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Sentencia CP-76-20 — Registro 16929

Resumen

Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa de los imputados, contra la sentencia de primer instancia que los condena por el delito de homicidio simple.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

El Motivo es de Recibo. Analiza esta Sala de lo Penal los planteamientos del recurrente, así como el cuadro fáctico declarado como probado por el A-quo y en efecto no encuentra en el desarrollo de los mismos, los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de homicidio, es decir cuáles fueron las acciones que realizaron los acusados José Alcides García Rodríguez y José Antonio Ortiz Ávila, para quitarle la vida al ofendido Berlyn Omar Gómez Alvarado. Los hechos probados relatan que, el día cinco de Diciembre del año dos mil diecisiete, siendo aproximadamente las siete con cincuenta minutos de la noche, por la calle principal de la Aldea Concepción de María, Municipio de Langue, Departamento de Valle, transitaba el señor Reynaldo Alvarado García, observando que a diez metros delante de una rampa, estaban los ahora encausados José Alcides García Rodríguez y José Antonio Ortiz Ávila, portando ambos armas blancas, tipo machete, con sus ropas ensangrentadas y en el suelo estaba tirado en posición de cubito ventral ya sin vida el ahora occiso Berlín Omar Gómez Alvarado: Una vez descubiertos en su ilícito accionar, los imputados José Alcides García Rodríguez y José Antonio Ortiz Ávila, amenazaron al testigo Reynaldo Alvarado García que si contaba lo sucedido lo matarían y le cortarían la lengua. Según dictamen del levantamiento cadavérico de fecha seis de diciembre del año dos mil diecisiete, la causa de muerte del señor Berlyn Omar Gómez Alvarado, fue por múltiples lesiones en cabeza, cara, tórax anterior derecho, hombro izquierdo, brazo derecho e izquierdo y antebrazo izquierdo, producidas por arma blanca, tipo machete. Esta Sala de lo Penal, al revisar los hechos probados, no encuentra cuales fueron las acciones realizadas por los acusados José Alcides García Rodríguez y José Antonio Ortiz Ávila, para quitarle la vida al ahora occiso Berlyn Omar Gómez Alvarado; de los hechos queda claro que el señor Reynaldo Alvarado García, observa diez metros a los acusados, portando armas blancas tipo machete, con sus ropas ensangrentadas y en el suelo estaba tirado sin vida el ofendido Berlyn Omar Gómez Alvarado, pero el sentenciador ha omitido relatar las acciones realizadas por los acusados, que hayan provocado su muerte, tampoco establece el Juez A-quo en los hechos cuál es ese “ilícito accionar” que establece en el hecho segundo, en que consistió ese actuar que según el sentenciador es ilícito. Al no conformarse en el cuadro fáctico el verbo rector “matar”, ni tampoco el ánimo o la intencionalidad del acusado, no encontramos armonía entre los hechos probados y la norma penal utilizada por el juzgador, es decir el artículo 116 del Código Penal, que claramente establece los elementos que deben suscitarse para acreditarse la comisión de un homicidio; ante esa falencia, lo procedente es dictar una sentencia absolutoria a favor del acusado, pues no hay forma de encuadrar los hechos a ninguna norma penal; razones suficientes para declarar con lugar el recurso de casación por infracción de ley.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP 76-2020 que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Walter Raúl Miranda Sabio, en su calidad de Coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Díaz Flores, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-76-2020 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha siete de noviembre de año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Nacaome, departamento de Valle, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó a José Alcides García Rodríguez y José Antonio Ortiz Ávila, como autores responsables por el delito de Homicidio Simple, en perjuicio de Berlyn Omar Gómez Alvarado, a la pena de quince años y seis meses de reclusión, quedando sujetos a trabajar en obras públicas o labores dentro del establecimiento. SEGUNDO: Condenó a José Alcides García Rodríguez y José Antonio Ortiz Ávila, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la pena principal. TERCERO: Declaró la responsabilidad civil de los condenados con respecto a la indemnización de perjuicios irrogados a la familia del ofendido. CUARTO: Exoneró de las costas procesales, personales José Alcides García Rodríguez y José Antonio Ortiz Ávila. QUINTO: No procedió el comiso. Son partes en única instancia: Las abogadas Dinabel López Durón y Alba Regina Paniagua, en su condición de Defensoras Publicas de José Alcides García Rodríguez y José Antonio Ortiz Ávila, como parte recurrente y el abogado Salvador Cuestas Arévalo, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, como parte recurrida. I. HECHOS PROBADOS “PRIMERO.