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Sentencia CP-612-19 — Registro 17098

Resumen

Se declara con lugar el recurso d casación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia de primer instancia que absuelve al imputado por el delito de tentativa de robo.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." El recurso es de recibo en su único motivo. Partiendo exclusivamente de la declaración de hechos probados hecha por los juzgadores, sin hacer mano de consideraciones probatorias pues ello implicaría prescindir del Principio de la Intangibilidad de los Hechos Probados, esta Sala de lo Penal determina que el relato histórico da cuenta de un hecho doloso, tal y como deriva de la siguiente reflexión: El hechos probado da cuenta que ‘’… el señor JUAN MANUEL SALGADO AMADOR, se transportaba en un autobús de la ruta urbana número uno de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, en el que también se trasladaba DANIEL RICARDO PUERTO MUNGUIA, y otra persona y cuando dicha unidad de transporte hizo una parada frente al portón de emergencia del Hospital Mario Catarino Rivas, el joven DANIEL RICARDO, le desprendió al señor SALGADO AMADOR, una cadena que llevaba en su cuello, suscitándose un forcejeo, en el transcurso del cual, el acusado sacó un arma de fuego y le infirió a JUAN MANUEL SALGADO AMADOR cuatro disparos en distintas partes del cuerpo que le causaron la muerte, mientras que la cadena quedó en el piso del autobús, la cual posteriormente junto a otros objetos del occiso, le fueron entregados a sus familiares.” A partir de lo expuesto, la Sala de lo Penal colige que es evidente de la construcción de los hechos probados que el señor DANIEL RICARDO PUERTO MUNGUIA, sabía que su intención era despojar de su bien (cadena) a la víctima y por causas independientes a su voluntad la misma no se consumó, ya que en se momento se suscitó un forcejeo, infiriéndole disparos y del resultado de los mismo fallece la víctima, si bien es cierto la cadena quedo en el piso pero es evidente que el mismo ante tal situación determina no concluir su voluntad que era su plan inicial ocasionar un robo hacia la víctima. Así las cosas, esta Sala estima que efectivamente de los hechos declarados probados se subsumen los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de robo en su grado de ejecución de tentativa tipificado y sancionado en el artículo 217 y 15 del código penal. Con el código penal 144-83, la conducta de robo se encuentra castigado con un marco penal abstracto de cinco (5) a nueve (9) años de prisión. También el artículo 15 establece hay tentativa cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente rebajando la misma en un tercio (1/3), lo que ofrece un nuevo marco penal de tres (03) años y cuatro (04) meses a seis (06) años de prisión. Imponiendo la pena mínima de tres (03) años y cuatro (04) meses de prisión..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP 612-2019 que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintidós de noviembre del dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Walter Raúl Miranda Sabio, en su calidad de Coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Díaz Flores, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-612-2019 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta y uno de marzo del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortès, mediante la cual falló: PRIMERO: Absolvió al señor Daniel Ricardo Puerto Munguía, del delito de Robo Agravado en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de Juan Manuel Salgado Amador. SEGUNDO: Condenó al señor Daniel Ricardo Puerto Munguía por el delito de Homicidio Simple, en perjuicio de Juan Manuel Salgado Amador, a la pena de quince años reclusión y las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil durante el tiempo que dure la pena principal. TERCERO: Declaró la responsabilidad civil del condenado Daniel Ricardo Puerto Munguía, del importe de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por el delito por el que es condenado. CUARTO: No Procedió la condena en costas del acusado Daniel Ricardo Puerto Munguía. QUINTO: No Procedió el comiso. Son partes en única instancia: El Abogado Foad Alejandro Castillo, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente; y Los Abogados Gladys Lamar Ortiz y Arnaldo Alcides García en su condición de Defensores Públicos del señor Daniel Ricardo Puerto Munguía, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “Este Tribunal declara expresa y terminantemente probado el hecho siguiente: UNICO: El treinta (30) de septiembre del año dos mil doce (2012), a eso de las seis de la tarde, el señor JUAN MANUEL SALGADO AMADOR, se transportaba en un autobús de la ruta urbana número uno de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, en el que también se trasladaba DANIEL RICARDO PUERTO MUNGUIA, y otra persona y cuando dicha unidad de transporte hizo una parada frente al portón de emergencia del Hospital Mario Catarino Rivas, el joven DANIEL RICARDO, le desprendió al señor SALGADO AMADOR, una cadena que llevaba en su cuello, suscitándose un forcejeo, en el transcurso del cual, el acusado sacó un arma de fuego y le infirió a JUAN MANUEL SALGADO AMADOR cuatro disparos en distintas partes del cuerpo que le causaron la muerte, mientras que la cadena quedó en el piso del autobús, la cual posteriormente junto a otros objetos del occiso, le fueron entregados a sus familiares.” RECURSO DE CASACIÓN: El recurrente Abogado Darlin Paola Vindel, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICIÒN DEL RECURSO DE CASACIÒN POR INFRACCIÒN DE LEY MOTIVO ÚNICO: Infracción de Ley por Falta de Aplicación del Artículo 217 en relación con el 15 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: El precepto penal y legal citado como infringido por Falta de Aplicación textualmente dice: Artículo 217: Comete el delito de robo quien se apodera de bienes muebles ajenos, animales incluidos, empleando violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas. Se equipara la violencia contra las personas el hecho de arrebatar por sorpresa a la víctima cosa que lleva consigo, o el de usar medios que debiliten o anulen su resistencia”. “Artículo 15: Hay tentativa cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente”. El A-quo en el fallo en estudio, declaró terminantemente como hechos probados las siguientes verdades intangibles: "ÚNICO: El treinta (30) de septiembre del año dos mil doce (2012), a eso de las seis de la tarde, el señor JUAN MANUEL SALGADO AMADOR, se transportaba en un autobús de la ruta urbana número uno de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, en el que también se trasladaba DANIEL RICARDO PUERTO MUNGUIA, y otra persona y cuando dicha unidad de transporte hizo una parada frente al portón de emergencia del Hospital Mario Catarino Rivas, el joven DANIEL RICARDO, le desprendió al señor SALGADO AMADOR, una cadena que llevaba en su cuello, suscitándose un forcejeo, en el transcurso del cual, el acusado sacó un arma de fuego y le infirió a JUAN MANUEL SALGADO AMADOR cuatro disparos en distintas partes del cuerpo que le causaron la muerte, mientras que la cadena quedó en el piso del autobús, la cual posteriormente junto a otros objetos del occiso, le fueron entregados a sus familiares." (Lo resaltado es nuestro). los requisitos exigidos por dicho precepto legal, para tener por establecido que el acusado DANIEL RICARDO PUERTO MUNGUÍA, además de haber cometido el HomIcIdIo, participó a título de Autor directo en un delito de ROBO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA, pues se relata que externó una conducta encaminada a apoderarse de manera violenta una cadena que el ofendido llevaba en su cuello, derivándose de ello un forcejeo que culminó en la muerte por arma de fuego de este último. Aunque el recurso de casación por Infracción de Ley debe apegarse de manera absoluta al relato fáctico, debemos hacer alusión al apartado de fundamentación jurídica, donde el sentenciador, refiere que no aprecia el delito de Robo Agravado en su grado de Ejecución de Tentativa, puesto que de acuerdo a la doctrina que maneja para que su configuración se requiere la disponibilidad de la cosa por el agente como requisito mínImo, por lo que el justiciable al dejar tirada la cadena en el piso del automotor nunca dispuso de ella, aunado a que, según el órgano juzgador, nada le impedía recogerla por tanto no violentó derecho a la propiedad alguno. Disentimos en casi la totalidad de los argumentos del A-quo, pues la teoría de la disponibilidad, recogida por nuestra jurisprudencia, está dirigida a dirimir las dudas sobre la consumación del robo no de la tentativa de este, por lo que el desapoderamiento es una fase del iter crimin is o camino del delito de robo. La tentativa constituye la ejecución de un crimen que se detiene en un punto de su desarrollo antes de alcanzar el grado de consumación, o sea, antes que se haya completado la acción como típica; existe desde que el autor, con el fin de cometer el delito, comienza a ejecutar su propósito delictivo, y puede prolongarse mientras el delito no se haya consumado. Hay, pues, falta de consumación cuando el tipo objetivo de lo injusto no está realizado o no está realizado totalmente, tal como se evidencia en el cuadro fáctico, cuando debido a la inesperada oposición (causa ajena a la voluntad del agente) que le presentó el ciudadano JUAN MANUEL SALGADO AMADOR, el acusado tuvo que recurrir a dispararle, y con un escenario de muerte frente a sus ojos, antes que buscar los objetos que le motivaron a actuar dolosamente, prefirió escapar de la unidad de transporte en donde se conducía como pasajero. El ejecutor, realizó todos los procedimientos que estaban al alcance de sus manos en el desarrollo del hecho delictivo, agotando de esta forma la acción, la que no se verificó por causas independientes a su voluntad; arrebató la cadena y luego disparó al ofendido, y no consiguió apoderarse del objeto, porque conforme a la prueba rendida, hizo cuanto pudo. Es decir no aceptamos como Fiscalía que el acusado pudiendo llevarse la cosa que buscaba, haya abandonado voluntariamente dicho designio, sino, por el contrario, perpetró todo lo que de su parte dependía para poder concretarlo; sin embargo, no logró llevarse la cadena al huir del lugar, lo que impidió la consumación del delito de robo, y estas circunstancias se encuentran plasmadas en el cuadro fáctico establecido por el tribunal sentenciador. En virtud de lo anteriormente expresado, resulta que el fallo emitido por el Juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido por la Honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso, por haber sido dictado con infracción del artículo 217 del Código Penal en relación con el 15 del mismo cuerpo legal sustantivo, por Falta de Aplicación.” Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por el Ministerio Público. Único motivo. Precepto autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal; Normas sustantivas infringidas: artículos 15 y 217 del Código Penal; Concepto de la infracción: Falta de aplicación; y Pretensión: Casar la sentencia. Explica el censor del fallo que el en los hechos probados de la sentencia, considera que el ejecutor realizo todos los procedimientos que estaban al alcance para el desarrollo del hecho delictivo y la misma no se ejecutó por causas independientes a su voluntad, debiendo así el Tribunal Sentencia de condenar por el delito de Robo en su grado de Ejecución de tentativa conforme a los artículos 15 y 217 del Código Penal decreto 144-83. Del delito de Robo. El delito de robo aparece definido en el artículo 217 del Código Penal, según el cual: Comete el delito de robo quien se apodera de bienes muebles ajenos, los animales incluidos, empleando violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas. Se equipara a la violencia contra las personas el hecho de arrebatar por sorpresa a la víctima la cosa que lleva consigo o el uso de medios que debiliten o anulen su resistencia. El Código recoge las dos modalidades comisivas clásicas del delito de robo: la violencia o intimidación en las personas y la fuerza en las cosas. Sin embargo, ello no se traduce posteriormente en una distinta penalidad para sendos delitos. Efectivamente, el artículo 218 prevé para el culpable de robo una pena única, de cinco (5) a nueve (9) años de reclusión, estableciendo dos subtipos agravados y uno atenuado, con diferentes penas para el caso de que el robo recaiga sobre vehículos automotores terrestres, naves aéreas o buques (De 10 a 15 años), sobre ganado mayor (De 7 a 10), o sobre ganado menor (De 3 a 7), constituyendo agravante específica del delito el robo de tres o más cabezas de ganado mayor o menor. El empleo de violencia o intimidación en las personas supone una mayor peligrosidad que la fuerza en las cosas, y por tanto un mayor desvalor de acción, por lo que debería ser tenido en cuenta por los Tribunales, al menos para individualizar la pena conforme a los criterios del artículo 69 del Código, dentro del amplio margen que la ley concede. Bien Jurídico Protegido. El bien jurídico protegido en el delito de robo es la propiedad de las cosas muebles, no el derecho de propiedad mismo -que mientras subsista la cosa sigue perteneciendo a su titular-; lo que se protege es el contenido jurídico y económico de dicho derecho de propiedad (El poder de señorío o conjunto de facultades que constituye la propiedad). De ahí que el propietario será siempre el sujeto pasivo, nunca el sujeto activo del robo (Puede incurrir en figuras de estafa o de coacciones, pero no en robo). Hay quienes consideran que, más ampliamente, se protege la posesión de cualquier origen y aun la mera tenencia, o la pacífica posesión de la cosa mueble. Sin embargo, parece que la posesión se tutela de modo indirecto, como consecuencia precisamente de la protección de la propiedad. De hecho, si se produce un segundo apoderamiento de una cosa mueble, detrayéndola del que, a su vez, la había robado a su titular, el perjudicado sigue siendo éste último. Y, a partir del texto legal -que es desde donde ha de llevarse a cabo la determinación del bien jurídico- resulta que en el mismo se habla de la «ajenidad» del bien mueble robado (Art. 217) y en el hurto se refiere el Código al dueño como sujeto pasivo del delito (Art. 223). En el caso del delito de robo con violencia o intimidación, nos encontramos ante un delito complejo, pluriofensivo, que protege además la libertad y la seguridad de las personas (O incluso la integridad física, o la salud o la vida del sujeto pasivo), pero el tratamiento que da el legislador a la hora de fijar la pena es el mismo en ambos casos. Sujetos Activo y Pasivo. Sujeto activo del delito de robo puede ser cualquiera, excepción hecha del dueño de la cosa. Se plantean interesantes cuestiones en cuanto a la participación. En principio, se resolverán por las reglas de los artículos 32 y 33 del CP, siendo posible considerar coautores en el delito de robo tanto a la persona que físicamente se apodera de la cosa, como a los que hacen uso de la fuerza o de la violencia o intimidación, o incluso despliegan otro tipo de actividad relevante, siempre que actúen de acuerdo. Por ejemplo, siguiendo las teorías del dominio del hecho o de la importancia o escasez de las aportaciones efectuadas por cada interviniente, se han considerado coautores en sentido propio o en su caso cooperadores necesarios a los que, existiendo concierto previo, se han repartido los papeles para realizar funciones de vigilancia en el exterior mientras los demás partícipes penetran a robar en una casa, o al que espera en un automóvil en marcha a los que entran a atracar un banco para darse a la fuga inmediatamente después, o a quien distrae a la víctima para que otro le sustraiga la cartera o el bolso, etc. Sujeto pasivo será el propietario de la cosa, que con la desposesión ve limitadas sus facultades dominicales (Si se opta por la posesión como bien jurídico protegido, lo será precisamente el poseedor, aunque sea accidental o mero detentador). Objeto Material. El Código exige que se trate de «bienes muebles ajenos», lo que exige determinar el contenido de cada uno de tales vocablos. A) Concepto de bien. El concepto penal de «bien» no coincide exactamente con el civil; así, penalmente ha de entenderse como toda cosa u objeto material, valuable en dinero, aprehensible y transportable; es decir, susceptible de apoderamiento. Ha de tratarse, por tanto, de cosas corporales. Los derechos inmateriales tendrán otro tipo de protección (Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, por ejemplo) o, en caso contrario, su apoderamiento será atípico. b) Concepto de mueble El carácter de «mueble» se refiere a su sentido más descriptivo y funcional, esto es, a la posibilidad de su traslado. Por ello, tampoco coincide exactamente con el concepto civil, porque los bienes inmuebles por destino o incorporación según el Derecho Civil (Frutos pendientes, árboles, estatuas u ornamentos adosados a los edificios, etc.) son susceptibles de aprehensión, y por tanto del delito de robo, y en general, de los demás delitos de apoderamiento. El artículo 217 incluye expresamente los animales, que pertenecen civilmente a la categoría intermedia de semovientes, pero cuya referencia no era estrictamente necesaria, por cuanto son claramente bienes muebles a estos efectos. Hay que añadir que, en el caso del hurto, el artículo 223, último párrafo, equipara a la cosa mueble «la energía eléctrica, el espectro radioeléctrico y las demás clases de ondas o energía en los sistemas telefónicos, televisivos, facsimilares de computación o cualquiera otras que tenga valor económico». C) Concepto de «lo ajeno». El bien mueble ha de ser, además, «ajeno». Este concepto es un elemento normativo del tipo, que se caracteriza por dos notas negativas: un bien es ajeno cuando no es propio y cuando no es susceptible de ocupación (STS 661/1993, de 25 de marzo). La condición de dueño en la persona que se apodera del bien que legalmente se encuentra en poder de otro, podrá suponer, en su caso, la calificación del hecho como coacciones, daños o estafa, pero no como robo ni hurto. La exigencia de que el bien no sea propio suscita importantes problemas en los casos de copropiedad o condominio. La opinión tradicional entiende que no hay delito porque la cosa no es ajena (Carrara, Groizard). Otros sostienen la tesis contraria sobre la base de que hay un apoderamiento de cuotas ajenas en cuanto pertenecientes a los otros condueños, consocios o coherederos (Viada, Cuello Calón). Una tercera postura (Quintano, Rodríguez Devesa) opta por distinguir entre los dos tipos de comunidad: Si se trata de una copropiedad de inspiración romana, por cuotas, al existir una división ideal de la cosa, la sustracción de la misma supone cometer delito de robo (O de hurto) por la incorporación al patrimonio del autor de las cuotas o partes ajenas. Incluso algún autor (Muñoz Conde) defiende, quizá en una interpretación demasiado «extensiva», que también hay delito, aunque sólo se apodere de la cuota que le corresponde antes de producirse la división, pues con ello se perjudica el valor económico del todo. Si se trata en cambio de copropiedad germánica o en mano común, al ser toda la cosa propiedad de todos no podría hablarse de cosa ajena, ni siquiera parcialmente, por lo que resulta difícil calificar el apoderamiento como robo (O hurto). El Código de todas formas, no prevé expresamente estos supuestos de copropiedad. Se exige, además, que los bienes no sean susceptibles de adquirirse legítimamente por ocupación. Las cosas abandonadas (Res derelictae), las cosas sin dueño (Res nullius) y las cosas de todos (Res communes omnium), no pueden ser objeto de delito, por cuanto la propiedad de las mismas corresponderá legítimamente a cualquier persona que las tome (STS 661/1993, de 25 de marzo). En todo caso, el abandono no se presume, y deberá ser probado por quien lo alegue. Por lo que atañe a las cosas extracommertium, sobre las que no existe un derecho de propiedad lícito (Drogas, especies protegidas, etc.), el Tribunal Supremo español ha apreciado la existencia de delito (De robo o de hurto) tratándose de drogas, en cuanto que es materia susceptible de propiedad, aunque esta titularidad sea ilegítima (SSTS de 21 de junio de 1982 y 26 de enero de 1984); y en caso de especies animales protegidas (STS 661/1993, de 25 de marzo). Los supuestos relativos a la apropiación de las cosas perdidas –que no son lo mismo que abandonadas- se califican de hurto (Art. 223.2), por lo que se expondrán posteriormente. D) Valuable económicamente. Además de los tres requisitos anteriormente expuestos, la doctrina española ha venido exigiendo que el bien mueble y ajeno sea valuable económicamente. Se podría discutir, desde esta perspectiva, si las cosas que sólo tengan un valor afectivo o sentimental, pueden ser o no objeto de robo (O hurto), o lo serían de coacciones o daños. En el Código Penal hondureño no se exige en el tipo que el bien tenga un valor concreto, y, todo valor afectivo o sentimental bien puede traducirse en un valor moral evaluable económicamente, aunque sea con un valor mínimo y simbólico, por lo que, desde un punto de vista práctico es posible calificar esos hechos de robo o, en su caso, de hurto. Elemento Subjetivo. Estos delitos se cometen únicamente de forma dolosa; dolo que debe abarcar tanto el conocimiento de la ajenidad del bien, como la representación de la voluntad contraria del dueño. Además, como en todos los delitos de enriquecimiento, la doctrina ha exigido un elemento subjetivo, constituido por el ánimo de lucro. Lo cierto es que en la descripción típica que el artículo 217 hace sobre el delito de robo, y el artículo 233 sobre el hurto, no se incluye expresamente ese ánimo de lucro, quizás porque lo importante de estos delitos es la acción depredatoria o de apoderamiento; ello, no obstante, no podemos olvidar que el robo es un delito de enriquecimiento, y eso es precisamente lo que sirve para diferenciarlo, en algunos supuestos, del delito de daños, en el que no existe ese elemento. La interpretación de ese ánimo de lucro ha de ser amplia, entendiendo como tal cualquier provecho, beneficio, ventaja o utilidad, incluso altruista o meramente contemplativa, para sí o para un tercero. Conducta Típica. La conducta típica consiste en «apoderarse», «arrebatar» (Robo) y «tomar» (Hurto). Las tres expresiones describen una estructura compleja desarrollada en distintos momentos, desde el tocamiento o contacto con la cosa, pasando por su aprehensión, hasta el apoderamiento o apropiación. En la determinación del momento consumativo se enfrentan dos tesis extremas: la que sostiene que con tocar el bien o con tomarlo o aprehenderlo se consuma ya el delito (Contrectatio) y la opuesta que requiere el efectivo dominio sobre el bien (Illatio). Una tercera tesis intermedia fija el momento consumativo en la disponibilidad del bien. Esta última es la aceptada por la jurisprudencia española, señalando que el momento consumativo en los delitos de robo y hurto es aquel en que el infractor ha tenido la libre disponibilidad del bien, siquiera sea de modo momentáneo, fugaz o de breve duración (P. ej., STS de 25 de octubre de 1994). Se reconoce así, en estos delitos, una consumación anticipada, siendo innecesario el logro del lucro o fin de aprovechamiento, y radicando el paso de la tentativa a la consumación en el hecho de la disponibilidad de la cosa sustraída, que ha de interpretarse, más que como real y efectiva disposición -que supondría la entrada en la fase de agotamiento- como ideal o potencial capacidad de disposición, o de realización de cualquier acto de dominio material sobre ella (STS 2955/1993, de 27 de diciembre). Un buen resumen de la doctrina jurisprudencial española al respecto lo encontramos en la STS 1502/2003, de 14 de noviembre: La jurisprudencia de esta Sala (Sentencia 349/2001, de 9 de marzo), ha distinguido los distintos momentos que cabe apreciar en el apoderamiento del robo, o en el tomar las cosas ajenas del hurto: a) la «contrectatio», que supone el tocamiento o contacto con la cosa; b) la «aprehensio» o aprehensión de la cosa; c) la «ablatio», que implica la separación de la cosa del lugar donde se halla; y d) la «illatio» que significa el traslado de la res furtiva a un lugar que permita la disponibilidad de la misma; llegando la jurisprudencia de esta Sala a la conclusión de que los delitos de apoderamiento, y entre ellos, por tanto, los robos violentos, quedan consumados cuando se alcanza la disponibilidad de las cosas sustraídas; disponibilidad que pueda ser momentánea o fugaz y basta que sea potencial (SS. De 25 de septiembre de 1981, 27 de abril de 1982, 30 de enero de 1984, 7 de mayo y 2 de noviembre de 1992, 196/1994 de 8 de febrero y 1077/1995 de 27 de octubre). Obsérvese que basta la mera posibilidad de disponer para que quepa hablar de disponibilidad del bien; y, por ello, es suficiente que el agente pueda ocultar la cosa, destruirla, consumirla o menoscabarla, aunque no llegue a hacerlo, para que haya la disponibilidad que caracteriza la consumación. Si el autor consigue entrar en el lugar donde se encuentra el bien (Por ejemplo, en la casa, en el automóvil), pero no logra apoderarse del mismo, nos encontraremos ante el delito en el grado de tentativa conforme al artículo 15 del Código (Se han realizado actos inequívocos de ejecución con la intención de cometer el delito, pero no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente). Sin embargo, la mera aproximación a dicho lugar, incluso aunque pudiera probarse el ánimo de sustraer en él, no supone aún la ejecución de actos inequívocamente típicos (Son actos preparatorios impunes), por lo que no constituiría ni robo ni hurto. Pero si ya ha habido apoderamiento, estamos ante el delito consumado conforme al artículo 14 del Código Penal, al concurrir todos los elementos de su tipificación legal, porque se han realizado todos los actos ejecutivos, aunque no haya podido disponer definitivamente de la cosa, fase que entra ya en el grado de agotamiento del delito (Por ejemplo, en la práctica de Honduras se considera consumado el delito cuando el autor es detenido in fraganti con el bien al salir del lugar del hecho). Medio Empleado. El tipo básico del robo se comete cuando en el apoderamiento se ejecuta empleando violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas. a) Robo con violencia en las personas. La violencia física (Vis absoluta), se refiere a arrebatar, arrancar o tomar por la fuerza el bien, concurriendo en todos los casos en que existe un maltrato físico a las personas, aunque sea de escasa entidad (Constituyen «violencia» los empujones, golpes, forcejeos, bofetadas, tirones, etc.). b) Robo con intimidación en las personas. La intimidación (Vis compulsiva o psíquica) es el temor racional y fundado de sufrir un mal inminente de suficiente entidad para vencer la voluntad contraria del sujeto contra el que se dirige. Tiene por objeto atacar la libertad de decisión del sujeto pasivo (Se la denomina «fuerza perturbadora del espíritu»), que se ve obligado a tolerar el desapoderamiento en contra de su voluntad, sin oponer reacción, o incluso entregando él mismo el bien. No es problemática la diferencia entre violencia e intimidación, pero sí cuál ha de ser el límite mínimo de ésta, y si ha de considerarse con criterios objetivos o subjetivos. C) Robo con fuerza en las cosas. En el delito de robo en el que se emplea fuerza se castiga la mayor gravedad que supone, respecto del hurto, el violentar los mecanismos de protección que preservan los bienes: es éste un ataque más intenso a la propiedad. El artículo 217 habla de emplear «fuerza en las cosas», sin efectuar posteriormente una descripción del término «fuerza» a efectos jurídico-penales, por lo que deberá ser labor del intérprete el deslindar el concepto normativo del puramente gramatical. La STS de 31 de marzo de 1981 nos ofrece una aproximación al concepto penal de fuerza: «todo apoderamiento de dinero, efectos o bienes muebles ajenos que se realicen violentando, forzando, empleando el esfuerzo humano, directa o mecánicamente ayudado, para dolosamente quebrantar aquellas protecciones de cierre y guarda que el propietario adoptó para la defensa de su patrimonio». En todo caso, «apoderarse (De bienes muebles ajenos) empleando fuerza en las cosas», suscita la cuestión de si la fuerza ha de preceder al apoderamiento, como defiende la doctrina mayoritaria, o si cabe incluir también la fuerza posterior, empleada para salir del lugar cerrado (Por ejemplo, el autor accede a un establecimiento en el horario en que está abierto al público, se esconde, apoderándose de los bienes una vez que ha sido cerrado por los empleados, teniendo que fracturar la puerta para salir). En la práctica forense de Honduras se ha venido considerando como delito de robo al que, además, habría que aplicar el subtipo agravado (también para el hurto) si se trata de edificio o lugar destinado a habitación (Arts. 219, último párrafo, y 225.3 del CP). De la Tentativa El Iter Criminis es la descripción del proceso del delito, desde que es concebido en la mente del sujeto activo hasta que éste se agota completamente, diferenciándose los estados que son irrelevantes para el derecho penal de los que son relevantes. El Iter Criminis se divide en tres fases: 1).- Fase Interna: Llamada así por consistir en los diferentes procesos penales que ocurren en la psiquis del sujeto activo en torno al delito, desde su la ideación (surgimiento de la idea), deliberación (reflexión sobre la idea del delito) hasta la resolución delictiva (decisión de ejecutar el delito). Esta etapa no es punible, por cuanto aun con la firme resolución de cometer un delito, mientras éste no se traduzca en al menos un peligro al bien jurídico protegido (Art. 2-C del CP), no puede ser objeto de reproche estatal; 2).- Fase Intermedia: Es una Fase accidental, por cuanto no ocurre en todos los delitos y es cuando el sujeto activo da a conocer su resolución delictiva, el deseo de cometer el delito; estos actos igual no son punibles, salvo en los casos que tal manifestación se haga en forma de amenaza, lo cual podríamos estar ante un delito o falta independiente, contemplado en el artículo 207 o en el artículo 397.2 del Código Penal, respectivamente; 3).- Fase Externa: Son todos aquellos actos encaminados a la consumación del delito. Esta Fase se divide en tres etapas: Los actos preparatorios y los actos ejecutivos, y a depender de la efectividad de éstos últimos, la tercera etapa puede ser la tentativa o la consumación: a. Actos Preparatorios: Conjunto de todas aquellas actividades encaminadas a preparar el hecho punible, a aprontar, disponer o prevenir medios, instrumentos y circunstancias para la ejecución del hecho; los actos preparatorios, incluidos la proposición y la conspiración para el delito (Art. 17 CP), como regla general no son punibles salvo que por sí solos representen un tipo penal autónomo, como en los casos de los artículos 221, 291, 311, 319 último párrafo y 324 del Código Penal; b. Actos Ejecutivos: Son aquellos en que el sujeto comienza la ejecución del delito, comportamientos dirigidos a poner en práctica los actos preparatorios sobre el objeto del delito y que da comienzo a la conducta típica, representando la puesta en peligro del bien jurídico protegido. Los Actos Ejecutivos son punibles, cuya graduación de la pena dependerá si estamos ante una tentativa o un delito consumado; c. La Tentativa, conocida como delito intentado o delito frustrado, existe cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente (Art. 15 CP). Es un dispositivo amplificador del tipo penal, cuya justificación es reprochar la puesta en peligro de un bien jurídico protegido como consecuencia de poner en marcha un comportamiento dañoso, siendo sus elementos: i. Elemento Subjetivo: El elemento subjetivo en la tentativa es esencial para poder realizar la subsunción del hecho en un tipo penal determinado, por ello, solo es posible en los delitos dolosos porque en ellos van encaminada “la intención de cometer un delito determinado” (Art. 15 CP); el dolo debe de coincidir idénticamente con el del tipo penal en su versión consumada, así por ejemplo debe de existir animus necandi, animus leadendi o ánimo de lucro, en la tentativa de homicidio, lesiones y robo, respectivamente; ii. Comienzo de la Ejecución del Delito: Al mencionar el artículo 15 del Código Penal la realización de actos de ejecución, refiere a aquellos actos que deben de llevar al sujeto activo a la consumación del delito, para ello en cada caso será preciso estudiar la naturaleza del delito, para así identificar los actos de ejecución elegidos por el sujeto activo en su plan delictivo que representen un peligro al bien jurídico protegido; iii. Actos Inequívocos: Exige el Artículo 15 del Código Penal que los actos de ejecución deben de ser inequívocos, es decir, acciones realizadas por el sujeto activo inequívocamente dirigidos a la consumación del delito partiendo de una visión objetiva (naturaleza del tipo penal) y subjetiva (plan del autor); iv. Actos Idóneos: El artículo 16 del Código Penal además exige que los actos realizados sean idóneos, que implica que el autor debe de realizar actos que objetivamente puedan consumar el delito, de lo contrario, cuando los medios elegidos son inadecuados o recaen sobre objetos impropios, la acción podrá ser declarada no punible por no representar peligro alguno al bien jurídico protegido (Tentativa Inidónea); y v. Involuntaria Falta de Consumación: Como requisito final la consumación no debe de producirse “por causas ajenas a la voluntad del agente” (Art. 15 CP), es decir, la falta de consumación por factores extraños y externos al querer del sujeto activo. Cuando tales factores provienen del mismo agente estamos ante un desistimiento en la acción delictiva, por lo que ya no habría tentativa, pero el agente deberá de responder por los delitos que se hubiesen consumado hasta el momento del desistimiento. Es pues que la Tentativa es la ejecución incompleta de un hecho tipificado en la ley penal y el cual nunca llega a consumarse debido a: *.- El sujeto activo realizo todos los actos tendientes a la consumación del delito, sin que este se haya consumado por la intervención de otros agentes o circunstancias ajenas al iter criminoso (Tentativa Acabada); **.- El Sujeto activo realizo todos los actos tendientes a la consumación del delito, sin que este se haya consumado debido a que tales actos de ejecución fueron imperfectos o eran inidóneos para ello (Tentativa imperfecta o Inidonia); ***.- El Sujeto Activo no pudo realizar todos los actos tendientes a la consumación del delito debido a circunstancias ajenas a su voluntad (Tentativa Inacabada).- La Tentativa (siempre punible) se diferencia de los actos preparatorios (punibles solo cuando expresamente determine la ley), ya que la primera representa un peligro concreto al bien jurídico protegido por el tipo penal con el comienzo de la ejecución y el segundo consiste en los actos que pretenden preparar la ejecución del delito, no representante un peligro para el bien jurídico protegido. a Delito Consumado: La Consumación es la última etapa del Iter Criminis, donde después de haber realizado todo el proceso de ejecución, se produce un resultado típico y antijurídico, el hecho resultante de las acciones del sujeto activo corresponde de manera exacta y completa al tipo penal legal contenido en la ley penal (Art. 14 del CP). De la procedencia del recurso. El recurso es de recibo en su único motivo. Partiendo exclusivamente de la declaración de hechos probados hecha por los juzgadores, sin hacer mano de consideraciones probatorias pues ello implicaría prescindir del Principio de la Intangibilidad de los Hechos Probados, esta Sala de lo Penal determina que el relato histórico da cuenta de un hecho doloso, tal y como deriva de la siguiente reflexión: El hechos probado da cuenta que ‘’… el señor JUAN MANUEL SALGADO AMADOR, se transportaba en un autobús de la ruta urbana número uno de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, en el que también se trasladaba DANIEL RICARDO PUERTO MUNGUIA, y otra persona y cuando dicha unidad de transporte hizo una parada frente al portón de emergencia del Hospital Mario Catarino Rivas, el joven DANIEL RICARDO, le desprendió al señor SALGADO AMADOR, una cadena que llevaba en su cuello, suscitándose un forcejeo, en el transcurso del cual, el acusado sacó un arma de fuego y le infirió a JUAN MANUEL SALGADO AMADOR cuatro disparos en distintas partes del cuerpo que le causaron la muerte, mientras que la cadena quedó en el piso del autobús, la cual posteriormente junto a otros objetos del occiso, le fueron entregados a sus familiares.” A partir de lo expuesto, la Sala de lo Penal colige que es evidente de la construcción de los hechos probados que el señor DANIEL RICARDO PUERTO MUNGUIA, sabía que su intención era despojar de su bien (cadena) a la víctima y por causas independientes a su voluntad la misma no se consumó, ya que en se momento se suscitó un forcejeo, infiriéndole disparos y del resultado de los mismo fallece la víctima, si bien es cierto la cadena quedo en el piso pero es evidente que el mismo ante tal situación determina no concluir su voluntad que era su plan inicial ocasionar un robo hacia la víctima. Así las cosas, esta Sala estima que efectivamente de los hechos declarados probados se subsumen los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de robo en su grado de ejecución de tentativa tipificado y sancionado en el artículo 217 y 15 del código penal. Con el código penal 144-83, la conducta de robo se encuentra castigado con un marco penal abstracto de cinco (5) a nueve (9) años de prisión. También el artículo 15 establece hay tentativa cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente rebajando la misma en un tercio (1/3), lo que ofrece un nuevo marco penal de tres (03) años y cuatro (04) meses a seis (06) años de prisión. Imponiendo la pena mínima de tres (03) años y cuatro (04) meses de prisión. Decisión Se declara ha lugar el recurso de casación por infracción ley en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto Legislativo No. 130-2017. La aplicación retroactiva no es procedente en el presente caso. A. Principio de legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Artículo 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Esta norma constitucional se encuentra también desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el principio de legalidad. Particularmente, la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el principio de identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pág. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir, solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento del juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (principio de identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (retroactividad de la ley penal más favorable).En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: I. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. II. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar -de cada una de las leyes en conflicto temporal- los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. III. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo, no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017. Tal y como manda el principio de identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (artículo 615, primer párrafo del nuevo Código Penal). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva, resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (artículo 615, segundo párrafo del Nuevo Código Penal), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (artículo 624.3 del nuevo Código Penal). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (artículo 616 1er párrafo del Nuevo Código Penal), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (artículo 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 del Nuevo Código Penal) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro; se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos, se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y,b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años: se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite subjetivo: el máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite objetivo ordinario: el total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite objetivo extraordinario: el total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al acusado Daniel Ricardo Puerto Munguía, la pena principal de quince (15) años de reclusión por ser autor responsable penalmente de un delito de homicidio simple, en perjuicio de Juan Manuel Salgado Amador, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de homicidio (artículo 192), cuya pena es de prisión de quince (15) a veinte (20) años, marco abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de libertad impuesta al acusado en la sentencia. Con el NCP 130-2017, la conducta de robo con violencia se encuentra contemplada en el artículo 361 con un marco penal abstracto de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión; asimismo, el articulo 363 en relación a las agravantes especificas establece en su numeral 9, se cometen hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto, se deben de aumentar un tercio, lo que ofrece un nuevo marco penal de ocho (8) años a diez (10) años y ocho (8) meses de prisión, mismo que debe rebajarse en un cuarto (1/4) por determinarse una tentativa inacabada, quedando el nuevo marco penal de seis (06) años a ocho (08) años de prisión. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. DECISIÓN Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 del Código Procesal Penal Decide: Primero: Declarar Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo, interpuesto por la Abogada Darlin Paola Vindel fiscal del Ministerio Público; en consecuencia casa parcialmente la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de fecha treinta y uno de marzo del año dos mil diecisiete; en los siguientes términos: i) Se Reforma el numeral Primero de la Parte Resolutiva en el sentido de que se debe de condenar y se condena al señor Daniel Ricardo Puerto Munguía, como responsable a título de autor de un delito de Robo en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio del señor Juan Manuel Salgado Amador, a la pena principal de tres (03) años cuatros (04) meses de reclusión, con el descuento del tiempo en que el reo haya estado privado de su libertad cautelarmente por este proceso penal y que deberá cumplir en el Centro Penal que designe el Juez de Ejecución competente; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal; ii) Se dejan incólumes los demás pronunciamientos de la parte Resolutiva de la Sentencia. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017. Y MANDA: Que la secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó magistrado Diaz Flores. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas.-. Receptora ADSCRITA SALA de lo Penal.”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de diciembre de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP 612-2019.RINA KORITZA SANDOVAL NAVASRECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL