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Sentencia CP-638-19 — Registro 17986

Resumen

En primer instancia se absuelve al acusado por el delito de homicidio culposo, se declara sin lugar el recurso interpuesto por el Ministerio Público

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El recurso no es de recibo. La Sala de lo Penal, destaca lo establecido en el artículo 202 del Código Procesal Penal, donde establece que el sistema de valoración de la prueba es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no, y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica, en concreto, sobre la regla lógica de derivación. En el caso actual y presente, el Ministerio Público denuncia que el sentenciador infringió la regla de la lógica de derivación en su principio de razón suficiente, cuando no valoro de manera armónica, ya que el juzgador al momento de valorar las pruebas se apartó de las reglas de la sana critica, debiendo el sentenciador apreciar la prueba aportada por el Ministerio Público. Para esta Sala, es importante aclarar que, al conocer de los Recursos de Casación por el motivo alegado por el recurrente, de no haberse observado las reglas de la Sana Crítica el control casacional se ocupa de establecer si hay validez en las pruebas, si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, (lógica, experiencia y psicología) y si la motivación es expresa, clara, completa y emitida de acuerdo a las normas legales aplicables al caso concreto. Dentro de las reglas de la lógica encontramos las leyes fundamentales de la derivación, que no es más que las conclusiones deben ir concordando, o sea a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella, para ello la motivación debe ser verdadera o auténtica. En el presente caso que nos ocupa y sin el ánimo de prejuzgar sobre el fondo del asunto, esta Sala de lo Penal, considera que los jueces sentenciadores no irrespetaron las reglas de la Sana Crítica, en concreto las reglas de la lógica, así las cosas, la Sala de lo Penal verifica a folio vuelto al folio 786 vuelto y 787 del expediente al analizar los razonamientos que utilizó el Juez A-quo para valorar la prueba: ‘’ Apreciándose así mismo en este punto, que cuando el oficio descrito anteriormente de fecha 28 de junio fue puesto en conocimiento del director de dicho Centro Penitenciario este si le dio cumplimiento a dicha orden judicial pues como quedo acreditado el señor Luis Miguel Maradiaga quedo instalado en el área de diagnostico desde su ingreso al centro penitenciario, y si bien establecía que el señor Luis Miguel Maradiaga tenia enemistades en el centro penitenciario, no se sabia quienes eran estos ni donde se encontraban ubicados, permaneciendo en consecuencia en dicha área hasta que posteriormente se generara su movimiento a raíz de lo sugerido por la Alcaidia, como anteriormente se ha descrito… toda la prueba de cargo ha resultado útil únicamente para acreditar que efectivamente en la tarde del día 3 de agosto del 2009 ocurrió una comisión del hecho en el módulo de sentenciados 1 de la Penitenciaria Nacional. Como lo es la muerte de Luis Miguel Maradiaga sin embargo, con la prueba de cargo aportada en juico no ha sido posible estimar que el acusado Jose Ronmel rivera Orellana haya tenido algún tipo de participación o colaboración con el mismo al hacer caso omiso a la orden de resguardar la integridad física de la víctima, por cuanto la nota que enviase el Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán fue recibida posteriormente al traslado que el Alcaide recomendó al Director de dicho Centro Penitenciario .’’, se puede determinar que sus conjeturas son coherentes, fundadas y lógicas, pues las mismas se derivan del resultado probatorio, efectuando una apreciación no sólo individual de cada medio probatorio, sino que logró una valoración conjunta y armónica de toda la prueba, en cuyos raciocinios se ha visto la utilización de las Reglas de la Sana Crítica. Denotando que la responsabilidad del Director del centro penitenciario fue garantizar la seguridad, el orden y cumplimiento de los derechos humanos del recluso ya que quedó acreditado que el occiso Luis Miguel Maradiaga fue trasladado desde el momento que se recibió el oficio por parte del juzgado de Letras de lo Penal y fue así que el Director velo por la seguridad del mismo, si bien es cierto el mismo manifestó que tenia con enemistades no se pudo establecer de dónde venían las amenazas por lo cual es dificultoso generar un movimiento. Y si bien es cierto en