabilidad de procurar el enjuiciamiento le corresponde al ente acusador del Estado que como representante de la sociedad, está obligado en todo momento a radicar ante los tribunales de justicia las acciones penales necesarias contra quienes resulten con grave indicios de responsabilidad, pero la búsqueda y la obtención licita de la pruebas es responsabilidad exclusiva de los cuerpos de investigación según o prescriben los artículos 272,273 y especialmente los artículos 279,280 y 281 del Código Procesal Penal, con la colaboración de otros cuerpos, siempre bajo la dirección del Fiscal, debiendo desplegar toda su actividad inquisitiva en la búsqueda de las pruebas que vinculen al echo con el posible participe, y solo ante la existencia de graves indicios de criminalidad se procederá contra una persona, para solicitar de un órgano jurisdiccional la determinación de su culpabilidad, por tal razón consideramos que es peligroso sostener la participación en los hechos que se les incrimina a mi representado, solamente teniendo como prueba únicamente la declaración de testigo protegido que pierde credibilidad, porque podía tratarse de un enemigo personal o alguien que quiera perjudicarlo, por lo que la misma debería estar asociada con otras pruebas que demuestres todos y cada una de los elementos típicos delos delitos como ha quedado expuesto, pero nunca con la simple mención como suele hacerse en estrados policiales. Cuando se trata de restringir un derecho fundamental de la persona humana, como la libertad, debe de garantizarse plenamente que la persona a quien se le menoscaba su derecho, es aquella que realmente ha cometido infracción penal y que por ello es necesario su resocialización mediante el cumplimiento de una pena en este caso al no haberse acreditado fehacientemente la participación que pudieron haber tenido mi representado el señor Cesar Alexander Ford Banegas, no existe fundamento alguno para considerarlo culpable y mucho menos para imponerle una pena. En consecuencia, debemos declarar que el pronunciamiento condenatorio se ha sustentado esencialmente en una prueba que ha quebrantado el derecho de defensa de acusado y por tanto ilícitas, inconstitucionales y sin eficacia probatoria; por lo que la reclamación casacional debe ser estimada, debiéndose casar y anular la sentencia de instancia; declarando la absolución del encartado. El estado de inocencia es consagrado el artículo 89 de la Constitución de la Republica " Toda persona es inocente mientras n se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; en el artículo 11,1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos "Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad"; artículo 8.2 de la Convención American sobre Derechos Humanos "Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad": artículo 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre "se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable", articulo 14.2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos "toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la Ley"; articulo 2 Código Procesal Penal estado de inocencia. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de presente código. Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el Censor haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el Censor debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Censor: Cesar Alexander Ford Banegas.- Motivo Único Normas Autorizantes: Artículo 362.3 del Código Procesal Penal; Motivo: Violación de las reglas de la sana critica; Concepto de la Infracción: Sin determinar por el Censor; Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículo 339 del código procesal penal; Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el Censor; y Pretensión: Se declare absuelto al acusado. El Censor expone en su recurso varios argumentos recursivos: i.- Se otorgo valor probatorio positivo a un testigo protegido (no se indica clave) en violación al derecho de defensa, de conformidad con el artículo 339 del código procesal penal (norma que regula la deliberación y votación de sentencias); ii.- El hecho probado no permite declarar la existencia de los delitos de homicidio, robo de vehículo y portación ilegal de arma de fuego de conformidad con los artículos 116, 218 y 332-B del código penal 144-83, esto porque la declaración del testigo protegido Águila Dos, carece de verosimilitud y no cuenta con corroboración periférica.- El hecho declarado probado en la sentencia o constituye ilícito penal y por tanto no se enervo el estado de inocencia del acusado; iii.- El testigo protegido Águila Dos rindió una declaración contradictoria y prejuiciosa, lo que afecta su valor conviccional; iv.