Sentencia CP-61-19 — Registro 17411
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Robo Agravado Continuado, y como autor, del delito de Portación Ilegal de Armas, en perjuicio de la Seguridad del Estado de Honduras, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y se declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL RECURSO NO ES DE RECIBO.- El Censor acudió a esta vía impugnativa para reclamar un supuesto vicio que, según su criterio, tenían incidencia en la vigencia del artículo 332-B del Código Penal 144-83, y que no fueron tomadas en consideración en el pronunciamiento condenatorio, resultando ello improcedente, provocada por una errónea interpretación del Decreto No. 052-2017, el que no deroga o suspende la positividad del Artículo 332-B del Código Penal. La norma señalada es de carácter administrativa, y prevé regulaciones de tal carácter y de ninguna forma alberga causa de justificación, causa de inculpabilidad, mucho menos causa de invalidez de la norma penal que reprocha conducta de posesión, portación y posesión ilícita de armas de fuego de uso personal, tal y como se ha explicado ampliamente en el apartado anterior. El decreto de referencia no afecta la positividad de la norma penal, cuyo vigor no se vio interrumpido, suspendido o condicionado; así entonces el criterio del tribunal respecto a la vigencia de la norma penal y su subsunción a lo declarado probado es legalmente correcto, no procediendo el reclamo del recurrente..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...PONDERACIÓN DE LA NORMA PENAL MÁS FAVORABLE EN EL CASO CONCRETO En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Erin Josué Garmendia Lobo, un acumulado de 27 años con 01 mes y 10 días de reclusión como pena principal, a saber: a. En base al artículo 217 y 218 del código penal 144-83: Como autor responsable de un delito de robo de vehículo agravado: pena principal de 13 años de reclusión y penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil; b. En base a los artículos 217, 219 último párrafo, en relación con el artículo 225 numerales 3 y 4 y aplicación del artículo 37, todos del código penal 144-83: Como autor responsable de tres delitos de robo agravado continuado, imponiendo una pena principal de 11 años, 01 mes y 10 días de reclusión y penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil; y c. En base al artículo 332-B del código penal 144-83: Como autor responsable de un delito de portación ilegal de arma de fuego de uso personal: pena principal de 03 años de reclusión y penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. En relación, el código penal 130-2017 no tiene un tipo penal especifico a razón de que el objeto del delito sea un vehículo, pero si encuentra regulado el delito de robo con intimidación, en el cual se subsumiría las conductas que tuviesen como objeto ese particular bien mueble.- Por ello en el caso de autos y de conformidad con el NCP 130-2017, no existiría un delito adicional de robo de vehículo agravado, sino que éste se tendría como parte de los bienes muebles que le fueron sustraídos a los testigos protegidos, configurándose la conducta en tres delitos de robo con intimidación tiene una pena abstracta de 4 a 8 años de prisión (Art. 318 NCP 130-2017), pena que debe de incrementarse en un tercio cuando se de el supuesto 9, del artículo 363, correspondiendo la pena abstracta de 8 años a 10 años con 08 meses de prisión.- Además es de apreciarse que cuando el delito es cometido repetidamente aprovechando idénticas circunstancias, debe de ser castigados todos ellos como un solo delito continuado, correspondiendo imponer la pena del delito más grave, de su mitad superior hasta su extremo máximo aumentado en un tercio, el cual en el presente caso corresponde a un margen de 09 años con 04 meses hasta 14 años con 02 meses y 20 días. En cuanto al delito de tenencia ilegal de armas de fuego permitida, previsto en el artículo 580.1, prevé una pena abstracta de 01 a 04 años de prisión y localización permanente de hasta dos (2) años, a las personas responsables del delito, más las penas accesorias correspondientes. Dichas penas deben de ser incrementada en un tercio cuando la conducta realizada es la de portación, fijándose la pena abstracta de 04 años a 05 años con 04 meses de prisión y localización permanente de hasta 2 años con 08 meses. Lo anterior determina que la suma de las penas principales que dispone el NCP 130-2017, es de 13 años con 04 meses a 19 años con 06 meses y 20 días, además de localización permanente por 02 años con 08 meses. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular el Código Penal 130-2017 prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal 144-83, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la nueva codificación. Para efectos de la individualización de las penas, manda el artículo 70 NCP tener en consideración la existencia o ausencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y, en su defecto, las circunstancias personales del condenado.- Como referencia para ello la Sala de lo Penal hace eco de las posturas de las partes en la audiencia de individualización de la pena concreta: el Ministerio Público no argumento la existencia de circunstancia agravante y solicito la imposición de la pena mínima, a lo cual la Defensa del acusado se adhirió; por su parte el a-quo relaciona en su sentencia que no se aprecian circunstancias agravantes ni atenuantes y que por ello es de la consideración que la pena que debe de imponerse es aquella que corresponde al extremo mínimo abstracto. En cuanto a las circunstancias personales del acusado, la Sala de lo Penal encuentra en el acumulado judicial que el Señor Erin Josué Garmendia Lobo, tenía 19 años al momento de los hechos, siendo hondureño, con DNI 0501-2008-12722, bachiller en informativa, desempleado al momento de los hechos, originario de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes y con último domicilio conocido en la misma ciudad, con unión libre con la Señora Fanny Trochez y padre de un menor de edad.- Dichos datos hacen determinar a este tribunal ad-Quem la ausencia de circunstancias agravantes, que concurre la circunstancia atenuante del artículo 31.4 del NCP 130-2017, y la ausencia información personal que derive en una prognosis criminal negativa, por lo que concuerda esta Sala de Casación que corresponde imponer al acusado la pena mínima de cada delito por el cual fue encontrado penalmente responsable..."
Legislación citada
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-61-2019, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP-61-2019 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha cinco de abril de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Erin Josué Garmendia Lobo, como autor, del delito de Robo Agravado Continuado, en perjuicio de los Testigos Protegidos Rosa 1, Rosa 2, y Rosa 3 a la a pena de once años, un mes y diez días de reclusión. Segundo: Condenó al señor Erin Josué Garmendia Lobo, como autor, del delito de Robo de Vehículo Agravado, en perjuicio de los Testigos Protegidos Rosa 1, Rosa 2, y Rosa 3 a la pena de trece años de reclusión. Tercero: Condenó al señor Erin Josué Garmendia Lobo, como autor, del delito de Portación Ilegal de Armas, en perjuicio de la Seguridad del Estado de Honduras, a la a pena de tres años de reclusión. Cuarto: Condenó al señor Erin Josué Garmendia Lobo, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal, así como también a trabajar por el tiempo que dure la misma, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. Quinto: Declaró la responsabilidad civil del condenado. Sexto: Se declara el Comiso del arma de fuego puesta a la orden del Tribunal. Séptimo: No procede condenar al señor Erin Josué Garmendia Lobo, en costas procésales, personales, ni gastos ocasionados en el juicio. Son partes en única instancia: Los Abogados Alba Regina Paniagua Pacheco y Arnaldo Alcides García Alvarado, en su condición de defensores públicos del señor Erin Josué Garmendia Lobo, como parte recurrentes y la Abogada Marina Audely Varela Figueroa, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados de la instancia Primero: En fecha diez de septiembre del año dos mil quince, aproximadamente a las ocho de la noche, los Testigos Protegidos Rosa 1, Rosa2, Rosa3, iban llegando a una casa de habitación ubicada en la colonia Aurora de esta ciudad, y en el momento en que abrían el portón, fueron interceptados por tres sujetos con armas de fuego en mano, entre ellos el Señor Erin Josué Garmendia Lobo, arrebatándole uno de los sujetos la cartera al Testigo Protegido Rosa 1, y a su vez despojaban de sus carteras a los otros dos acompañantes, conminándolos con las armas de fuego, para luego llevarse todas las pertenencias despojadas y el vehículo marca Isuzu, modelo Rodeo, tipo camioneta de lujo, color verde, año dos mil, con placa PCF 9686, para abandonar el lugar. Razón por la cual los Testigos Protegidos interpusieron la denuncia de mérito. Segundo: El día catorce de marzo del año dos mil dieciséis, a eso de las ocho de la noche, en el sector del barrio Barandillas de esta ciudad, a la altura de la avenida Junio, agentes de la policía divisaron un vehículo sospechoso el que se conducían tres sujetos, entre ellos Erin Josué Garmendia Lobo, a quienes requirieron y al realizarles un registro personal a cada uno, encontraron en la cintura de Erin Josué un arma de fuego tipo revolver, calibre 38, marca Taurus, modelo 82, serie E0367160, con 6 cartuchos sin percutir, con capacidad de disparo de la que no tenía el permiso, así como también los policías corroboraron que el vehículo en el que circulaba el señor Erin Josué Garmendia Lobo junto a los otros dos sujetos, era el que le habían despojado a la Testigo Protegido Rosa 1, por lo que fue detenido y puesto a la orden de autoridad competente. Recurso de Casación.- Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Infracción de Ley Motivo Único: Infracción de Ley por Falta de aplicación del Artículo 1 del Decreto N°. 52-2017, publicado en fecha 4 de Agosto del 2017, relacionado con artículo 96 y 221 de la Constitución de la República. Precepto Autorizante. El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo De Casación. Los Preceptos Penales sustantivos que se invocan como infringidos por violación o falta de aplicación prescriben lo siguiente: Artículo 1 del Decreto N°. 52-2017 publicado en fecha 4 de agosto del 2017: "Conceder el beneficio de amnistía hasta el 31 de diciembre del año 2018, para que todos aquellos ciudadanos que no hayan realizado el régimen de cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no poseen la factura de venta de la Armería, para que procedan con la documentación restante a realizar dicho registro." Artículo 96. La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado. Artículo 221. La ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de haber transcurrido veinte días de terminada su publicación en el diario oficial La Gaceta, podrá sin embargo, restringirse o ampliarse en la misma ley el plazo de que trata este articulo y ordenarse, en casos especiales, otra forma de promulgación" Artículos que ha infringido el Tribunal de Sentencias, al no ajustarse la declaración de los hechos probados con el tipo penal que establecen estas disposiciones, además un delito no puede castigarse más que con la pena que estuviera prevista por la ley al tempo de su comisión. Estos principios se asientan en la función garantista de los derechos fundamentales del principio de legalidad en general, por las razones siguientes: El Juzgador en referencia declaró como hecho probado el siguiente: Primero: En fecha diez de septiembre del año dos mil quince, aproximadamente a las ocho de la noche, los Testigos Protegidos Rosa 1, Rosa 2,Rosa3, iban llegando a una casa de habitación ubicada en la Colonia Aurora de esta Ciudad y en el momento en que abrían el portón, fueron interceptados por tres sujetos con armas de fuego en mano, entre ellos el señor Erin Josué Garmendia Lobo, arrebatándole uno de los sujetos la cartera al Testigo Protegido Rosa 1, y a su vez despojaban de sus carteras a los otros dos acompañantes, conminándolos con las armas de fuego, para luego llevarse todas las pertenencias despojadas y el vehículo marca Isuzu, modelo ]Rodeo, tipo camioneta de lujo, color verde, año dos mil, con placa PCF 9686, para abandonar el lugar. Razón por la cual los Testigos Protegidos interpusieron la denuncia de mérito. Segundo: El día catorce de marzo del año dos mil dieciséis, a eso de las ocho de la noche, en el sector del barrio Barandillas de esta ciudad, a la altura de la avenida junio, agentes de la policía divisaron un vehículo sospechoso el que se conducían tres sujetos entre ellos Erin Josué Garmendia Lobo, a quienes requirieron y al realizarles un registro personal a cada uno, encontraron en la cintura de Erin Josué un arma de fuego tipo revólver, calibre 38, marca Taurus, modelo 82, serie E0367160, con 6 cartuchos sin percutir, con capacidad de disparo de la que no tenía el permiso, así como también los policías corroboraron que el vehículo en el que circulaba el señor Erin Josué Garmendia Lobo, junto a los otros dos sujetos, era el que le habían despojado a la Testigo Protegido Rosa 1, por lo que fue detenido y puesto a la orden de autoridad competente." Esta declaración de hechos probados consignados por el Tribunal de sentencia, aparece como verdad incuestionable que el día catorce de marzo del año dos mil dieciséis, agentes de la policía divisaron un vehículo sospechoso el que se conducían tres sujetos entre ellos Erin Josué Garmendia Lobo, a quienes requirieron y al realizarles un registro personal a cada uno, encontraron en la cintura de ERIN JOSUE un arma de fuego tipo revólver, calibre 38, marca Taurus, modelo 82, serie E0367160, con 6 cartuchos sin percutir De este punto es que resulta claramente identificada la infracción por violación a los artículos citado en relación con artículo 96 y 221 de la Constitución de la República, si se entiende que de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia la infracción por violación es la falta de aplicación de la ley o de la doctrina legal en la resolución de la cuestión debatida, es decir se produce cuando el Juez pasa por alto la existencia de una norma legal reguladora de la relación jurídica debatida, o se resiste en forma deliberada a aplicarla no obstante su validez formal, esta falta de aplicación tiene que resultar necesariamente partiendo de los hechos declarados probados en la sentencia. Pues resulta claro que al entrar en vigencia el Artículo 1 del Decreto N°.52-2017 publicado en fecha 4 de agosto del 2017 y que manifiesta: "Conceder el beneficio de amnistía hasta el 31 de Diciembre del año 2018, para que todos aquellos ciudadanos que no hayan realizado el régimen de cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no poseen la factura de venta de la Armería, para que procedan con la documentación restante a realizar dicho registro." Deja en suspenso la aplicación de la norma contenida en el artículo 332-B del Código Penal, y de manera retroactiva con fundamento en el principio de la retroactividad de la ley regulada en el artículo 96 constitucional, debió aplicarse la norma prescrita en el artículo 1 arriba indicado, por canto esa nueva ley ( Decreto 52-20017) es de materia penal y favorece desde luego a mi representado, en base a que La ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de haber transcurrido veinte días de terminada su publicación en el diario oficial La Gaceta. En consecuencia, debió aplicársele la norma prescrita en el artículo 1 párrafo uno del decreto indicado, a efecto de conceder el beneficio de amnistía hasta el 31 de Diciembre del año 2018, para que todos aquellos ciudadanos que no hayan realizado el régimen de cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no poseen la factura de venta de la Armería, para que procedan con la documentación restante a realizar dicho registro. Y así se afirma que el sentenciador al haber condenado a mi patrocinado Erin Josué Garmendia Lobo, ha producido en consecuencia la infracción de los Preceptos Penales sustantivos que se invocan. Interpretación Pretendida. Partiendo de la declaración de los hechos probados, consideramos que la Infracción de falta de aplicación del Artículo 1 DEL Decreto N. 52-2017, publicado el 4 de agosto del 2017 "Conceder el beneficio de amnistía hasta el 31 de Diciembre del año 2018, para que todos aquellos ciudadanos que no hayan realizado el régimen de cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no poseen la factura de venta de la Armería, para que procedan con la documentación restante a realizar dicho registro.", relacionado con articulo 96 y 221 de la Constitución de la República, se pretende que se admita y se declare con lugar el presente Recurso, case la sentencia recurrida y proceda a revocarla dictando una nueva, absolviendo a mi representado del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Prohibida. Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe de guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; a. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; b. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; c. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y d. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe de entenderse como norma sustantiva a toda aquella de defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (Como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas entonces normas con contenido procesal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; De allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Único Motivo: Acusado Erin Josué Garmendia Lobo Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 1 del Decreto No. 052-2017, en relación con los artículos 96 y 221 de la Constitución de la República; Concepto de la Infracción: Infracción de ley (no se indica la naturaleza de la infracción); y Pretensión: Se revoque la sentencia condenatoria por el delito de portación ilegal de arma de fuego comercial. La Defensa Pública indica que de la lectura de los hechos probados resulta la clara visión de la infracción del Decreto 052-2017, en relación con los artículos 96 y 221 de la Constitución de la República; reflexiona que al entrar en vigencia el artículo 1 del Decreto se dejo en suspenso la aplicación del artículo 332-B del código penal 144-83, debiendo aplicarse ello de manera retroactiva por mandato del artículo 96 constitucional. Concluye que por lo señalado no debió condenarse al acusado Erin Josué Garmendia lobo, como responsable del delito de portación ilegal de arma de fuego, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. De Las Armas De Fuego La Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados, define como "armas de fuego" a cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto, excepto las armas antiguas fabricadas antes del siglo XX o sus réplicas. El artículo 4 de la otrora vigente Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones Explosiones y otros similares (en adelante: Ley de Armas), reconocía el derecho de las personas nacionales y extranjeras de poseer y portar armas de fuego, para ello ordenaba que toda persona debía obtener permiso previo por parte de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, otorgado una vez que satisficiere los requisitos exigidos por esa misma ley, los cuales son los descritos en el artículo 27 reformado: 1. Formulario con sus datos personales y residencia; 2. Marca, modelo, número de serie, identificación de conversiones de calibre, si la tuviere, así como las demás características del arma. La persona interesada solo podía poseer y/o portar armas de fuego y municiones clasificadas como permitidas, mismas que debían tener las características y especificaciones que estipulaban los artículos 7 y 9 de la Ley de Armas; Pero además la ley era específica en cuanto a las armas y municiones que se consideran prohibidas, es decir que no es permitida su adquisición, tenencia o portación, describiendo sus características y especificaciones en el artículo 8 y 10 de la ley mencionada; 3. Constancia de haberse practicado la prueba balística conforme lo señalaba el artículo 17 para los efectos establecidos en el artículo 19, ambos de la Ley de Armas; 4. Pago de la matrícula municipal; y; 5. Documentos de identificación. El permiso era (y sigue siendo) intransferible (Art. 34 de la Ley de Armas), por ello la persona que lo obtenía debía reportar en un plazo máximo de tres días a la Policía Nacional y al Registro Nacional de Armas cualquier traspaso de propiedad que hiciese del arma registrada, a efectos de que el nuevo propietario realizara la solicitud de permiso correspondiente, igualmente debía reportar el robo o extravío de esta en igual término (Art. 20 y 31 de la Ley de Armas). El Estado de Honduras, para efectos de salvaguardar la seguridad interior, tiene el deber de realizar un estricto control de la posesión y portación de armas de fuego, por ello contempla la imposición de sanciones administrativas y de sanciones penales (aplicables con independencia a las sanciones administrativas) para las personas que infrinjan dichos controles.- Entre las sanciones penales encontramos los delitos relacionados con armas prohibidas (Art. 332-A) y de uso personal (Art. 332-B). Decretos legislativos de gracia o de “veda” o “amnistía” El legislador hondureño ha dispuesto en varias ocasiones emitir leyes y normas temporales con el objeto de establecer reglas especiales, algunas veces exonerando de requisitos, para que las personas dueñas y poseedoras de armas de fuego regularicen su tenencia o, en su caso, hagan entrega de aquellas que la ley ha catalogado como prohibidas. Estas normas legales, de naturaleza administrativa, tiene el propósito de motivar a los particulares a que se ajusten a las leyes que regulan el tema de arma de fuego, no debiendo entenderse que buscan como propósito exonerar de responsabilidad penal por delitos relacionados con estos objetos. Desde el año 2001 han estado en vigencia 09 leyes distintas que regulan tiempos de exención, siendo éstas: a. La Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares: En el artículo 62 se estableció un período de gracia de 12 meses, a contar a partir de su vigencia, para que las personas que estuvieran en posesión de armas permitidas pudieran hacer el trámite para la obtención del permiso correspondiente sin la necesidad de presentar documentos de propiedad alguno; Dentro del mismo plazo las personas que tuvieran en su poder armas de guerra, automáticas, explosivos, municiones o accesorios prohibidos, podían entregarlas a la autoridad pública sin responsabilidad alguna. El término referido en el artículo 62 transcurrió del 29 de julio del 2000 hasta el 29 de julio del 2001. b. Decreto No. 257-2002: El artículo 2 estableció que las personas que estaban en posesión de armas de fuego permitidas por la ley, entendiéndose como tales las enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas, tenían un plazo de seis (06) meses para su registro y obtención del permiso, sin la necesidad de presentación de documento alguno sobre la procedencia del arma. El período de gracia establecido en esta ley fue del 07 de octubre de 2002 hasta el 06 de abril de 2003. c. Decreto No. 101-2003: El artículo 3 establecía un término de noventa (90) días para que las personas que estuviesen en posesión de armas de fuego de guerra o reservadas para uso de las Fuerzas Armadas de Honduras y armas de fabricación artesanal (Art. 8 de la Ley de Armas), las entregaran a la autoridad competente sin responsabilidad penal o civil. Los 90 días comenzaron a correr desde el 11 de julio hasta el 08 de octubre de 2003.- Durante dicho tiempo quedó en suspenso la vigencia del artículo 4 del decreto 101-2003, que creaba un nuevo tipo penal de Tenencia y Portación de Armas de Fuego de Guerra y de Fabricación Artesanal y que entró en vigor precisamente al vencerse el plazo, es decir el 09 de octubre de 2003, hasta su fecha de derogación el 15 de enero de 2004. d. Decreto No. 274-2005: En el artículo 1 establece que es permitida la inscripción de armas de fuego de marcas y calibres específicos, siempre que sean de los modelos de fusiles semiautomáticos y carabinas, sin la necesidad de documentación de origen, en un período de gracia que no fue determinado en el decreto, lo que llevó como consecuencia a que dicho decreto no tuviese efectividad alguna. e. Decreto No. 069-2007: Este decreto además de reformar el artículo 27 y adicionar los artículos 27-A, 27-B y 27-C a la Ley de Armas, estableció en su artículo 2 un plazo de seis (06) meses para que las personas pudieran registrar las armas de fuego que tuvieren en posesión de manera irregular; conjuntamente establecía el artículo 3 que el decreto entraría en vigor 20 días después de la publicación oficial, misma que fue hecha el 29 de agosto de 2007; el término de seis meses establecido comenzó a correr el 18 de septiembre del año 2007 y venció el 18 de marzo del 2008, a media noche. f. Decreto No. 184-2013: El artículo 2 establecía un año de veda para que toda persona que tuviese en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial procediera a realizar los trámites correspondientes para su registro, presentando la documentación respectiva con excepción a la factura de venta de La Armería, la cual no sería necesario presentar en dicho tiempo. En el primer párrafo del artículo 2, regulaba la posibilidad de inscripción de armas de fuego sin la necesidad de la presentación de factura de compra, refiriéndose a aquellas armas que la ley catalogaba como permitidas su tenencia y portación previo permiso de autoridad competente, enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas. - El plazo de un año de “veda” o de gracia que anunciaba el artículo 2, comenzó a correr en fecha 05 de octubre de 2013 y venció el 05 de octubre de 2014. g. Decreto No. 063-2014: El artículo 1 concedió prorrogar de la vigencia del decreto No. 184-2013, por un período de seis (06) meses, a partir del vencimiento de dicho decreto, con el objeto de que toda persona que tuviera en su poder cualquier tipo de arma de fuego proceda a realizar los trámites de registro, debiendo presentar toda la documentación pertinente a excepción de la factura de compra en La Armería. El término de prórroga comenzó a correr el día siguiente al vencimiento del plazo señalado en el decreto 184-2013, es decir el 06 de octubre de 2014, venciéndose el 06 de abril de 2015. h. Decreto No. 060-2015: El Legislador nuevamente, dispone en el artículo 1 prorrogar el decreto No. 063-2014, a partir de su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de 2015, con los mismos efectos. i. Decreto No. 052-2017: El legislador decretó conceder el beneficio de amnistía desde el 04 de agosto de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2018, para que todas las personas que no hayan realizado el registro de cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posean la factura de la venta de La Armería, procedan con la documentación restante a realizar dicho registro. Existe controversia sobre los alcances que en materia penal han tenido los Decretos Legislativos enumerados durante el tiempo en que estuvieron en vigencia (no se olvide que se trata de leyes temporales); controversia que ha sido sometida a conocimiento y resolución de la Corte Suprema de Justicia en no pocas ocasiones, existiendo ya a la fecha un criterio definido y consolidado, tanto en la Sala de lo Constitucional como en la Sala de lo Penal, formado mediante una correcta interpretación de la ley: a) Sala de lo Constitucional: En sentencias del 09 de agosto de 2017 emitidas en los Exp 0283-2015 y 0688-2015 y en sentencias del 16 de mayo de 2017 de los Exp 198-2016 y 329-2016 la Sala de lo Constitucional, tras haber desarrollado posturas diferentes sobre el tema, declaró apartarse de su propia doctrina legal, refiriendo que el dilema es una cuestión de mera legalidad que debe ser resuelto en instancia y no mediante la garantía constitucional de Amparo, por lo que consideró que a partir de esa fecha lo procedente era sobreseer todas las acciones que se refieran a este tema en específico; de este modo la Sala de lo Penal es la llamada para resolver el diferendo de criterios jurídicos. b) Sala de lo Penal: La Sala de lo Penal, a partir del año 2018, apelando al Método Dogmático de interpretación de las normas jurídicas, ha determinado que los Decretos Legislativos In Comento son normas de índole administrativas cuyo ámbito de aplicación son en esa materia sin que tengan conexidad, mucho menos incidencia en el derecho penal. Recordemos que manda el artículo 17 del Código Civil que “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención de legislador”. Los decretos de veda o amnistía tuvieron como propósito establecer condiciones especiales para motivar a la población del territorio hondureño regularizar su posesión de armas de fuego, sea obteniendo el permiso de la autoridad pública sin la presentación de la documentación que normalmente se exige, sea entregando sin responsabilidad algunas armas de tenencia prohibida. En específico el Decreto No. 052-2017 con cuya vigencia se procuraba que los poseedores de cualquier arma de fuego de carácter comercial que no poseían factura de venta procedente de La Armería, tuvieran la posibilidad de inscribirla en el registro correspondiente y obtener la autorización para la portación de tales armas; dicho decreto no despenaliza bajo ningún concepto la tenencia ilegal, tampoco suspende su positividad o determina suspenso de antijuricidad de la conducta (que han sido los argumentos judiciales aplicados); en general no tiene por finalidad permitir la impunidad de esta tipología de delitos de peligro abstracto, sino que el fin expreso y taxativo del mismo es promover el registro de armas de fuego en poder de los particulares, para efectos de que el Estado obtenga control del parque de armas de fuego circulantes en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y de la seguridad jurídica como valor constitucional fundante del Estado de Derecho. El Decreto No. 052-2017 (tema del Recurso de Casación que nos ocupa), concedió un plazo de tiempo para que las personas pudiesen obtener su permiso de portación y tenencia de armas de fuego, esto no debe entenderse como “carta blanca” en donde la persona pudiese poseerlas poniendo en peligro abstracto el bien jurídicamente tutelado: la seguridad interior del Estado de Honduras. De la procedencia del Recurso. El Recurso no es de recibo.- El Censor acudió a esta vía impugnativa para reclamar un supuesto vicio que, según su criterio, tenían incidencia en la vigencia del artículo 332-B del Código Penal 144-83, y que no fueron tomadas en consideración en el pronunciamiento condenatorio, resultando ello improcedente, provocada por una errónea interpretación del Decreto No. 052-2017, el que no deroga o suspende la positividad del Artículo 332-B del Código Penal. La norma señalada es de carácter administrativa, y prevé regulaciones de tal carácter y de ninguna forma alberga causa de justificación, causa de inculpabilidad, mucho menos causa de invalidez de la norma penal que reprocha conducta de posesión, portación y posesión ilícita de armas de fuego de uso personal, tal y como se ha explicado ampliamente en el apartado anterior. El decreto de referencia no afecta la positividad de la norma penal, cuyo vigor no se vio interrumpido, suspendido o condicionado; así entonces el criterio del tribunal respecto a la vigencia de la norma penal y su subsunción a lo declarado probado es legalmente correcto, no procediendo el reclamo del recurrente. Decisión: Desestimar el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo. De La Aplicación Retroactiva Del Código Penal Decreto 130-2017 Principio de Legalidad El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y Declaración de los derechos y Deberes del Hombre (Art. 5 y 15), y regulado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9), en el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (Art. 6,9 y 14), Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer y cumplir la ley (Art. 1), así como en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades y la Carta Africana Sobre Derechos Humanos y de los Pueblos. De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal 130-2017 en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.”. En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. El Principio de Legalidad exige del legislador: a. Que formule las descripciones del delito del modo más preciso posible (Nullum crimen sine lege certa), y b. Que las leyes no tengan efecto retroactivo (nullum crimen sine lege praevia), salvo cuando le sea más favorable al procesado o condenado. Por otra parte, exige del juzgador: a. Que sus condenas se basen en la Ley escrita y no en el derecho consuetudinario (nullum crimen sine lege scripta) y b. Que no amplíe la ley escrita en perjuicio del afectado (nullum crimen sine lege stricta, la llamada prohibición por analogía). Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley que regula las mismas situaciones que la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría a su arbitrio contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad son: a. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; b. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o c. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más favorable no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigor y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano/a pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política se establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente al momento del hecho; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior y por la cual estaba siendo juzgada o por la cual fue condenada la persona; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal; b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador; y c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme y mientras se esté ejecutando, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales en los siguientes casos: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. Casos en que no Procede la Ponderación de Norma Penal más Favorable El nuevo código penal prevé una serie de prohibiciones respecto a la ponderación de la norma más favorable y, en su caso, la aplicación retroactiva de la norma penal sustantiva más favorable. - Dichas prohibiciones son: a. Penas ejecutadas (art. 622): No se hará revisión de penas ejecutadas completamente, salvo para efectos de alegar inexistencia de reincidencia en un nuevo proceso penal; b. Penas a cumplir en vacancia legal (art. 622): No se hará revisión de las penas cuya fecha de cumplimiento este dentro del periodo de vacancia legal del cp-130-2017; c. Suspensión de la pena y libertad condicional (art. 618): no se hará revisión de penas suspendidas condicionalmente y penas de personas en libertad condicional conforme el VCP144-1983, salvo reactivación de la pena por incumplimiento del beneficio; y d. Responsabilidad civil derivada del delito (art. 626): La despenalización del delito no afectará los procesos pendientes y los pronunciamientos firmes respecto a la responsabilidad civil derivada. Ponderación En Procesos Penales Activos Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). La ponderación de la norma más favorable deberá de realizarse al momento del juzgamiento en primera instancia, en segunda instancia o en única instancia; por ello no es procedente aplicación retroactiva en estadios previos del proceso, como ser la audiencia de declaración de imputado, la audiencia inicial, la audiencia preliminar, revisión de medidas cautelares, en la etapa de saneamiento de la etapa de juicio o en cualquier etapa previa al momento del juzgamiento, salvo los casos de atipicidad como ya se ha apuntado. Reglas Generales de Ponderación El Código Penal 130-2017 prevé una serie de reglas generales que deben de observarse en el proceso de ponderación ya sea en primera instancia como en la resolución de recursos devolutivos. - Dichas reglas generales son: a. Proceso Contradictorio: El proceso de ponderación debe de realizarse de manera contradictoria; el artículo 616 indica que es obligatorio emplazar siempre a la persona procesada o condenada, así como a las demás partes, para la celebración de una audiencia que tenga tal efecto. Es excepción de esto los procesos que se encuentren en trámite de un recurso devolutivo, cuyo emplazamiento esta hecho por la ley al disponerse la presentación de un escrito supletorio; b. Prohibición de Fragmentación: El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera confrontación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 versus todas las normas del Código 130-2017; c. Penas Conjuntas: No procede la ponderación parcial de penas principales; la ponderación deberá de realizarse tomando en consideración todas las penas conjuntas impuestas por los mismos hechos (Art. 617 NCP); d. Extinción de la Pena por Cumplimiento: El artículo 621 indica que el juzgado de ejecución deberá de declarar extinguida la pena y ordenará la libertad inmediata de la persona cuando conforme el NCP144-83 haya cumplido una pena superior a la que señala para ese mismo delito por el NCP130-2017. Es pues que el supuesto requiere: i. Identidad en el tipo de Pena entre ambos cuerpos normativos; y ii. Que se trate de penas no concursadas. Cuando no se cumplan estas dos reglas se deberá de seguir con el procedimiento respecto a penas de distinta naturaleza y/o penas concursadas; e. Atipicidad: De acuerdo con el párrafo segundo del artículo 615 del NCP, los hechos tipificados como delitos en el VCP pero que no encuentren su réplica en la nueva codificación, deben de motivar el dictado de un sobreseimiento definitivo en las causas penales activas y la declaratoria de cesación de cumplimiento de pena en las sentencias condenatorias firmes que se estén ejecutando. El sobreseimiento puede ser dictado en cualquier etapa del proceso, siendo la excepción a la regla de que la ponderación se debe de reservar para el momento del juzgamiento; f. Penas Privativas de Libertad: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena privativa de la libertad (reclusión) con todas sus circunstancias, impuesta de conformidad con el VCP 144-83, fuese también imponible con arreglo al NCP 130-2017 (Art. 616). Ello ocurre cuando la pena concreta impuesta se encuentre dentro marco abstracto de la pena que para el mismo hecho se deba de imponer de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 621); g. Pena de Multa: No se realizara aplicación retroactiva del NCP cuando la pena impuesta de conformidad con el VCP 144-83, sea la de multa y la que corresponda imponer conforme al NCP 130-2017, igualmente sea una pena de multa. La aplicación retroactiva se realizará excepcionalmente cuando: i. No se hubiese hecho abono alguno de la pena de multa impuesta de conformidad al VCP 144-83; y ii. la concreta cuantía impuesta conforme al VCP 144-83 no fuese posible imponer de acuerdo con el NCP 130-2017 desde una perspectiva abstracta (Art. 619). En caso de encontrar un delito o falta en el VCP coincidente en el supuesto de hecho con uno previsto en el NCP, y que ambos sancionen con multa; y que además proceda la excepción antes explicada, se procederá a la conversión, cuyas reglas son las siguientes: i. Cada Salario mínimo impuesto como pena de multa por el VCP144-83 equivaldrá a 10 días multa regulados por el NCP130-2017; ii. Si la pena de multa impuesta por el VCP144-83 es por una cantidad fija, se procederá a realizar la comparación cuantitativa entre ésta y la pena de multa que corresponda conforme el NCP130-2017; h. Penas privativas de Derechos: Las penas principales de inhabilitación absoluta y especial se compararán atendiendo a la duración de la pena concreta impuesta en la sentencia y la máxima que pueda imponerse de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 620); e i. Medidas de Seguridad: Respecto a las medidas de seguridad impuestas de acuerdo con el VCP 144-83 que estén pendientes de ejecución o que estén siendo ejecutadas, deberán de ser objeto de revisión y adecuación de conformidad con las normas que regulan las mismas en el NCP 130-2017; (Art. 625). Reglas Particulares de Ponderación: Penas Concursadas y Penas no Concursadas A nivel de punibilidad se regulan los concursos de delitos; ante la colisión temporal de normas sustantivas el juzgador llamado a resolver la acción penal interpuesta en base al rigor del VCP 144-83, lo que incluye establecer si existe o no concurso de delitos, identificar cual es el que concurre y luego hacer el cálculo de pena abstracta de conformidad a dicho concurso; seguidamente el juzgador deberá de hacer la ponderación de la pena más beneficiosa determinando si conforme a lo probado igualmente se aprecia un concurso según las normas del NCP130-2017, y de ser así deberá de proceder a calcular la pena abstracta, siendo el tercer y último paso la comparación de penas que deban de ser impuestas según cada código penal, reflejándose cuál de ellos es el que debe de ser aplicado por ser más beneficioso para el procesado o reo. Lo descrito es un proceso general que tiene sus matices a depender cada uno de los concursos, lo que obliga hacer un estudio individualizado: Concurso Ideal Cuando conforme a los hechos imputados se deba de aplicar un Concurso Ideal (Art. 67 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al concurso ideal según las reglas del VCP144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del concurso ideal del NCP130-2017. Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el concurso ideal; b. Cuando una de las penas concursadas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del VCP144-83 y luego hacer la comparación global con el NCP130-2017; comparación que debe de hacerse según se explicó en el numeral anterior; o c. Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, que se explican más adelante. Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real: i. Limite Subjetivo, ii. Limite Objetivo Ordinario y iii. Limite Objetivo Extraordinario, explicado igualmente líneas adelante. Delito Continuado En el caso de que la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un delito continuado la ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (Art. 617 NCP). Al apreciarse un concurso continuado (Art. 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las mismas reglas señaladas previamente para el concurso ideal. En los supuestos en donde conforme el VCP 144-83, corresponda aplicar un concurso real pero conforme el NCP 130-2017 se deba de aplicar un delito continuado, el juzgador deberá de proceder de la siguiente manera: a. En primera Instancia: i. Primero se procederá a realizar el cálculo abstracto de las penas conforme el VCP144-83, las que serán tomadas globalmente, para luego comparar el mismo con el marco abstracto de la pena que corresponda en aplicación del delito continuado según el NCP130-2017, develándose así que código es el más beneficioso en su conjunto. Recuérdese que la comparativa es global (suma de todas las penas abstractas) y no individual por cada pena; ii. En caso de que lo anterior no defina cual es la pena más favorable, el juzgador deberá de proceder a la individualización de la pena concreta de conformidad con el VCP-144-83 y paralelamente a la individualización de la pena concreta de conformidad con el BCP130-2017, de cuya comparación se decidirá que codificación es la más beneficiosa; o b. En Segunda Instancia y Única Instancia: La comparativa parte de la confrontación de las penas que en concurso real hayan sido impuestas en la sentencia impugnada en aplicación del VCP144-83, con el marco abstracto de la única pena que de conformidad al NCP-130-2017 deba de imponerse como consecuencia de la aplicación del delito continuado; así entonces: i. Si las penas individualizadas en concurso real tomadas globalmente (la sumatoria de todas las penas), se encuentra dentro del marco abstracto de la pena del delito continuado, no se aplicará retroactivamente el NCP130-2017; ii. Si las penas individualizadas en concurso real están fuera de la escala de la pena abstracta que deba de imponerse en delito continuado según el NCP130-2017, se aplicará la pena que le sea más favorable al procesado y con ello se definirá que cuerpo normativo corresponde aplicar. Concurso Real Los supuestos en donde la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un Concurso Real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá de realizarse conforme al límite único de cumplimiento de pena que establece el artículo 35 del VCP 144-83 versus los limites objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo que prevé el artículo 66 NCP 130-2017, debiendo excluir las penas de delitos que hayan sido despenalizados en la nueva normativa. Es importante tener presente que ningún límite es preferente a otro y por tanto se aplicará el límite que marque menor pena; así entonces: i. Cuando entre en acción el Límite Objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al VCP144-83 y los límites del concurso real que regula el NCP130-2017, siguiendo los siguientes pasos: i. Si ambas legislaciones determinan un mismo límite de cumplimiento, se aplicará el principio de identidad, es decir el VCP 144-83; y ii. Si las legislaciones definen límites de cumplimiento distinto, se aplicará aquel que le sea más beneficioso al acusado o reo (ello sin perjuicio de lo que se señala en el siguiente literal); y/o ii. Para hacer efectivo el Limite Subjetivo, que regula el NCP 130-2017 se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, develando así el límite máximo que puede cumplir el condenado: *. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite de conformidad con lo señalado en el literal anterior; **. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años; implica que el resultado matemático será el límite máximo de cumplimiento, el que deberá de ser objeto de comparación con el limite objetivo de cumplimiento del VCP144-83. b. Cuando las penas consideradas globalmente no superasen ninguno de los límites a los que se refiere el numeral anterior, el juzgador procederá a realizar la comparación de las penas que corresponda en una y otra legislación: i. En primera instancia la comparación se realizará entre las penas abstractas definidas en cada cuerpo sustantivo; el tribunal sumará todas las penas abstractas que correspondan imponer en concurso real de conformidad con el VCP 144-83 y todas las penas abstractas que prevea el NCP130-2017, las cuales comparará. Si de la comparación no es posible determinar cuál es más beneficiosa para el procesado, el tribunal deberá de proceder a realizar la individualización de las penas de cada delito primero conforme el VCP144-83 y después conforme el NCP130-2017, luego la suma global de dichas penas por cada código será comparada entre sí, determinando cual es el cuerpo normativo más beneficioso (siempre teniendo presente además el resto de las regulaciones normativas). Finalmente, si aun con las penas individualizadas no existe claridad cuál en su conjunto es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara para que éste señale cual le favorece más. ii. En segunda y única instancia la comparación se realizará entre la suma de todas las penas concretas impuestas en concurso real en la sentencia impugnada bajo el VCP 144-83 y la suma de todas las penas abstractas que define el NCP 130-2017. De dicho resultado el tribunal resolverá: *. Si las penas concretas en concurso real VCP 144-83 están dentro de la suma del margen abstracto de las penas del NCP 130-2017, no procederá la aplicación retroactiva de este último; **. Si la suma de las penas concretas VCP 144-83 no se encuentra dentro del marco abstracto de la suma de penas en concurso real del NCP 130-2017, se aplicará el cuerpo normativo que fije comparativamente las penas más leves, sin dejar de tener en consideración el resto de disposiciones de cada codificación para efectos comparativos; ***. Si el concurso real está compuesto por Penas Conjuntas, en donde algunas de ellas sean más beneficiosas y otras más gravosas respecto a la comparación hecha con el otro cuerpo legal; el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la pena de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. Concurso Medial El concurso medial desaparece en el NCP 130-2017. Por tanto, cuando conforme los hechos imputados en base al VCP144-83 deba de aplicarse un Concurso Medial (Art. 66 en relación con el párrafo séptimo del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. Se realizará la comparación global de la pena que corresponda en concurso medial según el VCP144-83 con las penas que correspondería aplicar en concurso real conforme al NCP130-2017, en consideración a los limites subjetivo, objetivo ordinario y objetivo extraordinario, explicado ut supra; b. Es improcedente hacer comparación individual de las penas que conforman el concurso medial del VCP144-83 y las penas en concurso real del NCP130-2017; c. Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, haciendo desaparecer el concurso Medial, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas. Penas Conjuntas No Concursadas Finalmente, cuando corresponda imponer a una persona una Pena No Concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas Penas Conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara a éste para que señale la que más le favorece. Procedimiento de Ponderación de Sentencias Condenatorias en Única Instancia La Sala de lo Penal que conozca del recurso de casación en contra de una sentencia condenatoria dictada por los tribunales de sentencia, procederán primero a resolver el recurso y luego, de persistir el pronunciamiento condenatorio, procederán en todos los casos a realizar la ponderación de la norma penal sustantiva más favorable. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente ninguna de las partes ha presentado petición supletoria sobre la aplicación retroactiva del NCP 130-2017, por lo que la Sala de lo Penal procede a realizar la ponderación de la norma más favorable de manera oficiosa, siguiendo las reglas ya explicadas. Ponderación de la norma penal más favorable en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Erin Josué Garmendia Lobo, un acumulado de 27 años con 01 mes y 10 días de reclusión como pena principal, a saber: a. En base al artículo 217 y 218 del código penal 144-83: Como autor responsable de un delito de robo de vehículo agravado: pena principal de 13 años de reclusión y penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil; b. En base a los artículos 217, 219 último párrafo, en relación con el artículo 225 numerales 3 y 4 y aplicación del artículo 37, todos del código penal 144-83: Como autor responsable de tres delitos de robo agravado continuado, imponiendo una pena principal de 11 años, 01 mes y 10 días de reclusión y penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil; y c. En base al artículo 332-B del código penal 144-83: Como autor responsable de un delito de portación ilegal de arma de fuego de uso personal: pena principal de 03 años de reclusión y penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. En relación, el código penal 130-2017 no tiene un tipo penal especifico a razón de que el objeto del delito sea un vehículo, pero si encuentra regulado el delito de robo con intimidación, en el cual se subsumiría las conductas que tuviesen como objeto ese particular bien mueble.- Por ello en el caso de autos y de conformidad con el NCP 130-2017, no existiría un delito adicional de robo de vehículo agravado, sino que éste se tendría como parte de los bienes muebles que le fueron sustraídos a los testigos protegidos, configurándose la conducta en tres delitos de robo con intimidación tiene una pena abstracta de 4 a 8 años de prisión (Art. 318 NCP 130-2017), pena que debe de incrementarse en un tercio cuando se de el supuesto 9, del artículo 363, correspondiendo la pena abstracta de 8 años a 10 años con 08 meses de prisión.- Además es de apreciarse que cuando el delito es cometido repetidamente aprovechando idénticas circunstancias, debe de ser castigados todos ellos como un solo delito continuado, correspondiendo imponer la pena del delito más grave, de su mitad superior hasta su extremo máximo aumentado en un tercio, el cual en el presente caso corresponde a un margen de 09 años con 04 meses hasta 14 años con 02 meses y 20 días. En cuanto al delito de tenencia ilegal de armas de fuego permitida, previsto en el artículo 580.1, prevé una pena abstracta de 01 a 04 años de prisión y localización permanente de hasta dos (2) años, a las personas responsables del delito, más las penas accesorias correspondientes. Dichas penas deben de ser incrementada en un tercio cuando la conducta realizada es la de portación, fijándose la pena abstracta de 04 años a 05 años con 04 meses de prisión y localización permanente de hasta 2 años con 08 meses. Lo anterior determina que la suma de las penas principales que dispone el NCP 130-2017, es de 13 años con 04 meses a 19 años con 06 meses y 20 días, además de localización permanente por 02 años con 08 meses. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular el Código Penal 130-2017 prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal 144-83, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la nueva codificación. Para efectos de la individualización de las penas, manda el artículo 70 NCP tener en consideración la existencia o ausencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y, en su defecto, las circunstancias personales del condenado.- Como referencia para ello la Sala de lo Penal hace eco de las posturas de las partes en la audiencia de individualización de la pena concreta: el Ministerio Público no argumento la existencia de circunstancia agravante y solicito la imposición de la pena mínima, a lo cual la Defensa del acusado se adhirió; por su parte el a-quo relaciona en su sentencia que no se aprecian circunstancias agravantes ni atenuantes y que por ello es de la consideración que la pena que debe de imponerse es aquella que corresponde al extremo mínimo abstracto. En cuanto a las circunstancias personales del acusado, la Sala de lo Penal encuentra en el acumulado judicial que el Señor Erin Josué Garmendia Lobo, tenía 19 años al momento de los hechos, siendo hondureño, con DNI 0501-2008-12722, bachiller en informativa, desempleado al momento de los hechos, originario de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes y con último domicilio conocido en la misma ciudad, con unión libre con la Señora Fanny Trochez y padre de un menor de edad.- Dichos datos hacen determinar a este tribunal ad-Quem la ausencia de circunstancias agravantes, que concurre la circunstancia atenuante del artículo 31.4 del NCP 130-2017, y la ausencia información personal que derive en una prognosis criminal negativa, por lo que concuerda esta Sala de Casación que corresponde imponer al acusado la pena mínima de cada delito por el cual fue encontrado penalmente responsable. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 360 y 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Sin Lugar el motivo único del recurso de casación por infracción de ley, interpuesto por la Defensa Pública.- Segundo: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas al acusado Erin Josué Garmendia Lobo; como consecuencia Reforma el numeral 1, 2, 3 y 4 de la parte resolutiva de la sentencia de fecha cinco de abril de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en los siguientes términos: “Primero: Que debemos condenar y condenamos al Señor Erin Josué Garmendia Lobo, cuyas generales de identidad se detallan en el preámbulo de esta sentencia, como coautor de tres delitos consumados de robo con intimidación agravado en perjuicio de los testigos protegidos Rosa 1, Rosa 2 y Rosa 3, mismos que se aprecian en delito continuado, imponiéndole la pena principal de 09 años con 04 meses de prisión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta y suspensión de los derechos ciudadanos, a cumplir durante el tiempo de la pena principal y de manera simultánea.- Segundo: Que debemos condenar y condenamos al Señor Erin Josué Garmendia Lobo, como autor directo de un delito consumado de portación ilegal de arma de fuego permitida, en perjuicio del Orden Público, imponiéndole: i.- Pena principal de prisión por 04 años; ii.- Pena principal de localización permanente por 02 años, a cumplirse de manera sucesiva a la pena de prisión; iii.- Pena principal de privación al derecho de a la tenencia y portación de armas, así como de la posibilidad de obtenerlo durante tiempo de cumplimiento de la pena de prisión, hasta que la misma se haya extinguido completamente; y vi.- Pena accesoria de suspensión de los derechos ciudadanos, a cumplirse durante el tiempo de cada una de las penas principales y de manera simultánea a éstas.- Tercero: El cumplimiento de las penas impuestas al reo Erin Josué Garmendia Lobo deberá ajustarse a las siguientes reglas: i.- La ejecución de las penas principales se iniciaran con las de prisión y de éstas con la más grave, a la cual se deberá de deducirse el tiempo en que el condenado haya estado privado de su libertad cautelarmente por esta misma causa criminal; ii.- El lugar de cumplimiento de las penas de prisión deberá ser el centro penitenciario más próximo a su último domicilio, esto sin perjuicio de los traslados que disponga el Instituto Nacional Penitenciario con vista a la seguridad y el mejor desarrollo del proceso de rehabilitación del reo.- iii.- Por efecto de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, el proceso de ejecución de pena deberá hacerse conforme a sus normas, lo que incluye la resolución de cualquier solicitud de libertad condicional.- Cuarto: Se impone al reo Erin Josué Garmendia Lobo, como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, la obligación de trabajar por el tiempo que se encuentren interno cumpliendo las penas de prisión, en obras públicas y/o en labores dentro del establecimiento penitenciario en donde se encuentre internado, de conformidad con la Sección VII, del Capítulo IV, del Título II de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la Ley del Trabajo para Personas Privadas de Libertad y de Permanencia para Reos de Alta Peligrosidad y Agresividad y sus respectivos reglamentos.- Tercero: Declara la Firme los numerales 5, 6 y 7 de la parte resolutiva de la sentencia impugnada.- Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado en el apartado anterior, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Notifíquese. – Firma y Sello. Jose Olivio Rodriguez Vasquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Alma Consuelo Guzman Garcia. Magistrada. Firma y Sello. – Jose Ramon Cruz Ferrera. Secretario. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de mayo de dos mil veintitrés. Certificación de Sentencia dictada a los ocho días del mes de febrero de dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-61-2019.
RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS
RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL
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