fecha 3 de agosto del 2009 nuevamente se recibió un oficio solicitando el traslado del occiso, el Tribunal estableció en su valoración que dicho oficio fue recibido posteriormente al momento que sucedieron los hechos, por lo tanto, lo que constituye una conclusión correctamente derivada, acreditándose que la voluntad del director del Centro Penitenciario fue dar cumplimento a una orden emanada por la autoridad y por circunstancias ajenas a la voluntad de el se suscitó el hecho, ya que fue difícil de cumplir la orden por cuestión de tiempo. Implicando entonces que no existe violación a las reglas de la sana crítica, tal como erróneamente ha señalado el recurrente. En consecuencia, de lo anterior, se declara sin lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por el Ministerio Público.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP 638-2019 que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Walter Raúl Miranda Sabio, en su calidad de Coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Rubenia Esperanza Galeano Barralaga, quien integra por excusa justificada del Magistrado Mario Rolando Díaz Flores, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-638-2019 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: PRIMERO: Absolvió a José Ronmel Rivera Orellana, por el delito de Homicidio Culposo, en perjuicio de Luis Miguel Maradiaga. SEGUNDO: No procedió la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el Ministerio Público. TERCERO: No procedió el comiso. CUARTO: No procedió declarar responsabilidad civil de José Ronmel Rivera Orellana. Son partes en única instancia: La abogada Paz Yamileth Reyes Valdiviezo, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, como parte recurrente y el abogado Tito Hernández Salgado en su condición de defensor Privado de José Ronmel Rivera Orellana, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “UNICO: Que en fecha 3 de agosto del año dos mil nueve en las instalaciones del centro penal "Marco Aurelio Soto" ubicado en la aldea de Tamara, Francisco Morazán, murió el señor Luis Miguel Maradiaga a consecuencia de haber recibido veintisiete (27) heridas producidas por arma blanca.” RECURSO DE CASACIÓN: La recurrente abogada Paz Yamileth Reyes Valdiviezo, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION UNICO MOTIVO: "No haber Observado el Sentenciador en la Valoración de la Prueba las Reglas de la Sana Critica”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Articulo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: La conclusión a la cual arribó el A quo, a criterio del Ente Acusador no es más que un claro ejemplo del resultado de una valoración de la prueba de cargo que a todas luces vulnera las Reglas de la Sana Critica; es por ello, que para evitar la impunidad en este caso, se torna de vital importancia que vosotros Honorables Magistrados, reviséis el proceso lógico de razonamiento que siguió el Tribunal de Sentencia al examinar cada una de las probanzas que se allegaron al proceso y así evidenciar la Inobservancia de la regla lógica en su postulado de Derivación, integrado por el principio do razón suficiente en su característica de suficiencia. El fallo que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra las reglas de la Sana Critica a observarse en la valoración de la prueba, por cuanto la conclusión dispositiva del A-quo respecto a la absolución por el delito de Homicidio Culposo, evidentemente infringe la reglas de la lógica, específicamente en el postulado de derivación, en el principio de razón suficiente, ya que su decisión carece de sustento proveniente del contenido de la probanza evacuada en el juicio, produciendo consecuentemente, una valoración fáctica alejada del sistema del recto entendimiento humano, al estimar que no se acredito la tesis de la acusación de Homicidio Culposo, pues a su criterio, "toda la prueba de cargo ha resultado útil únicamente para acreditar que efectivamente en la tarde del día 3 de agosto del 2009 ocurrió la comisión del hecho en el módulo de sentenciados 1 de la Penitenciaria Nacional, como es la muerte de Luis Miguel Maradiaga". En atención a la anterior consideración el Tribunal, estimó que "la prueba de cargo aportada en juicio no ha sido posible estimar que el acusado José Ronmel Rivera Orellana haya tenido algún tipo de participación o colaboración con el mismo al hacer caso omiso a la orden de resguardar la integridad física de la víctima, por cuanto la nota que enviase el Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán, fue recibida posteriormente al traslado que el Alcalde recomendó al Director de dicho Centro Penitenciario". (ver último párrafo de la Valoración Conjunta de la Prueba de Cargo). Consideramos las anteriores apreciaciones apartadas de una valoración realizada conforme a las reglas de la Sana Critica, pues con la prueba aportada por el Ministerio Público, se acredito que el encausado inobservó una orden emitida por la autoridad judicial, y dejó de considerar la situación personal de la víctima Luis Miguel Maradiaga, en el sentido de que peligraba su vida si era trasladado a las celdas de sentenciados, y de esta situación, la prueba fue suficiente y contundente en demostrar que el acusado tenía conocimiento del peligro que tenía la víctima, pues en fecha 28 de Julio del 2009 la abogada Alina Armida Aguilera Peralta en su condición de Juez de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, ordenó que se le brindara la protección requerida al señor Luis Miguel Maradiaga a quien se le habla decretado la medida cautelar de Prisión Preventiva, y que dicha medida debería de cumplirla en celdas donde estuviese separado de las personas condenadas. El Tribunal hace a referencia a que la nota de fecha 3 de agosto del 2009 extendida por la abogada Mildra Castillo Juez de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, fue recibida por el señor José Ronmel Rivera Orellana, posterior a los hechos de la muerte del señor Luis Miguel Maradiaga, afirmación que infringió la regla de la veracidad pues no se desprende de la prueba evacuada, pues con la declaración de la testigo Rosibel Gómez en su condición de asesora Legal de la Penitenciaria Nacional, se acredito que el oficio antes mencionado fue recibido en ese Centro Penitenciario el 3 de agosto del 2009 a las 17 28 (5.28 de la tarde) y que el mismo fue entregado al Director de ese Centro Penitenciario cinco minutos después de su recepción, y con el libro del Comandante de guardia se acredito que a las 18:05 horas (6.05 pm) hubo reporte de que en el Módulo de sentenciados 1 habla muerto el señor Luis Miguel Maradiaga, acreditándose con ellos que la recepción del oficio emitido por la abogada Mildra Castillo, fue anterior a la muerte del ofendido. Por lo que reiteramos de que el acusado José Ronmel Rivera Orellana, tenla conocimiento de que el ofendido no podía estar en el módulo de Sentenciados ya que la víctima habla manifestado que temía por su vida desde el 28 de Julio del 2009, fecha en que la abogada Alina Armida Aguilera Peralta en la condición antes mencionada también había remitido oficio a ese centro penitenciario, informando al acusado las circunstancias de peligro del señor Luis Maradiaga. Tomando en consideración lo antes señalado, vemos que la afirmación del Tribunal expuesta en el apartado de Valoración de la Prueba, ha establecido que "si bien es cierto el relato vertido por Rosibel Gómez ésta aseguró haber recibido un documento proveniente del Juzgado de Letras del Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán tal y como se probó con la prueba de cargo del Ministerio Público y que a su vez detalla que dicha nota fue recibida en el Centro Penitenciario el 3 de agosto del 2009 a las cinco y veintiocho minutos de la tarde (5.28 pm), cuando los hechos ya habla ocurrido como también quedó acreditada tal circunstancia con la prueba documental referente a una copia certificada del listado de 16 internos de fecha 3 de agosto del 2009, y que fuese emitido por la Alcaidía del Centro Penitenciario pues esta va dirigida al Director del Centro Penitenciario José Ronmel Rivera Orellana donde recomienda el traslado de 16 internos por haber cumplido el tiempo de adaptación, a su vez las inspecciones a los libros de novedades de Sentenciados del comandante de guardia y del oficial del día se establece que el día 3 de agosto del 2009 hubo un acontecimiento en el cual perdió la vida el interno Luis Miguel Maradiaga a manos de otro interno de nombre Jorge Alberto Vásquez" Apreciaciones que consideramos erróneas y alejadas del recto entendimiento humano, pues el contenido de los supra indicados medios de prueba, conduce a la Ineludible conclusión de que el imputado ejecutó los elementos del artículo 121 del Código Penal, que comprende la figura de Homicidio Culposo, en vista de que a lo largo de todo el proceso se demostró que el hoy encartado tenía conocimiento de que el señor Luis Miguel Maradiaga debla de permanecer separado de las personas condenadas y brindarle la protección