- El testigo al ser protegido, impidió que la defensa técnica tuviese la oportunidad de oponer defensa, de interrogar al testigo, de comprobar su identidad y aportar razones para debilitar su credibilidad; v.- los medios de prueba, sin consideración al testigo protegido, no hubiesen bastado para llegar a una condena.- Confrontados los hechos probados con la prueba aportada, éstos últimos resultaron inadecuados; y vi.- El Censor señala algunas actuaciones de investigación que no fueron realizadas por el Ministerio Público. En uno de los últimos párrafo el Censor indica que el haber condenado al acusado en el presente caso ha quebrantado el derecho a la defensa, que la prueba es ilícita, que la prueba es inconstitucional y sin eficacia probatoria; que se debe casar la sentencia, anularla y declarar la absolución del acusado. De la Procedencia del Motivo Único. - El motivo único no es de recibo. - Conforme se ha relacionado, el Censor ha presentado impugnación en contra de una sentencia condenatoria por la vía recursiva casacional, denunciando quebrantamiento de forma por violación de las reglas de la sana critica en el proceso de valoración probatoria.- Desafortunadamente el planteamiento afincado por el propio Censor esta divorciado de los argumentos recursivos desarrollados por éste, dado que alega violación de derechos fundamentales como el de inocencia o defensa, arguye existencia de prueba ilícita, cuestiona la credibilidad de la prueba, enumera actuaciones de investigación que reciente no se hayan practicado por el Ministerio Público y en medio de todo ello omite indicarle a la Sala de lo Penal cual es la regla de la sana critica que considera violentada, cual es el razonamiento judicial que alberga el defecto y como éste repercute en la decisión judicial. Recordemos que éste tribunal Ad-Quem ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis, y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditó los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. Tampoco la vía recursiva por quebrantamiento de forma es la indicada para hacer denuncia sobre violaciones a derechos fundamentales, pues ese camino se transita mediante el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, donde se exige indicar concretamente el hecho infractor. Retornando al recurso interpuesto, es de mencionarse que la exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad. En el caso de autos el Censor plantea un defectuoso recurso pues se oponen argumentos no relacionados con el motivo y a su vez se omite desarrollar el motivo que si fue planteado.- La Sala de lo Penal ha sentado doctrina legal respecto a que la falta de indicación de la regla específica de la sana crítica en el recurso produce como resultado la imposibilidad de resolución del recurso; así en las sentencias del 16 de noviembre de 2009 en el Exp 396-2007, del 11 de diciembre de 2009 en el Exp 136-2008, del 22 de marzo de 2011 en el Exp 387-2008, del 20 de octubre de 2011 en el Exp 360-2009, del 24 de agosto de 2010 en el Exp 023-2010, entre otras.- Específicamente este Tribunal de Casación ha señalado: “Esta Sala de lo Penal ha estudiado detenidamente los argumentos del recurrente y observa que si bien ataca el fallo por el cauce de la violación de las reglas de la sana crítica, concentra su esfuerzo recursivo en ponderar detalladamente cada uno de los medios de prueba, pero olvidó indicar concretamente la regla del correcto entendimiento humano, es decir, de la lógica, psicología o máximas de la experiencia, que a su entender no han sido observadas por el juzgador, y el efecto que su indebida aplicación ha tenido en el fallo que absuelve al acusado, defecto en el que incurre el censor por una inadecuada técnica recursiva. […] defecto que impide a este tribunal de alzada hacer un pronunciamiento en el fondo, no siendo procedente subsanar el defecto recursivo de manera oficiosa, por tal razón este primer motivo de casación debe desestimarse. (Sentencia de fecha 26 de Agosto de 2014 en Exp 043-2012). También: “Del examen de los autos se aprecia que el Impetrante señala que se han violado las reglas de la sana crítica […] sin embargo, no logra en ningún momento desarrollar el sentido de la infracción en función de demostrar ante el tribunal de casación la infracción de las reglas de sana crítica, en tanto no especifica que reglas se han infringido y como se da dicha violación; en ese sentido, la sala de lo penal reitera el criterio siguiente: cuando se invoque como motivo de casación la no aplicación de las reglas de la sana crítica el recurrente deviene obligado a señalar concretamente que regla de la sana crítica estima ha sido inobservada por el juzgador en la valoración de la prueba y la incidencia que tal omisión ha tenido en el fallo, señalamiento que no ha verificado el recurrente, razón por la cual se dificulta para el tribunal de casación el examen del motivo.”. (Sentencia de fecha 5 de Agosto de 2014, del Exp. 070-2012). El mal planteamiento del recurso se presenta en todo su desarrollo; el Censor identifica como pretensión que la Sala de lo penal declare la absolución del acusado, olvidando que el recurso por forma, en caso de demostrarse la existencia del vicio in procedendo, tiene como consecuencia la declaratoria de nulidad del acto procesal viciado y, en su caso, la repetición del mismo; ergo no es posible el pronunciamiento de fondo en esta clase de recurso. Decisión: Desestimar el motivo único del recurso de casación por quebrantamiento de forma, por defecto de interposición. De La Aplicación Retroactiva Del Código Penal Decreto 130-2017 Principio de Legalidad El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y Declaración de los derechos y Deberes del Hombre (Art. 5 y 15), y regulado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9), en el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (Art. 6,9 y 14), Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer y cumplir la ley (Art. 1), así como en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades y la Carta Africana Sobre Derechos Humanos y de los Pueblos. De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal 130-2017 en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.”. En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. El Principio de Legalidad exige del legislador: a. Que formule las descripciones del delito del modo más preciso posible (Nullum crimen sine lege certa), y b. Que las leyes no tengan efecto retroactivo (nullum crimen sine lege praevia), salvo cuando le sea más favorable al procesado o condenado. Por otra parte, exige del juzgador: a. Que sus condenas se basen en la Ley escrita y no en el derecho consuetudinario (nullum crimen sine lege scripta) y b. Que no amplíe la ley escrita en perjuicio del afectado (nullum crimen sine lege stricta, la llamada prohibición por analogía). Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley que regula las mismas situaciones que la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría a su arbitrio contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad son: a. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; b. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o c. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más favorable no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigor y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano/a pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política se establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente al momento del hecho; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior y por la cual estaba siendo juzgada o por la cual fue condenada la persona; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal; b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador; y c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme y mientras se esté ejecutando, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales en los siguientes casos: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. Casos en que no Procede la Ponderación de Norma Penal más Favorable El nuevo código penal prevé una serie de prohibiciones respecto a la ponderación de la norma más favorable y, en su caso, la aplicación retroactiva de la norma penal sustantiva más favorable. - Dichas prohibiciones son: a. Penas ejecutadas (art. 622): No se hará revisión de penas ejecutadas completamente, salvo para efectos de alegar inexistencia de reincidencia en un nuevo proceso penal; b. Penas a cumplir en vacancia legal (art. 622): No se hará revisión de las penas cuya fecha de cumplimiento este dentro del periodo de vacancia legal del cp-130-2017; c. Suspensión de la pena y libertad condicional (art. 618): no se hará revisión de penas suspendidas condicionalmente y penas de personas en libertad condicional conforme el VCP144-1983, salvo reactivación de la pena por incumplimiento del beneficio; y d. Responsabilidad civil derivada del delito (art. 626): La despenalización del delito no afectará los procesos pendientes y los pronunciamientos firmes respecto a la responsabilidad civil derivada. Ponderación En Procesos Penales Activos Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). La ponderación de la norma más favorable deberá de realizarse al momento del juzgamiento en primera instancia, en segunda instancia o en única instancia; por ello no es procedente aplicación retroactiva en estadios previos del proceso, como ser la audiencia de declaración de imputado, la audiencia inicial, la audiencia preliminar, revisión de medidas cautelares, en la etapa de saneamiento de la etapa de juicio o en cualquier etapa previa al momento del juzgamiento, salvo los casos de atipicidad como ya se ha apuntado. Reglas Generales de Ponderación El Código Penal 130-2017 prevé una serie de reglas generales que deben de observarse en el proceso de ponderación ya sea en primera instancia como en la resolución de recursos devolutivos. - Dichas reglas generales son: a. Proceso Contradictorio: El proceso de ponderación debe de realizarse de manera contradictoria; el artículo 616 indica que es obligatorio emplazar siempre a la persona procesada o condenada, así como a las demás partes, para la celebración de una audiencia que tenga tal efecto. Es excepción de esto los procesos que se encuentren en trámite de un recurso devolutivo, cuyo emplazamiento esta hecho por la ley al disponerse la presentación de un escrito supletorio; b. Prohibición de Fragmentación: El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera confrontación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 versus todas las normas del Código 130-2017; c. Penas Conjuntas: No procede la ponderación parcial de penas principales; la ponderación deberá de realizarse tomando en consideración todas las penas conjuntas impuestas por los mismos hechos (Art. 617 NCP); d. Extinción de la Pena por Cumplimiento: El artículo 621 indica que el juzgado de ejecución deberá de declarar extinguida la pena y ordenará la libertad inmediata de la persona cuando conforme el NCP144-83 haya cumplido una pena superior a la que señala para ese mismo delito por el NCP130-2017. Es pues que el supuesto requiere: i. Identidad en el tipo de Pena entre ambos cuerpos normativos; y ii. Que se trate de penas no concursadas. Cuando no se cumplan estas dos reglas se deberá de seguir con el procedimiento respecto a penas de distinta naturaleza y/o penas concursadas; e. Atipicidad: De acuerdo con el párrafo segundo del artículo 615 del NCP, los hechos tipificados como delitos en el VCP pero que no encuentren su réplica en la nueva codificación, deben de motivar el dictado de un sobreseimiento definitivo en las causas penales activas y la declaratoria de cesación de cumplimiento de pena en las sentencias condenatorias firmes que se estén ejecutando. El sobreseimiento puede ser dictado en cualquier etapa del proceso, siendo la excepción a la regla de que la ponderación se debe de reservar para el momento del juzgamiento; f. Penas Privativas de Libertad: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena privativa de la libertad (reclusión) con todas sus circunstancias, impuesta de conformidad con el VCP 144-83, fuese también imponible con arreglo al NCP 130-2017 (Art. 616). Ello ocurre cuando la pena concreta impuesta se encuentre dentro marco abstracto de la pena que para el mismo hecho se deba de imponer de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 621); g. Pena de Multa: No se realizara aplicación retroactiva del NCP cuando la pena impuesta de conformidad con el VCP 144-83, sea la de multa y la que corresponda imponer conforme al NCP 130-2017, igualmente sea una pena de multa. La aplicación retroactiva se realizará excepcionalmente cuando: i. No se hubiese hecho abono alguno de la pena de multa impuesta de conformidad al VCP 144-83; y ii. la concreta cuantía impuesta conforme al VCP 144-83 no fuese posible imponer de acuerdo con el NCP 130-2017 desde una perspectiva abstracta (Art. 619). En caso de encontrar un delito o falta en el VCP coincidente en el supuesto de hecho con uno previsto en el NCP, y que ambos sancionen con multa; y que además proceda la excepción antes explicada, se procederá a la conversión, cuyas reglas son las siguientes: i. Cada Salario mínimo impuesto como pena de multa por el VCP144-83 equivaldrá a 10 días multa regulados por el NCP130-2017; ii. Si la pena de multa impuesta por el VCP144-83 es por una cantidad fija, se procederá a realizar la comparación cuantitativa entre ésta y la pena de multa que corresponda conforme el NCP130-2017; h. Penas privativas de Derechos: Las penas principales de inhabilitación absoluta y especial se compararán atendiendo a la duración de la pena concreta impuesta en la sentencia y la máxima que pueda imponerse de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 620); e i. Medidas de Seguridad: Respecto a las medidas de seguridad impuestas de acuerdo con el VCP 144-83 que estén pendientes de ejecución o que estén siendo ejecutadas, deberán de ser objeto de revisión y adecuación de conformidad con las normas que regulan las mismas en el NCP 130-2017; (Art. 625). Reglas Particulares de Ponderación: Penas Concursadas y Penas no Concursadas A nivel de punibilidad se regulan los concursos de delitos; ante la colisión temporal de normas sustantivas el juzgador llamado a resolver la acción penal interpuesta en base al rigor del VCP 144-83, lo que incluye establecer si existe o no concurso de delitos, identificar cual es el que concurre y luego hacer el cálculo de pena abstracta de conformidad a dicho concurso; seguidamente el juzgador deberá de hacer la ponderación de la pena más beneficiosa determinando si conforme a lo probado igualmente se aprecia un concurso según las normas del NCP130-2017, y de ser así deberá de proceder a calcular la pena abstracta, siendo el tercer y último paso la comparación de penas que deban de ser impuestas según cada código penal, reflejándose cuál de ellos es el que debe de ser aplicado por ser más beneficioso para el procesado o reo. Lo descrito es un proceso general que tiene sus matices a depender cada uno de los concursos, lo que obliga hacer un estudio individualizado: Concurso Ideal Cuando conforme a los hechos imputados se deba de aplicar un Concurso Ideal (Art. 67 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al concurso ideal según las reglas del VCP144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del concurso ideal del NCP130-2017. Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el concurso ideal; b. Cuando una de las penas concursadas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del VCP144-83 y luego hacer la comparación global con el NCP130-2017; comparación que debe de hacerse según se explicó en el numeral anterior; o c. Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, que se explican más adelante. Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real: i. Limite Subjetivo, ii. Limite Objetivo Ordinario y iii. Limite Objetivo Extraordinario, explicado igualmente líneas adelante. Delito Continuado En el caso de que la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un delito continuado la ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (Art. 617 NCP). Al apreciarse un concurso continuado (Art. 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las mismas reglas señaladas previamente para el concurso ideal. En los supuestos en donde conforme el VCP 144-83, corresponda aplicar un concurso real pero conforme el NCP 130-2017 se deba de aplicar un delito continuado, el juzgador deberá de proceder de la siguiente manera: a. En primera Instancia: i. Primero se procederá a realizar el cálculo abstracto de las penas conforme el VCP144-83, las que serán tomadas globalmente, para luego comparar el mismo con el marco abstracto de la pena que corresponda en aplicación del delito continuado según el NCP130-2017, develándose así que código es el más beneficioso en su conjunto. Recuérdese que la comparativa es global (suma de todas las penas abstractas) y no individual por cada pena; ii. En caso de que lo anterior no defina cual es la pena más favorable, el juzgador deberá de proceder a la individualización de la pena concreta de conformidad con el VCP-144-83 y paralelamente a la individualización de la pena concreta de conformidad con el BCP130-2017, de cuya comparación se decidirá que codificación es la más beneficiosa; o b. En Segunda Instancia y Única Instancia: La comparativa parte de la confrontación de las penas que en concurso real hayan sido impuestas en la sentencia impugnada en aplicación del VCP144-83, con el marco abstracto de la única pena que de conformidad al NCP-130-2017 deba de imponerse como consecuencia de la aplicación del delito continuado; así entonces: i. Si las penas individualizadas en concurso real tomadas globalmente (la sumatoria de todas las penas), se encuentra dentro del marco abstracto de la pena del delito continuado, no se aplicará retroactivamente el NCP130-2017; ii. Si las penas individualizadas en concurso real están fuera de la escala de la pena abstracta que deba de imponerse en delito continuado según el NCP130-2017, se aplicará la pena que le sea más favorable al procesado y con ello se definirá que cuerpo normativo corresponde aplicar. Concurso Real Los supuestos en donde la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un Concurso Real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá de realizarse conforme al límite único de cumplimiento de pena que establece el artículo 35 del VCP 144-83 versus los limites objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo que prevé el artículo 66 NCP 130-2017, debiendo excluir las penas de delitos que hayan sido despenalizados en la nueva normativa. Es importante tener presente que ningún límite es preferente a otro y por tanto se aplicará el límite que marque menor pena; así entonces: i. Cuando entre en acción el Límite Objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al VCP144-83 y los límites del concurso real que regula el NCP130-2017, siguiendo los siguientes pasos: i. Si ambas legislaciones determinan un mismo límite de cumplimiento, se aplicará el principio de identidad, es decir el VCP 144-83; y ii. Si las legislaciones definen límites de cumplimiento distinto, se aplicará aquel que le sea más beneficioso al acusado o reo (ello sin perjuicio de lo que se señala en el siguiente literal); y/o ii. Para hacer efectivo el Limite Subjetivo, que regula el NCP 130-2017 se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, develando así el límite máximo que puede cumplir el condenado: *. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite de conformidad con lo señalado en el literal anterior; **. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años; implica que el resultado matemático será el límite máximo de cumplimiento, el que deberá de ser objeto de comparación con el limite objetivo de cumplimiento del VCP144-83. b. Cuando las penas consideradas globalmente no superasen ninguno de los límites a los que se refiere el numeral anterior, el juzgador procederá a realizar la comparación de las penas que corresponda en una y otra legislación: i. En primera instancia la comparación se realizará entre las penas abstractas definidas en cada cuerpo sustantivo; el tribunal sumará todas las penas abstractas que correspondan imponer en concurso real de conformidad con el VCP 144-83 y todas las penas abstractas que prevea el NCP130-2017, las cuales comparará. Si de la comparación no es posible determinar cuál es más beneficiosa para el procesado, el tribunal deberá de proceder a realizar la individualización de las penas de cada delito primero conforme el VCP144-83 y después conforme el NCP130-2017, luego la suma global de dichas penas por cada código será comparada entre sí, determinando cual es el cuerpo normativo más beneficioso (siempre teniendo presente además el resto de las regulaciones normativas). Finalmente, si aun con las penas individualizadas no existe claridad cuál en su conjunto es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara para que éste señale cual le favorece más. ii. En segunda y única instancia la comparación se realizará entre la suma de todas las penas concretas impuestas en concurso real en la sentencia impugnada bajo el VCP 144-83 y la suma de todas las penas abstractas que define el NCP 130-2017. De dicho resultado el tribunal resolverá: *. Si las penas concretas en concurso real VCP 144-83 están dentro de la suma del margen abstracto de las penas del NCP 130-2017, no procederá la aplicación retroactiva de este último; **. Si la suma de las penas concretas VCP 144-83 no se encuentra dentro del marco abstracto de la suma de penas en concurso real del NCP 130-2017, se aplicará el cuerpo normativo que fije comparativamente las penas más leves, sin dejar de tener en consideración el resto de disposiciones de cada codificación para efectos comparativos; ***. Si el concurso real está compuesto por Penas Conjuntas, en donde algunas de ellas sean más beneficiosas y otras más gravosas respecto a la comparación hecha con el otro cuerpo legal; el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la pena de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. Concurso Medial El concurso medial desaparece en el NCP 130-2017. Por tanto, cuando conforme los hechos imputados en base al VCP144-83 deba de aplicarse un Concurso Medial (Art. 66 en relación con el párrafo séptimo del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. Se realizará la comparación global de la pena que corresponda en concurso medial según el VCP144-83 con las penas que correspondería aplicar en concurso real conforme al NCP130-2017, en consideración a los limites subjetivo, objetivo ordinario y objetivo extraordinario, explicado ut supra; b. Es improcedente hacer comparación individual de las penas que conforman el concurso medial del VCP144-83 y las penas en concurso real del NCP130-2017; c. Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, haciendo desaparecer el concurso Medial, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas. Penas Conjuntas No Concursadas Finalmente, cuando corresponda imponer a una persona una Pena No Concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas Penas Conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara a éste para que señale la que más le favorece. Procedimiento de Ponderación de Sentencias Condenatorias en Única Instancia La Sala de lo Penal que conozca del recurso de casación en contra de una sentencia condenatoria dictada por los tribunales de sentencia, procederán primero a resolver el recurso y luego, de persistir el pronunciamiento condenatorio, procederán en todos los casos a realizar la ponderación de la norma penal sustantiva más favorable. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal Ad-Quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente ninguna de las partes ha presentado petición supletoria sobre la aplicación retroactiva del NCP 130-2017, por lo que la Sala de lo Penal procede a realizar la ponderación de la norma más favorable de manera oficiosa, siguiendo las reglas ya explicadas. Ponderación de la norma penal más favorable en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Cesar Alexander Ford Banegas, un acumulado de 28 años de reclusión como pena principal, a saber: a. En base al artículo 116 del código penal 144-83: Como autor responsable de un delito de homicidio simple, en perjuicio del Señor Bonerges Rodríguez Reyes, imponiéndole una pena principal de 15 años de reclusión y las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil; b. En base a los artículos 217 y 218 del código penal 144-83: Como autor responsable un delito consumado de robo de vehículo, en perjuicio del Señor Bonerges Rodríguez Reyes, imponiendo una pena principal 10 años de reclusión y las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil; y c. En base al artículo 332-B del código penal 144-83: Como autor responsable de un delito de portación ilegal de arma de fuego de uso personal: pena principal de 03 años de reclusión y penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. En relación, el código penal 130-2017 tipifica el delito de homicidio en el artículo 192, sancionándolo con una pena abstracta principal de 15 a 20 años de prisión.- Por otra parte no tiene un tipo penal especifico a razón de que el objeto del delito sea un vehículo, pero si encuentra regulado el delito de robo con intimidación, el que tiene prevista una pena abstracta de 4 a 8 años de prisión (Art. 361 NCP 130-2017), pena que debe de incrementarse en un tercio cuando se dé el supuesto 9, del artículo 363, correspondiendo la pena abstracta de 8 años a 10 años con 08 meses de prisión. En cuanto al delito de tenencia ilegal de armas de fuego permitida, el nuevo código penal lo tipifica en en el artículo 580.1, disponiendo una pena abstracta de 01 a 04 años de prisión y localización permanente de hasta dos (2) años, a las personas responsables del delito, más las penas accesorias correspondientes. Dichas penas deben de ser incrementada en un tercio cuando la conducta realizada es la de portación, fijándose la pena abstracta de 04 años a 05 años con 04 meses de prisión y localización permanente de hasta 2 años con 08 meses. Lo anterior determina que la suma de las penas principales que dispone el NCP 130-2017, es de prisión de 24 años a 34 años con otro meses y localización permanente de hasta dos (2) años, a las personas responsables del delito, como penas principales. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular el Código Penal 130-2017 prevé una pena privativa de libertad con un marco abstracto dentro del cual se encuentra la pena concreta impuesta al acusado; además prevé una pena principal adicional (localización permanente) no contemplada en la anterior codificación.- Por ello se señala que el código penal 130-2017 no representa beneficio al acusado, debiendo ser juzgado y condenado de conformidad con el código penal 144-83. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Sin Lugar el motivo único del recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por la Abogada Daysi Monserrat Franco, apoderada defensora del acusado Cesar Alexander Ford Banegas.- Segundo: Declara la No Procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas al acusado Cesar Alexander Ford Banegas.- Tercero: Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha quince de mayo de dos mil dieciocho, dictada por el tribunal de sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes (f. 130).- Como consecuencia el proceso de ejecución de pena deberá hacerse conforme al Código Penal 144-83, lo que incluye la resolución bajo sus normas de cualquier solicitud de libertad condicional.- Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado en el apartado anterior, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Notifíquese. – Firmas y Sello. -José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada. – Firma y Sello. – Jose Ramon Cruz Ferrera. Secretario Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de mayo de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los ocho días del mes de febrero de dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-78-2019.
RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS
RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL
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