Sentencia CP-620-19 — Registro 17099
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y se Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"... DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la APLICACIÓN de la Ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la Sentencia. El Recurso de Casación por Infracción de Ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el Juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la Infracción en un Recurso de Casación por Infracción de ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma extra penal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser "observadas para la aplicación de la ley penal", por ejemplo las leyes penales en blanco, que son aquellas que señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal, "La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto". Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un Recurso de Casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión de parte del Juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación por el Juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el factum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando en la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene, En el delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, se requiere que el sujeto activo se encuentre en cualquiera de las presupuestos señalado en el artículo 22 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, el cual establece que "Se le impondrá la pena de seis (6) a nueve (9) años de reclusión y multa de cincuenta mil (L 50,000.00) a cien mil (L 100,000.00) lempiras, a quien intencionalmente facilitare el local o los medios de transporte, aún a título gratuito, para el tráfico o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicas u otras drogas peligrosas"; confrontando esta norma penal con los hechos probados, vemos claramente como aparecen los elementos objetivos y subjetivos, eeste tipo penal configura un delito de peligro abstracto, por cuanto basta se haya realizado la conducta prohibida en la norma para crear el desvalor o reproche de la acción, necesario para la antijuricidad, es decir, no requiere prueba alguna de lesión concreta al bien jurídico protegido. Este concepto de peligro es un concepto normativo en la medida en que descansa en la probabilidad de que un determinado bien jurídico pueda ser lesionado por un comportamiento realizado, aunque después esa lesión de hecho no se produzca. Para establecer si una acción realizada era peligrosa para un bien jurídico, es decir, si era probable que produjera su lesión, es preciso que el Juzgador conozca la situación de hecho en que se realiza la acción que está enjuiciando (conocimiento ontológico) y sepa las leyes de la naturaleza y las reglas de la experiencia por las que se puede deducir que esa acción, realizada en esa forma y circunstancias, pueda producir generalmente la lesión de un bien jurídico (conocimiento nomológico). El elemento objetivo determinado por la acción del sujeto activo, lo constituyen el o los medios de transporte utilizados para trasladar droga de un lugar a otro. Por Medios de Transporte se entiende cualquier medio que permita trasladar de un lugar a otro una cantidad de droga, incluyendo dentro de la extensión de esta definición el cuerpo humano, en el cuadro fáctico aparece en el apartado único, cuando el sentenciador afirma que "Que en fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve aproximadamente a las 16:00 horas Carlos Alexis Raudales Gómez salió corriendo al ver la presencia policial por la esquina de un callejón en el Barrio El Aguacatal de la Aldea de Mezapa, Batan, llevando consigo en la bolsa izquierda del pantalón corto que vestia cinco bolsas plásticas transparente cada una con marihuana con un peso total de 7.1 gramos, dos envoltorios plásticos transparentes cada uno con cocaína con un peso total de cero punto dos (0.2) gramos, treinta bolsitas plásticas trasparentes, una de esas bolsas con una piedra solida pequeña de cocaína crack con un peso total de dos puntos seis (2.6) gramos.". El elemento subjetivo por su parte, consiste que la posesión de la droga para la cual se facilita el medio de transporte ha de obedecer a un fin determinado, el cual es intencionalmente trasladar la droga de un lugar a otro facilitando el transporte para la misma, que en el presente caso lo constituyó, las cinco bolsas plásticas transparente cada una con marihuana con un peso total de 7.1 gramos, dos envoltorios plásticos transparentes cada uno con cocaína, con un peso total de cero punto. dos (0.2) gramos, treinta bolsitas plásticas trasparentes, una de esas bolsas con una piedra solida pequeña de cocaína crack con un peso total de dos puntos seis (2.6) gramos, que tenía como ultima finalidad su distribución a terceros, de la narración fáctica, no se describe que el acusado adoleciera de adicción a esta droga, de ello se deduce que la misma la transportaba a efecto de ser distribuida posteriormente. Es por lo expresado que es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal en su único motivo..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-620-2019, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha uno de noviembre del dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Walter Raúl Miranda Sabio, en su calidad de Coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Díaz Flores, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-620-2019 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veintidós de octubre del año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tela, Departamento de Atlántida, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó al señor Carlos Alexi Raudales Gámez, por el delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras, a la pena de seis años de reclusión y una multa de cincuenta mil lempiras. SEGUNDO: Condenó al señor Carlos Alexi Raudales Gámez a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil. TERCERO: No Procedió declarar la responsabilidad civil del condenado. CUARTO: No Procedió la condena en costas. QUINTO: Decretó el comiso y destrucción de 7.1 gramos de marihuana, 0,2 gramos de cocaína, 2.6 gramos de cocaina/crack. Son partes en única instancia: Los Abogados Alba Regina Paniagua Pacheco y Arnaldo Alcides García, en su condición de Defensores públicos del señor Carlos Alexi Raudales Gámez, como parte recurrente; y el Abogado Salvador Cuestas Arévalo en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS "El Tribunal valorando conjuntamente las pruebas practicadas en el juicio de conformidad a las reglas de la sana crítica, declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: Primero: Que en fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve aproximadamente a las 16:00 horas Carlos Alexis Raudales Gómez salió corriendo al ver la presencia policial por la esquina de un callejón en el Barrio El Aguacatal de la Aldea de Mezapa, Batan, llevando consigo en la bolsa izquierda del pantalón corto que vestía cinco bolsas plásticas transparente cada una con marihuana con un peso total de 7.1 gramos, dos envoltorios plásticos transparentes cada uno con cocaina con un peso total de cero punto dos (0.2) gramos, treinta bolsitas plásticas trasparentes, una de esas bolsas con una piedra solida pequeña de cocaína crack con un peso total de dos puntos seis (2.6) gramos.” III. RECURSO DE CASACIÓN: El recurrente Abogado Marlon Alberto Martínez Logan, en su condición de Defensor Público del señor Carlos Alexi Raudales Gámez, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: "EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY. MOTIVO UNICO: Infracción de Ley por aplicación Indebida del precepto contenido en el articulo 22 de la Ley de Uso Indebido de Drogas y Tráfico Ilicito de Drogas y Sustancias Sicotrópicas. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: La norma sustantiva infringida es el Articulo o 22: "Se le impondrá la pena de seis a nueve años de reclusión y multa de cincuenta mil a cien mil lempiras, a quien intencionalmente facilitare el local, o los medios de transporte, aun a título gratuito, para el tráfico o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, sicotrópicos u otras drogas peligrosas". Articulo que ha aplicado incorrectamente el Tribunal de Sentencias, al no ajustarse la declaración de los hechos probados con el tipo penal que establece ese articulo por las razones siguientes así: El Juzgador en referencia declaró como Hecho Probado el siguiente: PRIMERO: "En fecha dieciocho de enero del dos mil diecinueve aproximadamente a las 16.00 horas Carlos Alexi Raudales Gomez salió corriendo al ver la presencia policial por la esquina de un callejón en el Barrio El Aguacatal de la Aldea de Mezapa, Batan, llevando consigo en la bolsa izquierda del pantalón corto que vestia cinco bolsas plásticas transparente cada una con marihuana con un peso total de 7.1 gramos, dos envoltorios plásticos transparentes cada uno con cocaína con un peso total de cero punto dos (0,2) gramos, treinta bolsitas plásticas transparentes, una de esas bolsas con una piedra solida pequeña de cocaína crack con un peso total de dos puntos seis (2.6) gramos. La declaración de hechos probados constituye el cimiento de la sentencia penal, en ellos el juzgador plasma su criterio concluyente, declarando expresamente que hechos estima acreditados conforme a los elementos de prueba aportados, de esa realidad concreta se extraen todas las consecuencias que de ella se deriven, entre estas, la adecuación o no de ese cuadro fáctico al presupuesto normativo penal que se supone inftingido. El Juzgador sentenciador, al emitir condena, contra el señor Carlos Alexi Raudales Gamez, lo hace en una completa mala aplicación del artículo 22 de la Ley sobre uso indebido y Tráfico ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, vemos que en este articulo 22 literalmente dice "Se le impondrá la Pena de seis a nueve años de reclusión y multa de cincuenta mil a cien mil lempiras", a quien intencionalmente facilitare el local o los medios de transporte, aun a titulo gratuito o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicas u otras drogas peligrosas, es claro que para que el presente artículo sea consumado necesariamente debe de reunir todos los requisitos, no obstante en la causa de merito no se cumplen, todos los requisitos, puesto que nunca se menciono en el juicio, que el acusado intencionalmente facilito el local o los medios de transporte y el Honorable Tribunal es del criterio que la acción ejercitada por el acusado es tendiente a transportar, llevando consigo en la bolsa izquierda del pantalón corto que vestia cinco bolsa plásticas y dos envoltorios plásticos cada uno con cocaina, una bolsa con una piedra solida pequeña de cocaina crack, no constituyendo el cuerpo de la persona un medio de transporte. Por otra parte en esta ley se define la marihuana, donde se comprende todas las partes de la planta cannabis sativa, las semillas de la misma, la resma extraída de cualquier parte de la planta y todo compuesto, producto, derivado, mezcla o preparación de tal planta, de sus semillas o de su resma, en tanto que el numeral 27 de la referida norma, define la posesión, como la tenencia ilicita de sustancias controladas, materia prima o semillas de planta de las que se puedan extraer sustancias controladas y por sustancias controladas se entiende como toda sustancia peligrosa, fármaco, droga, estupefaciente, narcótico y psicotrópico, natural o sintético de fiscalización estatal. Analizando lo anterior llegaremos a determinar que en efecto la marihuanas es una sustancia básica y esencial, que además es una materia prima, sujeta a múltiples transformaciones y que también es una sustancia psicotrópica natural, controlada por el Estado, por lo tanto no debe limitarse el concepto de la posesión únicamente a la tenencia de hojas de marihuana, pues el concepto de la posesión es mucho más que eso de venta de drogas y esto es en base a lo que establece la ley respectiva. Otra de las situaciones es que para que el delito de transporte de droga se configure, requiere que una o más personas determinadas le proporcionen local o transporte a otros u otras personas también determinadas para que se dedique a actividades de venta de drogas o sustancias prohibidas, la acción tipica no puede configurarse si se trata del mismo dueño, pues según fuera el caso, el ilícito seria el de posesión o el de tráfico, pero que el trafico en el caso de merito tampoco se enmarcada ya que tampoco se acredito que el sentenciado haya estado realizando actividades de comercio ilícito, ni que estuviera transportando drogas o entregándoselas a otras personas para tal fin, dicho lo anterior, podrán ustedes determinar que en realidad la resolución del Tribunal de sentencia, violenta la Ley sobre Uso Indebido y Trafico Ilicito, Drogas y Sustancias Psicotrópicas." FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que "Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo..." (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a) Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b) Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c) Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e) Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva realizada por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la Infracción en un Recurso de Casación por Infracción de Ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto Penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma Extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser "observadas para la aplicación de la ley penal", por ejemplo, las leyes penales en blanco, que son aquellas que, señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal: "La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto". Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión por parte del juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación hecha por el juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el factum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. ÚNICO MOTIVO ➤ Norma autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. ➤ Norma sustantiva que se denuncia infringida: artículo 22 de la ley sobre uso indebido y tráfico ilícito de drogas. ➤ Concepto de la infracción: aplicación indebida del delito de condenado ➤ Pretensión: Que se declare ha lugar el recurso de casación, se revoque la sentencia recurrida se absuelva de toda responsabilidad panal al imputado. Explicó la recurrente que, al examinar los hechos probados por el Juzgador se evidencia que, se encontró al ahora acusado 7.1 gramos de hierba seca marihuana, 0.2 gramos de cocaína y 2.6 gramos de cocaína crack que fue encontrada en su cuerpo, conducta que no Facilitación de los medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas, por lo que se condeno a su representado por el delito de Facilitación de los medios de transporte para El Trafico Ilícito de Drogas, sin embargo, considero que no se cumplen todos los requisito para dicho tipo penal, pues nunca se mencionó durante la audiencia de debate que su representado intencionalmente facilito el local o los medios de transporte. Del Delito de Facilitación de Local para el Tráfico Ilícito de Drogas Además del delito de tráfico de drogas, la Ley de Drogas tipifica el delito de Facilitación Intencional de Local para el Tráfico Ilícito de drogas, contenido en el artículo 22, que indica que: "Se le impondrá la pena de seis a nueve años de reclusión y multa de cincuenta mil a cien mil lempiras, a quien intencionalmente facilitare el local... aún a título gratuito, para el tráfico o consumo ilicito de sustancias estupefacientes, psicotrópicos u otras drogas peligrosas.". Debe entenderse que el delito se presenta bajo dos hipótesis: a. Cuando la persona almacena o tiene en depósito droga o estupefacientes ilícitos, a cargo y cuenta de un tercero quien la comercializa, siempre que el primero no tenga participación alguna en los actos posteriores o simultáneos de comercialización, siendo su única participación el tener en almacenamiento o deposito la droga; Dicho almacenamiento en el bien inmueble puede realizarse dentro de una edificación o fuera de éste (como por ejemplo enterrado o escondida en un vehículo sin uso), siendo indiferente para la calificación del delito el tipo de droga o la cantidad de droga que se trate, pues lo determinante es la intencionalidad del sujeto activo, la cual debe de ser inequívoca de almacenar la droga para que un tercero la comercialice, aun cuando no se pueda acreditar la identidad de dicha tercera persona. b. Cuando el sujeto activo facilita intencionalmente un bien inmueble a fin de otras personas puedan usarlo como lugar para el consumo de drogas ilícitas. Esta Sala de lo Penal ha sentado doctrina legal sobre la configuración de dicho delito in comento en las sentencias de fecha de fecha 22 de enero del 2007 en el Exp 060-2006, de fecha seis de febrero del 2007 en el Exp 156-2005 y de fecha 30 de mayo del 2005 en el Exp 2220-2004, siendo la última mencionada la que sentó la postura, señalándose: "...Que al confrontar los motivos de casación con la sentencia recurrida, se aprecia que efectivamente existe Infracción de Ley, al haberse aplicado el delito de Tráfico de Drogas, cuando en los hechos probados específicamente en el numeral "QUINTO", se establece "Que la droga encontrada en una de las habitaciones interiores de la vivienda como se ha dicho sometida a registro, fue introducida alli con el conocimiento y aprobación del imputado D.A.M.A., verdades indiscutibles que se subsumen en el tipo penal de Facilitación de Local para tráfico Ilicito de Drogas peligrosas, consecuentemente lo aplicado por el Tribunal recurrido en su sentencia carece de los indicadores necesarios para tipificar la conducta del imputado en el delito de Tráfico Ilicito de Drogas, en tal razón la calificación que hace el ad quem resulta ser una apreciación no acorde con el cuadro fáctico de la sentencia impugnada...". Constituyen elementos objetivos del tipo penal: a. Sujeto Activo: Puede ser cualquier persona natural. El artículo 22 de Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, lo identifica como "...quien...", sin exigir ninguna cualidad o condición especifica; b. Sujeto Pasivo: El Sujeto Pasivo es el Estado de Honduras, como persona jurídica, por cuanto en los delitos de Tráfico llícito de Drogas podrá participar como actor además del Ministerio público, la Procuraduría General de la República; c. Conducta Criminosa que implica el núcleo del reproche formulado, que en este caso es facilitar lo que abarca el conjunto de conductas comisivas y omisivas (omisión impropia) del sujeto activo que se resumen en poner a disposición de un tercero un bien inmueble o mueble estacionario (no móvil), para que éste realice actos tendientes a traficar droga o actos tendientes a consumir droga ilícita; d. Modalidad Criminosa: Entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en el caso de estudio implica las formas en que se puede facilitar un local: a. Comúnmente consiste en la conducta comisiva del sujeto activo de almacenar, guardar o esconder droga ilícita, por cuenta y encargo de un tercero, para que este la comercialice, sin que el sujeto activo participe en este proceso final; b. Pero además la facilitación de local puede consistir en una conducta omisiva (por omisión impropia) de no impedir, debiendo y pudiendo hacerlo, a un tercero que realice el almacenamiento, que guarde o esconda droga ilícita en el bien; c. La modalidad criminosa se extiende a permitir, por acción o por omisión, que en el bien inmueble o mueble estacionario se almacene, guarde o esconda instrumentos, productos o ganancias de la actividad de tráfico ilícito de droga; d. En el otro supuesto del delito, la modalidad implicaría el de facilitar intencionalmente el bien, por actos comisivos u omisivos, para que una o más personas consuman en él drogas ilícitas. En resumen, cualquier forma en donde el sujeto activo intencionalmente facilite el bien como un instrumento en el proceso de tráfico ilícito de droga que realiza un tercero/s, o como lugar para el consumo de drogas ilícitas de una o más personas, con independencia si se trata de un hecho único se trata de una situación habitual. No existiría este delito su el local es usado para el consumo propio de drogas ilícitas. Como elemento subjetivo el tipo penal exige que el sujeto activo realice la conducta con dolo, es decir, que se conduzca con el conocimiento de que está realizando la conducta criminosa por medio de cualquiera de sus modalidades. La Corte Suprema de Justicia ha señalado que el estudio de la intencionalidad buscada por el sujeto activo con su actuar es determinante para la calificación del delito, así en el expediente 3009-2003, esta Sala de lo Penal explicó: "...esta sala se ha pronunciado en el sentido de que para determinar si existe: tenencia, transporte, tráfico, consumo o posesión, es necesario recurrir a indicadores externos o indicios que nos permitan determinar la intención del sujeto activo...". Partiendo de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal en estudio se identifican como sus características: a. Según su Estructura: i) Tipo Básico: Por describir un modelo de comportamiento de manera independiente en una sola descripción, de tal forma que la conducta del sujeto activo inicia y concluye con el hecho de facilitar, sin participación en actos anteriores, simultáneos o posteriores; ii) Tipo Penal Simple: El delito de Tráfico Ilícito de drogas si bien su modalidad criminosa es variada, la conducta criminosa reprochada se centra en la facilitación de un local; b. Según su Contenido: i) Tipo de Mera Actividad: La descripción del tipo penal se agota en una acción del autor que no requiere la producción de un resultado; ii) Tipo Penal de Conducta Permanente: Que se refiere a aquellos cuyo comportamiento del sujeto activo se renueva de manera continua; Así pues el delito se comete de manera prolongada por el mismo tiempo en que el sujeto activo está facilitando el local; iii) El delito puede ser comisivo y omisivo: Comisivo cuando el sujeto activo realiza la conducta de facilitación de manera directa, bajo cualquiera de su modalidad; y Omisivo (omisión impropia) cuando el sujeto activo deja que un tercero desarrolle la conducta, debiendo y pudiendo evitarlo; iv). Tipo Penal Cerrado, dado que el hecho reprochado se determina con previsión, de tal manera que las conductas proscrita se desprende con toda claridad de la ley sin necesidad de remitirse a otra ley, reglamento o disposición; c. Según el Sujeto Activo: i) Tipo Unisubjetivo: El delito puede ser realizado con la participación de un solo sujeto activo; ello debido a que, si bien el tipo penal exige una intención de comercialización, no se requiere que ello se materialice para la consumación del delito; ii) Tipo Penal Común: El delito no exige ninguna condición especial al sujeto activo, por lo que cualquier persona podrá tener dicha calidad; y d. Según el Bien Jurídico Protegido: i) Tipo Monoofensivo: Al amparar el tipo penal un solo bien jurídico, cual es la Salud de la Población del Estado de Honduras; ii) Tipo Penal Abstracto: Conforme a la voluntad del legislador, el tipo penal protege el peligro potencial que la conducta representa al bien juridico protegido, por lo que no es necesario la existencia de un peligro concreto o lesión alguna. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la APLICACIÓN de la Ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la Sentencia. El Recurso de Casación por Infracción de Ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el Juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la Infracción en un Recurso de Casación por Infracción de ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma extra penal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser "observadas para la aplicación de la ley penal", por ejemplo las leyes penales en blanco, que son aquellas que señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal, "La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto". Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un Recurso de Casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión de parte del Juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación por el Juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el factum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando en la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene, En el delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, se requiere que el sujeto activo se encuentre en cualquiera de las presupuestos señalado en el artículo 22 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, el cual establece que "Se le impondrá la pena de seis (6) a nueve (9) años de reclusión y multa de cincuenta mil (L 50,000.00) a cien mil (L 100,000.00) lempiras, a quien intencionalmente facilitare el local o los medios de transporte, aún a título gratuito, para el tráfico o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicas u otras drogas peligrosas"; confrontando esta norma penal con los hechos probados, vemos claramente como aparecen los elementos objetivos y subjetivos, eeste tipo penal configura un delito de peligro abstracto, por cuanto basta se haya realizado la conducta prohibida en la norma para crear el desvalor o reproche de la acción, necesario para la antijuricidad, es decir, no requiere prueba alguna de lesión concreta al bien jurídico protegido. Este concepto de peligro es un concepto normativo en la medida en que descansa en la probabilidad de que un determinado bien jurídico pueda ser lesionado por un comportamiento realizado, aunque después esa lesión de hecho no se produzca. Para establecer si una acción realizada era peligrosa para un bien jurídico, es decir, si era probable que produjera su lesión, es preciso que el Juzgador conozca la situación de hecho en que se realiza la acción que está enjuiciando (conocimiento ontológico) y sepa las leyes de la naturaleza y las reglas de la experiencia por las que se puede deducir que esa acción, realizada en esa forma y circunstancias, pueda producir generalmente la lesión de un bien jurídico (conocimiento nomológico). El elemento objetivo determinado por la acción del sujeto activo, lo constituyen el o los medios de transporte utilizados para trasladar droga de un lugar a otro. Por Medios de Transporte se entiende cualquier medio que permita trasladar de un lugar a otro una cantidad de droga, incluyendo dentro de la extensión de esta definición el cuerpo humano, en el cuadro fáctico aparece en el apartado único, cuando el sentenciador afirma que "Que en fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve aproximadamente a las 16:00 horas Carlos Alexis Raudales Gómez salió corriendo al ver la presencia policial por la esquina de un callejón en el Barrio El Aguacatal de la Aldea de Mezapa, Batan, llevando consigo en la bolsa izquierda del pantalón corto que vestia cinco bolsas plásticas transparente cada una con marihuana con un peso total de 7.1 gramos, dos envoltorios plásticos transparentes cada uno con cocaína con un peso total de cero punto dos (0.2) gramos, treinta bolsitas plásticas trasparentes, una de esas bolsas con una piedra solida pequeña de cocaína crack con un peso total de dos puntos seis (2.6) gramos.". El elemento subjetivo por su parte, consiste que la posesión de la droga para la cual se facilita el medio de transporte ha de obedecer a un fin determinado, el cual es intencionalmente trasladar la droga de un lugar a otro facilitando el transporte para la misma, que en el presente caso lo constituyó, las cinco bolsas plásticas transparente cada una con marihuana con un peso total de 7.1 gramos, dos envoltorios plásticos transparentes cada uno con cocaína, con un peso total de cero punto. dos (0.2) gramos, treinta bolsitas plásticas trasparentes, una de esas bolsas con una piedra solida pequeña de cocaína crack con un peso total de dos puntos seis (2.6) gramos, que tenía como ultima finalidad su distribución a terceros, de la narración fáctica, no se describe que el acusado adoleciera de adicción a esta droga, de ello se deduce que la misma la transportaba a efecto de ser distribuida posteriormente. Es por lo expresado que es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal en su único motivo. DECISIÓN Se declara no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuestos por la Defensa Pública. DE LA PROCEDENCIA DE LA APLICACIÓN RETROACTIVA DEL CÓDIGO PENAL DECRETO 130- 2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: "Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta." En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus:: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado. implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada. en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, ler párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 ler párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130- 2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa Publica del acusado Carlos Alexi Raudales Gámez, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal 144-83, declaró responsable al acusado Carlos Alexi Raudales Gámez, del delito de facilitación de los medios de transporte para el tráfico de drogas, imponiéndole una pena principal de 6 años de reclusión y una multa de cincuenta mil lempiras. Conforme la nueva legislación penal decreto 130-2017 en su artículo 311, la conducta reprochada al acusado constituye un delito de tráfico de droga por posesión para el transporte, cuya pena es: i. De 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan. grave daño a la salud, los cuales son los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; o ii. De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, siendo éstas las enumeradas en las listas de estupefacientes o preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla: https://www.inch.org/documents/Narcotic-Drugs/Yellow List/58th Edition Yellow List SPA.pdf) de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista Verde: https://www.juch.org/documents/Psychotropics forms greenlist Green list SPA 08676.pdf) del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. Las penas por imponer serán de 10 a 15 años de prisión y multa de 300 a 500 días, cuando la cantidad de droga sea de especial importancia (Art. 312.5 NCP), entendiéndose como tal: a. Diez mil (10.000) gramos de marihuana; b. Mil (1000) gramos de hachís; c. Dos mil (2000) gramos de cocaína; d. Dos mil (2000) gramos de alcaloide derivado de la cocaína; e. Sesenta (60) gramos de opio o de sus derivados; f. Doscientos (200) gramos de droga sintética; o g. Cuatrocientos (400) mililitros cuando la droga sintética se encuentre en solución. A partir de lo expuesto, se determina la presencia de un concurso ideal conforme al artículo 67 del nuevo Código Penal, el cual establece su existencia cuando con una (1) sola acción u omisión se infringe diversas disposiciones legales que no se excluyen entre sí. La apreciación del concurso ideal supone la imposición de la pena correspondiente al delito o falta que tenga señalada la pena más grave aumentada en un tercio (1/3), sin que pueda exceder de la suma de las penas concretas impuestas si se hubiesen penado separadamente los delitos. En el caso presente, tenemos un mismo precepto (artículo 311 del nuevo Código Penal) que regula dos supuestos de hecho distintos, el tráfico de drogas por posesión para la facilitación de su consumo de drogas que no causan grave daño a la salud, con una pena abstracta de 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días; y, el tráfico de drogas por posesión para la facilitación de su consumo de drogas que sí causan grave daño a la salud, con una pena abstracta de 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días. Corresponde la imposición de la pena correspondiente a este último delito por contener la pena más grave aumentada en un tercio (1/3), lo que equivale a trece (13) años cuatro (4) meses de prisión, y seiscientos sesenta y seis (666) días multa, con un valor mínimo por día de veinte lempiras (L. 20.00) y máximo de cinco mil lempiras (L 5,000.00) (Artículo 53 del nuevo Código Penal), lo que fija un margen abstracto de multa que oscila entre trece mil trescientos treinta y tres lempiras con veinte centavos (L 13, 333.20) a tres millones trescientos treinta y tres mil trescientos lempiras (L 3, 333,300.00). De lo que se puede deducir que la pena de 6 años, de prisión impuesta por el Tribunal Sentenciador conforme el decreto 144-83, es mucho menor que la pena que tendría que imponérsele conforme a la nueva legislación penal, de ahí pues que no corresponde aplicar retroactivamente el decreto 130-2017 pues la misma no le favorece al acusado. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 360, 361, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 66 y 616 del Código Penal decreto 130-2017. FALLA: PRIMERO: Declara NO HA LUGAR, el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por el Abogado Marlon Alberto Martinez Logan, en su condición de Defensor Público de Carlos Alexi Raudales Gámez, a quien se le condenó a seis (6) años de reclusión, más multa de cincuenta (50) mil lempiras, por el delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico de Drogas en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras. SEGUNDO: Declara la NO PROCEDENCIA de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017. TERCERO: Declara FIRME Y EJECUTABLE la sentencia de fecha veintidós (22) de octubre de dos mil diecinueve, dictada por El Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tela, departamento de Atlántida. Y MANDA: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó Magistrado Díaz Flores. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Díaz Flores. Magistrada. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a seis días del mes de diciembre de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a un día del mes de noviembre del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-620-2019. RINA KORITZA SANDOVAL NAVASRECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL“ CERTIFICACIÓN La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-620-2019, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha uno de noviembre del dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Walter Raúl Miranda Sabio, en su calidad de Coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Díaz Flores, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-620-2019 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veintidós de octubre del año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tela, Departamento de Atlántida, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó al señor Carlos Alexi Raudales Gámez, por el delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras, a la pena de seis años de reclusión y una multa de cincuenta mil lempiras. SEGUNDO: Condenó al señor Carlos Alexi Raudales Gámez a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil. TERCERO: No Procedió declarar la responsabilidad civil del condenado. CUARTO: No Procedió la condena en costas. QUINTO: Decretó el comiso y destrucción de 7.1 gramos de marihuana, 0,2 gramos de cocaína, 2.6 gramos de cocaina/crack. Son partes en única instancia: Los Abogados Alba Regina Paniagua Pacheco y Arnaldo Alcides García, en su condición de Defensores públicos del señor Carlos Alexi Raudales Gámez, como parte recurrente; y el Abogado Salvador Cuestas Arévalo en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS "El Tribunal valorando conjuntamente las pruebas practicadas en el juicio de conformidad a las reglas de la sana crítica, declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: Primero: Que en fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve aproximadamente a las 16:00 horas Carlos Alexis Raudales Gómez salió corriendo al ver la presencia policial por la esquina de un callejón en el Barrio El Aguacatal de la Aldea de Mezapa, Batan, llevando consigo en la bolsa izquierda del pantalón corto que vestía cinco bolsas plásticas transparente cada una con marihuana con un peso total de 7.1 gramos, dos envoltorios plásticos transparentes cada uno con cocaina con un peso total de cero punto dos (0.2) gramos, treinta bolsitas plásticas trasparentes, una de esas bolsas con una piedra solida pequeña de cocaína crack con un peso total de dos puntos seis (2.6) gramos.” III. RECURSO DE CASACIÓN: El recurrente Abogado Marlon Alberto Martínez Logan, en su condición de Defensor Público del señor Carlos Alexi Raudales Gámez, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: "EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY. MOTIVO UNICO: Infracción de Ley por aplicación Indebida del precepto contenido en el articulo 22 de la Ley de Uso Indebido de Drogas y Tráfico Ilicito de Drogas y Sustancias Sicotrópicas. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: La norma sustantiva infringida es el Articulo o 22: "Se le impondrá la pena de seis a nueve años de reclusión y multa de cincuenta mil a cien mil lempiras, a quien intencionalmente facilitare el local, o los medios de transporte, aun a título gratuito, para el tráfico o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, sicotrópicos u otras drogas peligrosas". Articulo que ha aplicado incorrectamente el Tribunal de Sentencias, al no ajustarse la declaración de los hechos probados con el tipo penal que establece ese articulo por las razones siguientes así: El Juzgador en referencia declaró como Hecho Probado el siguiente: PRIMERO: "En fecha dieciocho de enero del dos mil diecinueve aproximadamente a las 16.00 horas Carlos Alexi Raudales Gomez salió corriendo al ver la presencia policial por la esquina de un callejón en el Barrio El Aguacatal de la Aldea de Mezapa, Batan, llevando consigo en la bolsa izquierda del pantalón corto que vestia cinco bolsas plásticas transparente cada una con marihuana con un peso total de 7.1 gramos, dos envoltorios plásticos transparentes cada uno con cocaína con un peso total de cero punto dos (0,2) gramos, treinta bolsitas plásticas transparentes, una de esas bolsas con una piedra solida pequeña de cocaína crack con un peso total de dos puntos seis (2.6) gramos. La declaración de hechos probados constituye el cimiento de la sentencia penal, en ellos el juzgador plasma su criterio concluyente, declarando expresamente que hechos estima acreditados conforme a los elementos de prueba aportados, de esa realidad concreta se extraen todas las consecuencias que de ella se deriven, entre estas, la adecuación o no de ese cuadro fáctico al presupuesto normativo penal que se supone inftingido. El Juzgador sentenciador, al emitir condena, contra el señor Carlos Alexi Raudales Gamez, lo hace en una completa mala aplicación del artículo 22 de la Ley sobre uso indebido y Tráfico ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, vemos que en este articulo 22 literalmente dice "Se le impondrá la Pena de seis a nueve años de reclusión y multa de cincuenta mil a cien mil lempiras", a quien intencionalmente facilitare el local o los medios de transporte, aun a titulo gratuito o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicas u otras drogas peligrosas, es claro que para que el presente artículo sea consumado necesariamente debe de reunir todos los requisitos, no obstante en la causa de merito no se cumplen, todos los requisitos, puesto que nunca se menciono en el juicio, que el acusado intencionalmente facilito el local o los medios de transporte y el Honorable Tribunal es del criterio que la acción ejercitada por el acusado es tendiente a transportar, llevando consigo en la bolsa izquierda del pantalón corto que vestia cinco bolsa plásticas y dos envoltorios plásticos cada uno con cocaina, una bolsa con una piedra solida pequeña de cocaina crack, no constituyendo el cuerpo de la persona un medio de transporte. Por otra parte en esta ley se define la marihuana, donde se comprende todas las partes de la planta cannabis sativa, las semillas de la misma, la resma extraída de cualquier parte de la planta y todo compuesto, producto, derivado, mezcla o preparación de tal planta, de sus semillas o de su resma, en tanto que el numeral 27 de la referida norma, define la posesión, como la tenencia ilicita de sustancias controladas, materia prima o semillas de planta de las que se puedan extraer sustancias controladas y por sustancias controladas se entiende como toda sustancia peligrosa, fármaco, droga, estupefaciente, narcótico y psicotrópico, natural o sintético de fiscalización estatal. Analizando lo anterior llegaremos a determinar que en efecto la marihuanas es una sustancia básica y esencial, que además es una materia prima, sujeta a múltiples transformaciones y que también es una sustancia psicotrópica natural, controlada por el Estado, por lo tanto no debe limitarse el concepto de la posesión únicamente a la tenencia de hojas de marihuana, pues el concepto de la posesión es mucho más que eso de venta de drogas y esto es en base a lo que establece la ley respectiva. Otra de las situaciones es que para que el delito de transporte de droga se configure, requiere que una o más personas determinadas le proporcionen local o transporte a otros u otras personas también determinadas para que se dedique a actividades de venta de drogas o sustancias prohibidas, la acción tipica no puede configurarse si se trata del mismo dueño, pues según fuera el caso, el ilícito seria el de posesión o el de tráfico, pero que el trafico en el caso de merito tampoco se enmarcada ya que tampoco se acredito que el sentenciado haya estado realizando actividades de comercio ilícito, ni que estuviera transportando drogas o entregándoselas a otras personas para tal fin, dicho lo anterior, podrán ustedes determinar que en realidad la resolución del Tribunal de sentencia, violenta la Ley sobre Uso Indebido y Trafico Ilicito, Drogas y Sustancias Psicotrópicas." FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que "Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo..." (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a) Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b) Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c) Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e) Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva realizada por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la Infracción en un Recurso de Casación por Infracción de Ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto Penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma Extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser "observadas para la aplicación de la ley penal", por ejemplo, las leyes penales en blanco, que son aquellas que, señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal: "La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto". Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión por parte del juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación hecha por el juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el factum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. ÚNICO MOTIVO ➤ Norma autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. ➤ Norma sustantiva que se denuncia infringida: artículo 22 de la ley sobre uso indebido y tráfico ilícito de drogas. ➤ Concepto de la infracción: aplicación indebida del delito de condenado ➤ Pretensión: Que se declare ha lugar el recurso de casación, se revoque la sentencia recurrida se absuelva de toda responsabilidad panal al imputado. Explicó la recurrente que, al examinar los hechos probados por el Juzgador se evidencia que, se encontró al ahora acusado 7.1 gramos de hierba seca marihuana, 0.2 gramos de cocaína y 2.6 gramos de cocaína crack que fue encontrada en su cuerpo, conducta que no Facilitación de los medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas, por lo que se condeno a su representado por el delito de Facilitación de los medios de transporte para El Trafico Ilícito de Drogas, sin embargo, considero que no se cumplen todos los requisito para dicho tipo penal, pues nunca se mencionó durante la audiencia de debate que su representado intencionalmente facilito el local o los medios de transporte. Del Delito de Facilitación de Local para el Tráfico Ilícito de Drogas Además del delito de tráfico de drogas, la Ley de Drogas tipifica el delito de Facilitación Intencional de Local para el Tráfico Ilícito de drogas, contenido en el artículo 22, que indica que: "Se le impondrá la pena de seis a nueve años de reclusión y multa de cincuenta mil a cien mil lempiras, a quien intencionalmente facilitare el local... aún a título gratuito, para el tráfico o consumo ilicito de sustancias estupefacientes, psicotrópicos u otras drogas peligrosas.". Debe entenderse que el delito se presenta bajo dos hipótesis: a. Cuando la persona almacena o tiene en depósito droga o estupefacientes ilícitos, a cargo y cuenta de un tercero quien la comercializa, siempre que el primero no tenga participación alguna en los actos posteriores o simultáneos de comercialización, siendo su única participación el tener en almacenamiento o deposito la droga; Dicho almacenamiento en el bien inmueble puede realizarse dentro de una edificación o fuera de éste (como por ejemplo enterrado o escondida en un vehículo sin uso), siendo indiferente para la calificación del delito el tipo de droga o la cantidad de droga que se trate, pues lo determinante es la intencionalidad del sujeto activo, la cual debe de ser inequívoca de almacenar la droga para que un tercero la comercialice, aun cuando no se pueda acreditar la identidad de dicha tercera persona. b. Cuando el sujeto activo facilita intencionalmente un bien inmueble a fin de otras personas puedan usarlo como lugar para el consumo de drogas ilícitas. Esta Sala de lo Penal ha sentado doctrina legal sobre la configuración de dicho delito in comento en las sentencias de fecha de fecha 22 de enero del 2007 en el Exp 060-2006, de fecha seis de febrero del 2007 en el Exp 156-2005 y de fecha 30 de mayo del 2005 en el Exp 2220-2004, siendo la última mencionada la que sentó la postura, señalándose: "...Que al confrontar los motivos de casación con la sentencia recurrida, se aprecia que efectivamente existe Infracción de Ley, al haberse aplicado el delito de Tráfico de Drogas, cuando en los hechos probados específicamente en el numeral "QUINTO", se establece "Que la droga encontrada en una de las habitaciones interiores de la vivienda como se ha dicho sometida a registro, fue introducida alli con el conocimiento y aprobación del imputado D.A.M.A., verdades indiscutibles que se subsumen en el tipo penal de Facilitación de Local para tráfico Ilicito de Drogas peligrosas, consecuentemente lo aplicado por el Tribunal recurrido en su sentencia carece de los indicadores necesarios para tipificar la conducta del imputado en el delito de Tráfico Ilicito de Drogas, en tal razón la calificación que hace el ad quem resulta ser una apreciación no acorde con el cuadro fáctico de la sentencia impugnada...". Constituyen elementos objetivos del tipo penal: a. Sujeto Activo: Puede ser cualquier persona natural. El artículo 22 de Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, lo identifica como "...quien...", sin exigir ninguna cualidad o condición especifica; b. Sujeto Pasivo: El Sujeto Pasivo es el Estado de Honduras, como persona jurídica, por cuanto en los delitos de Tráfico llícito de Drogas podrá participar como actor además del Ministerio público, la Procuraduría General de la República; c. Conducta Criminosa que implica el núcleo del reproche formulado, que en este caso es facilitar lo que abarca el conjunto de conductas comisivas y omisivas (omisión impropia) del sujeto activo que se resumen en poner a disposición de un tercero un bien inmueble o mueble estacionario (no móvil), para que éste realice actos tendientes a traficar droga o actos tendientes a consumir droga ilícita; d. Modalidad Criminosa: Entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en el caso de estudio implica las formas en que se puede facilitar un local: a. Comúnmente consiste en la conducta comisiva del sujeto activo de almacenar, guardar o esconder droga ilícita, por cuenta y encargo de un tercero, para que este la comercialice, sin que el sujeto activo participe en este proceso final; b. Pero además la facilitación de local puede consistir en una conducta omisiva (por omisión impropia) de no impedir, debiendo y pudiendo hacerlo, a un tercero que realice el almacenamiento, que guarde o esconda droga ilícita en el bien; c. La modalidad criminosa se extiende a permitir, por acción o por omisión, que en el bien inmueble o mueble estacionario se almacene, guarde o esconda instrumentos, productos o ganancias de la actividad de tráfico ilícito de droga; d. En el otro supuesto del delito, la modalidad implicaría el de facilitar intencionalmente el bien, por actos comisivos u omisivos, para que una o más personas consuman en él drogas ilícitas. En resumen, cualquier forma en donde el sujeto activo intencionalmente facilite el bien como un instrumento en el proceso de tráfico ilícito de droga que realiza un tercero/s, o como lugar para el consumo de drogas ilícitas de una o más personas, con independencia si se trata de un hecho único se trata de una situación habitual. No existiría este delito su el local es usado para el consumo propio de drogas ilícitas. Como elemento subjetivo el tipo penal exige que el sujeto activo realice la conducta con dolo, es decir, que se conduzca con el conocimiento de que está realizando la conducta criminosa por medio de cualquiera de sus modalidades. La Corte Suprema de Justicia ha señalado que el estudio de la intencionalidad buscada por el sujeto activo con su actuar es determinante para la calificación del delito, así en el expediente 3009-2003, esta Sala de lo Penal explicó: "...esta sala se ha pronunciado en el sentido de que para determinar si existe: tenencia, transporte, tráfico, consumo o posesión, es necesario recurrir a indicadores externos o indicios que nos permitan determinar la intención del sujeto activo...". Partiendo de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal en estudio se identifican como sus características: a. Según su Estructura: i) Tipo Básico: Por describir un modelo de comportamiento de manera independiente en una sola descripción, de tal forma que la conducta del sujeto activo inicia y concluye con el hecho de facilitar, sin participación en actos anteriores, simultáneos o posteriores; ii) Tipo Penal Simple: El delito de Tráfico Ilícito de drogas si bien su modalidad criminosa es variada, la conducta criminosa reprochada se centra en la facilitación de un local; b. Según su Contenido: i) Tipo de Mera Actividad: La descripción del tipo penal se agota en una acción del autor que no requiere la producción de un resultado; ii) Tipo Penal de Conducta Permanente: Que se refiere a aquellos cuyo comportamiento del sujeto activo se renueva de manera continua; Así pues el delito se comete de manera prolongada por el mismo tiempo en que el sujeto activo está facilitando el local; iii) El delito puede ser comisivo y omisivo: Comisivo cuando el sujeto activo realiza la conducta de facilitación de manera directa, bajo cualquiera de su modalidad; y Omisivo (omisión impropia) cuando el sujeto activo deja que un tercero desarrolle la conducta, debiendo y pudiendo evitarlo; iv). Tipo Penal Cerrado, dado que el hecho reprochado se determina con previsión, de tal manera que las conductas proscrita se desprende con toda claridad de la ley sin necesidad de remitirse a otra ley, reglamento o disposición; c. Según el Sujeto Activo: i) Tipo Unisubjetivo: El delito puede ser realizado con la participación de un solo sujeto activo; ello debido a que, si bien el tipo penal exige una intención de comercialización, no se requiere que ello se materialice para la consumación del delito; ii) Tipo Penal Común: El delito no exige ninguna condición especial al sujeto activo, por lo que cualquier persona podrá tener dicha calidad; y d. Según el Bien Jurídico Protegido: i) Tipo Monoofensivo: Al amparar el tipo penal un solo bien jurídico, cual es la Salud de la Población del Estado de Honduras; ii) Tipo Penal Abstracto: Conforme a la voluntad del legislador, el tipo penal protege el peligro potencial que la conducta representa al bien juridico protegido, por lo que no es necesario la existencia de un peligro concreto o lesión alguna. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la APLICACIÓN de la Ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la Sentencia. El Recurso de Casación por Infracción de Ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el Juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la Infracción en un Recurso de Casación por Infracción de ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma extra penal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser "observadas para la aplicación de la ley penal", por ejemplo las leyes penales en blanco, que son aquellas que señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal, "La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto". Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un Recurso de Casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión de parte del Juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación por el Juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el factum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando en la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene, En el delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, se requiere que el sujeto activo se encuentre en cualquiera de las presupuestos señalado en el artículo 22 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, el cual establece que "Se le impondrá la pena de seis (6) a nueve (9) años de reclusión y multa de cincuenta mil (L 50,000.00) a cien mil (L 100,000.00) lempiras, a quien intencionalmente facilitare el local o los medios de transporte, aún a título gratuito, para el tráfico o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicas u otras drogas peligrosas"; confrontando esta norma penal con los hechos probados, vemos claramente como aparecen los elementos objetivos y subjetivos, eeste tipo penal configura un delito de peligro abstracto, por cuanto basta se haya realizado la conducta prohibida en la norma para crear el desvalor o reproche de la acción, necesario para la antijuricidad, es decir, no requiere prueba alguna de lesión concreta al bien jurídico protegido. Este concepto de peligro es un concepto normativo en la medida en que descansa en la probabilidad de que un determinado bien jurídico pueda ser lesionado por un comportamiento realizado, aunque después esa lesión de hecho no se produzca. Para establecer si una acción realizada era peligrosa para un bien jurídico, es decir, si era probable que produjera su lesión, es preciso que el Juzgador conozca la situación de hecho en que se realiza la acción que está enjuiciando (conocimiento ontológico) y sepa las leyes de la naturaleza y las reglas de la experiencia por las que se puede deducir que esa acción, realizada en esa forma y circunstancias, pueda producir generalmente la lesión de un bien jurídico (conocimiento nomológico). El elemento objetivo determinado por la acción del sujeto activo, lo constituyen el o los medios de transporte utilizados para trasladar droga de un lugar a otro. Por Medios de Transporte se entiende cualquier medio que permita trasladar de un lugar a otro una cantidad de droga, incluyendo dentro de la extensión de esta definición el cuerpo humano, en el cuadro fáctico aparece en el apartado único, cuando el sentenciador afirma que "Que en fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve aproximadamente a las 16:00 horas Carlos Alexis Raudales Gómez salió corriendo al ver la presencia policial por la esquina de un callejón en el Barrio El Aguacatal de la Aldea de Mezapa, Batan, llevando consigo en la bolsa izquierda del pantalón corto que vestia cinco bolsas plásticas transparente cada una con marihuana con un peso total de 7.1 gramos, dos envoltorios plásticos transparentes cada uno con cocaína con un peso total de cero punto dos (0.2) gramos, treinta bolsitas plásticas trasparentes, una de esas bolsas con una piedra solida pequeña de cocaína crack con un peso total de dos puntos seis (2.6) gramos.". El elemento subjetivo por su parte, consiste que la posesión de la droga para la cual se facilita el medio de transporte ha de obedecer a un fin determinado, el cual es intencionalmente trasladar la droga de un lugar a otro facilitando el transporte para la misma, que en el presente caso lo constituyó, las cinco bolsas plásticas transparente cada una con marihuana con un peso total de 7.1 gramos, dos envoltorios plásticos transparentes cada uno con cocaína, con un peso total de cero punto. dos (0.2) gramos, treinta bolsitas plásticas trasparentes, una de esas bolsas con una piedra solida pequeña de cocaína crack con un peso total de dos puntos seis (2.6) gramos, que tenía como ultima finalidad su distribución a terceros, de la narración fáctica, no se describe que el acusado adoleciera de adicción a esta droga, de ello se deduce que la misma la transportaba a efecto de ser distribuida posteriormente. Es por lo expresado que es procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal en su único motivo. DECISIÓN Se declara no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuestos por la Defensa Pública. DE LA PROCEDENCIA DE LA APLICACIÓN RETROACTIVA DEL CÓDIGO PENAL DECRETO 130- 2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: "Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta." En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus:: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado. implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada. en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, ler párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 ler párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130- 2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa Publica del acusado Carlos Alexi Raudales Gámez, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal 144-83, declaró responsable al acusado Carlos Alexi Raudales Gámez, del delito de facilitación de los medios de transporte para el tráfico de drogas, imponiéndole una pena principal de 6 años de reclusión y una multa de cincuenta mil lempiras. Conforme la nueva legislación penal decreto 130-2017 en su artículo 311, la conducta reprochada al acusado constituye un delito de tráfico de droga por posesión para el transporte, cuya pena es: i. De 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan. grave daño a la salud, los cuales son los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; o ii. De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, siendo éstas las enumeradas en las listas de estupefacientes o preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla: https://www.inch.org/documents/Narcotic-Drugs/Yellow List/58th Edition Yellow List SPA.pdf) de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista Verde: https://www.juch.org/documents/Psychotropics forms greenlist Green list SPA 08676.pdf) del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. Las penas por imponer serán de 10 a 15 años de prisión y multa de 300 a 500 días, cuando la cantidad de droga sea de especial importancia (Art. 312.5 NCP), entendiéndose como tal: a. Diez mil (10.000) gramos de marihuana; b. Mil (1000) gramos de hachís; c. Dos mil (2000) gramos de cocaína; d. Dos mil (2000) gramos de alcaloide derivado de la cocaína; e. Sesenta (60) gramos de opio o de sus derivados; f. Doscientos (200) gramos de droga sintética; o g. Cuatrocientos (400) mililitros cuando la droga sintética se encuentre en solución. A partir de lo expuesto, se determina la presencia de un concurso ideal conforme al artículo 67 del nuevo Código Penal, el cual establece su existencia cuando con una (1) sola acción u omisión se infringe diversas disposiciones legales que no se excluyen entre sí. La apreciación del concurso ideal supone la imposición de la pena correspondiente al delito o falta que tenga señalada la pena más grave aumentada en un tercio (1/3), sin que pueda exceder de la suma de las penas concretas impuestas si se hubiesen penado separadamente los delitos. En el caso presente, tenemos un mismo precepto (artículo 311 del nuevo Código Penal) que regula dos supuestos de hecho distintos, el tráfico de drogas por posesión para la facilitación de su consumo de drogas que no causan grave daño a la salud, con una pena abstracta de 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días; y, el tráfico de drogas por posesión para la facilitación de su consumo de drogas que sí causan grave daño a la salud, con una pena abstracta de 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días. Corresponde la imposición de la pena correspondiente a este último delito por contener la pena más grave aumentada en un tercio (1/3), lo que equivale a trece (13) años cuatro (4) meses de prisión, y seiscientos sesenta y seis (666) días multa, con un valor mínimo por día de veinte lempiras (L. 20.00) y máximo de cinco mil lempiras (L 5,000.00) (Artículo 53 del nuevo Código Penal), lo que fija un margen abstracto de multa que oscila entre trece mil trescientos treinta y tres lempiras con veinte centavos (L 13, 333.20) a tres millones trescientos treinta y tres mil trescientos lempiras (L 3, 333,300.00). De lo que se puede deducir que la pena de 6 años, de prisión impuesta por el Tribunal Sentenciador conforme el decreto 144-83, es mucho menor que la pena que tendría que imponérsele conforme a la nueva legislación penal, de ahí pues que no corresponde aplicar retroactivamente el decreto 130-2017 pues la misma no le favorece al acusado. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 360, 361, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 66 y 616 del Código Penal decreto 130-2017. FALLA: PRIMERO: Declara NO HA LUGAR, el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por el Abogado Marlon Alberto Martinez Logan, en su condición de Defensor Público de Carlos Alexi Raudales Gámez, a quien se le condenó a seis (6) años de reclusión, más multa de cincuenta (50) mil lempiras, por el delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico de Drogas en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras. SEGUNDO: Declara la NO PROCEDENCIA de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017. TERCERO: Declara FIRME Y EJECUTABLE la sentencia de fecha veintidós (22) de octubre de dos mil diecinueve, dictada por El Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tela, departamento de Atlántida. Y MANDA: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó Magistrado Díaz Flores. NOTIFIQUESE.Firmas y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Díaz Flores. Magistrada. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a seis días del mes de diciembre de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a un día del mes de noviembre del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-620-2019. Rina Koritza Sandoval Navas.RECEPTORA ADSCRITO SALA DE LO PENAL”