requerida al caso, desde el 28 de julio del 2009. razón por la cual no era desconocido para el imputado que el ofendido al ser traslado a las celdas de los sentenciados corría el riesgo que se le causara la muerte, ya que este manifestó temer por su vida, tal como sucedió, y con su actuar desobedeció la orden emitida por las jueces de letras de lo Penal de Francisco Morazán y con ello se produjo el efecto dañoso como ser la muerte del señor Luis Miguel Maradiaga. Por otra parte, que el Tribunal afirme que el oficio de fecha 3 de agosto del 2009 fue recibido después del ocurrido los hechos, esto es falaz ya que se demostró tanto con la declaración de Rosibel Gómez Núñez como con la copia autenticada del oficio judicial de fecha 3 de agosto del 2009, emitido por la abogada Mildra que este fue recibido ese mismo día a las 17.28 horas, antes de que ocurriera la muerte del ofendido, además, como ya lo señalamos anteriormente, independientemente de que este último oficio fue recibido con anticipación a la muerte de señor Maradiaga, ya el acusado tenía pleno conocimiento de la situación de peligro que este corría pues se le había informado formalmente desde la fecha 28 de julio del 2009, por lo que no había razón alguna para que el acusado dejara de tomar en cuenta y obedecer la orden judicial emitida en esta fecha, razón por la cual con la prueba de cargo quedó plenamente demostrada la responsabilidad del acusado en los hechos por los cuales fue llevado a juicio, ya que este a pesar de tener conocimiento del riesgo que corría el señor Luis Miguel Maradiaga, desobedece la orden emitida por las jueces de Letras antes mencionadas; y con dicha actuar del enjuiciado se cumplen los requisitos exigidos por la norma penal para la configuración del delito de Homicidio Culposo; de manera, que al no concluir el Tribunal que el acusado es responsable a título de autor del ilícito penal de Homicidio Culposo, ha incurrido en inobservancia a las reglas de la sana crítica, específicamente infringió la Regla Lógica en el postulado de la Derivación integrado por el principio de razón suficiente, en su característica de Suficiencia y Veracidad. Por lo antes indicado, es evidente que la prueba aportada en juicio fue suficiente y contundente para que se estableciera la participación de JOSÉ RONMEL RIVERA ORELLANA en la comisión de los hechos por los cuales fue sometido a proceso. siendo evidente que el juzgador con el Fallo Absolutorio por el delito de HOMICIDO CULPOSO, incumple lo expresado por la Honorable Sala de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia, quien ha establecido lo siguiente: "En este sentido, la verificación de la existencia de prueba de cargo suficiente, requiere una triple comprobación. En primer lugar, que el tribunal de Instancia haya apoyado su relato fáctico, en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. En segundo lugar, que las pruebas sean válidas, es decir, que hayan sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica, y en Tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparte de las reglas de la lógica, de las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos y que no es, por tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea" La Sala de lo Penal en la sentencia SP 381-2018 de fecha dos días del mes de noviembre de dos mil dieciocho a establecido que: "Los requisitos del homicidio culposo son los siguientes: En primer lugar, una acción u omisión voluntaria que crea una situación de riesgo previsible y evitable para bienes jurídicamente protegidos (En este caso para la vida humana); en segundo lugar, la infracción de una norma de cuidado que obliga, bien a advertir el riesgo que se crea con la acción u omisión, bien a evitar que el riesgo se concrete en una efectiva lesión, obligaciones que dan lugar respectivamente, si se infringen, a la culpa inconsciente por no haber sido advertido el riesgo y a la culpa consciente por no haber sido evitada la lesión, sin que forzosamente haya de considerarse más grave la consciente que la inconsciente: y. por último, la producción de un resultado dañoso -muerte de una persona- derivado de aquella descuidada conducta, de forma que entre ésta y el daño exista una adecuada relación de causalidad por ende, con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Critica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo la reglas de la lógica, específicamente en el postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente y Veracidad ya que de la probanza antes señalada se desprende sin lugar a dudas que el acusado José Ronmel Rivera Orellana si es responsable de los hechos por los cuales fue sometido a juicio, cumpliendo estos hechos, con los elementos del delito tipificado en el artículo 121 del Código Penal, es decir, que estamos ante el delito de Homicidio Culposo. En consecuencia y en este orden de resultados obtenidos de la prueba evacuada en el proceso, el Ministerio Público no logra extraer la razón por la cual el sentenciador dejó de valorar el contenido de las mismas, ya que al ser analizada de manera conjunta y armónica, conducen todas ellas a la inexorable conclusión de que el imputado si perpetró el hecho delictivo por el cual fue enjuiciado. En resumen, si el Juzgador se hubiese apegado a la observación Irrestricta de las reglas integrantes de la Sana Critica al momento de valorar la prueba evacuada tal como hemos señalado, y hubiese considerado la misma en su conjunto, el resultado del proceso hubiese sido un fallo distinto al emitido, es decir, un fallo condenatorio y por ende, ajustado a derecho. En consecuencia, instamos a Vosotros Honorables Magistrados a que se le dé la oportunidad al Ministerio Público en un nuevo debate, para lograr la realización de justicia en el caso que hoy nos ocupó, haciendo la aclaración de que el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, se produjo en el acto mismo de sentenciar, razón por la cual no se hizo reclamo anterior.” Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; Norma procesal infringida: Sin definir; Concepto de la Infracción: Inobservancia de las reglas de la sana crítica; Reclamación Ex Ante: El vicio que fundamenta la infracción por quebrantamiento de forma, fue cometido al momento de pronunciar la sentencia, siendo imposible su reclamación para subsanación; Pretensión: Que se declare ha lugar el recurso y se anule la sentencia. Arguye la recurrente que el juzgador al momento de valorar las pruebas se apartó de las reglas de la sana critica, infringiendo las reglas de la lógica, especialmente en el postulado de derivación, en el principio de razón suficiente, ya que la decisión del Tribunal carece de sustento proveniente del contenido de la probanza evacuada en el juicio; en virtud que con la prueba aportada del Ministerio Público se acredito que el encausado inobservo una orden emitida por la autoridad judicial, y dejo de considerar que el ofendido no podía estar en el módulo de Sentenciados ya que la víctima había manifestado que temía por su vida y que en fechas 28 de Julio del 2009 y 3 de agosto de 2009, el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, remitió oficio a ese centro penitenciario, ordenando se le brindara la protección requerida. De las Reglas de la Sana Crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que:“… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: I. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. La Sala de lo Penal, destaca lo establecido en el artículo 202 del Código Procesal Penal, donde establece que el sistema de valoración de la prueba es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no, y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica, en concreto, sobre la regla lógica de derivación. En el caso actual y presente, el Ministerio Público denuncia que el sentenciador infringió la regla de la lógica de derivación en su principio de razón suficiente, cuando no valoro de manera armónica, ya que el juzgador al momento de valorar las pruebas se apartó de las reglas de la sana critica, debiendo el sentenciador apreciar la prueba aportada por el Ministerio Público. Para esta Sala, es importante aclarar que, al conocer de los Recursos de Casación por el motivo alegado por el recurrente, de no haberse observado las reglas de la Sana Crítica el control casacional se ocupa de establecer si hay validez en las pruebas, si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, (lógica, experiencia y psicología) y si la motivación es expresa, clara, completa y emitida de acuerdo a las normas legales aplicables al caso concreto. Dentro de las reglas de la lógica encontramos las leyes fundamentales de la derivación, que no es más que las conclusiones deben ir concordando, o sea a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella, para ello la motivación debe ser verdadera o auténtica. En el presente caso que nos ocupa y sin el ánimo de prejuzgar sobre el fondo del asunto, esta Sala de lo Penal, considera que los jueces sentenciadores no irrespetaron las reglas de la Sana