- Que el día cinco de Diciembre del año dos mil diecisiete, siendo aproximadamente las siete con cincuenta minutos de la noche, por la calle principal de la Aldea Concepción de María, Municipio de Langue, Departamento de valle, transitaba el señor Reynaldo Alvarado Garcia, observando que a diez metros delante de una rampa, estaban los ahora encausados JOSE ALCIDES GARCIA RODRIGUEZ y JOSE ANTONIO ORTIZ AVILA, portando ambos armas blancas, tipo machete, con sus ropas ensangrentadas y en el suelo estaba tirado en posición de cubito ventral ya sin vida el ahora occiso BERLYN OMAR GOMEZ ALVARADO. SEGUNDO: Una vez descubiertos en su ilícito accionar, los imputados JOSE ALCIDES GARCIA RODRIGUEZ Y JOSE ANTONIO ORTIZ AVILA amenazaron al testigo Reynaldo Alvarado García que si contaba lo sucedido lo matarían y le cortarían la lengua. TERCERO: Según dictamen del levantamiento cadavérico de fecha seis de Diciembre del año dos mil diecisiete, la causa de muerte del señor BERLYN OMAR GOMEZ ALVARADO fue por múltiples lesiones en cabeza, cara, tórax anterior derecho, hombro izquierdo, brazo derecho e izquierdo y antebrazo izquierdo, producidas por arma blanca, tipo machete.” II. RECURSO DE CASACIÓN: La recurrente abogada Mariel Yoscelin Santos Hernandez, en su condición de Defensora Publica de José Alcides Garcia Rodriguez y José Antonio Ortiz Avila, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “I. EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMER MOTIVOConforme a los hechos probados en la sentencia, los juzgadores aplican en forma indebida el precepto penal establecido en el artículo 116 del Código Penal.PRECEPTO AUTORIZANTEEl motivo enunciado se encuentra establecido en el artículo 360 del Código Procesal Penal.II. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACION Los hechos probados son la base de una sentencia; de ellos se desprenden los acontecimientos que han sido considerados como probados por parte de los juzgadores. De ahí que en toda sentencia debe haber una correspondencia entre las descripciones fácticas establecidas en los hechos probados y la tipificación penal que finalmente es dictada en el fallo. De acuerdo a nuestra jurisprudencia para que un recurso de casación por infracción de ley prospere "es necesario que tales defectuosidades se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados, provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de los mismos, que determina una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no pueda orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio, es decir, que resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo, y ello porque la 'quaestio facti' debe servir de apoyo y sustento a la calificación jurídica o “quaestio iuris” En el presente caso, el hecho considerado como probado no subsume ninguna acción ilícito ni el delito por el cual mis representados han sido injustamente condenados. Por lo anterior, los juzgadores han incurrido en una mala aplicación del artículo 116 del Código Penal, previamente señalado en la exposición de los motivos de casación. III. EXPLICACIÓN DEL PRIMER VICIO APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 116. El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 de Código Procesal Penal.- La norma penal que aplica indebidamente el sentenciador es el artículo 116 del Código Penal que establece: "Quien de a muerte a una persona sin recurrir las circunstancias que se mencionan en los siguientes artículos del presente capitulo, comete el delito de de homicidio simple, e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión".- La declaración de hechos probados constituye el cimiento de la sentencia penal, en ellos el juzgador plasma su criterio concluyente, declarando expresamente qué hechos estima acreditados conforme a los elementos de prueba aportados, de esa realidad concreta se extraen todas las consecuencias que de ella se deriven, entre éstas, la adecuación o no de ese cuadro fáctico al presupuesto normativo penal que se supone infringido. En el presente caso, el Tribunal ha establecido como hechos probados los que a continuación cito: "PRIMERO: "Que el dia cinco de Diciembre del año dos mil diecisiete, siendo aproximadamente las siete con cincuenta minutos de la noche, por la calle principal de la Aldea Concepción de Maria, Municipio de Langue, Departamento de Valle, transitaba el señor Reynaldo Alvarado García, observando que a diez metros delante de una rampa, estaban los ahora encausados JOSE ALCIDES GARCIA RODRIGUEZ Y JOSE ANTONIO ORTIZ AVILA, portando ambos armas blancas, tipo machete, con sus ropas ensangrentadas y en el suelo estaba tirado en posición de cubitos ventral ya sin vida el ahora occiso BERLYN OMAR GOMEZ ALVARADO. SEGUNDO: Una vez descubiertos en su ilícito accionar, los imputados JOSE ALCIDES GARCIA RODRIGUEZ Y JOSE ANTONIO ORTIZ AVILA, amenazaron al testigo Reynaldo Alvarado Garcia que si contaba lo sucedido lo matarían y le cortarían la lengua. TERCERO: Según dictamen del levantamiento cadavérico de fecha seis de diciembre del año dos mil diecisiete, la causa de la muerte del señor BERLYN OMAR GOMEZ ALVARADO, fue por múltiples lesiones en cabeza, cara, tórax anterior derecho, hombro izquierdo, brazo derecho e izquierdo y antebrazo izquierdo, producidas por arma blanca tipo machete." Como fácilmente se colige de los hechos probados de la sentencia, mis representados JOSE ALCIDES GARCIA RODRIGUEZ Y JOSE ANTONIO CRUZ, han sido injustamente condenados por el delito de HOMICIDIO SIMPLE, con base a lo anterior, los juzgadores han incurrido en un error al pretender condenar a mis representados por este delito, al analizar la conducta de mis representados es evidente que tal y como acontecieron los hechos y al tenor de los hechos, declarados como probados por el Tribunal de Sentencia de Nacaome departamento de Valle, no existen acciones por parte de mis representados tendientes o dirigidas a dar muerte a BERLYN OMAR GOMEZ ALVARADO, el estar parados junto al cuerpo del ofendido no los convierte en ninguno modo en autores del hecho. En el presente caso, los hechos considerados como probados no subsumen la comisión de acciones típicas, antijurídicas, culpable y punibles por parte de alguna persona para quitarle la vida al señor BERLIN OMAR GOMEZ ALVARADO, mucho menos los elementos subjetivos que el tipo de penal de HOMICIDIO exige, por lo cual resulta injusta la condena que se le dictado a mis representados. Con el presente motivo de casación pretendo que, al no existir una correcta aplicación de la norma penal sustantiva en relación a lo declarado como hecho probado, se someta a control de logicidad de la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a efecto de que declare CON LUGAR el motivo de casación anteriormente expuesto, dictando una sentencia absolutoria para los señores JOSE ALCIDES GARCIA RODRIGUEZ Y JOSE ANTONIO CRUZ.” Fundamentación Del Recurso de Casación por Infracción de Ley Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la Infracción en un Recurso de Casación por Infracción de Ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto Penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma Extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser “observadas para la aplicación de la ley penal”, por ejemplo, las leyes penales en blanco, que son aquellas que, señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal: “La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto”. Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión por parte del juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación hecha por el juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. Único Motivo Norma autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. Norma sustantiva que se denuncia infringida: artículo 116 del Código Penal. Concepto de la infracción: Aplicación Indebida del artículo 116 referente al delito de homicidio simple. Pretensión: Que se dicte una sentencia absolutoria. Explicó el recurrente que, conforme a los hechos declarados probados por el sentenciador, no aparecen los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de homicidio, pues el verbo rector “matar” no concurre en los hechos probados, es decir no se da por acreditado que los señores José Alcides García Rodríguez y José Antonio Ortiz Ávila, hayan cometido la acción de matar al ofendido Berlyn Omar Gómez Alvarado. Del delito de Homicidio Simple. El Código Penal hondureño recoge (Libro II, título I), bajo la rúbrica «Delitos contra la vida y la integridad corporal», cuatro capítulos dedicados, respectivamente, a los delitos de homicidio, aborto, lesiones y abandono de niños y de personas desvalidas. El legislador ha ordenado sistemáticamente los delitos en función de los bienes jurídicos protegidos, ocupándose en primer lugar de las conductas con un mayor desvalor social, como son los ataques contra la vida humana, tanto independiente como dependiente, para seguir con los delitos que afectan a la integridad física del individuo. El artículo 116 del Código Penal hondureño establece: Quien dé muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en los siguientes artículos del presente Capítulo, comete el delito de homicidio simple e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión. La pena será de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión, cuando la víctima del delito fuese autoridad judicial, policial, miembro del Ministerio Público, funcionario o empleado de Centros Penales, cuando el delito fuese cometido con ocasión o en el ejercicio de su cargo o función. a) Bien jurídico protegido. El bien jurídico protegido es la vida humana, derecho inviolable de todas las personas (hondureños y extranjeros) protegido por los artículos 61 y 65 de la Constitución de la República y concebido por el Tribunal Constitucional español como soporte ontológico del resto de derechos fundamentales de la persona. También los tratados internacionales suscritos y ratificados por Honduras reconocen este derecho. Así aparece en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas (1948); en el artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948); en el artículo 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York (1966); y en el artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (1969). En todos los delitos contra la vida humana independiente se tutela la vida desde su inicio –nacimiento- hasta su finalización –muerte-. Algo tan aparentemente sencillo se complica a la hora de concretar sus límites. Se trata de un fenómeno biológico, pero con decisivas repercusiones jurídico-penales. Por un lado, el momento del nacimiento marcará la frontera entre el aborto y el homicidio; y, por otro, la muerte lo hará entre el homicidio y el delito imposible. b) Sujetos. Se distingue en los dos párrafos del precepto un tipo básico y un tipo cualificado o agravado por la cualidad del sujeto pasivo. a) Sujeto activo y pasivo del tipo básico. Cualquier persona puede ser autor o víctima del delito de homicidio, sin más limitación que las derivadas del concurso de leyes, cuyas reglas para seleccionar la norma aplicable se encuentran en el artículo 2-A del Código Penal. Aun sin decirlo expresamente, también el artículo 116, en su primer inciso, establece un criterio de selección de la norma aplicable en caso de concurso de leyes: «Quien dé muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en los siguientes artículos del presente Capítulo, comete el delito de homicidio simple». Es decir, el propio precepto señala implícitamente su carácter de tipo genérico, de aplicación subsidiaria frente a los tipos específicos que se mencionan en los siguientes artículos. Así pues, si el sujeto pasivo es un ascendiente, descendiente, cónyuge o persona con la que el sujeto activo haga vida marital, su muerte sería constitutiva del delito de parricidio (art. 118 del CP), por aplicación del criterio de especialidad (lex specialis derogat lex generalis), contenido tanto en el artículo 2A.1 como en el propio artículo 116, inciso primero, del CP. Ello es así porque el tipo del parricidio contiene las características generales del homicidio (matar a una persona) y otra más específica (la relación parental o marital entre el autor y su víctima). Un parricidio es también un homicidio y, si no estuviera específicamente tipificado en el Código Penal, podría ser castigado como homicidio; el parricidio, como tipo más específico, desplaza al homicidio, como tipo más genérico. Del mismo modo, dar muerte a un Jefe de Estado o Jefe de Gobierno extranjero que se hallase en Honduras en carácter oficial sería un delito contra el derecho de gentes (art. 318 CP), de aplicación preferente, por su especialidad, sobre el homicidio. También el genocidio (art. 319, numeral 1, del CP) o el dar muerte al presidente de un Poder del Estado (art. 322 del CP), son tipos preferentes al homicidio. c) La conducta típica. El homicidio consiste en «dar muerte» a otra persona. Se trata de Un tipo «prohibitivo de causar». Lo que se prohíbe es causar la muerte, con independencia de cómo se produzca. De ahí que, a tal efecto, se admitan no solo los medios materiales sino también los morales o psíquicos. Estos últimos son aquéllos que no operan directamente sobre el cuerpo de la víctima (piénsese, por ejemplo, en proporcionar un terrible sobresalto a una persona de edad avanzada con problemas cardíacos, con intención de provocar su muerte). La dificultad de estos casos, ciertamente anómalos, no radica en su admisibilidad como idóneos para constituir un delito de homicidio, sino en la acreditación de la relación de causalidad. d) Culpabilidad. El delito de homicidio admite las dos formas de imputación subjetiva: dolo y culpa. El legislador hondureño ha decidido tipificarlos por separado, de suerte que el que ahora nos ocupa (art. 116 del CP) exige dolo en la acción, mientras que el homicidio culposo se regula en el artículo 121, que examinaremos más adelante. Los principales problemas que se nos plantean son los relativos al dolo eventual, a la acreditación del ánimo de matar (animus necandi) y a la cuestión del «homicidio preterintencional». a) El dolo eventual. El ánimo homicida se cubre tanto con el dolo directo como con el dolo eventual (por lo demás, muy frecuente en este delito). En el homicidio doloso el autor sabe que mata a otra persona y quiere hacerlo o, por lo menos, se representa su muerte como una consecuencia inevitable de su acción (dolo de consecuencias necesarias). Para que concurra dolo eventual basta con que el autor haya previsto la muerte de otra persona como una consecuencia altamente probable de su acción (doctrina de la probabilidad o representación) o haya aceptado en última instancia que aquel resultado se produzca (Teoría del Consentimiento). Así, aunque no se persiguiera directamente, se acepta el resultado, al preferir la ejecución de la acción peligrosa a la evitación de sus posibles consecuencias. No importa, por tanto, para la existencia de dolo eventual, que el autor no desease el resultado o que tuviera la «esperanza» de que aquél no se produjera. Lo importante es que sea consciente del concreto y grave peligro generado por su acción y continúe adelante con la misma. b) Ánimo de matar. El ánimo o intención de matar (animus necandi) es un elemento subjetivo del injusto, inaccesible si no es a partir de los actos de carácter objetivo que exteriorizan tal intención. Los actos precedentes, simultáneos y posteriores a la acción del agente, son datos que, valorados conforme a las leyes de la lógica y de la experiencia, servirán para acreditar si hubo o no ánimo de matar. Se trata, como dice la STS de 24 de marzo de 2005, de averiguar «mediante prueba inferencial, a falta de una confesión de intencionalidad patente del acusado, acerca de la existencia de animus necandi o animus laedendi, que presida su actuar». En palabras de la STS de 13 de octubre de 2004(60), «como esa indagación aparece dificultada, por pertenecer a lo más interno del hombre, al arcano de la conducta, hemos de deducirlo a través de los hechos que sí pueden ser apreciados por los sentidos, es decir, habrá de deducirse racionalmente de los hechos externos, anteriores, posteriores o coetáneos realizados por el agresor que permitan descubrir la intencionalidad del autor. Deducción que habrá de ser lógica y racional y debidamente exteriorizada por el juzgador en la motivación de la sentencia para posibilitar el conocimiento del camino deductivo empleado y facilitar, en su caso, la impugnación casacional». Más en general, y entre los múltiples signos externos que deben tenerse en consideración para determinar el ánimo de matar, una jurisprudencia pacífica (SSTS, entre otras muchas, de 5 de octubre de 2004 [RJ 2004\6301] y 3 de febrero de 2005 [RJ 2005\2193]) señala los siguientes: a) Los antecedentes de hecho y las previas relaciones entre el agresor y la víctima b) La clase de arma o instrumento utilizado y su capacidad vulnerante. c) La zona o zonas del cuerpo a que se haya dirigido la agresión, en especial si allí existen órganos vitales. d) La intensidad y persistencia del ataque, con el número de los golpes inferidos a la víctima. e) La actitud, gestos y expresiones vertidas por el autor durante el ataque y su reacción con posterioridad a los hechos. f) Las condiciones del lugar, tiempo y demás circunstancias conexas o concomitantes con la acción. g) La causa o motivación de la agresión. h) La entidad y gravedad de las heridas causadas. Entre estos indicios, hay que considerar especialmente relevantes la naturaleza del arma o instrumento empleado y la zona del cuerpo atacada. De esta forma, un disparo con un arma de fuego dirigido a la cabeza, al cuello, o al tórax o región abdominal, han de calificarse como homicidio en grado de ejecución de tentativa, aunque finalmente las lesiones causadas pudieran ser de escasa entidad en el caso de que la bala no alcanzara plenamente el cuerpo, y provocara un rasguño o herida superficial. De la Procedencia del Recurso. El Motivo es de Recibo. Analiza esta Sala de lo Penal los planteamientos del recurrente, así como el cuadro fáctico declarado como probado por el A-quo y en efecto no encuentra en el desarrollo de los mismos, los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de homicidio, es decir cuáles fueron las acciones que realizaron los acusados José Alcides García Rodríguez y José Antonio Ortiz Ávila, para quitarle la vida al ofendido Berlyn Omar Gómez Alvarado. Los hechos probados relatan que, el día cinco de Diciembre del año dos mil diecisiete, siendo aproximadamente las siete con cincuenta minutos de la noche, por la calle principal de la Aldea Concepción de María, Municipio de Langue, Departamento de Valle, transitaba el señor Reynaldo Alvarado García, observando que a diez metros delante de una rampa, estaban los ahora encausados José Alcides García Rodríguez y José Antonio Ortiz Ávila, portando ambos armas blancas, tipo machete, con sus ropas ensangrentadas y en el suelo estaba tirado en posición de cubito ventral ya sin vida el ahora occiso Berlín Omar Gómez Alvarado: Una vez descubiertos en su ilícito accionar, los imputados José Alcides García Rodríguez y José Antonio Ortiz Ávila, amenazaron al testigo Reynaldo Alvarado García que si contaba lo sucedido lo matarían y le cortarían la lengua. Según dictamen del levantamiento cadavérico de fecha seis de diciembre del año dos mil diecisiete, la causa de muerte del señor Berlyn Omar Gómez Alvarado, fue por múltiples lesiones en cabeza, cara, tórax anterior derecho, hombro izquierdo, brazo derecho e izquierdo y antebrazo izquierdo, producidas por arma blanca, tipo machete. Esta Sala de lo Penal, al revisar los hechos probados, no encuentra cuales fueron las acciones realizadas por los acusados José Alcides García Rodríguez y José Antonio Ortiz Ávila, para quitarle la vida al ahora occiso Berlyn Omar Gómez Alvarado; de los hechos queda claro que el señor Reynaldo Alvarado García, observa diez metros a los acusados, portando armas blancas tipo machete, con sus ropas ensangrentadas y en el suelo estaba tirado sin vida el ofendido Berlyn Omar Gómez Alvarado, pero el sentenciador ha omitido relatar las acciones realizadas por los acusados, que hayan provocado su muerte, tampoco establece el Juez A-quo en los hechos cuál es ese “ilícito accionar” que establece en el hecho segundo, en que consistió ese actuar que según el sentenciador es ilícito. Al no conformarse en el cuadro fáctico el verbo rector “matar”, ni tampoco el ánimo o la intencionalidad del acusado, no encontramos armonía entre los hechos probados y la norma penal utilizada por el juzgador, es decir el artículo 116 del Código Penal, que claramente establece los elementos que deben suscitarse para acreditarse la comisión de un homicidio; ante esa falencia, lo procedente es dictar una sentencia absolutoria a favor del acusado, pues no hay forma de encuadrar los hechos a ninguna norma penal; razones suficientes para declarar con lugar el recurso de casación por infracción de ley. Decisión: Se declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto por la Defensa Pública. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 116 del Código Penal. Falla: Primero: Declara Ha Lugar el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo, interpuesto por la Abogada Mariel Yoscelin Santos Hernández, en su condición de defensora pública de los señores José Alcides García Rodríguez y José Antonio Ortiz Ávila. Segundo: Revoca la sentencia de fecha siete (7) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), dictada por el Tribunal de Sentencia de Nacaome, Departamento de Valle. Tercero: Casa la sentencia recurrida, por lo que absuelve de toda responsabilidad penal a los señores José Alcides García Rodríguez y José Antonio Ortiz Ávila, del delito de Homicidio Simple, en perjuicio de Berlyn Omar Gómez Alvarado; en consecuencia, ordena su libertad inmediata y que se le otorgue la carta de libertad correspondiente. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. Redactó Magistrado Díaz Flores. Notifíquese. Firmas y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas.-. Receptora ADSCRITA SALA de lo Penal.”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de diciembre de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP 76-2020.RINA KORITZA SANDOVAL NAVASRECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL