Sentencia CP-603-21 — Registro 17747
Resumen
En primera instancia se condenó a los imputados por el delito de Robo Agravado, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...
De la Procedencia del Recurso. EL PRIMERO MOTIVO NO ES DE RECIBO. El Recurso es de absoluto improcedente, en consideración a: 1. Se señala como precepto autorizante el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal, el cual lo constituyen varios motivos casacionales. Agregando como concepto de la infracción “Adolecer la sentencia recurrida de una insuficiente motivación fáctica, al no hacerse una valoración racional, coherente y lógica de la declaración de los testigos de cargo y no valorar racionalmente la de descargo”, confundiendo a la Sala de lo Penal, si la interposición del motivo es por insuficiencia de valoración o por violación a las reglas de la sana crítica. 2. El desarrollo del recurso, en teoría destinado a demostrar la existencia del vicio denunciado, el censor lo ocupa para desarrollar alegatos totalmente divorciados de su planteamiento inicial, sin que esta Sala de lo Penal se pueda hacer una idea del propósito de lo señalado: a. Alega que de la prueba no se desprende que los hechos hayan ocurrido como son relatados en el hecho probado por parte del juzgador, además de la falta de valoración coherente; lo que podría ser considerado un esbozo de lo que manda la ley a dilucidar en el recurso de casación por quebrantamiento de forma, alegando como concepto de la infracción la violación de las reglas de la sana critica en la valoración de la prueba. b. Contraría el valor probatorio dado por el tribunal a la prueba testifical de cargo, refiriendo como ésta debió ser interpretada, según la particular visión del censor, lo que es propio de los alegatos de la primera instancia y no de única instancia, pues en el proceso recursivo casacional no se revalora prueba alguna. c. Formula reclamo desde una perspectiva personal, que el Tribunal de Sentencia estaba decidido a apreciar solamente aquellos aspectos que conducen a la condena. En el caso concreto que ahora nos ocupa, los defectos de interposición del recurso antes apuntados no solo son de forma, sino de fondo, que imposibilitan a que este Alto Tribunal de Casación realice un pronunciamiento, pues no existe claridad acerca de cuál es el punto jurídico alegado, mucho menos las razones de impugnación. Por ello, el primer motivo debe ser denegado..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...De la Procedencia del Recurso: EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal, ha analizado los argumentos planteados por el recurrente, los cuales se resumen en insuficiencia probatoria, falta de motivación juridica, carencia de motivación fáctica y violación en la valoración de los medios de prueba conforme a las reglas de la sana crítica. Siendo que el Derecho/Principio de Inocencia, está relacionado con el debido proceso probatorio se procederá a darle respuesta a cada alegado del recurrente. En relación al agravio de insuficiencia de prueba, luego de revisar de forma exhaustiva la sentencia dictada por el a quo, no se encuentra que exista vulneración por insuficiencia probatoria como causa de la transgresión al Estado de Inocencia. Como se ha explicado en el apartado anterior, la suficiencia probatoria como defecto de la sentencia y cuando se denuncia violación al estado material de inocencia de la persona condenada, debe estudiarse desde una perspectiva global de la prueba, por lo que el recuento de la que fuese propuesta y evacuada en la etapa de juicio resulta ser un examen obligatorio para poder determinar si la denuncia hecha por el recurrente tiene fundamento; en el caso de estudio la prueba propuesta, admitida y evacuada, fue: PRUEBA TESTIFICAL: a) Holman Elyr Recarte Carranza en su condición de víctima, rendida con las formalidades de prueba anticipada; b) José Ricardo Martínez Sánchez, agente de policía; y, c) Seldy Yesenia Reyes, agente de policía; PRUEBA DOCUMENTAL: a) Acta de registro personal practicada al señor Gerson Ely Alvarado Romero, de fecha 27 de abril de 2018; b) Acta de decomiso o secuestro de objetos, practicada al señor Gerson Ely Alvarado Romero, de fecha 27 de abril de 2018, a quien se le encontro una llave perra de metal, color gris, marca crescent; un juguete en forma de pistola de plastico, color negro con letras y números M-11 con cargador de plastico; un telefono celular marca Alcatel y ciento treinta y cinco lempiras (L.135.00). c) Acta de registro personal practicada al señor Francisco Lennin Velasquez Ramos, de fecha 27 de abril de 2018; d) Acta de decomiso o secuestro de objetos, practicada al señor Francisco Lennin Velasquez Ramos, de fecha 27 de abril de 2018, a quien se le encontro una llave para maneral con extensión y un telefono celular. e) Acta de peritaje de indicios 1. Un teléfono celular color negro con gris modelo: OT510APIB con número de imei:013107002159901, s/n: HQJE51APMMVPK15 el cual se encuentra en un envoltorio de papel trazo cerrado sellado y firmado 2. Un juguete con forma de pistola de plástico color negro con letras y número que se leen M-11 y cargador de plástico de balines de plástico el cual se encuentra en un envoltorio de papel trazo cerrado sellado y firmado 3. Una herramienta tipo perra de metal color gris marca: crescent el cual se encuentra en un envoltorio de papel trazo cerrado sellado y firmado 4. Una llave manera de metal color gris con extensión y un cubo marca truper el cual se encuentra en un envoltorio de papel trazo cerrado sellado y firmado. f) Acta de peritaje de indicios de fecha 04 de mayo de 2018 de: 1. Ciento treinta y cinco lempiras exactos (L.135.00) en billetes de diferentes denominaciones. g) Solicitud de devolución de fecha 17 de mayo de 2018, junto con resolución administrativa de los siguientes objetos; Una herramienta tipo perra de metal color gris marca: crescent y Una llave manera de metal color gris con extensión y un cubo marca truper. EVIDENCIA: Un telefono celular marca Alcatel color negro gris y un juguete con forma de pistola de plástico color negro con letras y número que se leen M-11 y cargador de plástico de balines de plástico. Para el examen de suficiencia, el sentenciador advirtió de la prueba testifical que todas las declaraciones recibidas como prueba de cargo antes relacionadas, a su criterio, se desprende la forma de como ocurrieron los hechos y el tipo de participación que tuvieron Gerson Ely Alvarado Romero y Francisco Lennin Velasquez Ramos, asimismo la situación previa a los hechos, fecha y lugar que acontecieron, es decir, el día veintisiete de abril del año dos mil dieciocho, en horas de la madrugada en el boulevard Roberto Romero Larios del Municipio de Comayagua, la víctima Holman Elyd Recarte Carranza a bordo de su taxi, subió a dos sujetos del sexo masculino y posteriormente a tres menores de edad, quienes le pidieron llevarlos al hospital de la ciudad, cuando uno de ellos, apunto al ofendido Holman Elyd Recarte Carranza, con un arma de fuego despojándole de sus pertenencias, posteriormente se bajaron de la unidad de taxi; el señor Holman Elyd Recarte Carranza, denuncia lo sucedido a dos agentes policiales que transitan por la zona, dándole seguimiento e interceptando a dos sujetos a quienes al practicarles un registro personal e identificarlos como Gerson Ely Alvarado Romero y Francisco Lennin Velasquez Ramos, les encontraron las pertenencias de la víctima, por tal razón fueron vinculados en la comisión de un hecho delictivo de Robo Agravado. Además, todos los testigos son contestes y coherentes entre sí, distinto a como lo denuncia el recurrente, pues de manera armónica sin dudas ni reticencias sustentaron como susitaron los hechos, si bien, el recurrente cuestiona la declaración de la víctima por haber manifestado que los acusados “se la ganaron por estar en el lugar equivocado”, no ha sido para ahislarlos del hecho, al contrario, según el contexto de la declaración testifical, es porque no ejercieron amenaza alguna, dado que el control de la acción la ejercía un menor de edad por el respaldo que le daban los mismos acusados, declaración testifical de la víctima que resultó convincente para el tribunal, dado que las pertenecias del ofendido fueron encontradas en posesión de los dos imputados Gerson Ely Alvarado Romero y Francisco Lennin Velásquez Ramos, que en primera instancia habian ingresado al vehículo tipo taxi, para luego incorporarse los menores de edad, que una vez ejecutada la acción delictiva salieron juntos del vehículo automotor tipo taxi. Así las cosas, la relación de contenido de los medios de prueba que se ha hecho en el párrafo anterior, determina que el Juzgador tuvo a su consideración carga probatoria destinada a acreditar los diferentes elementos que componen el tipo penal; en general, los medios de prueba fueron valorados por el juzgador, concluyendo que éstos en su conjunto acreditaron lo señalado como hecho probado, es decir, la existencia de un hecho mediante el cual Gerson Ely Alvarado Romero y Francisco Lennin Velasquez Ramos, acompañados de menores de edad, participaron para la realización de un acto reñido con la ley. El mencionado hecho probado no determina existencia de causas negativas de conducta humana, atipicidad por ausencia de elementos objetivos o subjetivos, en particular por concurrencia de error de tipo, falta de antijuricidad material, concurrencia de causas de justificación o concurrencias de causas de inculpabilidad como: inimputabilidad, error de prohibición o no exigibilidad de conductas distintas; por tanto la Sala de lo Penal está en posición de declarar que en la presente causa se presentó suficiente carga probatoria para que el juzgador pudiese hacer un pronunciamiento condenatorio. Es oportuno insistir que la suficiencia probatoria no es evaluada por este Tribunal de Casación desde una constatación valorativa de cada uno de los medios de prueba, a fin de determinar qué hechos acredita cada uno de ellos y si éstos en conjunto logran acreditar aquello que se declara probado, pues ello, no es más que realizar de nueva cuenta el proceso de valoración de prueba; la tarea que ha encomendado la ley a la Sala de lo Penal -ante la denuncia de insuficiencia probatoria- es la verificación de que el factum que soporta el pronunciamiento condenatorio esté cimentado en prueba suficiente y obtenida de manera regular con la calidad para arrebatar la condición interina de inocencia: i. Por suficiente: interesa que la prueba esté destinada a acreditar los aspectos básicos de acreditación de la infracción penal, comprobación de una conducta humana, elementos objetivos y subjetivos, aspectos de antijuricidad y culpabilidad deben verse reflejados en el contenido que dice el juzgador fueron identificados en la prueba; ii. Por obtención regular: interesa que la prueba sea lícita y legal, debidamente incluida al proceso y motivada correcta y suficientemente. Por lo anterior y en respuesta de lo alegado por la recurrente, estima esta Sala de lo Penal que en el caso subjudice, se aportó en la audiencia de debate suficiente actividad probatoria destinada a acreditar todos los elementos necesarios para la acreditación del contenido de la acusación que formulase el Ministerio Público; ahora bien, en cuanto a los agumentos de falta de motivación juridica, carencia de motivación fáctica y violación en la valoración de los medios de prueba de las reglas de la sana crítica, estos resultan expuestos de manera confusa, pues ante la carencia de motivaciones fácticas o juridicas no es posible a la vez, la denuncia de violaciones de las reglas de la sana critica en la valoración de la prueba, pues esta última, refleja que si existe suficiente valoración intelectiva, pero sin respectarse las reglas respectivas, por lo que el recurso debe ser desestimado..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-603-2021, que literalmente dice: “Sentencia En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil veintitrés, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Walter Raúl Miranda Sabio en su calidad de coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Díaz Flores pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP 603-2021, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó al señor Gerson Ely Alvarado Romero, penalmente responsable como autor directo del delito de Robo Agravado, en perjuicio de la propiedad de Holman Elid Recarte Carranza, a sufrir la pena principal de seis (6) años con ocho (8) meses de reclusión. Además, de las accesorias de Inhabilitación absoluta e Interdicción Civil durante el tiempo de las penas principales. SEGUNDO: Condenó al señor Francisco Lennin Velásquez Ramos, penalmente responsable como autor directo del delito de Robo Agravado, en perjuicio de la propiedad de Holman Elid Recarte Carranza, a sufrir la pena principal de seis (6) años con ocho (8) meses de reclusión. Además, a las accesorias de Inhabilitación absoluta e Interdicción Civil durante el tiempo de las penas principales. TERCERO: Declaró a los señores Gerson Ely Alvarado Romero y Francisco Lennin Velásquez Ramos, responsable civilmente del importe de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por el delito cometido CUARTO: No procedió condenar en costas a los acusados de autos. Interpuso el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, el Abogado Pompilio Banegas Euceda, en su condición de defensor privado de los acusado Gerson Ely Alvarado Romero y Francisco Lennin Velásquez Ramos. Son partes en única instancia: El Abogado Pompilio Banegas Euceda, defensor privado en su condición de recurrente; y la Abogada Marla Iris Cardenas Guardado, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrido. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO: En horas no determinada, pero de la madrugada del veintisiete (27) de abril del año dos mil dieciocho (2018), en el Municipio de Comayagua, Departamento de Comayagua el señor HOLMAN ELYD REGARTE CARRANZA se encontraba trabajando a bordo de su taxi, cuando en el boulevard Roberto Romero Larios le hicieron señal de parada dos sujetos del sexo masculino, y a pocas cuadras también le hicieron parada tres menores de edad, quienes le pidieron que las llevara al hospital de dicha localidad, a lo que éste decide dar la vuelta en el referido boulevard, y a dos o tres cuadras uno de las menores de edad le comenzó a apuntar con un arma de fuego, y lo despoja de su teléfono celular marca Alcatel color negro con gris. una herramienta tipo perra de metal color gris, marca cressent y una llave manera de metal color gris con extensión y un cubo marca truper y dinero en efectivo posteriormente se bajan del taxi. SEGUNDO: entre las seis y diez (6:10 a.m), seis y quince (6:15 a.m) de la mañana del mismo día y como a tres o cuatro cuadras cerca de la planta solar de "WENDYS", el señor HOLMAN RECARTE encuentra una patrulla y a bordo de ella los agentes policiales JOSE RICARDO MARTINEZ y SELDY VESSENIA REYES, a quienes les denuncia lo sucedido a lo que estos van en persecución. interceptando a los sujetos cerca de semáforo del boulevard Roberto Romero Larios, a quienes les practicaron el registro personal y los identifican con el nombre de GERSON ELI ALVARADO ROMERO a quien se le encontró en su bolsa derecha un celular Alcatel negro, una llave para perra de metal, un arma de fuego de platico color negro y ciento treinta y cinco lempiras (L./35) de diferentes denominaciones y a FRANCISCO LENIN VELASQUEZ RAMOS se le encontró un celular marca Amgoo, un cubo y una llave para maneral con extensión. TERCERO: En fecha diez (10) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) el agente fiscal de la fiscalía regional de Comayagua. departamento de Comayagua. RUDY LAMBERT THOMAS mediante resolución administrativa, devuelve al señor HOLMAN ELYD RECARTE CARRANZA el teléfono celular marca Alcatel, color negro y gris. la cantidad de ciento treintaycinco lempiras (L/35.00). herramienta de trabajo consistente en un maneral, una extensión, un cubo y una perra de llave mecánica.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS El Abogado Pompilio Banegas Euceda, defensor privado, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “I RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO: Infracción del artículo 89 de la Constitución de la República que proclama y garantiza el derecho al estado de inocencia. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra autorizado por el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO 1. Reconocido como un derecho fundamental por nuestra Constitución de la República, el derecho al estado de inocencia, es proclamado en el artículo 89 de la siguiente manera: "Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente". Este derecho fundamental, trasladado al ámbito penal ha de entenderse en el sentido de no ser autor de un delito, no haber producido un daño o no haber participado el acusado en dicho daño o hecho.- Así pues, en virtud de este principio, una persona acusada de la comisión de un hecho penalmente relevante no puede ser considerada culpable hasta que así se declare en una sentencia condenatoria dictada dentro de un proceso penal justo, en el que se haya producido, al menos, una actividad probatoria considerada de cargo y valorada libremente por un tribunal independiente e imparcial, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. 2. Por todo lo anterior, se ha dicho que la llamada presunción de inocencia o estado de inocencia como lo reconoce nuestra Constitución es una presunción iuris tantum, puesto que puede ser desvirtuada por una actividad probatoria que pueda entenderse de cargo, producida con todas las garantías, de la que pueda deducirse la culpabilidad del acusado. Según lo dicho anteriormente, al acusado no se le puede imponer el deber de probar su inocencia, pues ésta es un estado del que goza por mandato constitucional, y que se debe garantizar a toda costa, de ahí que, a lo que se le denomina presunción de inocencia, sea más bien una afirmación interina del estado de inocencia. Pues bien, el derecho al estado de inocencia, en el contexto de un proceso penal, puede verse lesionado de diferentes maneras. 3. Una de esas vulneraciones se produce cuando se dicta una sentencia condenatoria, sin que se haya producido, al menos, una actividad probatoria considerada de cargo suficiente, con la cual no quede ninguna duda que la persona imputada es participe en un hecho delictivo y, además, culpable en el mismo. Siendo así, se pueda decir que aquel estado (inocencia) ha cedido para dar paso al de culpabilidad. 3. Una actividad probatoria de cargo deber ser la necesaria para que de ella se pueda deducir la responsabilidad del imputado. Ahora bien, la carga probatoria puede ser cualquiera, lo importante es que de los elementos de prueba se pueda deducir el estado de certidumbre, indispensable para adquirir la convicción judicial. Es aquí donde el juzgador debe desarrollar su función de análisis de los medios de prueba, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, a efecto de determinar si se ha producido prueba apta para enervar el estado de inocencia del justiciable. 4. Se debe entender que el estado de inocencia al haber sido proclamado como uno de los principios básicos y fundamentales del proceso penal hondureño, supone una regla del juicio, según la cual se les recuerda a los jueces y magistrados juzgadores que solamente podrán dictar una sentencia condenatoria contra la persona imputada (inocente hasta entonces) cuando aparezca del acervo probatorio, al menos una mínima actividad probatoria de cargo, introducida legalmente al debate y valorada conforme a las reglas de la sana crítica por el tribunal sentenciador. Pues bien, la vulneración de este derecho fundamental, no solamente se violenta cuando simplemente se hace hacer tener a una persona inocente como culpable por la imposición de medidas que la hagan suponer como tal, o por un tratamiento procesal que la haga ver como si fuera culpable, sin género de juicio, sino mediante la imposición de una condena, sin indicar cómo el tribunal sentenciador llegó a esa convicción. 5. El Tribunal Constitucional Español, exponente desde hace décadas de valiosísima doctrina jurisprudencial, misma que se deriva, en parte, de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Tribunal de Estrasburgo), con frecuencia recuerda la doctrina elaborada al efecto. En la sentencia 126/2011, de 18 de julio de 2011, ese ilustrado tribunal expone, inter alia, lo siguiente: Venimos afirmando desde la STC 31/1981, de 28 de julio, que el derecho a la presunción de inocencia se configura, en tanto que regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito, y que de la misma quepa inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en los mismos, De modo que, como se declara en la STC 189/1998, de 28 de septiembre, «sólo cabrá constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carente de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, por ilógico o por insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado» (FJ 2). 6. También esa honorable Sala de lo Penal, respecto a este modo impugnativo de las sentencias penales, ha tenido ocasión de pronunciarse respecto del derecho fundamental al estado de inocencia, con relación al control casacional por infracción de precepto constitucional. Entre otras, la Sentencia de 8 de noviembre de 2012; Recurso de Casación Penal No.S.P.142-2011, inter alia, establece: Esta Sala de lo Penal considera importante recordar que para el examen del motivo de casación por Infracción de Precepto Constitucional, fundado en vulneración del principio- derecho a la presunción de inocencia, debe comprobarse lo siguiente: a) si hay prueba en sentido material (prueba personal o real); b) si estas pruebas son de contenido incriminatorio; c) si ha sido constitucionalmente obtenida, esto es, si fue incorporada lícitamente al juicio oral; d) si ha sido practicada con regularidad procesal; e) si es suficiente para enervar la presunción de inocencia; y f) si ha sido racionalmente valorada por el Tribunal sentenciador. Por tanto, cuando en esta vía casacional se alega infracción de ese derecho fundamental, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración cie las pruebas practicadas ante la presencia del juzgador de instancia, porque sólo a éste corresponde esa función valorativa, pero sí puede esta Sala verificar que, efectivamente, el tribunal "a quo" contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado, para dictar un fallo de condena, cerciorándose también de que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y en correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción y comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador el proceso de su raciocinio, al menos en sus aspectos fundamentales, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir en ellos los criterios de la lógica y de la experiencia. 7. Como se puede apreciar, no basta para el tribunal o para el juez o magistrado, que declara la culpabilidad de un acusado, convencerse en lo más íntimo de su ser, sino haber valorado prudencialmente las pruebas practicadas en el juicio y, sobre todo, expresado las razones de hecho y de derecho que le llevaron a adquirir dicha convicción, conforme a las reglas de la sana crítica. Conforme a lo hasta ahora dicho, el estado de inocencia, como derecho fundamental, protege al justiciable frente al vacío de prueba de cargo, de una deficiente incorporación del material probatorio al juicio o de una pésima valoración probatoria, impidiendo que se le condene bajo esas circunstancias. 8. Es importante aclarar a la honorable Sala de la Casación Penal, que esta queja no tiene el propósito de comprometerla en que haga una valoración del material probatorio de manera individual, pues esa es tarea del tribunal de instancia que apreció la práctica de la prueba, sino que, el propósito es que haga un juicio sobre la aptitud de dicha valoración llevada a cabo por el tribunal sentenciador. En ese orden de ideas, como ya lo sostiene nuestra jurisprudencia, verificar que la prueba practicada ha sido la suficiente para enervar el estado de inocencia, y sobre todo, si a partir de las valoraciones probatorias, conforme a las reglas de la sana crítica, es suficiente para adquirir la convicción judicial que lleve a proferir un fallo condenatorio. El Tribunal Constitucional Español, en la sentencia ya relacionada supra (126-2011), deja claro que un tribunal, por la vía de la revisión constitucional de la sentencia, puede determinar si el material probatorio ha sido suficiente para enervar la presunción o estado de inocencia del imputado, y que no siéndolo, la condena proferida violenta dicho derecho fundamental, dando lugar a la absolución. En la sentencia en referencia, inter alia, se sostiene: En efecto, constituye doctrina reiterada de este Tribunal (por todas STC 80/2003, de 28 de abril, FJ9) que cuando se aduce la vulneración del derecho a la presunción de inocencia "nuestro análisis debe realizarse respecto del conjunto de estos elementos sin que quepa la posibilidad de fragmentar o disgregar esta apreciación probatoria, ni de considerar cada una de las afirmaciones de hecho acreditadas de modo aislado, pues como ya hemos afirmado en no pocas ocasiones no puede realizarse una operación de análisis aislado de los hechos acreditados por el Tribunal sentenciador, ni de desagregación de los distintos elementos de prueba, ni de disgregación de la línea argumental llevada a cabo por el Tribunal Supremo [léase por el órgano judicial]. Es doctrina del Tribunal absolutamente asentada que el derecho fundamental a la presunción de inocencia no puede ser invocado con éxito para cubrir cada episodio, vicisitud. hecho o elemento debatido en el proceso penal, o parcialmente integrante de la resolución final que le ponga término. Los límites de nuestro control no permiten desmenuzar o dilucidar cada elemento probatorio, sino que debe realizarse un examen general y contextualizado de la valoración probatoria para puntualizar en cada caso si ese derecho fue o no respetado, concretamente en la decisión judicial condenatoria, pero tomando en cuenta el conjunto la actividad probatoria (SSTC 105/1983, de 23 de noviembre, FJ 10; 4/1986, de 20 de enero, FJ 3; 44/1989, de 20 de febrero, FJ 2; 41/1998, de 31 de marzo, FJ 4; 124/2001, de 4 de junio, FJ 14; y ATC 247/1993, de 15 de julio, FJ I). En definitiva, a este Tribunal, ante la invocación del derecho a la presunción de inocencia en los supuestos en que las declaraciones incriminatorias de computados aparecen como la única prueba en la que se fundamente la condena, sólo le compete verificar la aptitud de dichas declaraciones para ser valoradas como prueba de cargo, lo que se producirá cuando existan hechos, datos o circunstancias externas que avalen mínimamente su contenido. No puede entrar, sin embargo, a analizar, ni la credibilidad que merezca dicha declaración, ni, más allá del control externo de la razonabilidad de las inferencias, si los hechos han quedado acreditados a partir de tales pruebas (STC 233/2002, de 9 de diciembre de 2002)." 9. Después de haber realizado esta proyección de la doctrina jurisprudencia del estado de inocencia, como derecho del justiciable a ser observado en todo el proceso penal, cuya vulneración se produce con el dictado de una sentencia sin sustento de prueba de cargo, procederé a continuación a explicar a esa honorable Corte Suprema de Justicia, cómo el Tribunal de Sentencia con competencia territorial nacional en materia penal, con sede en Tegucigalpa, violentó ese derecho fundamental de mi representado, declarándolo culpable sin contar con la prueba de cargo suficiente para ello. 10. Pues bien, el Tribunal de Sentencia de Comayagua, en la Sentencia que ahora se recurre, concluye declarando como verdad lo que consideró se construyó o redefinió en el debate oral y público, de acuerdo a la valoración de las pruebas practicadas en dicho acto. Según ese tribunal sentenciador, los hechos que se probaron en el debate son los siguientes: PRIMERO: En horas no determinadas, pero de la madrugada del veintisiete (27) de abril del año dos mil dieciocho (2018) en el Municipio de Comayagua, Departamento de Comayagua el señor HOLMAN ELYD RECARTE CARRANZA se encontraba trabajando a bordo de su taxi cuando en el boulevard Roberto Romero Larios le hicieron señal de parada dos sujetos del sexo masculino, y a pocas cuadras también le hicieron parada tres menores de edad, quienes le pidieron que los llevara al hospital de dicha localidad, a lo que éste decide dar la vuelta en el referido boulevard, y a dos o tres cuadras uno de los menores de edad le comenzó a apuntar con un arma de fuego, y lo despoja de su teléfono celular, color negro con gris, una herramienta tipo perra de metal color gris, marca Cressent y una llave maneral de metal color gris con extensión y un cubo marca Truper y la cantidad de trecientos lempiras, posteriormente se bajan del taxi. SEGUNDO: Entre las seis y diez (6:10 a.m), seis y quince (6:15 a.m) de la mañana del mismo día y como a tres o cuatro cuadras cerca de la planta solar de "WENDYS", el señor HOLMAN RECARTE encuentra una patrulla y a bordo de ella los agente policiales JOSE RICARDO MARTINEZ y SELDY YESSENIA REYES, a quienes les denuncia lo sucedido a lo que estos van en persecución, interceptando a los sujetos cerca de semáforo del boulevard Roberto Romero Larios, a quienes les practicaron el registro personal y los identifican con el nombre de GERSON ELI ALVARADO ROMERO a quien se le encontró en su bolsa derecha un celular Alcatel negro, una llave para perra de metal, un arma de fuego de platico color negro y ciento treinta y cinco lempiras (L.135) de diferentes denominaciones y a FRANCISCO LENIN VELASOUEZ RAMOS se le encontró un celular marca Amgoo, un cubo y una llave para maneral con extensión. TERCERO: En fecha diez (10) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) el agente fiscal de la fiscalía regional de Comayagua, departamento de Comayagua, RUDY LAMBERT THOMAS mediante resolución administrativa devuelve al señor HOLMAN ELYD RECARTE CARRANZA el teléfono celular marca Alcatel, color negro y gris, la cantidad de ciento treinta y cinco lempiras (L.135.00), herramienta de trabajo consistente en un maneral, una extensión, un cubo y una perra de llave mecánica. 11. El Tribunal de Sentencia que condenó a mis representados, en la fundamentación jurídica. del fallo, como es su obligación, no justificó debidamente, el por qué tuvo como probados esos hechos, es decir, no motivo en lo absoluto, cómo y de qué manera, es que llegó a esas conclusiones. No obstante, en el apartado correspondiente a la valoración de las pruebas practicadas en el debate, ofrece las explicaciones sobre dichos extremos, pero esta valoración resulta, por una parte, insuficiente y, por otra, es violatoria de las reglas de la sana critica que señala la normativa procesal penal. Justamente, las valoraciones ofrecidas por el tribunal de sentencia, que irrespetan las reglas de la sana crítica y la insuficiencia de motivación de estas es lo que lleva a la configuración de la vulneración del estado de inocencia de mis defendidos en esta etapa del juicio. Que los hechos probados de la sentencia suponen la reconstrucción histórica de un hecho acontecido, a partir de la valoración de las pruebas practicadas, pero para efectuar la valoración de las pruebas debe partir de la legalidad de estas, en relación con su obtención, que si hacemos un análisis de lo declarado por el señor HOLMAN ELYD RECARTE CARRANZA, quien es la víctima de la presente causa, y de manera categórica expresó que los acusados no realizaron ningún acto de violencia en su contra, que si los involucraron en dicha causa fue por estar en el momento y lugar equivocado, que los verdaderos responsables del ilícito penal en su contra fueron unos menores de edad, versión que no es concordante con lo manifestado por lo policías JOSE RICARDO MARTINEZ Y SELDY YESSENIA REYES, quienes con el ánimo de justificar su trabajo involucraron a mis representados en una acción que en ningún momento participaron. De ahí se desprende que el Tribunal de Sentencia no ha actuado apegado a lo que establece nuestra legislación en relación a la valoración de las pruebas en base a las reglas de la sana crítica. 12. Siguiendo la doctrina de la Sala de lo Penal, la vulneración al derecho de estado de inocencia de mis representados se produce cuando el Tribunal de Sentencia efectúa una valoración irracional de los medios de prueba evacuados por el Ministerio Público, y la prueba de descargo de la defensa. Pues bien, el Código Procesal Penal en su artículo 202 dispone que las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. Luego más adelante, en el artículo 336, referente a las normas para la deliberación, dispone que el tribunal para resolver sólo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Por último, el artículo 338, respecto a la redacción de la sentencia, regla cuarta, valoración de la prueba, dispone: Seguidamente se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a practicadas en juicio(...). 13. En el presente caso, el Tribunal de Sentencia al realizar la valoración de los medios de prueba no lo hizo racionalmente como lo demanda la normativa ya expuesta. En especial, al valorar los medios de prueba a que he hecho referencia, no lo hizo con la debida coherencia, violentando el principio o ley de razón suficiente. Conforme a este principio o regla de valoración probatoria, debe existir siempre una razón suficiente de la cual se prueba extraer la conclusión a la cual se arribe. En otras palabras, tratándose de un testigo, no basta con que exprese que ocurrió un determinado hecho o evento, sino que dicho testigo debe dar motivos o razones para creer que su testimonio es veraz, porque no hay motivos o razones para dudar él, porque efectivamente presenció los hechos o los conoce de cualquier forma, o porque no existe otras pruebas que puedan demostrar lo contrario, o que lleven al tribunal a formarse una duda al respecto. Dice el tribunal de sentencia que condenó a mis representados, que confía de los testigos porque además de presenciar los hechos pudieron identificar plenamente a los imputados como las personas que los cometieron. Además, «sostiene> que dichos testigos adquirieron ese conocimiento porque conocían a los imputados desde hacía tiempo y porque los reconocieron. 14. La participación de los acusados en la declaración de hechos probados, el Tribunal de sentencia la hace derivar única y exclusivamente de las declaraciones de los testigos JOSE RICARDO MARTINEZ y SELDY YESSENIA REYES, haciendo apreciaciones y valoraciones erróneas. El Tribunal debió llegar a una conclusión diferente si hubiera tenido en cuenta los siguientes aspectos: 15. Se puede concluir con toda propiedad. que en este caso el tribunal de Sentencia, ha vulnerado el estado de inocencia de los acusados GERSON ELY ALVARADO ROMERO y FRANCISCO LENIN VELASQUEZ. RAMOS, pues les ha condenado sin que exista la prueba suficiente para ello. En todo caso, siguiendo la doctrina jurisprudencial de esa Sala de lo Penal, la prueba no es suficiente, es decir, no se cumple al menos con una mínima actividad probatoria de cargo, capaz de enervar el estado de inocencia; y lo más importante, no ha sido racionalmente valorada por el tribunal sentenciador, reafirmando nuestra conclusión de que la prueba de cargo no es suficiente. Por ende, la honorable Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia debe dictar una sentencia absolutoria a favor de mis defendidos. II RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO: Adolecer la sentencia recurrida de una insuficiente motivación fáctica. ya que no se hizo una valoración racional, coherente y lógica de la declaración de los testigos de cargo, y no haber valorado racionalmente la prueba de descargo aportada por la defensa. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo(362) numeral 3 del Código Procesal Penal. El antes expresado precepto dispone: El recurso de casación por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: "3.Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o ... EXPLICACIÓN DEL MOTIVO 16. Conforme a lo que dispone el inciso 2) de la regla cuarta del artículo 338 del Código Procesal Penal, al momento de redactar la sentencia penal, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados. El artículo 362 del Código Procesal Penal, establece que podrá interponerse recurso de casación por quebrantamiento de forma, cuando la sentencia carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias(.) 17. La fundamentación analítica o intelectiva, sin lugar a duda, es una cuestión sumamente importante en el razonamiento judicial al momento de la estructuración de la sentencia penal. Se trata de un procedimiento de valoración de las pruebas que se han practicado en el debate oral. Por medio de este razonamiento se trata de responder el porqué de la decisión adoptada por el tribunal sentenciador. Igualmente se trata de responder por qué se toman como válidos determinados elementos de prueba o por qué se desechan otros. La fundamentación analítica o intelectiva se refiere específicamente a la valoración de las pruebas, según lo referido en el artículo 338 del Código Procesal Penal, en relación directa con el artículo 202 del mismo texto que dispone que las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica y que el órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. 18. Como se puede apreciar, la normativa insiste en que el razonamiento utilizado por el juzgador no sea arbitrario, sino que, por el contrario, sometido a una serie de reglas de interpretación o de apreciación, es decir a las reglas de la sana crítica. Entonces, no existe una libertad absoluta en la valoración probatoria, lo cual supone un freno o control de la arbitrariedad, y a la vez una garantía para las partes en el procedimiento. La sana crítica se caracteriza porque el juez debe, además de valorar las pruebas, explicar el método y las reglas que tuvo en cuenta para arribar a la convicción. Dentro de las reglas de la sana crítica se encuentran, entre otras, las de la lógica. La lógica formal supone un razonamiento que nos debe llevar a una conclusión, también lógica. Se presenta ese razonamiento en la forma de un silogismo, compuesto de tres términos o conceptos básicos, articulados para formar dos proposiciones de las que necesariamente se debe derivar una nueva proposición que es la conclusión. Esta última no está comprendida en las anteriores pues se trata de un conocimiento nuevo. En el silogismo se articulan como proposiciones, una premisa mayor (general), una premisa menor (particular), y una conclusión. Como regla de valoración, la lógica se encuentra sometida al cumplimiento de ciertas reglas, mismas que deben ser observadas por el juzgador. 19. Esa honorable Sala de Casación Penal, al referirse al vicio de falta de motivaciones fácticas o jurídicas de la sentencia penal, con ilustrado criterio de juristas internacionales, ha dicho, inter alia, lo siguiente: Esta Sala de lo Penal considera importante aludir a lo que explica el jurista argentino FERNANDO DE LA RUA, en su obra titulada: "El Recurso de Casación", sobre la temática de la falta de motivación, donde expresa que: "Es la ausencia de una exposición de los motivos, que justifiquen la convicción del Juez, en cuanto al hecho a las razones jurídicas que determinan la aplicación de una norma a ese hecho, comprendiendo todas las cuestiones sometidas a la cuestión" Habrá también falta de motivación cuando "esa exposición de motivos exista, y no obstante sea ilegitima, por estar constituida por pruebas inadmisibles, o nulas, o cuando no consista en una exposición lógicamente razonada de los fundamentos, o cuando de otra manera viole la reglas jurídicas que determinan su forma y contenido. La falta de motivación no puede consistir simplemente, en que el Juzgador no consigne por escrito las razones que lo determinan a declarar una concreta voluntad de la ley material que aplica, sino también en no razonar sobre los elementos introducidos en el proceso, de acuerdo con el sistema impuesto por la ley procesal, esto es en no dar razones suficientes para legitimar la parte resolutiva de la sentencia. El mismo jurista refiere que "Debe distinguirse, la falta de motivación, de la simple "insuficiencia de motivación", que no deja a la resolución privada de fundamentos eficaces". Agrega que "la ley manda que la sentencia sea motivada, pero el pronunciamiento es fulminado con nulidad cuando falta la motivación, no cuando ella es solo imperfecta, o defectuosa, tampoco la anula un error no esencial…” 20. Pues bien, honorable Tribunal de Sentencia, la doctrina expuesta es aplicable al caso concreto, como lo argumento a continuación. La sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua con competencia territorial nacional en materia penal, que ahora impugno por esta via, adolece del vicio de insuficiencia de fundamentación analítica o intelectiva de las pruebas, por una parte de la prueba de cargo la que ha valorado de una forma que conduce a la condena de mi representado, que desestimó totalmente lo manifestado por la propia víctima, sin dar explicaciones racionales, aspecto que es esencial para la resolución del caso. Efectivamente el Tribunal no ofreció explicaciones coherentes y las que dio son insuficientes respecto a la valoración de las declaraciones de los testigos JOSE RICARDO MARTINEZ y SELDY YESSENIA REYES, brindada en el acto de la vista pública, bajo las garantías de la inmediación, contradicción y publicidad. 21. Como se podrá apreciar, la sentencia mediante la cual se declaró culpables a mis representados GERSON ELY ALVARADO ROMERO y FRANCISCO LENIN VELASQUEZ RAMOS y que les condenó como autores del delito de ROBO AGRAVADO, en el apartado correspondiente a la valoración de las pruebas practicadas en el debate no ofrece explicaciones suficientes sobre el valor probatorio de las declaraciones testificales que puedan ser coherentes con la declaración de hechos probados que ubican a mis representados en la escena de los hechos. El tribunal sentenciador no hizo una valoración coherente, sino más bien irracional de los testimonios ofrecidos por los testigos de cargo, lo que lo llevó a estructurar una declaración de hechos probados alejados a la verdad. En efecto, en el apartado denominado «valoración conjunta de la prueba testifical", el Tribunal de Sentencia que conoció del juicio llega a concederle valor probatorio a los testigos de cargo sin despejar una serie de dudas que dichas declaraciones testificales generan, derivadas de varios hechos relevantes relacionadas con tres testigos de cargo. 22. En realidad, el tribunal de sentencia que condenó a mi representado estaba decidido a apreciar solamente aquellos aspectos que conducen a la condena, pues la valoración que hace de los testigos importante para la decisión del caso resulta además de insuficiente, totalmente incoherente y constituye una verdadera falacia. Pues bien, honorable Tribunal de Sentencia, la participación de mis representados en la declaración de hechos probados, el tribunal de sentencia la hace derivar única y exclusivamente de las declaraciones de los testigos JOSE RICARDO MARTINEZ y SELDY YESSENIA REYES, haciendo apreciaciones y valoraciones erróneas, sin tener en cuenta en lo absoluto lo manifestado por la propia víctima. 23. Es evidente que el Tribunal de Sentencia no realizó una valoración coherente de las pruebas practicadas en el debate, llegando a la irracionalidad en dicha valoración. Pues bien, conforme a la ley o principio de razón suficiente a que antes me réferi en el razonamiento respecto al recurso por infracción de precepto constitucional, no existe ninguna explicación del tribunal acerca de razones suficientes que le llevaron a tener como ciertos los dichos de los testigos de cargo y como insuficientes y carentes de valor exculpatorio. 24. En conclusión, este Tribunal de Sentencia, al dictar la sentencia que condena a mis representados GERSON ELY ALVARADO ROMERO y FRANCISCO LENIN VELASQUEZ RAMOS incurrió en el vicio de falta de motivación en el razonamiento utilizado para la valoración de las pruebas, pues no ha explicado debidamente de dónde se derivan sus conclusiones acerca de la desestimación de los testimonios de los testigos de descargo, y sobre la apreciación de los testigos de cargo sin tener en cuenta una serie de hechos y circunstancias que le llevarían a considerar que dichos testigos no tienen credibilidad. Por ende, es procedente que, con la estimación de este motivo de casación, la nulidad de la sentencia y del juicio en la cual se dictó, para que se proceda conforme a derecho. SEGUNDO MOTIVO: Adolecer la sentencia recurrida del vicio de casación de falta de observación de las reglas de la sana crítica en la valoración de las pruebas. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. El antes expresado precepto dispone lo siguiente: El recurso de casación por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes..." 3. Que o si en la valoración de las pruebas no se observaron las reglas de la sana crítica". EXPLICACIÓN DEL MOTIVO 25. Conforme a lo que dispone el inciso 2) de la regla cuarta del artículo 338 del Código Procesal Penal, al momento de redactar la sentencia penal, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados, esos hechos, justificando, según las reglas de la sana critica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados. 26. Honorable Tribunal, este motivo de casación que ahora se explica, tiene íntima relación con el anterior que he explicado antes, nada más que en este se enfatiza el hecho de que la equivocación del juzgador se deriva, no solamente del hecho de no haber explicado debidamente el razonamiento utilizado para la valoración de las pruebas, sino de la violación de las reglas de la sana crítica que deben guiarle para la valoración de las pruebas que tuvo en cuenta para declarar los hechos probados. Pues bien, de acuerdo con lo dispuesto desde el articulo 202.336 y 338 del Código Procesal Penal, los tribunales de sentencia para resolver el caso deben tener en cuenta solamente las pruebas practicadas en el debate, valoradas conforme a las reglas de la sana crítica. 27. De conformidad al principio de verdad real que inspira el método probatorio en el sistema procesal penal hondureño, el sistema de libre valoración basado en la sana critica no puede erigirse como un sistema absoluto, libre de toda regla de valoración, pues ello supondría regresar a la arbitrariedad del viejo sistema inquisitivo. Pues bien, las reglas a que está sometido el juzgador en este sistema de enjuiciamiento penal son los de la lógica, las máximas de la experiencia, y la psicología del juzgador. Sobre las reglas de la lógica, que es lo que en esta parte nos interesa explicar, supone un razonamiento que nos debe llevar a una conclusión, también lógica, alejada de toda irracionalidad, por eso se articulan una serie de principios o reglas del recto entendimiento humano. Como método utilizado para el razonamiento judicial, la lógica se encuentra sometida al cumplimiento de ciertas reglas, mismas que deben ser observadas por el juzgador. En opinión de DE LA RUA, al referirse al término reglas lógicas, dice: Las leyes del pensamiento son leyes a priori, independientemente de la experiencia, se presentan a nuestro raciocinio como necesarias, evidentes e indiscutibles cuando analizamos nuestros propios. Estas leyes están constituidas por las leyes fundamentales de la coherencia y la derivación, y por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. 28. Pues bien, una de las leyes de la lógica del pensamiento que debe gobernar el quehacer de los jueces en el momento «nada fácil de valorar las pruebas es la ley o regla de la derivación. según la cual, cada pensamiento debe provenir de otro con el cual está relacionado, salvo que se trate de un juicio o razonamiento que no es derivado, sino el punto de partida de todos. Consecuencia de esta ley lógica, es la regla o principio de razón suficiente. Según esta regla, para que todo juicio sea realmente verdadero, necesita de una razón suficiente que justifique lo que en el juicio se afirma o se niega, Pues bien, mi tarea aquí al cuestionar el razonamiento del Juzgador de instancia, es decirle a ese honorable Tribunas cómo se entiende que se debe derivar una conclusión lógica y cómo se explica que existe una razón suficiente para ello 29. Veamos pues cómo el tribunal de sentencia se ha equivocado en la valoración de las pruebas para la resolución del caso enjuiciado, cuyo error ha implicado que en la reconstrucción de los hechos probados se incluya a mis representados como participes de los hechos, El tribunal sentenciador al valorar los testimonios de los testigos de cargo lo hace de manera irracional llegando a conclusiones ilógicas, pues viola la regla o principio de derivación. Como ya lo expliqué supra, en la fundamentación del recurso por quebrantamiento de precepto constitucional, el tribunal no pudo explicar con la debida coherencia, si existía una razón suficiente para darle plena credibilidad a las declaraciones de los testigos de cargo. Pues bien, la declaración de hechos probados del fallo se sostiene con los dichos de los testigos JOSE RICARDO MARTINEZ y SELDY YESENIA REYES. que según lo expresado por el tribunal de sentencia le han merecido toda credibilidad. Pues bien. la prueba de testigos de cargo, que por su naturaleza no ofrecen las garantías suficientes para el desarrollo del contradictorio, pues la parte contraria a quien la ha propuesto. En ese orden de ideas, el tribunal al valorar este tipo de prueba, y en caso de darle valor probatorio a sus dichos. debe explicar con toda coherencia las razones por las cuales le mereció confianza por haber una razón suficiente para ello. 30. En el caso concreto, sostengo que el tribunal no podía darle valor probatorio de carácter incriminatorio a dichos testigos, sino violentando la regla de razón suficiente. En efecto, apreciando las declaraciones de los testigos en cuestión resulta que no se podría llegar a la conclusión arribada por el tribunal sentenciador. sino a una distinta. Como lo expuse más arriba, haciendo una valoración seria y ponderada sobre estos testigos de cargo se puede llegar a la conclusión que existe una serie duda razonables en cuanto a que dichos testigos no presenciaron los hechos, todo lo anterior con relación a lo dicho por la propia víctima. 31. El Tribunal Sentenciador no valoró conforme a las reglas de la sana crítica las declaraciones de los testigos de cargo, especialmente los que tuvo como presenciales, es decir, los testigos de cargo y la víctima de la agregación, pues no ofrecieron razones suficientes para que sus dichos sean tenidos como creíbles y ayunos de motivaciones espurias para declarar para que se les de toda credibilidad. Al mismo tiempo, al haber hecho la valoración de los testimonios en referencia, el tribunal si tenía razones suficientes para sospechar sobre la falta de credibilidad de éstos, por lo que violó la regla o principio de razón suficiente, que a su vez forma parte de la regla de la derivación y coherencia que informan a la lógica como una regla de la sana crítica racional. 32. Siguiendo con la violación a la regla o principio de razón suficiente, he de decir que el tribunal sentenciador ha incurrido en violación a dicho principio al valorar este medio de prueba testifical de manera aislada y no armónica como lo dispone la normativa procesal penal. derivando en conclusiones irracionales, como las expuestas en los hechos declarados probados. El tribunal de sentencia no valoró las declaraciones de los testigos de descargo, incluso no tomó en consideración la declaración de mis representados GERSON ELY ALVARADO ROMERO y FRANCISCO LENIN VELASQUEZ RAMOS, si así lo hubiera hecho, hubiera llegado a la conclusión más lógica y coherente, es decir, estos imputados no tienen ninguna participación en los hechos. En consecuencia, no existen razones suficientes para que el tribunal sentenciador haya arribado a esas conclusiones irracionales, por ende, se reitera que el tribunal sentenciador violó las reglas del recto entendimiento, en su manifestación de derivación y de razón suficiente. 33. Igual que el anterior, este vicio de la sentencia supone una causa que da lugar a la nulidad de absoluta de esta, por lo que, estimando este motivo del recurso, la sala de lo penal debe casar la sentencia recurrida, mandando realizar una nueva sustanciación del debate, en el cual se dicte nueva sentencia en la que se corrija el error señalado. RECLAMO INTENTADO PARA LA SUBSANACION DE LOS VICIOS DE LA SENTENCIA. Como los vicios señalados anteriormente, y que han dado lugar a interponer recurso de casación en la forma, se han producido en el momento del dictado de la sentencia, es decir, en este acto procesal que se impugna no ha sido posible. su reclamación mas que por este medio de impugnación.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[1] En general toda norma legal puede enlazarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe de seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández de la Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la Defensa Privada. Único Motivo. Precepto Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Normas que se denuncian infringidas: Artículos 89 de la Constitución de la República; Concepto de la infracción: Violación a los principios de estado de inocencia; Pretensión: Declarar con lugar y se dicte una nueva sentencia, absolviendo de responsabilidad a su representado. Explica el recurrente, que los juzgadores han dictado una sentencia condenatoria sin producirse actividad probatoria considerada de cargo suficiente, luego de su extenso recurso, se sustrae como queja del recurrente, que el Tribunal de Sentencia realizó una fundamentación jurídica sin justificar la razón que tuvo como probado los hechos, que si bien, esas explicaciones las ofrece en la valoración de las pruebas, la misma es insuficiente y por otra, violatoria de las reglas de la sana critica. Luego señala el censor, que al hacer un análisis de lo declarado por el ofendido no es concordante con lo declarado por los policías, quienes con el animo de justificar su trabajo, involucraron a sus representados en una acción que en ningún momento participaron. Continuó en su relato recusivo, que los juzgadores al valorar los medios de prueba, no lo hizo con la debida coherencia, violentando el principio o ley de razón suficiente, para luego concluir, que se ha vulnerado el estado de inocencia de sus representados, al condenarlos sin que exista la prueba suficiente. Del Estado de Inocencia El derecho al estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Declaración Universal Sobre los Derechos Humanos en el artículo 11.1, por el Paco Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14.2, por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en el artículo 8.2 y por la Constitución de la República en su artículo 89, desarrollado por el Código Procesal Penal en los artículos 2, 191.2 y 282.5, cuyo contenido establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, y que no solo debe estar presente en el proceso penal, sino que debe respetarse por todo poder público en el desarrollo de sus funciones; ahora bien, en la esfera jurisdiccional este derecho-principio constituye una regla de juicio, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; por su importancia tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Art. 66.3). De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado. El Derecho/Principio de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El Derecho/Principio de Inocencia está íntimamente relacionado a la base fáctica que dicta la realidad del hecho y la participación que en él haya tenido el acusado, incluyendo juicios de inferencia sobre el animus, que en conjunto autorizan la aplicación del Ius Puniendi, pues ningún elemento del delito, sea objetivo o subjetivo, pueden ser presumido en contra de la persona acusada. Por ello el Derecho/Principio de Inocencia está relacionado con el debido proceso probatorio, pues solo los hechos de culpabilidad pueden arrebatarle el estado de inocencia a una persona; recuerde que el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; Por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del Expediente 312-2006, declaró que el Estado de Inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, válida y acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: 128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en expediente 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado/a le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado/a, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá como competencia el verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el Tribunal de Sentencia según las reglas de la sana crítica; así pues en casación se deberá examinar, en la medida que las partes lo expongan como motivo: (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): a) Licitud de la Prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad (Art. 141 CPP); d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada, sin involucrar los aspectos que exigen inmediación, de la cual carece el Tribunal de Casación; y c) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos, con la virtualidad de arrebatarle el estado material de inocencia a la persona acusada. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. Escapa al estado material de inocencia los aspectos meramente valorativos de la prueba; el derecho fundamental no puede imponer una determinada valoración al Tribunal de Sentencia, de la que es libre, siempre que se realice bajo la sombra de las normas del recto entendimiento humano o sana crítica; no puede plantearse, mediante la denuncia de violación al estado de inocencia, el desacuerdo sobre criterios valorativos de los jueces sobre la prueba. Insuficiencia Probatoria como causa de la Transgresión al Estado de Inocencia El derecho fundamental en estudio obliga al actor, en el presente caso al Ministerio Público, a presentar una actividad probatoria suficiente que permita desvirtuar el estado de inocencia de la persona acusada y del que goza como una condición interina destruible, pues como se ha señalado ut supra no es legítima la condena que descansa sobre presunciones. Los medios de prueba han de estar encaminados a sustentar la realidad de los cargos de imputación, de su contenido se derivará la culpabilidad del acusado. Como la presunción de inocencia es un derecho pasivo del acusado, la atribución de la carga para acreditar los cargos incumbe al Ministerio Público. Entonces, en el control casacional de la presunción de inocencia por insuficiencia probatoria consistirá en la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, dejando fuera de estudio la actividad probatoria sobre la culpabilidad de la persona acusada. La suficiencia probatoria, como tema de estudio casacional, versa sobre la estricta acreditación de la realidad material del acto y de su responsable que parte de bases fácticas que arroje la actividad probatoria, constituyendo vicio que el tribunal de sentencia presuma la existencia de elementos constitutivos de delito que sirvan para señalar a la persona acusada como culpable; todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal deben haber sido acreditados con la actividad probatoria, no siendo admisible tampoco que parte del convencimiento judicial haya sido construido con conocimientos privados del tribunal, ajeno a la actividad probatoria. La Sala de lo Penal declarará la insuficiencia probatoria, como vicio violatorio del estado de inocencia, cuando el Tribunal de Sentencia arribe a una conclusión que, desde una consideración global de la prueba, bajo una perspectiva objetiva y externa, el pronunciamiento condenatorio sea más improbable que probable. El recurrente debe plantear el defecto de insuficiencia probatoria como causa de transgresión al estado de inocencia a partir de la totalidad de la actividad probatoria, siendo improcedente basarlo en consideración a hechos o elementos aislados debatidos o acreditados durante el proceso penal, pues la ponderación de suficiencia es en relación con toda la carga probatoria. Un Estado que se llame a sí mismo democrático de derecho, no puede asumir como un riesgo permitido la condena a personas inocentes para evitar la posibilidad de absolver a personas culpables, pues lo primero implica un abuso intolerable de autoridad en contra de la propia condición humana, mientras que lo segundo es la consecuencia que se debe sufrir como resultado de un proceso penal con endeble carga probatoria; absolver a un culpable es el fracaso de un proceso penal, pero condenar a un inocente es un fracaso de la sociedad entera. De la Procedencia del Recurso: El recurso no es de recibo. Esta Sala de lo Penal, ha analizado los argumentos planteados por el recurrente, los cuales se resumen en insuficiencia probatoria, falta de motivación juridica, carencia de motivación fáctica y violación en la valoración de los medios de prueba conforme a las reglas de la sana crítica. Siendo que el Derecho/Principio de Inocencia, está relacionado con el debido proceso probatorio se procederá a darle respuesta a cada alegado del recurrente. En relación al agravio de insuficiencia de prueba, luego de revisar de forma exhaustiva la sentencia dictada por el a quo, no se encuentra que exista vulneración por insuficiencia probatoria como causa de la transgresión al Estado de Inocencia. Como se ha explicado en el apartado anterior, la suficiencia probatoria como defecto de la sentencia y cuando se denuncia violación al estado material de inocencia de la persona condenada, debe estudiarse desde una perspectiva global de la prueba, por lo que el recuento de la que fuese propuesta y evacuada en la etapa de juicio resulta ser un examen obligatorio para poder determinar si la denuncia hecha por el recurrente tiene fundamento; en el caso de estudio la prueba propuesta, admitida y evacuada, fue: prueba testifical: a) Holman Elyr Recarte Carranza en su condición de víctima, rendida con las formalidades de prueba anticipada; b) José Ricardo Martínez Sánchez, agente de policía; y, c) Seldy Yesenia Reyes, agente de policía; prueba documental: a) Acta de registro personal practicada al señor Gerson Ely Alvarado Romero, de fecha 27 de abril de 2018; b) Acta de decomiso o secuestro de objetos, practicada al señor Gerson Ely Alvarado Romero, de fecha 27 de abril de 2018, a quien se le encontro una llave perra de metal, color gris, marca crescent; un juguete en forma de pistola de plastico, color negro con letras y números M-11 con cargador de plastico; un telefono celular marca Alcatel y ciento treinta y cinco lempiras (L.135.00). c) Acta de registro personal practicada al señor Francisco Lennin Velasquez Ramos, de fecha 27 de abril de 2018; d) Acta de decomiso o secuestro de objetos, practicada al señor Francisco Lennin Velasquez Ramos, de fecha 27 de abril de 2018, a quien se le encontro una llave para maneral con extensión y un telefono celular. e) Acta de peritaje de indicios 1. Un teléfono celular color negro con gris modelo: OT510APIB con número de imei:013107002159901, s/n: HQJE51APMMVPK15 el cual se encuentra en un envoltorio de papel trazo cerrado sellado y firmado 2. Un juguete con forma de pistola de plástico color negro con letras y número que se leen M-11 y cargador de plástico de balines de plástico el cual se encuentra en un envoltorio de papel trazo cerrado sellado y firmado 3. Una herramienta tipo perra de metal color gris marca: crescent el cual se encuentra en un envoltorio de papel trazo cerrado sellado y firmado 4. Una llave manera de metal color gris con extensión y un cubo marca truper el cual se encuentra en un envoltorio de papel trazo cerrado sellado y firmado. f) Acta de peritaje de indicios de fecha 04 de mayo de 2018 de: 1. Ciento treinta y cinco lempiras exactos (L.135.00) en billetes de diferentes denominaciones. g) Solicitud de devolución de fecha 17 de mayo de 2018, junto con resolución administrativa de los siguientes objetos; Una herramienta tipo perra de metal color gris marca: crescent y Una llave manera de metal color gris con extensión y un cubo marca truper. evidencia: Un telefono celular marca Alcatel color negro gris y un juguete con forma de pistola de plástico color negro con letras y número que se leen M-11 y cargador de plástico de balines de plástico. Para el examen de suficiencia, el sentenciador advirtió de la prueba testifical que todas las declaraciones recibidas como prueba de cargo antes relacionadas, a su criterio, se desprende la forma de como ocurrieron los hechos y el tipo de participación que tuvieron Gerson Ely Alvarado Romero y Francisco Lennin Velasquez Ramos, asimismo la situación previa a los hechos, fecha y lugar que acontecieron, es decir, el día veintisiete de abril del año dos mil dieciocho, en horas de la madrugada en el boulevard Roberto Romero Larios del Municipio de Comayagua, la víctima Holman Elyd Recarte Carranza a bordo de su taxi, subió a dos sujetos del sexo masculino y posteriormente a tres menores de edad, quienes le pidieron llevarlos al hospital de la ciudad, cuando uno de ellos, apunto al ofendido Holman Elyd Recarte Carranza, con un arma de fuego despojándole de sus pertenencias, posteriormente se bajaron de la unidad de taxi; el señor Holman Elyd Recarte Carranza, denuncia lo sucedido a dos agentes policiales que transitan por la zona, dándole seguimiento e interceptando a dos sujetos a quienes al practicarles un registro personal e identificarlos como Gerson Ely Alvarado Romero y Francisco Lennin Velasquez Ramos, les encontraron las pertenencias de la víctima, por tal razón fueron vinculados en la comisión de un hecho delictivo de Robo Agravado. Además, todos los testigos son contestes y coherentes entre sí, distinto a como lo denuncia el recurrente, pues de manera armónica sin dudas ni reticencias sustentaron como susitaron los hechos, si bien, el recurrente cuestiona la declaración de la víctima por haber manifestado que los acusados “se la ganaron por estar en el lugar equivocado”, no ha sido para ahislarlos del hecho, al contrario, según el contexto de la declaración testifical, es porque no ejercieron amenaza alguna, dado que el control de la acción la ejercía un menor de edad por el respaldo que le daban los mismos acusados, declaración testifical de la víctima que resultó convincente para el tribunal, dado que las pertenecias del ofendido fueron encontradas en posesión de los dos imputados Gerson Ely Alvarado Romero y Francisco Lennin Velásquez Ramos, que en primera instancia habian ingresado al vehículo tipo taxi, para luego incorporarse los menores de edad, que una vez ejecutada la acción delictiva salieron juntos del vehículo automotor tipo taxi. Así las cosas, la relación de contenido de los medios de prueba que se ha hecho en el párrafo anterior, determina que el Juzgador tuvo a su consideración carga probatoria destinada a acreditar los diferentes elementos que componen el tipo penal; en general, los medios de prueba fueron valorados por el juzgador, concluyendo que éstos en su conjunto acreditaron lo señalado como hecho probado, es decir, la existencia de un hecho mediante el cual Gerson Ely Alvarado Romero y Francisco Lennin Velasquez Ramos, acompañados de menores de edad, participaron para la realización de un acto reñido con la ley. El mencionado hecho probado no determina existencia de causas negativas de conducta humana, atipicidad por ausencia de elementos objetivos o subjetivos, en particular por concurrencia de error de tipo, falta de antijuricidad material, concurrencia de causas de justificación o concurrencias de causas de inculpabilidad como: inimputabilidad, error de prohibición o no exigibilidad de conductas distintas; por tanto la Sala de lo Penal está en posición de declarar que en la presente causa se presentó suficiente carga probatoria para que el juzgador pudiese hacer un pronunciamiento condenatorio. Es oportuno insistir que la suficiencia probatoria no es evaluada por este Tribunal de Casación desde una constatación valorativa de cada uno de los medios de prueba, a fin de determinar qué hechos acredita cada uno de ellos y si éstos en conjunto logran acreditar aquello que se declara probado, pues ello, no es más que realizar de nueva cuenta el proceso de valoración de prueba; la tarea que ha encomendado la ley a la Sala de lo Penal -ante la denuncia de insuficiencia probatoria- es la verificación de que el factum que soporta el pronunciamiento condenatorio esté cimentado en prueba suficiente y obtenida de manera regular con la calidad para arrebatar la condición interina de inocencia: i. Por suficiente: interesa que la prueba esté destinada a acreditar los aspectos básicos de acreditación de la infracción penal, comprobación de una conducta humana, elementos objetivos y subjetivos, aspectos de antijuricidad y culpabilidad deben verse reflejados en el contenido que dice el juzgador fueron identificados en la prueba; ii. Por obtención regular: interesa que la prueba sea lícita y legal, debidamente incluida al proceso y motivada correcta y suficientemente. Por lo anterior y en respuesta de lo alegado por la recurrente, estima esta Sala de lo Penal que en el caso subjudice, se aportó en la audiencia de debate suficiente actividad probatoria destinada a acreditar todos los elementos necesarios para la acreditación del contenido de la acusación que formulase el Ministerio Público; ahora bien, en cuanto a los agumentos de falta de motivación juridica, carencia de motivación fáctica y violación en la valoración de los medios de prueba de las reglas de la sana crítica, estos resultan expuestos de manera confusa, pues ante la carencia de motivaciones fácticas o juridicas no es posible a la vez, la denuncia de violaciones de las reglas de la sana critica en la valoración de la prueba, pues esta última, refleja que si existe suficiente valoración intelectiva, pero sin respectarse las reglas respectivas, por lo que el recurso debe ser desestimado. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Primer motivo. Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículo 338 inciso 2, regla cuarta del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción expuesto: Adolecer la sentencia recurrida de una insuficiente motivación fáctica, al no hacerse una valoración racional, coherente y lógica de la declaración de los testigos de cargo y no valorar racionalmente la de descargo; Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el recurrente; Pretensión: La nulidad de la sentencia impugnada y del juicio en la cual se dictó. Denuncia el recurrente, que la sentencia mediante la cual se declaró culpable a sus representados, no ofrece explicaciones suficientes sobre el valor probatorio de las declaraciones testificales, no se hizo una valoración coherente, sino más bien, irracional de los testimonios, que llevó a estructurar una declaración de hechos probados alejados de la verdad, continuó en su relato el censor, que los juzgadores concedieron valor probatorio a los testigos de cargo sin despejar una serie de dudas que dichas declaraciones testificales han generado.
De la Procedencia del Recurso. El primero motivo no es de Recibo. El Recurso es de absoluto improcedente, en consideración a: 1. Se señala como precepto autorizante el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal, el cual lo constituyen varios motivos casacionales. Agregando como concepto de la infracción “Adolecer la sentencia recurrida de una insuficiente motivación fáctica, al no hacerse una valoración racional, coherente y lógica de la declaración de los testigos de cargo y no valorar racionalmente la de descargo”, confundiendo a la Sala de lo Penal, si la interposición del motivo es por insuficiencia de valoración o por violación a las reglas de la sana crítica. 2. El desarrollo del recurso, en teoría destinado a demostrar la existencia del vicio denunciado, el censor lo ocupa para desarrollar alegatos totalmente divorciados de su planteamiento inicial, sin que esta Sala de lo Penal se pueda hacer una idea del propósito de lo señalado: a. Alega que de la prueba no se desprende que los hechos hayan ocurrido como son relatados en el hecho probado por parte del juzgador, además de la falta de valoración coherente; lo que podría ser considerado un esbozo de lo que manda la ley a dilucidar en el recurso de casación por quebrantamiento de forma, alegando como concepto de la infracción la violación de las reglas de la sana critica en la valoración de la prueba. b. Contraría el valor probatorio dado por el tribunal a la prueba testifical de cargo, refiriendo como ésta debió ser interpretada, según la particular visión del censor, lo que es propio de los alegatos de la primera instancia y no de única instancia, pues en el proceso recursivo casacional no se revalora prueba alguna. c. Formula reclamo desde una perspectiva personal, que el Tribunal de Sentencia estaba decidido a apreciar solamente aquellos aspectos que conducen a la condena. En el caso concreto que ahora nos ocupa, los defectos de interposición del recurso antes apuntados no solo son de forma, sino de fondo, que imposibilitan a que este Alto Tribunal de Casación realice un pronunciamiento, pues no existe claridad acerca de cuál es el punto jurídico alegado, mucho menos las razones de impugnación. Por ello, el primer motivo debe ser denegado. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Segundo motivo. Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículo 202, 336 y 338 inciso 2 regla cuarta del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción expuesto: Falta de observación de las reglas de la sana critica en la valoración de las pruebas; Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin reclamación previa, al producirse el vicio en la sentencia; Pretensión: Casar la sentencia recurrida. Aqueja el recurrente, que los juzgadores se han equivocado en la valoración de la prueba, pues lo hace de manera irracional, llegando a conclusiones ilogicas, pues viola el principio de derivación, al no explicar con la debida coherencia, si existía una razón suficiente para darle plena credibilidad a las declaraciones de los testigos de cargo, sostiene el censor, que el Tribunal no podía darle valor probatorio de carácter incriminatorio a dichos testigos, sino violentando la regla de razón suficiente. Continuó en su relato el recurrente, que al apreciar las declaraciones de los testigos no se podría llegar a la conclusión arribada por los juzgadores, sino a una distinta, pues arrojan una serie de dudas razonables. De la procedencia del recurso. El segundo motivo no es de recibo. Esta Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal establece que el sistema de valoración de la prueba, es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el tribunal, señalar lo resuelto en los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Cuando se interpone un recurso de casación por quebrantamiento de forma cuyo motivo es la infracción a las reglas de la sana crítica (como es el caso que nos ocupa), el censor delimita su análisis a la fundamentación probatoria y la trascendencia que pueda tener ésta en la fundamentación fáctica y el posterior fallo; debe, como labor primera, identificar qué regla de la sana crítica es la infringida. (Ver sentencias de la Sala de lo Penal de fecha 17 de enero de 2013, recaída en el expediente SP 131-2011; y de fecha 27 de junio de 2013, recaída en el expediente SP 132-2011); posteriormente, el recurrente deberá identificar el silogismo judicial que considera transgrede la regla previamente identificada, segregar su premisa mayor, su premisa menor y su posterior conclusión, para después explicar y comprobar porqué la conclusión inferida de aquellas premisas, no tiene la cualidad de respetuosa de nuestro sistema de valoración probatorio, siendo este precisamente el proceso de identificación, explicación y comprobación del vicio que exige una buena técnica recursiva. Sucede, en el caso actual, que el recurrente no interpone un recurso que identifique con claridad en primer término, el postulado intelectivo que considera infringe la regla de la lógica, de la psicología y de las máximas de la experiencia como cita en su recurso, pues se limita a hacer alegatos propios de instancia tales como que la prueba evacuada en juicio no es coherente, que la declaración de los testigos de cargo al haberla apreciado, no podría llegar a la conclusión descrita en los hechos probados, entre otros aspectos. Estos alegatos no son potenciales para que esta Sala de lo Penal determine si la valoración probatoria es respetuosa o no de las reglas de la sana crítica. Resta aún más eficacia al recurso, el que el censor realice una valoración probatoria alternativa de la prueba, pues esa función valorativa compete única y exclusivamente al Tribunal de Sentencia (Artículo 336 del Código Procesal Penal), quien realiza los principios de contradicción, inmediación, publicidad, oralidad y defensa que rigen la actividad de la prueba. El censor no puede pretender, con éxito, que su recurso prospere determinando desde su particular visión cuál es el alcance conviccional que tiene un medio de prueba, pues esa labor compete al sentenciador, quien alcanza un estado intelectivo -negativo o positivo- en relación a la prueba, y justifica motivadamente las razones por las cuales llegó a esa conclusión. El censor del fallo hace alegatos como ser: “…que el Tribunal no podía darle valor probatorio de carácter incriminatorio a dichos testigos, sino violentando la regla de razón suficiente …”, más estos alegatos recursivos no logran en manera alguna identificar, explicar y comprobar la lesión a las reglas citadas como infringidas, pues son simples alegatos que cuestionan la prueba evacuada en el debate y no así el razonamiento judicial. Al haber sido estas las cuestiones objeto de impugnación, la Sala de lo Penal deviene obligada a desestimar el motivo. DECISIÓN Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361 y 362 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo; Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos. Ambos interpuestos por el Abogado Pompilio Banegas Euceda, actuando en su condición de Defensor Privado de los señores Gerson Ely Alvarado Romero y Francisco Lennin Velásquez Ramos. Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua, que contiene el pronunciamiento condenatorio en contra de los señores Gerson Ely Alvarado Romero y Francisco Lennin Velásquez Ramos como coautores de un delito de Robo Agravado, en perjuicio de la propiedad de Holman Elid Recarte Carranza. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Díaz Flores. Notifíquese. Firmas y Sello. Walter Raul Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas.-. Receptora Adscrita Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, al un día del mes de agosto de dos mil veintitrés. Certificación de la Sentencia dictada a los veintitrés días del mes junio del año dos mil veintitrés, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-603-2021.
RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS
RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL
[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.