Crítica, en concreto las reglas de la lógica, así las cosas, la Sala de lo Penal verifica a folio vuelto al folio 786 vuelto y 787 del expediente al analizar los razonamientos que utilizó el Juez A-quo para valorar la prueba: ‘’ Apreciándose así mismo en este punto, que cuando el oficio descrito anteriormente de fecha 28 de junio fue puesto en conocimiento del director de dicho Centro Penitenciario este si le dio cumplimiento a dicha orden judicial pues como quedo acreditado el señor Luis Miguel Maradiaga quedo instalado en el área de diagnostico desde su ingreso al centro penitenciario, y si bien establecía que el señor Luis Miguel Maradiaga tenia enemistades en el centro penitenciario, no se sabia quienes eran estos ni donde se encontraban ubicados, permaneciendo en consecuencia en dicha área hasta que posteriormente se generara su movimiento a raíz de lo sugerido por la Alcaidia, como anteriormente se ha descrito… toda la prueba de cargo ha resultado útil únicamente para acreditar que efectivamente en la tarde del día 3 de agosto del 2009 ocurrió una comisión del hecho en el módulo de sentenciados 1 de la Penitenciaria Nacional. Como lo es la muerte de Luis Miguel Maradiaga sin embargo, con la prueba de cargo aportada en juico no ha sido posible estimar que el acusado Jose Ronmel rivera Orellana haya tenido algún tipo de participación o colaboración con el mismo al hacer caso omiso a la orden de resguardar la integridad física de la víctima, por cuanto la nota que enviase el Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán fue recibida posteriormente al traslado que el Alcaide recomendó al Director de dicho Centro Penitenciario .’’, se puede determinar que sus conjeturas son coherentes, fundadas y lógicas, pues las mismas se derivan del resultado probatorio, efectuando una apreciación no sólo individual de cada medio probatorio, sino que logró una valoración conjunta y armónica de toda la prueba, en cuyos raciocinios se ha visto la utilización de las Reglas de la Sana Crítica. Denotando que la responsabilidad del Director del centro penitenciario fue garantizar la seguridad, el orden y cumplimiento de los derechos humanos del recluso ya que quedó acreditado que el occiso Luis Miguel Maradiaga fue trasladado desde el momento que se recibió el oficio por parte del juzgado de Letras de lo Penal y fue así que el Director velo por la seguridad del mismo, si bien es cierto el mismo manifestó que tenia con enemistades no se pudo establecer de dónde venían las amenazas por lo cual es dificultoso generar un movimiento. Y si bien es cierto en fecha 3 de agosto del 2009 nuevamente se recibió un oficio solicitando el traslado del occiso, el Tribunal estableció en su valoración que dicho oficio fue recibido posteriormente al momento que sucedieron los hechos, por lo tanto, lo que constituye una conclusión correctamente derivada, acreditándose que la voluntad del director del Centro Penitenciario fue dar cumplimento a una orden emanada por la autoridad y por circunstancias ajenas a la voluntad de el se suscitó el hecho, ya que fue difícil de cumplir la orden por cuestión de tiempo. Implicando entonces que no existe violación a las reglas de la sana crítica, tal como erróneamente ha señalado el recurrente. En consecuencia, de lo anterior, se declara sin lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por el Ministerio Público. Decisión Se declara No Ha Lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma, en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360, 362 y 363 del Código Procesal Penal. FALLA: 1) Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por la Abogada Paz Yamileth Reyes Valdiviezo, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público; 2) Declara Firme la sentencia absolutoria de fecha dieciséis de agosto del dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, del Departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. Redacto Magistrado Mairena Franco. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Rubenia Esperanza Galeano Barralaga. Magistrada. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas.-. Receptora Adscrita Sala de lo Penal.”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de agosto de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada a los veintitrés días del mes de noviembre de dos mil veintitrès, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP 638-2019.

RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS

RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL